Introducción

La pesquería de langostino (Pleoticus muelleri) en Chubut adquirió un rol fundamental en la economía provincial desde mediados de la primera década de los 2000. La masiva aparición de esta especie supuso una salida más que favorable para el sector luego de la crisis del recurso merluza (Merluza hubbsi), que había entrado en veda hacia finales del siglo XX, como consecuencia de su sobreexplotación en el marco de la configuración del sector pesquero como generador de commodities. El agotamiento del caladero generó una caída en las descargas a nivel país, con un correlato de elevada conflictividad tanto en Mar del Plata como en Chubut, ante la expulsión de un gran número de trabajadores en el marco de una economía en franca recesión (Colombo, 2014; Pérez Álvarez, 2009 y 2022; Pérez Álvarez y Schulze, 2020).

La aparición del langostino en grandes cantidades impulsó la rápida recuperación del sector en virtud del alto precio de ese recurso en el mercado internacional, algo que Pérez Álvarez (2022) observa ya para los años 2003 a 2005. Con el tiempo el langostino se convirtió en el recurso de mayor nivel de descarga y exportación (Navarro et al 2014), forzando una reorganización del sector en tres sentidos: artes de pesca, destino-descarga del recurso e instalaciones en tierra. A su vez provocó una modificación en la distribución de la fuerza de trabajo a partir del 2010, con la relocalización de empresas, buques y trabajadores hacia la región patagónica (Solimeno, 2023; Suárez, 2025).

El presente artículo está elaborado a partir del relevamiento de las publicaciones del Diario Jornada (focalizado en el noreste de Chubut), Diario Crónica (con cobertura específica en la región sur de la provincia de Chubut) y de la revista Puerto (revista nacional especializada en temas pesqueros) en el trienio 2021-2023, sistematizando los conflictos relacionados con el sector pesquero y las noticias relevantes sobre el mismo. A su vez se integra el análisis cualitativo y cuantitativo procesado por los autores, así como el entrecruzamiento con la bibliografía que trabaja la temática. Sumamos la observación participante (Taylor y Bogdan, 1984) en varios de los acontecimientos aquí narrados, que a su vez permite acercarse a ciertos rasgos de una “descripción densa” de esos hechos (Geertz, 1983), permitiéndonos visibilizar algunos procesos que fueron de particular importancia y, sin embargo, no habían sido registrados en la prensa.

Los datos son presentados de manera trimestral y anual, a fin de dar cuenta de la cantidad de conflictos sucedidos, así como de analizar qué actores participaron en los mismos y en qué fases se concentraron las acciones. El análisis está centrado en la totalidad del litoral atlántico de la provincia del Chubut, abarcando los puertos de Rawson, Puerto Madryn, Camarones y Comodoro Rivadavia. Este nivel de cobertura territorial, sobre todos los puertos pesqueros operativos ubicados en la provincia, implica un relevante avance con respecto a nuestros aportes previos.

La construcción de las matrices cualitativas también evidencia un avance en profundidad de nuestras investigaciones, que se complementan con los informes cuantitativos anteriormente elaborados. El entrecruzamiento entre ambas variables permite hacer observables cuáles son los focos de las principales problemáticas en esta rama económica. Son las mismas que derivan en acciones conflictivas que provocan importantes pérdidas económicas para el conjunto de la actividad productiva, los sujetos que participan de la misma y la sociedad regional como un todo, dado el alto impacto que las pesquerías tienen en la economía de la provincia del Chubut.

A fines de elaborar las matrices cuantitativas, que sirven de punto de partida para la matriz cualitativa, retomamos la definición de conflictividad para el sector pesquero de Colombo (2014), quien la conceptualiza como: “todo hecho colectivo de protesta o de lucha llevado a cabo por actores de la industria pesquera, sean estos trabajadores, pequeños, medianos y grandes empresarios, dirigido contra alguna expresión del estado de cosas existente” (p. 455). Además, se incorpora al registro los hechos de muertes o accidentes graves de obreros de la actividad durante el desarrollo de sus tareas. Si bien estas situaciones no necesariamente derivan en conflictos abiertos,^[1] las consideramos de relevancia para comprender las características laborales del sector y los costos humanos que genera.

Este artículo forma parte de un trabajo sistemático de relevamiento en el marco del Observatorio del Sistema Pesquero Argentino (OSPA),^[2] que apunta a generar procesos de retroalimentación a partir de la lectura de los actores de la actividad, corrigiendo, complementando y sistematizando nuevas preguntas y problemas, que sean la clave para ir afinando posibles caminos de resolución a las problemáticas aquí expuestas. Consideramos que este conocimiento de la conflictividad del sector permite a los actores del sector conocer y comprender las claves de los problemas que surgen en torno a su funcionamiento. Las matrices aquí utilizadas se pueden visualizar también en trabajos previos (Pérez Álvarez, 2016, 2020 y 2021a) para el período 1983-2007. Sistematizamos a continuación una descripción de los principales hechos relevados,^[3] un análisis cuantitativo y su respectiva evaluación cualitativa.

Descripción de los principales hechos de conflictividad

2021

Este año comienza con la noticia del fallecimiento de un marinero (José Luis Machado, de 52 años) en altamar; en la fuente se hace constar que el único motivo fue “razones de salud particulares”, descartando así que pudiese ser considerado un accidente laboral. Esto sucedió el 9 de enero en aguas cercanas a Puerto Rawson (Gatica y Pérez, 2018), mientras realizaba tareas en la cubierta de la embarcación “El Padrino”. El cuerpo del fallecido fue trasladado por la misma embarcación hacia el puerto.

En el mes de febrero continuó (la problemática se había originado hacía varios años) uno de los conflictos que tuvo permanencia durante toda la temporada, a través de diversos episodios bastante aislados entre sí y sin demasiados apoyos de otros grupos. Se trataba del antiguo reclamo de los trabajadores de la ex Alpesca (que databa de su quiebra y clausura, ocurrida hacia el 2013), en este caso realizando una movilización por las calles de Puerto Madryn (Kaminker, 2019) reclamando el ingreso de 200 trabajadores a la fábrica Red Chamber y exigiendo el aumento del subsidio que recibían. La misma acción se repitió a mediados del mes siguiente y luego en octubre, reclamando soluciones a una problemática que nunca fue totalmente remediada.

Durante el mes de abril el SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos)^[4] declaró el estado de alerta y movilización por la falta de respuesta de los funcionarios gubernamentales ante el pedido del gremio para ser incluido dentro del plan de vacunación prioritaria contra el COVID 19. La solicitud había sido elevada más de dos meses atrás y aún no habían recibido respuesta alguna. Tratándose de una actividad que nunca había detenido su funcionamiento, los marineros solicitaban que el personal de embarque fuera incluido dentro del grupo prioritario para la vacunación. Resaltaron que durante el 2020 tuvieron más de 25 barcos con tripulaciones completas contagiadas de COVID, denunciando las malas condiciones de trabajo existentes en muchos buques pesqueros y el compromiso que como trabajadores habían demostrado.

El SOMU también reiteró su oposición al Fondo Ambiental Pesquero (FAP), a través de un posicionamiento publicado el 11 de abril. En palabras del delegado gremial Ramón Vera (de Rawson) le expresaron a la CAFACH (Cámara de la Flota Amarilla del Chubut)^[5] su rechazo al mismo, señalando que no les correspondía asumir los costos de los problemas ambientales generados por la pesca a los trabajadores, y que ese impuesto “ambiental” debía ser asumido por las plantas pesqueras que derraman líquidos contaminantes. Manifestaron que si el gobierno avanzaba con la imposición del pago perjudicarían a los trabajadores, ya que como cobran parte de su remuneración según el reparto porcentual de lo obtenido ese impuesto recaería en parte sobre sus haberes.

El FAP buscaba establecer un canon “ambiental” que debería ser abonado por cada cajón de langostino desembarcado y se repartiría entre el Ministerio de Ambiente provincial y los municipios portuarios. Por su parte, el intendente de Rawson, Damián Biss, remarcó que el municipio debía recibir algún diferencial por todo lo que significa la actividad portuaria, en especial el uso de las rutas, pero sosteniendo que este conflicto se tenía que resolver de forma conjunta entre los gremios y el gobierno provincial. En este caso la posición del SOMU coincidía con las de sus patronales, que también eran activos opositores a la imposición de este nuevo tributo.

A fines de mes se llevó adelante una reunión entre la Secretaría de Pesca, el secretario de trabajo, empresarios particulares, cámaras pesqueras y los gremios SOMU, SUPA (Sindicato Unido Portuarios Argentinos), SICONARA (Sindicato de Conductores Navales) y el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, buscando acordar condiciones para avanzar en la pesca de merluza y anchoíta. En dicha instancia se discutieron las paritarias salariales para la captura de esas especies (de menor valor comercial al langostino, recurso clave de estas pesquerías desde aproximadamente el año 2006), sin llegar a un acuerdo provisorio.

El delegado del SOMU, Ramón Vera, explicó que la decisión la tomarían en conjunto con los trabajadores y que su proyecto era garantizar la continuidad de la actividad durante todo el año (y no solamente en la temporada de langostino), pero que para ello se debía acordar un reparto más equitativo que no sólo beneficiase a los empresarios. Estos últimos aducían que, al tratarse de especies de menor valor comercial, para hacer viable su captura debían modificarse los acuerdos paritarios negociados en torno a los costos del langostino. Además, el SOMU volvió a reclamar la vacunación prioritaria para el sector, al ser un grupo de trabajadores considerados “esenciales”.

A mediados de mayo la Asociación Argentina de Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca decretó un paro de actividades en toda la flota a nivel nacional. La medida se basaba en lo que ellos denunciaban como un maltrato recurrente ante la situación de marineros y patrones con COVID, situación que hizo eclosión por un buque pesquero que se encontraba retenido en Comodoro Rivadavia. Denunciaban que al personal no se le había permitido desembarcar y ser atendidos como correspondía frente a la enfermedad, instando a las autoridades a responder ante el caso y exigiendo la vacunación prioritaria para los trabajadores del sector. La huelga se extendió, adhiriendo otros sindicatos y llegando a los 9 días de duración.

En junio el STIA (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación; ver Pérez Álvarez y Schulze, 2022) y el SUPA lograron acordar con sus respectivas patronales nuevos acuerdos salariales, que abarcaban a toda la provincia. Dicha negociación fue realizada sin registrarse hechos de protesta, al menos no de carácter público.

En el mes de julio volvió a tomar protagonismo la tensión por el FAP a partir de que representantes de la CAFACH y del SOMU se manifestaron acerca de la nueva Ley de Pesca que estaba en análisis de los diputados provinciales y era impulsada por el gobierno de Chubut. Desde el sector empresarial declararon que ellos fueron consultados y que su postura estaba dirigida a la renovación de la ley enfocados en: especificar cuestiones referidas a la pesca de langostino (en su intención de que la captura de todas las especies no se regulase por el mismo convenio ni las mismas escalas salariales), la renovación de las licencias de pesca y lo que denominaban “brindar seguridad jurídica a los inversores privados”, expresando un abierto apoyo a la iniciativa. Desde el SOMU, en cambio, manifestaron que no se consultó al sector laboral para la conformación del proyecto de ley, denunciando que se encontraban a ciegas con respecto a la iniciativa.

Hacia finales de ese mismo mes un obrero pesquero sufrió un grave accidente en una planta en tierra (cayó desde el techo, no hubo mayores novedades ni se publicó su nombre) y otro trabajador falleció a bordo: el día 24 de julio un marinero recibió una descarga eléctrica mientras realizaba actividades en altamar, en el buque Conarpesa I. Tenía 43 años y su cuerpo fue trasladado al muelle Almirante Storni de Puerto Madryn: tampoco fue publicado su nombre en los medios de prensa que cubrieron la noticia. A los dos días un grupo de 50 trabajadores autoconvocados bloqueó el acceso al muelle Storni, exigiendo la modificación del protocolo sanitario de la actividad marítima y que se permitiera el ingreso a tierra de las tripulaciones que desembarcan en el muelle. La medida no contó con la participación formal de los gremios pesqueros.

En el mes de agosto reapareció el COVID como problemática, a través del rechazo que realizó la Asociación Argentina de Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca a la modificación del protocolo sanitario pesquero. El mismo fue realizado por la Secretaría de Pesca mediante nota del 5 de agosto, alterando el primer artículo de la Resolución N° 053/20 que regulaba las acciones a seguir ante la pandemia.

El sindicato denunció que se hacía recaer en la cabeza del capitán la decisión del desembarque de la tripulación, imponiendo que fuese en grupos y dentro de determinadas franjas horarias. Esto fracturaba las burbujas sanitarias, poniendo en riesgo a la tripulación y la comunidad pesquera, perjudicando el desarrollo de la actividad en el marco de la pandemia.

Los trabajadores de la Secretaría de Pesca del Chubut realizaron un paro de actividades el 16 de agosto. Reclamaban que se hiciera efectivo el aumento salarial, acordado en paritarias, del 17%. A la vez defendían la continuidad del FAP, que supuestamente cubriría parte de su incremento remunerativo.

El día 26 de septiembre se publicó que se habían mantenido reuniones de trabajo entre las autoridades del STIA y el vicegobernador Ricardo Sastre, elaborando modificaciones a la propuesta de nueva Ley de Pesca para asegurar el abastecimiento a las plantas y, de esa manera, estabilizar cientos de puestos de trabajo; a la vez el STIA expresó su oposición al proyecto original de nueva ley pesquera (140/20). Propusieron avanzar en una nueva y equitativa distribución de los recursos pesqueros a la par que concretar la captura de otras especies en la temporada baja de langostino para garantizar el empleo durante todo el año (es lo que ya se venía discutiendo, en torno a la posible captura de anchoíta y merluza).

Trabajadores de la planta pesquera Fyrsa, de la ciudad de Rawson, llevaron adelante una retención de servicios el 28 de octubre por el atraso del pago de la quincena. El representante del STIA, Fabián Molina, declaró que no era la primera vez que esto ocurría, afectando a los 269 trabajadores de la planta. Se observaban claros problemas de funcionamiento de esta pesquera, que más adelante se agravarían.

El 6 de noviembre se realizó un plenario de la Comisión Directiva y el Cuerpo de Delegados del STIA, rechazando el proyecto de Ley de Pesca 140/20. Allí apoyaron la propuesta de modificación de la Ley de Pesca IX N°75, que había sido elaborada y presentada por el sindicato, y se declararon en estado de alerta y movilización.

Según la declaración sindical, la alternativa planteada por el gremio buscaba hacer sustentable social y biológicamente la actividad, otorgar cupos sociales a las plantas procesadoras de langostinos y variados costeros, el procesamiento con valor agregado de los recursos capturados (que se estipulaba debía ser realizado en las plantas en tierra ubicadas en la provincia, al igual que el desembarque de las capturas tenía que desarrollarse en los puertos locales), y la exigencia a las empresas de procesar en temporada baja otras especies, para generar un mejor aprovechamiento económico y social de los recursos.

Estibadores bloquearon el ingreso a Puerto Rawson el 11 de noviembre, declarando que no eran parte del SUPA y denunciando que el gremio priorizó la entrada de parientes al trabajo pesquero. Ellos se presentaban como trabajadores eventuales, que realizaban labores cuando había tareas que sobrepasan a quienes se encontraban afiliados, y reclamaban tener acceso a un empleo con mayor estabilidad. Mantuvieron la medida por varios días, generando un fuerte impacto en la actividad del puerto. El 17 hubo enfrentamientos con la prefectura y algunas fracciones del SUPA, pese a lo cual la acción logró ser sostenida hasta ser levantada en los días siguientes.

El secretario de pesca, Gabriel Aguilar, se posicionó en contra de la medida de fuerza y a favor del SUPA. El 20 se publicaron sus declaraciones, expresando que al ser inicio de temporada los buques no estaban capturando una gran cantidad de recurso, lo cual solo daba trabajo a los trabajadores afiliados. Prometía que con el transcurrir de los días los eventuales ingresarían al puerto a trabajar.

Ese mismo día se publicó la noticia de un nuevo enfrentamiento entre el SUPA y estos trabajadores eventuales, producida el 19 en el puerto de Rawson. Hubo golpes, piedrazos y varios disparos de armas de fuego, a plena luz del día y sin ningún detenido. El enfrentamiento fue entre la conducción del gremio y los trabajadores eventuales. A fin de mes los dueños de un buque de la Flota Amarilla y sus trabajadores se manifestaron frente a la Casa de Gobierno provincial, para exigir que se otorgase el permiso de pesca a los empresarios.

El año se cerró con la tercera muerte de un obrero pesquero en sus tareas: el 11 de diciembre se hundió un buque en aguas cercanas a Puerto Rawson y un trabajador resultó fallecido en el incidente: su nombre era Carlos Agüero. La aparente causa fue “una mala maniobra”, y los demás trabajadores resultaron ilesos gracias al rescate de otra embarcación pesquera (el “Caleta Paula”). El barco naufragado era el “Don Tomasso”, de la Flota Amarilla, con una tripulación de siete integrantes.

El día 20 los trabajadores del STIA realizaron un corte total de la Ruta Nacional N° 3 para rechazar el proyecto de nueva Ley de Pesca y la ley de zonificación minera, exigiendo que no fuese tratado por los diputados provinciales en la sesión legislativa del día 21. Declararon que el acuerdo por la ley de pesca favorecía a un solo sector, mientras que el sindicato buscaba que se beneficiase a las empresas que generan trabajo en la región y que toda la materia prima fuera procesada en la provincia.

En el Diario Jornada no aparece mencionado el paro total de las actividades pesqueras por parte del SOMU, SUPA y SICONARA durante los días 18, 19 y 20 de diciembre, en los hechos conocidos como “chubutazo” (Ulacia, 2022) o “chubutaguazo” (Weinstock, 2024). El mismo se realizó en rechazo a la aprobación de la zonificación minera en la provincia (Hermosilla Rivera, 2020).

Estos gremios se sumaron, junto al STIA y el SUTAP, a las marchas realizadas durante esos días en la ciudad de Rawson, Trelew, Madryn y Comodoro Rivadavia, además del ya resaltado corte de ruta del STIA. Este relevamiento incluye dichas acciones, en base a otros medios y a la información colectada durante esas jornadas de enorme movilización popular en toda la provincia, de la cual los trabajadores pesqueros y sus sindicatos fueron una parte clave y, quizás, definitoria.

2022

Iniciando el año la CAPECh (Cámara Pesquera de Chubut)^[6] señaló que tenía dificultades para obtener materia prima que pudiera garantizar el trabajo durante todo el año, solicitando la diversificación de la pesca en la región para que no estuviese solamente atada al recurso langostino. También reclamaron que se construyera consenso para lograr una nueva ley provincial de pesca, con mejores variables y herramientas para sostener a toda la industria.

En febrero se desarrollaron dos conflictos significativos. El primero fue de unos 20 trabajadores de la empresa Cabo Vírgenes de Puerto Rawson, que se encontraban en proceso de conciliación obligatoria debido a su despido. El día 4 los trabajadores de Cabo Vírgenes participaron en la marcha organizada por la UAC (Unión de Asambleas del Chubut) en contra de la megaminería (hecho de protesta que no fue publicado en los medios de prensa). A fin de mes se sumó una manifestación de los trabajadores de la Asociación Argentina de Empleados de Marina Mercante, que exigían una resolución para sus reclamos de ingreso y trabajo del personal en el Puerto de Rawson, donde fue desarrollada la protesta.

El día 24 de febrero se publicó que la Asociación Argentina de Capitanes de Pesca y el Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE) sellaron un acuerdo por el cual se asociaban buscando beneficios para los trabajadores. Esto se daba en el marco de la visita de referentes de ambos sindicatos a la región patagónica para explicar el acuerdo a sus afiliados. SIMAPE (Yurkievich y Nieto, 2014) es un sindicato con escasa incidencia en Patagonia, buscando competir en la representación de la marinería con el SOMU.

A inicios de marzo finalizaron las acciones de fuerza llevadas adelante por el SUPA en el puerto de Comodoro Rivadavia, que incluyó un bloqueo al mismo exigiendo la llegada de barcos pesqueros que asegurasen las fuentes de trabajo del sector. La CAFACh se comprometió a destinar entre 7 y 12 buques de la Flota Amarilla a pescar merluza en el Golfo San Jorge y descargar en el puerto de Comodoro Rivadavia entre marzo y junio. Desde el gobierno provincial se anunciaba que estas embarcaciones estarían eximidas del pago de tasas portuarias.

El 8 se realizó un corte sobre las rutas 3 y 25 en Madryn y Rawson, por personal de las plantas pesqueras reclamando continuidad laboral cuando terminase la temporada de langostino. Según declaraciones de Fabian Molina, referente del STIA, “queremos seguir trabajando con merluza y anchoa”; se destacaba la necesidad de trabajar durante los meses que no se realizase la pesca de langostino. Luego de una reunión entre el secretario de pesca de provincia, Gabriel Aguilar, el subsecretario de Trabajo, Tobías Gaud, y los representantes del STIA Oscar Hughes y José Díaz, se levantaron los cortes con el compromiso de seguir cumpliendo la Ley IX 75 y generar mesas de diálogo entre el sector empresario, Estado y sindicato. El gremio acordó mantener la paz social en pos de llegar a un acuerdo duradero.

Durante el 5 de abril se realizó una marcha por parte de trabajadores nucleados en el STIA, con destino al Ministerio de Economía en Rawson. Allí solicitaron una reunión con el ministro de gobierno y entregaron un petitorio, al igual que en Legislatura, reclamando la continuidad laboral en las plantas de procesamiento. Fabián Molina expresó que: “estamos solicitando la continuidad de trabajo de todas las plantas para el personal de temporada, sabemos que hay otros recursos, no solamente langostino, tenemos el recurso merluza, anchoas, que podemos procesar en todas las plantas y eso es lo que estamos pidiendo, la continuidad de todos los trabajadores” (Diario Jornada, 6/4/2022: 5).

Los obreros temporales del sector, en conjunto con el STIA, realizaron otra protesta una semana después en los portones de ingreso a las plantas procesadoras de Puerto Madryn, reclamando garantizar los empleos en riesgo de tres mil personas. La acción impidió la circulación de mercadería, pero no se interrumpieron las actividades administrativas. Al otro día la comisión directiva de la CAPIP (Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras)^[7] emitió un comunicado de prensa en el cual denunciaron al STIA por la protesta del día anterior; sostenían que impidieron la libre circulación de acceso a las plantas y la carga de 30 contenedores para exportación. Advirtieron que, de continuar la medida, se ponía en riesgo la financiación de las empresas y la posibilidad de pagar los compromisos asumidos.

En ese contexto el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, firmó un acuerdo con la Cámara de la Flota Amarilla prometiendo dar continuidad a las capturas de merluza y proveer de materia prima a las plantas de procesamiento del recurso en Trelew y Puerto Madryn. El 22 se realizó una asamblea de trabajadores eventuales en la sede del STIA Puerto Madryn, para evaluar la situación laboral y reiterar el reclamo de que las empresas asociadas a la CAPIP procesasen merluza en tierra. En la asamblea estuvieron presente el vicegobernador y el intendente de la ciudad, Ricardo y Gustavo Sastre, quienes se comprometieron a gestionar una salida al conflicto. Luego de realizar la asamblea, los trabajadores se movilizaron por la ciudad, trasladándose hasta las plantas y la sede de la CAPIP. Oscar Hughes, dirigente del STIA, aclaró que el acuerdo firmado por SOMU y Flota Amarilla no había sido refrendado por CAPIP, que no quería procesar merluza por razones de costos.

Al finalizar abril otro grupo de trabajadores temporarios de plantas de procesamiento realizó una movilización hasta el Concejo Deliberante de Rawson, solicitando que los ediles adhirieran al pedido que presentaron en la Legislatura por la emergencia ocupacional del sector. Fueron acompañados por dirigentes del STIA, que seguían reclamando la continuidad de las tareas pesqueras durante todo el año.

A inicios de mayo se publicó que 14 buques estaban operando en el puerto de Comodoro Rivadavia. Estos datos daban cuenta del aparente éxito del reclamo del SUPA de esa ciudad, anteriormente mencionado. En junio una resolución del Consejo Federal Pesquero (CFP), que beneficiaba la descarga de langostino en las plantas pesqueras de Mar del Plata, conllevó una serie de declaraciones críticas de distintos actores del sector en Chubut, expresándose en su totalidad contra la medida (incluido el gobernador provincial). En primera instancia el representante provincial en el CFP, Adrián Awstin, denunció que la medida podía afectar las plantas locales llevando a un desabastecimiento del recurso. Luego se posicionó el STIA, declarando que la medida “atenta contra miles de puestos de trabajo en la provincia del Chubut” (Diario Jornada, 12/6/2022: 5).

El último en posicionarse fue el gobernador Arcioni, quien mostró su preocupación por la resolución del CFP que podría perjudicar a las plantas procesadoras de Chubut. Expresó que se convocaría a todos los sectores para fijar una postura con respecto a la embestida por parte de Mar del Plata: “donde se verían perjudicadas nuestras plantas por la disparidad que hay y el trabajo en negro existente en Buenos Aires” (Diario Jornada, 14/6/2022: 3). Arcioni denunciaba el empleo informal de las cooperativas marplatenses (ver Mateo, Nieto y Colombo, 2010; Nogueira, 2018), que fomentarían una competencia injusta frente a los trabajadores formalizados de la provincia, aunque no planteaba ninguna medida al respecto y exageraba lo positivo de las condiciones de empleo en Chubut (ver, entre otros, Pérez Álvarez, 2020, 2021a).

Ese mismo día el STIA inició medidas de fuerza que llevaron a la paralización completa de las plantas pesqueras en la provincia, por el reclamo de una inmediata recomposición salarial. Las acciones, que continuaron durante dos días, incluyeron un bloqueo en el ingreso al parque pesquero de Puerto Madryn y el cruce de rutas 3 y 25. Además se montaron controles obreros para evitar que algunos camiones pudieran trasladar materia prima sin procesar hacia afuera de la provincia. El conflicto se solucionó al concretarse el acuerdo salarial con la CAPIP.

El 28 de junio se produjo una reunión entre integrantes de las cámaras pesqueras y los sindicatos del sector para expresar su desacuerdo con el proyecto de modificación de la Ley de Pesca Provincial. A inicios del mes de julio se publicaron los informes de coyuntura que elabora la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación. En ellos se observaba una caída en las exportaciones de langostino desde los puertos de la provincia, que evidenciaban un descenso del 20% en la medición interanual.

Durante ese mes la empresa FYRSA, de Rawson, anunció a través de un comunicado de prensa, el cierre de actividades en la planta. Denunciaban supuestas presiones gremiales que hacían inviable su funcionamiento por el aumento de costos que generaban. Se trata de la ya indicada deriva de una planta pesquera que acarreaba problemas productivos desde hacía varios meses.

El 16 de agosto los gremios que agrupan trabajadores del sector pesquero realizaron cortes de ruta totales en las rutas 1, 3, 7 y 25 entre Puerto Madryn, Trelew y Rawson, exigiendo que no se imponga el cobro del Fondo Ambiental Pesquero en los puertos provinciales. La medida implicaba una demostración contundente de fuerza y la virtual paralización de las actividades de circulación cotidianas en la región, ya que se afectaba la totalidad de las principales vías de conexión terrestres. El corte duró hasta el día siguiente, cuando se realizó una reunión entre representantes de las Cámaras Pesqueras y el gobierno.

Javier Estremador, vocero del SUPA, declaró que “el riesgo laboral es alto para los puertos. Afecta a la temporada local, los políticos tienen que ser claros y justo el fin de semana quieren sacar la resolución” (Diario Jornada, 17/8/2022: 17). Por su parte, el presidente de la CAFACH, Gustavo González, planteo que “fue una ley castigo, una imposición y nos vamos a mantener con el no pago del impuesto. Si no nos dejan usar los puertos dejaremos las flotas paradas” (Diario Jornada, 17/8/2022: 17).

Era evidente la sintonía de sindicatos y cámaras en el rechazo a todo impuesto que gravase la actividad; mientras en otros aspectos, por ejemplo, la puja salarial, había enfrentamientos, en torno a posibles nuevos gravámenes la oposición era unánime y en alianza entre obreros y patrones. Al otro día, y demostrando el peso de la medida y la fuerza del sector pesquero, se anunció que el Fondo Ambiental Pesquero (FAP) sería derogado, pero que las empresas deberían pagar las deudas que acumularon con las municipalidades durante el breve período en el cual estuvo vigente.

A inicios de septiembre se publicó que la industria pesquera participaba en el 11,1% de las exportaciones totales de la provincia, con una significativa reducción del 23,5% respecto al año anterior pero aun así implicando una gran relevancia. El día 14 se publicó una solicitada en el Diario Crónica, firmada por la Cámara Empresaria de Pesca del Golfo San Jorge, los prestadores de servicios portuarios y el SUPA, expresando su preocupación por la inactividad manifiesta del puerto, pese a las aparentes buenas noticias de unos meses antes.

Hacia finales de octubre la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca (A.A.C.P.P y PP) advirtió que no comenzarían la temporada de pesca de calamar y de langostino, en reclamo contra el impuesto a las ganancias. Por otro lado, representantes del gremio de la Marina Mercante acompañaron a los amarradores, realizando un bloqueo en el ingreso al muelle de Puerto Rawson para exigir su contratación como trabajadores. Se oponían la CAFACH y los sindicatos que ya desarrollaban tareas en dicho puerto, expresando nuevamente un acuerdo entre patronal y sectores obreros de la actividad.

El 4 de noviembre se confirmó que al día siguiente comenzaría la prospección de langostino para el inicio de la zafra en las aguas regionales, que se realizaría con 14 buques. En el caso que la prospección fuera positiva la zafra se iniciaría en dos días, con 84 embarcaciones autorizadas. Se informó que el SOMU todavía no había llegado a un acuerdo con la CAFACH para la paritaria salarial, manteniendo al gremio en estado de alerta y movilización. Por su parte, el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo se pronunció en contra del acuerdo suscripto por la Asociación de Capitanes y Pilotos de Pesca, realizando un piquete en el ingreso al puerto: exigían un aumento del 83% en vez del 62% firmado. El SUPA, por su parte, impulsó un corte de ruta, exigiendo que se inicie la temporada. Así como destacamos las coyunturas de alianzas obrero-patronales, también son evidentes la cantidad de conflictos entre distintas fracciones obreras a modo de fracturas “horizontales” (Izaguirre, 1994), según sus intereses corporativos y en varios casos afectando la dinámica productiva de la actividad.

Al iniciarse diciembre la CAPIP llevó adelante su asamblea anual, renovando su presidencia con la asunción de Agustín De La Fuente en reemplazo de Buenaventura Lafuente Matos. Hacia el final del año el secretario de pesca de Chubut afirmó que la captura de langostinos, dentro del primer mes de la temporada, alcanzaba niveles récord.

2023

Este año, el último trabajado en este artículo, se inició con la persistencia del conflicto de SUPA en Comodoro Rivadavia, exigiendo condiciones para tener mayor cantidad de días de trabajo. Así fue como a mediados del mes de enero el sindicato se manifestó ante la sede de la Administración del Puerto reclamando por la falta de avances a la anunciada obra de dragado. Exigieron respuestas a las autoridades, buscando garantizar nuevas oportunidades laborales para el sector de estibadores.

Los trabajadores de la pesquera Fuertes Vientos se movilizaron hasta la intendencia de Puerto Madryn, en el marco del reclamo que llevaron adelante contra lo que denominaban “despidos injustificados” de 10 trabajadores efectivos y 2 temporales. Hacía algunos días un grupo realizaba un acampe en la puerta de ingreso a la empresa, que se encontraba sin funcionar hasta que los trabajadores consiguiesen la reincorporación de los despedidos y otras mejoras salariales que se habían incorporado al petitorio.

A fines de febrero el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca inició una huelga, al considerar que en Puerto Rawson no estaban dadas las garantías de seguridad en la operatoria portuaria. La acción fue a consecuencia de una golpiza que sufrió el segundo patrón del buque Don José Dibona.

Al terminar el mes de marzo se cerró la zafra del langostino que finalmente alcanzó los anunciados números récord de captura en la provincia del Chubut, llegando a 91.800 toneladas descargadas. En los primeros días de abril Luis Núñez asumió su octavo mandato a cargo de la conducción del STIA en la región. Este mismo sindicato llevaría, a lo largo de mayo, las negociaciones con CAPIP para la readecuación del convenio colectivo 372/04 ante su próximo vencimiento. El sindicato apuntaba a que el salario del personal pesquero superase la inflación, y desde la cámara solicitaban que se agotasen todas las instancias del diálogo sin romper la paz social.

Mientras tanto continuaban otros hechos, en torno a la movilización de los trabajadores de la ex - Alpesca solicitando su incorporación a Red Chambers. Era un reclamo que, según sostuvo uno de los voceros del grupo, ya se extendía desde hacía al menos 9 años. El pedido abarcaba a 70 trabajadores, que seguían desocupados pese a los diversos compromisos y anuncios de incorporación.

El acuerdo entre STIA y CAPIP, finalmente y pese a un inicio que parecía podía ser más complicado, se concretaría el primer día de junio, muy rápidamente y sin conflictos de carácter público. El CCT incluía un incremento progresivo en 3 etapas que alcanzaría la totalidad de 170.000 pesos de aumento por trabajador. Por su parte, el SUPA cerró a mediados de junio un aumento salarial del 55%.

Por el contrario, el SOMU decidió no dejar salir a pescar a los buques asociados a CAPIP y CAPECA, ante la falta de un acuerdo salarial con estas cámaras. Solicitaban que los haberes se liquidasen al valor del llamado “dólar pesca” y no al oficial. Esa medida se realizó durante la primera semana de junio, y el SOMU retomó acciones el 25 de julio con una huelga en el puerto de Rawson, en reclamo de la firma del acuerdo económico con los empresarios pesqueros sobre el valor del cajón de merluza y anchoa.

Ramón Vera, delegado del gremio, expresó que venían sosteniéndose negociaciones hacía varios meses con las cámaras pero que nunca llegaron a un acuerdo y la medida de fuerza se tomó ante la falta de definiciones. También se expresaron a favor de la obra del dragado: “para nosotros es muy importante porque si no nos vamos a ver afectados con una paralización del muelle porque los barcos son con mucho más calado y si no pueden ingresar se van a ir a descargar a otro lado” (Diario Jornada, 26/7/2023: 3).

Durante los meses de agosto y septiembre se produjeron enfrentamientos discursivos entre la CAPIP y la CAFACH en torno al posicionamiento acerca de la posible emergencia económica para el sector pesquero en Chubut. Además, hubo una amplia polémica por el dragado del puerto de Rawson y sus efectos ambientales, así como la continuidad de conflictos en torno a los ex trabajadores de Alpesca y otras plantas.

El 18 de octubre se empezó a visibilizar lo que luego se iba a plantear como una relación conflictiva entre las autoridades del SUPA de la regional Chubut y el anunciado nuevo secretario de pesca (Andrés Arbeletche, quien recién asumiría el 10 de diciembre con el nuevo gobierno provincial de Ignacio Torres), a quien se acusaba de estar vinculado a la CAFACH (cuyos dirigentes ya arrastraban un mal vínculo con la conducción de este sindicato, situación que se agravaría en los meses sucesivos). Ese día se publicó que el SUPA le pedía “razonabilidad” al futuro secretario de pesca.

Era la respuesta a una declaración previa de Arbeletche, donde el funcionario le reclamaba “razonabilidad” a los reclamos del SUPA para no comprometer la actividad portuaria. El dirigente del SUPA, Alexis Gutiérrez, planteó que esas afirmaciones excedían el rol que correspondía a una autoridad gubernamental y que eso generaba problemas y malestar entre los operarios del muelle. Destacó que la Comisión Directiva del SUPA de Chubut estaba integrada por miembros de los 4 puertos de la provincia y eso no era por azar o “falta de razonabilidad”, sino para conformarla “con compañeros de los cuatro puertos justamente para tener una visión integral de la actividad”. Sostuvo finalmente que “si vamos a comenzar de esta manera, me parece que empezamos con el pie izquierdo, por eso apelamos a la razonabilidad de Arbeletche y que dialogue con los trabajadores” (Diario Jornada, 19/10/2023: 14).

El mismo día, en el sur de la provincia, pescadores artesanales de Caleta Córdova realizaron una protesta con quema de cubiertas en el puerto reclamando por el otorgamiento de los permisos de pesca. Lucas Salas, uno de los referentes de los trabajadores, remarcó que hacía más de 10 años venían solicitando los permisos y que el reclamo se realizó a partir de la información de que 4 buques de pesca artesanal de Rawson pescarían en el barrio costero de Caleta Córdova. Expresó que con los permisos se activaría la pesca artesanal en Comodoro, se daría dinamismo a la economía de la comunidad y generarían mano de obra, con al menos 100 puestos de trabajo.

Hacia el 27 de octubre se evidenciaba que continuaba la tensión entre el SUPA y los empresarios de la flota amarilla, representados en la CAFACH. Esto planteaba que la temporada de langostino aún no tenía fecha de inicio, siendo un conflicto difícil de encuadrar ya que no existía una medida de fuerza convocada en términos concretos. Hemos decidido conceptualizarlo, al mismo tiempo, como una huelga del SUPA y un lock out de la patronal (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2004), ya que ambas entidades no cedían en sus posturas y eso impedía comenzar las tareas de la temporada.

El SUPA declaró la situación de “alerta” en el estibaje de todos los puertos del Chubut, sosteniendo que hasta tanto no se resolviesen sus reclamos no podría iniciarse la prospección del caladero y afirmando que los empresarios del sector actuaban de manera impune e irracional. El gremio sostenía que un sector de la patronal tenía pretensiones monopólicas, en particular quienes los habían denunciado ante la justicia por intimidación. Denunciaban que esa patronal no quería que los trabajadores recibiesen un salario correcto y que esos empresarios ostentaban la suma del poder, creando un clima de miedo y una sensación de inseguridad entre los representantes sindicales. Quien formulaba estos pronunciamientos era, nuevamente, Alexis Gutiérrez, líder regional del SUPA.

Iniciando el mes de noviembre la CAPIP solicitó la declaración de emergencia pesquera, reclamando que la estiba no trasladase a la operatoria el incremento salarial del 160% de aumento que solicitaba el SUPA. Sostenían que la estructura de costos actual hacía imposible pagar ese aumento y trasladaban el pedido al sector gubernamental, planteando la necesidad de una ley de “emergencia”.

El 21 se produjo una acción muy contundente del SUPA, que impactó en toda la región y era la continuidad del conflicto que veníamos narrando: fue un corte de 8 horas de duración en las rutas provinciales 7 y 25, medida que aisló a la ciudad de Rawson del resto de la provincia. El problema fundamental, pocas veces explicitado, era el acuerdo paritario de alrededor de 160% de incremento que había firmado el SUPA con algunos sectores empresarios y que otras cámaras no querían reconocer. Por ello Gutiérrez sostenía que el no inicio de la temporada era un lockout empresarial, a través del cual presionaban al sindicato para bajar la paritaria.

Ese día, en la entrega de diplomas a las nuevas autoridades de la Legislatura Provincial, el gobernador electo de Chubut (Ignacio Torres) exigió que se diera una solución al conflicto pesquero. Sostuvo que “no hay más margen para seguir tirando de la cuerda, hay más de 5000 familias que necesitan empezar a trabajar, así que me voy a involucrar en este tema” (Diario Jornada, 22/11/2023: 4).

Al otro día se firmó un acuerdo en el sector pesquero, tras los cortes de ruta e intensas negociaciones entre el SUPA y los empresarios, asegurando que en esa misma jornada se iniciaba la prospección para comenzar la temporada de langostino. Estuvieron presentes los restantes gremios pesqueros y las cámaras empresariales, acordando la “paz social”. También se acercó a la negociación el gobernador electo Ignacio Torres, el intendente de Rawson Damián Biss y el futuro secretario de pesca, Andrés Arbeletche.

Los buques saldrían de inmediato a realizar la prospección por dos días y se estimaba que después arrancaría la temporada de captura de langostino. La reunión fue en la sede del SOMU y participaron las cámaras CAFACH (representada por Gustavo González y el apoderado Diego Martínez Zapata), CAPIP (con Agustín de la Fuente), Eduardo del Río por Cabo Vírgenes, Armando García en representación de Agropez y Conarpesa, Emmanuel Pinsker por Scarico, Don Gerónimo, Estibajes Suarmo y Trekan, además de Fernando Damboriana por Pesquera Veraz. A ellos se sumaban los dirigentes del STIA, SOMU, Siconara, SUPA y Centro de Patrones y Capitanes de Pesca, junto al actual secretario de pesca, Gabriel Aguilar. El 1° de diciembre finalmente comenzó la temporada de langostino, algo que llamativamente fue anunciado por el presidente de la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut, Gustavo González, en diálogo con Télam.

El 10 de diciembre asumieron las nuevas autoridades gubernamentales, tanto a nivel provincial como nacional. El gobierno de Javier Milei expresó la postura de iniciar un proceso de fuerte ajuste fiscal, que tendría expresiones de rechazo por parte de los sectores pesqueros. Para el 19 de diciembre la CAPIP emitió un duro reclamo contra las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional, a través de una nota dirigida por Agustín de la Fuente al secretario de pesca provincial Andrés Arbeletche.

Allí se manifestó la preocupación por los anuncios nacionales, sosteniendo que el contexto internacional era crítico y que las retenciones del 15%, que imponía el proyecto de ley enviado al Congreso de la Nación, impactarían directamente en la economía del sector. La CGT del Valle, que era dirigida por Luis Núñez (a su vez secretario general del STIA), también planteó su oposición al decreto nacional de necesidad y urgencia anunciado por Milei, afirmando que las medidas para el sector obrero no se trataban de una reforma laboral sino de un claro retroceso.

El 28 y 29 de diciembre se desarrolló un fuerte conflicto por una medida que se planteó como sorpresiva por parte del SUPA. Ante ella el secretario de pesca de Chubut informó a la Prefectura Nacional Argentina que quedaba suspendida la temporada de langostino hasta que no se pudiera garantizar la paz social y el libre trabajo.

La iniciativa del SUPA fue una medida de acción directa que paralizó el servicio de estiba de las empresas que operaban en Puerto Rawson, una vez que los buques habían regresado de las tareas de captura. Esto llevó a la permanencia de la pesca ya realizada dentro de las bodegas de la flota, generando un grave problema ambiental por la putrefacción del recurso y pérdidas millonarias para la actividad.

La patronal casi de inmediato salió a denunciar que el 22 de noviembre se había firmado el acuerdo de paz social que habilitaba la zafra de langostino y que dicha acta estaba siendo desconocida por parte del SUPA, a solo 36 días de su realización. Para el 30 de diciembre se publicó en tapa del Diario Jornada la continuidad del conflicto en la pesca de Puerto Rawson y las largas colas de personas que se habían congregado para ir a buscar el langostino que los marineros regalaban a fines de evitar que se terminase de pudrir en las bodegas de los barcos. Desde las 10 de la mañana de ese día empezó una reunión que trató el reclamo del gremio de estibadores, relacionado con las condiciones de seguridad e higiene, que había desembocado en la parálisis total de las descargas.

El gobierno provincial sostuvo que iría a fondo contra el SUPA por poner a Rawson al borde de lo que ellos denunciaban como una “catástrofe ambiental”, por dejar el producto descomponiéndose en las bodegas de los barcos anclados. Desde la CAFACH destacaron el trabajo de provincia para destrabar el conflicto y lamentaron que por el paro unos 60 buques no pudieron descargar la captura, generando grandes costos para el sector y los trabajadores.

Por su parte el SUPA sostuvo que la medida de fuerza no fue extorsiva ni intempestiva. Afirmaban que los trabajadores no eran responsables del costo económico y sostenían que el atropello a los derechos obreros provenía y obedecía a los caprichos y designios de un sector empresario muy pequeño, que se había negado a suscribir la paritaria, al que identificaban con la conducción de la CAFACH. El conflicto continuó abierto en el inicio del nuevo año y eso se expresó al comenzar enero de 2024.

Finalmente, el 30 de diciembre el STIA, SOMU y SICONARA se reunieron con representantes del gobierno de Chubut, y el intendente de Rawson, acordando dejar sin efecto la resolución de la Secretaría de Pesca que suspendía la temporada de pesca. Los tres sindicatos reclamaron a las autoridades de la Secretaría de Trabajo que garantizasen las negociaciones entre el SUPA y las empresas de la estiba, para no repetir conflictos que afectaban los puestos de trabajo de sus representados.

Cuadros de síntesis

Presentamos aquí una serie de cuadros que funcionan a modo de síntesis parcial de la totalidad de conflictos registrados en la actividad pesquera de Chubut durante 2021, 2022 y 2023. En la presentación previa se describieron aquellos hechos de mayor impacto o que, por sus características, consideramos necesario destacar en su desarrollo y evolución particular. En este apartado final buscamos arribar a un análisis más cualitativo, aunque el registro cuantitativo sea, justamente, un insumo imprescindible para avanzar en esa necesaria tarea de síntesis.

En primer lugar, analizaremos la cantidad de conflictos separados por trimestre, como manera de acercarnos a especificar el impacto de las temporadas de pesca en la evolución de estos.

Vemos una concentración de los conflictos, casi la mitad de ellos, en el último trimestre, cuando comienza la temporada de pesca clave de Chubut en torno a la captura del langostino en aguas provinciales. Luego la distribución es bastante equitativa entre los otros trimestres, detectándose una mayor incidencia de hechos en el segundo trimestre del año, una vez finalizada la temporada y quizás como manera de ir intentando renegociar las condiciones de cara a la nueva fase de captura, en esos casos con un tiempo prudencial que pretendería no afectar la actividad en la época de mayor empleo.

Esa diferencia entre algunos sindicatos que concentran sus reclamos en la etapa cercana a la temporada central de pesca y quienes los tienden a desarrollar luego de ella, se ha detectado en algunas declaraciones públicas y, en especial, en entrevistas particulares a algunos sujetos de la actividad. Esto se relaciona directamente con la posición estratégica y la fuerza obrera (Womack, 2007) de cada fracción laboral involucrada en la actividad: aquellos sindicatos que cuando hacen huelga tienen la capacidad de frenar todo el proceso productivo planifican sus medidas para el inicio de la temporada, mientras quienes tienen otras tareas tienden a realizar hechos fuera de esos períodos. La posibilidad de descargar la captura en otros puertos o de procesar en distintos territorios, quita fuerza a este sector laboral, ya que su medida de fuerza solo afecta una porción del proceso productivo.

Por su parte, los sindicatos que agrupan a fracciones laborales más especializadas (capitanes, conductores, maquinistas), generalmente con muy buenos salarios (al menos en relación con los que reciben las otras fracciones obreras del sector), necesitan realizar menos acciones de fuerza directa, aunque esto no inhibe que deban desarrollar medidas en defensa de sus derechos y remuneraciones.

Analizaremos ahora cuáles son las formas de lucha más utilizadas en los conflictos que hemos relevado, separados por año.

Podemos observar que las manifestaciones y huelgas prácticamente presentan igual cantidad de hechos y se destaca asimismo el peso de los cortes y bloqueos. En nuestros trabajos donde analizamos la conflictividad de toda la sociedad del noreste de Chubut (Pérez Álvarez y Suárez, 2022), el peso de las manifestaciones es bien superior al de las huelgas y un dato similar puede observarse resaltado en los estudios realizados a nivel nacional (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2024).

En este caso, y al tratarse en su mayoría de obreros ocupados que desarrollan su labor en sectores relevantes para la actividad económica, sus acciones conflictivas tienen fuerte peso y por ello pueden recurrir a una medida como la huelga, afectando de manera directa el proceso productivo.

Por otro lado, aquellos sectores que aún no son parte del trabajo asalariado efectivo en la pesca o los puertos, o que se encuentran temporalmente sin tareas, recurren a acciones que paralizan la actividad a partir de la utilización de sus cuerpos cortando vías de circulación (Becher y Pérez Álvarez, 2018). Cortes y bloqueos, unidos como hechos que afectan la operatoria productiva impidiendo el libre tránsito en ciertos ámbitos, integran 38 acciones. Especialmente destacados son los 17 bloqueos, acciones que afectan la operatoria portuaria y adquieren particular relevancia.

Así podemos señalar que durante 2015 trabajadores pesqueros despedidos impidieron el desembarco de un crucero en Puerto Madryn, como forma específica de protesta. Durante 2016 el SUPA paralizó el puerto de Rawson y bloqueó los accesos a la ciudad capital, pero sin extender las medidas a Madryn. Y para 2017 nuevamente el STIA impidió la salida de contenedores del muelle Storni de dicha localidad, situación que, para Pereyra, “pone de manifiesto que el impacto sobre la actividad portuaria debido a conflictos laborales es muy significativo en la ciudad” (Pereyra, 2019: 19).

La paralización de la operatoria portuaria parece haber generado buenos resultados a los colectivos obreros en sus procesos de lucha, aunque al costo de afectar gran parte de la actividad productiva. Se trata de una innovación en los repertorios de lucha de los colectivos obreros, especialmente en el puerto de aguas profundas de Madryn (Altimir, 1970) y por ahora solamente ejecutado por las fracciones vinculadas a las actividades marítimas en sentido amplio. Es, a la vez, un dato que señala la centralidad que tiene la actividad portuaria en toda la economía regional.

Por último, son relevantes los lock outs y los ataques, cada una de esas categorías explicando dos hechos. Los ataques expresan formas de confrontación que adquieren ribetes específicamente violentos y que exceden los marcos normados institucionalmente: suelen evidenciar el fracaso de los canales institucionales en su capacidad para procesar el conflicto.

Por su parte los lock outs son la medida específica del empresariado, que tiene la capacidad de paralizar completamente la actividad en el sector que controla productivamente cuando decide hacerlo. Se trata de una medida excepcional (ya que implica que esos mismos empresarios dejan de obtener ganancias durante el período de la medida de fuerza), que solo se instrumenta en contextos de alto nivel de enfrentamiento con los sindicatos o el Estado.

Veamos ahora cómo se ordenan los conflictos en la actividad pesquera de acuerdo con la organización que los convoca, o sea según cuál institución planificó, organizó y dirigió la acción desarrollada.

Aquí es especialmente importante destacar la necesidad de un análisis cualitativo. La simple observación cuantitativa podría ofrecer un diagnóstico equivocado, que supondría que la gran mayoría de los hechos agrupados en el STIA explican que ese sindicato es el más poderoso de la actividad. De hecho, nuestra lectura es justamente la opuesta: al tratarse del sector laboral implicado en una posición menos estratégica dentro del proceso productivo, es quien debe realizar más acciones para tratar de conquistar sus reivindicaciones. Además, en ciertos casos sus luchas se dan de manera desarticulada según la empresa de la que son o eran empleados, algo que se evidencia especialmente en las acciones vinculadas a los obreros de la ex Alpesca.

En cambio, el SOMU, implicado en una posición estratégica que le brinda una relevante fuerza obrera (Womack, 2007) concentra sus reclamos en escasas acciones de gran visibilidad e impacto. Sin embargo, en algunos casos las mismas pueden llegar a desarrollarse durante períodos extensos, cuando no se llega a acuerdos con la patronal. En una posición intermedia se plantea el SUPA, cuyo rol en la descarga también tiene la capacidad de afectar el proceso productivo, pero cuya actividad eventualmente puede ser reemplazada dirigiéndose hacia otro puerto que no estuviese en conflicto.

Es relevante la presencia de otros sindicatos de menor incidencia, pero que agrupados explican una buena porción de los hechos, así como de autoconvocados (expresando un nivel relativamente importante de descontento con algunas direcciones gremiales) y de medidas planteadas en unidad. También se destacaron las acciones impulsadas por cámaras empresariales, que tienden a ser muy contundentes y de alto impacto ya que frenan el proceso productivo completamente, al menos en su área de influencia.

Reflexiones finales

A raíz de lo expuesto en el relato de los hechos y los cuadros cuantitativos, podemos sintetizar algunas conclusiones generales. La principal es que, dentro de un período con una conflictividad sostenida y relevante en el sector, observamos una mayor cantidad de hechos en la región norte de Chubut. Sus motivaciones estuvieron concentradas en torno a los atrasos salariales, el reclamo de aumentos y las acciones contra los despidos de personal, que conllevaron un incremento de la intensidad de los conflictos. Por el contrario, en la región sur de la provincia la cantidad de hechos fue evidentemente menor y la amplia mayoría de ellos estuvieron relacionados con la falta de trabajo estable, exigiendo el arribo de buques al puerto de Comodoro Rivadavia.

Dentro de las formas de conflicto se destacaron las movilizaciones y huelgas, que abarcaron, en conjunto, más del 50% de los hechos registrados. Es relevante también el rol de los cortes de ruta, principalmente en la región norte, y los bloqueos de puerto, de particular incidencia en el sur provincial durante los años aquí analizados; las diferencias de los métodos de reclamo se configuran en torno a las características productivas de cada región y las posibilidades que cada fracción laboral tenía para afectar el circuito productivo. Con respecto a los bloqueos portuarios: “La experiencia de los últimos años demuestra que, ante un conflicto trabado, los gremios optan por afectar la actividad portuaria en forma directa e indirecta, y a partir de ese evento se acelera la búsqueda de una salida” (Pereyra, 2019: 21). Es, a la vez, un dato que señala la centralidad que tiene la actividad portuaria en toda la economía regional (Pérez Álvarez, 2021b).

Se encuentra una mayor centralidad de conflictos en el último trimestre del año, etapa en la cual se concentra la actividad pesquera langostinera, actualmente la de principal impacto económico en la provincia. Fue durante esas fases cuando se desarrollaron los conflictos más significativos.

Observamos además una fuerte conflictividad en el norte de Chubut contra el Estado, o al menos enfrentando una parte de sus políticas. El eje estuvo puesto en derogar el tributo denominado FAP y cuestionar, desde algunos sectores, el proyecto de nueva ley de pesca. En el caso del FAP hubo una alianza coyuntural de sectores sindicales de la industria y cámaras pesqueras, siendo perjudicado el Estado (especialmente los municipios costeros) por la falta de recaudación y los trabajadores estatales relacionados con la pesca, afiliados al SUTAP y/o a ATE, que recibían parte de su salario a partir de lo tributado por dicho Fondo.

La parte empresarial también tuvo su participación en el conflicto a través de las cámaras del sector, sin suponer una gran porción en términos cuantitativos, pero siendo claves en lo cualitativo. Por un lado, a partir de la falta de acuerdo con los sindicatos, circunstancias que devienen generalmente en conflictos abiertos y, por el otro, manifestando y expresando sus propios reclamos, especialmente a partir de finales de 2023 con el enfrentamiento entre las dirigencias de la CAFACH y el SUPA. Durante los meses finales del período trabajado se observa una alianza sindical patronal contra las modificaciones a la regulación de la actividad pesquera propugnadas en la ley ómnibus de Milei. En ese marco los sindicatos desarrollaron acciones de movilización y las patronales emitieron documentos críticos e instrumentaron diversas intervenciones ante funcionarios estatales en el orden provincial y nacional.

El análisis y los resultados expuestos a lo largo de este trabajo aportan a los debates más amplios sobre la conflictividad sociolaboral en términos generales en nuestro país, así como al estudio de la dinámica en el seno de sectores específicos de las economías regionales en tiempos recientes. A la vez esta contribución permite visualizar otra conclusión evidente, de carácter generalizable: los obreros y sus organizaciones sindicales siguen siendo un factor clave para comprender el funcionamiento de las estructuras socio-económicas, al tiempo que continúan manteniendo conflictos abiertos y permanentes con los sectores del capital.

También resaltamos la centralidad del accionar de las cámaras empresariales en tanto representantes del sector patronal, quienes asumieron un rol marcadamente confrontativo y protagónico en los conflictos y procesos sociales durante los últimos años (Cotarelo, 2016). Consideramos que la producción de futuros informes técnicos cuantitativos permitirá realizar lecturas comparativas de períodos más extensos, y la construcción de matrices cualitativas posibilitará ampliar la mirada acerca de esta dinámica fundamental para la región patagónica en general y la provincia del Chubut en particular.

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Notas

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