En 1987, la Dirección General de Cultura de La Pampa se transformó en Subsecretaría de Cultura y Comunicación Social, bajo la órbita del Ministerio de Educación,¹ con la profesora Norma Durango como primera subsecretaria. En ese contexto, el Estado provincial puso en marcha el proyecto “Propuestas para la participación organizada de la comunidad”, implementado en el periodo 1989-1995 con el fin de reorganizar la administración de la cultura y articular capacidades estatales entre provincia y municipios para el diseño de políticas culturales coordinadas. Basado en un diagnóstico participativo, el proyecto se insertó en el marco de un proceso de jerarquización del área cultural provincial y de reorganización del aparato burocrático estatal.

Si bien las “Propuestas para la participación organizada de la comunidad” tenían como antecedentes el Primer Encuentro Cultural Pampeano (1984) y las Jornadas de reflexión para el Proyecto Cultural Pampeano (1987), el modo de concebir la participación social, la conceptualización de la cultura y el valor otorgado a la planificación, como veremos, fueron distintos.

El plan de gestión de Durango buscó integrar a las diferentes localidades de La Pampa en el diseño y la ejecución de un proyecto político-cultural con base territorial. La referencia al concepto peronista de “comunidad organizada” no es casual, de hecho se cita una frase de Juan Domingo Perón al comienzo de La Cultura en La Pampa, publicación que sintetiza la evaluación del proyecto y sus resultados.² Si su provincialización en 1952, bajo la denominación de Eva Perón, marcó un devenir político para el otrora Territorio Nacional de La Pampa, tras el retorno democrático en 1983 ese camino se acentuó con la sucesión de gobernadores del Partido Justicialista (PJ) que, desde entonces y hasta la actualidad, han gobernado la provincia.³ Y aunque el análisis de esa permanencia en el poder no sea el objetivo de este artículo, no podemos soslayar que la continuidad del partido gobernante y de la misma funcionaria a cargo del área durante buena parte del periodo contribuyó a profundizar las políticas desarrolladas.⁴

Durante el periodo analizado, en el ámbito nacional se asistía al inicio de un proceso de reducción del Estado durante la primera Presidencia de Carlos Menem (1989-1995) y a la construcción de una nueva configuración cultural instituida por el arraigo del pensamiento neoliberal en América Latina (Grimson, 2014), con procesos de privatización de empresas públicas, modificación de los consumos culturales bajo los influjos de la globalización y determinación de la cultura por la economía (Wortman, 1997). Y si bien los gobiernos pampeanos de fines de los años 80 y de los 90 participaban de esas transformaciones como aliados políticos del menemismo, en este trabajo argumentaremos que en el área cultural se mantenía cierta dosis de autonomía, que tensionaba e incluso contradecía esa concepción.

El análisis se organiza en cuatro partes. En la primera, se examinan brevemente los antecedentes históricos de la política cultural en La Pampa y se contextualiza el periodo temporal en el que se inscribe este artículo. La segunda focaliza en las bases teóricas e ideológicas de las “Propuestas para la participación organizada de la comunidad”, en especial en cuanto al modo de concebir la política cultural y a la importancia otorgada a la planificación y a la participación social. La tercera aborda la articulación entre provincia y comunidades locales, a través del Consejo Provincial de Cultura, y la evaluación de los resultados del proyecto en cuanto a descentralización, participación e institucionalidad. Finalmente, en la cuarta se analiza la relación con el gobierno nacional y sus tensiones y contradicciones.

Desde el punto de vista teórico, este artículo se nutre del retorno de los estudios sobre el Estado a las ciencias sociales en las últimas décadas y los trabajos realizados en Argentina sobre capacidades estatales y su vinculación con la formulación de políticas públicas para lograr una mayor calidad institucional.⁵ Nos concentraremos en particular en la capacidad organizacional del Estado pampeano en el periodo analizado, entendiendo que, como demostró Oszlak (2015), administración y política son dimensiones indisolublemente vinculadas. Desde esa perspectiva, el aparato estatal no surge de un proceso racional de diferenciación de estructuras y especialización de funciones, sino que más bien sigue una “trayectoria errática, sinuosa y contradictoria”, sedimentada a partir de diversas formas organizativas, variadas modalidades de funcionamiento, estilos de gestión diferentes y “como producto de las alternativas de los conflictos sociales dirimidos en esta arena” (Oszlak, 2015:168).

En el mismo sentido, Bohoslavsky y Soprano (2010), realizan cinco recomendaciones para abocarse al estudio del Estado, que aquí son tenidas en cuenta: 1) no personalizarlo, sino tomarlo “como un espacio polifónico en el que se relacionan y se expresan grupos” (Bohoslavsky y Soprano, 2010:15), atendiendo a las modificaciones de los equilibrios, las relaciones de fuerza y la interlocución con otros actores y agencias no estatales; 2) personalizarlo, porque el Estado también está constituido por las personas que producen y actualizan sus prácticas cotidianas interactuando con las normas y estructurales institucionales, en determinado tiempo y lugar; 3) considerarlo como resultado de múltiples presiones, derivadas no solo de una estructura social clasista, sino también de otras lógicas sociales (profesionales, regionales, corporativas, internacionales, de género, partidarias, étnicas, religiosas y nacionales, entre otras); 4) revalorizar la importancia de las relaciones y tensiones intra-estatales, estudiando competencias de los distintos organismos públicos, superposición de funciones, mecanismos de toma de decisiones, entre otros aspectos; y 5) descentrar al Estado, dejando de mirarlo solo desde las ciudades capitales y agencias del poder ejecutivo nacional, para examinar “la historia de los modos por los cuales agencias y funcionarios del Estado ubicados en ámbitos social y/o geográficamente periféricos respecto de los centros metropolitanos de la Argentina, replican (o no) lo que ocurre en los niveles ‘nacionales’” (Bohoslavsky y Soprano, 2010:18).

En cuanto a las políticas culturales, se las aborda a partir de la articulación propuesta por Nivón Bolán (2006:59) entre los aspectos programáticos de la acción gubernamental (policy) y la acción pública que involucra a todos los agentes de la sociedad (politics). En este trabajo haremos foco en cómo los primeros delimitan condiciones de posibilidad para la segunda, en un proceso concreto de reorganización de la administración cultural y fortalecimiento de las capacidades estatales para el diseño de políticas públicas culturales en una jurisdicción provincial argentina.

Entendemos que el artículo aporta a la indagación de una temática poco explorada tanto en La Pampa como en otras provincias, ya que son escasos los trabajos sobre políticas culturales en espacios subnacionales para este periodo de análisis que analicen las interrelaciones entre nivel municipal, provincial y su relación con la administración central.⁶ Al mismo tiempo, y en relación a los puntos expuestos por Bohoslavsky y Soprano (2010), si bien en el artículo nos centramos más en el análisis de la estructura administrativa conformada que en las políticas culturales y prácticas institucionales concretas, no obstante se logran advertir las tensiones y dificultades que la implementación del proyecto cultural generó en relación a sus objetivos de descentralización y participación comunitaria.

1. La autonomía provincial y la construcción de la “pampeanidad”

En Argentina, el desarrollo de políticas públicas culturales y de una organización burocrático-administrativa específica para la cultura, aunque tuvo antecedentes previos, se convierte desde mediados del siglo XX, a partir del reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en pactos internacionales -que desde 1994 adquirieron rango constitucional-, en una obligación estatal (Bayardo, 2005). Así, la formulación de políticas públicas culturales fue incorporándose a los organigramas y esferas de acción del Estado nacional y de los Estados provinciales como un área específica con distinta relevancia y jerarquía.⁷

En el caso pampeano, esta configuración se dio desde la década de 1950, como parte del proceso de consolidación de la estructura administrativa y de las instituciones de la nueva provincia Eva Perón –denominada La Pampa a partir de 1955-, que dejaba de ser un Territorio dependiente del Ministerio del Interior de la Nación.⁸ El proceso de autonomía requería la elaboración de un imaginario que identificara a la nueva provincia y sus habilitantes.⁹ Si bien la reflexión sobre “lo pampeano” no era novedosa, a partir de los años cincuenta alcanzó un mayor protagonismo, en un proceso que fue decididamente apoyado por la Dirección Provincial de Cultura, a cargo del escritor y pedagogo Juan Ricardo Nervi desde 1956.

En relación con las políticas culturales desarrolladas, en un trabajo previo (Salomón Tarquini y Laguarda, 2012) hemos considerado cuatro etapas diferenciadas desde la década de 1950 hasta comienzos de la década de 1990:

1. 1. Un periodo “fundacional” (1956-1971) caracterizado por la preocupación del Estado provincial por intervenir en la gestión cultural y promover espacios, obras y representaciones que dieran cuenta de la “pampeanidad”.¹⁰ La organización burocrática era incipiente, con una Dirección de Cultura provincial.
2. 2. Una segunda etapa de profesionalización del área (1971-1976), en la que el Plan General de Cultura puesto en marcha por la Dirección en 1974 promovió el compromiso con las culturas populares y el rescate patrimonial a través de trabajos etnográficos y arqueológicos y de la creación del Archivo Histórico Provincial. Además, se complejizó la estructura administrativa, se incorporaron técnicos y profesionales y se establecieron convenios con el Fondo Nacional de las Artes, la Universidad de La Pampa y otros centros de investigación.
3. 3. Un tercer periodo de retracción (1976-1983), que coincide con la última dictadura cívico-militar y, al igual que en todo el país, también en La Pampa afectó al campo cultural con cesantías, censuras, detenciones ilegales, torturas y exilios. Las políticas culturales provenientes de la gestión anterior fueron interrumpidas y durante todo el periodo la Dirección de Cultura llevó a cabo acciones puntuales (talleres, muestras, espectáculos). Desde 1980 comienzan a resurgir las actividades públicas, organizadas por instituciones y grupos culturales. No obstante su escasa actividad, ese año la Dirección de Cultura fue jerarquizada al rango de Dirección General.
4. 4. Una cuarta etapa (1983-1991), que corresponde a las políticas culturales en democracia, caracterizadas por una intensa movilización social, el surgimiento de instituciones culturales emblemáticas, como la Asociación Pampeana de Escritores (en 1983) y el Centro Pampeano de Artistas Plásticos (en 1984). La Dirección General de Cultura comienza a trabajar en la elaboración del “Proyecto Cultural Pampeano”. En este periodo se crea también el Fondo Editorial Pampeano, se retoman las actividades de investigación cultural y se inaugura el Museo de Artes (1984).

A los efectos de este artículo, nos interesa retomar esa última etapa, porque en ella se desarrolló un primer diagnóstico de la actividad cultural en la provincia luego de la dictadura y comenzó a plantearse la necesidad de sistematizar las acciones y políticas culturales mediante la planificación. Pero, sobre todo, porque en el contexto de retorno a la democracia se entendió que la elaboración de un proyecto cultural provincial debía ser necesariamente un proceso participativo.

Esta interpretación no escapaba al contexto de la política cultural nacional. En el clima de optimismo que se vivió en el país durante los primeros años de la Presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989) se buscó recomponer el entramado cultural destruido durante la dictadura. Desde el campo intelectual se abordaba el vínculo entre cultura y política en perspectiva histórica y se revisaba cuál debía ser el rol del Estado en ese contexto. La preocupación pasaba por afianzar la democracia, y en ese marco se entendía que las políticas culturales podían contribuir a generar “nuevos sentidos de lo social y de los lazos de la sociedad con el sistema político” (Wortman, 2002:4). En la órbita estatal, esta preocupación se plasmó a través de iniciativas como el “Plan Nacional de Cultura 1984-1989”, el “Programa Nacional de Democratización de la Cultura” (1986) y los planes de lectura y de alfabetización.

En tanto, en La Pampa, el “Proyecto Cultural Pampeano” fue presentado en el Primer Encuentro Cultural Pampeano, realizado el 30 y 31 de marzo de 1984, que convocó a autoridades municipales de toda la provincia y representantes de organizaciones sociales.¹¹ Durante el encuentro, los participantes analizaron el Proyecto presentado por la Dirección General de Cultura, a cargo de Rodolfo Capón Filas, y pudieron aportar propuestas y actividades. Además, se elaboró la “Declaración de La Pampa”, que fue aprobada en el plenario final con un cambio de redacción significativo, evidenciando el signo político de las comunas participantes. Según el Acta del Plenario, Capón Filas propuso la inclusión del término “justicia social” en la declaración –un concepto vinculado directamente a la doctrina peronista- y la moción fue sometida a votación y aprobada por 89 votos a favor y 27 en contra.¹²

El texto, entre otras cuestiones, reivindicaba la “capacidad política de autodeterminación cultural” de la provincia y convocaba a la población a sumarse a “un genuino movimiento cultural, pampeano y regional que (…) proyecte un perfil auténtico al concierto de las culturas de otros pueblos”.¹³

Aunque el proyecto encarado por la gestión de Capón Filas buscaba estimular la participación y se proponía un despliegue territorial, no estaba centrado en el desarrollo o articulación de capacidades estatales para la implementación de políticas públicas, sino en identificar los “valores auténticos” de la identidad provincial y su singularidad. Tal vez eso haya influido en el estancamiento de la iniciativa, sumado a que poco después renunció como director y, tras un breve periodo de acefalía, fue reemplazado por Norma Durango en 1985.

La gestión de Durango como directora retomó el debate en las Jornadas de Reflexión para el Proyecto Cultural Pampeano (1987), pero con la presentación de las “Propuestas para la participación organizada de la comunidad”, ya como subsecretaria, encararía un proceso de planificación actualizado a las nuevas miradas sobre las políticas culturales de la época y con la intención de que fuera sustentable en el tiempo, descentralizara la administración y articulara los distintos niveles de estatalidad. Para ello, convocó a dos técnicas de la Dirección de Educación para la Salud del Ministerio de Bienestar Social pampeano, con experiencia en planificación, Adriana Lis Maggio y María Teresa Poussif, quienes coordinaron el proceso de diagnóstico, elaboración y ejecución del proyecto en sus diferentes etapas.¹⁴

2. La “comunidad organizada” en pos del proyecto cultural pampeano

Es muy difícil que un hombre pueda realizarse en una comunidad que no se realiza (…) La comunidad organizada tiende hacia ese fin y, por eso, nosotros a nuestro proceso ideológico enunciado, lo hemos llamado la Comunidad Organizada. Porque es la comunidad organizada, precisamente, aquella donde el hombre puede realizarse mientras se realizan todos los hombres de esa comunidad en su conjunto.¹⁵

Esta frase de Juan Domingo Perón, del libro La Comunidad Organizada, fue incluida como epígrafe de la publicación La cultura en La Pampa,¹⁶ que da cuenta de la ejecución y evaluación del proyecto analizado. La Comunidad Organizada es un texto fundacional del peronismo, que se origina en el discurso de cierre de Perón, por entonces Presidente de la Nación, en el Primer Congreso Nacional de Filosofía de 1949, celebrado en Mendoza.¹⁷ Alejándose del individualismo liberal y del colectivismo, según Roy Williams (2019), la comunidad organizada aparece

(…) como una expresión capaz de re-ligar las perspectivas individuales con el despliegue de los entramados comunitarios a lo largo del desenvolvimiento histórico de los pueblos. Una comunidad entendida como coexistencia de las libertades de los seres singulares, quienes se reconocen plenamente en el ámbito del bien general, perspectiva comunitaria que implica una forma diferente de concebir la ensambladura del ser-en-común (…) Lo comunitario, abriéndose como el momento configurador desde el cual se constituye, en sus pliegues internos, la vida del conjunto. (Williams, 2019:65).

Más allá de la cita explícita de Perón y del propio título del proyecto, la filiación de las “Propuestas para la participación organizada de la comunidad” con las bases doctrinarias del primer peronismo es innegable, también por el modo en que, como veremos, la activación de la participación comunitaria en el área cultural constituye su eje vertebrador. No obstante, su mirada acerca de la cultura y las políticas culturales está imbuida por las nuevas discusiones que comienzan a darse en América Latina entre finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, y por el afianzamiento del Estado democrático que requiere el contexto argentino de la época.

La publicación La cultura en La Pampa sintetiza dos documentos anteriores¹⁸ que tuvieron una circulación acotada entre las instituciones y personas involucradas; pero a la vez, aporta una visión retrospectiva integral. Con respecto al sustento político-ideológico del proyecto, se explicita en las primeras páginas que

La política cultural de una provincia está cruzada por los lineamientos de la política del gobierno nacional, del área homónima del mismo nivel, del gobierno provincial, del partido que lo detenta y, claro está, por la impronta de los responsables del área de cultura.

Dichos lineamientos podrán estar explicitados claramente, o ausentes, aunque ambas variantes dan cuenta de una voluntad política respecto de la jerarquización o mirada que sobre la cultura se tenga.¹⁹

Desde el punto de vista teórico, la conceptualización de la cultura y las políticas culturales se había complejizado para 1995. Si en 1989, en los primeros bosquejos del proyecto, se partía de una perspectiva antropológica de la noción de cultura definida como “todo lo producido por el hombre”,²⁰ enfatizando la inclusión de las prácticas de los sectores populares para evitar perspectivas elitistas, seis años más tarde se analizan las dificultades y contradicciones del desarrollo que enfrentan las culturas en la globalización.²¹ Desde ese abordaje, se rescata la complejidad del campo social y cultural y la necesidad de atender a sus transformaciones y a los distintos sectores que lo protagonizan; pero, al mismo tiempo, se marca el imperativo de organizar esa participación con miras a su continuidad en el largo plazo y con un sentido político: en sintonía con los lineamientos del gobierno nacional/provincial pero también con los del partido gobernante.

El proyecto se ejecutó en cuatro etapas sucesivas:

• Diagnóstico (marzo-junio de 1989): se realizaron tres encuentros con responsables y personal de las distintas dependencias de la Subsecretaría de Cultura y Comunicación Social: Museo Provincial de Artes, Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas, Departamento de Investigaciones Culturales, Dirección central y áreas de Coro, Teatro, Títeres; en total unas 50 personas. Como resultado, surgió la necesidad de conocer el panorama real de trabajo en toda la provincia, a fin de “racionalizar los recursos humanos y materiales”.²² Para ello, se recurrió a una metodología de diagnóstico participativo, con talleres en las distintas localidades y dinámicas procedentes de la educación popular.

• Reorganización de la participación existente (julio a diciembre de 1989): se organizaron encuentros en cinco sedes, cada una de las cuales reunía a varias localidades del interior pampeano: 1) Abramo, 2) General Acha, 3) Victorica, 4) Ingeniero Luiggi y 5) Colonia Barón. En esta última sede estaban contenidas las dos principales ciudades de la provincia: Santa Rosa y General Pico. Por cada localidad participaban el intendente y dos miembros de la Comisión de Cultura municipal (si no estaba conformada, asistían dos representantes de instituciones culturales o personas interesadas en la temática, designadas por el Ejecutivo); a quienes se sumaba personal técnico de la Subsecretaría de Cultura y Comunicación Social. En la agenda de esa primera ronda de reuniones, además de ampliar el diagnóstico inicial, se preveían como objetivos: acordar criterios sobre la concepción de cultura y trabajar sobre la resignificación del término; dar estructura orgánica a la participación existente en cada localidad; redefinir el rol de las comisiones de cultura y de sus integrantes; establecer, a partir de las necesidades e intereses, las acciones a realizar; reflexionar sobre ellas; buscar mecanismos de evaluación; y definir los núcleos de interés comunitarios.²³

• Capacitación específica (diciembre 1989 a diciembre de 1990): a partir de las propuestas emergentes en la etapa anterior, el proyecto preveía capacitaciones a cargo de los equipos técnicos de cada área de la Subsecretaría de Cultura y Comunicación Social. El énfasis estaba puesto en diseñar estrategias de trabajo participativo en cada localidad, que garantizaran una adecuada supervisión y evaluación de las tareas a realizar posteriormente para la implementación de proyectos culturales y líneas de acción específicas.

• Consolidación de la capacitación en la acción (diciembre de 1990 a diciembre de 1992): etapa de retroalimentación a partir de los encuentros zonales, sectoriales y con autoridades centrales en cada una de las localidades provinciales, con el objetivo de ampliar problemáticas con su respectiva capacitación.

Un aspecto importante es que el proyecto trabajó con organizaciones sociales ya existentes, sin crear otras nuevas, buscando “resignificarlas para que permitan una participación real y no simbólica”.²⁴ En este sentido, se advierte un especial cuidado en la metodología de trabajo empleada y en el ejercicio metarreflexivo:

Se trabaja con la convicción de que sólo a partir de una alimentación previa de los universos culturales propios de cada sector (que deberá mantenerse de modo dinámico y permanente) será posible establecer acciones transformadoras. Si los actores sociales intervinientes en el proceso no se sienten protagonistas, seguros y con conciencia reflexiva de sí mismos y de su entorno social, difícilmente caminará cualquier intento de cambio por más buenas intenciones que tengan técnicos, planificadores y/o políticos.²⁵

No obstante, promover la participación no era un asunto sencillo. En el artículo “Las políticas culturales y la respuesta del pueblo”, publicado en septiembre de 1988 por la revista Caldén, órgano oficial de la Subsecretaría de Cultura y Comunicación Social, la subsecretaria Norma Durango se refería a la convocatoria realizada a las localidades –organizadas en 12 circuitos culturales en el Proyecto Cultural Pampeano- para participar de un Consejo Asesor del área y la falta de respuesta de algunas de estas, un año y medio más tarde. “Queremos comprender las cosas críticas y trágicas que ha protagonizado la sociedad argentina como para no esperar que el miedo a la participación desaparezca de golpe”,²⁶ las disculpaba la funcionaria, en obvia referencia al accionar del terrorismo de Estado entre 1976-1983. No obstante, enfatizaba:

Entendemos el argumento de que las urgencias sociales y económicas impidan prestarle al área la debida atención, pero la cultura, como decía el general Perón, es esa red que comunica lo político, lo social y lo económico. Si no lo entendemos de esa manera, seguiremos solamente organizando festivales, aniversarios y fechas alusivas sin otra proyección que una obligación ritual.²⁷

Este texto de Durango actúa como bisagra entre lo que fue el “Proyecto Cultural Pampeano”, motorizado desde la Dirección General de Cultura desde 1984, y el nuevo proyecto “Propuestas para la participación organizada de la comunidad”, que, a diferencia del anterior, enfatizaba la necesidad de planificación de las políticas culturales desde ámbitos institucionales específicos organizados en cada nivel de estatalidad (las comisiones municipales de cultura, el Consejo Provincial de Cultura, el Consejo Federal de Cultura, los encuentros patagónicos). Si por una parte en el nuevo proyecto se destacaba la continuidad con el espíritu del proceso iniciado en 1984 –un “modelo participativo, cogestionado y solidario”-,²⁸ por otra se marcaba una diferencia clave: la participación debía ser organizada en estructuras adecuadas y había que planificar con un horizonte encaminado al largo plazo y con objetivos políticos claros. Pero además, en ese proceso, el rol del Estado era central e indelegable:

Un plan provincial de cultura implicará un trabajo integrado que articule los fundamentos culturales de la provincia y de la nación y a su vez, estos con las distintas áreas gubernamentales: educación, salud, acción social, etc. De esta manera se optimizarán los recursos humanos y materiales de la conducción política del estado.²⁹

En un contexto nacional que militaba las políticas neoliberales de ajuste, la reducción del Estado y la subordinación de la cultura a la economía, reivindicar el rol político del Estado pampeano como conductor y organizador de políticas culturales que apuntaban a la participación social y al fortalecimiento del tejido social comunitario, marcaba una dirección diferente. En el área cultural al menos, la filiación política e ideológica era con el primer peronismo y no con el menemismo. No obstante, la ejecución del proyecto se encontró con algunos escollos importantes en la articulación con los municipios y en la promoción de la participación.

3. Descentralización, participación social y articulación territorial

Como advierte Nivón Bolán (2006), una tarea fundamental de la administración pública de la cultura es procurar –mediante instrumentos normativos y de intervención directa e indirecta- que esta esté al alcance de todos los ciudadanos del territorio. Las políticas de descentralización son necesarias para el fortalecimiento de la democracia cultural, pero no basta con la mera “voluntad descentralizadora”, advierte, sino que se requiere de al menos cuatro condiciones fundamentales: crecimiento y complementariedad de los recursos locales y centrales; contratación o formación de personal capacitado; institucionalización del aparato cultural local y desarrollo de una normatividad adecuada.

En el caso analizado, uno de los espacios de institucionalización previstos fue el Consejo Provincial de Cultura (CPC), creado mediante el Decreto 1177/91 del gobernador Néstor Ahuad como un “ámbito de intercambio respecto de la política cultural provincial delineada por la Subsecretaría de Cultura y Comunicación Social, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación”.³⁰ En cuanto a su misión, comprendía los siguientes puntos:

• Desarrollar estrategias comunes para la implementación de la política cultural provincial que en cada localidad llevarán a cabo las Dirección y/o Comisiones Municipales de Cultura.

• Organizar la tarea cultural que llevarán a cabo las Direcciones y/o Comisiones Municipales de Cultura, de acuerdo a los recursos humanos y/o materiales existentes.

• Optimizar los canales de comunicación entre el Organismo provincial y las respectivas comunidades.

• Recoger, registrar y alentar las acciones, trámites y gestiones relativas a la actividad cultural de cada comuna provincial.³¹

La creación del CPC surgió como una necesidad emanada de las reuniones mantenidas durante 1990 entre la Subsecretaría de Cultura y las comisiones municipales de cultura e intendentes, a fin de mejorar la red de relaciones provincia-municipios. De acuerdo al texto del proyecto “Propuestas para la participación organizada de la comunidad”, el Consejo estaría integrado por un representante titular y un suplente de cada localidad de la provincia, “designado conjuntamente por el intendente y la comisión de cultura que estuviera cumpliendo funciones en ese momento”. En las localidades donde no se hubiera conformado aún una Comisión de Cultura, la selección recaería en el intendente y el Concejo Deliberante, mientras que en el caso de localidades más pequeñas, el encargado sería el presidente de la Comisión de Fomento.³²

Sin embargo, en el Decreto 1177/91 la necesidad de designación conjunta entre la Comisión de Cultura –o en su defecto el Concejo Deliberante- y el Ejecutivo municipal fue omitida. El texto definitivo estableció, en su artículo 5°: “Los representantes de cada Comuna durarán dos años en dicha calidad, pudiendo ser reelectos. Serán elegidos por el Departamento Ejecutivo o Presidente de la Comisión de Fomento respectiva”.³³

En las reuniones iniciales del CPC, desde la Subsecretaría se solicitó explícitamente a las distintas municipalidades que rentaran a sus representantes en el organismo, porque al tratarse de una integración voluntaria los integrantes fluctuaban permanentemente.³⁴ Entendemos que esta recomendación de la repartición provincial constituyó un estímulo para la creación de direcciones o áreas de cultura en los organigramas municipales, en aquellos casos que no las tuvieran hasta entonces. De hecho, entre 1989 y 1995, como veremos en el próximo apartado, la cantidad de municipios con comisiones o direcciones de cultura conformadas aumentó un 60 por ciento. No obstante, si como establecía el decreto los intendentes o presidentes de las comisiones de fomento podían designar a sus representantes sin la obligación de acordarlo con las comisiones de cultura o los concejos deliberantes, es probable que siguieran las lógicas político-partidarias de designación de funcionarios de cada gestión municipal y esto conspirara contra el tipo de participación social que se quería lograr en las comunidades, según el proyecto cultural provincial.

En la sesión inaugural del CPC, realizada el 5 de junio de 1991 en la ciudad de Santa Rosa, la subsecretaria Norma Durango, que ocupaba la Presidencia del organismo, insistió en ampliar la participación al interior de las comunidades:

Debemos fortalecer la convocatoria a todas las instituciones intermedias u organismos no gubernamentales de nuestros pueblos a realizar una tarea sistemática y continua en la que la población no sea receptora sino especialmente protagonista (…) Porque, el desarrollo cultural es responsabilidad fundamental del Estado, pero no exclusiva. El desarrollo cultural, es también responsabilidad de todos aquellos grupos e instituciones que tienen responsabilidad directa con el área.³⁵

Pero si el desarrollo cultural provincial necesitaba inevitablemente de la participación social a nivel local, esto no significaba un paso hacia la tercerización o la privatización de la administración cultural. Era parte de un proyecto político articulado que otorgaba un rol determinado a los gobiernos municipales:

(…) hay que fortalecer la acción municipal y nuestros intendentes deberán comprender que no puede, no debe ser sólo un proyecto cultural, debe ser una herramienta de trabajo para afrontar la crisis (…) Federalizar no es defender local y egoístamente cada porción del territorio, es construir articuladamente con el otro en busca de un plan general.³⁶

El funcionamiento del CPC fue reglamentado luego de las sugerencias recibidas en la segunda reunión del organismo, realizada en julio de 1991. Se estableció que mantendría sesiones ordinarias con una frecuencia cuatrimestral, y extraordinarias a convocatoria de la Subsecretaría de Cultura o de al menos tres miembros, para tratar los temas que fueran requeridos. Si bien se indicaba que las convocatorias deberían enviarse a las “Direcciones de Cultura, Intendente y/o Comisiones de Cultura y a los responsables titulares con una anticipación no menor de una semana”,³⁷ no obstante se mantenía lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto 1177/91 sobre el mecanismo de elección de representantes.

En 1992, tras el cambio de gobierno provincial (en 1991 Rubén Marín reemplazó a Néstor Ahuad como gobernador, ambos del PJ), la subsecretaria Norma Durango, que continuaba en funciones, manifestaba en una reunión con intendentes y representantes de comisiones y direcciones de cultura de toda la provincia:

La descentralización es un modelo de funcionamiento que tiene una intencionalidad política: ayudar a la comunidad a organizarse (…) descentralizar no es un fin en sí mismo porque ello nos puede llevar a la disgregación. La política cultural provincial se marca desde el ámbito central (…) Para nosotros trabajar con los municipios y las entidades intermedias, no significó ni significa perder capacidad de acción, sino más bien ganarla.³⁸

La noción de descentralización constituiría posteriormente un eje central en el plan de gobierno 1995-1999 de Marín, que buscaba potenciar las capacidades de autogestión de los gobiernos municipales y las entidades intermedias, aunque sus resultados hayan sido dispares.³⁹

En el caso de la órbita cultural, entendemos que el pasaje de una Dirección a una Subsecretaría de Cultura fue más allá de un cambio en el organigrama. En pocos años, y aun con una planta de personal congelada y fuertes restricciones presupuestarias, el organismo había desplegado un proceso de organización de la administración cultural con fuerte presencia territorial. Ya no se limitaba a ofrecer espectáculos y asistencias técnicas ocasionales en las localidades, sino que se planteaba reordenar la acción en cada una de ellas, sumándolas a un espacio colectivo de decisión y planificación como era el Consejo Provincial de Cultura. La insistencia en la organización de direcciones o comisiones de cultura a nivel municipal, el estímulo a rentar a sus representantes, la participación en los encuentros zonales y en las reuniones del CPC, empiezan a constituirse en la práctica en cuasi requisitos para el acceso a recursos y capacitaciones. Participar de esas instancias era una posibilidad, pero sobre todo una necesidad para los municipios, si no querían quedar al margen de actividades y asistencias.

La evaluación del proyecto se organizó en la publicación de resultados en torno a tres ejes: I- Cultura: reconsideración del concepto, su cercanía y distancia con la práctica; II- Organización y acrecentamiento de la participación; y III-Integración de las comisiones de cultura con las organizaciones intermedias: rol del municipio. El siguiente cuadro sintetiza los principales puntos emergentes:

Figura 1

Ejes de evaluación y resultados del proyecto “Propuestas para la participación organizada de la comunidad”

Fuente: elaboración propia, a partir de los resultados publicados por la Subsecretaría de Cultura de La Pampa.

En la evaluación de los ejes II y III, se reconocía que a nivel local el estímulo de la participación no había tenido los resultados esperados. Y se atribuía esta falencia a la falta de prácticas de organización y participación comunitarias y a las formas de comunicación al interior de la comunidad: “Establecer una comunicación de igual a igual, democrática, profunda, con códigos compartidos, no se da porque sí, por arte de buenos deseos”.⁴⁰

Ya en la instancia de diagnóstico había surgido en la voz de los participantes de los talleres (referentes locales de grupos artísticos e instituciones intermedias como escuelas, bibliotecas y asociaciones culturales) la dificultad de incorporar a las nuevas generaciones a las actividades organizadas: “Deberíamos integrar a los jóvenes para que escuchen a los mayores, pero es difícil trabajar con los jóvenes; no vienen”.⁴¹ Pero esa identificación no se planteaba que el tipo de actividades (centradas en la reconstrucción de la memoria histórica local, con la mirada dirigida al pasado) y de participación propuestas (“que escuchen a los mayores”) producía un efecto contrario al buscado.

El documento del diagnóstico correlacionaba, además, las dificultades en la participación con la exclusión de algunos sectores sociales en la convocatoria a las comisiones municipales de cultura, fundamentalmente en términos de clase y nivel de instrucción:

(…) ¿aparecen los sectores más desprotegidos con representación real? ¿su voz es fuerte, es escuchada? Sus oficios, sus prácticas sociales ¿están reflejados en las propuestas de trabajo emanadas de los organismos oficiales de la comunidad? ¿Tienen presencia activa en las comisiones de cultura? (…) ¿Por qué “la cultura” está siempre en manos de unos pocos, generalmente aquellos que han tenido mayor instrucción, mayor posibilidad de recibir enseñanza sistemática?.⁴²

Finalmente, en la evaluación se señalaban dos aspectos a rectificar para modificar esta situación: 1) mejorar el funcionamiento interno de las comisiones de cultura municipales y “revisar” si todos los integrantes tenían las mismas posibilidades de participación y si las decisiones se tomaban por consenso; y 2) mejorar las relaciones de las comisiones con la comunidad: “Parecería que, por un lado fluye la vida cultural y por el otro, están las acciones del área de cultura”.⁴³

Así, la participación emergía como necesidad para la ejecución del proyecto cultural aunque no como fin en sí mismo, sino como parte de un proceso indispensable para el desarrollo de la comunidad. Y la legitimación de esa participación en canales institucionales vinculantes se planteaba como fundamental.

Entre 1989 y 1995, la cantidad de localidades con direcciones o comisiones de cultura pasó de 30 a 48, como puede observarse a partir de la comparación de las Imágenes 1 y 2:

Figura2

Localidades pampeanas que contaban con Comisiones y/o Direcciones de Cultura en 1989.⁴⁴

Figura 3

Localidades pampeanas que contaban con Comisiones y/o Direcciones de Cultura en 1995.⁴⁵

No obstante, la publicación establece una diferencia sustancial. Por un lado, la situación de aquellas localidades que habían creado direcciones de cultura en la estructura municipal, con presupuesto propio, personal y titular rentado, como era el caso de Santa Rosa, General Pico, Ingeniero Luiggi, General Acha, Intendente Alvear y Eduardo Castex. En ellas, en 1995 quedaba pendiente institucionalizar los canales de comunicación con los diferentes grupos y organizaciones culturales “de tal manera que permitan una relación orgánica y permanente entre el municipio y la comunidad”.⁴⁶ Por otro lado, la situación de aquellas localidades que no contaban con direcciones incorporadas a la estructura gubernamental pero habían creado comisiones municipales de cultura, lo que “da cuenta de una voluntad política de jerarquizar el área”,⁴⁷ aunque fuera necesario revisar sus modos de funcionamiento para lograr una participación real y efectiva. Entre ellos, la adecuación de la normativa municipal y del organigrama administrativo para permitir la institucionalización y legitimación de las comisiones y los mecanismos de selección de sus integrantes.

Es posible que, con el paso del tiempo, la conformación de áreas de cultura municipales con responsables y personal rentados, sumada a la independencia efectiva que el Decreto 1177/91 otorgaba a los intendentes para designar a los representantes en el Consejo Provincial de Cultura, hayan provocado que las comisiones de cultura municipales –originalmente pensadas como órganos consultivos de los gobiernos locales en material de política cultural- devinieran en organismos innecesarios. Aunque en sus inicios se gestaron como espacios democráticos de participación horizontal para las instituciones y grupos culturales de la comunidad, su sostenimiento dependía en la práctica de la voluntad y el entusiasmo de quienes participaban, lo que volvía difícil que perduraran en el tiempo, sobre todo cuando sus funciones iniciales pasaron a institucionalizarse en áreas rentadas de los municipios.

Por otra parte, la evaluación del proyecto daba cuenta además de la implementación de políticas culturales específicas, como aquella que fomentaba la expansión de las bibliotecas populares en la provincia (que en 1995 llegaban a 54, todas ellas normalizadas y con pleno funcionamiento), dispuestas a funcionar como verdaderos centros culturales, de estímulo no solo de la lectura sino también de las artes y la investigación histórica, además de ofrecer charlas y conferencias abiertas a la comunidad sobre distintos temas de interés general. También la creación de Casas de la Cultura en el marco del Plan de recuperación y revalorización del Patrimonio Histórico Arquitectónico y Natural, puesto en marcha en 1991. Así, edificios históricos como estaciones de ferrocarril, casas de antiguos pobladores o viejas usinas fueron refaccionados y puestos en valor en las distintas localidades para su utilización como espacios culturales. Se entendía que un espacio físico dedicado a “la cultura”, que además tenía un valor histórico y afectivo en la memoria social local, permitiría concentrar y potenciar las actividades (cursos, talleres, muestras, funcionamiento de bibliotecas y museos) en cada una de las comunidades, dándoles un referente simbólico y material. De solo dos Casas de la Cultura que había en La Pampa en 1989 –localizadas en las dos ciudades más pobladas, Santa Rosa y General Pico- para 1995 habían aumentado a un total de 23, como se observa en las Imágenes 3 y 4:

Figura4

Localidades pampeanas que contaban con Casas de la Cultura en 1989.⁴⁸

Figura 5

Localidades pampeanas que contaban con Casas de la Cultura en 1995.⁴⁹

Finalmente, en la evaluación actualizada a 1995 de la implementación del proyecto, se señalaban como fortalezas la valoración positiva del Consejo Provincial de Cultura como ámbito de encuentro, discusión y planificación de actividades; y el fortalecimiento de la comunicación con las instituciones culturales de la provincia, por una doble vía: en la representación de las comisiones municipales de cultura en el CPC y en el contacto que personal técnico de la Subsecretaría tomaba cuando concurría a las localidades a brindar asistencias y cursos. En cuanto a las debilidades detectadas, se marcaba la necesidad de jerarquizar las áreas de cultura municipales y de regular su accionar; y la de organizar e institucionalizar las comisiones municipales de cultura mediante normativa específica, que garantizara la participación de las instituciones locales y la representatividad de sus miembros. Asimismo, se consignaba que debía asignarse un presupuesto como parte de la “institucionalización requerida y deseada”.⁵⁰

4. Relaciones y tensiones con el gobierno nacional

El proceso de integración que acometía La Pampa, buscando la descentralización y articulación político-administrativa entre provincia y municipios, se enmarcaba en un contexto nacional donde el área cultural se hallaba desatendida y bajo los influjos de una política económica que, a la par que implementaba un Plan de Convertibilidad (1991) para frenar la inflación, liberaba restricciones a las importaciones y prometía una “revolución productiva”, también llevaba a cabo privatizaciones de empresas estatales, se endeudaba externamente, flexibilizaba las condiciones laborales y reducía las funciones sociales del Estado, generando desempleo y exclusión (Svampa, 2005). Analistas de la época denunciaban la mercantilización de la cultura, la inexistencia de políticas culturales durante el menemismo, el cierre de centros culturales, la disminución del presupuesto para la cultura y de los públicos, afectados por la crisis económica (Wortman, 1997).

Los gobernadores pampeanos Néstor Ahuad (1987-1991) y Rubén Marín (1983-1987, 1991-1995, 1995-1999 y 1999-2003) fueron aliados claves de Carlos Menem en su arribo a la Presidencia de la Nación en 1989⁵¹ y su posterior reelección en 1995, previa reforma constitucional.

Este alineamiento continuó durante los gobiernos menemistas, en los que La Pampa se vio beneficiada con presupuesto para obras e infraestructura,⁵² y una “llegada” inédita de políticos pampeanos a la Casa Rosada, ocupando diversos cargos en el gabinete nacional (Zink et al., 2011). Pero los gobernadores también estuvieron prontos a llevar a la Legislatura pampeana e implementar diferentes iniciativas que la Nación solicitaba a las provincias para acompañar el proceso de reforma del Estado, como por ejemplo, normas que controlaban el empleo estatal, restringían el gasto y habilitaban privatizaciones.⁵³

No obstante, esto no significó una alineación automática a las políticas culturales nacionales; sino que, por el contrario, implicó fuertes cuestionamientos en el ámbito del Consejo Federal de Cultura, integrado por los titulares del área cultural de todas las jurisdicciones provinciales y de la Nación.

En una reunión de ese organismo, realizada en 1994 en la ciudad de Buenos Aires, la subsecretaria Durango pronunció un discurso con duras críticas a la Secretaría de Cultura nacional, por entonces a cargo de Mario “Pacho” O’Donnell (habían pasado tres secretarios en un lapso de seis meses), y a la falta de políticas verdaderamente federales:

Usted, que es un hombre de la cultura, que viene con experiencia previa, sabrá, señor O’Donnell, que las provincias seguiremos funcionando lo mismo con o sin organización y ayuda de la Secretaría de Cultura de la Nación. Tanto, que podríamos decir que Nación ha sido profundamente descentralizadora y pido a mis colegas que no se asombren, pero debo decirlo así, si entendemos que el régimen que hemos tenido que aplicar a la fuerza ha sido fortalecernos regionalmente (por lo menos la Patagonia así lo ha hecho), con total autonomía por no tener ninguna línea de acción, sin apoyo nacional y a expensas de nuestros propios recursos y criterios.⁵⁴

La planificación de programas nacionales, con su correspondiente financiamiento y encuadre en una política central, era la principal demanda planteada por Durango para evitar “esa actitud mendicante” que las provincias se veían obligadas a asumir para gestionar cuestiones tan simples como un pasaje, una asistencia técnica o un mero contrato. Además, reclamaba la modernización de la legislación, la capacitación de los agentes culturales, el apoyo a creadores e instituciones, la inversión en infraestructura y preservación patrimonial, y la circulación de bienes culturales, enmarcada en una adecuada comunicación.

Como ha sostenido Oscar Oszlak en un lúcido ensayo publicado por primera vez en 1980, los límites de la acción estatal están determinados “por la distinta naturaleza de las interdependencias existentes entre los agentes y unidades estatales que intervienen en los procesos de decisión y ejecución políticas. Y en parte, varían según los condicionamientos que en estos diferentes planos de interdependencia imponen las características del régimen político” (Oszlak, 2015:202-203). Durango parecía tener claras esas interdependencias y condicionamientos cuando le reclamaba a O’Donnell:

Es necesario, a mi criterio, jerarquizar los asuntos culturales dentro de las acciones públicas y esto no lo hacemos con discursos, ni siquiera pretendiendo un Ministerio de Cultura (al que no me opongo) sino mejorando la imagen política de los organismos de cultura y logrando eficacia y eficiencia administrativa y económica, dejando de estar rezagados del resto.⁵⁵

Si bien la funcionaria admitía “en mi provincia también tengo problemas, demandas sin solucionar, proyectos sin concretar, sueños sin concluir”, reivindicaba frente a sus pares provinciales la necesidad de promover la participación organizada de la comunidad en la planificación de proyectos culturales y líneas de acción, que hicieran “sentir a las personas partícipes de los procesos” e instalaran un “horizonte de futuro más allá de la crisis”.⁵⁶

5. Conclusiones

En paralelo a la constitución de La Pampa como provincia, a comienzos de la década de 1950, los esfuerzos de la política cultural estatal estuvieron orientados a apuntalar una construcción identitaria que acompañara la autonomía política y administrativa con respecto al Estado nacional y la diferenciara de otros espacios provinciales, como el bonaerense. En cambio, en la fase iniciada a finales de los años 80, a los objetivos de integración simbólica de la provincia (evidenciados en la continuidad de algunas políticas, como la de publicaciones a través del Fondo Editorial Pampeano, el desarrollo de certámenes como los Salones Pampeanos de Artes Plásticas, el apoyo a la investigación regional a través del Departamento de Investigaciones Culturales de la provincia, o a las ediciones de “música pampeana”), se sumaron los de descentralización y despliegue territorial del Estado y de sus políticas públicas, fomentando las tramas culturales locales, pero en articulación y bajo la coordinación de la administración cultural central.

El diseño y ejecución del proyecto “Propuestas para la participación organizada de la comunidad” (1989-1995), que hemos analizado en estas páginas, entendemos que resulta de interés por varias razones. En primer lugar, porque aporta a la comprensión de un tema poco explorado: el modo en que un Estado provincial reordenó la administración cultural articulando recursos y capacidades con los Estados municipales de su territorio, a través de diversos mecanismos para estimular la participación social, en un marco de consolidación de la democracia como fue el de finales de la década de 1980 en Argentina. La implementación de un diagnóstico participativo, el estímulo a la creación de comisiones municipales de cultura con base social amplia, la capacitación de agentes multiplicadores en las localidades y la articulación de jurisdicciones en el ámbito del Consejo Provincial de Cultura, fueron los principales mecanismos utilizados.

En cuanto a las políticas culturales específicas que ese reordenamiento permitió llevar a cabo, en este trabajo solo mencionamos las más inmediatas desarrolladas en ese primer periodo e incluidas en la evaluación del proyecto, como la creación de Casas de Cultura municipales, el Plan de recuperación y revalorización del Patrimonio Histórico Arquitectónico y Natural y el fortalecimiento de las bibliotecas populares en tanto centros culturales. Además de establecer una estructura administrativa específica para la actividad cultural en la órbita municipal, con cargos preferentemente rentados y presupuestos acordes, el hecho de contar con espacios físicos específicos para “la cultura” en cada localidad fue un objetivo central del proyecto. Se trataba de espacios que tenían un valor histórico y afectivo en la memoria social local, y que en la práctica permitirían concentrar y potenciar las actividades (cursos, talleres, muestras artísticas, espectáculos, funcionamiento de bibliotecas y museos), dándoles a sus poblaciones un referente simbólico y material que dinamizaba la actividad cultural a nivel comunitario y, a la vez, como parte de una “cultura pampeana”.

La evaluación del proyecto, como vimos, resaltaba los avances logrados en la institucionalización a través de la creación de direcciones y/o de comisiones de cultura en las comunidades, aunque remarcaba los obstáculos que luego de la ejecución aún persistían para lograr una participación real y no simbólica de los distintos sectores de la población. En particular, se señalaba la ausencia de los jóvenes y de los sectores con menores recursos materiales y simbólicos en estos ámbitos de participación y toma de decisiones. Al mismo tiempo, puntualizaba la falta de representantes rentados en el CPC y de áreas de cultura con presupuesto y personal propio en las estructuras administrativas municipales, así como las fallas de comunicación entre los gobiernos municipales y las comisiones de cultura, y la necesidad de normativa específica para la actividad cultural.

En el análisis, si bien destacamos la potencialidad del Consejo Provincial de Cultura como ámbito de articulación política entre jurisdicciones, señalamos también el modo en que el Decreto 1177/91 excluyó a las comisiones municipales de cultura y a los concejos deliberantes de la elección de representantes en el organismo. De esa forma, la norma dejó librada la selección a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo municipal de cada localidad; y por lo tanto, constriñó la noción de participación que se hallaba contenida en el proyecto original de la Subsecretaría de Cultura.

En segundo lugar, este proceso se dio en el marco de la implementación de una reforma del Estado nacional durante el primer gobierno de Carlos Menem, inscripta por Oszlak (1999) en los llamados procesos de “primera reforma del Estado” que se produjeron en distintos países a raíz del giro neoliberal de los años 70 y 80, e implicaron la privatización o desregulación de servicios públicos, así como la reducción y eliminación de funciones y reparticiones estatales completas, o bien su traspaso a las jurisdicciones subnacionales. Y si bien los gobiernos pampeanos del periodo analizado se alinearon políticamente con el menemismo y realizaron las reformas solicitadas por la Nación a las provincias, como vimos no fue estrictamente así en el área cultural.

Tanto en la implementación de la reorganización de la administración cultural y las políticas desarrolladas desde la Subsecretaría de Cultura de La Pampa en articulación con los municipios, como en las posiciones expresadas por la titular provincial en el Consejo Federal de Cultura, hubo un cierto distanciamiento con respecto a la concepción político-ideológica del gobierno nacional sobre la cultura y el tipo de políticas desarrolladas entre 1989 y 1995 –o bien su ausencia, como denunciaba Durango-, lo que provocó algunas fricciones entre ambos niveles administrativos, al menos en esa coyuntura.

Finalmente, el artículo deja planteados algunos puntos de interés para analizar la continuidad de gobiernos peronistas en La Pampa durante casi cuatro décadas, aunque no sea el objetivo de este trabajo. La documentación, análisis y publicación minuciosa de cada una de las etapas de implementación del proyecto “Propuestas para la participación organizada de la comunidad”, más allá de su declarado interés en “transparentar la acción oficial” y dar cuenta de “los lineamientos políticos y administrativos que encuadran la actividad cultural”,⁵⁷ revela también una intencionalidad de mostrarlo como un logro de gestión que fortalecía la presencia del Estado provincial en el territorio, ampliaba la participación social y la ordenaba en un marco institucional concreto, además de regular las relaciones con los municipios. Es decir, un “uso de la cultura” (Yúdice, 2002) que también tuvo consecuencias en la carrera política de quienes lo implementaron.⁵⁸

Pero, a la vez, la construcción simbólica de la provincia como una “comunidad organizada”, y los esfuerzos por materializarla a través de canales de participación institucionalizados, afianzando la presencia estatal en el interior provincial, parecen haber desempeñado también un rol en la consolidación de identidades políticas a la vez que culturales. Como ha sostenido Chris Shore, “uno de los aspectos más importantes de la formulación de las políticas públicas es la forma en que las políticas construyen nuevas categorías de subjetividad y nuevos tipos de sujetos políticos, particularmente conceptos modernos del individuo” (Shore, 2010: 36). Y, en ese sentido, entendemos que el proyecto analizado en estas páginas, aportó tanto a reforzar la construcción de“pampeanidad”, es decir, el sentido de pertenencia a una comunidad provincial que era relativamente nueva en el concierto nacional, como a consolidar la hegemonía del peronismo pampeano.

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Notas