“… sin el congreso no tendrá forma regular nuestro gobierno: sin el congreso viviremos como en la actualidad unidos por accidente, federados sin leyes, asociados sin régimen, ciudadanos sin patria…”^[1]

El fin de la experiencia de gobierno del Directorio, encabezado por Juan Martín de Pueyrredón y creado tras la declaración de independencia del 9 de julio de 1816, puso de manifiesto la persistencia de dos posturas distintas acerca de cómo debía organizarse el territorio del exvirreinato del Río de la Plata.^[2] Estas posiciones, descriptas usualmente como la de unitarios enfrentados a federales, descansaban en una diferencia sustancial en su concepción de la soberanía. Los llamados unitarios sostenían que la soberanía retrovertida al Pueblo del ex virreinato era una e indivisible, por lo tanto, bregaban por la unidad de régimen.^[3] En cambio, los federales afirmaban que desde el momento en que había vacado el poder real, en 1808, las ciudades habían recuperado sus derechos soberanos y por ende cualquier gobierno que se organizara debía respetar este atributo. Ellos eran los que apoyaban la unión de los Pueblos.^[4] Pese a estas diferencias y a las profundas divergencias respecto a su estatus político y, por ende, a las facultades para organizarse, las ciudades estaban unidas por lazos antiguos que las impulsaron a ensayar distintos modos de funcionamiento conjunto durante más de tres décadas.

Entre finales de 1819 y principios de 1820, cada una de las ciudades representadas en el cuerpo político de las Provincias Unidas en Sudamérica alegó que la soberanía había revertido en ellas como resultado de la disolución del poder central.^[5] Las que hasta 1820 habían desempeñado el papel de sedes y cabeceras de distritos mayores (Gobernaciones Intendencias) se opusieron a las pretensiones de independencia de sus subordinadas. A pesar del descontento y de las solicitudes que cursaron para que estas se reincorporaran a los antiguos entramados administrativos y constituyeran unidades políticas de mayor envergadura, las ciudades optaron por la independencia. La excepción a esta regla fue Jujuy, que permaneció unida a Salta hasta 1834 pero obtuvo representación separada en los congresos.^[6]

Las cuestiones que menciono han sido analizadas y referenciadas por una gran cantidad de estudios y reflejadas en varios debates académicos, motivo por el cual no considero necesario detenerme con detalle en ellas.^[7] Sin embargo, me parece importante aclarar que, aunque las Provincias hayan defendido distintas formas de organización –federal o confederal o unitaria– siempre lo hicieron consintiendo ser parte de una misma nación. No obstante, este horizonte común no impidió que algunas provincias “coquetearan” con la idea de romper con el proyecto y unirse a otros, y que algunos territorios que participaron activamente en los congresos de 1816 y 1824 terminaran separándose.^[8] Esto indica la existencia de una intención inicial de constituirse como nación que, para la mayoría, se mantuvo a lo largo del tiempo ¿Cuál nación? es un asunto que sí estaba en debate.^[9]

Sin alejarnos de ese marco, el presente artículo propone analizar la posición asumida por La Rioja en el Congreso convocado en Buenos Aires en 1824. El interés por observar dicho caso está relacionado con tres cuestiones. La primera, con la condición de Provincia subalterna –dependiente de Córdoba– que mantuvo hasta 1820 y que la Gaceta de Buenos Ayres definió como “miserable” por su escasa población y pobreza.^[10] En segundo lugar, con la delegación de su representación en un apoderado que encarnaba los intereses de un proyecto –una empresa comercial con sede en Buenos Aires y ligada a Braulio Costa– y, por último, con el hecho de haber ingresado en el Congreso como una provincia que propiciaba un gobierno de unidad y haberse retirado proclamando la unión.^[11] Sostengo que la participación de La Rioja en el Congreso de 1824 debe entenderse considerando el interés que la élite dirigente local tenía en el desarrollo de la explotación del cerro del Famatina y la acuñación de moneda en el contexto de la expansión internacional de inversiones. Garantizar ese negocio estaba asociado a la posibilidad de hacer viable una Provincia cuya situación geográfica era muy distante de los caminos que conducían al puerto atlántico de Buenos Aires y que entendía que la explotación de las minas y la acuñación eran un derecho de los riojanos.^[12] Las decisiones del gobierno nacional en relación con la economía, pero también en lo relativo a la política interprovincial, explican el giro político riojano hacia el federalismo.

Para desarrollar mi análisis dividí el texto en tres partes. En la primera me ocupo brevemente de los antecedentes del Congreso de 1824 por ser estos significativos para comprender los argumentos y la toma de posición riojana. En la segunda parte analizo la participación de La Rioja en el Congreso destacando los temas en los que se involucró y las posturas que esgrimió en defensa de sus intereses, asociados al desarrollo minero. Y, por último, reflexiono sobre las causas que impulsaron su retiro de la convención en 1827 y el cambio de posición política del líder militar y político riojano con más ascendencia en el interior, Juan Facundo Quiroga.

Debo señalar que para dar cuenta del tema que estudio me valí de fuentes muy diversas. El problema que analizo, el espacio que seleccioné y mi enfoque implicaron el uso de documentación principalmente institucional (sesiones del Congreso, de la sala de representantes de La Rioja, decretos, etc.), correspondencia oficial y privada, relatos de viajeros y prensa. A partir del cruce de esta información fui respondiendo a las preguntas sobre la agenda de La Rioja en el Congreso de 1824-1827.

Un congreso en córdoba para resolver el laberinto de las repúblicas

En 1820, la celebración de un Congreso se percibía como una necesidad y, al mismo tiempo, como una solución al contexto de disolución que había abierto el trágico final del gobierno del Directorio y la consiguiente invasión de Buenos Aires por parte de los federales. La firma del pacto del Pilar, luego de la batalla de Cepeda, no logró generar confianza. La paz propiciada por el pacto, firmado el 20 de febrero de 1820, duró poco. La posición del flamante gobernador federal de Buenos Aires, Manuel Sarratea, generó una decidida oposición que desembocó en su destitución en marzo y el recrudecimiento de la ofensiva federal en la región.^[13] En este contexto, la prensa de Buenos Aires publicó artículos que reactivaron un debate preexistente. Como se desprende de la lectura de la Gaceta, la cuestión parece sugerir esa dirección “¿Quién ha conducido la nación a esa dislocación, o disolución de sus partes? ¿Quién ha diseminado en todos los corazones ese odio a la decantada unidad?”^[14] Aunque había varias respuestas a estas preguntas, lo más difícil era encontrar soluciones que enlazaran a los que querían la unión (los federales) con los que querían la unidad (los centralistas, ministeriales, los hombres del llamado Partido del Orden, luego unitarios) de las Provincias.^[15]

En julio del año veinte, tanto el gobernador provisorio de Buenos Aires, Manuel Dorrego, como su par de Córdoba Juan Bautista Bustos, coincidían en que “sin un centro de unión”^[16] era imposible organizar políticamente las Provincias. Además, ese logro era urgente para establecer un mínimo de orden en un territorio que estaba atravesado por la violencia armada.

En el mes de noviembre, con el arbitraje de Bustos, el gobernador federal de Santa Fe, Estanislao López, y el recientemente electo, centralista, Martin Rodríguez de Buenos Aires firmaban un nuevo acuerdo de paz en la estancia de Tiburcio Benegas. El tratado, además de estipular el cese de las hostilidades, comprometía a las partes a concurrir un Congreso convocado por Córdoba.^[17]

En marzo de 1821 Juan C. Varela, Matías Patrón y Justo García y Valdés, habían llegado a la Provincia mediterránea. Eran los representantes de Buenos Aires.^[18] En un informe a su gobierno expresaban que las Provincias de

“Salta, Tucumán, Catamarca, y la Rioja son las que no han enviado hasta hoy sus diputados. Las demás que estamos ya en este destino, debemos reunirnos a la brevedad posible con el objeto de invitar a aquellos Pueblos a que remitan cuanto antes sus Representantes, y satisfagan de esta parte el voto publico”.^[19]

Unos días más tarde, el cordobés Francisco Bedoya comunicaba que, además de los de Buenos Aires y Córdoba, ya estaban listos para sesionar los diputados por “Santa Fé, San Juan, San Luis, Mendoza, y Jujuy y me lisonjeo –agregaba– de que pronto estarán los de las demas”.^[20] La espera del envío de los representantes de Salta, Tucumán, Catamarca, y La Rioja para la apertura “del tercer congreso”, como se subraya, generó resquemores y dio lugar a comentarios y reflexiones acerca de la vacuidad de una reunión que no lograba completarse. En ese cotilleo, los periódicos de Buenos Aires tuvieron un lugar importante, sobre todo porque prestaron su voz a una parte importante de los políticos porteños, entre ellos, y en primer lugar, a Bernardino Rivadavia ministro de gobierno y relaciones exteriores de la provincia de Buenos Aires.

El periódico El Argos, editó su primer número en mayo de 1821. Desde el inicio y de modo sostenido durante los meses que siguieron, su redactor, Santiago Wilde intentó mostrar que la reunión del Congreso en Córdoba podría ser ocasión para que el caudillo federal entrerriano Francisco Ramírez impusiera su proyecto al resto (Herrero, 2020: 41-47). A estas ideas, respondió El Imparcial de Córdoba preguntando “¿De dónde ha sacado V. Dr Argos, que estos hombres [en referencia a los Diputados del Congreso de Córdoba] pasaran por reunirse bajo (46) los auspicios de [José Miguel] Carreras y [Francisco] Ramírez?”. A la incertidumbre expuesta por el Argos, con independencia de su veracidad, sobrevino un intervalo de confianza relativa que se vio erosionado por la implantación progresiva de dos ideas. La primera buscaba cuestionar la legitimidad de la convocatoria al Congreso al discutir si la reunión debía tener carácter constituyente o, dadas las circunstancias, ser solo una convención. La segunda, relacionada con la primera, tenía que ver con las posibilidades institucionales de las Provincias de lograr acuerdos. Proponía que, considerando la gravedad de la situación general y, en particular, de Buenos Aires, era necesario concentrar los esfuerzos en el restablecimiento del orden interno antes que en un Congreso. Así lo expresó El Argos:

“Nuestra opinión no está enteramente de acuerdo con la de la generalidad sobre los puntos que este cuerpo debe llamar á deliberación: pero sin entrar á rebatirla, nosotros expresaremos la nuestra para el caso de lograr reunirlo, considerándolo no bajo el carácter de un cuerpo legislativo, sino bajo el de una convención. De todos modos quisiéramos que Buenos-Ayres no perdiese el tiempo en aguardar la reunión del congreso, ó llámese convención, para derivar de él su sistema político; y que olvidándose de que puede esperar como los demas pueblos algunos beneficios de aquella respetable institución, solo pensase y se ocupase en proporcionárselos por sí, dando á sus negocios públicos un carácter sólido y permanente.”^[21]

Las notas de El Argos además de subrayar que Buenos Aires debía concertarse en sus propios problemas, propone la formación de una alianza estratégica con Santa Fe con el propósito de fortalecer la cooperación y la coordinación entre ambas Provincias, sobre todo en razón de la vigencia de las actividades de Ramírez y Carreras.^[22]

Mientras, los meses transcurrían, y la demora en el envío de diputados se convirtió en un símbolo de la poca confianza que inspiraba la reunión, pero también, de los problemas internos que atravesaban las Provincias. En este sentido el caso de Tucumán es elocuente. En el mes de septiembre de 1821, la Republica del Tucumán gobernada por Bernabé Araoz, fue objeto de una rebelión al mando del general Abraham González quien declaró en un manifiesto:

“El Congreso general forma el objeto de los votos y más vivos deseos de los amantes de la unión : la obligación general de las Provincias para nombrarlos y remitirlos a Córdoba : el compromiso particular del Presidente en los tratados con Santiago [del Estero], las invitaciones repetidas de los Diputados ya electos residentes en Córdoba, las de Buenos Aires y Córdoba; las reclamaciones del Jefe de Santiago, y de todos los hombres buenos de Tucumán; no han sido bastantes para dar cumplimiento a este deber sagrado, y es con justicia que se ha creído un meditado plan de entretenidas y dilaciones huyendo del término del desorden, y momento de reconocer una autoridad capaz de poner en piezas el laberinto de la república.”^[23]

Como se ve, los argumentos esgrimidos por González para justificar su rebelión fueron la demora de Tucumán en enviar diputados al Congreso, reunión que se consideraba necesaria para alcanzar el orden interno.

Por su parte, recién el 25 de julio de 1821, el diputado por La Rioja Pedro Ignacio de Castro Barros emprendió su viaje a Córdoba. También en este caso la situación interna de la Provincia demoró el envío de su representante. Un día antes de partir, Castro Barros escribió a Facundo Quiroga, comandante de armas de aquel partido, pidiéndole que conservase el orden en La Rioja. Asimismo, le decía que en su viaje se detendría en Polco (Los Llanos) para averiguar si el camino estaba despejado. Menciona “Al presente algo nos ha agitado [José Miguel] Carrera por ese lado, y [Francisco] Ramírez por parte de Catamarca, pero mientras U. viva, nada nos han de hacer nuestros enemigos”.^[24] Las noticias de la captura y muerte de Ramírez, el 10 de julio, ya se conocían en Buenos Aires, pero aparentemente el cura no estaba al tanto.^[25]

En septiembre, el inicio de las sesiones del Congreso corría serio peligro, incluso con la mayoría de los diputados reunidos en Córdoba. En octubre, ya se empezaba a notar lo que Nora Souto identificó como una campaña de boicot al Congreso.^[26] La cuestión que alimentó la idea de que no era posible celebrar una reunión en los términos vigentes estuvo relacionada con el desorden imperante, incluso después, o sobre todo por las muertes de Ramírez y Carrera, este último fusilado en septiembre de 1821.

Los argumentos esgrimidos por un sector significativo de la prensa de Buenos Aires no eran intrascendentes. Una proporción considerable de las Provincias se hallaba inmersa en un contexto de violencia que se entrelazaba con los conflictos políticos, impregnando así el panorama social y político de la época. Sin ir más lejos, Castro Barros informó a Quiroga, que el ex gobernador Antonio Ortiz de Ocampo, quien había sido destituido en octubre de 1820 por Nicolás Dávila, elegido a su vez gobernador, estaba comprando armas en Buenos Aires y agregaba “…es preciso advertir, que Buenos Aires ha de procurar ahora por todos los medios convulsiones en los Pueblos para justificar su oposición a Congreso bajo pretexto de que aun no están capaces de concentrase…”^[27] Luego, en un tono más confiado, agrega: “En el 4 del que entra [se refiere a noviembre] se instala el congreso a pesar de la brusca oposición de los porteños, a quienes ya poco necesitamos teniendo monedas de cordón en nuestra Rioja, como ya tenemos por el esfuerzo de nuestro benemérito Gobernador Dávila”.^[28] Esta aseveración del cura Castro Barros revela el interés, casi exclusivo, de La Rioja para integrarse a este y al próximo congreso. No pretendo afirmar, que los restantes puntos de la convocatoria no resultaran provechosos para los riojanos; sino que su propósito principal era lograr monopolizar la acuñación de moneda y todo el proceso asociado a esta. Finalmente, la asamblea convocada en Córdoba en 1821 nunca sesionó y su reunión se postergó. Sin que hubieran desaparecido los problemas esgrimidos para retirar a sus diputados de Córdoba, Buenos Aires convocó un Congreso a finales de 1824.

La representación riojana en el congreso de Buenos Aires (1824-1827)

Como afirma Nora Souto “la última reunión en la que se discutió la forma de organizar políticamente a las provincias rioplatenses entre dos modelos opuestos, unidad y federación” (2025: 1) fue el Congreso constituyente de 1824-1827, convocado por Buenos Aires. Las actas de aquel encuentro, así como los intercambios de correspondencia, nos permitirán observar cómo se proyectaba La Rioja en un ámbito mayor que el regional.

En marzo de 1824, Salvador María Del Carril, gobernador de San Juan, escribió a Quiroga mencionándole la inminente llegada a La Rioja de un emisario porteño con el propósito de impulsar la rápida elección de diputados. La misión estaba a cargo del presbítero Diego E. de Zavaleta quien también debía visitar el resto de las provincias cuyanas y Córdoba. Al margen de los propósitos enunciados formalmente, su tarea era incidir en los nombramientos y, en este punto, Del Carril opinaba que: “es muy esencial amigo que no nos manden clérigos al Congreso”.^[29] La posición del gobernador sanjuanino respecto a evitar la elección de sacerdotes para representar a La Rioja tiene que ver, en nuestra opinión, con dos cuestiones. En primer lugar, con motivos de orden ideológico. El sanjuanino fue uno de los principales impulsores de las reformas eclesiásticas en su provincia y era bien conocida su escasa simpatía hacia el clero.^[30] En segundo lugar, es probable que tuviese temor de que Pedro Ignacio de Castro Barros, que ya había representado a La Rioja en los anteriores congresos de 1816-1819 y de 1821, repitiera su cargo. Recordemos que Del Carril se enfrentó a algunos sacerdotes, sobre todo a aquellos que se contaban entre los defensores de Roma, como Castro Barros.^[31] En este sentido, no se equivocaba al desconfiar de Castro Barros. Fue él, en su calidad de visitador eclesiástico de las provincias de Cuyo, en 1827, quien consiguió que se diera marcha atrás con las reformas eclesiásticas implementadas en San Juan y Mendoza (Ayrolo, 2017).

La convocatoria del Congreso de Buenos Aires hacía referencia a la necesidad de organizar las Provincias Unidas en una entidad política común, con la intención principal de facilitar acuerdos económicos con Gran Bretaña y mejorar la inserción en el comercio atlántico. Este proyecto satisfaría las necesidades de expansión de la economía bonaerense y del litoral. Pero, para alcanzar ese propósito, era necesario considerar tres cuestiones importantes y entrelazadas. La primera, el reconocimiento de la independencia por parte de Gran Bretaña. La segunda, la aprobación de la tolerancia religiosa –la libertad de cultos estaba muy lejos de ser aceptada– y tan solo después, la firma de un tratado comercial que daría prioridad a Gran Bretaña sobre el resto. Estos son los motivos que explican la insistencia de Del Carril en que el representante de La Rioja no fuera eclesiástico, especialmente Castro Barros, quien se oponía con vehemencia a la tolerancia de cultos.^[32]

Para una mejor comprensión de la situación y el posicionamiento de La Rioja, se considera necesario realizar un breve recorrido por los meses anteriores a la convocatoria del Congreso.^[33] Una vez que el gobernador Nicolás Dávila fue derrotado por las fuerzas de Facundo Quiroga en la batalla del Puesto en mayo de 1823, la Junta de Representantes se reunió en los primeros días de junio y ofreció el cargo a Quiroga. El comandante de los Llanos recusó vehementemente su nombramiento como gobernador.^[34] Motivo por el cual, el 12 de junio de 1823 a través de un cabildo “popular” se eligió como “Gobernador Intendente” a Manuel Antonio Blanco, y como comandante general de la Provincia a Facundo Quiroga.^[35] Pero la administración de Blanco fue corta. A finales de agosto de 1823, apenas dos meses de iniciada su gestión las facciones que se habían enfrentado en 1820, estaban movilizadas nuevamente. En marzo de 1824, un “tropel de circunstancias políticas”^[36] llevaron a la renuncia de Blanco. La Junta de Representantes, luego de aceptarla, reasumió la soberanía de la Provincia el 24 de marzo de 1824. Inmediatamente después, ordenó a las comandancias de milicias de la Provincias realizar elecciones. En mayo de 1824, en medio de una epidemia de gripe en la ciudad, se eligió como gobernador intendente propietario a Baltasar Agüero, que había sido secretario de la Sala de Representantes, y desde el 3 de abril ejercía funciones de gobierno de forma interina.^[37]

El nuevo gobernador declaró: “con los pocos recursos que hay quiero consagrar todas mis atenciones al cuño [de moneda], que es toda nuestra esperanza”.^[38] La máxima de Agüero refleja el pensamiento de una parte importante de los riojanos interesados en el progreso económico de la Provincia, gracias los negocios alrededor de la minería, y en la repercusión que este tendría en sus intereses personales.^[39] Fue Agüero quien llamó a la conformación de una sociedad para la explotación del mineral de Famatina. Para ello convocó a sus comprovincianos y solo luego ingresaron inversores de Buenos Aires (Segreti, 1975b: 121-123).

En 1821, el gobernador Dávila había invertido en el desarrollo de máquinas para acuñación de moneda. El 15 de mayo de 1821, anunciaba que ya estaba terminada “la máquina de hacer cordón y se está trabajando en el saca bocado”.^[40] Pese a las condiciones rudimentarias del emprendimiento, la consideración acerca de las ventajas que traería que la instalación de un Banco de rescates y Casa de moneda, impulsaron a continuar el plan. Claramente, ambas instituciones estaban vinculadas a la extracción de metal de las minas de Famatina, trabajos que databan de la época colonial. Carlos Segreti menciona que en abril de 1824 se disponía de útiles enviados por Buenos Aires, para construir una máquina provisoria y 25 quintales de bronce que había mandado Córdoba (1975b: 120). La idea del desarrollo minero fue evolucionando hacia la instalación de la Casa de Moneda en la ciudad de La Rioja dejando el Banco de Rescates y la callana en Chilecito.^[41]

La necesidad general de las Provincias de proveerse de moneda, y el antiguo interés de los riojanos, coincidió con una coyuntura de expansión capitalista en el mundo occidental que se vio reflejada en la bolsa de Londres. Allí, se anotaron inversiones accionarias en compañías de minas existentes en Sudamérica.^[42] Pero, tanto las inversiones como su retracción finalizando la década de 1820, impactaron en las economías locales.

Ese contexto explica la presencia de operadores americanos en Londres, así como el “súbito” interés por organizar el Congreso en Buenos Aires y la velocidad con la que se logró el inicio de las sesiones.

La trama de la amistad con Gran Bretaña

El Congreso convocado en Buenos Aires inicia sus sesiones cuando terminaba el año de 1824. Como se dijo, el interés principal de La Rioja era lograr el reconocimiento en su jurisdicción, de un Banco de Rescate y Casa de amonedación que abasteciera a las Provincias reunidas en Buenos Aires. Este deseo, era percibido como la oportunidad para que la Provincia despegara económicamente y con ella su elite.

El impulso que tuvieron las inversiones, como consecuencia de la expansión del mercado financiero británico, se materializó en la constitución de distintos tipos de sociedades, siendo las vinculadas a las minas de gran valor, no solo en La Rioja, sino en otras Provincias del Interior y en territorios vecinos.^[43] La importancia de este último recurso es anotada por varios viajeros que recorrían Sudamérica atentos a identificar posibles inversiones. En 1825, durante un viaje por las Provincias, Samuel Haigh escribió: “En aquel tiempo, pocos ingleses habían andado por ese camino que, en breves meses, estaba destinado a llenarse de un ejército de comisionados, mineros y mineralogistas enviados por las compañías formadas en Londres para llevarse todo el oro y plata dejados por los españoles”.^[44]

La pérdida de valor de la moneda metálica en circulación llevó a la necesidad de acuñar moneda nueva a nivel local. Las dificultades en este terreno son mencionadas por el gobernador de Córdoba, Juan Bautista Bustos, en febrero de 1823, cuando convocó la reunión de una “Junta Provincial gubernativa” para estudiar la materia.^[45] Por entonces, mientras en Buenos Aires se usaba el papel moneda, en las Provincias del Interior circulaban monedas de distinta calidad y valor de cambio.^[46]

Como ya mencionamos, en 1821 Castro Barros le había dicho a Quiroga: “ya poco necesitamos [a los porteños] teniendo monedas de cordón en nuestra Rioja”.^[47] Y, un día después, le escribía al gobernador riojano diciendo que los diputados reunidos “miran como el principal recurso para el sostén del estado, al mineral de Famatina, y a la Casa de monedas que allí se ha establecido, así es que, con las monedas de cordón, que acaban de llegar, han cobrado mayor esperanza y se disponen a fomentar tan interesante establecimiento…”^[48] Una moneda de cordón acuñada en La Rioja ya circulaba (Cohen, 2019: 13), pero, como sabemos al no prosperar el Congreso el plan riojano precisó una nueva evaluación.

La intención de La Rioja de concretar un Banco de rescates y Casa de amonedación que abasteciera a las Provincias congregadas en Buenos Aires se unió a la creación de una sociedad para la explotación de las minas del cerro de Famatina que nutriría ese banco. La compañía inicialmente tendría capitales riojanos.

Como parte del impulso a estos proyectos, en 1824, se envían nuevamente monedas de cordón a Córdoba y a Buenos Aires esperando su aceptación.^[49] La primera habría dado su visto bueno, pero faltaba la opinión de la segunda y la del Congreso.

Pero la de Famatina no fue la única sociedad. En 1818, en el marco de los contactos diplomáticos, se estudió la posibilidad de lograr inversiones en las Provincias Unidas. Para impulsar la economía de la provincia de Buenos Aires, que venía sufriendo las consecuencias de dos décadas de guerras, se autoriza al ministro de relaciones exteriores de esa Provincia, Bernardino Rivadavia, a establecer relación con posibles inversores británicos a fin de crear una sociedad de minas para explotar las de oro y plata que existían en las Provincias Unidas.^[50] El dato que complicaba el asunto, era que las Provincias ya no estaban unidas y por ende reclamarían sus derechos al goce de los beneficios de las explotaciones en su suelo.^[51] Sin considerar con detalle este asunto, que luego sí tendrá importancia, Rivadavia contactó a los hermanos Hullet para que constituyan una Compañía en los términos que lo creyeran adecuado.^[52] En 1824, Rivadavia estaba en Londres. En diciembre como resultado de varias reuniones con distintos inversores se constituyó formalmente la Provinces of Rio de la Plata Mining Association. Los capitales eran en su mayoría ingleses.^[53]

Los distintos tipos de sociedades que se fueron formando muestran las concepciones de quienes las promovieron, así como sus proyectos políticos. Durante el primer quinquenio de 1820, un número importante de hombres de negocios iberoamericanos se encontraba en Londres intentando captar capitales. La correspondencia que entabló en 1825 el diplomático chileno Mariano Egaña con su padre, senador de aquella nación, nos permite comprender la dinámica de estas compañías. En una larga carta del 20 de julio de 1825, tras mencionarle la incomodidad que le suponía ocuparse del negocio de las minas y las preocupaciones que le generaba la posibilidad de haberse metido “en un abismo sin salida”,^[54] le comenta que primero pensó en organizar compañías como las que habían impulsado Bernardino Rivadavia y el Imperio del Brasil, pero luego se decidió por el modelo mexicano. Así lo refiere:

“Cuando se estaba tratando de formar la compañía, que fue cuando extendí y dirigí ese oficio, les había dicho que podrían trabajar las minas que por despobladas o nuevamente descubiertas pidiese la compañía conforme a la Ordenanza de Minas, y sin privilegio alguno particular, siendo en la forma que podía hacerlo cualquier individuo. Para esto me arreglé a lo que habían hecho Rivadavia en la compañía que formó para Buenos Aires y los Ministros del Brasil con las formadas para el Brasil tiempo después. Pero continuando instruyéndome en estas materias supe que en México no se les permitía pedir libremente minas sino contratar con los mineros del país, lo que me pareció más arreglado y útil. Así es que cuando llegó el tiempo de la formación, no les autoricé para tal petición de minas, sino que llanamente les dije que aprobaba el establecimiento de la compañía, pero sin designarles derecho alguno, sino como el gobierno tuviese a bien.^”[55]

La descripción que hace Egaña del sistema aprobado por las Provincias argentinas es el que adoptó la Mining Association, pero hubo una segunda compañía, la de Minas de Famatina que ya mencionamos.

Inicialmente la de Famatina, contó solo con inversores riojanos, a los que se luego, por la cortedad de acciones vendidas, se agregaron capitalistas de Buenos Aires. Los riojanos del grupo que identificamos comprando acciones son Ángel Vicente Ocampo, Juan Gregorio Carreño, Pedro Nolasco Vera, Isidoro Moreno, Juan Ramón Quiroga (hijo de Facundo) y Dolores Fernández (esposa de Quiroga).^[56] Además, existe otra lista de accionistas por demás sugestiva. Se trata de la “Sociedad de Dn. Braulio Costa de que es capellán el Padre Cernadas [Fray Juan Manuel]”. Esta fue comunicada a Quiroga pidiéndole especial consideración por las socias de la compañía “recomendadas en toda línea”: Doña Francisca San Román de Bustos, Doña Manuelita Bustos, Doña Benita Agüero y Doña Tomasina Agüero. ^[57]

La compañía de minas de Famatina, finalmente, estuvo liderada por un grupo constituido por Braulio Costa, Marcelino Carranza, Ruperto Albarellos, Nicolás y Juan José Cristóbal Anchorena, Lucas González, Juan Pedro Aguirre, Juan Pedro Sáenz Valiente, y Juan Fernández Molina (Cohen, 2019: 7). Silvia Romano, tomando a Galmarini, agrega a Guillermo Parish Robertson, Diego Brittain, Pedro Sheridan, Daniel Mackinlay, Ventura Vázquez,^[58] Carlos del Signo (con antigua actuación en Córdoba), Faustino Lezica, Félix Castro. También añade que Robertson actuó en Londres como representante de la sociedad sentando las bases de la Famatina Mining Co, destinada a atraer la participación de inversores ingleses (Romano,1998).

La creación de estas dos sociedades se dio en paralelo al Congreso reunido en 1824 y su derrotero dependió, en mucho, de esa reunión; sobre todo por lo que esta implicó para el intercambio de información y la posibilidad de concretar los asuntos relativos a su desarrollo.^[59]

Como se mencionó, después de recibir al enviado de Buenos Aires y de atender los intercambios entre los hombres interesados en que La Rioja se incluyera en la reunión, la Provincia seguía sin elegir a su representante. Según informa Del Carril a Quiroga “el nombramiento para diputado para el congreso lo mira verde –Zabaleta, el enviado de Buenos Aires– excusándose los riojanos por falta de fondos para dotarlo, aunque la verdadera razón es estan muy divididos en partidos que lo entorpecen todo”.^[60] La carta también menciona varios episodios de violencia en la región y en particular en La Rioja. Quizás por eso y por una epidemia de viruela desatada en la ciudad el asunto estaba demorado.^[61] Sin embargo, el 18 de noviembre de 1824, la Sala de Representantes de La Rioja eligió como su diputado a Ventura Vázquez delegado de una sociedad comercial de Buenos Aires a quien la Provincia de La Rioja, le concedió “la ocupación exclusiva de los minerales” de La Rioja.^[62] Se le dieron facultades para ocuparse de todo lo que considerase útil a la Provincia y la Nación “con la única limitación, que no pueda variarse la ley fundamental, sobre que la Religión católica apostólica romana ha de ser la del Estado […] y que no se alteren las resoluciones tomadas por este Gobierno y Junta de Representantes a cerca del establecimiento de la Casa de Moneda y Minerales de esta Provincia”.^[63]

Durante los meses que siguieron al inicio de funciones del nuevo diputado, se discutió entre los accionistas las cuestiones de organización y participación en la compañía minera riojana. La correspondencia entre Quiroga, Braulio Costa y Ventura Vázquez, pero también la que intercambia con los riojanos inversores, da cuenta de la dinámica de los negocios mineros. Además, permite ver la posición ambigua de Costa que, era parte de la sociedad y al mismo tiempo mediaba ante ella para su beneficio y el del gobierno.

En medio de estos ajustes, en febrero de 1825, hubo un atentado fallido contra la vida del gobernador de La Rioja Baltasar Agüero que estaba muy comprometido con el proyecto minero. El 22 de julio de 1825, el Cabildo de La Rioja comunicó “…la renuncia hecha del gobierno de la Provincia por Dn. Baltasar Agüero, la que siéndole admitida queda reasumida interinamente en este Cuerpo Municipal…”^[64] El 18 de agosto el cargo de gobernador nuevamente se le propuso a Facundo Quiroga quien lo desestima por segunda vez.^[65] En septiembre hubo nuevo gobernador y este fue Silvestre Galván.^[66]

En medio de la inestabilidad, la sociedad de minas de Famatina, el Banco de Rescates y la Casa de la moneda seguían siendo los temas que preocupaban a la elite riojana. En el mes de agosto el “Cabildo gobernador” dictó tres decretos que refieren a los derechos y penalidades que debían pagar los propietarios de las vetas, así como la situación de los accionistas.^[67] Desde abril la Casa de la Moneda ya estaba en la ciudad de La Rioja.

Los intereses de La Rioja

En enero de 1826, el Congreso inició la discusión sobre la creación de un Banco Nacional con derecho a amonedación. Como dijimos el diputado por La Rioja era Ventura Vázquez, pero para cuando se iniciaron las conversaciones el gobierno nacional lo había enviado en misión a Chile, por lo que fue reemplazado por su hermano Santiago.^[68] En la ocasión, este señaló que la Compañía de Minas de Famatina contaba con un capital de 2.500 acciones, de las cuales 1.500 pertenecían a inversores riojanos y que tenía condiciones para sumarse al proyecto.^[69] Sin embargo, un documento que pretende sellar el acuerdo y los términos del traspaso habla de “250 Acciones que pertenecen a los vecinos de La Rioja, 360 ps de utilidad liquida […] 1250 Acciones que pertenecen a la Provcia. Buenos Ayres 240 ps por cada acción de utilidad liquida en acciones del Banco Nacional…”^[70] El mismo escrito llama la atención sobre las condiciones de traspaso de los derechos de explotación al Banco Nacional.

Como hice mención, la idea de transferir los beneficios de la explotación de las minas existentes en la Provincia al Banco Nacional, estaba ligado a otro proyecto que implicaba al Banco de Rescates de Famatina y la Casa de Moneda. En los documentos del Brigadier General Juan Facundo Quiroga existe el borrador de un acta de la Junta de Representantes de La Rioja que lo confirma. El documento luego de dar los considerandos del caso, dice, “1° La Provincia de La Rioja acepta y se somete al cumplimiento de la ley (de tal fha) dictadas por el Congreso General Constituyente”.^[71] No tenemos constancia de que estas disposiciones hayan recibido efectivamente la firma de los representantes de la Sala pero su existencia entre los papeles de uno de los accionistas de la Sociedad, resulta más que interesante ya que supone la existencia de negociaciones previas a la sanción de la ley nacional.^[72]

La posición de los inversionistas de La Rioja distaba de la propuesta oficial encabezada por el diputado porteño Julián Segundo de Agüero quien, en enero de 1826, mientras se discutía la creación del Banco Nacional, argumentó que los contratos firmados con anterioridad al Congreso habían “caducado desde que las provincias se habían reunido en nación”.^[73] En este punto el diputado Vázquez, siguiendo sus instrucciones dijo:

“…conviene hacer ver que la provincia de La Rioja en el libre ejercicio de sus facultades, y con habilidad bastante contrajo un compromiso solemne con la sociedad que he indicado. Una porción de empresarios acordó el proyecto con el gobierno de aquella provincia que fue discutido y sancionado por la legislatura de ella. El comprende un grande capital dividido en 2500 acciones, de las cuales 1250 pertenecen á vecinos de La Rioja, que tienen cifrada en ese establecimiento una parte principal de su fortuna, al menos sus esperanzas; que lo miran con tanto mas interes cuanto que se han visto hasta ahora reducidos á gran pobreza, y forzados á observar en triste silencio las fuentes de prosperidad con que los favoreció [la] naturaleza en los riquísimos minerales de Famatina y cuya abundante esplotación será particularmente impulsada por el ejercicio del contrato de la casa de moneda…”^[74]

La discrepancia entre la posición de Agüero y la de La Rioja, revela uno de los meollos de los debates que se estaban dando; una vez que los diputados de las Provincias se incorporaban al Congreso ¿eran diputados de la Nación o seguían respondiendo a sus gobiernos? ¿Cuál era el alcance de La Ley fundamental de 1825?^[75]

La decisión del Congreso requería de conversaciones con los accionistas de la Sociedad de minas de Famatina, Banco de Rescates y Casa de la Moneda para que estos vendieran sus activos al Banco Nacional quien tendría el derecho exclusivo de acuñación de moneda para todo el territorio.^[76]

La creación del Banco Nacional solo preocupaba a los riojanos si la moneda se acuñaba fuera de La Rioja. En enero de 1826, Braulio Costa le escribe a Quiroga asegurándole que se están dando pasos hacia la nacionalización de la Casa de la Moneda y el Banco de rescates y que estos serían para la prosperidad de todos.^[77] Pero, Quiroga parece desconfiar sobre los beneficios de la transacción.

El Banco Nacional se constituyó con capitales de los accionistas de la sociedad creada en La Rioja y su directorio quedó formado por los principales inversores: Juan P. Aguirre, Manuel H. Aguirre, Braulio Costa, Manuel Arroyo, Félix de Alzaga, Juan Fernández Molina, Manuel J. de Haedo y Pedro Capdevila.^[78] En este escenario los accionistas de La Rioja debían autorizar la venta de sus intereses para concluir el traspaso. Braulio Costa intentó terciar y en opinión de Ventura Vázquez

“…lejos de destruirse se asegura la permanencia del establecimiento de La Rioja […] y que al mismo tiempo se llenan los objetos de los accionistas que es vender sus acciones a buen precio, quedandoles siempre la acción a entrar en el mismo Banco Nacional que tiene puerta abierta para todo el mundo.”^[79]

El mismo Vázquez, informa a Quiroga que la Junta directiva del Banco no podría realizar otros contratos “sin que se envíen al efecto poderes bastantes firmados por la junta administrativa y como emanado de una Junta General de accionistas de ese destino”.^[80] De esta manera lo que se intentaba era calmar la preocupación de los riojanos y asegurarles que Famatina sería el origen del metal con el que se acuñaría la moneda. El poder entregado a Costa por Quiroga y el resto de los accionistas explica el acuerdo al que se llega en julio de 1826 según el cual se acepta la enajenación del privilegio de la explotación de las minas. El convenio subscripto establecía en su primer artículo que:

“Los Comisionados de la Sociedad de Accionistas del Banco de Rescates y Casa de la Moneda de La Rioja, enajenan, traspasan y dan en venta al gobierno nacional el privilegio de rescatar, comprar y sellar exclusivamente las pastas de oro y plata de la Provincia de La Rioja, para que el gobierno nacional use y disponga de dicho privilegio en los términos y con toda la autorización y protección que dio y prometió a los Accionistas el gobierno de La Rioja por la carta que se acompaña al original…”^[81]

Con la duplicación de la representación de las Provincias según la Ley del 19 de noviembre de 1825, La Rioja pasó de tener un diputado a tener cuatro. Los cuatro estarán atentos a las negociaciones sobre el Banco Nacional, por tener intereses en el tema.

Me detengo un momento en la forma y los motivos que explican que la Provincia haya cuadruplicado el número de sus representantes y los nombres que se propusieron.

El diputado por La Rioja, Ventura Vázquez, en correspondencia del 26 de noviembre de 1825 escribió a Quiroga diciendo: “A la Rioja le corresponde según su población tres diputados, les faltan por consiguiente dos”. Para ocupar los cargos sugería nombrar a Patricio del Moral –que estaba en viaje a Buenos Aires– “por toda razón conveniente, porque a mas de su conocida amistad a la actual administración de la Prov^cia., tiene la cualidad de ser hijo de ella y deseo que haya al menos uno de esta clase […] El otro nombramiento seria conveniente recayese (caso de elegir uno de aquí) en el Gral. Lucio Mansilla…”^[82] La elección de diputados parece haber sido un asunto delicado.

El gobernador Silvestre Galván en carta del 27 de enero de 1826 decía

“la junta de representantes ha hecho la elección de Diputados al Congreso en las personas del Dor. [Ramón] Álvarez y Dⁿ Julián Carmona resultado que jamás espere contando con las protestas de consecuencia y decisión por mis insinuaciones y aun las de U. [Quiroga] que me hicieron los miembros de la Sala; yo aseguro a U. que en este negocio ellos se han manejado ignominiosamente y han sido tantas las intrigas que me vi precisado a oficiarles con energía.” ^[83]

Unas semanas más tarde, una nota del gobierno de La Rioja informaba al ministro de relaciones exteriores, Manuel García, que el día 7 de febrero se habían elegido como diputados a José Ramón Álvarez (cura de Los Llanos) y José Patricio del Moral. El primero por estar en la campaña, demoraría el inicio de su viaje a Buenos Aires, pero finalmente renuncia. En su reemplazo se incorporará Lucio Mansilla.^[84] Para febrero de 1826, los tres diputados por La Rioja eran: Santiago Vázquez, Patricio del Moral y Lucio Mansilla. Sorpresivamente, el 24 de marzo de 1826 el gobierno nacional es informado por el de La Rioja, que nuevos datos sobre la población total de Provincia arrojaban un total de 27.000 habitantes por lo tanto les correspondía un cuarto diputado. El designado fue Eusebio Ruzo –ex gobernador de Catamarca–, vinculado a los proyectos de minería de esa Provincia.^[85]

Para entonces, las instrucciones que recibieron los diputados, además de referir a la preservación de la religión católica romana, indicaban que no se podía “diferir con su sufragio para que la Casa de la Moneda sea removida de esta Provincia [refiere a La Rioja] ni se alteren las providencias adoptadas sobre los minerales, Tercera= que no pueda sufragar por la dependencia de esta ciudad de alguna Capital de Provincia”.^[86]

Aunque las instrucciones empujaban a concretar la operación del Banco Nacional en los términos que propendía el gobierno, Braulio Costa advertía que “la transacción será inverificable por las restricciones, con que se ha expedido el Poder de esos accionistas [se refiere a los riojanos] y la excesiva cantidad a que terminantemente se ciñen”^[87] trató de convencer a los accionistas de las ventajas derivadas del acuerdo, exhortándolos a que se sacrificasen por prosperidad general. En sintonía con esas conversaciones, se advierte que “la atribución de sellar moneda pertenece en todos los Estados a la Nación” y que el Congreso había accedido a dejar el Banco de rescates y la casa de la moneda en La Rioja lo que, en palabras de Costa, además de protegerla la compensaría superabundantemente. Pero claramente, el punto ríspido eran los términos del traspaso sobre todo porque el Banco nacional adquiría el privilegio de “rescatar, comprar y sellar exclusivamente las pastas de oro y plata de la Provincia de La Rioja”.^[88]

De la unidad a la unión

La correspondencia intercambiada durante el mes de marzo de 1826 marca el endurecimiento de la posición de los riojanos, situación que no puede desligarse del acercamiento entre La Rioja y el gobernador federal de Córdoba, Juan Bautista Bustos de cara a los cambios políticos que estaban ocurriendo en Tucumán y Catamarca.

El 18 marzo, Braulio Costa solicitó a Benito Villafañe (presidente de la compañía del Banco de descuentos y casa de la moneda) que intervenga convenciendo a los accionistas riojanos para que le extiendan un poder con el propósito de negociar la venta de las acciones a un precio razonable. Advierte Costa que: “Las acciones del Banco de Rescates y Casa de la Moneda se venden aquí [en referencia a Buenos Aires] aun en el dia con una utilidad de 80 a 100 p.s, por consiguiente imponer la ley al Banco Nacional exigiendo la exorbitante cantidad de 360,, (sic) p^e es ala verdad poco decoroso”.^[89] Es difícil calcular la utilidad de las acciones de la compañía sin tener datos del total del fondo de inversiones.^[90] Lo único que sabemos, por los recibos de ventas extendidos a los compradores riojanos, es que cada acción, en agosto de 1825, se vendía a 20 pesos.^[91]

Ya mencionamos que la sociedad estaba constituida por hombres de distintos lugares. Cuando la creación del Banco Nacional, con potestad para amonedar, era casi una realidad, muchos inversores comenzaron a vender sus acciones en los montos que proponía el estado nacional.^[92] Incluso, algunos por valores mucho menores.^[93]

Es posible que los movimientos financieros que se registran en 1826 estuvieran vinculados con el impacto de la crisis de 1825 en Londres, pero también con las deudas que se iban acumulando como consecuencia de la guerra.^[94] Una reunión de accionistas convocada por la Junta de directores de la Compañía a fines de abril de 1826 tenía que ver con este asunto. Ese mes, Costa escribe a Quiroga informándole que el Banco Nacional había ofrecido el 50% del valor de las acciones motivo por el cual estaban suspendidas las negociaciones. Le advierte de la escasez de moneda y lo insta para “que hagamos todos los esfuerzos posibles para incrementar el establecimiento, aumentar el rescate, y amonedar”.^[95] Lo cierto es que a medida que pasaban los meses, aumentaban las presiones sobre los accionistas del Banco de Rescates y Casa de amonedación de La Rioja por un lado y sobre el gobierno nacional, por otro.

El contrato firmado el 12 de julio de 1826, entre Rivadavia, en representación del gobierno nacional, Salvador María del Carril, como ministro y los accionistas Guillermo Parish Robertson, Juan Fernández Molina, Félix Castro y Braulio Costa parece cerrar el asunto.^[96] Sin embargo, los accionistas riojanos cuyo presidente era Benito Villafañe, amigo cercano de Quiroga, no estaban de acuerdo con los términos del contrato y el 11 de agosto llamaron a una junta general. Mientras tanto, las tensiones se propagaban. El cambio de signo político de algunos gobiernos de las provincias del interior fue motivo suficiente para que se produjera una reacción de Facundo Quiroga quien vio “premiada por el mismo gobierno General; la mano que había empuñado la cuchilla contra nuestros derechos sagrados”.^[97]

La referencia de Quiroga está vinculada con hechos ocurridos en Provincias cercanas a La Rioja donde intervinieron hombres enviados por Buenos Aires. El primer evento es la toma del poder de la Provincia de Tucumán por parte de Gregorio Aráoz de La Madrid quien había llegado a ese territorio, enviado por el gobierno nacional, con el propósito de alistar hombres para la guerra con el Brasil.^[98] A este cambio de signo político le siguió el alineamiento con el gobierno nacional y con la mayoría del Congreso favorable a la unidad, del gobernador de Catamarca, Manuel A. Gutiérrez sucesor de Gregorio Ruzo. Simultáneamente, finalizando el mes de julio de 1826 el gobernador de La Rioja, Galbán informaba a Quiroga que tenía noticias de “un caballero Vedoya [Francisco] enviado por Buenos Aires se halla en Catamarca; este a ahechado (sic) labor en Cordoba que su comisión es aconducir (sic) recluta de esta y la de Catamarca”.^[99] El temor de que con los hombres reclutados se invadiera la Provincia de La Rioja se sumaba a las sospechas de la existencia de un plan mayor.

En agosto, el gobernador de Catamarca, Gutiérrez, fue desplazado por una invasión de José Manuel Figueroa Cáceres, quien había disputado el poder con él en 1821. En su retirada Gutiérrez escribe a La Madrid pidiéndole “ahora es preciso compañero que usted saque la cara por este infelis pays como yo lo supe aser por el de Tucumán”.^[100] La carta, que se encuentra en la documentación de Facundo Quiroga, muestra el conocimiento que este esa tenía de la situación regional. La Madrid auxilia a Gutiérrez con 300 hombres con ellos, invade Catamarca, fusila a Figueroa Cáceres y disuelve la Sala de Representantes que no le era afecta. La situación empeoraba, mientras las Provincias se realineaban con las facciones del Congreso: federales y unitarios. Catamarca, Salta y Tucumán con el gobierno nacional, Córdoba y Santiago de Estero, federales, avanzaban en sus conversaciones con La Rioja. El 30 de octubre de 1826 Quiroga invade Catamarca y luego de la batalla en los campos del Tala, cree haber visto a La Madrid muerto.^[101] Un día antes, había dirigido una carta lapidaria a las autoridades nacionales:

“…el infrascripto, por las razones que ha expuesto y por las varias que omite, calcula más conforme a ella hacer el último sacrificio de sus intereses y de su existencia misma antes que rendirse a las cadenas con que se pretende ligar las provincias al pomposo carro del despotismo por medio de los establecimientos de las cajas subalternas del desacreditado Banco Nacional, que si ha de llamarse con propiedad es la peste que ya asoma en ella para reducirlas a una calamidad de nueva invención […] El comandante general de la provincia de La Rioja que le dirige tiene bien presentarle las razones que le mueven a buscar los medios de salvar el país.”^[102]

El giro político ya se había completado. La Rioja de la mano de su comandante militar Facundo Quiroga ingresaba plenamente en la facción federal.

El 15 de enero de 1827, cuando se consideró que las condiciones no estaban dadas para que el artículo 3º de las instrucciones dadas a los diputados se respetaran (“Tercera= que no pueda sufragar por la dependencia de esta ciudad de alguna Capital de Provincia”), siguiendo el camino que ya habían trazado otras provincias,^[103] la Sala de Representantes de La Rioja decretó que “se separa de la liga de las demás en Congreso” y “queda en aptitud de pactar y ligarse con las demás que tengan uniformidad de ideas, y conveniencia”.^[104] Así lo comunican al Congreso los diputados el 5 de marzo de 1827.

Epílogo

Como hemos visto, la agenda de los representantes de La Rioja en el Congreso de Buenos Aires estuvo estrechamente ligada al proyecto del Banco, la acuñación de moneda y la explotación de las minas. Estos asuntos eran los que realmente afligían a su dirigencia ya que estaban relacionados, no solo con los negocios que una parte importante de ellos había emprendido, sino también con su entendimiento de las posibilidades de adelanto económico y gobernabilidad de la Provincia que planeaban.^[105]

Si al inicio, el proyecto riojano parecía garantizado, luego, el rumbo que tomó el Congreso, las exigencias que impuso la Nación para tomar en mano el Banco de Rescates y Casa de la moneda riojana, la intervención de Costa y Vásquez y la negativa de los accionistas riojanos a aceptar sus condiciones, determinaron, no solo la salida de los riojanos del congreso, sino su posterior fracaso de cara al resto de los proyectos, como la nueva constitución que relegarían el lugar de la Provincia en la toma de decisiones sobre sus recursos.

De cara a las decisiones que se tomaron a partir de 1826 –las condiciones de creación del Banco Nacional (28 de enero), Ley de presidencia (6 de febrero) y ley de capitalización de Buenos Aires (4 de marzo) entre las más importantes– la resistencia de las Provincias federales fue implacable. La guerra con Brasil, declarada a finales de 1825, en medio de una situación crítica para la economía, así como y las dificultades que fueron atravesando una a una las Provincias no ayudaron. Si al principio el Congreso estuvo dominado por la tendencia unitaria, a mediados de 1826 el rumbo había cambiado.

La decisión del gobernador de Córdoba, Juan Bautista Bustos, referente del federalismo del interior, de quitarle los poderes de representación a los diputados de su Provincia inició un camino que luego imitaron otros gobernadores.

La Rioja, que había votado por el régimen de unidad, se volcó al federalismo. El motivo de semejante cambio, sin dudas, con “la notable desigualdad de derechos que con descaro le dejan sentir” a La Rioja las decisiones del gobierno nacional, según lo expresó Quiroga en su carta del 29 de septiembre de 1826.^[106]

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Notas

Información adicional

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