Anahí Pagnoni

Estudios del ISHiR, 24, 2019.  ISSN 2250-4397

Investigaciones Socio Históricas Regionales, Unidad Ejecutora en Red – CONICET

http://revista.ishir-conicet.gov.ar/ojs/index.php/revistaISHIR

Artículo/Article

 

Un repertorio de acciones colectivas urbanas. Los saqueos, el hambre, y la vivienda cooperativa en la zona sur de Rosario (1979-1989).

 

Anahí Pagnoni[1]

 

 

Resumen

El trabajo se propone problematizar las continuidades y rupturas de las luchas urbanas, entre la última dictadura militar y los saqueos de 1989. Desde el relato de los habitantes de Villa Dulce, en la zona sur de Rosario, se reconstruirá una crónica del estallido social. Entendiendo que este suceso visibilizó el reclamo por “tierra y vivienda” que llevaban adelante estos habitantes del borde urbano. Por un lado, se explorará cómo la experiencia de resistencia a la erradicación de la villa durante la dictadura se encauzó en una organización vecinal y cooperativa de vivienda en la década siguiente. Por otro, se indagará cómo la irrupción de los saqueos transformó la relación entre la cooperativa de vivienda y el Municipio. El objetivo es evidenciar un “repertorio de acciones colectivas urbanas” que se (re)configura por las experiencias, las negociaciones y las luchas de estos sectores populares.

 

Palabras clave: saqueos; sectores populares; villa; acción colectiva; vivienda.

 

 

A repertoire or urban collective actions. Looting, hunger, and cooperative housing in the southern part of Rosario city (1979-1989)

Abstract

The work proposes to problematize the continuities and ruptures of the urban struggles, between the military dictatorship and the looting of 1989. From de story of the inhabitants of Villa Dulce, in the southern part of Rosario city, a chronicle of the looting will be reconstructed. Understanding that this event made visible the claim for “land and housing” carried out by these inhabitants of the urban edge. On the one land, it will be problematized how the experience or resistance to the eradication of the slum during the military dictatorship was channeled into a neighborhood and cooperative housing organization in the following decade. On the other, it will be evident how the irruption of looting transformed the relationship between the housing cooperative and the Municipality. The objective is to demonstrate a “repertoire of urban collective actions” that is shaped by experiences, negotiations and struggles of these popular class.

 

Keywords: looting; popular class; slum; collective action; housing.

 

Introducción

Dos episodios vividos por los pobladores de Villa Dulce[2] describen la experiencia de resistencia y organización para establecer la acción colectiva por un lugar en la ciudad, en una coyuntura de inestabilidad política. El primero cuenta con una imagen tenue, gris e imprecisa de la erradicación de la villa durante la última dictadura militar, entre 1979 y 1981. Según los testimonios, el gobierno militar trasladó a la población del asentamiento al barrio Las Flores en el límite suroeste de la ciudad[3]. El segundo episodio representa las sensaciones encontradas de angustia, caos e inestabilidad propia de los saqueos del 1989, junto al interrogante de “su participación o no” en ellos. La supuesta espontaneidad de estos sectores populares en el asalto a los comercios cercanos se tensiona con la organización que preexistía en el barrio. Por un lado, la agencia de los partidos políticos, la izquierda y el peronismo, que militaban allí. Pero, por otro lado -quizás mucho más relevante- la cooperativa de vivienda que se institucionalizó unos meses antes del estallido social, cuyo agrupamiento vecinal remitía a 1986.

Para algunas investigaciones, los saqueos se perciben como un objeto de estudio difuso (Auyero, 2007; Di Meglio y Serulnikov, 2017). Su puesta en acto supone una ambigüedad latente entre la protesta y la satisfacción de necesidades personales que no es del todo transparente. Del mismo modo, la violencia colectiva y espontanea se tensiona con una aparente organización político partidaria subterránea que se desdibujaría en el caos del estallido social (Auyero, 2007). Puntualmente, los saqueos de mayo de 1989, inauguraron una modalidad desconocida para la Argentina, las primeras revueltas de subsistencia (Di Meglio y Serulnikov, 2017). En ciudades como Rosario, el reclamo inminente de “tenemos hambre” era pregonado ante los medios de comunicación por los habitantes de las barriadas, justificando el asalto a pequeños y medianos comercios en busca, principalmente, de alimentos (Águila y Viano,1999). Este mismo argumento se utilizó como un medio para incorporar otras demandas insatisfechas ante el Estado. Así, según ciertos planteos, “el mito de origen” de los sectores populares como actores sociales se instituyó con los acontecimientos de mayo. A partir de allí, la nueva cuestión social extendió sus prerrogativas de los asalariados a los pobres urbanos y sus necesidades, traduciendo una tensión más general entre el centro y los barrios de las urbes (Cravino y Neufeld, 2007; Di Meglio y Serulnikov, 2017; Merklen, 2005). Contemplando estos presupuestos, se evidencia en el caso estudiado una (re)fundación del diálogo de los habitantes de Villa Dulce con el Municipio. No obstante, esto no impide plantear un repertorio previo de prácticas sociales y políticas de este grupo que demuestra puntos de contactos con la experiencia de resistencia a la dictadura.

La formación de Villa Dulce era un indicativo de ello. Mientras se construía la obra vial “Acceso Sur”, a fines de los setenta, unas 50 familias resistieron a la erradicación de Villa Fortín y se “auto-trasladaron” al margen de un arroyo cercado. Villa el Fortín es una villa miseria histórica de la zona sur de Rosario, ubicada a la vera del Río Paraná. En el momento de traslado forzoso al barrio Las Flores, su población ascendía a unas 1000 familias. Los habitantes que trasgredieron la ordenanza de desalojo dictatorial aprovecharon los accidentes de la geografía rivereña para instalarse en el margen de uno de los arroyos que desemboca en el río, a los 500 metros del asentamiento original. Esta localización era estratégica porque sólo se accedía allí a través de una vía del tren sobre el curso de agua. Así, sobre las tierras abandonadas de un ramal del Ferrocarril Belgrano se conformó Villa Dulce. Aunque diferentes planteos (Blaustein, 2001; Snitcofsky, 2012) han cuestionado las teorías de pasividad civil de los sectores populares durante la dictadura (Oszlak, 1993), nos interesa profundizar esta línea argumentativa indagando cómo la resistencia a la erradicación se articula con el reclamo por tierra y vivienda de la década siguiente en los bordes urbanos.

Desde el relato de la experiencia colectiva de estos habitantes de la zona sur de Rosario, la presente comunicación se propone problematizar las continuidades y rupturas de las luchas urbanas, entre la dictadura y los saqueos de 1989. El análisis de la coyuntura abierta entre ambos sucesos históricos evidenciará los antecedentes de organización popular en las periferias (Merklen, 2005). Con la intención de calibrar la aparición de los sectores populares como actores sociales, se revisará el reclamo histórico en pro del “hábitat popular”, levantado mucho antes de lo que supusieron los disturbios de mayo en la historia social y urbana las grandes ciudades argentinas. Entendiendo la continuidad histórica de las experiencias de lucha por el “acceso a la vivienda” (Ballent, 2014; Cravino, 2006), nos interrogamos acerca de un contexto más amplio de acciones colectivas populares que aparecen cuando indagamos, más allá de los reclamos por alimentos que centralizaron la atención en los pobres urbanos, protagonistas de los saqueos (Serulnikov, 2017).

En esta línea, la estrategia metodológica ha complementado las fuentes históricas (testimonios documentales) con una aproximación etnográfica (testimonios orales e intervenciones, fruto de un trabajo de campo). La perspectiva etnográfica se utilizó como una herramienta para detectar ciertas percepciones de los pobladores del espacio periférico no contempladas o silenciadas por las fuentes históricas. Las entrevistas en profundidad y el diario de campo -desplegado entre noviembre de 2015 y diciembre de 2017- han permitido registrar múltiples aristas de la experiencia cotidiana de los habitantes para la construcción de una memoria colectiva sobre el lugar. Aunque el trabajo de campo no aparezca referenciado explícitamente en esta presentación, el mismo contribuyó a la selección de las entrevistas citadas que buscan complejizar las dimensiones de análisis de la problemática. Asimismo, se han empleado diversos documentos: publicaciones periódicas, Diario La Capital y Revista Vivienda; ordenanzas municipales; y, documentación, material bibliográfico y fotográfico inédito brindado por miembros de la Cooperativa de Vivienda.

Entonces, con una perspectiva transdisciplinar, este artículo explorará los saqueos de 1989 en la ciudad de Rosario. Este acercamiento se interesa por trabajar con el estallido social a través del relato de los habitantes de Villa Dulce, enfocándonos en el sur de la ciudad y con la preocupación de generar canales de diálogo para una historia “desde abajo”. En el primer apartado, se reconstruirá una crónica de los últimos días del convulsionado mayo de 1989. A partir de allí, en el segundo apartado, se indagará en las experiencias compartidas por los habitantes de esa periferia ante los sucesivos intentos de desalojos durante la dictadura. En el tercer apartado, se problematizará cómo estas acciones colectivas comunes de defensa de su hábitat - oponerse al traslado- devinieron en una organización vecinal y cooperativa para construir viviendas y legalizar su situación dominial que sólo se visibilizó con los saqueos. En efecto, se pretende ensayar una posible genealogía de las conexiones entre las resistencias a las erradicaciones de los villeros y las luchas habitacionales posteriores, pensando a unas como prácticas propulsoras, estratégicas y experienciales de las otras. Si como afirman Di Meglio y Serulnikov, “los saqueos hacen visible lo subyacente” (2017:13), el interés en detectar un “repertorio de acciones colectivas” (Merklen, 2005) que se enlace con ellos, supone (re)significar los itinerarios de las luchas y los reclamos de los habitantes de los barrios populares.

 

Los saqueos y una mirada desde el sur

A partir del 24 de mayo de 1989, Córdoba, y luego, Rosario, se transformaron en los focos de asaltos a pequeños y medianos comercios por los habitantes de los barrios periféricos en busca de alimentos. En los días subsiguientes, el Gran Buenos Aires, y en menor medida, Mendoza, Tucumán y la Capital Federal, se incorporaron al mapa de los disturbios. La presencia de mujeres y niños extrayendo de las góndolas leche, arroz, azúcar, harina y otras mercaderías de primera necesidad, provocó la legitimación de una acción colectiva que, rápidamente, adquirió consenso masivo (La Capital, 28/05/1989). La consigna “tenemos hambre” unificó la complejidad de una insurrección que develaba las nuevas inequidades materiales y simbólicas de sus protagonistas (Arias y Rodriguez,1999). Antes que, un movimiento general se percibió como una protesta generalizadora (Sernilkov, 2017). Una revuelta de los sectores más pobres de la sociedad que no poseían los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades mínimas por el brote hiperinflacionario y la prolongada crisis económica. 

En Rosario, las primeras incursiones resultaron parciales y se distribuyeron por toda la ciudad. Pero, la noche del 28 de mayo, se generalizaron los saqueos en la zona sur, donde se ubicaban la mayoría de los supermercados. Con el título “Una noche inquietante”, una nota del Diario La Capital registraba una cartografía de los 22 locales que se habían saqueado desde las 19hs del día previo en esa área (La Capital, 29/05/1989). Los dibujos de los alumnos de tercer grado de la historiadora Gabriela Dalla-Corte Caballero, maestra de una escuela del área sur-central en ese momento, retrataban las peculiaridades edilicias de los supermercados “Reina Elena”, “Supercoop” y “Bitali” que describía la crónica periodística. Bajo la consigna “Sucedió en mi barrio”, la docente había solicitado a las niñas y los niños que dibujarán lo ocurrido en las jornadas previas. Preocupada por el hermetismo acerca de los saqueos que percibió en su primera clase, se valió de esta herramienta pedagógica para registrar el sentido otorgado desde la mirada infantil a los sucesos (Dalla-Corte Caballero, 2014). Asimismo, las referencias geográficas de la noticia mostraban una serie de comercios cercanos al barrio donde se encontraba Villa Dulce, en el área sudeste de la ciudad. María, vecina de villa y actual vicepresidenta de la cooperativa, me describió los saqueos como un acontecimiento de alteración en la vida cotidiana, destacando la voracidad de sus vecinos para tomar mercadería de los comercios cercanos. El barrio donde se encontraba la villa no poseía grandes supermercados. Por ello, los pequeños y medianos comercios sobre Avenida Nuestra Señora del Rosario resultaron el blanco del asalto. 

 

Era de tardecita, todo por Lamadrid, los veíamos bajar con los changos llenos de cosas. Yo estaba con mis nenas que eran chiquitas en la vereda. Iban y venían, acarreando alimentos, leche, harina… y carne (…) Nosotros no saqueamos.[4]

 

El sur se transformó en el epicentro del estallido social cuando se propago la ola de violencia urbana. El entonces presidente, Raúl Alfonsín, declaró el estado de sitio, el día 29 de mayo. La medida intentaba detener a los manifestantes que desbordaron a las fuerzas policiales. La ciudad se militarizó por tierra y por aire, también, se controló la información que brindaban los medios de comunicación. La mayor parte de los destrozos se ejercieron contra la propiedad y no contra las personas. Como modalidades del asalto, las mujeres entraban primero para evitar la represión, y luego llegaban los hombres. Los grupos de asaltantes eran variados (1 a 1000). Se saqueaba a pie, aunque se registraban algunos vehículos. Algunos comerciantes intentaron repartos de mercaderías para detener la envestida sobre los locales, pero el efecto resultó dispar y remitió a situaciones muy particulares. 

Los comercios asaltados ascendían a unos 100 y se registraron 3 víctimas fatales, y más 60 heridos[5]. Ante la llegada de gendarmería el día 30 de mayo, se multiplicaron las críticas acerca de la ineficiencia de las autoridades locales. El justificativo esgrimido por la policía era su incapacidad para enfrentar los hechos. No contaban con los efectivos y los recursos necesarios para cubrir la espacialidad dispersa y, a veces, aleatoria de los saqueos. Sumado a que, los principales asaltantes eran madres con sus hijos (Águila y Viano, 2006). Para los vecinos, las fuerzas del orden no garantizaban la seguridad necesaria, obligándolos a armarse para custodiar cuadras y negocios. La propagación de rumores acerca de posibles enfrentamientos en los barrios, recluyó a los habitantes de las zonas humildes en sus casas. La primera plana del Diario La Capital ilustraba esta percepción con fotos de las calles vacías[6]. El pánico se apoderó de la ciudad que esperaba una batalla de pobres contra pobres. Según Serulnikov (2017), los servicios de inteligencia vinculados a las fuerzas de seguridad utilizaron los falsos rumores para frenar la ola de saqueos que terminó por concluirlos.

Las lecturas posteriores acerca de por qué se originaron los saqueos han profundizado en las argumentaciones que responsabilizaban a diversas facciones opositoras al gobierno nacional. Estas hipótesis se difundieron en los medios de comunicación desde el estallido social. Según algunas posiciones, la inacción de la policía en el inicio de los disturbios respondió a la influencia del movimiento “Carapintada” de un sector del ejército (Aguirre, 1999; Serulnicov, 2017). Así como, los vecinos de los barrios rosarinos hablaban de rumores confusos y denunciaban agitadores entre los militantes del Partido Obrero, el Partido Comunista y Movimiento al Socialismo[7]. También, se rememoró el Rosariazo cuando el gobernador de la provincia, desmintiendo la participación de agitadores peronistas, responsabilizó a “técnicos subversivos” y “grupos marginales de la política de izquierda” de los acontecimientos. Las acusaciones hacia los militantes de izquierda nunca se comprobaron (Aguirre, 1999; Auyero, 2007). Desde la intendencia rosarina, se ratificaba que los disturbios habían sido “un poco orquestados por agitadores”[8]. Según esta versión, además, la pasividad de la policía y el gobierno provincial de filiación justicialista respondió a una estrategia para empujar la retirada del presidente, Alfonsín, y precipitar la asunción del candidato justicialista, Carlos Menem, ganador de los comicios del 14 de mayo de 1989.

A pesar de las teorías conspirativas, los saqueos de 1989 parecen no haber contado con las redes de organizaciones de base ni con los partidos políticos instalados en los barrios que acompañarían la efervescencia social, doce años después, cuando se repitieron en 2001(Auyero, 2007). Su articulación, aunque no fue espontanea, respondió más a redes interpersonales y de vecindad que a algún tipo de encuadramiento (Serulnicov, 2017). No obstante, en Villa Dulce, los vecinos me mencionaron la presencia de militantes peronistas en el momento del estallido. Según Mario, su trabajo había comenzado en la zona, a principios de los ochenta[9]. Su partido, una rama de la izquierda, había instalado un local partidario allí y los militantes ayudaron con la organización de la cooperativa de vivienda. Entre mis entrevistados, los saqueos no eran un tema para recordar, sólo hablaron de ellos cuando se los pregunté directamente. Los testimonios recolectados niegan su participación en los disturbios, pero en general se trata de los miembros principales de la comisión de la cooperativa. Irene, la mujer de Juan, el primer presidente, me comentó la angustia que sintió durante los saqueos. Un poco por el miedo a la violencia, otro poco, porque su marido se sentía muy mal al ver a los socios de la cooperativa, los habitantes de la villa, participando de los asaltos. Ella y Juan no saquearon.[10]    

En el corto plazo, los saqueos (re)configuraron la organización estatal a nivel nacional. El resultado evidente fue el achicamiento del Estado que ejecutó el nuevo presidente. Esta transformación se justificó como el modo de resolver la profunda crisis económica que atravesaba el país, producida por la hiperinflación. En la nueva organización estatal, los barrios adquirieron un nuevo lugar en las ciudades. Esto simbolizó un nuevo amanecer para las instituciones barriales y los movimientos sociales (Cravino y Neufeld, 2007). Los disturbios habían manifestado lo que los pobres podían hacer cuando no se atendían sus necesidades. Todas las miradas se centraron en qué ocurría con los barrios periféricos y las villas miserias. Los reclamos por el hambre dejaron entrever las condiciones indignas en las cuales vivían los sectores más vulnerables de la sociedad. 

El contacto de los pobladores de Villa Dulce con la Municipalidad, mediado por la cooperativa de vivienda, se habilitó con el estallido social. Los aprendizajes, las rutinas y las oportunidades políticas cobraron un nuevo sentido, luego de la experiencia adquirida en los saqueos. La acción colectiva que se manifestó en el asalto se tradujo como una conquista colectiva, materializada en la ayuda asistencial del Estado. Desde el local cooperativo se distribuyeron las cajas con alimentos otorgadas por el gobierno nacional y provincial. Aunque ningún proceso de movilización comienza en el vacío (Giurleo, 2008). Los recursos estatales se canalizaron a través de la cooperativa porque esta existía previamente como institución barrial. Además, se recibió de la Municipalidad partidas de mercadería para las tres ollas populares que los vecinos organizaron en el barrio. Y luego, se regularizaron asignaciones mensuales de alimentos para un comedor precario que funcionaba allí. A diferencia de ocasiones anteriores donde la institución solicitó ayuda al municipio, el reclamo inminente del hambre propició respuestas inmediatas y materiales.  

 

Después de esos días terribles, con Juan, mi marido, organizamos las ollas populares que después fue el comedor comunitario. La gente no tenía para comer. Nosotros con los vecinos empezamos pidiendo mercadería en los negocios, los almacenes de la avenida. Acá había muchos frigoríficos, les pedimos carne, y también había…. Como se dice… una fábrica de fiambres… ellos, también, nos dieron cosas (…)[11] .

 

Los miembros de la cooperativa utilizaron este nuevo rol asistencial que les asignó la municipalidad para generar un canal de diálogo que incorporara las propias demandas de la institución. Su principal reclamo era la obtención de la propiedad colectiva de las tierras fiscales donde se construirían sus viviendas. Durante los 1980, no se había logrado avances en la regularización de los terrenos donde se ubicaba la villa. El intendente había vetado la propuesta del Consejo de Regularización Dominial por considerar el espacio poco propicio para la edificación[12]. Para pensar la agencia de los piqueteros bonaerenses durante los 1990, Sabina Frederic (2009) ha propuesto el análisis de la correlación entre las diferentes prácticas y los momentos de la acción colectiva de los sectores populares. Como argumenta la autora, la protesta ocurre en un tiempo extraordinario, mientras el trabajo social-barrial continúa en el tiempo ordinario-rutinario. Ambos episodios se combinan y enlazan dependiendo de las luchas de las agrupaciones. En el caso de Villa Dulce, los actores aprovecharon el cambio de escenario político para poner en la agenda municipal su situación habitacional que trascendía a los reclamos del estallido social. Como en las tomas de tierras porteñas (Serulnikov, 2017), el problema de la titularidad de los terrenos de la villa sólo se visibilizó cuando la cooperativa adquirió un rol significativo para el municipio en su conexión con el barrio. No obstante, esto no termina de explicar un repertorio de acciones colectivas desplegado por los habitantes de Villa Dulce para visibilizar su lucha por el hábitat, cuyo corolario parecen ser los saqueos.

 

El desalojo y una experiencia común de resistencia

Durante la última dictadura militar (1976-1983), las villas miserias no se condecían con las ideas de una ciudad “limpia, sana y culta” que proponía el gobierno autoritario rosarino (Águila, 2006). A nivel nacional, la dictadura continuó la construcción de viviendas sociales, financiando mega-complejos habitacionales en zonas periféricas a través los planes FO.NA.VI (Ballent, 2014; Van Poepelen, 2006). Aunque, esta solución nunca cumplió con el objetivo de terminar con los barrios de emergencia. En su lugar, se implementaron otro tipo de medidas autoritarias como el desplazamiento por la fuerza de la población a lugares fuera de la trama urbana o su deportación a sus provincias de origen a través del tren (Snitcofsky, 2012). En Rosario, cuando la ciudad fue elegida como sede de XI Copa Mundial de Futbol Argentina 1978, la incapacidad de las autoridades militares para solucionar el problema derivó en el traslado forzoso de la población de algunas villas al Barrio Las Flores (Águila, 2006). Esta “modernización-reaccionaria urbana” (Roldán, 2007) proponía ocultar de la mirada de los visitantes extranjeros la imagen pauperizada que representaban estos espacios. Las medidas de desalojo violento se repitieron con los habitantes de Villa el Fortín durante la construcción de la obra vial “Acceso Sur”, entre 1979 y 1981. 

Las intervenciones urbanas del gobierno dictatorial eran parciales y se consustanciaban por decretos. Nunca se propuso idear un plan urbano para toda la urbe. En efecto, Jajamovich (2012) ha explicado que el proyecto del Parque de España no involucraba una idea global y abstracta para la totalidad de la ribera. Se limitaba a una operación acotada de una parte específica de la trama urbana. Este tipo de intervención se denomina planificación por partes. Con su materialización, se buscaba la (re)funcionalización de una zona portuaria en desuso de la costanera. Esta modalidad planificadora se replicó, también, en la construcción del “Acceso Norte” (1979) y el “Acceso Sur” (1980). Ambos proyectos dinamizaron las vías de ingreso a la ciudad. El primero era una autovía de doble mano que conectaba el Parque Alem, en el Norte de la Ciudad, con el actual barrio de Arroyito. La obra concluía la modernización del estadio del Club Rosario Central, realizada para el Mundial de Fútbol.[13] Por su parte, en 1980, se comenzó a edificar el “Acceso Sur” que era la segunda etapa de la obra denominada “Avenida Circunvalación de Rosario”. Se trataba de una autopista de doble mano sobre la costanera que conectaba la zona sur, desde la Av. Nuestra Señora del Rosario, con el centro de la ciudad, hasta la Av. Pellegrini.[14] Villa el Fortín se encontraba instalada en los terrenos donde se proyectaba la obra.

 

Los llevaron. Pero vuelven (…) se tenían que ir porque tenían miedo que los iban a perseguir. Dice que fue terrible, yo lo he visto. Tal es así que la iglesia de la virgen de Itatí que creó el padre Santiago tiene un piso impresionante en el barrio. En las Flores la iglesia tiene en el acta de bautismo la gente que se volvió. Vos vez las actas por ejemplo de Castellanos que nosotros le decimos y para casarse tuvo que ir a buscar el acta de bautismo al barrio las Flores.[15]

 

Como se mencionó más arriba, no todos los habitantes de Villa el Fortín se subieron a los camiones del ejército, junto con sus casas desarmadas, cuando los militares intentaron llevarlos al Barrio Las Flores. Para evitar el desalojo violento, se trasladaron a la zona más alta del barrio. Los vecinos llegaban allí cruzando las vías del tren, durmientes separados entre sí, y abajo, unos diez metros hasta un hilo de agua. La acción de moverse al margen del arroyo para evitar la erradicación se transformó en una estrategia de resistencia. Este “mito de instalación territorial” (Carmán,2005), construido por el relato de desafiar a las autoridades militares y, a pesar de la represión, decidir dónde vivir, erosiona la idea preconcebida de los sectores populares como una masa amorfa dirigida “desde arriba”. En este sentido, Snitcofsky (2012) propone matizar la teoría de la inacción de los pobladores de las villas miserias durante la dictadura (Oszlak, 1993). Para ella y para otros autores (Blaustein, 2001; Cravino, 2009) las organizaciones villeras no se desarticularon con el golpe de estado. Ciertas investigaciones han demostrado que los pobladores resistieron ante algunos intentos de traslados forzosos, como en el caso de Retiro, Barracas y Bajo Flores. Incluso, la Coordinadora de Sobrevivientes de las Villas de Emergencia de Capital Federal evitó por vía legal el traslado de población de varias villas porteñas en 1981.

 

El gobierno militar, los quería desalojar a los vecinos. Entonces, les cortaba los cables de la luz, obviamente estaban todos enganchados. Hay un episodio que me contaron, resulta que los empleados de lo que hoy sería la EPE venían todas las semanas y cortaban los cables. En uno de esos encuentros, la EPE tenía orden de sacar el tendido eléctrico para que se vayan. Entonces, una vecina agarró los cables desde el otro lado del arroyo donde estaba la villa y el empleado tiraba de este lado. El empleado se cansó y se fue, según cuentan nunca más vinieron a cortarles la luz (…).[16]

 

Según los diversos testimonios, no existía ninguna organización villera en el barrio. Sólo se podría considerar como un antecedente, la filiación al Sindicato de La Carne de los habitantes de la villa que trabajan en los frigoríficos de la zona. Así como, la presencia de la pastoral de los curas tercermundistas en el lugar, desde fines de los 1960. En ningún momento de mi trabajo de campo registré otra institución u organización que las mencionadas. Al parecer, sólo el retorno democrático (1983), y restauración del orden político institucional, abrió el camino cooperativo a los habitantes de Villa Dulce. Sin embargo, aún en las circunstancias de la dictadura, estos sectores populares compusieron una experiencia común al vivir en la periferia con necesidades habitacionales que subsistieron al paso del tiempo. Ramiro Segura (2015) ha pensado desde los planteos de Raymond Williams, la noción de “experiencia común” para estudiar los motivos de permanencia de los sectores populares en el borde urbano. La idea de una “experiencia común” propone recuperar prácticas colectivas, invisibilizadas por la ausencia de estructuras institucionales, asociativas o políticas. En el caso estudiado, se detectan ciertas prácticas que configuraron una “experiencia común” para sus protagonistas. Por un lado, entender la resistencia a la erradicación como una experiencia común más, a las múltiples dificultades de vivir en la periferia, tales como, la migración hacia la ciudad, el sueño de un lugar propio y la ausencia de condiciones infraestructurales para “vivir allí”. Por otro lado, esta resistencia produjo un conjunto de relaciones para dar sentido al estar juntos y a los fines que se perseguían (Giurleo, 2008). Esta/s experiencias/s común/es fortalecieron una unidad del grupo, más profunda a la cohabitación en el espacio que advierte cualquier habitante de la ciudad. 

A través de la construcción histórica, se observa cómo la acción colectiva implica diversos procesos sociales, actores y formas de acción para conformarse (Merklen, 1997). Generalmente, los actores colectivos no componen estructuras sociales establecidas, hablan en nombre de un grupo o una filiación como un barrio. En su interacción, acuerdan los términos cognitivos, afectivos y relacionales, según el campo de posibilidades y oportunidades que se les presenta. Sus performances constituyen un repertorio flexible, negociado e innovador que se adapta a las condiciones de tiempo y espacio (Tilly, 2000). En efecto, en las circunstancias de la erradicación, las familias que decidieron trasladarse al margen del arroyo ensayaron algún tipo de organización. Esta acción colectiva constituyó un fuerte antecedente para las batallas venideras. En ellas, los reclamos por permanecer en el lugar encontraron nuevas banderas con la propiedad de la tierra y la vivienda.

 

La vivienda y una organización vecinal-cooperativa

Durante los años 1980, los “asentamientos” o las ocupaciones de tierras públicas aparecieron como un nuevo fenómeno de transformación urbana (Cravino y Neufeld, 2007). Aunque, Villa Dulce recibió nueva población en ese momento, y parte de los habitantes erradicados a Las Flores retornaron a Villa el Fortín, en una franja desocupada sobre el Paraná, este trabajo considera a ambas como “villas miserias”. Si bien, se acuerda con la distinción entre “villa miseria” y “asentamiento” (Cravino, 2006), en el caso estudiado, no se producen “nuevas” tomas de tierras, sino que las villas mantienen su ocupación histórica en los mismos espacios y afrontan la violencia dictatorial. Estas experiencias de resistencia, se asemejan a los casos estudiados para la Capital Federal (Cravino, 2006), y como ellos poseen una continuidad histórica en sus reclamos por el hábitat permanente en el barrio, la titularidad de las tierras y las mejoras urbanas. Las “tomas”, también, experimentaron un proceso similar, provocando la unión de los vecinos para superar las condiciones de ilegalidad en la tenencia (Cravino y Neufeld, 2007). Denis Merklen (1997) ha explicado que, ante la imposibilidad de los villeros de acceder -por vías formales- a la tierra urbana y al mercado inmobiliario, aparecieron las primeras propuestas cooperativas. En cualquier de sus variantes, se comienzan visibilizar la cuestión del hábitat popular con el retorno democrático.

Juan, en una entrevista realizada por el Diario La Capital, explicaba la necesidad de organizarse ante la imposibilidad de ser interpelados desde afuera: “(…) El problema nuestro no es lo que podemos hacer o lo que dejamos de hacer, sino que no nos dan artículo en ningún lado. Por eso teníamos que organizarnos”.[17]  La primera impresión que deja la experiencia cooperativa es que los vecinos actuaron solos. En 1983, el fin de la dictadura inició una primavera democrática, marcada por la participación del pueblo en la vida política. Esta apariencia de cambios rotundos, paulatinamente, sucumbió ante la crisis económica. Los sectores populares no recibieron un trato particular del Estado –hasta la irrupción de los saqueos-, pero la afluencia de políticas participativas permitió su involucramiento con otras instituciones ajenas al gobierno para mejorar sus condiciones de vida (Merklen, 1997). La organización vecinal, no parece exenta de este proceso. Al profundizar en diversos testimonios aparecen personas e instituciones que ayudaron -la universidad, la iglesia, los partidos políticos y la municipalidad- con las actividades barriales.

Pedro, el vicepresidente de la cooperativa, se había exiliado durante la última dictadura militar por su participación en el movimiento campesino y eclesiástico de la provincia de Corrientes. Retornó al país en el año 1984. Llegó a Rosario al año siguiente, buscando empleo y se instaló en la casa de su hermana en Villa El Fortín. Por su antigua militancia en la pastoral cristiana y su cercanía a la Teología de la Liberación, se vinculó con sus antiguos compañeros que habían regresado a la actividad política en el movimiento social “Hábitat popular”. Este primer contacto de los pobladores con una organización de hábitat les permitió plantear las demandas habitacionales del área e inaugurar su ruta hacia el cooperativismo. Pedro me explicó, en alguno de nuestros encuentros, que su interés era trabajar en el barrio “con la gente”. Así, empezó a contactarse con los curas de la iglesia y a organizarse con un grupo de mujeres. Ellas censaron a los vecinos para identificar los problemas que sufrían ambas villas. De este registro, cuyos papeles Pedro perdió en alguna inundación, se concluyó que la necesidad principal de los vecinos era la vivienda.

 

el relevamiento de las mujeres fue brillante. Yo lo perdí, tenés que verlo era bárbaro, era con falta de ortografía, con números muchos números… “esta dijo…” decía “esta” (se ríe) (…) Teníamos un diseño que sacamos de trabajo social, teníamos que censar a todas las familias, como está compuesto el cuadro familiar, cuantos chicos, como está construida la casilla, todos los detalles… cual es el componente familiar y el origen de donde viene porque ahí no hay rosarinos. Los rosarinos son los que se componían de esa población que llegó de afuera[18].

 

Entre 1986 y 1989, los vecinos se vincularon con otras experiencias cooperativas y habitacionales que formaban parte del movimiento nacional “Hábitat”.[19] Esto les permitió obtener financiamiento de una ONG internacional para constituir viviendas. Luego de la visita de un grupo de sacerdotes al barrio, su ONG MISERIOR de la Iglesia Católica Alemana otorgó un crédito. Según el relato de Pedro, los religiosos quedaron sorprendidos de las condiciones de pobreza extrema. Las ONGs son una red comunitaria autogestiva dedicada a implementar programas asistenciales, sin fines de lucro. En el contexto neoliberal, estas organizaciones eximen al Estado de sus antiguas funciones sociales por su capacidad de producir recursos físicos, económicos y organizacionales. Además, la presencia de ONG en la periferia se corresponde con una ramificación de la Iglesia Católica con nuevas funciones en el interior de estos espacios (Cravino y Neufeld, 2007).

El contacto con la ONG se había logrado con la ayuda del movimiento “Hábitat Popular” y la mediación de la iglesia local. En distintos pasajes de las entrevistas, los actores aluden a la dimensión internacional del movimiento “Hábitat Popular”. Por ello, se sospecha que una parte de sus ideas se alineaban con las del movimiento habitacional internacional UNO-HABITAT, originado en la Conferencia de Naciones Unidas en Asentamientos Humanos (Vancouver, 1976). En esa reunión se reconoció a los pobladores como protagonistas del proceso urbano y al método auto-constructivo como una alternativa viable para canalizar el acceso a la vivienda. A grandes rasgos, esos encuentros se caracterizan por la conexión de problemas globales con situaciones locales (Dalla-Corte y Fernández, 2001). Igualmente, estas definiciones necesitan ser (re)pensadas, ya que, las banderas que levantaban -y levantan- se han materializado en instituciones u organismos internaciones con influencia planetaria. Es necesario (re)pensar la vinculación entre sus programas, las políticas latinoamericanas y argentinas calibrando redes, vínculos, recursos y apropiaciones.

Mario actuaba como un mediador con otras instituciones. “Él nos acompaña desde siempre” me dijo Irene, una vez. A través de él, la ayuda que brindó el partido de izquierda fue clave para la conformación de la cooperativa. Un hecho simbólico para el barrio fue la jornada de construcción del puente peatonal sobre la vieja vía del tren. Ese día confluyeron en una actividad concreta los militantes del partido de Mario, los vecinos y las autoridades de la cooperativa. Según los testimonios, las vías eran un peligro, varias personas habían muerto a lo largo de los años intentando cruzarlas. Así, la resolución colectiva de este problema con la ayuda masiva de los pobladores evidenció para sus dirigentes que había un potencial allí. A fines de febrero de 1989, los vecinos reunidos en asamblea eligieron a Juan como su presidente, a Pedro como vice presidente y a Mario como tesorero. La cooperativa se constituía como un nuevo actor social con legitimidad para defender su reclamo por tierra y vivienda.

 

La construcción de la carpeta de cemento sobre el viejo puente ferroviario (ahora peatonal) que atraviesa el ex-brazo norte del Arroyo (…). Dicho puente cobró con anterioridad varias vidas humanas por su peligrosidad.[20]  

 

La cooperativa recibió una actitud ambigua de la municipalidad en el momento de su gestación. Se brindó al grupo de vecinos el asesoramiento para conformar la cooperativa a través de sus secretarias, pero se derogó la titularidad de las tierras del asentamiento. En el marco del Plan Lote (Provincial), por tratarse de una zona inundable se rechazó su posible regularización (Ordenanza Municipal N° 4557). Los vecinos buscaron contactos con las autoridades, porque consideraban que la auto-construcción no era posible sin los recursos del Estado. Como mencionó María, en uno de nuestros encuentros, “(…) hay que saber hablar con las autoridades, así se conseguían las cosas”. A fines de 1989, el otorgamiento del subsidio de la ONG se había paralizado por el problema con la tierra, declarada zona no urbanizable. El “repertorio de acciones colectivas”[21] (Merklen) que combinaron el trabajo barrial y cooperativo con los saqueos, públicamente más notable, no resolvieron este problema. No obstante, crearon el contexto de oportunidades políticas (Tarrow,2001) para que, finalmente, el Plan Arraigo cumpliera con este objetivo en 1993.

 

Conclusión

Los saqueos produjeron un clima propicio para que el Estado registrara los problemas habitacionales de la periferia. En este contexto, las cooperativas y otras organizaciones sociales se transformaron en un actor social habilitado para negociar con el gobierno desde los barrios. Este proceso permite pensar ciertos cambios en la agencia de los sectores populares. Por una parte, las múltiples prácticas promovidas por estos actores propiciaron ciertos repertorios de acciones colectivas urbanas. En el caso estudiado se evidencian, tanto acciones violentas y extraordinarias, los saqueos y la resistencia a la erradicación, como un conjunto de acciones cotidianas y ordinarias, la agrupación de los vecinos y el trabajo social. Entre todas ellas, los saqueos se consideran como una acción colectiva más de esta constelación. Aunque, las autoridades de la cooperativa expliquen que fueron sus miembros los que saquearon y no ellos, las condiciones de pobreza y aislamiento en las que todos vivían no es un motivo menor para comprender el contexto de expresión de esta práctica. De igual modo, la institucionalización de la cooperativa, temporalmente próxima al estallido social, aparece en la reconstrucción testimonial de estos sujetos como la prueba más significativa de su lucha colectiva.

Por otra parte, la relación entre el Estado y los sectores populares se (re)configuró con el reconocimiento público de la situación apremiante que sufrían las periferias. La atención asistencial brindada por el gobierno a estos espacios, cuando cesó la acción colectiva violenta, habilitó su lugar en la agenda política. Ante la presión social y los reclamos por el hambre, el Estado se encontró obligado a intervenir en los bordes urbanos. Esto produjo un terreno fértil para avanzar en el tratamiento y las posibles soluciones de ciertos problemas de los barrios populares, más profundos y complejos que los primeros pedidos de alimentos. A su vez, el fortalecimiento de las agrupaciones vecinales, cooperativas y políticas generó una nueva etapa para la organización popular. En el caso trabajado, la lucha de los vecinos por la regularización dominial y la producción habitacional ilustra sólo un ejemplo de este proceso.

Después de una década, los habitantes de Villa Dulce habían performado un repertorio de acciones colectivas urbanas para resistir su traslado a otro lugar. Estas acciones colectivas plasmaron su experiencia cotidiana de vivir allí, sus modos de “habitar” y “performar”. Estos sujetos vivenciaron un proceso de significación, uso y apropiación de ese espacio. Estas experiencias y resistencias constituyen una periodización propia de las prácticas de los sectores populares en la periferia. En ellas, los saqueos no se interpretan como el puntapié para organizarse, sino como el corolario de una lucha colectiva que manifestaba un reclamo más antiguo, unificado en la consigna “tierra y vivienda”. Con objetivos renovados en el propio devenir de los hechos, las luchas por la vivienda popular siempre conllevan la legitimación de un lugar para sus protagonistas en la ciudad.

 

 

Referencias bibliográficas

Aguirre, Osvaldo (1999) “El hambre y las ganas de comer”. En AA. VV. A 10 años de los saqueos. Crisis social, medios y violencia, Rosario, CECYT, CEHO y CEA-CU (UNR).

Águila, Gabriela y Viano, Cristina (1999) “Sobre las formas de las protestas social en la Argentina de los ´80. Una explicación histórica de los saqueos de Rosario”. En  AA. VV. A 10 años de los saqueos. Crisis social, medios y violencia, Rosario, CECYT, CEHO y CEA-CU (UNR).

Águila, Gabriela y Viano, Cristina. (2006) “Los actores y las modalidades de la protesta: 1989”, Águila, Gabriela (Comp.) De los cordones industriales a la integración del eje Mercosur (1940-2005). Rosario: Prohistoria Ediciones, Diario La Capital.

Arias, Nora y Rodríguez, Gloria (1999) “El Rosariazo del hambre”. En  AA. VV. A 10 años de los saqueos. Crisis social, medios y violencia, Rosario, CECYT, CEHO y CEA-CU (UNR).

Auyero, J. (2007) La zona gris. Violencia colectiva y política partidaria en la Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI.

Ballent, A. y Liernur, F. (2014) La casa y la multitud: Vivienda, política y cultura en la Argentina Moderna. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Blaustein, E. (2001) Prohibido vivir aquí. Una historia de los planes de erradicación de villa de la última dictadura. Buenos Aires: Comisión Municipal de Vivienda (CMV). GCBA.

Cárman, M. (2011). Trampas de la naturaleza: medioambiente y segregación en Buenos Aires. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica

Cravino, M. C. (2006) Las villas de la ciudad. Mercado e informalidad urbana. Los Polvorines: Universidad. Nacional de General Sarmiento.

Cravino, M. C. y Neufeld, M. R. (2007). “Entre la hiperinflación y la devaluación: “saqueos” y ollas populares en la memoria y la trama organizativa de los sectores populares del Gran Buenos Aires, (1989-2001)”. En Cravino, María Cristina (Edit.) Resistiendo en los barrios: Acción colectiva y movimientos sociales en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Los Polvorines: Univ. Nacional de General Sarmiento.

Dalla-Corte Caballero, G. (2014) “Hacia los 25 años de los saques en la ciudad de Rosario, Argentina. Educación y memoria”. En HAO, Núm. 33 (invierno, 2014),7-19.

Dalla-Corte Caballero, G. y Fernández, S. (2001) “Límites difusos o géneros confusos: la Historia y el espacio local, en Lugares para la historia”. En Dalla-Corte Caballero, G. y Fernández, S. (Comp.) Espacio, Historia Regional e Historia Local en los Estudios Contemporáneos, UNR Editora, Rosario.

Di Meglio, G. y Serulnicov, S. (2017), La larga historia de los saqueos en la Argentina: De la independencia a nuestros días, Buenos Aires: Siglo XXI Editores. 

Frederic, S. (2009) “Trabajo barrial, reconocimiento y desigualdad en Lomas de Zamora, 1990-2005”. En Grimson, et. al. (Comp.) La vida política en los barrios populares de Buenos Aires. Buenos Aires: Prometeo.

Giurleo, P. (2008) “Estudio de caso. Un análisis de la acción colectiva producida por la “Cooperativa de viviendas puente de Barracas”, entre los años 1992 y 2004, en la ciudad Buenos Aires”, Prácticas de oficio. Investigación y reflexión en Ciencia Sociales, N° 2 pp. 69-83

Jajamovich, G. (2012) “De parque España a Puerto Madero. Proyectos urbanos y gestión entre Argentina y España”. En Cuenya, B., Novais, P. y Vainer, C. Grandes Proyectos Urbanos. Miradas críticas sobre la experiencia argentina y brasileña, Buenos Aires: Café de las ciudades.

Merklen, D. (1997) “Organización comunitaria y práctica política. Las ocupaciones de la tierra en el conurbano de Buenos Aires”, Nueva sociedad, N° 149, pp.162-177.

Merklen, D. (2005), Pobres ciudadanos: las clases populares en la era democrática 1983-2003. Buenos Aires: Gorla.

Oszlak, O. (1991) Merecer la ciudad. Los pobres y el Derecho al Espacio Urbano. Buenos Aires: CEDES Humanitas.

Roldán, D. (2007) “La espontaneidad regulada. Fútbol, autoritarismo y nación en Argentina ´78. Una mirada desde los márgenes.”, Prohistoria, N°11, pp.125-147.

Segura, R. (2015) Vivir afuera: Antropología de la experiencia urbana. San Martín: USAM EDITA.

Snitcofsky, V. (2012) “Clase, territorio e historia en las villas miserias de Buenos Aires (1976-1983)”, Quid 16. Revista del Área de Estudios Urbanos, N°2, Universidad de Buenos Aires. Pp. 46-62.

Tarrow, Sydney (1994) El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Madrid: Alianza Universidad.

Tilly, Charles (2000) “Acción colectiva”, Apuntes de investigación, Año IV Nº 6, Secyp.

Van Poepelen, C. (2005) “Las transformaciones urbanas en la ciudad de Rosario durante la última dictadura militar”, en Revista Historia Regional. Sección Historia, núm., 23.

 

 

 

Recibido con pedido de publicación 15/01/2019

Aceptado para publicación 06/07/2019

Versión definitiva 23/07/2019