Introducción

Los días que transcurrieron entre el 17 y el 30 de diciembre de 2019 conmocionaron a la provincia de Mendoza. Diez días antes Rodolfo Suárez había asumido el gobierno provincial con el “Frente Cambia Mendoza” (UCR+PRO), con casi el 52% de los votos. El primer día de su gestión, envalentonado con aquellos alentadores guarismos, impulsó una de las iniciativas que hacía tiempo los sectores dominantes intentaban sin haber obtenido éxito, habilitar la minería metalífera a gran escala en la provincia. Para ello, promovió en la legislatura la modificación de la Ley 7722, sancionada en 2007, que regula la explotación metalífera y cuyo articulado principal se orienta a garantizar la protección del ambiente y el agua como derecho humano. Frente a esa medida, una inusitada rebelión popular irrumpió en las calles de la capital y en varias localidades departamentales de la provincia ofreciendo una contundente resistencia a la avanzada megaminera. Intensas jornadas de protestas se mantuvieron durante más de 10 días en todo el territorio provincial, con concentraciones y marchas, acciones callejeras, cortes de ruta y debate público en redes sociales. Hasta que finalmente el gobierno se vio obligado a dar marcha atrás con la nueva normativa, restableciendo la vigencia de la 7722, ley “guardiana del agua”.

En Mendoza actualmente no hay explotación metalífera a gran escala. Mientras la mirada hegemónica encuentra en ello un claro ejemplo de “obstáculo” al desarrollo, motivo de “atraso” sociocultural o extravío de la supuesta “vocación minera” de los pueblos andinos; desde el punto de vista de los sectores movilizados en defensa del agua, se trata más bien del resultado -siempre provisorio- de un histórico esfuerzo por mantener ese recurso vital al margen del saqueo de la minería transnacional y la contaminación del imperialismo ecológico. Para pensar cómo se singulariza ese antagonismo social en el contexto provincial y comprender la significación histórica de las protestas en aquel diciembre de 2019, es preciso atender al lugar que ocupa la Ley 7722 como punto de clivaje en la configuración del escenario sociopolítico y el conflicto por la megaminería en la provincia.

El origen de ese conflicto emerge en Mendoza hacia el año 2004, en el Valle de Uco, como parte de la avanzada de la minería transnacional en otras zonas del territorio nacional, entre los que el caso de Esquel marca el inicio de la resistencia a la megaminería. A partir de allí, se abrió un significativo proceso de autoorganización territorial, debate social y movilización popular que, en pocos años, se había extendido a diferentes departamentos, logrando en 2007 una coordinación provincial de la lucha a través de la conformación de las “Asambleas Mendocinas por el Agua Pura” (AMPAP). Los cuestionamientos a una minería que resulta “contaminante, saqueante y secante” y las fuertes movilizaciones que tuvieron lugar durante el 2006, lograron cristalizar institucionalmente en una normativa provincial en junio de 2007, mediante la sanción de la Ley provincial 7722. Desde ese momento, buena parte de la dinámica del conflicto tendió a gravitar alrededor de dicha ley, entre la defensa o su ataque. En efecto, la 7722, al igual que otras leyes provinciales que regulan la minería metalífera, como la 5001 en Chubut, han sido un gran escollo para los intereses del capital vinculado al extractivismo del siglo XXI. Diferentes iniciativas de los sectores dominantes han procurado, desde entonces, quitar del camino la 7722 para habilitar proyectos de minería metalífera a cielo abierto. Así aparecieron demandas y juicios por inconstitucionalidad,¹ espacios de diálogo mineros,² proyectos de zonificación. Frente a todas ellas el movimiento socioambiental sostuvo la defensa de la ley 7722 y la reivindicación del agua como bien común: “la 7722 no se toca”; “el agua de Mendoza no se negocia”.

La última gran embestida en esta materia, fue una ofensiva legislativa que buscó modificar dicha ley. En 2018 aparecieron los dos primeros proyectos y tuvo lugar un importante debate parlamentario, durante su tratamiento en las reuniones de las comisiones legislativas. Sin embargo, la intentona fue eclipsada por un prematuro clima electoralista que anticipaba el año 2019 y en el que ninguna de las fuerzas políticas legislativas que impulsaba aquella maniobra estuvo dispuesta asumir el costo político correspondiente. Fue un año después, en diciembre de 2019, cuando se presentó a la legislatura un nuevo proyecto para terminar con aquella inconclusa (contra)reforma. Esta vez de la mano del gobernador recién electo, en su primer acto de gobierno. A pesar del malestar social, el establishment político avanzó con las modificaciones, ahora sin demasiado debate y mediante un acuerdo entre los partidos mayoritarios. La legislatura, rodeada de manifestaciones de protesta en la calle, debió sesionar con el edificio totalmente vallado y custodiado por la fuerza policial, que desplegó un importante operativo. El 20 de diciembre, en medio de una multitudinaria concentración en la capital mendocina y cortes de ruta en diferentes localidades de la provincia, la legislatura sancionó la Ley 9209, modificatoria de la 7722, abriendo el camino a los proyectos de megaminería al habilitar el uso de cianuro y ácido sulfúrico, entre otros cambios aprobados.

Para sorpresa de la mayoría del arco político provincial, la sanción de la “ley cianuro” estuvo lejos del acatamiento resignado de la población. Por el contrario, las protestas callejeras proliferaron e intensificaron. En “la marcha más grande de la historia de Mendoza”, vecinos/as autoconvocados recorrieron alrededor de 100 kilómetros desde el Valle de Uco hasta la ciudad capital durante ese fin de semana, para arribar el lunes por la mañana a las puertas de la Casa de Gobierno. Más de 50 mil personas y una gran diversidad de organizaciones sociales se concentraron ese día para exigir al gobernador la derogación de la ley recién promulgada. Una acalorada jornada que terminó sin respuestas y con una fuerte represión policial. La protesta y los enfrentamientos continuaron durante la tarde desplazados hacia otros puntos de la ciudad. Las masivas marchas y acciones callejeras continuaron los días posteriores. A pesar del intento de criminalización de la protesta promovida desde los medios hegemónicos y el propio gobierno, el día 30 de diciembre, luego de 10 días de lucha callejera, la pueblada que protagonizaron los/as “hijxs del agua” logró que el gobernador diera marcha atrás y enviara a la legislatura el proyecto de derogación de la reciente 9209 y restauración de la plena vigencia de la 7722, “ley del pueblo”.

La pueblada fue bautizada como el “Mendozazo del Agua” o “Mendozaguazo”. Entendemos que se trata de un acontecimiento político que configura una temporalidad privilegiada para conmemorar los 50 años del histórico Mendozazo de 1972. Sin duda - y esto es una obviedad- se trata de contextos muy distintos. Son episodios que no sólo se encuentran separados por medio siglo, sino por las profundas transformaciones socio políticas que significan las secuelas del terrorismo de estado y las reformas estructurales que trajo aparejado el neoliberalismo. Aun así, creemos que un delgado hilo rojo permite enlazar ambos momentos. El primer Mendozazo se enmarca en el ciclo de “Azos” que atravesó la geografía argentina durante finales de los 60 y comienzos de los 70, y que expresaban, entre otras cosas, el repudio popular a una dictadura que había cerrado todos los canales de la política y que proponía quedarse al menos por 20 años. Concretamente, en abril de 1972 la bronca popular se encendió por el aumento desmedido sobre las tarifas eléctricas: 300%. A pesar de que, en varias provincias el hecho generó movilizaciones y protestas, fue en la “conservadora” y “moderada” Mendoza donde se produjo el nuevo estallido popular que impactaría al país entero.

El movimiento había empezado en las uniones vecinales y con una consigna que pronto se generalizó: “Yo no pago la luz ¿y usted?”. Las boletas de la por entonces “Agua y Energía” eran prendidas fuego en las plazas, y los carteles de repudio al tarifazo adornaban casas y comercios. El 2 de abril hubo una importante concentración, convocada por las uniones vecinales que preanunciaba que el malestar social era extendido. Pero fue dos días después que se encendió la pueblada, cuando la marcha que había sido convocada a Casa de Gobierno fue ferozmente reprimida. Particular encono causó la represión que sufrieron las maestras en las puertas de su sindicato, y más tarde cuando los gases y balas intentaron disolver la manifestación. A partir de allí la ira popular se extendió como reguero de pólvora. Primero por el centro mendocino donde los combates callejeros se prolongaron por varias horas. Luego la geografía de la protesta se trasladaría hacia los barrios populares, particularmente a los departamentos de Las Heras y Guaymallén, dónde hubo una resistencia que duró varios días más, con barricadas y calles oscurecidas a piedrazos para impedir que entraran el ejército y la policía. Durante esos días se produjeron cientos de enfrentamientos y también detenciones. La dictadura engrosó la lista de asesinados/as: Ramón Quiroga, Susana Gil de Aragón y Luis Mallea, cayeron bajo las balas de las “Fuerzas del Orden”. Finalmente, el gobierno de facto tuvo que dar marcha atrás y derogó el aumento en todo el país. El Mendozazo había triunfado, y su victoria tenía un carácter nacional. Como ocurriría 50 años después, la movilización social había logrado retrotraer una medida impopular, sostenida sólo por el ejercicio abierto de la violencia estatal.

1. El Mendozazo como “imagen dialéctica”

Proponemos abrir una serie de interrogantes que gravitan en torno a la constelación entre pasado y presente, en particular entre el Mendozazo y el Mendozaguazo, entre 1972 y 2019: ¿cuáles son las resonancias que podemos hallar entre ambos acontecimientos?

Para llevar a cabo ese ejercicio, recurrimos al pensamiento de Walter Benjamin y sus reflexiones sobre el concepto de historia. Es consabido que el conocimiento sobre los hechos del pasado sirve para pensar el presente. Pero Benjamin, entendemos, ofrece una manera particular de concebir ese vínculo, reintroduciendo la dialéctica entre ambos estratos del tiempo. Desde su perspectiva, lo que hallamos en el centro de la relación entre pasado y presente, ya no es la necesidad de conocer el pasado para pensar el presente, sino la propia praxis de los sujetos como fundamento de cualquier problema de conocimiento. En Benjamin el saber histórico no forma parte de una inquietud teórica sino más bien de una “urgencia vital” para las clases oprimidas: el conocimiento del pasado sería el acto por el cual se le presenta al sujeto un recuerdo que lo salva. Ni siquiera se trataría de la disputa entre distintas representaciones de la historia, sino más bien de una imagen de la historia como campo de batalla; y sólo en esa medida, interesa su campo como disputa entre distintas representaciones (Catanzaro, 2003: 31). Los procesos de rememoración que abrieron las jornadas de protesta en diciembre de 2019, por los cuales precisamente la pueblada fue bautizada como nuevo Mendozazo, tienen como condición de posibilidad la praxis histórica de la multitud que se movilizó para ocupar las calles. Ese movimiento de masas que disputó la reforma legislativa como hecho consumado, ya dado e inevitable, provocó una apertura del escenario sociopolítico y, en esa medida, configura una temporalidad privilegiada para conmemorar los 50 años del Mendozazo de 1972, para recuperar las puntadas de un hilo rojo que logre astillar la realidad presente.

Quienes han estudiado la obra de Benjamin, señalan que para el filósofo alemán la tarea del/la materialista histórico/a debía estar orientada a construir imágenes dialécticas entre pasado y presente (Löwy, 2005; Buck Morss, 2014). El/la historiador/a debe dejar de estar preocupado/a por “desgranar la sucesión de circunstancias como un rosario entre sus dedos”, para tratar de percibir la constelación crítica que tal o cual fragmento del pasado forma con tal o cual presente. En efecto, contra la concepción historicista, el método del materialismo histórico consiste en un “salto de tigre hacia el pasado” para recuperar las energías explosivas ocultas en un momento determinado de la historia (Löwy, 2005: 149). Ese método precisa una escucha atenta de la tradición de los sectores subalternos, de los/as oprimidos/as. Una tradición que es discontinua, debido a que está conformada por los momentos excepcionales en que se rompieron las cadenas de la dominación.

Los Mendozazos de 1972 y 2019 se inscriben en las intentonas de los sectores subalternos por romper el continuumde la historia. En abril de 1972, frente a la suba de la tarifa en el servicio eléctrico, una multitud daba inicio a un proceso de organización y creatividad popular que no sólo lograría frenar dicho aumento, sino que constituyó un eslabón importante en la serie de acontecimientos que terminaron de derribar la dictadura autodenominada “Revolución Argentina”, abriendo el escenario político nacional a una nueva etapa marcada por la apertura democrática, el retorno del peronismo al poder y la intensificación de la lucha de clases. En 2019, frente al avance de la megaminería de la mano de una ofensiva legislativa, el proceso de construcción del agua como bien común iniciado en 2004, precipitó en una insurrección popular que logró frenar, una vez más, la minería a gran escala, anticipando la emergencia de rebeliones populares (Chubutaguazo, Atlanticazo) que insinúan un nuevo ciclo de resistencias frente a la ofensiva extractivista.

De esa manera, las jornadas que sacudieron a Mendoza durante abril de 1972, fueron interpretadas como un punto de inflexión.

“El 4 de abril marca definitivamente la historia de Mendoza. La provincia y el país fueron conmovidos por este acontecimiento”.³

“Evidentemente la historia de Mendoza se divide en antes y después del 4 de abril de 1972. La posibilidad de hacer frente a la represión y a un gobierno oligárquico a través de la lucha organizada del pueblo se ha afirmado en la conciencia de todos y cada uno de los mendocinos” (citado por Scodeller, 2006: 92).

En el mismo sentido, el Mendozaguazo de 2019, creemos puede ser pensado como un quiebre, un hito que marca un antes y un después en la vida cotidiana y la temporalidad sociopolítica de quienes lo transitaron. Hay indicios de esa relevancia, como la repercusión nacional e internacional que tuvo; la evocación de otros momentos igualmente significativos de nuestra historia política y cultural -el Mendozazo- así como el hecho de instalar una nueva fecha en el calendario del campo popular. En ambos Mendozazos, esa relevancia histórica puede reconocerse en el brillo especial que ambos acontecimientos tuvieron, cada uno a su modo, para ampliar el horizonte de lo posible y poner en evidencia los límites del status quo, arrancándole metros a los márgenes que en determinado momento intentan definir cuál sería el transcurrir natural de las cosas. “Somos el río que rebalsó su cauce”, es la manera que eligieron las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) para relatar lo que había sucedido en aquel acalorado diciembre (AMPAP, 2019).⁴

La constelación que forma el Mendozazo y el Mendozaguazo permite entonces enhebrar (l)azos entre pasado y presente. Abre la posibilidad de articular un relato “a contrapelo” de la historia provincial. Esa apertura del pasado se produce en y por los combates del presente, son las luchas de hoy las que iluminan y se proyectan en un pasado remoto, siempre que sepan escuchar el “secreto” que guarda aquel pasado. Benjamin supo describir las imágenes dialécticas como “el grupo contado de hilos que representan la trama de un pasado en el tejido del presente” (2002: 23).

Lo que invita a volver sobre el Mendozazo es el hecho de que la pueblada de 2019 se reconociera en aquella de 1972.

En efecto, el lazo privilegiado entre ese pasado y este presente, desde la perspectiva benjaminiana, constituye un “hecho histórico”. De allí la propuesta, en este trabajo, de llevar a cabo una reconstrucción atada a las condiciones de visibilidad que abrió la praxis histórica. No una reconstrucción/comparación en procura de reunir la sucesión interminable de hechos, sino el grupo contado de hilos que traman la mónada 1972/2019, los nudos del debate y los peligros del presente que acentúan ciertos hilos de los cuales nos hemos propuesto comenzar a tirar, a deshilachar con preguntas.

Este trabajo de reconocimiento y filiación en el pensamiento benjaminiano forma parte de una suerte de inspiración intelectual y apuesta metodológica más que la mera constatación retrospectiva de lo que efectivamente habremos realizado. En procura de estas constelaciones entre pasado y presente, hemos querido capturar esa resonancia en una imagen verbal: “cuando el río manso desborda sus cauces”, pues nos permite figurar esa Mendoza subalterna a la que apela este dossier sobre el Mendozazo de 1972, a la vez que retoma la metáfora con la que las AMPAP significaron la pueblada de 2019. Ambos acontecimientos tuvieron la capacidad de cuestionar lo que se presenta como destino inevitable de un pueblo, trastocar el orden de lo existente desbordando los determinismos de cualquier tipo y permitiendo aquello que hasta ese instante resultaba inesperado, impensado.

2. “Azo azo azo, se viene el Mendozazo”: desbordar la imagen del oasis

Los relatos sobre el Mendozazo de 1972 están plagados de descripciones que disputan la imagen hegemónica de Mendoza, tanto en relación a los sucesos propios de la jornada de lucha durante abril, como en las alusiones más generales sobre las condiciones de vida de la provincia. Los análisis de los sucesos de abril, realizados sobre la coyuntura, otorgan un lugar importante a este asunto. Incluso, es el punto de partida y llegada en la interpretación de aquellos acontecimientos. Tal es el caso del texto de Benito Marianetti,⁵ quien comienza rebatiendo la imagen construida desde los lugares de poder, que pretendían presentar la provincia como la “tierra de Jauja”, un lugar promisorio de prosperidad y abundancia que colocaría a Mendoza como una excepción en el cuadro de las realidades nacionales. Frente a esa “imagen falsa de Mendoza”, Marianetti se ocupa de reconstruir las condiciones de vida de diferentes sectores sociales, como contratistas de viñas y otros sectores de trabajadores/as, mostrando cómo aquella “riqueza mendocina”, en verdad se encontraba concentrada “en pocas manos”.

En Mendoza, como en el resto del país, existe una minoría que tiene el control de los medios más decisivos de la producción y existe una gran mayoría que tiene que trabajar todos los días por salarios generalmente bajos para poder vivir en forma muy precaria.⁶

La precariedad de la vida, el paulatino empobrecimiento de la población y las desigualdades sociales, en la lectura que hacía Marianetti del Mendozazo, son el telón de fondo del descontento que logró rebalsar el vaso un nuevo y desmesurado aumento de la tarifa eléctrica en el mes de marzo de aquel año.

De la misma manera, el “Centro de Estudios y Difusión Peronista” (CEDIP), también alude al Mendozazo como un acontecimiento que lograría corroer la imagen “idílica” de la provincia, apuntando al otro elemento solidario en la construcción de una identidad provincial en plenitud: la “Mendoza pacifista”. Lo hace reconstruyendo la conflictividad previa, acontecida entre 1969 y 1971, como antesala de la insurrección que tendría lugar durante abril del 72. La emergencia de diferentes conflictos sociales durante los años previos, marcan el ritmo de “una sensibilización progresiva de la conciencia popular frente también a las agresiones crecientes de las injusticias sociales”.⁷

Así, advierte que con las protestas de abril Mendoza aparece en la primera plana de todos los diarios del país, se ha roto un mito.

Mendoza ya no es la ciudad de lujo, mesurado, discreto, elegante, de San Martín, 9 de julio o Emilio Civit (…) Mendoza es sobre todo la población multitudinaria de los barrios (…). Esta Mendoza, desconocida, negada, pero existente, es la que llegó a la Casa de Gobierno y atacó al PODER. Luego se volcó hacia el centro y atacó al DINERO.⁸

endoza es vista desde afuera como un oasis, “donde el bienestar se exhibe con orgullo y el espíritu pacífico de las gentes condice con su espíritu hospitalario”, subrayaba un diario santafesino.⁹

Mientras que la Revista “Siete días” afirmaba que la rebelión había conmovido “una región tradicionalmente tranquila”, en tanto que, para “Panorama”,¹⁰ se trataba de una “protesta popular en el paraíso de los moderados” (citado por Gregorio, 2017). Esa construcción identitaria es parte constitutiva de la lucha de clases, de las relaciones de hegemonía y de la reproducción de la dominación. Tal como advertía el CEDIP, las clases dominantes necesitan mantener esa imagen: “el orden y la tranquilidad han venido siendo la garantía de sus privilegios”.¹¹

Contra esa apariencia, exponer las profundas desigualdades sociales que estructuran la vida de la provincia y poner al descubierto que su pueblo está dispuesto a rebelarse, es a la vez condición y efecto de la pueblada del Mendozazo.

La misma disputa ideológica en torno a la imagen de Mendoza podemos encontrar alrededor de la rebelión popular en defensa del agua durante diciembre de 2019. El Mendozazo del agua estuvo precedido por una conflictividad que contó incluso con importantes ciclos de movilización social. A comienzos de 2018 se produjeron paros y masivas movilizaciones por la educación pública, el movimiento de mujeres y feministas disputaban en la calle el derecho al aborto (los llamados “pañuelazos”), trabajadores/as precarizados/as realizaron “feriazos” y hubo cuestionamientos a los tarifazos que impulsaba, a nivel nacional, el gobierno de Cambiemos como parte de su política de ajuste.¹² Pero hubo además un importante ciclo de movilización en defensa del agua que anticipó lo que sucedería un año más tarde en el Mendozaguazo: entre el 26 de abril y comienzos de mayo, un heterogéneo espectro de colectivos sociales, organizaciones no gubernamentales y asambleas autoconvocadas confluyeron en un rechazo común al avance de la explotación de petróleo y gas no convencional (fracking) que impulsaba el poder ejecutivo provincial desde mediados de 2017; a través de acciones de protestas y masivas marchas en diferentes zonas del territorio provincial (Salomone, 2021a). En medio de ese contexto, el Gobernador Alfredo Cornejo fue entrevistado en el programa “Animales sueltos” por Alejandro Fantino (emitido el 19/04/2018). Se trató de una puesta en escena en la que el gobernador presentaba la siguiente imagen de la provincia: “en Mendoza no tenemos ni paros, ni cortes, ni conflictos sociales” (Alfredo Cornejo). Sus palabras fueron resaltadas en el zócalo del programa.

Hay una especie de vocación, como tendencia estructural, en quienes ocupan lugares de poder a presentar su dominación como una totalidad sin fisuras, esto es, un dominio irrefutablemente pleno. Por ello el esfuerzo, desde los sectores dominantes, por ocultar las desigualdades sociales y negar la conflictividad, mostrando que Mendoza es una “provincia conservadora”, en la que se “duerme la siesta” y donde “nunca pasa nada”. Un río manso. Pero sucede que la dominación nunca es total ni la hegemonía absoluta. Como recordaba Raymond Williams, lo hegemónico debe ser continuamente renovado, recreado y defendido. Precisamente porque es continuamente resistido, resquebrajado y desafiado por prácticas contrahegemónicas que de ningún modo le son propias (Williams, 2000). Es por ello que, enfrentados ante la potencia de los hechos, los sectores dominantes intentaron explicar ambos Mendozazos a partir de la figura de los “infiltrados” y la “injerencia foránea”. Un recurso nada original que puede encontrarse una y mil veces, pues retorna cada vez que “el orden normal” de la explotación y la opresión es desafiado de manera abierta.

2.1. La injerencia foránea o la eliminación del sujeto

Al analizar las resonancias que asoman entre ambos Mendozazos, 1972 y 2019, hay una que llama particularmente la atención por presentarse con una gran similitud. Nos referimos a la reacción de los sectores dominantes frente a las protestas sociales, principalmente cuando estas logran interpelar a amplios sectores de la sociedad y la movilización desborda todos los dispositivos de control y deviene en insurrección de masas, en revuelta. En ambas oportunidades, funcionarios y autoridades políticas salieron a denunciar y atribuir el conflicto a la presencia de “elementos extremistas” y la “participación de activistas extraños” que utilizaban a las masas.

En 1972, por ejemplo, el día en que renunció el gobernador Gabrielli frente a la creciente protesta social que ocupaba el centro de la ciudad y desbordaba en los barrios populares de la periferia, culpó de los sucesos a “activistas”, “gente extraña, perturbadores” que buscaban impedir “la salida electoral” (Scodeller, 2006). A partir de allí se puede observar cómo la autoridad interventora buscó relegitimar el gobierno y descalificar las manifestaciones, intentando convencer a quienes participaron del Mendozazo de que habían sido utilizados por “elementos subversivos extraños a la provincia” que pretendían alterar la “tradicional forma de vida mendocina” (Scodeller, 2006).

En 2019, durante el ciclo de movilización en defensa de la 7722 que parió un nuevo Mendozazo (2019), es posible observar la presencia de ese mismo discurso incluso antes de las jornadas de protesta. Parte de la estrategia promovida por el gobierno y las cámaras empresariales, ha sido impulsar fuertes campañas de desprestigio de las acciones de protestas y descalificar las voces que cuestionan la megaminería o el fracking como políticas de desarrollo. Así, por ejemplo, durante las masivas protestas sociales en abril de 2018, a las que aludimos más arriba, el gobierno motorizó intervenciones publicitarias y en el debate público (entrevistas radiales, videos institucionales, notas en medios periodísticos), en los que se acusaba de “terrorismo”, “fundamentalistas” y “metemiedos” a quienes cuestionaban públicamente la explotación de hidrocarburos no convencionales (fracking).

Por su parte, el ministro de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza, Martín Kerchner, aseguró que se está realizando ‘una campaña terrorista que solo busca implantar el miedo’ en la sociedad;¹³

Me parece que la falta de información hace que la gente dude, nosotros hemos brindado toda la información (…) debería haber un poco más de tranquilidad y confianza porque claramente nosotros no vamos a permitir que pase algo. Lo demás es terrorismo.^{14 15}

En el mismo sentido, cuando se cumplía un año del Mendozaguazo, el gobernador Rodolfo Suárez, como balance de su primer año de gestión, repetía ese discurso atribuyendo la pueblada de diciembre a una “campaña del miedo” orquestada por activistas foráneos:

Se creó un clima social de miedo exagerado y mentiroso (…) Hubo movimientos internacionales, también gente de otras provincias, y había que preservar la paz social (…) intereses muy grandes que llevaron a generar este miedo de la población, pero que fue muy orquestado, donde hubo mucha plata atrás de todo esto.¹⁶

Yo tuve que derogar una ley para evitar un caos social. (…) Y llegamos a tener una situación muy intensa en la Ciudad de Mendoza, con movimientos que venían de Alemania, gente que hacía unas movidas increíbles de otras provincias, algo que también creo que excedía el tema.¹⁷

En su análisis del Mendozazo del ‘72, el CEDIP supo advertir que no se podía buscar sus causas en la intervención de “activistas foráneos”. Detrás de esas “fabulaciones”,¹⁸ señalaba, “todos quieren hacer pasar por desapercibido un pueblo en pie decidido a luchar porque ha comprendido que su verdadera reivindicación es el poder”.¹⁹

De la misma manera, el discurso de los sectores dominantes frente al Mendozazo del agua, destilaba un profundo desprecio por el poder popular. Se trata de un discurso donde no hay lugar para pensar la potencia de las masas como sujeto político, los/las subalternos/as como protagonistas de la historia, capaces de crear y proyectar una programática propia en la construcción de su destino. Porque o bien al pueblo lo inunda una terrible ignorancia y no sabe lo que quiere ni le conviene, y entonces todo el conflicto por la 7722 se limitaba a un problema de “comunicación”; o bien es siempre víctima de la manipulación y el engaño por parte de intereses foráneos, y entonces todo se reduce a una “campaña del miedo”. En cualquiera de los casos, cada vez que las masas se movilizan e irrumpen en el terreno de la política, no pueden sino hacerlo de una manera errática, mostrando una fuerza exagerada y desmedida, cuando no fundamentalista y violenta. Nunca, entonces, desde la mirada de los sectores dominantes, el pueblo puede ser sujeto de una praxis transformadora, ese “río que rebalsa su cauce” como llamaron las asambleas socioambientales a la rebelión que tuvo lugar, en aquella víspera de navidad, en defensa del agua. Ahora bien, en el contexto de 2019, cabe destacar una diferencia importante respecto de 1972, pues en el contexto de un Estado de derecho, una campaña promovida desde el gobierno y las instituciones públicas, en la que intervienen autoridades estatales (gobernador y funcionarios de primera línea), ese discurso constituye y forma parte de uno de los resortes fundamentales en una política de criminalización de la protesta social.²⁰

3. Mendozazos (in)visibles

Las luchas por la historia y la memoria giran alrededor de las palabras y las imágenes. Alrededor de las fuentes escritas, orales y audiovisuales. En torno a lo que se ha dicho y escrito sobre los Mendozazos. Preguntar por las imágenes y relatos que nos llegan de ese acontecimiento es una tarea necesaria para elaborar interpretaciones, reflexionar sobre la repercusión de los conflictos y las tensiones propias del presente. En efecto, indagar las imágenes ambiguas y contradictorias que nos arrojan los medios de comunicación, a la vez que hacer un repaso crítico sobre la producción historiográfica, resulta fundamental a la hora de revisitar episodios que han sido explorados en diversas épocas históricas, a partir de las temporalidades y las propias preguntas que cada una de ellas puso en debate.

3.1. 2019, la lucha por el agua no se tapa

Si hacemos un rápido repaso por la prensa gráfica, se puede constatar que el Mendozazo de 1972 tuvo una enorme repercusión mediática, que excedió ampliamente los marcos provinciales. La revuelta ocupó las portadas de los grandes diarios y revistas de Buenos Aires y otras provincias del país. Clarín, por ejemplo, le destinó seis tapas, con fotos y grandes títulos.²¹ Similar cobertura puede hallarse en La Nación o en periódicos de otras ciudades del país como La Capital de Rosario,²² o El Litoral de Santa Fe.²³ Además, las fotos de Mendoza en llamas ocuparon las portadas y varias páginas de las principales revistas del momento, como Siete Días, Panorama (Gregorio, 2017), Gente y Primera Plana. “Violenta jornada sufrió Mendoza”, “Violentos incidentes”, “Violencia en Mendoza”, “Serios disturbios”, rezaban en negrita las letras de molde, acompañadas por fotografías de manifestantes, autos incendiados, humo, piedras y policías o militares. Lo ocurrido en la provincia cuyana fue destacado en las publicaciones de las diferentes organizaciones del amplio arco de las izquierdas y las organizaciones político-militares. Se puede encontrar referencias y editoriales en El Combatiente Nº68 y Estrella Roja Nº12 (PRT-ERP), Avanzada Socialista Nº7 (PST) Política Obrera Nº106 (PO) o en las revistas Nuevo Hombre Nº 27 y Desacuerdo Nº1.²⁴ Mientras que el Partido Comunista y la izquierda peronista publicaron ese mismo año dos voluminosos folletos que intentaban analizar y brindar su interpretación sobre lo sucedido. Se trata de “El Mendozazo. La Sublevación de los mendocinos”, escrito por Benito Marianetti y “El Mendocinazo. Crónicas, análisis y relatos”, del Centro de Estudios y Difusión Peronista (CEDIP).²⁵

En estos 50 años ha cambiado de manera radical la forma en que las empresas periodísticas trabajan las noticias y también la dinámica de circulación de estas. Sin embargo, nos interesa hacer un breve ejercicio que permita interrogar la repercusión periodística del Mendozazo del Agua en términos de su (in)visibilización en el espacio público. Para ello repasamos las tapas de los principales diarios de Argentina, entre el 20 de diciembre de 2019 y el 5 de enero de 2020. La exploración incluyó a Clarín, La Nación, La Prensa, Crónica y Página/12, de CABA; La Voz del Interior, de Córdoba; La Capital, de Rosario, La Capital, de Mar del Plata, El Tribuno, de Salta, La Jornada y El Chubut, de Chubut y Diario de Cuyo, de San Juan.²⁶ El resultado de esta pesquisa arrojó que la mayoría de los periódicos consultados coincidieron en colocar el asunto en su portada recién el día 27 de diciembre, con títulos similares: Derogarán/Suspendió/Congela/Pusieron freno “a la ley minera en Mendoza”. Es decir, cuando las protestas sociales ya habían desbordado las calles, transformándose en una insurrección popular capaz de modificar la correlación de fuerzas. En todos los casos se trató de un breve recuadro, sin fotos. Excepcionalmente algún medio volvió a mencionar el tema en días posteriores. Las excepciones, en sentidos opuestos, las componen Clarín, los dos diarios de Chubut y Página/12. Tanto en el primero como en los diarios patagónicos no aparece absolutamente nada sobre el tema en las sucesivas tapas de las fechas reseñadas. Las razones específicas del total ocultamiento en el primer medio no las conocemos, aunque no sorprenden, en la medida que el ejecutivo provincial lo ocupa un radical de “Juntos por el Cambio”, espacio político afín al grupo mediático. Respecto de los segundos, además de que se evidencia un contenido enfocado mayoritariamente en noticias provinciales, la poca relevancia dada a la revuelta mendocina seguramente tuvo que ver con la existencia de un conflicto similar alrededor de proyectos megamineros y la derogación de la ley 5001 en la misma provincia de Chubut (zonificación). Por su parte, Página/12 le dedicó tres tapas. En una incluyó una foto grande de las protestas y el título “El AGUAnte”. En los días siguientes salieron dos composiciones de imágenes, que abarcaban casi toda la portada con los enunciados: “Una ley que hace agua” (27/12) y “Hundida” (28/12). Además, el periódico incluyó la temática en dos tapas más, el 30 y 31 de diciembre.

Si bien en muchos de los medios seleccionados, incluso aquellos que no lo mencionan en tapa, se puede encontrar noticias sobre las movilizaciones en Mendoza y la derogación de la ley que avalaba la megaminería, queda en evidencia que hubo una deliberada política comunicacional de intentar ocultar este conflicto de las agendas nacionales. En este sentido, es notable que, desde el criterio de las empresas de la comunicación, resultara destacable la noticia de un avión particular que aterrizó de emergencia en un maizal, cuya foto a todo color y tamaño fue tapa de cuatro periódicos a nivel nacional el 29 de diciembre (Clarín, La Nación, La Capital de Rosario, La Capital de Mar del Plata), y soslayar las multitudinarias movilizaciones en Mendoza que, durante ese día, protagonizaron un formidable “banderazo” en el que más de 30 mil personas marcharon por el centro de la ciudad y era replicado en la mayoría de los departamentos de la provincia.

3.2. 1972, ya nadie va a escuchar tu estallido

Respecto del lugar que ha ocupado el Mendozazo en el campo historiográfico, notamos cierto cambio a lo largo del tiempo. A contramano de la importancia que le atribuyeron sus contemporáneos, el Mendozazo de abril de 1972 parece no haber concitado mayor atención entre historiadores/as, más allá de los límites provinciales. Está presente en los trabajos pioneros sobre los 60/70. Por ejemplo, “Tiempo de violencia y utopía”, del año 1987, le dedica algunas páginas (Anzorena, 1987). También lo hace el volumen II de la obra testimonial “La Voluntad”, publicado por primera vez en 1997 y 1998 (Anguita y Caparrós, 2006). Incluso se hace mención a la revuelta cuyana en otros dos libros que fueron de los primeros en abordar temáticas vinculadas con las organizaciones armadas: “Soldados de Perón” (1982) y “Todo o Nada” (1991). Si bien en ambos casos son apenas algunos renglones (Gillespie, 2008; Seoane, 2012).

Como es de suponer, en la historiografía mendocina existe un buen número de textos académicos y testimoniales que abordan el Mendozazo²⁷. Incluso, autores de tendencia conservadora han tenido que reconocer la relevancia de la rebelión de abril del ‘72. Aunque han intentado construir la imagen de un episodio exótico, como señalamos anteriormente, explicado a partir de la participación de “infiltrados”, “agitadores externos” o intrigas palaciegas. En la historiografía provincial el problema no reside tanto en la invisibilización -aunque también puede haber, en menor grado- como en la interpretación de la revuelta.

Pero a medida que nos alejamos de la provincia y nos acercamos al siglo XXI, el interés por el Mendozazo parece diluirse. Esto parece suceder, paradójicamente, cuando nos sumergimos en un período de una prolífica producción historiográfica en torno a los 60/70, en el que los estudios sobre los sectores subalternos se han multiplicado. Así, ya en el clásico “Resistencia e Integración”, de Daniel James, aparece apenas en un renglón y con la fecha equivocada: febrero de 1972 (James, 2006). Pero, lo que resulta llamativo es la total ausencia de la rebelión mendocina en el tomo IX de la “Nueva Historia Argentina” de Sudamericana, dirigida por el mismo autor (James, 2003b). Sin dudas, el tema podría haber ocupado algún párrafo de los capítulos I y III del libro (James, 2003a; Tcach, 2003). Más incomprensible aún resulta su omisión en el capítulo VIII, denominado “Protesta, Rebelión y Movilización” (Gordillo, 2003). Allí no se menciona ni una vez al Mendozazo. En realidad, ni siquiera a la provincia. En cambio, el Cordobazo -que indiscutiblemente tuvo su importancia y centralidad- aparece más de treinta veces, el Viborazo o Segundo Cordobazo en cinco ocasiones y el Rosariazo en cuatro. Para ser justos, la omisión también recae sobre otros azos, como los Tucumanazos, Salteñazo, Jujeñazo, Catamarcazo, Cipolletazo, Casildazo, Malargüinazo, Rocazo, Trelewazo, San Franciscazo, Carmelazo y Choconazo. No obstante, a diferencia de estos últimos, la omisión del Mendozazo es particularmente llamativa debido a que tuvo una importante repercusión nacional. Por un lado, porque el triunfo del pueblo mendocino determinó la suspensión del tarifazo eléctrico para todo el país, y por el otro, porque durante la rebelión en Mendoza se desataron protestas simultáneas en San Juan, Rosario, Tucumán, Misiones y Córdoba. Algunas de ellas relevantes, con paros locales y movilizaciones.

La tendencia que señalamos en relación a la desaparición del Mendozazo que pareciera mostrar la historiografía durante los últimos años, puede observarse en dos compilaciones recientes, en las que es total la ausencia de referencias sobre el Mendozazo. Esa ausencia resulta aún más llamativa en la medida que, ambas publicaciones, afirman explícitamente que se proponen una lectura más abarcativa e integral, que enfoque todo el ciclo de azos que acontecieron durante los 60/70. La primera de ellas, un libro, coordinado por Mónica Gordillo que, según reza en su prólogo “pretende ofrecer una visión de conjunto de lo que definimos como un ciclo de protestas” (Gordillo, 2019: 14). Allí el Mendozazo, por alguna razón que no aparece explicitada, quedó fuera del “ciclo”. No solamente no hay ninguna contribución centrada en la rebelión cuyana, sino que no hallamos ninguna mención en todo el libro. La segunda compilación a la que nos referimos, es el voluminoso dossier “Los ‘azos’”, organizado por la Revista “Conflicto Social”. Allí se lo menciona al pasar, para hacer una fugaz comparación con el Segundo Tucumanazo o “Quintazo” (Seia y Laufer, 2019), pero nuevamente, se trata de una revisión sobre el ciclo de azos 60/70 en donde el Mendozazo no tiene lugar. Como excepción parcial podemos señalar el artículo de Ana Julia Ramírez (Ramírez, 2019), que inscribe la revuelta cuyana en el ciclo, aunque su trabajo se ocupa de otros casos “menos conocidos”: Quintazo, Rocazo y Trelewazo, todos durante 1972. Paradójicamente, el único texto reciente que incluye varias menciones al Mendozazo es el libro de Nassif, que tiene como principal objeto de estudio los Tucumanazos (Nassif, 2020). Su inclusión no se limita a una mención meramente formal, sino que la autora repone la importancia política del levantamiento cuyano en relación a un contexto nacional más amplio que parecía encontrarse a las puertas de un “estallido popular generalizado” (Nassif, 2020, p. 306). Ciertamente, si pensamos a los “azos” como un ciclo, la reconstrucción integral de alguno de los episodios nos debería conducir hacia los puentes que lo conectan con el movimiento completo (1969-1973), como ocurre en este trabajo.

Al preguntarnos por las resonancias actuales del Mendozazo, inmediatamente comenzamos a revisar lo que se había escrito, los estudios sobre el Mendozazo y los análisis de mayor alcance sobre el ciclo de azos de los 60/70. A partir de dicha tarea, emergen algunos interrogantes. Contra la relevancia mediática y el impacto socio político que tuvo el Mendozazo en su momento y su presencia en los primeros estudios historiográficos, notamos una ausencia en los trabajos que recientemente se han propuesto volver sobre el ciclo de azos 60/70: ¿por qué el Mendozazo se volvió invisible fuera de la provincia, en particular durante las últimas décadas del siglo XXI? ¿hay algo en el orden del tipo de caracterización de aquel ciclo de rebeliones que puede estar obturando su visibilidad? ¿qué puede motivar en estos abordajes la exclusión de algunos azos de la serie? ¿qué interrogantes permitirá abrir, a manera de nuevas problematizaciones de los azos 60/70, una mirada anclada en el Mendozazo? ¿podrá el Mendozazo del agua cambiar las condiciones de visibilidad?

4. Dictadura, democracia y el derecho a la rebelión

Los haces de luz que proyecta la pueblada de 2019 sobre el Mendozazo de 1972, permiten reconocer constelaciones entre pasado y presente que, como hemos señalado, incluyen importantes diferencias entre las épocas históricas. Es decir, creemos que reconocer la especificidad de cada momento histórico, no sólo las similitudes sino también las distancias, contribuye a elucidar la significación que tuvieron cada una de las rebeliones en cuestión.

Una de esas grandes diferencias, es el contexto histórico-social en el que tuvieron lugar. El Mendozazo de 1972 tenía como trasfondo la represión y la violencia de la dictadura autodenominada “Revolución Argentina”. Mientras que el levantamiento contra la “ley cianuro” en 2019, por el contrario, se producía dentro de los marcos institucionales definidos por una democracia republicana, o, como preferimos llamar, los capitalismos democráticos. Sin embargo, a través de la distancia que separa uno y otro contexto, creemos que es posible observar, en cada una de las rebeliones, la presencia de un derecho inalienable de todos los pueblos y sujetos subalternizados, el osar rebelarse y poner en ejercicio el derecho a la protesta y, junto a él, una lucha desde abajo por la democratización de las relaciones sociales y las formas de gobierno.

En tal sentido, Benito Marianetti afirmaba que “la sublevación” (Mendozazo de 1972) era apenas un episodio de “la lucha general que se lleva a cabo en nuestro país entre la dictadura y las masas”.²⁸ Podemos tomar esa lectura para interrogar nuestro contexto actual. Porque si en el 72 el Mendozazo enfrentaba el pueblo a la dictadura; en 2019, bien podríamos decir que el Mendozaguazo enfrentó el pueblo a la legislatura y el gobierno provincial, poniendo al descubierto las tensiones propias de los capitalismos democráticos. Atilio Borón ha sabido señalar que, contra la idea de la democracia como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, la fórmula schumpeteriana ha terminado imponiéndose tanto en el mainstream de las ciencias sociales como en el imaginario político de diversos ámbitos sociales y culturales. Así, hay una tendencia dominante a ver en la democracia un conjunto de reglas y procedimientos desprovistos de cualquier contenido específico relacionado con la justicia distributiva o la equidad, es decir, un mero dispositivo administrativo o para la toma de decisiones con independencia de los fines o valores que pueda habilitar o excluir. Un formalismo procedimental. Sin embargo, como forma de organización del poder social, la democracia resulta inseparable de la estructura económico-social y la dinámica sobre la que descansa dicho poder social. De allí el carácter inherentemente contradictorio entre el capitalismo, en tanto dinámica social basada en la desigualdad estructural que introduce la mercantilización y apropiación privada de los medios de vida- y la democracia, concebida en un sentido más amplio e integral y no solamente en sus aspectos formales y procedurales (Boron, 2020).

A partir de lo anterior, creemos que la defensa del agua como bien común y la configuración del conflicto alrededor de la 7722, permite abrir una serie de interrogantes sobre las vicisitudes que atraviesan nuestras democracias en la actualidad: ¿de qué manera el derecho a la protesta impulsa procesos de democratización “desde abajo”? ¿qué permite reconocer el Mendozaguazo sobre las vicisitudes que transita la democracia en tiempos del despojo neoliberal? ¿qué significación tiene el debate sobre la “licencia social” para reflexionar sobre la dinámica parlamentaria o el sistema de partidos en la actualidad?

4.1. Rebeliones populares y procesos de democratización social

El levantamiento popular de 1972 reenvía a los procesos de politización que se fueron generando desde 1955, como parte de un entramado social donde cuestionar aquello que se consideraba injusto se tornaba cada vez más cotidiano e iba generando un clima de creciente indisciplinamiento social, el cual tuvo expresión en el aumento de las manifestaciones contra la dictadura. Desde finales de los 60, esos cuestionamientos mostraban un salto cualitativo, motorizado por la articulación de la lucha de estudiantes secundarios y universitarios, la conflictividad obrera y las experiencias de organización barrial (Colectivo Fantoma, 2012). Frente a la dictadura, el trabajo de coordinación entre sectores sociales movilizados, fue abriendo canales y espacios por los cuales expresar sus reclamos e inquietudes: la calle, las asambleas, las manifestaciones. En efecto, el Mendozazo “fue el resultado del proceso de incipiente construcción de autonomía por parte de distintos sectores y grupos sociales” (Colectivo Fantoma, 2012: 189). El pos Mendozazo tuvo, además, profundas implicancias organizativas para diferentes colectivos laborales, como bancarios, estatales, docentes y contratistas de viña (Rodríguez Agüero, 2018).

Un proceso similar de (re)politización social podemos decir que hallamos detrás de la rebelión popular en defensa del agua de 2019. Una construcción sociopolítica que reenvía a la experiencia de lucha de las asambleas socioambientales surgidas en 2005, en diferentes territorios departamentales, como nueva trama de organización social y comunitaria, territorial, sobre la que se abrieron espacios de deliberación horizontal y construcción política “desde abajo”. La experiencia de las AMPAP y la defensa del agua como bien común, son hijas de un movimiento social que emergió en un clima de crisis de la representación política, las jornadas de protesta de diciembre de 2001. Recordemos el lema que lo sintetizaba “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. Gran parte del recorrido del movimiento social en defensa del agua ha tenido, entre sus preocupaciones centrales, la inquietud por nuevas formas de participación social y construcción de poder popular, propia de la experiencia política post 2001.

El recurso a la forma asamblearia, la reivindicación de la horizontalidad, el desafío de la autogestión, la apuesta por la autonomía en relación a los partidos y el Estado, constituyen determinaciones propias de las experiencias nacidas de 2001. Si bien estos colectivos han sabido intervenir en canales y espacios institucionales en determinados momentos, la protesta callejera, los cortes de ruta y otras formas de acción directa, han sido las vías de participación más habituales de los/as “vecinos/as autoconvocados/as” para tomar la palabra en el espacio público y abrir el debate social a una pluralidad de voces. En fin, la protesta social ha sido uno de los únicos espacios muchas veces para hacer valer sus demandas y cuestionar las visiones hegemónicas sobre la (mega)minería que encarnan en la política pública.

15 años separan el Mendozaguazo de los comienzos del movimiento de oposición a la megaminería en la provincia. A lo largo de esa experiencia de lucha es posible reconocer, a través de los importantes ciclos de movilización, la manera como la acción colectiva y la lucha callejera se amalgama a la constitución del sujeto político, la creatividad de sus formas de lucha (repertorios de acción), la formulación de sus demandas, los procesos de articulación política y coordinación de la lucha. El contexto de la reforma de la 7722, no fue una excepción en ese sentido. La insurrección de masas implicó un desborde del protagonismo histórico de las AMPAP, dando lugar a la interpelación de una diversidad de colectivos y sectores sociales. Ese proceso de repolitización fue decantando en el nacimiento de nuevos procesos de organización territorial, como el nacimiento y consolidación de asambleas socioambientales de jóvenes (“Les pibes autoconvocades de San Carlos”, “Jóvenes por el clima”, “Las pibas del agua”) o la creación del colectivo artístico “Arteporelagua”, que acompañó la movilización social con performances e intervenciones artísticas orientadas a visibilizar la protesta y llevar a cabo un registro de la misma. También dio lugar a la confluencia entre diferentes sectores movilizados que cristalizaron en la emergencia de espacios de articulación como la “Coordinadora por el agua y los Bienes Comunes de Mendoza”, o la “Coordinadora de Malargüe por el agua y el ambiente” (conformada por partidos políticos, organizaciones de mujeres, Malalweche de las comunidades mapuches y la histórica “Asamblea por el agua de Malargüe”, quienes en conjunto organizaron una marcha por el centro de Malargüe en la que participaron más de 300 personas). Así también, la inflexión del nuevo Mendozazo, marcó las condiciones de visibilidad de nuevas demandas en torno a la democratización del agua, al menos de manera incipiente. Se abrió la posibilidad de escuchar voces que colocaban en el debate la necesidad de construir una agenda integral sobre la problemática hídrica en Mendoza, destacando la histórica distribución desigual del agua en relación a ciertos departamentos (Lavalle, Santa Rosa, La Paz) o sectores productivos (campesinos/as de la agricultura familiar);²⁹ o los reclamos por la falta de agua potable en barrios de la periferia del Gran Mendoza al comienzo de la pandemia, durante la emergencia sanitaria, o la visibilización del deterioro ambiental del sistema de humedales Leyes-Tulumaya, localizado en el centro-norte de la provincia.

4.2. Extractivismo, defensa de los comunes y vicisitudes de la democracia

El conflicto por la 7722 dio lugar a uno de los ciclos de movilización social más importantes en la historia política y cultural de la provincia. Esa pueblada y las demandas sociales que la sostuvieron contribuyen a interrogar la manera como la defensa del agua como bien común permite reflexionar sobre las vicisitudes que atraviesa la democracia en tiempos del despojo. Por una parte, aun reconociendo la diversidad de consignas y sectores sociales que se vieron involucrados, asoma un importante rechazo al saqueo y la mercantilización del agua, a partir de la relevancia histórica que ha tenido ese recurso como bien público/común en la provincia, una sensibilidad social acentuada en años recientes cuando la provincia transita más de una década de crisis hídrica. Por otra parte, hallamos la presencia de un profundo rechazo a la elite política y la demanda de mayor participación colectiva en las decisiones que afectan a dicho bien común. Ambas ponen en juego la inflexión que el neoliberalismo introduce en los capitalismos democráticos y el conjunto de reclamos que, desde abajo, emerge a partir de los procesos de movilización social contra el saqueo de bienes comunes.

Uds tienen en su poder decidir el futuro de los mendocinos y la calidad de vida de los mendocinos. No somos ignorantes, sabemos lo que queremos, ya sabemos lo que decimos. Queremos vivir en una Mendoza digna, con agua pura (…) si votan a favor de la modificación de la 7722, sepan que votan desoyendo a la población mendocina. Sepan que votan en contra del derecho de todos y cada uno de nosotros de vivir en un ambiente sano y en una provincia productivamente rica gracias al agua pura que desciende de nuestras montañas. Por eso el agua de Mendoza no se negocia y por eso defendemos la 7722 (Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Tunuyán).

Entonces la pregunta que yo les hago a los legisladores: estas situaciones de estos proyectos que se han presentado, ¿son aspectos consensuados por la sociedad o son aspectos solamente impuestos, son recetas impuestas –nacional, internacionalmente con una gran complicidad política, empresarial y judicial? ¿Sirve para una elite o sirve para las masas? Esa es la pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer (Asamblea del Este).

Fuimos nosotros quienes debimos traccionar y llevar adelante el proceso que dio como resultado la ley 7722. (…) vivimos en un sistema democrático en donde la movilización social pacífica ha sido el camino para visibilizar la defensa de nuestros derechos o el reclamo de la creación de los mismos. La protesta social no es más que el reflejo de disconformidad con los representantes. Electos por el pueblo, a veces parecen olvidarlo. Y en vez de ser nuestra voz, son nuestra oposición. Nosotros, no olvidamos (Asamblea por el Agua Pura de Tupungato).

Estos pasajes han sido extraídos de las intervenciones que realizaron diferentes asambleas socioambientales durante el trabajo en comisiones legislativas, en 2018, cuando se trató por primera vez la reforma de la ley 7722. Son palabras que testimonian el malestar social que gravitaba alrededor de la pretensión de modificar la 7722 evidenciando el desasosiego compartido ante las formas de ejercicio de la representación democrática y una profunda desconfianza hacia las instituciones del sistema político a finales del 2019.

Desde los sectores dominantes, se trató de desacreditar las manifestaciones y su posterior generalización como levantamiento popular, particularizando los reclamos: se trataba de “los ambientalistas”, de una “minoría bulliciosa” o de la “barrita” a la que se refirió un senador en pleno debate parlamentario. Sin embargo, más que la movilización de un sector social con demandas particulares, lo que presenciamos durante aquel fin de año estaba más cerca de una sociedad en movimiento: “no somos ambientalistas, somos el pueblo”, asomaba una pancarta en plena pueblada.

Sin dudas, la cuestión de la “licencia social” conlleva la necesidad de repensar los procesos de democratización de la sociedad, comenzando por los mecanismos en la toma de decisiones.

Tal como advierte el “Colectivo de Investigación Crisis Socioambiental”, la renovada ofensiva megaminera en el contexto nacional, “aparece signada por la cooptación corporativa de ciertos poderes estatales y la restricción de las libertades y derechos democráticos –tanto con el uso de la represión como con la manipulación de las instituciones legislativas y judiciales” (Seoane, García y Vértiz, 2021). En efecto, los conflictos sociales como los que tuvieron lugar en Mendoza o Chubut, alrededor de la megaminería, ponen de manifiesto la crisis de las democracias actuales para trascender el formalismo legal y proveer la trama institucional a través de la cual, el demos -pueblo soberano-, pueda encontrar los canales para poner un freno a la privatización del mundo, al avance de la mercantilización de todo lo que nos rodea, a la intensificación de la explotación, al avasallamiento de los derechos humanos como resultado del socavamiento de las condiciones materiales de existencia que hacen posible su ejercicio efectivo.

5. Neoliberalismo, despojo y horizontes emancipatorios

La imagen dialéctica que forman el Mendozazo de 1972 y el Mendozaguazo de 2019 pone en primer plano momentos de irrupción de las masas en la historia. No obstante, ello no puede sacarnos de la vista el trasfondo que separa 1972 y 2019: la transformación estructural de la sociedad producto del neoliberalismo, el horizonte civilizatorio que se impuso como efecto de una profunda derrota de los proyectos emancipatorios de los 70; y constituye hoy las condiciones materiales de existencia para pensar los nuevos horizontes de cambio social.

La serie de rebeliones y levantamientos que conmovieron el escenario sociopolítico nacional a partir del Cordobazo, en mayo del 69, fue parte de un proceso histórico que abrió un ciclo de movilización política y protesta social, esto es, una fase de intensificación de los conflictos y de la confrontación que incluyó una rápida difusión de la acción colectiva de los sectores más movilizados a los menos movilizados (Gordillo, 2019: 33). Según Mónica Gordillo, el Cordobazo no empieza ni termina en Córdoba. Esto es lo que permite pensar las movilizaciones en otras provincias como parte de una misma lucha política contra la dictadura y por el restablecimiento de un gobierno popular. El proceso de politización de amplios sectores sociales, la fuerza del movimiento estudiantil, el nacimiento de un sindicalismo combativo, la emergencia de las organizaciones políticas revolucionarias, los procesos de autoorganización barrial y los mayores grados de coordinación, mostraban claros proyectos de autonomía de clase, conjugados con un elevado nivel de organización (Colectivo Fantoma, 2012: 215). La pugna abierta desde mediados de los 50 entre el capital -en procura de reconfigurar el régimen de acumulación para aumentar los márgenes de ganancia- y la resistencia de las clases subalternas -por sostener las conquistas sociales, políticas y laborales que garanticen mejores condiciones de vida-, únicamente encontró una “resolución” con el golpe del 24 de marzo de 1976 y el genocidio descargado sobre los sectores organizados de la sociedad. Esa barbarie desplegada por medio de la violencia desmedida, fue la condición de posibilidad para la reestructuración de las bases societales que encarnó el proyecto neoliberal.

Los efectos que han dejado casi cinco décadas de neoliberalismo en la región son el telón de fondo que colorea las dinámicas de los antagonismos sociales, los asuntos de conflicto, los sujetos movilizados, sus formas de organización y repertorios de acción, así como la modificación de los horizontes de transformación social. Hace tiempo que el pensamiento crítico latinoamericano ha derribado la imagen del neoliberalismo como programa puramente económico, para reconocer más bien el impulso de una profunda reestructuración de las relaciones entre economía, política y cultura modelo civilizatorio capitalista, racista y patriarcal; cambios que han determinado, a su vez, una reconfiguración de la relación sociedad/naturaleza. Debemos pensar estas grandes transformaciones, como propone Jason W. Moore, en términos de una ecología-mundo capitalista (2020). El proceso de mundialización capitalista ha configurado de nueva manera la dinámica de “acumulación por desposesión” inherente a ese modo de organización de la producción y reproducción de la vida social (Harvey, 2004; Roux, 2008). El carácter global del avance del capital no es nuevo, por supuesto. Que el capitalismo pretende crear un mundo “a su imagen y semejanza”, fue advertido por Marx a mediados del siglo XIX y Rosa Luxemburgo a comienzos del siglo XX. El neoliberalismo es el nombre que se le ha dado a esta nueva expansión del capital a través de la cual la privatización paulatina del mundo se intensifica y adquiere niveles hasta el momento desconocidos. De la mano de una nueva revolución científico-técnica el capital ha logrado expandirse “a gran escala” en busca de recónditos territorios que dominar, zonas geográficas hasta entonces impensadas como lugares de explotación y valorización capitalista, de apropiación, privatización y mercantilización de la naturaleza (Lang, Lopez y Santillán, 2013).

Así, un punto de inflexión insoslayable respecto al ciclo de “azos” que tuvieron lugar en los 60 y 70, es la inusitada certeza con la que podemos constatar hoy que estamos frente a una nueva época histórica caracterizada por la crisis del modelo civilizatorio occidental, capitalista y patriarcal que se impuso a la humanidad y a todas las formas de vida que existen en el planeta Tierra (Lander, 2009). Crisis que revela la inédita capacidad del capitalismo para destruir a corto plazo las condiciones que hacen posible la vida de los/as sujetos y del resto de las naturalezas. El carácter inminente con que se nos aparece la posibilidad de una catástrofe socioecológica, de no operar un cambio radical en la forma como vivimos, producimos y relacionamos con la Tierra, es un horizonte de sentido que “sobredetermina” la lucha de clases en el presente. Horizonte que la pandemia ha venido a poner de manifiesto y a profundizar de un modo virulento.

La defensa de los humedales que motivó el denominado “Rosariazo ambiental”, en 2019, contra los desmontes y el avance de incendios promovidos por el agronegocio; la lucha contra la producción de “energías extremas” que protagoniza comunidades mapuche en oposición al fracking, o los pueblos costeros contra la explotación offshore; la defensa del agua que llevan adelante las asambleas de vecinos/as en innumerables localidades a los largo de la cordillera de Los Andes; en suma, todas esas experiencias de lucha nos hablan de la centralidad que adquieren hoy los bienes comunes naturales en la dinámica de los antagonismos sociales de la región (Seoane, Taddei y Algranati, 2013). Estas experiencias de lucha nos convocan a repensar con radicalidad los horizontes emancipatorios.

Hay imágenes dialécticas en la historia del pensamiento crítico que invitan a reformular los imaginarios para una transformación radical de la sociedad. Nos gusta una metáfora que supo utilizar Marx, pues señala el punto de partida y de ruptura respecto de los proyectos de transformación de los 60/70: “ser radical es atacar el problema por la raíz. Y la raíz, para el hombre, es el hombre mismo”. Se trata del conocido pasaje en el que Marx planteara, como ética de la emancipación de la humanidad, la exigencia de eliminar “todas aquellas relaciones en que el hombre es un ser humillado, sojuzgado, abandonado y despreciable”. Hoy la crisis socioecológica global reintroduce de nueva forma la posibilidad de imaginar ese “enraizamiento” del sujeto y sus proyectos de transformación social. El giro “eco territorial” que denotan las rebeliones populares de los últimos tiempos ha puesto en primer plano la defensa del territorio, el agua y la reproducción de la vida como asuntos centrales de horizontes emancipatorios, abriendo la posibilidad de concebir una ética de la humanidad como “humusidad”, por traer la manera provocativa con la que Donna Haraway habla de nuestro vínculo con la “Madre Tierra”.

“Mendoza es hija del agua”, se leía en otro cartel que recorría las calles durante las protestas en defensa de la 7722. Las metáforas no son gratuitas en relación a la imaginación utópica y los horizontes emancipatorios que prefiguran, ellas son parte constitutiva de las rebeliones populares como el Mendozaguazo o el Chubutaguazo. “Las mendocinas y los mendocinos somos el agua del río, que en estos últimos días, rebalsó su cauce. Somos aire, somos tierra y somos el fuego que cambió esta historia”.³⁰

A modo de cierre. (L)azos entre pasado y presente

Los calendarios no cuentan el tiempo de la misma manera que los relojes. Tal como pensaba Benjamin, los calendarios son monumentos de la conciencia histórica de un pueblo, las marcas de ciertos hitos que sellan a fuego la vida de ese pueblo, sus conmemoraciones y tradiciones, sus días festivos e identificaciones. Todos los relatos históricos de Mendoza, desde su fundación, hablan de su relación con el agua, de prácticas y saberes de su cuidado, de la configuración de particulares relaciones de poder en torno al dominio y apropiación del agua, de la construcción de oasis en medio de zonas áridas, etc. La ley 7722 constituye uno de los pliegues de ese largo proceso de construcción social del agua como bien común. Desde 2007 abre un tiempo de rememoración de esa historia y actualización de esa memoria en defensa del agua frente a la explotación de minería metalífera a gran escala. Esa conciencia histórica aparece en la lucha socioambiental de manera condensada en la cartelería que recorrió las movilizaciones recientes. “Mendoza es hija del agua” y “la ley 7722 es la memoria del agua”.

La magnitud de una herencia no es algo que se encuentre ya dado, sino que se dimensiona a partir de lo que hacemos con ella, del trabajo de reconocimiento e inscripción subjetiva en relación a un cierto pasado. Walter Benjamin advirtió hace tiempo que ese “trabajo de la memoria”, para los sujetos subalternos, constituía una débil fuerza que le era concedida en su apuesta por la transformación del mundo. Pero una fuerza fugaz, únicamente significativa para quienes lograsen reconocerse en ella. Un reconocimiento que en ese efímero instante podía animar las energías revolucionarias del presente, astillando el terrible continuum simbólico y material de la opresión. Según él, habría un “acuerdo tácito” entre las generaciones pasadas y la nuestra, no obstante, se trata de una complicidad que amenaza con desaparecer en cada instante del presente que no sepa retener, que no sepa escuchar ese “secreto” venido del pasado. El ciclo histórico de “azos” es esa imagen del pasado que “relampaguea hoy en un instante de peligro” para los pueblos en lucha en diferentes rincones del territorio nacional: paren de fumigar, nos están matando; devuelvan la 7722, el agua de Mendoza no se negocia; el agua es del pueblo.

Imágenes de rebeldías pasadas que se hacen presente con la urgencia vital de estos tiempos, para escapar de toda visión colapcista del presente, esa para la que resulta más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, parafraseando a Frederic Jameson. Las imágenes de aquel ciclo de “azos” advienen hoy, en forma urgente, para alimentar la pluralidad de movimientos que resisten la agresividad del capitalismo y contribuyen a prefigurar horizontes emancipatorios y crear otro mundo posible. Esos l(azos) entre pasado y presente intervienen, incluso, en el modo como entendemos la preocupación por la crisis climática actual, objeto de una disputa por dilucidar de qué estamos hablando cuando nos referimos a ella, cuáles son sus causas, las alternativas que despuntan en y desde las encrucijadas actuales y los desafíos a futuro que supone el camino de una transición socioecológica. Escapar a la mirada que naturaliza el cambio climático al desmenuzar el calentamiento global en la serie indefinida de degradaciones ambientales, precisa poder establecer lazos con esas experiencias históricas donde fue posible una praxis revolucionaria.

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Notas