Introducción

En definitiva, los tres momentos que constituyen la historia política de las administraciones justicialistas en la provincia remiten al peronismo (primer peronismo) y sus aguas de navegación. Suárez, Caésar y Cárcamo como gobernadores peronistas dialogaron permanentemente con las definiciones del gobierno nacional entre 1946. Sin embargo, esa navegación en las aguas del sistema político del primer peronismo es presentada aquí como una tríada orientada por una especie de “carta de navegación” que oriente y ordene los principios de gobierno del campo educativo. Cada una de las tres administraciones es analizada en relación a las definiciones y coordenadas que el astrolabio de navegación (en función del modo, cálculo, tiempo y ruta) del sistema escolar definió las políticas educativas en cada coyuntura.[1]

En el caso de la provincia de Santa Fe, se sucedieron en el período de referencia los gobernadores Leandro Meiners (UCR Junta Renovadora) electo en febrero de 1946 sin asumir ya que se suicidó días más tarde de la elección. En forma inmediata el colegio electoral provincial designó a Waldino Suárez (Partido Laborista) como su reemplazante y gobernador entre 1946 y la intervención nacional de 1949. A esta primera etapa de la cronología propuesta, va a dar continuidad un segundo momento con la gestión de gobierno de Juan Hugo Caésar (Partido Justicialista) hasta completar el mandato constitucional en 1952. Finalmente, la tercera coyuntura que es objeto de análisis se constituye con la elección del gobernador Luis Cárcamo (Partido Justicialista) entre 1952 y 1955.

1. Waldino Suárez y el Plan Trienal para la educación

Nos detenemos ahora en la agenda del gobierno de la educación durante la administración de Waldino Suárez a partir de 1946. Un primer momento de ordenamiento y diagnóstico del sistema educativo estuvo delegado en la figura del experimentado José María Funes en el ministerio de Gobierno, Instrucción Pública y Justicia.[2] Suárez y Funes definen con precisión al principal enemigo sobre el que dar batalla: el analfabetismo.[3]

Estas fuentes y el trabajo comparado con el caso provincial también reflejan las diversas regiones y departamentos que integran el territorio. Nelson sostiene en su investigación publicada en 1939 que el analfabetismo es el resultado de un proceso que puede ser “comparado a la formación de un pantano alimentado por algún grifo representa la suma de niños que la escuela deja escapar sin educarlos, el pequeño desagüe representa los analfabetos adultos que desaparecen por instrucción post-escolar o por fallecimiento” (Nelson, 1939: 32). En este registro, para el especialista la dimensión del pantano depende, ante todo, de la cantidad de agua que el grifo deja escapar, y la cantidad de analfabetos con posterioridad y de los fallecidos. Pero es sobre todo el primer factor el que determina el volumen líquido acumulado.

Desde la asunción del gobierno de la provincia en junio de 1946, Waldino Suárez promovió una serie de innovaciones que pretendían adecuar las estructuras del estado en materia educativa a los lineamientos de las políticas públicas nacionales. Para luchar contra el analfabetismo Funes entiende que es necesaria una inmediata modernización de la burocracia estatal de la educación convertida en un ministerio específico. Una carta de navegación que dialoga con los objetivos propuestos en el primer plan quinquenal, pero las coordenadas del astrolabio en la provincia se presentan en un plan de tres años.

Una de las primeras medidas de la gestión del gobernador Waldino Suárez en relación con la organización del gobierno de la educación fue la sanción de la Ley provincial Nº 3135, con esta norma Suárez y Funes proponen el debate y sanción de una nueva Ley Orgánica de Ministerios para el año 1947 que organizó las áreas y competencias del estado provincial.[4] La nueva norma debe comprenderse en el contexto de propósitos y aspiraciones que Suárez buscó promover en una permanente y delicada situación de tensiones con actores locales, regionales y nacionales del propio peronismo.

1.1 Alberto Dumont y el gobierno de la educación (1947–1949)

A partir de la Ley de Ministerios se creó el Ministerio de Educación, Justicia y Culto. El médico Alberto Dumont, designado como ministro de la nueva cartera fue presentado por la prensa local como una figura destacada en los ámbitos de gestión (sanitaria y educativa).[5] El diagnóstico y orientación propuesto por el astrolabio de la gestión de Waldino Suárez confirmó el pleno respaldo a la estructura estatal educativa en la gestión que lo acompaña, por lo que se ha adecuado y modernizado la administración provincial en base a la nueva normativa de organización.

En relación a las atribuciones del Ministerio de Educación, Justicia y Culto, en su artículo 19º estableció que le correspondían los asuntos comprendidos dentro del régimen judicial, los relativos a la instrucción y educación, a las relaciones del Estado con la iglesia, y en particular lo relacionado con la instrucción primaria, la enseñanza normal y especial; los planes de estudio y sus reglamentos; la superintendencia en todo lo relativo al fomento de la instrucción, educación y cultura.[6] Esta definición y organización de una nueva ley de ministerios jerarquiza el campo educativo y el gobierno de la educación en la misma órbita que el de Justicia y Culto.

Una característica a destacar en la nueva ley, es la estrecha relación que la norma establece entre la instrucción y la formación para la producción y el trabajo. A través del artículo 24º de la Ley N° 3135 asignó competencias de aprendizaje a la Secretaría de Industrias, Orientación Profesional y Aprendizaje: [7] a) organizar y dirigir la producción, industrialización, comercialización y consumo de los productos elaborados por las fábricas, talleres y explotaciones rurales que financie la provincia; b) instalar institutos de Orientación y Selección profesional; c) organizar el aprendizaje de oficios y mutualidades en las Escuelas del Trabajo sobre la base de la creación de Escuelas-Fábricas para la juventud. Estos establecimientos específicos que prevé la ley se destinan a la formación de técnicos, auxiliares de técnicos y obreros especializados.[8]

Como ha señalado Sironi y Sironi (2015) durante la gobernación de Waldino Suárez la disputa por capitalizar políticamente los favores económicos nacionales pasó a ser central, como lo demuestra el inconcluso Plan Trienal provincial. El mismo fue dado a publicidad a poco tiempo de la puesta en marcha del Plan Quinquenal que impulsó el gobierno nacional, y se proponía oficiar como articulador con el mismo. Se organizaba en dos grandes capítulos: uno dirigido a la reorganización administrativa y otro que involucraba dos proyectos de empréstitos para obras públicas y acción social (que en conjunto ascendía a 375 millones de pesos moneda nacional).[9]

La carta de navegación y el astrolabio del binomio Suárez–Dumont se consagra en el Plan Trienal con la reforma ministerial, la modernización de la burocracia educativa, la lucha contra el analfabetismo en el territorio provincial y la consolidación y ampliación de la formación para el mundo del trabajo. Un punto a destacar es que el ministro Dumont reconoció entre las líneas prioritarias de la gestión educativa, la creación de Escuelas-Fábricas. Así inició tramitaciones con las respectivas autoridades de gobierno nacional, para la instalación en el territorio provincial de cuatro escuelas hogares fábricas, que por su importancia y organización serían de trascendental influencia para “nuestro futuro industrial y en las que el gobierno provincial tendrá a su cargo la construcción y mantenimiento de los respectivos hogares que, según su denominación, funcionarán anexos a cada escuela”.[10]

La propuesta de las Escuelas-Fábricas como innovación propia del Plan Trienal de Suárez se anunció a través de la creación de un conjunto de establecimientos. Uno se ubicaría en la ciudad de Rosario o alrededores, se dedicaría a la industria metalúrgica pesada y tendrá capacidad para mil alumnos. El segundo se levantaría en Santa Fe con igual capacidad de alumnos, que se dedicaría a la enseñanza de la industria del transporte, en sus tres ramas de terrestre, fluvial y aéreo. Un tercer establecimiento del tipo Escuela-Fábrica en la ciudad de Rafaela, para quinientos alumnos, que tendría como objetivo la enseñanza de la mecánica e industria agrícola. El cuarto establecimiento, cuya ubicación en el norte de la provincia no se había precisado, y que también tendrá capacidad para quinientos alumnos, impartiría la enseñanza de la industria forestal. Las aspiraciones de Suárez y el ministro Dumont se expandieron en un plan de proyecciones ambiciosas como la instalación de una escuela primaria y luego fábrica para no videntes, se crearía una escuela de oficios para mujeres y del hogar en la ciudad de Santa Fe, a la que se daría “adecuada y moderna orientación”[11] y que se ubicaría en Villa María Selva (zona densamente poblada que carecía de escuelas de esa clase).[12]

Dumont y el presidente del Consejo General de Educación (CGE) Fernández Hutter a partir de 1947 modificaron la Dirección de la Enseñanza de la Provincia, agregando a las autoridades del CGE una dirección general de Enseñanza Primaria a cargo de un director general,[13] que se ocupó de todos los asuntos atinentes a todas las escuelas primarias; una Dirección General de Enseñanza Normal (DGEN) a cargo de un director general y una Dirección General de Enseñanza Técnica (DGET) a cargo también de un director general, que atendió exclusivamente en la enseñanza técnica, especial y de oficios. Esta última tuvo a su cargo las escuelas de enseñanza técnica de mujeres, ya que las de varones transformadas en Escuelas-Fábricas pasaron a depender de la secretaría de Industria, Orientación Profesional y Aprendizaje.[14]

El Plan Trienal incorporó premisas que demandaba el magisterio santafesino en sus distintas expresiones. En función de mejorar significativamente la relación y las cuestiones vinculadas a su agremiación y las condiciones laborales, el ministro confirmó que las acciones llevadas a cabo contemplaban una fuerte inversión:

Valorando la función docente, al igual de lo hecho con el resto de la administración, se han mejorado en forma sensible los sueldos del magisterio, partiéndose de un sueldo básico inicial de 220 pesos para el maestro de grado, 180 pesos para el de enseñanza especial y de igual proporción para los restantes, además del pago íntegro de las bonificaciones, la equiparación de las mismas para los maestros de enseñanza especial y el aumento de las del personal de servicio, habiéndose llegado a un aumento global, en el presupuesto del Consejo de más de once millones de pesos.[15]

En sintonía con dar respuestas a las demandas del magisterio se consideró el derecho a traslado al lugar del domicilio conyugal, de las docentes de grado, especiales y de otra clase, o empleados de cualquier otra rama de la administración que ejercieran sus funciones en sitios distintos.[16] Lo dispuesto precisa que la única condición para el beneficio era que tal domicilio obedeciera a la ocupación principal del esposo, ya fuera ésta de carácter oficial o privado, propendiendo de esta forma “a la unión y al bienestar de las familias”.[17]

En 1948 se llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe el primer Congreso Nacional del Magisterio Pro-Mejoras Económicas. Por otra parte, entre las medidas más relevantes cabe destacar la equiparación de los sueldos del Magisterio Provincial. El Poder Ejecutivo promulgó la Ley N° 3221 (junio de 1948) de equiparación de los sueldos del Magisterio de la provincia al de la nación. La norma determina en su artículo 1° equiparar a partir de la promulgación de la presente Ley, los sueldos del Magisterio y de los Maestros de Trabajo Manual de la Provincia, con los de los maestros de grado nacionales.[18] Según destacaba la prensa, en esta conquista otorgada en favor de los maestros santafesinos, el gobierno tuvo una destacada actuación, habiendo facilitado la solución al problema.

Otro aspecto fundamental que se confirma en el Plan Trienal para el gobierno de la educación respondió a una demanda histórica del campo educativo. La cuestión laboral y la legislación laboral en las escuelas provinciales constituyó un reclamo que había emergido en la década de 1920, motivo de conflictos y tensiones durante la década de 1930 e integrando a la carta de navegación luego de 1946. En estos años fueron reiterados los reclamos ante la revisión y modificación de la ley que regula el régimen de escalafón y estabilidad del magisterio (sancionado durante el gobierno de Joaquín Argonz en 1941). Aunque la norma fue sancionada por el antipersonalismo, Dumont logró su modificación ante la demanda del magisterio. La Ley N° 2951 de 1941 fue modificada por la Ley N° 3451 (1948).

La reforma impulsada por Dumont determinó en su artículo 4° que, para ingresar en la docencia, en carácter de titular o suplente, de cualquiera de las escuelas mencionadas en el artículo anterior, con excepción de la normal, se requiere: ser argentino, no tener más de cuarenta años y justificar capacidad física y moral e idoneidad, mediante títulos docente o especial, según la naturaleza del cargo.[19] En este sentido, se define que para el ingreso al curso normal no se tendrá en cuenta el límite de edad establecido, aun cuando se exigirán los mismos requisitos. Y en su artículo 6° la ley establece que las vacantes de los cargos de inspector seccional de cualquier rama o especialidad y los cargos de directores, vicedirectores y regentes de cualquier categoría se proveerán por concurso anual de oposición, de título, y en caso de empate, de antecedentes, de acuerdo con las bases que fije la respectiva reglamentación.[20] Para el ministro Dumont transitando los dos primeros años de su gestión, entre las prioridades y logros alcanzados en materia educativa se pueden comprobar en otras acciones que den continuidad al plan de navegación y las coordenadas del astrolabio:

Se encuentra a la consideración de la Honorable Legislatura un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, por el que se crea, dependiente del Ministerio de Educación, Justicia y Culto a mi cargo, la Dirección General de Cultura de la provincia de Santa Fe. En la elaboración de este proyecto, el gobierno del me honro en formar parte, ha tenido especialmente en cuenta los conceptos expresados por el señor presidente de la nación, general Juan Domingo Perón, en la conferencia que mantuvo no hace mucho tiempo con representativos escritores argentinos.[21]

El ministro Dumont se reconocía como un articulador provincial de una agenda educativa que su par nacional (el secretario de Educación Oscar Ivanissevich) diagramaba y promovía.

1.2 Julián Fernández Hutter en la presidencia del CGE (1946–1948)

Otra figura relevante para el gobierno de la educación la constituyó el educador Julián Fernández Hutter quien promueve un programa y proyecto de ley que modernice la administración educativa en la provincia, aunque pierde estado parlamentario.[22] Como ya hemos analizado, el gobernador Waldino Suárez designó en la presidencia del CGE a partir de octubre 1946 al destacado educador (especialista en educación para el trabajo) Julián Fernández Hutter quien permaneció en el cargo por dos años. Su presidencia y gestión puso fin a un período de permanentes cambios en la organización del CGE –los cinco años anteriores habían sido reemplazados en sus funciones una decena de funcionarios dentro del organismo– y su designación articuló la organización y transición de la cartera educativa.

La publicación denominada Boletín de Educación ahora conducido por Fernández Hutter organizó secciones que se relacionaban con ejes pedagógicos y propuestas didácticas priorizadas en el programa educativo como la cinematografía en la enseñanza (por el inspector Guillermo Fradegrada), los diagnósticos que sobre el sistema escolar realiza Dolores Canals. También ocupó especial atención del BE la preocupación por la educación rural y la lucha contra el analfabetismo, la educación estética, los programas para la enseñanza de dibujo y pintura infantil. Se realizó inmediatamente un encuentro que convoca a las direcciones de las escuelas normales provinciales y se presenta el proyecto de reestructuración de la Dirección General de la Enseñanza por el mismo presidente del CGE.[23]

Las propuestas de reorganizar la burocracia educativa merecen atención, como el proyecto que contempla una adecuación del departamento de Inspección Escolar que se organice con tres subinspectores generales a cargo de las inspecciones seccionales a lo largo del territorio (la reforma fue aprobada por el Decreto Provincial N° 8516 de 1947).[24] Entre las iniciativas más relevantes durante la presidencia de Fernández Hutter podemos destacar el fortalecimiento de las escuelas y misiones de Enseñanza Agrícola y Granjas (octubre de 1946). La resolución del CGE que los maestros de 4° a 6° grado de las escuelas primarias provinciales ubicadas en las ciudades de Santa Fe y Rosario difundieran los Cursos de Perfeccionamiento Obrero de la nación.[25]

En el mes de diciembre de 1946 el presidente del CGE elevó un proyecto de regulación de Escuelas Granjas y un programa para el ordenamiento y gobierno de las escuelas y magisterio especial de manualidades (talleres manuales). La extensión de aulas especiales y escuelas relacionadas con entidades gremiales es una innovación promovida en esta coyuntura como lo constituye el caso de la creación de grados en la “Casa del canillita” en las ciudades de Santa Fe y Rosario. Con objetivos ambiciosos se autorizó la difusión del Plan Trienal del gobierno de la educación, la creación del Servicio Social Escolar (SSE) y se elevó la estimación presupuestaria para el ciclo escolar de 1947 que contemplaba un ambicioso plan de infraestructura escolar.

En los primeros meses de gestión en el CGE, el nuevo presidente dispuso normas para la provisión de cátedras, programas para pruebas de competencia en el magisterio, se autorizaron los Cursos Vespertinos Complementarios para mujeres y se multiplicaron los Centros de Enseñanza reglamentados en la Ley N° 3012. Esta norma aprobada por la gestión del antipersonalismo resultó una pieza clave en el conjunto de disposiciones del CGE en estos años. Durante el mes de octubre de 1947 el Boletín del CGE publicó dos informes realizados por el presidente Fernández Hutter, el primero relacionado con el plan de Educación para el Trabajo y el segundo con un estudio del Magisterio Especial de Manualidades. El funcionario se reconoció como un experto en ambos temas, pero admitió que la formación para los oficios y en particular para mujeres –que no desean su formación en letras– debía ser orientada a una especialización en labores, confecciones y manualidades con telas. Un plan ambicioso de formación para mujeres en bordado, tejidos y costuras.[26]

Las aspiraciones del presidente del CGE por definir una red de escuelas para la formación en el trabajo y en los oficios había sido objeto de estudio y publicaciones como su ensayo sobre “La enseñanza técnica industrial” (1940).[27] En su propuesta la educación técnica y de artes oficios debe contemplar las siguientes modalidades: a) escuelas técnicas elementales de oficios ubicadas en zonas rurales con 4 años de duración, b) escuelas técnicas superiores de oficios en las ciudades con dos ciclos de formación (egresando con el título de técnicos industriales) y c) las escuelas complementarias profesionales. El programa contempla las escuelas rurales de oficios y los hogares agrícolas que Hutter difundió con los congresos provinciales del Niño en los años treinta, en congresos de Educación para el Trabajo y jornadas de la modalidad.

En 1947 publicó su ensayo denominado “Del magisterio especial de manualidades”.[28] La experiencia de gestión de Julián Fernández Hutter nos acerca a una trayectoria de un funcionario designado en el CGE de la provincia con una intensa agenda sobre el sistema escolar. La carrera del funcionario y quienes lo acompañaron en el CGE se vio interrumpida por un conflicto importante alrededor de la implementación de la ley de estabilidad y escalafón del magisterio (Ley N° 2951). En el parlamento se trataron en al menos dos oportunidades el pedido de intervención sobre el Consejo hasta tener su aprobación, esta situación motivó la renuncia de los tres integrantes del CGE en 1947.[29]

2. El Plan Trienal y la cuestión religiosa

En el presente intento de analizar al plan de navegación y las proyecciones del astrolabio del gobierno de la educación en la administración de Suárez y Dumont, la cuestión religiosa ocupó un lugar principal. El Plan Trienal de Suárez expresado en el Boletín de Educación para el año 1947 definía un conjunto de objetivos y metas a cumplir sobre un programa de estímulos para inspectores técnicos en la provincia, enriquecer el material de consulta e ilustración para maestros y alumnos en bibliotecas escolares, promover conferencias pedagógicas sostenidas en los centros de mayor población, definir una sección especial en el Boletín para la exposición de puntos fundamentales con el objeto de suplir clases magistrales. Suárez reglamenta la Ley de Educación Común y la enseñanza religiosa en las escuelas (mediante el Decreto N° 2214 del 07/12/1946) con los siguientes fundamentos:

Artículo 1º) En todas las escuelas de cualquier tipo que sean, de jurisdicción provincial, religión y moral constituirán una materia de clase sujeta, como las demás, al régimen de calificaciones y pruebas anuales que se requieren para la promoción de los alumnos al Curso Superior. 2º) La enseñanza de Religión y Moral, de acuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica, será impartida a los alumnos todos, con excepción de aquellos cuyos padres manifiesten por escrito no profesar la Religión Católica. A estos alumnos se les dará moral.[30]

Por lo tanto, la enseñanza de Religión y Moral en las escuelas primarias estará a cargo de las maestras en ejercicio de la docencia[31] y en los casos de excepción la autoridad eclesiástica y las respectivas direcciones adoptarán las providencias necesarias. En cuanto a los contenidos, el programa y texto de Religión y Moral será propuesto por la autoridad eclesiástica.[32] Atendiendo que en el caso de las escuelas alejadas de las poblaciones cuando no existieran maestros que enseñen Religión, el cura párroco, ya personalmente o por personas designadas por él, podrá dictar clases en los días y en el tiempo oportuno del año, para lo cual y con suficiente antelación, ha de ponerse de acuerdo con el director de la escuela correspondiente.[33]

La agenda del sacerdote Antonio Rodríguez reparó en detalles sobre el Reglamento General de Escuelas en el que se solicitó la supresión de las palabras “oficios religiosos”, se prohibió que los locales escolares fueran cedidos para bailes, bazares, oficios religiosos o cualquier acto público no previsto en el reglamento. Solicitudes fundadas en el artículo 5° de la Constitución Provincial vigente[34] y en la letra de la ley de educación común de 1886 que no excluye en forma expresa ni tampoco indirecta

(…) la posibilidad de que los locales escolares puedan ocuparse para la celebración de oficios religiosos. Pero estos oficios se consideran “circunstanciales” y que la manera de la prohibición coloca al oficio religioso en forma inconveniente en un nivel igual a las diversiones que pueden dejar un “saldo perjudicial para el interés escolar.[35]

Al finalizar el curso lectivo, la inspección de Rodríguez solicita la constitución de tribunales de Calificación y Apelaciones para los maestros y profesores de Religión y Moral.[36]

En el Boletín de Educación de junio y agosto de 1947[37] el CGE publicó los Programas de Enseñanza Religiosa para Escuelas Primarias (1° a 6° grado) y para Escuelas Normales (1° a 5° año). Investigaciones sobre el tema y período afirman que algunos sectores de iglesia pronto comenzaron a denunciar los límites que se presentaban para ese espacio: fundamentalmente el mantenimiento en las escuelas de una tradición laica que anulaba a las escasas horas semanales que ocupaban las clases de religión.

3. Nuevos cálculos de navegación: La ley de Educación de 1949 en Santa Fe

Nos detenemos en la segunda coyuntura de gobierno de la educación que se precipita con la intervención federal al gobierno peronista de Waldino Suárez, la transición dispuesta por el coronel Dalmiro Adaro y la inmediata convocatoria a elecciones en la provincia que abren una nueva etapa. Juan Hugo Caesar es electo gobernador y como ministro de Educación será designado Raúl Rapela, ambos inician una agenda atravesada por la reforma de la constitución provincial en 1949 y la sanción de una nueva ley de educación ese mismo año.[38]

Nuevos vientos soplaron con la administración de Caesar y el final de su antecesor. Recuperaron posiciones referentes de los grupos más directamente unidos a la élite estatal nacional –Caesar había tenido un importante rol en el gobierno militar ocupando el Ministerio de Hacienda y Obras Públicas– luego de la normalización institucional, pasó a formar parte del cuerpo directivo de Obras Sanitarias de la Nación. Quien lo acompañaría en 1949 como vicegobernador, Álvaro González, también había desarrollado una frondosa carrera política como comisionado de la ciudad capital y secretario de gobierno durante la gestión del interventor federal Aldrey.

Juan Caesar promovió el conjunto de reformas necesarias para la consolidación de las políticas públicas en el escenario provincial. Desde junio de 1949, el flamante gobernador y la mayoría legislativa pusieron en marcha una agenda de reformas que se orientó y concretó en la convocatoria a Asamblea legislativa para la reforma de la Constitución provincial (en sintonía con la reforma nacional), aprobada en agosto del mismo año.[39] En forma inmediata luego de asumir, el gobernador presentó un proyecto de reforma y se cristalizó en la sanción de la Ley Provincial N° 3554 (1949). La Ley de Educación N° 3554 derogó la norma anterior vigente desde 1886.

La nueva ley sancionada durante 1949 regulaba el campo educativo y se sostenía en los principios de derecho básico y gratuito para todos los santafesinos, incorporando la “ayuda social” para familias que la requieran;[40] ratificando los niveles educativos en Jardín de Infantes, Primario, Normal, Técnico Profesional y Especial.[41] En la Argentina peronista la educación era pieza fundamental para sostener una ciudadanía plena, no solamente por la obligatoriedad de su alcance y acceso, sino por la expectativa de extender la misma “hasta los 18 años, mientras no se haya cumplido dicho ciclo, pero desde los 16 años sobre la base de las escuelas primarias vespertinas o nocturnas. Su incumplimiento será penado (…)”.[42]

En forma innovadora, la inclusión del infante como sujeto de derecho educativo es un aporte significativo: “la educación del Jardín de Infantes será eminentemente formativa. La primaria, sin perder ese carácter, impartirá la enseñanza necesaria, graduada e integral que asegure la formación de la mujer y del hombre, moral, social, espiritual, intelectual y físicamente aptos, que sinteticen el arquetipo de argentinidad”.[43] La unidad educativa responsable de la adecuación institucional de las políticas educativas y la preparación para el ejercicio del magisterio fue la escuela normal, que tuvo a su cargo la organización de cursos del profesorado de Jardines de Infantes, Escuelas Especiales y Escuelas Técnico Profesionales.

La nueva ley provincial que se articula con la construcción de la “Nueva Argentina” consolida la formación Técnica Profesional, en oficios y artes manuales.[44] Vinculando educación, ciudadanía y mundo del trabajo, la normativa define con precisión la posibilidad de cursos vespertinos o nocturnos de recuperación y capacitación destinado a aquellos adultos que deseen completar su instrucción y capacidad profesional.[45] En la construcción de la dominación hegemónica, peronismo y catolicismo constituyen una díada necesaria por lo menos hasta el inicio del segundo mandato presidencial. La nueva legislación en su artículo 9° expone una continuidad respecto de la ley de 1886, pues prescribe que se “se impartirá la enseñanza de la Religión Católica en todos los establecimientos educacionales, respetando las creencias de los padres y la libertad de cultos que establece la Constitución de la provincia de Santa Fe”.[46]

En cuanto al rol del Estado en materia educativa la ley provincial pareciera expresar un rol principal pues no hace referencia a la responsabilidad de la familia y otras organizaciones en la educación e instrucción y, al referirse a la educación privada, le reconoce su derecho a impartir educación, pero bajo los requisitos de la enseñanza oficial.[47] Además, establece el carácter unificado de la certificación oficial de la formación, la publicación mensual de un Boletín de Educación, la distribución de libros y materiales de enseñanza, las construcciones y condiciones de edificios escolares, facultando al Ministerio de Justicia y Educación la organización y control de todo el sistema educativo. Con esta norma, la legislatura consolidó una dimensión ampliada de la educación como derecho y garantía, coherente con el paradigma o matriz hegemónica del tipo de Estado de bienestar de posguerra. En el siguiente cuadro proponemos una selección de artículos para destacar definiciones particulares que dispone la nueva norma de educación.

El día 5 de julio de 1949, a dos días de hacerse público el proyecto de ley de educación, la Federación Provincial del Magisterio de Santa Fe se reunió con el Ministro de Justicia y Educación, Dr. Raúl Rapela, por el reclamo de nombramientos docentes dejados sin efecto sin causa alguna expresada y otras condiciones de irregularidad. En ese marco, los docentes le manifestaron que lamentaban no disponer del tiempo indispensable para emitir la opinión del gremio sobre el texto normativo. Añadieron que, tratándose de una ley de tal trascendencia, hubiera deseado el magisterio colaborar en su estructuración.

Además, el gremio se entrevistó con el gobernador Caesar para discutir sobre la reposición de maestros cesanteados, la situación económica del magisterio y el nuevo régimen de administración escolar. Por otra parte, expresaron su propósito de colaborar con el gobierno en todos los aspectos relacionados con la escuela, el maestro y el niño; ajustándose siempre al cumplimiento de la ley de estabilidad y escalafón y su respectiva reglamentación.

4. Raúl Rapela en el Ministerio de Educación (1949–1952)

A lo largo de la gestión de Rapela, la actividad legislativa fue intensa y en particular con el campo educativo se sancionaron un conjunto de leyes que ampliaron y desarrollaron el articulado de la Ley de 1949. A diferencia de la provincia de Buenos Aires, donde la Ley de Educación de 1951 significó dar legitimidad a una serie de transformaciones que se estaban realizando en materia educativa en la provincia desde 1946 y especialmente desde 1949, en el caso de Santa Fe la Ley de Educación sancionada dos años antes, marcó la agenda de una serie de políticas que se consolidaron como leyes a partir de entonces.[48]

En la provincia de Santa Fe la creación del Ministerio de Educación se dio a partir de la Ley de Educación. El Ministerio de Educación estaría a cargo de la dirección y administración de la educación de la provincia. En una primera instancia el Consejo se mantuvo, pero se reorganizó y quedó integrado por tres miembros elegidos directamente por el Poder Ejecutivo con funciones consultivas, hasta que finalmente en 1952 dejó de existir. Se consideró ya no era adecuado para gobernar un sistema educativo cada vez más complejo por el creciente número y la diversificación constante de los establecimientos a su cargo.

En Santa Fe, fue directamente la Ley de Educación la norma que estableció como quedaría organizado el Ministerio de Educación. Contaría con las siguientes Direcciones Generales: de Jardines de Infantes; Primaria; Normales y Orientaciones Profesionales; de Escuelas Técnicas Profesionales para Varones; de Escuelas Técnicas Profesionales para Mujeres; de Educación Física; de Personal y de Administración. Todas tendrían asiento en la ciudad capital de la Provincia (Ley N° 3554). Las direcciones eran organismos con descentralización funcional. Los directores eran designados por el Ministro de Educación. A su vez, cada una de las Direcciones contaba con un Inspector General, un Subinspector y un cuerpo de Inspectores. Los directores generales tenían funciones de asesores técnicos dentro del CGE, con voz, pero sin voto.

Para Caesar y Rapela su gestión en poco tiempo logró la sanción de una ley de educación a la altura de los desafíos del presente, un programa organizado que supere la dispersión de los subsistemas educativos. Una ley que centralizó el gobierno de la educación, confirma el rumbo a seguir y jerarquiza los rangos de la conducción escolar (inspectores y directores de escuelas).

Respecto a la educación técnica, hay un doble circuito en la provincia de Santa Fe. La Dirección General de Enseñanza Técnica, Industrial, Comercial y Agrícola solamente se ocupó de la enseñanza técnica femenina; mientras que las escuelas técnicas de varones transformadas en Escuelas-Fábricas pasaron a depender de la Secretaría de Industria, Orientación Profesional y Aprendizaje (medida similar a la adoptada por el gobierno nacional). Caésar entiende que es necesaria una nueva carta de navegación que asuma los desafíos de la hora presente, que exige la estructuración de organismos ágiles sin la pesadez burocrática a que nos tenían acostumbrados. Su argumento se basaba en que, si bien el CGE había cumplido adecuadamente sus funciones en otros momentos, no se ajustaba a los cambios realizados por la nueva gestión: El CGE tiene en los días muy pretéritos un historial que Santa Fe lo reconoce.

Además de la creación del Ministerio, tuvieron lugar una serie de medidas que profundizaron las políticas enunciadas en la Ley de Educación de 1949. Estas iniciativas se vieron acompañadas de la realización de Congresos de educación y religión, congresos para la organización de las escuelas rurales y jornadas y congresos con escuelas normales provinciales. En 1949 se sancionó la Ley N° 3475 de reglamentación de los docentes de escuelas particulares, un año más tarde se puso en vigencia la Ley N° 3669 (1950) que organizó el Estatuto del Personal Escolar de los Establecimientos de Enseñanza Particular.

Durante el mes de septiembre del mismo año la legislatura sancionó la Ley N° 3596 a través de la cual se facultó al Poder Ejecutivo para que, en todos los casos en que los vecinos y/o los maestros sin puesto lo solicitaran, dispusiera la instalación y funcionamiento de un Centro de Enseñanza en todo distrito o zona rural que, en un radio de ocho a diez kilómetros, no contara con una escuela oficial o particular autorizada. En todo “Centro de Enseñanza” cuyo funcionamiento se hubiera autorizado podrían funcionar, además, turnos vespertinos o nocturnos para mayores de diez y seis años denominados cursos de recuperación.[49]

La reorientación de cálculos proyectados por el astrolabio de Rapela se materializan nuevas herramientas legales como la nueva Ley de Educación, la Ley de creación de Jardines de Infantes, la nueva ley de Centros de Enseñanza, los decretos organizando el Tribunal de Disciplina, dando normas para Turismo Escolar y Docente (Ley N° 3900); reimplantando directivas para la provisión de cargos de Inspección y Directivos; la reglamentación del funcionamiento de las Direcciones Generales y Direcciones de Enseñanza en lo técnico y en lo administrativo; y los cambios en la forma de calificar a la docencia desde el cargo de inspector al de maestro de grado y demás personal escolar.[50]

En su artículo 1° la Ley N° 3892 de 1950 establecía que para asegurar el cumplimiento de la Ley N° 3554 de Educación en cuanto se refiere al derecho y obligación del niño de cursar el ciclo completo de la escuela primaria, a partir de la iniciación del año escolar de 1951, todas las escuelas diurnas dependientes de la Dirección General de Jardines de Infantes, Escuelas Primarias y Normales, se organizarán tendiendo a completar dicho ciclo.[51] El artículo segundo determinaba que, a los efectos de lo establecido en el artículo anterior, cuando por el número de alumnos inscriptos no correspondiera a la dotación de docentes en la cantidad equivalente a grados o secciones organizados, la escuela funcionaría en dos turnos de tres horas cada uno que serán atendidos con el personal de la misma.[52]

A los docentes que se desempeñaran en jornada de doble turno les correspondería: “a) además de la remuneración ordinaria que percibe en concepto de sueldos y bonificaciones, un sobresueldo equivalente al 50 % de sueldo básico fijado por la Ley de Presupuesto como maestro de grado, al que se acumulará al sueldo original, recayendo sobre el total resultante los descuentos legales; b) gozar de los beneficios que para traslado y/o ascensos acordará el P. E. en los respectivos reglamentos”.[53]

Caesar convocó en el mes de setiembre de 1950 al Segundo Congreso Provincial de Cooperadoras Escolares en la ciudad de Rosario.[54] Con una importante asistencia, el gobierno peronista legitimaba su plan educativo reflejado en el reconocimiento de las siguientes acciones como conclusión del encuentro: la aprobación de la Ley N° 3892 de incorporación de 5° y 6° grado a todas las escuelas de la provincia, creación de una escuela de reeducación en Coronda, la reglamentación de la Junta Permanente del Congreso de Cooperación Escolar. Otras conquistas celebradas en el congreso fueron la creación de jardines de infantes, el fomento de las bibliotecas populares, la autorización para que cooperadoras escolares participen del plan de infraestructura educativa, las subvenciones a la cooperación escolar para viajes de estudios y turismo escolar, la creación de 1° grado inicial a partir de los 6 años, la designación de profesores de educación física en escuelas primarias, la creación de escuelas rurales y de orientación de escuelas granjas y la creación de cursos de orientación manual (Ley N° 4077). En el congreso se destacan las acciones educativas como las capacitaciones en labores y manualidades para mujeres, la creación de espacios de niños pintores (Ley N° 3831), el lugar y rol de los cooperadores en la lucha contra el analfabetismo, el alivio de la carga de tributos en festivales organizados por cooperadores escolares (Ley N° 4184) y el reglamento de Cooperación Escolar.

En el repaso de la gestión, Caesar repasa su hoja de navegación para el gobierno de la educación como adecuación al primer plan quinquenal nacional y recuerda que se ha promovido el turismo para docentes jubilados en vacaciones y con aportes del estado provincial, se ha creado el tribunal de disciplina con representación mixta, se ha ordenado el servicio de educación particular, se sustentaron con recursos las cooperadoras escolares.[55] Rapela fortaleció la formación de los talleres manuales (sobre la base teórica del programa de Fernández Hutter) y en septiembre de 1951 se sancionó la Ley Nº 4077, que creó los cursos de capacitación manual anexos a talleres de escuelas técnicas respondiendo a una ampliación de cobertura y oferta educativa para el mundo del trabajo a lo largo del territorio provincial.

La ley estableció la creación de cursos vespertinos y nocturnos de capacitación manual en talleres anexos a escuelas primarias, destinados a escolares mayores de 14 años o que estén cursando el sexto grado o estar cursando el tercer ciclo de recuperación. A los docentes que impartan los cursos, se les remunerará con un sobresueldo equivalente al 50% del sueldo básico, acumulable a su remuneración original. Para inscribirse en dichos cursos la norma prescribía en su artículo 2º que era obligatorio tener una edad mínima de 14 años cumplidos y haber cursado o estar cursando el 6° grado primario o tener aprobado el 3° ciclo en los cursos de recuperación.[56]

5. El campo educativo bajo la administración de Luis Cárcamo (1952–1955)

La administración de Luis Cárcamo entre 1952 y 1955 dio continuidad a los ensayos pedagógicos y normativos del peronismo. Cárcamo, extendió su gestión hasta su interrupción por intervención federal en marzo de 1955. Con el cambio de gobierno Raúl Rapela fue designado interventor como rector de la Universidad Nacional del Litoral y el lugar del ministro de educación estuvo delegado a Luis Albornoz (1952–1954) y Rafael Gutiérrez (1954–1955) hasta el final de mandato (quienes coordinaron la agenda educativa con la gestión nacional del ministro Armando Méndez de San Martín).[57]

Los dos últimos años de la experiencia peronista fueron el escenario de un conflicto inesperado entre la docencia y el gobierno de Santa Fe: el cierre masivo de los ensayos propios a la educación inicial. A las suspensiones y cierre de experiencias se sumaron las suspensiones de docentes que habían sido formados luego de la sanción de la ley en 1949. Los años de la primavera de la educación preescolar y de los Jardines de Infantes rápidamente encontraron su final, incluso antes del colapso de la experiencia peronista en nación con el alejamiento de Rapela del gobierno provincial

Sin embargo, el rastreo en la hemeroteca permitió recuperar la existencia de un proyecto de ley de educación provincial emanado del Poder Ejecutivo en el año 1954. El diario El Litoral bajo el título “La reforma de la Ley de Educación N° 3554” enviada recupera el mensaje del gobernador, quien argumenta la necesidad del nuevo texto legal por el traspaso de las escuelas normales, especiales y de oficios a la órbita nacional y la absorción de la dirección de Jardines de Infantes y de Educación Física por la Dirección de Nivel Primario.[58]

Los fundamentos de la reforma propuesta indican la necesidad del gobierno provincial de adaptar y adecuar la escuela santafesina a los postulados fundamentales de la “Nueva Argentina”: la libertad económica, la soberanía política y la justicia social.[59] El proyecto señalaba en su primera parte el objeto, fin, gratuidad, obligatoriedad y alcance de la educación en la provincia de Santa Fe. Algunas consideraciones particulares determinaron la creación de bolsas de trabajo en coordinación con la policía del trabajo de menores y “velará por el cumplimiento del contrato de aprendizaje”.[60] La educación pública impartiría la enseñanza de la religión católica en todos los establecimientos educacionales.[61] Además, la propuesta de nueva legislación establecía condiciones del educando (privilegio y dignificación)[62] y las condiciones para ejercer el magisterio.[63] Se ordena el gobierno escolar (con un ministro del ramo y direcciones generales y especializadas) y finalmente, se definió una sección denominada “Del medio social”.[64]

En lo que respecta a la relación del gobierno con la Iglesia Católica, durante el segundo gobierno de Perón, con mayor intensidad desde fines de 1954, se tensó. Como se ha demostrado en investigaciones sobre la relación iglesia y peronismo en este período, el descontento de la curia se inició con la insatisfacción por no tener el lugar de privilegio que se pretendía en el texto constitucional de 1949.[65]

El análisis de las fuentes indica que la administración de Cárcamo ordenó el gobierno de la educación ya con la nueva norma vigente y adecuó la planificación del sistema escolar sin tensiones con la agenda nacional del segundo plan quinquenal. El plan de obra pública escolar se sostuvo, aunque con limitaciones presupuestarias y se concretaron proyecciones de experiencias educativas como las escuelas nacionales de Comercio en varias ciudades a lo largo del territorio provincial.

A modo de conclusión

El presente artículo es el resultado de una aproximación a la comprensión de las políticas públicas en el campo educativo santafesino que tres administraciones del peronismo provincial ejecutaron como política de estado. Hemos repasado el modo de ajuste y desajuste que el astrolabio de cada gestión (Suárez, Caesar y Cárcamo) imprimió como hoja de ruta del sistema escolar entre innovaciones pedagógicas y burocracias educativas.

Las coordenadas resultantes de la proyección del astrolabio como carta de navegación resultan del diálogo entre las aspiraciones de gestión y gobierno de la educación que oscilaron entre versiones propias (como el Plan Trienal de Suárez y Dumont), adecuaciones a la política nacional del peronismo (como resultaron las administraciones de Juan Caesar junto al ministro Raúl Rapela entre 1949 y 1952, y la experiencia de gobierno de Luis Cárcamo junto a Luis Albornoz).

El repaso de propuestas de organización para el campo educativo ha sido posible de verificar sobre un conjunto de problemas estructurales a superar desde 1946 (como el analfabetismo en el territorio provincial), así como la modernización de las agencias de gobierno desde la Instrucción Pública al ministerio de Educación, Justicia y Culto a partir de 1947. Hemos revisado el conjunto de nuevas leyes y debates legislativos que regularon y respondieron a largas aspiraciones y demandas (salarios, categorías, inspección, escalafón y estabilidad del magisterio) propias a cada coyuntura haciendo especial mención a la ley de Educación sancionada durante 1949.

En el mismo sentido, en particular en las dos primeras coyunturas (1946 a 1952) el peronismo santafesino promovió ensayos pedagógicos como escuelas granjas, escuelas fábricas, unificación del ciclo de grados, escuelas talleres, escuelas nocturnas, escuelas rurales. Sin dudas, la apelación al astrolabio como herramienta política de proyección, ubicación y medición para una posible carta de navegación estuvo atravesado por reformas y revisiones entre la dimensión provincial y la nacional. En este recorrido hemos identificado agencias estatales, leyes y funcionarios de la educación. Este ha sido el propósito del trabajo.

Referencias bibliográficas

Cammarota, Adrián (2010). “El Ministerio de Educación durante el peronismo: ideología, centralización, burocratización y racionalización (1949–1955)”. Revista Historia de la Educación Latinoamericana, Vol. 15, pp. 63-92.

Fiorucci, Flavia y Rodríguez, Laura (Coord.) (2018). Intelectuales de la educación y el Estado: maestros, médicos y arquitectos. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.

Macor, Darío y Tcach, César (Eds.) (2003). La invención del peronismo en el interior del país. Tomo I. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral.

Macor, Darío y Tcach, César (Eds.) (2013). La invención del peronismo en el interior del país. Tomo II. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral.

Nelson, Ernesto (1939). El analfabetismo en la República Argentina. Interpretación de sus estadísticas. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral, Biblioteca Pedagógica del Instituto Social, N° 4.

Petitti, Mara Eva (2017). “La enseñanza católica en la escuela primaria (Provincia de Buenos Aires, 1946–1962)”. PolHis. Revista del Programa Interuniversitario de Historia Política, 10(20), pp. 237–272.

Plotkin, Mariano Ben (1994). Mañana es San Perón: propaganda, rituales políticos y educación en el régimen peronista (1945–1955). Buenos Aires: Ariel.

Rodríguez, Laura y Petitti, Mara Eva (Comp.) (2024). Educación, funcionarios y políticas. Las provincias del Centro y Noroeste de Argentina (1860–1940). Ediciones Imago Mundi, Buenos Aires.

Rodríguez, Laura Graciela y Soprano, Germán (2018). “De las profesiones liberales y los intelectuales contra el Estado, al estudio de los profesionales e intelectuales de Estado”. En: Laura Graciela Rodríguez y Germán Soprano (Eds.). Profesionales e intelectuales de Estado: análisis de perfiles y trayectorias en la salud pública, la educación y las fuerzas armadas. Rosario: Prohistoria.

Sironi, Mariano y Sironi, Osvaldo (2015). “Las normativas legales del sistema educativo santafesino (1930–1973)”. Revista IRICE, 28, pp. 63-86.

Notas