Introducción

A partir de 1492, con el traslado de la antigua frontera terrestre nazarí al limes marítimo, se articuló una nueva organización defensiva del reino de Granada, con base en una amplia actividad de promulgación de ordenanzas dictadas entre 1492 y 1514. Tanto la normativa como el despliegue de unos medios militares que se fueron adaptando progresivamente a la nueva situación de la frontera marítima determinaron la articulación de la defensa del territorio en distintos niveles, integrados por el sistema de guardas de costa situado en las estancias y torres vigía del litoral, las guarniciones defensivas del conjunto de castillos y fortalezas establecidos en los principales nudos de comunicación y en las ciudades y villas más importantes del litoral y, por último, una serie de compañías de infantería y jinetes situadas en los principales núcleos de población de la costa, conformando un cuerpo profesional que se movió en el período entre los 1.600 y 1.900 efectivos teóricos (Gámir Sandoval, 1988; Barea Ferrer, 1984;López de Coca, 1993a; Jiménez Estrella, 2006). Este cinturón de defensa profesional no podía abarcar toda la protección de la costa, por lo que debía ser completado con la actividad de las milicias o tropas concejiles de los municipios más importantes, activadas cuando se producían las llamadas a rebato en la costa en caso de ataques (Contreras Gay, 1997).

Al mando de todo este entramado se situaba la Capitanía General del reino de Granada, una institución establecida desde 1502 en cabeza de don Íñigo López de Mendoza, segundo conde de Tendilla, noble castellano que desde 1492 ocupaba los cargos de capitán general de la ciudad de Granada y alcaide de la Alhambra, la fortaleza y real sitio más importante del reino granadino. A partir de ahí se estableció una auténtica dinastía de capitanes generales, la de los Mendoza, con importantes atribuciones fiscales, políticas, militares y jurisdiccionales, sustentada sobre la base de una extensa clientela, nutrida de servidores de la casa, oficiales, militares y lo más señalado de las elites colaboracionistas moriscas, a las que los Mendoza gratificaron con una parte de lo obtenido con las fardas y servicios cobrados a sus correligionarios (Jiménez Estrella, 2009). Los Mendoza se perpetuaron por tres generaciones hasta su salida del cargo tras la rebelión de las Alpujarras, en un proceso político que supuso una ruptura con el orden anterior y una nueva realidad, marcada por una devaluación política e institucional del cargo, que se fue acentuando a inicios del siglo XVII (Jiménez Estrella, 2020).

A nivel defensivo, se configuró una doble frontera, como ya destacó hace tiempo Bernard Vincent. Una frontera exterior, marcada por el limes que suponía el propio mar Mediterráneo y el enemigo del otro lado del mar. Otra interior, representada por una mayoritaria población de granadinos –mudéjares primero, moriscos tras las conversiones forzosas de inicios de siglo–, quienes constituirán una fuente de información privilegiada, en un proceso asumido por la administración real (Vincent, 1992).

En este trabajo abordamos cómo el intercambio de información a uno y otro lado de la frontera marítima fue un factor determinante para el funcionamiento del gobierno militar y la defensa del reino de Granada en el contexto del escenario logístico y estratégico del Mediterráneo, la amenaza de la Berbería, la confrontación con el infiel y la política norteafricana de la Monarquía Hispánica, donde el espacio, como hace mucho tiempo señaló Fernand Braudel (1993, I: 473), constituía un obstáculo esencial para la articulación y defensa del imperio desplegado por Carlos V y Felipe II en el área. Para ello, hemos optado por un período de algo más de un siglo, que se correspondería con dos fases bien diferenciadas en la evolución política, militar e institucional del reino: la etapa de presencia morisca mayoritaria en el territorio, desarrollada entre 1501 –fecha en la que se ordena la conversión general tras la primera rebelión de las Alpujarras– y finales de 1570, que finalizaría con la deportación de los cristianos nuevos del reino de Granada y su diseminación por otras regiones de la Corona de Castilla; el período comprendido entre 1570 y 1621, marcado por la despoblación de numerosas áreas del reino y una crisis demográfica y económica que tardaría en remontar en el siglo XVII, así como la expulsión general de los moriscos de España entre 1609-14, con un repunte del corso y la piratería y el final del reinado de Felipe III, que coincide con la introducción de un conjunto de nuevas instrucciones para la defensa del territorio, a raíz del traumático asalto turco a la localidad de Adra de 1620 (Jiménez Estrella, 2019).

Se hará un recorrido de larga duración para aportar una visión global sobre el modo en que circuló la información en la propia costa y entre ambas orillas y cómo se gestionó para articular la defensa de una frontera que ocupaba más de ochenta leguas de litoral, desde los confines con el Estrecho de Gibraltar hasta los límites con el reino de Murcia. Se trata de una cuestión que, salvo alguna investigación aislada (Gil Sanjuán, 1983), apenas ha sido tratada en los estudios que se han realizado sobre la defensa del territorio granadino en el marco mediterráneo y que consideramos esencial, dado el especial impacto que el corso y la piratería turco-berberisca tuvieron sobre las costas del reino en el período abordado. Nos centraremos para ello en el papel jugado por los agentes y redes que proporcionaban información sobre lo que sucedía en la Berbería, la importancia de los rebatos y avisos remitidos a la corte sobre la amenaza turco-berberisca, así como el papel jugado por colectivos como el de los moriscos, los cautivos musulmanes y renegados o los esclavos establecidos en las poblaciones litorales del reino.

La frontera marítima granadina fue un activo y continuado espacio de circulación de personas que, por ende, proporcionaron una información que desde el punto de vista estratégico era fundamental, en el contexto general de la política de la Monarquía Hispánica en el Mediterráneo Occidental. En primer lugar, hubo intercambios y relaciones comerciales con la Berbería, hacia donde se exportaban paños y otras manufacturas –incluidas armas– y se importaban cereales, miel, azúcar, cuero, esclavos y otros muchos productos. Ello facilitó el establecimiento de contactos que la Corona trató de controlar y limitar con sucesivas prohibiciones que buscaban, en última instancia, evitar que se comerciase con productos prohibidos –fundamentalmente armas y metales preciosos– y que los enemigos de la Monarquía contasen con información sobre las defensas costeras y el movimiento de las armadas de galeras españolas en el área que iba del Estrecho de Gibraltar hasta las costas del reino de Valencia. En esta línea se registran órdenes como la de julio de 1505, que ordenaba el cese de cualquier tipo de transacción, comercio o negocio con Vélez de la Gomera y el resto de la Berbería,^[1] la de septiembre de 1530, que prohibía la contratación con Argel y norte de África,^[2] o la de marzo de 1549, que prohibía el mantenimiento de contratos o transacciones comerciales con los territorios norteafricanos y los enemigos de la fe católica.^[3] A pesar de todas estas disposiciones, ciudades como Málaga mantuvieron un intenso tráfico comercial con la zona desde época de los Reyes Católicos, con salvaguardas y cartas de seguro, orientado principalmente al abastecimiento de todo tipo de productos para los presidios norteafricanos –azúcar, vino, pasas, cereales, etc.– (López Beltrán, 1986), y sabemos que el comercio entre ambas orillas, a pesar del peligro del corso y la piratería y las tensas relaciones con el mundo islámico, fue más activo de lo que se afirmaba tradicionalmente, como ocurrió en el período de transición entre los reinados de Felipe II y Felipe III (López Nadal, 1998; Martín Corrales, 2005, Bunes Ibarra, 2017), y en relación a espacios logísticos tan importantes como el presidio de Orán-Mazalquivir.^[4] Ello se debía, entre otros factores, a la constante necesidad de grano en Castilla, al uso de todo tipo de mercancías que se intercambiaban por cautivos en sus operaciones de rescate y gracias a la intervención continuada de intermediarios católicos, musulmanes y judíos en un espacio de intercambios fluidos, cuyos intereses debían conjugarse con la política defensiva de la Monarquía, que, al mismo tiempo, veía con preocupación los contactos y el trasvase de información sensible al otro lado del mar.

Otra vía de intercambio de información fue la motivada por dos tipos de circulación de personas de una a otra orilla. En primer lugar, el paso o el intento de paso recurrente de moriscos granadinos al norte de África, que conocían a la perfección la geografía del reino granadino, la disposición de sus villas y ciudades, el modo en que los cristianos viejos se distribuían en ellas y la estructura y composición de las defensas costeras. Por otro lado, la causada por el paso forzado de cristianos viejos que eran capturados por parte de los corsarios y piratas norteafricanos y otomanos, lo que dio lugar al conocido fenómeno del cautiverio, extendido al resto del litoral mediterráneo controlado por la Monarquía Hispánica desde el Estrecho de Gibraltar hasta las posesiones italianas. Como veremos, ambos movimientos de personas, especialmente el primero, implicaron un peligroso trasvase de información privilegiada para el corso turco-berberisco y sus objetivos.

Circulación de agentes, información y defensa del territorio

Sabemos de la existencia de una importante red de inteligencia, de servicios de correo y espías que recababan información sobre el norte de África y el Imperio Otomano, mediante el establecimiento de un vasto servicio de información para la Berbería y Levante. Dicha red estaba integrada por militares, mercaderes y religiosos de las órdenes encargadas de la redención de cautivos –trinitarios, mercedarios esencialmente–, entre otros colectivos que podían pasar de un lado a otro. Todo ello convergía en un caudal de información muy rica, transmitida por avisos, correspondencia y otras vías a través de distintos centros y nodos que pasaban por Málaga, Cartagena, Barcelona dentro de la península, u Orán, Génova, Nápoles y Palermo fuera de ella, coadyuvando a alimentar las crónicas, relaciones de sucesos y la denominada “literatura de avisos”, con noticias de lo que pasaba en la otra orilla, como han demostrado José Emilio Sola (2005) y Gennaro Varriale (2016). Toda esa información contribuyó a la construcción ideológica e interesada de la imagen del enemigo islámico, al mismo tiempo que justificaba las campañas de conquista de la Monarquía en el norte de África y la cruzada contra el Imperio Otomano en el Mediterráneo. En este contexto se sitúa, por ejemplo, la importante red de espionaje e inteligencia desplegada desde la década de 1560 por Felipe II en Constantinopla y el establecimiento de una serie de treguas con el turco (Braudel, 1993: 660-715), estudiada en profundidad por diversos autores (Tejada Carrasco, 2017, Casillas Pérez, 2021).

El reino de Granada estaba inserto en esa red de circulación de información, al menos en lo que afectaba al mar de Alborán. Dado lo amplio del período analizado, nos centraremos, a modo de ejemplo, en una etapa concreta y especialmente “caliente” desde el punto de vista defensivo y de control de la información, que iría de inicios del XVI hasta los prolegómenos de la segunda rebelión morisca de finales de 1568. Hablamos del período de presencia morisca en el reino y de gestión de los Mendoza al frente de la Capitanía General y la Proveeduría General de Armadas y Fronteras de Málaga, en el que la situación del norte de África y la logística de los presidios estuvieron estrechamente vinculados a la defensa del territorio.

Sabemos que el conde de Tendilla contaba con su propia red de espías e informadores sobre lo que pasaba al otro lado del Estrecho, con Málaga como punto clave desde el que se enviaban los avisos de lo sucedido al otro lado del mar hacia la corte (Gil Sanjuán, 1983: 268). Mercaderes, agentes cristianos viejos y musulmanes bien relacionados con don Íñigo López de Mendoza le proporcionaban información y éste mantenía correspondencia con los gobernadores de plazas norteafricanas, pues el mantenimiento del sistema de presidios afectaba directamente a la seguridad de la costa. Conocemos buena parte de esas noticias e información gracias a su correspondencia privada, de la que se conservan varios registros publicados para el período que va de 1504 a 1515.^[5] En esta correspondencia, los asuntos de Ceuta, Melilla, Orán-Mazalquivir, Vélez de la Gomera, gran centro de intercambio de cautivos a inicios del XVI, así como todo lo que tocaba a los reinos de la Berbería están muy presentes. El capitán general estaba convencido de que el mejor modo de asegurar la defensa del limes marítimo granadino era apoyar la ocupación de buena parte del espacio litoral norteafricano. Bajo esta premisa, presentó un proyecto para conquistar una serie de plazas entre Melilla y Argel y tuvo una participación muy activa en el aprovisionamiento de las expediciones de 1505 y 1508 sobre Orán-Mazalquivir (Szmolka Clares, 1981). En esta línea de actuación, por ejemplo, en agosto de 1504 el conde de Tendilla hacía saber a la corte que un moro llamado “Verisque” estaba dispuesto a embarcarse desde Vélez de la Gomera con dos fustas “cargadas de moros”, y al que se concedería un seguro y merced de 300 ducados de oro,^[6] cinco años después otorgaba un salvoconducto para poder transitar durante 150 días por el reino granadino al emisario Abulacaçin Abenhadir, criado de Alí Barrax, señor de la Berbería, con quien mantenía contactos estrechos,^[7] y en abril de 1514 hacía saber al rey la intención de un moro llamado “Buen Año”, de obtener un seguro para pasar con algunos cautivos a la costa granadina y convertirse al cristianismo.^[8] Este y otros ejemplos evidencian la estrategia seguida por el capitán general de sostener una red de agentes e intermediarios que facilitasen información entre ambas orillas, colaborar con algunos jefes y reyezuelos magrebíes para facilitar el rescate de cristianos cautivos e incluso participar de los beneficios de este tráfico humano.

Sus sucesores al frente de la Capitanía General continuaron manteniendo dicha red y conexión con todo lo relacionado con el norte de África, en especial con los presidios de Orán y Mazalquivir, con los que había una constante correspondencia, dada la importancia de Málaga como centro neurálgico del aprovisionamiento de armas, hombres y víveres para aquellas plazas, sobre todo cereal procedente de Andalucía. En octubre de 1516, don Luis Hurtado de Mendoza reportaba información de cómo se había producido el ataque de Barbarroja sobre Argel y la caída de la fuerza expedicionaria comandada por don Diego de Vera, por orden del cardenal Cisneros.^[9] En mayo de 1521, manifestaba al emperador el grave perjuicio ocasionado por la pérdida del peñón de Vélez de la Gomera y su intención de encabezar una expedición para recuperarla.^[10] La empresa se realizaría cuatro años después con una escuadra de más de sesenta naves, aunque sin éxito (López de Coca, 1993b). En junio de 1530, don Luis daba su parecer sobre una posible expedición para tomar Argel a los Barbarroja, fuertemente defendida por tierra y por mar, así como la necesidad de potenciar el papel de la armada de galeras para controlar y “señorear la mar” frente al corso y la piratería islámica y evitar sus internadas en las costas de los reinos de Granada y Valencia.^[11] En mayo de 1534, Mondéjar remitía un memorial al Consejo de Guerra en el que, entre otras medidas sobre la protección del reino tras la realización de una visita al sistema defensivo, consideraba que la plaza de “One” –Honaine–, ocupada desde 1531, era de gran importancia estratégica y no debía abandonarse a manos del rey de Tremecén –como ocurriría a la postre–, ya que podía ser una base de operaciones del corso sobre las costas almerienses, a solo 28 leguas de distancia.^[12]

Son solo algunos ejemplos de cómo el canal de información, de correos, de avisos y noticias sobre el norte africano continuó abierto durante el mandato del segundo capitán general del reino, del mismo modo que ocurriría con su sucesor en la Capitanía, don Íñigo López de Mendoza. Tanto don Luis como su hijo, desde su cargo de proveedores generales de armadas y fronteras en Málaga, tomaron parte muy activa en la política norteafricana de la Monarquía asegurando la logística de abastecimiento de los presidios de la Berbería y de algunas de las expediciones más importantes lanzadas por Carlos V y Felipe II en el Mediterráneo. Desde fines de 1534, bajo la amenaza de un posible ataque de Hayredín Barbarroja sobre las costas españolas, don Luis se encargó de dirigir las operaciones de aprovisionamiento de la expedición de Carlos V sobre Túnez en 1535, en la que se movilizaron desde Málaga más de un centenar de naves con más de 9.000 soldados y 600 jinetes, además de un importante tren de artillería, municiones y provisiones para la armada que debía salir de Barcelona y reunirse con el resto de fuerza expedicionaria en Sicilia. Posteriormente, se encargaría también de participar en los preparativos de una Santa Liga en coalición con Venecia y el Papa en 1538 y las operaciones de aprovisionamiento de la fracasada expedición de Argel de 1541, en la que participaría personalmente su hijo Íñigo, quien lo relevó en el cargo en 1543 (Quatrefages, 1978; Jiménez Estrella, 2004b y 2025).

Don Íñigo, como nuevo capitán general, continuó recabando información sobre los movimientos del corso y la situación de la otra orilla, al objeto de reforzar las defensas de la costa. A tenor de la correspondencia que se conserva del capitán general con la corte, tanto en estas expediciones como en los memoriales que remitía al Consejo de Guerra con avisos y noticias de las maniobras del turco y sus alianzas con Francisco I de Francia para poder atracar sus naves en Tolón y Marsella,^[13] vemos cómo don Íñigo insistía en la importancia de asegurar desde la Proveeduría de Málaga el abastecimiento y conservación de los presidios de Orán y Bujía, y demostraba un amplio conocimiento de la situación política de Argel, Tremecén y otros reinos norteafricanos en relación con la posición del Imperio Otomano en el Mediterráneo occidental, así como del potencial militar de dichos enclaves y la amenaza que podían suponer sobre la costa del sur y levante peninsular.

En junio de 1547, tras reportar el asalto llevado a cabo por una escuadra de siete naves que desembarcaron a 300 turcos en la localidad almeriense de Mojácar, hacía llegar a la corte el aviso de que se estaba formando una escuadra de más de quince navíos que podía recalar en la costa granadina.^[14] Dos años después, se hacía eco de la preocupación que cundía en la corte por el ascenso del xerife saadí Muhammad al-Sayj y su conquista de Fez, con la que el reino de Marruecos alcanzaría su máxima extensión y le llevaría posteriormente a un enfrentamiento con los turcos en el área (Veronne, 1954; Torres, 1980). Entonces se sospechaba que el xerife, que había ocupado Vélez de la Gomera, podía atacar Melilla y el mismo don Íñigo advertía sobre su capacidad militar para atosigar las costas granadinas.^[15] Aprovechando sus canales de información y los agentes con que contaba en Málaga, el capitán general asumió una misión de inspección para conocer el estado de las defensas de Melilla. Allí entró en contacto con Muley Abbu Hassun, superviviente de la matanza llevada a cabo por el xerife en la conquista de Fez y refugiado en la plaza melillense tras ser depuesto como “rey” de Vélez de la Gomera (García Arenal y Bunes Ibarra, 1992: 83). Abbu Hassun tenía la intención de viajar a la corte y lograr apoyo financiero y armado en la organización de una expedición para recuperar Fez y colocarla bajo el vasallaje del emperador. Don Íñigo había constatado el prestigio del reyezuelo entre los líderes locales, quienes lo tachaban de “onbre harto querido y atentado y que tiene harta reputación en Berbería” y consideraba que Abbu Hassun podía actuar como un buen intermediario y canalizador del descontento de muchos jefes y tribus norteafricanas que apoyarían la realización de una posible expedición contra el xerife, empresa que nunca llegó a materializarse.^[16] Por entonces, buena parte de la correspondencia de la Capitanía General giró en torno al peligro de un ataque de Dragut y las medidas de apercibimiento y de mejora del cinturón defensivo que debían llevarse a cabo.^[17] En junio de 1550 don Íñigo informaba de la llegada a la Alhambra de dos moros que habían desembarcado en Almería, uno de ellos criado del rey de Vélez de la Gomera y el otro un jeque frontero de la plaza de Melilla, “cargados con cartas de Berbería” para el rey exiliado y para el duque de Medina Sidonia. En ellas constaba el descontento del alcaide que el xerife había puesto en el Peñón y la idea de que muchos jefes locales de la zona estaban dispuestos a levantarse contra aquél.^[18]

Durante los años siguientes el capitán general del reino reemprendió muy activamente el papel de proveedor general de armadas y fronteras desde la sede malagueña, en el contexto de la política expansionista de Salah Rais, nuevo rey de Argel, que pondría en jaque el frágil sistema de presidios norteafricanos y suponía también una amenaza para el reino de Marruecos. A lo largo de esos años sabemos que desde la proveeduría malagueña se organizaron sucesivas operaciones para el envío de armas y hombres a Nápoles y para socorrer los presidios de Orán-Mazalquivir y Bujía, en serio peligro. En febrero de 1553, don Íñigo recibía órdenes de aparejar navíos para el envío de hombres y unos 50.000 ducados en concepto de paga y 30.000 para ropa de los soldados de Orán, Bujía y la Goleta.^[19] Tres meses después, remitía una misiva al príncipe Felipe en la que daba su parecer sobre las defensas de Ceuta, plaza que conocía de su viaje al norte de África en 1549.^[20] Un momento especialmente crítico fue la caída de Bujía en 1555 a manos de Salah Rais. La pérdida del presidio causó impacto en Castilla y fue seguido de una importante campaña de recaudación de fondos mediante la predicación de sermones, al objeto de costear una posible expedición para recuperar la plaza, que nunca se llevó a término. Durante los años siguientes, marcados por el famoso desastre de la expedición del conde de Alcaudete en Mostaganem, en agosto de 1558, saldada con la muerte y cautiverio de buena parte de la fuerza expedicionaria reclutada para la campaña, los esfuerzos del capitán general en relación a Berbería se concentraron en organizar sucesivas expediciones de socorro y refuerzo con armas, provisiones y hombres para el presidio de Orán por la vía de Málaga y Cartagena, para las que obtuvo plenos poderes de la Corona.^[21] En buena parte de la comunicación mantenida con la corte puede rastrearse el conocimiento que tanto el capitán general como los oficiales de la proveeduría malagueña tenían del estado en que se encontraban las guarniciones, provisiones y defensas de los presidios norteafricanos y de los movimientos del rey de Argel, en gran medida, gracias a los informadores con que contaban y que pasaban de uno a otro lado del Estrecho.^[22]

El período posterior, en los compases previos al estallido de la rebelión de fines de 1568, estuvo marcado por procesos como el enrarecimiento en las relaciones entre el capitán general y la comunidad morisca a consecuencia del incremento de la presión fiscal y nuevas prohibiciones, la introducción de los decretos de aculturación de enero de 1567, espoleta definitiva para el estallido de la revuelta, así como un incremento de las medidas de control y protección militar de la costa del reino ante las noticias cada vez más veraces de un posible levantamiento armado de los moriscos granadinos y sus contactos con la Berbería para obtener apoyo en una posible guerra abierta contra Felipe II (Jiménez Estrella, 2004a: 147-162). Sin duda alguna, la guerra de 1568-1571 cambiaría todos los parámetros en lo concerniente la información sobre los movimientos de la Sublime Puerta, el corso musulmán norteafricano y las alianzas de los dirigentes más radicales del bando morisco, a fin de obtener ayuda logística y armamentística de sus hermanos de fe, como ha evidenciado Sánchez Ramos en un reciente trabajo en el que analiza ese flujo de información y contextualiza el conflicto en el marco Mediterráneo y de las relaciones con la Sublime Puerta y los reinos de Marruecos, Argel y Túnez (Sánchez Ramos, 2020).

Rebatos y avisos en la frontera marítima granadina

Una fuente de información de gran valor, bien conocida, pero que no ha sido objeto de un análisis seriado y sistemático que permita calibrar su importancia en la articulación de la defensa, es la proporcionada por los avisos y cartas de rebato sobre avistamientos de naves enemigas en la costa. Del mismo modo que en el resto del espacio costero y marítimo peninsular (Sola Castaño, 1988; Alonso Acero, 1999; Barrio Gozalo, 2006) y otros escenarios bajo control de la Monarquía como las posesiones del sur de Italia (Varriale, 2025), la actividad del corso y la piratería de bandera islámica revistieron una gran importancia sobre las costas del reino granadino, con una incidencia especial en el área almeriense comprendida entre el Cabo de Gata y el límite con el reino de Murcia, más despoblada y mucho más expuesta a este tipo de incursiones. En consecuencia, a lo largo de todo el período analizado proliferaron las llamadas a rebato de los militares y vecinos de las localidades que estaban en peligro, así como las relaciones enviadas por los capitanes generales sobre el avistamiento de embarcaciones musulmanas que se acercaban a la costa para realizar un ataque o que habían protagonizado algún tipo de escaramuza con naves cristianas y escuadras de las galeras de España. Ante cualquier indicio de la presencia de fustas, galeotas, galeras o cualquier tipo de embarcación musulmana cundía la alerta y en las poblaciones costeras se utilizaban todo tipo de recursos para las llamadas a rebato, tales como las campanas de las iglesias o incluso disparos de artillería, como ocurría en la ciudad de Málaga, donde, al decir del corregidor en junio de 1600, había “costumbre que todas las veces que se descubren navíos de enemigos se dispara una pieza desde la Torre Gorda, con la cual, por ser conocida, se avisa a los pescadores que están a la mar y se recogen ellos y los demás navíos que están fuera”.^[23] Esta información, recabada por los capitanes generales y gobernadores militares de la costa y remitida al Consejo de guerra, daba cuenta del estado de miedo e incertidumbre existente entre las autoridades y pobladores del litoral.

Al respecto, contamos con una importante casuística de avisos que llegaban a los oficiales de la costa a través de informadores, mercaderes y renegados que habían sido capturados e informaban sobre posibles asaltos. Otra fuente de información son las denominadas cartas de rebato, correos de urgencia que debían transmitirse, elaborados a raíz de los avisos y alertas que los guardas y centinelas costeros llevaban a cabo mediante señales de ahumadas –de día– y hogueras o almenaras de fuego –durante la noche– para comunicar los avisos entre las distintas atalayas y torres de vigilancia y pasar, asimismo, las cartas de rebato a través de una cadena de centinelas y atajadores que, en teoría, no debía romperse. Las cartas de rebato debían circular por los puestos defensivos de la costa y pasar de unas localidades a otras por medio de oficiales y soldados que integraban el sistema defensivo, estableciendo un engranaje de transmisión y difusión de información que debía servir para prevenir a villas y ciudades costeras de un posible ataque. Una vez se llamaba a rebato, los gobiernos locales de aquellos núcleos habitados más próximos a la amenaza debían tomar todas las medidas necesarias para llamar a la población en armas, movilizar a sus propias tropas locales y realizar alardes, en aras de prevenir un posible ataque. Sin embargo, en la práctica el sistema no siempre funcionaba, algo que sabemos gracias a más de un proceso de averiguación por parte de la Capitanía General, en los que se denunciaban atrasos, falta de reacción de las autoridades municipales ante los avisos de las almenaras y ahumadas desde torres costeras a localidades del interior que debían prestarles socorro, dilaciones e incluso pérdidas de cartas entre los peones, atajadores y demás integrantes del sistema de guardas de costa, lo cual constituía una negligencia que daba al traste con el sistema de avisos y que en ocasiones se castigaba severamente (Jiménez Estrella, 2017).

A veces, los capitanes generales y oficiales al mando del sistema defensivo remitían estos avisos a Madrid, lo que permitía contar con un importante caudal de información sobre múltiples aspectos de la estrategia, la logística y las fuerzas desplegadas por el corso y la piratería turco-berberisca en el Levante y, sobre todo, en el Mar de Alborán, el área más sensible en materia defensiva. Es cierto que estos avisos y alertas enviados a la corte deben analizarse con cuidado, porque algunos podían ser falsas alarmas y otros podían exagerar la realidad, a fin de dejar patente ante el Consejo de Guerra la falta de efectivos humanos, los problemas de financiación y la mala situación material del cinturón defensivo. No obstante, si cruzamos los avisos con otras fuentes como la correspondencia enviada por otros miembros de la administración granadina, los pleitos generados por los repartos de presas, la información recabada como consecuencia de la investigación de casos de negligencia y dejación de funciones de las guardas de costa o de las autoridades concejiles, queda constatada la amenaza y la escalada del tráfico corsario y los ataques sobre el litoral. Se trataba de un fenómeno en absoluto exclusivo del sistema defensivo granadino, ya que se extendía al resto de la frontera marítima mediterránea de la Monarquía.

En la tabla adjunta presentamos una pequeña muestra de los numerosos avisos y avistamientos de naves enemigas, fundamentalmente de bandera turco-berberisca, que hemos registrado a partir de nuestras investigaciones hasta la fecha. Dejamos al margen la etapa de la rebelión de las Alpujarras, un período de guerra viva en el que el número de alertas y el movimiento de fuerzas de auxilio musulmanas a los moriscos rebelados se multiplicó exponencialmente y ha sido bien testimoniado por los cronistas de la guerra, especialmente Luis del Mármol (2015). Conviene advertir que es una muestra muy limitada de los miles de casos se debieron de producir en una frontera marítima tan activa como la del reino de Granada y en un espacio de tiempo tan amplio. También que la tabla no se basa en un análisis sistemático y exhaustivo de los algo más de cien años comprendidos en este estudio, por lo que una menor o mayor concentración de casos en determinadas fechas se debe solo al hecho de contar con más información y fuentes para ese período concreto. Además, no todos los avisos constituyeron un peligro real de ataque, pues algunos dieron lugar a rebatos y enfrentamientos con los asaltantes, y en otros casos solo se trató de alertas y amenazas que no llegaron a materializarse con asaltos sobre el litoral, sino solo como meros avistamientos. No obstante, consideramos que se trata de una muestra suficientemente representativa en el largo plazo de la amenaza que suponían el corso y la piratería musulmanas sobre esa franja de la costa peninsular y el modo en que se gestionaron las noticias y la información sobre dicha amenaza, en aras de articular la defensa de las poblaciones costeras.

Los datos reflejados en la tabla evidencian que los rebatos y los avisos fueron una realidad frecuente y cotidiana en el litoral que, en muchos casos, se tradujo en asaltos y ataques sobre poblaciones costeras, y en otros fueron falsas alarmas que contribuían a agravar aún más el estado de “psicosis colectiva” imperante en el litoral, por lo que no debe extrañar que, por ejemplo, en julio de 1515 el propio capitán general tuviese que advertir a la corte de que el paso de varias galeras de bandera turca cerca de Motril y Almuñécar no debía entrañar peligro, pues al no conocer la costa, “no se pornán en haser cosa del mundo hasta juntarse con algunos navíos de los de allende de quien tomen aviso y sean guiados, syno que pasarán reconoçiendo la tierra syn haser otro daño”.^[26] Este tipo de avisos y asaltos han sido analizados por Tapia Garrido (1972), Bernard Vincent (1985) y Teresa López Beltrán (2000), entre otros autores. Por esta razón y porque no es el objeto de este estudio, no me detendré demasiado en la cuestión. No obstante, abordaremos dos ejemplos separados por más de setenta años para entender la dinámica de estos asaltos y el modo en que se gestionaron los avisos y noticias para alertar a tropa y vecinos en armas.

En julio de 1545, el capitán de Estepona Alonso de Alarcón remitía al capitán general del reino un informe exhaustivo del modo en que se había producido un ataque sobre la ciudad por parte de tres galeras turcas. El mismo constituye un ilustrador testimonio de la tipología de este tipo de asaltos, de las medidas adoptadas, los refuerzos requeridos y algunos de los problemas que arrostraba el sistema defensivo, que lastraban su eficacia. Alarcón contaba cómo el 19 de julio, al amanecer, llegaron a la villa 3 galeras turcas que se hicieron pasar por cristianos de Málaga, tendiendo una emboscada a algunos lugareños. Cundió la alarma y el capitán se dirigió con 30 hombres y los hizo subir a la muralla, donde introdujo a unos 200 vecinos entre mujeres y niños. Tras un intercambio de fuego de arcabucería y artillería desde las galeras, los vecinos de Estepona se defendieron lanzando grandes cantidades de esparto prendido para evitar que los asaltantes quemasen la puerta principal. Durante el combate cayeron cinco o seis turcos y el resto huyeron para saquear las viñas cercanas a la villa, hasta que el capitán Alarcón y el contador Maldonado, con algo más de una docena de jinetes, resistieron hasta la llegada las compañías de los capitanes de Marbella Francisco de Maraver y Ginés Rodríguez de Hinestrosa, que precipitaron la huida de los asaltantes al mediodía. Alarcón destacaba, asimismo, cómo tras lanzar los avisos de socorro a Marbella, Ronda y Casares llegaron algunas fuerzas en auxilio de la villa, primero el alcalde de Marbella, acompañado de regidores y hombres armados, seguido del corregidor de Ronda, con numerosos hombres de a caballo y ballesteros, que decidieron retirarse cuando se comprobó la huida de las galeras. Alarcón reportaba un balance de 6 cautivos y un cristiano muerto, solicitaba 20 o 25 ballesteros de la compañía de Rodríguez de Hinestrosa, el refuerzo de las murallas de la villa, el envío de pólvora, pelotas y armas y denunciaba abiertamente al requeridor y a las guardas de costa por no haber llamado a rebato a tiempo ni haber circulado una carta de aviso enviada por el proveedor Francisco Verdugo. Cerraba su relación solicitando que las guardas y centinelas de las torres vigía no fuesen vecinos de Marbella, a fin de evitar la protección de sus patrones, deudos y amigos en casos de negligencia como este.^[27] El capitán Alarcón no hacía otra cosa que denunciar uno de los problemas seculares que afectaban al sistema defensivo: la negligencia y falta de celo de las guardas y vigías costeras, primer eslabón de la cadena defensiva que debía dar la alerta a las fuerzas militares de la zona, debido a su absentismo crónico, la práctica de determinadas corruptelas y la falta de control y disciplina debido, en gran medida, a la vinculación de muchos de estos vigías y atajadores con clientelas y oligarquías locales (Jiménez Estrella, 2017).

Otro ejemplo es el acaecido el 14 de octubre de 1620, cuando la localidad de Adra fue asaltada por una flotilla de siete naves con 800 turcos y berberiscos que la arrasaron, suceso que tuvo un impacto impresionante sobre todo el litoral del levante y sur peninsular. El asalto de Adra también provocó una batería de decretos y órdenes dirigidos a las poblaciones de la costa a fin de que estuviesen prevenidas para realizar rebatos costeros por si se producían nuevos ataques. En lo que concierne al ataque, sabemos que en los días previos hubo un incremento exponencial de los avisos y avistamientos de naves de bandera turco-berberisca en todo el litoral iba desde Vélez Málaga hasta el Cabo de Gata. Se sabía que, desde mediados de septiembre de 1620, un mes antes del ataque a Adra, una flotilla de siete galeras turcas, posteriormente reforzadas con naves argelinas, habían atacado Ibiza y pasaban después a asediar Formentera y Mallorca. Parte de esa flota, compuesta por catorce naves, bordeó las costas de los reinos de Valencia y Murcia, para recalar en la costa almeriense el 13 de octubre y llevar a cabo el ataque sobre la villa.^[28]

En los días posteriores al asalto hubo un incremento de avisos y alertas y se extendió todo tipo de información sobre las circunstancias de la contienda y la suerte seguida por los asaltantes. Pocos días después, el alcalde mayor de las Alpujarras informaba de que en un cañaveral cercano a Adra un soldado había encontrado “un cuerpo podrido de un turco de los de la refriega pasada. Despojóle y en el pecho le halló un papel en arábigo y un cristo de azófar”. También que los tripulantes de un navío francés que había atracado en Roquetas, procedente de Argel, afirmaban que las siete galeras del saqueo llevaban 130 jenízaros a sueldo cada una y que la chusma era de moros a jornal. Todos eran dirigidos por un potentado de Argel que había armado la escuadra a su costa y, lo más importante, se habían vuelto “muy corridos y afrentados del daño que en Adra se les hizo, que fue mucho más de lo que pareció entonces, y que iban a reforzarse para volver a esta costa”.^[29] En medio de un clima de miedo e incertidumbre como consecuencia del asalto, no es de extrañar que corriesen noticias sobre posibles ofensivas a otros núcleos de población, como ponían de manifiesto algunos informantes que conocían los planes de las escuadras turcas y argelinas. Al respecto, resulta muy interesante el testimonio de Hernando Gallardo, vecino de Vera con más de treinta años de servicios en las galeras del rey, que después de pasar cuatro años de cautiverio en Argel había logrado negociar su liberación mediante el trueque con un turco cautivo. El 15 de diciembre de 1620, Gallardo declaraba ante el alcalde mayor y teniente del corregidor Antonio de Loaysa haber desembarcado en la costa almeriense días antes, tras haber realizado un largo periplo con escala en Mostaganem, donde arribaron las siete galeras que habían asaltado Adra. Allí, en casa de un judío que lo hospedaba, pudo escuchar a varios renegados y turcos de la escuadra hablar en lengua castellana sobre cómo se había producido el ataque, los cautivos que llevaban de Ibiza y Menorca, los problemas que habían encontrado para atacar Vera y la decisión de asaltar Adra, por estar peor defendida, así como los planes de un nuevo asalto sobre Vera en la siguiente primavera con 11 galeras de Bizerta, Túnez y Argel.^[30]

El suceso de Adra puso sobre la mesa importantes problemas estructurales en el sistema defensivo. Se introdujeron una serie de medidas dirigidas a obtener una mejor coordinación de las órdenes de rebato y de las áreas que los distintos municipios debían cubrir con el auxilio de sus milicias concejiles. No obstante, dichas instrucciones no se llevaron a término debido al problema secular de la falta de recursos y financiación (Jiménez Estrella, 2019).

Cuando el “otro” es el que informa

El morisco como enemigo potencial e informador

Un tipo de información, vital para el enemigo del otro lado del mar, era la otorgada por los moriscos del reino, pues la Corona los consideraba potenciales espías y colaboradores activos de sus hermanos de fe del otro lado del mar. En el período inmediatamente posterior a la rebelión mudéjar de 1499-1501, se registraron sucesivas oleadas de fugas de población morisca a Berbería, de naturaleza ilegal, en respuesta a las conversiones forzosas y al nuevo régimen jurídico-político impuesto por los Reyes Católicos, que rompía con lo establecido en las capitulaciones de rendición originales. Sabemos que en la primera década de 1500 se produjeron algunas huidas desde diversas localidades costeras y determinadas poblaciones de las Alpujarras, como ocurrió, por ejemplo, en la taha de Suhayl, que sufrió un importante proceso de despoblación en dicho período (Malpica Cuello, 1979; Galán Sánchez y Peinado Santaella, 1997). Si bien es cierto que las salidas en masa empezaron a remitir desde 1515 en adelante, las huidas continuaron produciéndose con regularidad durante los reinados de Carlos V y Felipe II y hasta la expulsión definitiva de los moriscos del reino de Granada, bien mediante planes concertados por grupos de moriscos descontentos que deseaban pasar a Berbería, bien aprovechando los ataques de corsarios y piratas de bandera islámica sobre las poblaciones costeras, cuyo principal objetivo era el saqueo y la obtención de cautivos. Así ocurrió, por ejemplo, con localidades como la de Frigiliana, que en los años treinta y cuarenta del siglo XVI se convirtió en lugar de asentamiento estacional para muchos de aquellos moriscos que deseaban pasar allende (Jiménez Estrella, 2008).

La práctica de las huidas a África implicaba peligros evidentes. Por un lado, se producían procesos de despoblación descontrolada del territorio costero, con la consiguiente disminución de la capacidad fiscal y pérdidas económicas en determinadas áreas donde la población morisca era relevante. Por otro, el paso continuado de naturales a la Berbería suponía un incremento notable de las posibilidades de contactos e intercambios de información fundamentales para el corso musulmán, algo muy peligroso para la defensa del territorio y que queda demostrado por los numerosos testimonios vertidos en los procesos generados por las huidas. Las autoridades castellanas trataron de combatir esta dinámica con medidas como el incremento de la protección del litoral, la prohibición de habitar determinados lugares estratégicos que podían servir de punto de salida de moriscos y la introducción de una serie de penas confiscatorias sobre los que intentaban o conseguían pasar allende del mar y sus familiares, gestionadas durante gran parte del siglo XVI por la Capitanía General del reino de Granada, mediante un sistema jurídico y penal, de administración y reparto que tenía como fin, en teoría, financiar las obras de reparación y conservación de las fortalezas y torres vigías costeras, pero que en la práctica permitió derivar una parte importante del producto a mercedes de miembros de la administración militar y otros particulares beneficiados por los Mendoza (Jiménez Estrella, 2008).

Los moriscos que pasaron allende actuaron a partir de entonces como útiles informadores para corsarios y piratas. Puesto que conocían a la perfección las poblaciones del litoral y la disposición de sus contingentes militares y estructuras defensivas, podían proporcionar una información clave para el desarrollo más eficaz de las expediciones corsarias y piráticas. Se trató de un peligro constante y puesto de manifiesto por las autoridades. Contamos con muchos procesos abiertos por los asaltos producidos en poblaciones costeras, en los que se deja constancia de cómo los corsarios turco-berberiscos tenían información muy detallada sobre el modo en que se articulaba la defensa costera, los puntos débiles del sistema, las villas del litoral donde residían núcleos importantes de cristianos viejos y allí donde había convivencia con moriscos, las casas de los cristianos viejos, a las que los asaltantes acudían con datos previos de su localización. En estos procesos también se dejaba constancia de cómo en muchas ocasiones no solo los moriscos huidos allende eran un peligro, también los que permanecieron en los lugares atacados prestaban una activa colaboración en la logística de las incursiones. No alertaban del peligro, decidían aprovechar los asaltos para huir a África, informaban sobre el estado de las defensas de las localidades, la presencia o no de compañías o guarniciones militares, señalaban las viviendas de cristianos viejos a los asaltantes durante los ataques para facilitar el cautiverio y, en ocasiones, participaban activamente prestando ayuda logística y armada durante los ataques. Por ejemplo, cuando a mediados de septiembre de 1544 tuvo lugar un saqueo sobre Frigiliana, saldado con la huida de entre ocho y nueve hogares moriscos, sabemos que uno de los asaltantes era un morisco de Periana –localidad cercana–, quien tenía información muy valiosa sobre la geografía y la disposición de las aldeas de la zona.^[31] En agosto de 1549, más de 150 turcos saqueaban Albuñol, llevándose 34 cristianos viejos como cautivos y matando a uno de los vecinos. De acuerdo con la información recabada por el alcalde mayor de las Alpujarras, sabemos que los asaltantes entraron en el pueblo, tomaron la iglesia, se llevaron varios objetos de valor del templo y entraron en las casas de los cristianos viejos con objeto de secuestrar, sobre todo, mujeres y niños. A tenor de las testificaciones, es claro que los asaltantes contaban en el lugar con moriscos colaboradores, bien por no alertar, bien porque les señalaron las casas donde debían entrar. Algunos de ellos, a los que se citaba con nombres y apellidos, pasaron allende y otros decidieron robar algunas pertenencias de sus vecinos.^[32]

Durante todo el período de permanencia morisca en el reino granadino, la posibilidad de colaboración de los moriscos con sus hermanos de fe del otro lado del mar estuvo siempre muy presente en la correspondencia de los capitanes generales y oficiales del sistema defensivo con la Corte. Como recordaba el conde de Tendilla en carta a uno de sus capitanes de la costa en julio de 1505, el rey había sido avisado “que todo quanto daño los moros de allende acá hazen es por avisos que de acá les dan”^[33]. Fueron continuas las advertencias sobre su papel como informantes y el serio peligro de una nueva revuelta como la de 1499, si estrechaban lazos de colaboración y apoyo con los turco-berberiscos, si se les apretaba desde el Santo Oficio en cuestión de fe, o si, como ocurrirá a partir de 1566, se aplicaban los decretos de aculturación de la Capilla Real con motivo de la estancia del César en Granada en 1526, que se habían suspendido y prorrogado por 40 años, gracias a la negociación del capitán general con las elites moriscas y la concesión de nuevos servicios que sirvieron para financiar el magnífico palacio renacentista de Carlos V (Jiménez Estrella, 2004a: 93-101).

En julio de 1518, don Luis Hurtado de Mendoza comunicaba al secretario del Consejo de Guerra que, a pesar de que no había por qué dar pábulo a los rumores de un inminente levantamiento morisco, los naturales del reino no tardarían en sublevarse si contaban con el apoyo de los moros del norte de África.^[34] El 1 de mayo de 1540, en carta al inquisidor general Tavera, solicitaba que la Inquisición dejase de perseguir a los moriscos por supuesta islamización, se fuese a lo sustancial en materia de fe y se ablandasen las disposiciones contra ellos, pues si se enconaban los ánimos en dicha comunidad, se podía temer que los turcos decidiesen soliviantarlos y levantarlos, que son muchos “y gente liviana y belicosa, y están muy desabridos, apremiados así de las cosas de la Inquisición como de otras, y esto sería cosa de gran inconveniente y de mucho peligro, por la poca población que ay de cristianos viejos”.^[35] Solo dos años después, hacía saber al emperador su inquietud por las posibles alianzas entre el rey de Francia y el sultán otomano y el peligro que corría la costa del reino, por la poca confianza que se podía tener en los moriscos y la certeza que tenía de que los turcos podían juntar con una armada y con el apoyo de los naturales de las Alpujarras unos 30.000 hombres, que pondrían en peligro “no solamente el reyno de Granada, donde ay la resistencia que VM sabe, más el Andaluzía”, dada la imposibilidad de reclutar en poco tiempo un ejército que contrarrestase dicha amenaza.^[36]

Su hijo y sucesor en el cargo, don Íñigo López de Mendoza, el 9 de agosto de 1549 avisaba a la corte de la proliferación de armas entre los moriscos, que parecía

“cosa en que se debe mirar mucho y pensar en el remedio della, porque la gente de nuevamente convertidos de este reino es mucha y muy buena, y estando tan descontentos como he escrito a vuestras altezas que lo están, y aviendo quien les haga espaldas y teniendo armas, no me maravillaría de qualquier cosa que intentasen”^[37]

En agosto de 1555, el capitán general lanzaba un vaticinio muy aproximado de lo que iba a ocurrir trece años después, al advertir de la fragilidad defensiva de la costa, la cercanía de la Berbería y el peligro que suponía la presencia de una mayoría de población morisca, “de su natural inclinación livianos y amigos de novedades”, fuertemente presionados por la Inquisición y bien armados, de modo que, con cualquier incidente podía encenderse la mecha de una revuelta, apoyada por sus hermanos de fe norteafricanos, lo cual debía temerse tanto como la amenaza del corso turco berberisco, pues “allanar cualquiera alteración que viniese costaría a Su Majestad muchos dineros, y en que se perdiesen los dichos nuevamente convertidos perdería 45.000 ducados de renta con que le sirven cada año”.^[38]

Estas últimas palabras nos ponen sobre la pista de la importancia que la población morisca tenía como soporte fiscal del reino y de un proceso que desembocará, como sabemos, en un incremento exponencial de la tensión –por factores religiosos, fiscales y políticos– y en el levantamiento de 1568. Durante la guerra de las Alpujarras de 1568-71 la cuestión de los contactos establecidos por los moriscos con berberiscos y sobre todo con oficiales del Imperio Otomano fue un tema omnipresente en la Corte de Felipe II y en el estado mayor del conflicto, encabezado por don Juan de Austria. Esos contactos y redes de información a uno y otro lado del Mediterráneo existieron, y sabemos que sobre todo desde mediados de 1569 la ayuda turca se intensificó, con cerca de 4.000 hombres, armas y provisiones para apoyar al sector más radical durante la revuelta. Todas las cancillerías europeas se hicieron eco de una contienda que convenía al Imperio Otomano para debilitar aún más a la Monarquía Católica. En una reciente monografía, Bruno Pomara demuestra cómo el conflicto granadino atrajo la atención de los embajadores venecianos y estos enviaron nutrida información en sus relaciones a la República de Venecia (Pomara Saverino, 2022). No obstante, algunos autores han coincidido en minimizar la importancia real y efectiva que pudo tener la ayuda otomana y norteafricana a los rebelados, mucho más limitada de lo que cabría pensar y exagerada por los propios cabecillas de la revuelta, como ahora sabemos, dado que el El xerife de Marruecos, por ejemplo, tenía sus propios problemas de sediciones internas, y Selim II, a pesar de tener los puestos ojos en el conflicto, no confiaba demasiado en el éxito de los moriscos granadinos y estaba mucho más preocupado por sus intereses en Chipre y por el avance persa en la frontera oriental de la Sublime Puerta que por una revuelta localizada en el sur de la Península Ibérica (Vincent y Domínguez Ortiz, 1997; Bunes Ibarra, 2004; Sánchez Ramos, 2020).

Después de la segunda rebelión de las Alpujarras de 1568-71, a pesar de que la mayoría de los expulsados del reino de Granada fueron dispersados por buena parte de Andalucía Occidental y las dos Castillas, extensas áreas del reino quedaron totalmente despobladas y eso pudo facilitar la acción del corso y la piratería, sobre todo en el sector almeriense hasta el límite con Murcia, que sufrió especialmente la despoblación morisca. Aun así, gracias a recientes investigaciones sabemos que muchos moriscos, más de los que tradicionalmente se admitía por la historiografía, permanecieron en el reino (Soria Mesa, 2014). Testimonios como los del obispo de Guadix en julio de 1595 nos ponen sobre la pista. El prelado, en una misiva dirigida al rey, le advertía que las medidas repobladoras no estaban resolviendo la despoblación del territorio que había provocado la expulsión y cundía la miseria entre los nuevos pobladores castellanos. También señalaba la falta de armas y de adiestramiento en su uso entre los repobladores y

“la abundancia que hay de moriscos en lugares de esta comarca, en Jaén, Úbeda, Baeza, Córdova y toda su tierra, y muchos en Granada, y en esta ciudad de Guadix, y en la de Baza. Y todos los de edad de hasta treinta años, tan ladinos en nuestra lengua castellana, que no se pueden conocer, y así andan por esta tierra algunos muy armados, fingiéndose ellos, y teniéndoles nosotros por cristianos viejos. De los cuales es cosa muy verosímil que en cualquiera ocasión de ejército enemigo se declararan con las armas en la mano contra el nombre cristiano, como siempre lo han hecho. Y es cosa de espanto la infinidad que hay de ellos, como gente que ni entra en religión ni se gasta en guerra, y todos se casan.”^[39]

Otro momento crucial se registró tras la expulsión general de 1609-1614, cuando Felipe III decidió recuperar el Mediterráneo como área estratégica, con los intentos de organizar una campaña para recuperar Argel en 1601 y 1603 y el desarrollo de una nueva política exterior mediterránea en defensa del catolicismo frente al islam, representado por el Imperio Otomano y los reinos norteafricanos vasallos del sultán (Bunes Ibarra, 2015). En el caso del reino granadino, al igual que ocurrió en el litoral del levante peninsular, esta política propició una reactivación del corsarismo y la piratería (Fontenay, 1987; Alonso Acero, 1999), que pudieron verse facilitados por la importante red de información que provocó la expulsión general y la llegada de numerosos moriscos a plazas del norte de África (Lomas Cortés, 2013). Los casos expuestos en la tabla, las informaciones reportadas por los gobernadores y capitanes generales de la costa y sucesos como el de Adra en 1620 evidencian que la sombra del morisco granadino como informador era muy alargada e iba más allá de la época en que los cristianos nuevos eran mayoría de población en el territorio.

Asaltantes, cautivos y renegados como informadores

Como ya se ha señalado, uno de los problemas seculares que afectaron a los cristianos viejos del litoral del reino de Granada, al igual que a otras muchas poblaciones de la Monarquía Hispánica y de otras potencias cristianas en el Mediterráneo, fue el fenómeno del cautiverio, que tuvo su máxima manifestación en el rosario de asaltos llevados a cabo por el corso turco-berberisco sobre las embarcaciones cristianas y las poblaciones costeras. La administración militar trató de controlar por todos los medios la circulación por el espacio litoral y el riesgo que podían suponer actividades como la de trabajar la seda como aliciente económico para este tipo de asaltos, razón por la cual, desde julio 1508 se estableció la prohibición de hilarla a menos de tres leguas de la costa.^[40]

Estos procesos podían resolverse rápidamente a través de las alafías en la propia costa, mediante la negociación y pago inmediato, generalmente en especie, para la liberación de los capturados (Andújar Castillo, 2008). O bien podía terminar con el traslado de los secuestrados a la otra orilla, generalmente al gran centro neurálgico del corso y el cautiverio turco-berberisco de levante, Argel. A partir de ahí se iniciaba un proceso largo, complicado y costoso, mediante un sistema de intermediación para el tráfico de personas, que tenemos documentado desde inicios del siglo XVI, y del que se beneficiaban no solo musulmanes sino también cristianos, ya que, al margen de la labor desarrollada por la alfaquequería mayor de Castilla, proliferaron numerosos intermediarios particulares –marinos, mercaderes, aventureros– que actuaban como alfaqueques particulares (González Arévalo, 2014: 246). Así ocurrió, por ejemplo, con individuos como “Abrahen Exechiel”, colaborador del conde de Tendilla en la redención de algunos cautivos,^[41] o miembros de la antigua elite nazarí –Fernando de Málaga, Alonso Fernández–, que actuaron como provechosos intermediarios en estas operaciones (Escribano Páez, 2015: 131). En julio de 1519 se dispuso que, en atención a la presencia de numerosos musulmanes alfaqueques que intermediaban en las liberaciones de cautivos y que podían actuar como espías, solo se les daba licencia para permanecer en Gibraltar y en aquellas ciudades y villas africanas donde tuviesen autorización de las justicias y mandos militares de aquéllas.^[42] Este tipo de ejemplos evidencian, como han demostrado López de Coca (1978), González Arévalo (2014) y Escribano Páez (2015), que el cautiverio fue mucho más complejo e iba más allá de la conformación de dos bloques homogéneos y antagónicos en una sociedad de frontera especialmente compleja como la granadina de inicios del siglo XVI. Propició la articulación de mecanismos de información, intermediación y negociación en los que debían conjugarse la secular confrontación con el infiel y los intereses de importantes actores políticos, militares y económicos –entre los que estaba, obviamente, el capitán general–, que instrumentalizaron la redención de cautivos, bien para obtener un rédito económico, bien para reforzar su autoridad y sus redes de patronazgo y clientela en el territorio.

Estas actividades de intermediación se extendieron a lo largo de todo el XVI, mediante la conocida iniciativa de las órdenes religiosas dedicadas a la redención de cautivos –trinitarios y mercedarios–, a la que debe unirse un papel cada vez más protagónico de la Corona mediante una política asistencial que tuvo dos grandes hitos en las mandas testamentarias de Carlos V y Felipe II y que, sobre todo durante el reinado del rey prudente, pasó por una mayor reglamentación y racionalización legislativa por parte de la administración regia, en aras de articular un mayor control sobre las redenciones (Vincent, 2020). Precisamente, en el caso específico del reino de Granada, Felipe II estableció a partir de 1552 que de la renta específica de los habices mezquinos de las Alpujarras, Valle de Lecrín, Almuñécar, Salobreña y Motril, destinados principalmente a obras de edificación y conservación de la Alhambra, se sacase una parte para el pago de las denominadas “cédulas de rescate”, consistentes en una ayuda para colaborar en el rescate de aquellos habitantes del reino granadino que habían sido capturados y trasladados al norte de África como cautivos. La provisión de estas cédulas dependía de la Corona y las ayudas, generalmente de unos 50 ducados por cautivos redimido, estaban bajo control de un receptor-pagador que dependía del capitán general del reino y se otorgaban a aquellos familiares o fiadores de los cautivos que las habían solicitado, para pasar posteriormente al complejo mundo de los intermediarios y mercaderes que participaban en las empresas de redención. Gracias a las cuentas de la receptoría, sabemos que entre 1552 y 1567 fueron entregados algo más de 17.700 ducados para redimir cautivos por esta vía, lo que significa que, si se aplica una media de en torno a 50 ducados por cautivo, en dicho período pudieron librarse cédulas para el rescate de más de 350 cristianos viejos sometidos a cautiverio, la mayor parte de ellos militares de la costa o que habían participado en expediciones como la de Mostaganem de 1558 (Jiménez Estrella, 2004a, 365-374). Las concesiones debían pasar por un dilatado y complejo proceso de averiguaciones, con plazos muy estrictos para el uso de las ayudas y con testificaciones y probanzas a familiares y cautivos liberados para comprobar que el dinero se había destinado finalmente al pago del rescate, por lo que contamos con testimonios que constituyen una valiosísima fuente de información sobre las vicisitudes por las que habían pasado muchos de estos cautivos, las circunstancias de su captura, cómo había transcurrido su cautiverio, si se habían visto forzados o no a renegar de la fe católica y el largo y complicado periplo por el que habían pasado muchos de ellos hasta encontrar la libertad o la muerte en su intento. Algunos de estos testimonios, analizados recientemente por Bernard Vincent (2023), podían ofrecer también, indirectamente, datos de primera mano sobre la situación de Argel, Túnez y los reinos norteafricanos y sus defensas y potencial militar.

Por otro lado, la actividad del corso musulmán y el cautiverio propiciaron una fuente de información muy rica a través de los interrogatorios llevados a cabo por las autoridades militares de la costa a aquellos asaltantes capturados “en buena guerra” durante los rebatos costeros, en los que el reparto de presas constituyó un instrumento que permitía compensar a todos aquellos pobladores del litoral y militares que participaban en la defensa y cobraban unos sueldos muy bajos (Jiménez Estrella, 2021). Los interrogatorios, con una estructura, un procedimiento y ritual perfectamente planificado por las autoridades, analizado por diversos autores, permitían contar con una información muy valiosa para las autoridades militares, la defensa del territorio y los intereses estratégicos de la Monarquía en el Mediterráneo.^[43] En ellos se incluyen las declaraciones sobre el avistamiento de enemigos y el enfrentamiento entre naves corsarias y escuadras de galeras, su captura, los testimonios y confesiones de algunos de los apresados, entre los que se solían encontrar también renegados y cautivos cristianos que habían sido liberados durante el combate.

Veamos algunos ejemplos de estos procesos y de la información obtenida en los interrogatorios. En agosto de 1543, dos renegados cristianos testificaban ante el proveedor de armadas de Málaga y daban una información muy interesante sobre los movimientos del turco. Uno de ellos, Álvaro de Sotelo, natural de Zamora, declaraba que siendo muchacho había sido cautivado y llevado a Tetuán, donde se convirtió al islam y, posteriormente, pasó a Fez, lugar en el que residió nueve años. Daba detalles sobre la entrada de los turcos en Tremecén y su incorporación a un ejército con cerca de 2.000 hombres entre efectivos de infantería y caballería, que debía juntarse con las fuerzas de Hasán Aga, “rey” de Argel –quien en la documentación aparece citado como “Çenagá”–, para combatir contra el conde de Alcaudete. Describía su periplo con estas fuerzas, a las que, según su declaración, se había enrolado para pasarse, llegada la ocasión, al bando cristiano y renegar de la fe mahometana. El otro, Juan de Andújar, declaraba haber sido capturado hacía seis años y haberse convertido al islam en Argel, donde sirvió bastante tiempo en la casa de Hasán Aga. Daba detalles sobre la relación y los contactos de su amo con el rey de Tremecén, quien le solicitó ayuda militar ante un posible ataque del conde de Alcaudete sobre la plaza, que finalmente no se produjo. Y, mucho más importante, las “noticias” que cundían entre los turcos de que Hasán Aga, a su vuelta a Argel, tenía previsto armar seis galeras y dos galeotas de veintidós bancos para atacar la costa peninsular. A través de un interrogatorio escrupulosamente dirigido a obtener información sobre el estado de las defensas de Mostaganem y las maniobras de Hasán Aga, los renegados informaban sobre la composición del ejército –infantería, caballería, artillería–, la presencia de turcos e hispanomusulmanes y los posibles planes de Hasán Aga en relación con dichas plazas.^[44]

En abril de 1546, un cristiano natural de Ragusa, Francisco Yarrese, afirmaba ante el capitán general del reino ser soldado de la armada de un tal Dali Amat, que había salido de Argel a mediados de marzo de ese año con diez naves. Daba todo lujo de detalles sobre la composición y el número de tripulantes y forzados de cada nave, su artillería y arcabucería, sus capitanes, su recorrido desde Argel hasta llegar al Cabo de Gata y los planes del jefe de la escuadra, que pasaban por hacerse con algunos mercantes de trigo y cautivos en Cabo de Palos y la costa de Valencia. También ofrecía información sobre las nuevas fortificaciones de Argel, el número de combatientes turcos que calculaba había en la plaza –unos 400–, en Tremecén –500– y Mostaganem –unos 60– y las supuestas malas relaciones entre el gobernador de Argel y los otomanos. Entendida esta información por el capitán general y que la intención de Deli Amat era capturar los barcos que llevaban trigo a la costa, mandó avisar a ciertas naves que estaban atracadas en Roquetas y Malerva para que se recogiesen en Almería, así como bajar artillería de la fortaleza almeriense a la playa y escoltar con arcabuceros las naves mercantes.^[45] Asimismo, a finales de mayo de 1550, el capitán general informaba a la corte del interrogatorio realizado a un moro capturado en la Mesa de Roldán –Cabo de Gata–, perteneciente a la armada de Dragut, y reportaba las intenciones del corsario otomano de hostigar las costas del reino de Valencia^[46].

Entre los muchos interrogatorios con los que contamos, hay uno especialmente interesante de mediados de agosto de 1556, por la información reportada en torno a los movimientos de Salah Bajá, rey de Argel, tras la caída de Bujía y el importante sitio que se había realizado sobre Orán días antes por una gran armada turca al mando de Alí el Tuerto y Hasán Corso.^[47] Fue el realizado en Cuevas del Almanzora por el alcalde mayor del marqués de los Vélez a un renegado de poco más de veinte años, vestido y “rapado” a la turca.^[48] En un primer interrogatorio del 18 de agosto, el renegado declaraba llamarse Luis Pérez y respondía al nombre de Hasán, tras su conversión a la fe de Mahoma. Hijo de un cantero, vecino cristiano viejo de Granada –cuya colación estaba cerca de plaza Bibarrambla–, había sido raptado en la localidad almeriense de Dalías años antes. Había formado parte de la tripulación de una de las fustas corsarias que tiempo atrás había tomado una nao que transportaba soldados a Orán, donde raptaron a unos 700 hombres. Aseguraba no haber participado en el combate y no haber cobrado ningún botín de cabalgadas desde su salida de Argel. Ante el requerimiento del alcalde mayor, ofrecía nutrida información sobre la escuadra con la que había arribado a las costas almerienses, compuesta de seis bajeles bajo el mando de varios capitanes, entre los que destacaba el corsario otomano Morato Arráez, bajo cuyas órdenes servía. Afirmaba, como era costumbre entre los renegados, haberse convertido forzosamente para obtener la libertad y daba información pormenorizada de su periplo. Tres fustas habían salido de Argel hacía tres meses para asaltar el litoral español, pasando por Cerdeña y Córcega, Génova, Antibes y Cabo de Creus, donde estuvieron tres días y tomaron dos saetías con nueve hombres. Posteriormente, bajaron hacia las islas Columbretes y pasaron a la costa, donde capturaron otros diez cristianos, rescatados después por 1.350 ducados. Su ruta continuó por las inmediaciones de Ibiza, Denia, Villajoyosa y la isla de Santa Pola, donde encontraron abrigo durante un tiempo. Pasaron a Cartagena y en Águilas hicieron aguada, para desembarcar al cabo de tres días. Fue entonces cuando aprovechó para escapar a través de una rambla hasta toparse con dos moriscos de la zona, pedirles agua y rogarles que lo condujesen ante la autoridad del lugar. El interrogatorio se dirigió entonces a obtener información sobre el número de hombres que componía la tripulación de las tres fustas –en torno a 100–, si había participado en un asalto producido días antes en la rambla de Macenas –playa cercana a Mojácar–, si había intentado volver a su embarcación tras escaparse y, muy importante, si la nave donde viajaba había participado en el sitio de Orán. A esta última pregunta el renegado respondió que no y que solo tenía información de terceros sobre la formación de una armada de en torno a 40 galeras y otras embarcaciones, información que coincide con los datos que tenemos sobre el cerco a Orán de 1556.

La información que nos brinda el proceso del interrogatorio es interesante a partir del 19 de agosto, dado que el alcalde mayor no dio credibilidad a la declaración del renegado y a partir de ese día le aplicó tormento en el potro para arrancarle una confesión definitiva, mediante un procedimiento bien descrito –uso de cordeles, garrotes y agua para aliviar al torturado–, escrupulosamente protocolizado con dos testigos, notarios y la acción del verdugo Pablo Alemán. En esta segunda declaración, Luis Pérez ofrecía datos más precisos sobre los movimientos del rey de Argel. Declaraba que el invierno anterior había enviado varias galeras a Constantinopla en diferentes remesas, cargadas con dinero y cristianos cautivos de la toma de Bujía, joyas, plata y oro de las que había tomado el xerife, al objeto de obtener la financiación de una gran armada. Señalaba, asimismo, que el gobernador de Argel había requerido a la Sublime Puerta 12.000 hombres para llevar a cabo una expedición sobre Orán, así como otra información más detallada sobre la llegada de armas y la fundición de nuevas piezas de artillería en la plaza argelina. El renegado confesaba haber participado como tripulante en una de las fustas que componían una escuadra de más de una veintena de naves salidas de Argel, bajo las órdenes de Morato Arráez. Éste, por tener una deuda de más de 5.000 ducados en la plaza argelina, había “huido” hacia Levante, razón por la que su fusta no formaba parte de las galeras que habían participado en el sitio de Orán. La siguiente información del interrogatorio giró en torno a la identidad de un morisco de Lorca que los acompañaba, quien les ayudó a desembarcar en la zona para conseguir algunos cautivos, así como la localización del resto de compañeros de su tripulación, de los que aseguraba no saber nada tras su huida. El alcalde mayor decidió aplicarle de nuevo tortura para saber más sobre el reciente sitio de Orán, su posible implicación en el mismo y, mucho más importante, su probable condición de espía de los otomanos, dado su conocimiento de la tierra. Este último punto, el de la obtención de información y el de la participación de colaboradores moriscos como facilitadores del desembarco en tierras del marqués de los Vélez, era clave en el interrogatorio para el alcalde mayor, hasta el punto de que, finalmente, Luis Pérez acabó admitiendo que su embarcación había arribado a la costa levantina para recabar información sobre el posible apresto de una armada contra Argel y un socorro al presidio de Orán, así como los acuerdos de paz entre el emperador y Enrique II –posiblemente en referencia a la tregua de Vaucelles–. Daba también información sobre el número de hombres de guerra que quedaban en Argel, su nivel de aprovisionamiento, los cautivos obtenidos durante su periplo –unos 50– y el número de embarcaciones y hombres que podían haber participado en el cerco –unas 40 galeras turcas y 15 bajeles argelinos con unos 12.000 hombres de mar y 10.000 de tierra–. Admitía que su expedición había manejado la posibilidad de atacar Cartagena, pero resultaba muy peligroso. Cuestionado sobre si las naves de las que había formado parte tenían la intención de atacar las costas del reino de Granada o las posesiones del marqués de los Vélez, respondió que no, debido al nivel de defensa y apercibimiento del territorio. Este, en la línea de otros muchos testimonios arrancados bajo tortura a renegados capturados en la costa peninsular, acababa con Luis Pérez “Hasán” confirmando que todo lo confesado era verdad, su intención de volver a abrazar el cristianismo y la comprobación de que estaba, efectivamente, circuncidado.^[49]

Disponemos de más ejemplos de este tipo de testimonios, como los arrancados en el contexto de la guerra de las Alpujarras en la primavera de 1570 a un renegado siciliano, de nombre Filipo, quien cerca de Tíjola –Almería– proporcionaba información sobre su procedencia, su líder, los turcos que lo acompañaban, su nivel de armamento y provisiones y el papel de los turcos a la hora de espolear los ánimos de los moriscos para no rendirse y continuar la revuelta,^[50] así como a un tal Hamete, procedente de Argel, asaltante turco capturado cerca de la fortaleza de Castel de Ferro, tomada entonces por un contingente otomano bien organizado, quien ofrecería datos detallados sobre el nivel de defensa, armamento y abastecimiento del fuerte, el número de soldados turcos y moros que lo protegían y otros aspectos relacionados con la participación otomana en la campaña bélica.^[51] Ya en el período posterior a la deportación morisca del reino, a mediados de noviembre de 1595, dos turcos eran capturados en la costa almeriense y en sus interrogatorios ofrecían información de la ruta seguida por el arráez de seis navíos procedentes de Argel, los nombres de los capitanes de las embarcaciones, la capacidad de transporte de los navíos, el modo en que habían capturado cuatro embarcaciones cargadas de provisiones de Málaga con destino a Orán, así como otros datos concernientes a la situación de Argel en ese momento.^[52]

Como vemos, en dichos interrogatorios se requería información sobre las circunstancias de los avistamientos y el encuentro con los corsarios, el número y características de las naves, las tripulaciones enemigas, el número de cautivos y renegados en las embarcaciones, las armas, artillería y demás vituallas transportadas. En el caso de los renegados, se trataba de conocer los pormenores de las circunstancias en que se había producido su captura, cuánto tiempo habían permanecido en cautiverio y el que había corrido desde su conversión, los itinerarios y lugares por los que habían pasado en distintas escuadras corsarias, el papel desempeñado durante el combate y, como solía ser usual en este tipo de interrogatorios, los nombres de los arráeces y oficiales que comandaban las expediciones, información sobre los planes de los reyezuelos del norte de África, de Argel o del Turco, el estado de las fuerzas militares de enclaves como Tremecén, Argel o Mostaganem, la organización de posibles ataques sobre el presidio de Orán y otros puntos estratégicos de la Monarquía y, por supuesto, si contaban con redes de información y la colaboración de espías moriscos que conocían los lugares atacados. También se les cuestionaba sobre su intención o no de volver a abrazar la fe católica. La información obtenida, siempre sujeta a las dudas sobre su veracidad, podía resultar de gran valor, ya que en muchas ocasiones se describían periplos extraordinarios por todo el Mediterráneo occidental, las capturas de naves y cautivos realizadas en el mar y en enclaves como las islas Baleares, Sicilia y Nápoles, ciudades y villas portuarias del levante peninsular como Valencia o Cartagena, así como las circunstancias de su desembarco en las costas del reino granadino.

Los esclavos como informadores

Otro problema en torno a la circulación de información era el de los esclavos musulmanes capturados en el norte de África o en la costa del reino granadino, y vendidos posteriormente en almoneda para trabajar en ciudades como Motril, Vera, Marbella, Málaga o Almería, donde se generó toda una importante economía de base esclava, vinculada no solo al trabajo doméstico, como se ha afirmado tradicionalmente, sino también a trabajos de especial dureza que no ejercían los cristianos, tales como la carga y descarga en el puerto, las obras públicas, determinados trabajos en el campo que exigían un elevado esfuerzo físico o en las minas. A pesar de la importancia que representaban en las economías de estas ciudades costeras y portuarias, los esclavos eran considerados por las autoridades castellanas unos espías e informadores potenciales de berberiscos y turcos, que podían, por tanto, proveer información al enemigo para facilitar los asaltos a las localidades costeras. Ello determinó que se estableciesen sucesivas órdenes de alejamiento del litoral, para evitar cualquier contacto con sus hermanos de fe de allende. Este tipo de prohibiciones de alejamiento arrancan del período anterior a la expulsión. Por ejemplo, la que afectó a los gazís, colectivo muy minoritario representado por aquellos habitantes del norte de África que habían llegado al reino como cautivos y esclavos de soldados y oficiales cristianos en cabalgadas realizadas en la Berbería, y posteriormente habían logrado ser liberados por moriscos granadinos que previamente los habían comprado. Dado el sospechoso origen de esta comunidad, en 1526 Carlos V decretó su alejamiento de la costa 10 leguas tierra adentro, por considerar que eran “espías de los moros e hacen otros daños”. La medida formaba parte del conjunto de disposiciones de la Capilla Real que aplazaron 40 años para su aplicación. Sin embargo, y a pesar de su integración en la sociedad granadina, en 1563 Felipe II ordenó de nuevo que se alejasen de la costa a un mínimo de 12 leguas, medida que se trató de hacer extensiva para los que habitaban la capital y que provocó las protestas de dicho colectivo y el encargo de una medición legal desde la ciudad de Granada hasta el litoral, en aras de demostrar que esta no estaba comprendida en dicha distancia –como de hecho ocurría– y evitar así tener que abandonar sus casas y haciendas. La medición sirvió de poco, ya que la pragmática de 1 de enero 1567 recogería, entre el conjunto de normas lanzadas contra la población morisca, la prohibición de tener esclavos gazís a su servicio y su expulsión del reino granadino en un plazo no superior a seis meses (Jiménez Estrella y Maroto Martos, 2004).

Ya en el período “post-morisco”, contamos con medidas similares, como la de 13 de junio de 1602, que ordenaba a los dueños de esclavos moriscos y norteafricanos de Marbella trasladarlos al interior.^[53] O cuando, con motivo del suceso de Adra en octubre de 1620, en el que se difundió la sospecha de la colaboración de esclavos norteafricanos como espías e informadores para facilitar el asalto, a inicios de 1621 se decretó la expulsión y alejamiento de los esclavos norteafricanos y moriscos a un mínimo de 12 leguas de la costa (Jiménez Estrella, 2019: 352). El problema, como recordaría el Consejo de guerra al rey en 1617,^[54] era que estas órdenes de alejamiento no se habían ejecutado porque iban directamente contra los intereses de las elites y oligarquías de muchas ciudades costeras y centros portuarios andaluces en los que era complicado encontrar una mano de obra tan eficaz y barata, especialmente Málaga, donde esclavos y moros cortados ejercían un papel esencial en los trabajos de carga y descarga del puerto, en la construcción del muelle y en los viñedos de muchos particulares.

No en vano, en la ciudad de Málaga, donde había una importante presencia de mano de obra esclava –Bernard Vincent estima que a fines del XVI constituía un 10% de la población–, se ordenó en 1581 la elaboración de un censo de esclavos turcos y berberiscos varones, mayores de 14 años, del que afloraron 571 individuos (Vincent, 1987), al que le siguió en 1609 la orden de elaborar un completo censo de los moros libres y esclavos –varones y mujeres– residentes en Málaga, por el que constaba la presencia de 1.243 individuos, en el contexto de un enfrentamiento entre el obispo Moscoso, contrario a la presencia de esta población en la ciudad, y el corregidor, representante de los intereses de las oligarquías locales, para las que esta mano de obra servil era fundamental (Vincent y Gil Herrera, 2023). Ambos recuentos evidencian tanto el importante papel ejercido por esta mano de obra en los sectores productivos de Málaga, como la preocupación de las autoridades castellanas por su presencia y el peligro que suponían para la seguridad del territorio, con órdenes de alejamiento análogas a las dispuestas contra los gazís muchos años antes. Aquéllas no se llevaron a cabo debido, fundamentalmente, a que encontraron fuerte resistencia para su aplicación entre las elites y autoridades locales de Málaga, donde la pérdida de estos esclavos y jornaleros podía asestar un duro golpe a su agricultura vitícola y a la actividad económica del puerto (Jiménez Estrella, 2021: 343-347), o de ciudades como Almería, donde las órdenes de alejamiento podían afectar gravemente a sectores como la fábrica de salitres y pólvora o a la producción sedera, y no se cumplieron o, si se hizo, buena parte de esta población esclava terminó retornando desde el interior (Andújar Castillo, 1992-1993). Así pues, en este caso constatamos que se impuso el criterio económico sobre otros como evitar el transvase de información sensible al enemigo musulmán o priorizar la defensa del territorio.

Conclusiones

El reino de Granada fue una realidad política, militar y defensiva inserta de lleno en el contexto marítimo y fronterizo del Mediterráneo. En este trabajo hemos intentado demostrar cómo dicha frontera marítima se situó en un marco de movimiento y transvase de personas y agentes entre ambas orillas que, por ende, facilitó los procesos de circulación de redes de información que afectaban de lleno a cómo debía organizarse la defensa del territorio frente al otro, que era, fundamentalmente, el infiel. Esa circulación de personas e información se interconectaban con la Berbería, pero no solo. También con los reinos de Murcia, Valencia y las Baleares, constituyéndose un engranaje defensivo en el que se producía el traslado de noticias, avisos y relatos que podían ayudar, en distinto grado, a entender la estrategia, la logística y los pasos que podía dar el enemigo musulmán en el Mediterráneo. No obstante, se trató de un sistema de información con importantes lagunas, imperfecciones y fallos, que no funcionó como una máquina perfecta. Es claro que la expulsión de los moriscos no significó la desaparición de la amenaza del flujo de información para facilitar las actividades del corso y la piratería turco-berberisca, pues sabemos que aquél se mantuvo en los años inmediatamente posteriores a la deportación general de 1609-14.

Otro aspecto importante es calibrar el grado de eficacia de la información que llegaba a las instituciones defensivas del territorio. A pesar de la proliferación de avisos y alertas, uno de los principales problemas que se producía en la defensa de la costa era que la primera pieza del engranaje de alerta, las guardas de costa de las torres de centinela que debían dar las cartas de rebato para alertar a las poblaciones del avistamiento de naves, no llegaban a tiempo con demasiada frecuencia, debido a que dichas guardas eran absentistas y negligentes o sus superiores los tenían ocupados trabajando en sus haciendas, debido, entre otros factores, a los bajos sueldos que percibían. Este atraso en el envío de avisos y noticias sobre la llegada de enemigos era determinante para que el socorro de las compañías y de las poblaciones cercanas llegase tarde, con el consiguiente problema del cautiverio de cristianos viejos en el litoral.

Los relatos que nos han llegado a través de fuentes como los interrogatorios son importantes, pero deben ser analizados críticamente e interpretados. Son relatos construidos, con descripciones muchas veces divergentes y complementarias, que pueden ayudarnos a construir una crónica aproximada de lo ocurrido o del estado de fuerzas del enemigo. Sin embargo, es mucho lo que se ocultaba o lo que se exageraba, a veces, con un lenguaje que adquiría una extraordinaria carga simbólica. Por ejemplo, los renegados fabricaban un relato con información “útil” para la Monarquía, codificado, en el que eran recurrentes el arrepentimiento “sincero” y la demostración de que se convirtieron por la fuerza para poder sobrevivir en una tierra hostil de infieles, como paso necesario para lograr el perdón y volver a la verdadera fe. No cabe duda de que toda esa información sobre la amenaza del enemigo, las maniobras de las galeras turco-berberiscas en el Mediterráneo y su capacidad en determinadas coyunturas para infligir daño a los núcleos poblacionales de la costa, fue crucial para el mantenimiento del sistema defensivo de un territorio que fue una frontera muy activa durante todo el siglo XVI y buena parte del XVII, y en el que la sensación de inseguridad frente al infiel estuvo latente mucho tiempo. Este trabajo ha pretendido ser una primera aproximación a una cuestión que merecería un estudio sistemático y en profundidad sobre fuentes impresas y de archivo en torno a ese aspecto de la defensa del territorio.

Agradecimientos

Esta publicación es parte del proyecto I+D+i con referencia PID2023-149854NB-I00, financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033/

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