Era previsible que la investigación despertaría enconadas resistencias y que las dificultades propias de toda indagación parlamentaria se multiplicarían. Los precedentes argentinos –investigaciones de las carnes, de las cédulas hipotecarias y de las actividades antiargentinas, entre otros– así lo indicaban; y así sucedió en efecto. De esta manera, a medida que la comisión iba avanzando y deshilando la madeja, los fuertes intereses económicos y políticos comprometidos fueron asumiendo, cada vez más, una actitud resistente. La información posible, que siempre se procuró escamotear, apareció empero a la luz. La reacción fue entonces violenta y se transformó en agresión. Llegándose incluso a cuestionar las facultades constitucionales de esta comisión, y, por ende, del propio Congreso de la Nación.^[1]

Nada conseguiremos con sancionar al poder militar, sino establecemos el freno para estos grupos minoritarios del poder económico que están al acecho para accionar contra el gobierno constitucional. Tienen el dinero que arma el sable para incursionar en la vida democrática con los slogans de la corrupción. Pero tienen algo a favor estos grupos económicos, no tienen soberbia y por ello se entremezclan en las decisiones económicas de los gobiernos democráticos. Y una parte de la prensa los ayuda, tanto oral, escrita o televisivamente sublimándolos a pesar de los organismos del ejecutivo […] si se crea cesa Comisión, en el ámbito de los delitos económicos, un paso habrá dado en este camino incipiente de nuestra democracia, el Ejecutivo Nacional.^[2]

Introducción

Diversos estudios postularon que las políticas de la última dictadura militar (1976-1983) implementó severas transformaciones en la estructura económica argentina. Análisis derivados del campo de la historiografía y la sociología económica jerarquizaron el rol de las clases propietarias en el enriquecimiento de corto plazo de actividades especulativas (Sábato, 1991; Azpiazu Basualdo y Khavisse, 1986). Estos sectores, habrían eludido la industrialización diversificada, la innovación tecnológica y la competitividad ante la dinámica impuesta por el endeudamiento externo, producto de políticas económicas de apertura comercial y desregulación financiera que transformaron la estructura económica nacional (Schvarzer, 1983). Así, se asistió a un cambio del modelo de acumulación traccionado por el ascenso de la rentabilidad financiera y materializado en el nuevo papel del endeudamiento y la fuga de capitales como eje de acumulación de un nuevo núcleo de poder económico (Basualdo, 1987). En este, operaban empresarios nacionales y extranjeros concentrados, diversificados y multi-implantados en diferentes actividades que adquirieron un poder sectorial relevante para condicionar la política económica (Azpiazu, Baasualdo y Khavisse, 1986; Ostiguy, 1989; Peralta Ramos, 2007; Basualdo y Bona, 2018).^[3] Como destacaron estudios contemporáneos y posteriores de economía política y sociología económica, las transformaciones operadas luego de las políticas económicas y de la reforma estructural de la dictadura favorecieron la mayor concentración de estos grupos, también beneficiados por la promoción sectorial del Estado (Basualdo, 1987: Azpiazu y Notcheff, 1994; Castellani, 2006, 2007 y 2009).

Las transformaciones locales también fueron acompañadas de un contexto de crisis global del capitalismo que desprestigió al keynesianismo y los Estados de bienestar de postguerra (Rougier y Odisio, 2017; Zack y Pryluka, 2022). La crisis del petróleo en 1973 y el desarme de las normas de Bretton Woods contribuyeron a la inestabilidad global (Pla, 1985; Bonnet y Piva, 2019) alterando la dinámica económica del comercio, el crecimiento, la disponibilidad de liquidez mundial e impactando en los países subdesarrollados (Prebisch, 1981). En este contexto, el ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz (1976-1981) inició un disruptivo plan económico sobre la base de políticas de ajuste monetarias y fiscales ortodoxas y redistribución de los ingresos contra asalariados (Morresi y Vicente, 2020 y Zícari, 2023). En lo estructural, el modelo se sostuvo en la apertura comercial y la desregulación financiera habilitando el endeudamiento público y privado derivado del reciclaje de los llamados “petrodólares” tras la crisis de 1973 (Forcinito y Pedreira Campos, 2023; Ocampo, 2014). Luego, con el aumento de las tasas de interés internacionales, que pasaron de terreno negativo a niveles del 8% anual desde 1979, en 1982 la crisis de la deuda latinoamericana impactó de forma inédita en la región (Ferrer, 2008; Brenta, 2019).

Así, con la salida de Martínez de Hoz en 1981, el régimen ingresó en un periodo de descontrol de la inflación que fue de más del 100% anual, caída del PBI del 6% (1981) y un endeudamiento de más de 20.000 millones de dólares (Rapoport, 2020). Al año siguiente, la Guerra por las Islas Malvinas contribuyó al desequilibrio económico con bloqueos comerciales, corridas bancarias e inestabilidad en el mercado de cambios propiciando la transición a la democracia. En 1983 el gobierno democrático heredó una alta inflación del 350% anual, déficit fiscal en 10% del PIB y una deuda externa de 45.000 millones de dólares (Cuesta y Trupkin, 2022). Sin embargo, el gobierno de Raúl Alfonsín con la Unión Cívica Radical (UCR) ganó elecciones marcando una ruptura con el pasado autoritario (Aboy Carles, 2001) y fomentando un profundo optimismo en el futuro. Las demandas de la sociedad eran grandes, especialmente ante una caída salarial que acumuló un 30% desde 1975 (Arceo, Schorr, Monsalvo y Wainer, 2008). El ministro de Economía del gobierno, Bernardo Grinspun (1983-1985), planteó una inmediata reactivación sobre la alta capacidad ociosa y una recuperación de los salarios controlando la inflación de forma gradual. El programa debió lidiar con niveles de inflación desconocidos y el desequilibrio macroeconómico que imponía la doble brecha –fiscal y externa–; además de la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) por arribar a un acuerdo y controlar la meta fiscal, de los grupos económicos internos y su incidencia sobre los precios, el dólar y el déficit fiscal y el conflicto con los sindicatos en su mayor medida opositores al gobierno (Pesce, 2006; y Ortiz y Schorr, 2021).

La deuda externa, una de las principales limitantes, fue abordada por canales desconocidos en cierta sintonía con la denuncia a la “patria financiera”.^[4] Esta postura crítica propuso explorar acuerdos internacionales con otros países deudores en el marco de las reuniones del Consenso de Cartagena (O’ Connell, 1988), aunque también a nivel interno se discutió investigar la misma en su dimensión ilícita. Esta última, recibió menor atención por la historiografía económica, y merece ser estudiada en virtud de dar cuenta de: i) las tensiones y contradicciones políticas al interior del gobierno radical, ii) la existencia de propuestas disruptivas en el ámbito de la política económica nacional, y iii) un mejor conocimiento de las alternativas oportunamente discutidas para enfrentar a diferentes grupos de poder político y económico nacionales y extranjeros. En este trabajo, ponemos el foco en el impulso de la Comisión Especial Investigadora (CEI)^[5] surgida en la órbita de la Cámara de Diputados, y que concentró sus esfuerzos en la investigación del proceso de estatización de Compañía Ítalo Argentina de Electricidad.

Esto, en un marco teórico que privilegia la importancia del componente civil de la dictadura dimensionando el rol de diferentes agentes como jueces, funcionarios, abogados, periodistas, intelectuales, empresarios, banqueros y comerciantes, entre otros. Estos no han sido objeto de estudio tan profundo como los militares, e incluso han sido destendidos por la justicia misma al ampararse en la inmediatez de la prescripción de los reclamos civiles contra personas físicas o jurídicas (Verbitsky y Bohoslavsky, 2013). En definitiva, la justicia transicional se abocó a la protección de los derechos civiles y políticos aprovechando los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos y centrando los esfuerzos en avanzar en juicios penales a militares, pero dejando en segundo lugar la dimensión económica de la dictadura (Roth-Arriaza, 2013). Esta, sin embargo, tuvo un componente central en el proceso dictatorial, el cual produjo ganadores y perdedores a partir de una compleja trama de relaciones económicas en el marco general del plan destinado a interrumpir el modelo de industrialización vigente (Basualdo, 2011).

En el marco de la inmediata transición democrática existieron diferentes acusaciones políticas que generaron discusiones en la prensa y la justicia en torno a ilícitos económicos cometidos en dictadura. Por ejemplo, se cuentan la intervención en la Bolsa de Valores y el eventual favorecimiento de empresas en la colocación de títulos públicos, el involucramiento del BCRA en la estatización de la deuda privada a partir de seguros de cambio que favorecieron a firmas locales, desvíos de fondos a canales televisivos oficialistas, la venta irregular y forzosa de empresas como Papel Prensa S.A., el endeudamiento no justificado de empresas públicas como Agua y Energía Eléctrica, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la misma Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), entre otras –donde estuvo involucrado el estudio Klein y Mairal que participó de la estatización de Ítalo–. Muchos de estos ilícitos fueron probados en la justicia posteriormente, pese a su prescripción (Olmos, 2006). La investigación del caso Ítalo reviste interés porque muestra de forma temprana una definida cohesión de los investigadores y producción de resultados concretos para conocer la operatoria de los funcionarios de facto en el ámbito económico. En este sentido, entendemos que, si bien el caso se inscribe en un modus operandi regular de la última dictadura en materia económica, a la vez muestra un componente distintivo de otras iniciativas en la medida que implicó que el Estado se hiciera cargo de la firma y su funcionamiento (es decir, que se trató de una estatización y no una privatización, al contrario de lo que se intentó impulsar). Así, planteó una estrategia diferente a las privatizaciones e incluso a la estatización de deudas privadas, en la medida que involucró la intervención política directa funcionarios, colaboradores civiles y la misma Junta en la operatoria para favorecer al sector privado con intervención estatal. A su vez, la singularidad del caso reviste en la forma de actuar de un sector político en el ámbito del Congreso, el cual permite conocer con mayor detalle el proceso histórico por el cual se intentó avanzar en la judicialización de los funcionarios económicos de la dictadura. Según argumentamos, la propuesta de la CEI se enmarcó en una estrategia más general de investigación política y económica del equipo de Martínez de Hoz, que pudo haber tomado el caso Ítalo como una primera iniciativa para dar cuenta de la operatoria general del régimen en el ámbito económico. En virtud de ello, esta iniciativa fue posible en el marco histórico general de la transición a la democracia y como parte del plan político del alfonsinismo, el cual despertó y alimentó la crítica a la patria contratista, la deuda externa y el plan económico de la dictadura. Sin embargo, si bien en un comienzo se apoyaron estas propuestas, lo que les permitió a los congresales avanzar en una resonante investigación que recopiló, documentó y analizó información relevante sobre el caso Ítalo, finalmente fue condenada al fracaso al carecer de apoyo político oficial.

El alfonsinismo y la problemática de la legitimidad de la deuda externa

A un año de consagrarse presidente la Nación, en diciembre de 1982, Alfonsín se pronunció extensamente en un documento oficial de la UCR por la cuestión de la deuda externa total que, hasta ese momento, fue estimada en unos 37.000 millones. En virtud de ello, aseguro que:

“Este endeudamiento no está justificado por una importación masiva de bienes de capital para aumentar la capacidad productiva del país ni de materias primas ni insumos necesarios para la actividad productiva, sino por reemplazos de la producción local y en muchos casos, bienes prescindibles o suntuarios”.^[6]

Así, hizo referencia a la política de apertura de las transacciones externas y la sobrevaluación de la moneda nacional como herramientas utilizadas contra la inflación, pero en favor de la especulación financiera. En su reflexión, el endeudamiento externo favoreció a empresas privadas con tipos de interés internacionales más bajos que los de la plaza local, pero también al aumento de reservas internacionales desde las empresas públicas.^[7]

Esta habría sido, argumentó, una política económica intencionalmente regresiva donde “lo central fue el carácter especulativo que dominó las acciones del grupo que se consagró en el poder [y] gracias a su ocupación del Estado […] pudo contar con los instrumentos que permitieron esta actividad”.^[8] Por ello, Alfonsín planteó la necesidad de: i) relevar desde el BCRA a los Bancos y Casas de Cambio, afín de que pudieran proveer los registros de quienes adquirieron divisas, ii) determinar quiénes sobre y sub facturaron importaciones y exportaciones respectivamente desde la superintendencia de Aduana e iii) inspeccionar deudores, prestamistas e intermediarios intervinientes en el endeudamiento externo como las comisiones e intereses “con mención de los beneficiarios”.^[9] Aunque sostuvo que se debía hacer frente a la deuda, sí se podía sancionar a los responsables en calidad del ejercicio de sus funciones e investigar los casos de empresas y personas privadas en los que hubiera componentes ficticios y transferencias no especificadas. En suma, en los casos en que se comprobara una conducta ilegítima se debían prohibir, se declaró, la provisión de divisas para pagar esas deudas “a menos que justifiquen las transferencias y hagan declaración jurada de que no tienen depósitos de contrapartida para las deudas que intentan pagar”.^[10]

Posteriormente, el radicalismo recogió las posturas de su líder y definió en su plataforma electoral que la deuda externa fue contraída contra los intereses nacionales y que no podía constituir un freno a la recuperación y el desarrollo económico del país. Adicionalmente, aclaró que “su pago, en la medida que sea legítima, debe condicionarse a las posibilidades de nuestras exportaciones […] teniendo en cuenta la evolución de los precios del intercambio comercial y el acceso a los mercados del exterior”.^[11] Finalmente, el mismo Alfonsín aclaró en su discurso ante la Asamblea Legislativa el 10 de diciembre de 1983 que se apelaría a la comprensión de las democracias del mundo sobre lo ilegítimo del proceso y que se avanzaría en “determinar qué parte de la deuda es realmente legítima”.^[12]

Una vez en funciones, esta iniciativa se materializó mediante la sanción de la ley N° 23.854, que rechazó las cuentas de inversión de empresas estatales que contenían la información sobre el patrimonio público para los años 1976-1983;^[13] la suspensión por seis meses del pago de las acreencias a los bancos comerciales y la creación de la Comisión Investigadora de Actos Ilícitos en el Senado de la Nación y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (Manzano, 2011) formada por los senadores Francisco Villada (Partido Justicialista, en adelante PJ) como presidente, Antonio Berhongaray (UCR) como vicepresidente, Libardo Sánchez (PJ) y Kenneth Woodley (UCR) como secretarios.^[14] Entre enero y febrero de 1984, el gobierno decidió suspender todos los compromisos externos hasta el 30 de junio del año corriente, con atrasos de 2.000 millones de dólares en 1982 y de 5.000 millones de dólares en 1983 (Verbitsky, 1985: 54), en virtud de determinar la legitimidad de la deuda externa;^[15] lo que entonces fue calificado por el presidente del BCRA Enrique García Vázquez como una “moratoria unilateral”.^[16]

Como definió en aquellos años Calcagno (1985), un sector minoritario del análisis económico y político,^[17] discutía la legitimidad de los actos de un gobierno de facto respecto a la deuda pública. La premisa era que “debía analizarse cuidadosamente cada una de las deudas de magnitud, individualizando a deudores y acreedores, por la vía administrativa judicial” (53). Aseguraba el abogado y economista, de esta manera, que se podrían probar los “abusos” por parte de la banca acreedora en aspectos como otorgamiento de créditos a gobiernos de facto, uso de créditos para comprar armas y fuga de capitales, entre otros. Particularmente, preocuparon las desregulaciones financieras que indujeron la apertura de cuentas en el exterior y su eventual depósito de dólares como garantía crediticia a individuos y empresas que facturaban en pesos, y que en un contexto de caída de la actividad y desindustrialización estimularon la actividad financiera aprovechando el diferencial de tasas e incrementando el endeudamiento externo hasta niveles insostenibles (Calcagno, 1985: 58). No menos preocupación generaba el revisar las disposiciones del BCRA entre 1981 y 1982 que instituyeron un seguro de cambio a las deudas contraídas en el extranjero extendiendo por 18 meses en su plazo de vencimiento. Esto último habría funcionado como un subsidio para el sector privado, incluso para autopréstamos –es decir, créditos que figuran como deuda externa pero que tenían garantías del deudor en bancos extranjeros–. Así, estas deudas garantizadas pasaron de 1.000 millones de dólares a más de 5.000 millones (Calcagno, 1985: 61).

Obedeciendo a esta cuestión en el BCRA se creó en julio del mismo año un cuerpo de contadores para examinar la deuda privada en moneda extranjera fiscalizada en 17. 000 millones de dólares (Lozano, 1986: 62).^[18] Como se destacó en aquel entonces:

“…hay coincidencia entre los integrantes de esos organismos [en referencia a la Comisión de Ilícitos del Senado]^[19] en que los mayores aportes sobre los manejos de la patria financiera no saldrán de los papeles secuestrados,^[20] sino de los datos que podría suministrar el gobierno a través del Banco Central”.^[21]

El BCRA carecía de los registros contables sobre la deuda, como de los avales otorgados por el sector público a agentes privados en operaciones de créditos internacionales (Olmos, 2006: 123-152), de modo que la controversia propuesta se encontraba en si aceptar o no los montos informados por las instituciones financieras (Lemoine, 1985: 46).

García Vázquez, funcionario que transmitía confianza a la banca acreedora y a las asociaciones de bancos nacionales y que, a su vez, mostraba una postura más moderada que la de Grinspun en torno a la cuestión de emprender una reforma financiera,^[22] no acordaba con la propuesta de investigar los montos de la deuda externa previo a acordar con los acreedores.^[23] Además, el funcionario designado por el entonces presidente del BCRA para realizar dicha tarea fue Jaime Baintrub, un hombre de confianza de Grinspun pero al que no proveyeron de los recursos necesarios para avanzar en la tarea. Como destacó Horacio Rovelli, entonces joven colaborador del equipo de Grinspun, no le permitieron generar informes al respecto (Restivo y Rovelli, 2011: 69; Anguita y Ceccheni, 2018).^[24]

Aunque vía BCRA la investigación de la deuda externa no pudo avanzar, la iniciativa y la perspectiva que alimentó el alfonsinismo motivó diferentes proyectos como el de los senadores peronistas Julio Amoedo y Vicente Saadi, y los diputados también peronistas Adam Pedrini, Carlos Torres y Miguel Unamundo, quienes proponían crear una comisión bicameral para investigar el origen y la composición del endeudamiento.^[25] De la misma manera, Grinspun anunció la constitución de un grupo de trabajo interministerial para tratar la investigación (Anguita y Ceccheni, 2018). Finalmente, también surgió en el seno de la Cámara de Diputados la CEI compuesta por los diputados Guillermo Tello Rosas (UCR), Jorge Vanossi (UCR), Balbino Zubiri (UCR), Héctor Basualdo (PJ) y Julio César Araóz (PJ). Entonces, la Cámara de Diputados pidió que se dispusiera una investigación específica sobre la actuación de Martínez de Hoz y su equipo económico, en virtud de que:

“Es de conocimiento público la nefasta política económico-social programada y puesta en práctica [y] numerosos son los actos de dicha administración que han sido publicados por los medios de prensa […] en los cuales y como común denominador se mencionan desfasajes graves en el cumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.^[26]

Al mes, bajo la firma del Diputado Peronista Luis Santos Casalle, desde la Cámara de Diputados se pidió al Poder Ejecutivo la formulación de un decreto “para enjuiciar a los equipos económicos […] análogo al que se instrumentó para para enjuiciar a las Juntas Militares” y para investigar los “ilícitos económicos” de la “patria financiera”. La posibilidad de contar con un decreto de esta naturaleza, se argumentaba, permitirá enjuiciar a los “delincuentes económicos” y acabar con los “grupos minoritarios que están al acecho para accionar contra el poder constitucional”.^[27]

La CEI, posiblemente por la envergadura de avanzar en la investigación de la deuda externa, la demora del pedido o bien por los conflictos que se evidenciaron para materializar los procedimientos, abocó sus esfuerzos a estudiar el proceso de estatización de la empresa de electricidad Ítalo consumada en 1978 bajo la sospecha de que se cometieron múltiples irregularidades.^[28] Ciertamente, la investigación emprendida recuperó los esfuerzos emprendidos en los juicios llevados a cabo por Alejandro Olmos desde 1982. El político nacionalista de amplia trayectoria presentó la primera querella contra el ex ministro de Economía Martínez de Hoz y su secretario de Programación y Coordinación Económica Walter Klein en abril de 1982, entre otros funcionarios civiles; para posteriormente colaborar con las comisiones parlamentarias mencionadas.

El caso Ítalo como puntapié de la dinámica económica-financiera de la dictadura

La empresa Ítalo nació en 1895 tras el impulso del sueco Walter Boveri, quien fundó la empresa Motor A. G. dedicada a la explotación, diseño e instalación de compañías eléctricas, y los bancos accionistas Leu y Cía. y Unión de Bancos Suizos. En el cuadro de integración capitalista global e incorporación de países periféricos a los mercados mundiales, los capitales suizos e italianos de Motor A. G. se interesaron por la Argentina en 1911. Especialmente, generó interés la posibilidad de constituir la competencia a una de las primeras firmas extranjeras que explotó los servicios eléctricos en la provincia de Buenos Aires, la alemana Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad (CATE-DUEG), luego CHADE y finalmente CADE. El negocio estuvo en manos del ingeniero italiano Juan Carosio, que creó la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad junto a los capitales de Motor, más empresarios italianos locales (Barbero y Lanciotti, 2023), y emitió, en 1912, 50.000 acciones suscriptas por firmas argentinas. El capital suizo llegó a controlar el 75,5% del capital accionario y su crecimiento fue promisorio, pasando de 5 millones de dólares en 1912 a 65 millones en 1930.^[29]

Así, en 1913 la empresa registraba un capital de 2.109 millones de dólares y la posición 74 del ranking de las 200 mayores empresas argentinas y extranjeras. En 1924 más de 15.000 millones (posición 15), en 1930 más de 27.000 millones de dólares (posición 19), 1937 más de 35.000 millones de dólares (posición 12), 1944 más de 29.700 millones de dólares (posición 12) y en 1971 más de 24.500 millones de dólares (posición 9).^[30] Por último, también fue relevante la posición de la empresa en ventas: en 1974 figuró entre las 200 mayores empresas de Argentina en la posición 32 y en 1974 en la 38.^[31] Esto la hizo una de las empresas más relevantes del sector eléctrico en la mayor parte del siglo XX, con un capital social que estuvo entre las mayores firmas del país.

Desde los años 1930, el avance del modelo de sustitución de importaciones, la retracción de los capitales externos y la conformación del Estado como productor (Rougier e Iramain, 2023), se produjo una reducción del peso de las sociedades suizas en el capital de Ítalo. No obstante, aunque que la personería jurídica era local y la confianza en la gestión de Carosio se mantuvo (Barbero y Lanciotti, 2023), estos siempre formaron parte del directorio desde el extranjero. En 1961, Roberto Alemann, ministro de Economía entre 1961 y 1962, firmó la concesión a Ítalo por 16 años (y, paradójicamente, representaría en 1977 a los bancos suizos en su estatización).^[32] Luego de un proceso escandaloso por la elevación de las tarifas eléctricas y las exigencias por la revaluación de activos en el marco de la concesión de 1961 durante el gobierno de Arturo Illia (1963-1966), fue durante la dictadura de Juan Carlos Onganía (1966-1970) que se incorporaron al directorio de la empresa Santiago Soldati –hijo de Francisco Soldati, asesinado por Montoneros en 1979– y Martínez de Hoz. A partir de este momento, la CEI documenta que empezaron las tratativas para la estatización de la firma con el presidente Agustín Lanusse, luego con el ministro de Economía José B. Gelbard y finalmente con Estela Martínez de Perón entre 1972-1973; años donde se habló de una “argentinización” (Sábato, 1974: 105-107). Los accionistas suizos se venían quejando por la pérdida patrimonial de sus acciones, e incluso sectores nacionalistas de la dictadura los acusaron de estar emprendiendo una “campaña anti-argentina” (Muleiro, 2011: 128).

Durante la dictadura, una de las primeras declaraciones de Martínez de Hoz giró en torno a dar seguridad jurídica a las empresas extranjeras que mantenían conflictos abiertos con el Estado (Zícari, 2023). De esta forma, en febrero de 1976 se dicta el decreto 648/76 que declara la nulidad del anterior contrato entre el gobierno y la CIADE. Luego, en abril del mismo año, un nuevo decreto (274/76) aceptó la excusación de Martínez de Hoz en el Ítalo y se crearon las Comisiones Honorarias para resolver los diferendos entre el Estado y las empresas privadas.^[33] El 30 de abril se dictó la ley N° 21.299 que suspendió los juicios entre el Estado y las empresas y dispuso no iniciarlos por 180 días. La Compañía Ítalo fue inmediatamente incluida en la Comisión Honoraria N°6, mostrando la voluntad inmediata de estatización, ya que pudo haberse suspendido el contrato en cuestión y haberse reintegrado la empresa a sus accionistas. Así, comenzaron las reuniones entre los funcionarios de la Comisión y el secretario de Energía, y tan rápido como octubre del mismo año se produjo el informe final que sugería la compra del paquete accionario. Así, se formó una Comisión negociadora que produjo otro informe en septiembre de 1977 que sentó haber intentado la renovación del contrato, pero que cuando esto fue imposible por la negativa de la CIADE, por lo que se procedió a negociar su compra de forma “forzada”.^[34] Primero, la firma rechazó una oferta por 200 millones de dólares en concepto de los bienes de uso y los pasivos, y se decidió conformar un Equipo Compatibilizador Interfuerzas con funcionarios de las tres armas. Pese a que este equipo recomendó no seguir adelante con la empresa, en diciembre de 1977 la Resolución 40 de la Junta Militar resolvió la compra directa. Luego de las negociaciones, donde intervinieron Martínez de Hoz, Alemann, Diz y otros funcionarios del Ministerio de Economía y el BCRA,^[35] se efectivizó la compra por 361 millones de dólares, operación dada a conocer en la ley 21.984 en 1979.

El caso de la estatización Ítalo podía entenderse, de esta manera, en línea con el marco general de la dictadura para intervenir en el sector privado y eventualmente beneficiarlo. Sin embargo, evidenciaba un modus operandi particular en la medida que la estrategia de estatización, al contrario de una privatización, ofrecía al capital extranjero una salida rápida de los mercados argentinos y una eventual traslación de ingresos en favor, en este caso, del capital privado contra el patrimonio público estatal. A mediados de 1984, la CEI allanó el estudio jurídico Klein y Mairal (Héctor) e indagó a Alejandro Caride –Ministro de la Corte Suprema de la Justicia designado en 1976 por Rafael Videla–^[36] y Bernardo Bronstein –ex secretario de Energía durante la gestión de Martínez de Hoz–.^[37] El 14 de diciembre de 1984, el presidente de la empresa estatal Agua y Energía Eléctrica, Carlos Emérito González, envió una carta pública a Tello Rosas. Allí, aseguró que existían pruebas fehacientes que respaldaban la existencia de actos incompatibles con la función pública durante la gestión de Martínez de Hoz y apoyó la investigación de los legisladores.^[38] Como recordó Araóz, dar con la documentación secuestrada del estudio Klein y Mairal “no había sido fácil. La Comisión fue hacia el estudio Klein; pero horas antes, Mariano Grondona (h) había huido hacia su casa con buena parte de los documentos importantes. Hacia allá fueron los diputados; y allí finalizó la búsqueda”.^[39]

La CEI encontró que existían hechos que “por su naturaleza perjudican al patrimonio material y moral de la Nación y de las empresas y organismos del Estado”.^[40] Una de las cuestiones que se destacaron fue el exponencial crecimiento de la cartera de clientes, que pasó de registrar cincuenta multinacionales a trescientas diez y de dos bancos extranjeros (Allied Bank Inc y Scandinaviska Enskilda Bank) a cuarenta (Olmos, 2006: 88-89). Adicionalmente, denunciaron que el estudio Klein y Mairal operó siempre con el mismo nombre, lo que demostraba “la falta de decoro con que trataban la imagen del Estado que se empeñaba obligando a sus empresas a tomar créditos en el exterior por medio de personeros privados asociados con funcionarios de primer nivel”.^[41]

El avance en el proceso de investigación

En las vísperas de la recuperación democrática el clima de inseguridad y fragilidad institucional que dejaba la dictadura seguía presente. Era de tal magnitud, que los diputados y senadores tenían derecho de solicitar al Congreso de la Nación una pistola de 9 milímetros para su defensa personal mientras duraran sus funciones. En 1984, el diputado por la provincia de Buenos Aires Basualdo solicitó la suya por precaución. Una sesión que terminó tarde lo obligó a usar su arma cuando fue en búsqueda de su auto al subsuelo del Congreso. En aquel momento, fue interceptado por desconocidos que le dispararon desde otro vehículo, finalizando la balacera con estos dándose a la fuga y, aparentemente, sin heridos. Aunque algunos legisladores consideraron que el ataque se debía al clima general en el que asumía la democracia,^[42] otros lo vincularon a las investigaciones de la CEI (Peiró, 2019). Así lo confirmó tiempo después el entonces diputado por la provincia de Córdoba y vicepresidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados Julio César Araóz (González, s/f). En aquel entonces, se comenzó a citar a los directivos de la compañía, entre ellos a Martínez de Hoz,^[43] pero también a Videla y a Eduardo Massera por la Junta, a Adolfo Diz,^[44] ex presidente del BCRA, entre otros exfuncionarios y asesores del gobierno.^[45] Se reconoció que una motivación era “encarcelar a José Alfredo Martínez de Hoz”, algo logrado cuando la CEI –en palabras de Tello Rosas– logró ir contra la “herencia maldita de la dictadura” (Tello Rosas, 1986) y detenerlo.

Los funcionarios democráticos entendían que Martínez de Hoz, miembro del directorio y accionista de Ítalo,^[46] digitó el traspaso de la compañía al Estado como parte de su propio negocio y del resto de los accionistas.^[47] La investigación que duró 18 meses recogió diferentes testimonios y aseguró que existía deslinde de responsabilidades, preocupantes declaraciones de ignorancia en torno a los hechos y graves contradicciones entre funcionarios. En 1978, el Estado pagó 349,5 millones de dólares por la firma, más 214,9 millones de dólares de su deuda, cuando el precio real de habría sido mucho menor.^[48] Además, el episodio estuvo plagado de siniestros: el abogado Juan Carlos Casariego de Bel, encargado del Registro de Inversiones extranjeras en el Ministerio de Economía fue desaparecido en junio de 1977 tras aludir que la Ítalo no valía más de 8 millones de dólares (Verbistky, 2013: 440).^[49] Miguel Padilla, subsecretario de Coordinación del Ministerio de Economía, fue asesinado de un disparo en la cabeza en abril de 1978. El secretario de Energía Guillermo Zubarán murió en un accidente automovilístico no esclarecido. Por último, fue secuestrado el sucesor de Casariego de Bel Aurelio Cid –luego aparecido y detenido por un año en el transcurso del proceso de estatización– y asesinado el ya mencionado Soldati.^[50]

En ex ministro de Economía argumentó que su equipo económico no deseaba avanzar en la privatización de Ítalo como anunció públicamente la presidenta depuesta Martínez de Perón –en medio de un escándalo por corrupción en torno a la negociación de la prórroga de las concesiones– (Muleiro, 2011: 128). Sin embargo, “resultó imposible de revertir pues había llegado demasiado lejos la acción del Estado” (Martínez de Hoz, 1991: 80), aceptando de alguna manera la presión de los accionistas. No obstante, argumentó que la estatización tras la absorción desde SEGBA fue produjo un “ahorro en inversión y gastos de mantenimiento…” (Martínez de Hoz, 1991: 81). Pese al informe final que produjo la Comisión, el cual se esforzó por probar el modus operandi desplegado por los funcionarios económicos, no se produjo penalidad alguna para los intervinientes en el proceso. Cuando la causa recayó en el juez Néstor Blondi,^[51] quien sostuvo la nulidad de las facultades del poder legislativo para allanar y secuestrar información, y la magistrada federal Amelia Berraz de Vidal,^[52] quien puso en libertad a Martínez de Hoz en menos de 24 horas, se entendió que se trataba del final.^[53]

Entonces, Berhongaray cuestionó que “la Corte no es un tribunal de conflicto y quizás convenga señalar que sobre el Poder Legislativo solo predomina el poder electoral, ya que los tres poderes del Estado […] son iguales, siendo cada uno intérprete de sus propias facultades”.^[54] La defensa de Klein, por su parte, se sustentó en el artículo 18 de la Constitución que garantizaba la “prohibición de secuestrar documentación y papeles privados, sin el dictado de una ley previa”.^[55] Por el contrario, la Cámara de senadores argumentó que el artículo 67 (inciso 28) de la Constitución Nacional habilitaba la investigación independiente y autónoma con posibilidad de allanamiento y secuestro de información.^[56] La investigación también disparó acusaciones cruzadas en la prensa, ya que en aquel entonces el periodista Enrique Vázquez acusó a Araóz de vender inmuebles de los detenidos y desaparecidos durante la dictadura (Vázquez, 1984), debiendo luego retractarse en 1986 públicamente al reconocer que recibió información falsa y disculpándose cuando se conociera el sobreseimiento de los acusados Araoz, Ronal Bradis Troncoso (Vázquez, 1986) –diputado por la provincia de Tucumán– y Héctor Vergez –ex Capitán del Ejercito– (González, s/f). El juez federal de Córdoba, a cargo de investigar las acusaciones a Vázquez, junto con Eduardo Varela Cid y Gustavo Becerra Ferrer, detuvo la investigación por falta de pruebas.^[57]

Finalmente, no se procedió con la investigación judicial y la investigación la CEI solo pudo formular un extenso informe. No obstante, el mismo sirvió para materializar:

“El deseo de la Honorable Cámara [de Diputados] y de los señores diputados que integraron la Comisión Especial que la lectura de este volumen sirva de verdadero texto de historia contemporánea y documente uno de los modos más agresivos que se utilizaron contra los intereses nacionales, para evitar su repetición y como lección para los más jóvenes, ahora y en el futuro”.^[58]

El informe final la CEI

El informe preliminar fue difundido en los medios, luego del análisis de los testimonios y de la documentación. Su propósito de fondo era analizar las relaciones entre intereses en consideración y describir las modalidades financieras realizadas para demostrar que los procedimientos ilícitos encontrados solo pudieron realizarse “bajo un régimen de facto, sin división de poderes, ni control constitucional de ninguna clase [y que] que comprometió fondos del Estado ilimitadamente”.^[59] De esta manera, quedó revelada, a partir de las declaraciones de los mismos funcionarios, la concentración del poder autocrático de decisión económica, e incluso bajo el reconocimiento de algunos de ser parte de un escenario de decisiones ya dictaminada en el seno del poder (González, 1984: 52). Además, los parlamentarios reconocieron que en lo que duró el proceso de investigación:

“…se ha pretendido enfrentar a la comisión con situaciones de hecho que, superficialmente, pudieron parecer ajenas a su cometido a fin de extraer ganancia política de la confusión, arrojar a otros poderes en contra suya, justificar prevenciones de la opinión pública, a veces intencionalmente insinuadas desde algunos órganos de prensa”.^[60]

Así, la Comisión reconstruyó una cronología de los hechos donde destacaron el Decreto 223/76 para crear las mencionadas comisiones honorarias para solucionar diferendos entre el Estado y las empresas privadas (y la inclusión inmediata de la empresa Ítalo en dichas comisiones), la ley de facto 21.299 que suspendió los juicios entre el Estado y las empresas y la convocatoria de Martínez de Hoz para integrarse a la Comisión Honoraria N°6 encargada de las negociaciones de Ítalo. En aquel entonces, el mismo Martínez de Hoz dijo al respecto de la Ítalo: “porque no se apuran un poco y negocian a fin de obtener alguna ventaja y sacar a estos señores [en referencia a los accionistas de Ítalo] de esa posición tan irreductible”.^[61] Como destacó la Comisión negociadora, luego de no acordar una renovación del contrato, se procedió a la adquisición del activo de los concesionarios.^[62] De esta manera, se estableció que la empresa estaba valuada, al comparar su bienes con los registrados en los informes técnicos de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) y la ex CIAE en 1975 y 1977 bajo responsabilidad de Bronstein en la Comisión negociadora,^[63] en 194 millones de dólares. Sin embargo, a esta suma debían descontarse las deudas de la plaza interior y exterior y avales vencidos con sus intereses; de forma que el activo neto se reducía a 46,2 millones de dólares pese a que la firma exigía 172,2 millones de dólares.^[64]

En esa oportunidad, la Comisión negociadora ofreció 75 millones de dólares y hacerse cargo del pasivo llevando el valor final a 200 millones de dólares; la empresa, sorpresivamente, rechazó la suma y el gobierno conformó una comisión nueva integrada por oficiales de las tres fuerzas conocida como el Equipo Compatibilizador Interfuerzas. Dicho organismo emitió un dictamen el 28 de noviembre de 1977 dando dos posibles cursos de acción: i) renunciar a las negociaciones y dejar la iniciativa a la empresa (la cual se esperaba que denunciara al Estado) o ii) negociar la compra directamente con la empresa mejorando las condiciones. Se recomendó adoptar el curso número uno, y sin embargo el 1 de diciembre de 1977 se estableció la compra directa entre 100 y 130 millones de dólares, la cual fue suscripta por los tres comandantes. El encargado de las negociaciones fue Caride,^[65] en permanente consulta con Diz y Enrique Folcini –funcionarios del BCRA–, y en junio de 1978 se cerró el acuerdo.

Entonces, el total de bienes de la empresa menos deudas se fijó en 151 millones de dólares. En octubre de 1978, se avanzó con el acuerdo estableciendo que la operación estaría exenta de todo tipo de cargas fiscales, que la moneda de pago sería el franco suizo y que el Estado nacional tomaba la totalidad de las deudas, entre otros aspectos. Así, contabilizando un pago total de 364 millones dólares entre efectivo, intereses y pasivo, la resolución se sancionó mediante el Boletín Oficial.^[66] La CEI destacó que los miembros consultados no pudieron explicar las contradicciones evidenciadas en las negociaciones respecto a los cursos de acción y entre los montos que se fueron negociando, incluso los testigos divergieron en su conocimiento del monto finalmente pagado.

Las irregularidades en los procedimientos mostraron que hubo una sobrevaloración de los bienes de uso que alteraron los cálculos de amortizaciones, de intereses intercalarios –surgidos por la aplicación porcentual sobre las inversiones efectuadas– y de las diferencias de cambio. También, se incluyeron impuestos de sellos como parte de las inversiones del activo fijo para sobreestimar la capitalización de la firma, entre otras maniobras contables que contravenían a la legislación y que, por ejemplo, en impuestos no pagados arrojaron un porcentaje de omisión de más del 90 % en los años 1975, 1976 y 1977. En virtud de ello, la Comisión concluyó que existió una decisión política de fondo sobre la estatización, el precio que se pagaría y hasta la forma de realizarse desoyendo los consejos jurídicos y técnicos; todo lo cual puso por encima de los intereses nacionales a los extranjeros. Los hechos, además, se comprobaron en el acta secreta de la Junta militar recuperada por los allanamientos donde se fijó el precio final.^[67]

Los responsables de la estatización, por su parte, alegaron estar defendiendo el prestigio del país. El mismo Videla aseguró que su mayor preocupación fue preservar la situación económica personal de millares de ahorristas suizos, “supuestos tenedores de acciones de la Compañía Ítalo, circunstancia no probada pero aun así ajena a cualquier preocupación nacional legítima”.^[68] De esta manera, la preocupación que se mostró por los ciudadanos anónimos suizos,^[69] afirmaban, no tenía relación con la economía de millones de ciudadanos argentinos que fueron despojados del patrimonio nacional mediante las operaciones que se probaron. Adicionalmente, considerando que estas últimas no estaban alejadas de la forma de operar de la dictadura en su plan económico. A tales efectos, se concluyó que quedó probada una estrategia de excesiva burocratización en la negociación, mediante la creación de diversos órganos, destinada a ratificar las exigencias de los negociadores extranjeros, la omisión de las conclusiones de comisiones asesoras que se pronunciaron por criterios y cursos de acción contrarios a los decididos, el absoluto desconocimiento del Poder Ejecutivo Nacional de la operación –junto a la falta de interés del mismo por asesorarse de los procedimientos– y, finalmente, “la falta de ética puesta de manifiesto por los funcionarios declarantes que han deslizado la responsabilidad de la decisión, de unos a otros sin asumirla ninguno”.^[70]

Por eso, las principales conductas que podrían constituir delitos apuntaron, en primer lugar, a Martínez de Hoz: i) intervenir de manera directa en el traspaso de la compañía de la cual formó parte poco antes de asumir sus funciones y de la que se encontraba excusado de participar (artículo 265 del Código Penal),^[71] ii) desobediencia por negarse a responder preguntas ante una comisión investigadora facultada constitucionalmente y falso testimonio probado en respuestas que no correspondieron con las probanzas contra Klein (Artículo 275 del Código Penal),^[72] iii) denuncia contra Klein por negociaciones incompatibles con el ejercicio función pública probadas en el asesoramiento del estudio Klein y Mairal para concretar un préstamo de 30 millones de dólares al Banco Nación por parte del consorcio internacional Sumitomo Bank y por el cual los miembros del estudio cobraron honorarios del Banco (arts. 265 y 268 del Código Penal) y iv) corrupción probada en una negociación llevada a cabo sin la intervención de organismos competentes en el quehacer eléctrico y en la materia como: el Tribunal de Cuentas de la Nación, la Contaduría General de la Nación, el Consejo Federal de Energía Eléctrica, el Tribunal de Tasaciones, la Dirección General Impositiva, entre otros. (arts. 222, 225 y 294 del Código Penal).^[73]

Así, finalmente en su descargo final, la Comisión aseguró que:

“…sus funciones son pues esencialmente políticas y son parte de éstas juzgar en términos políticos toda gestión de gobierno. De esta manera, si el Parlamento puede llegar incluso a destituir al propio presidente de la República, resulta impropio negar sus facultades para enjuiciar políticamente la gestión de la dictadura militar que se apoderó del Estado y de la Nación el 24 de marzo de 1976”.^[74]

Y agregó que, en todo caso, el caso de Ítalo solo mostraba una parte de “la sistemática política de destrucción de nuestra economía, llevada prolijamente a cabo por la dictadura militar”, además, “sin la vandálica y cruel represión política y social que durante años padeció el país, no hubiera sido posible la ejecución de aquella política económica y acaso la operación Ítalo no habría podido consumarse”.^[75]

Reflexiones finales

La investigación de la deuda externa fue un tema central para el gobierno de Alfonsín. En virtud de ello, y cuestionando su legitimidad, se suspendieron los pagos para avanzar en su investigación. Este impulso, motivó el agrupamiento de funcionarios en el Congreso Nacional y en el BCRA para investigar la deuda externa, como más ampliamente otras acciones presumiblemente ilícitas de la gestión económica de la dictadura. Si bien estas no prosperaron, dado las tensiones considerables que generaban ante los acreedores, los organismos internacionales, el sistema financiero local e incluso al interior del mismo gobierno, la iniciativa de la CEI fue una de las más destacables.

Liderada por un grupo multipartidario de congresales, esta avanzó estratégicamente en la investigación de la estatización de la empresa de electricidad Ítalo, que insumió al fisco nacional casi 400 millones de dólares. El trabajo dado a conocer demostró muchas controversias y episodios irregulares listados en el trabajo. En términos generales, la iniciativa de la CEI puede entenderse como una estrategia para revelar la ilegitimidad de la política económica de la dictadura, y eventualmente fortalecer a la democracia frente a los grupos de presión (acreedores, empresarios, FMI, etc.); aunque paradójicamente el gobierno no la apoyó durante la gestión. A su vez, la profunda investigación de la Comisión exhibió que, si bien la dictadura actuó en un marco regular de intervención para beneficiar al sector privado, el involucramiento directo de funcionarios de alto rango, los episodios de violencia, las declaraciones contradictorias, entre otras conductas de dudosa legitimidad; evidencian cierta particularidad en el modus operandi. Uno donde se pusieron todos los esfuerzos de la intervención estatal para conceder los deseos de los capitales extranjeros suizos, asumiendo los costos contra el fisco público y actuando incluso contra miembros y colaboradores del mismo gobierno para avanzar en este sentido. De esta forma, y en relación al marco teórico aludido, el caso Ítalo y su debate en la inmediata transición dan cuenta de la participación entrelazada entre civiles, militares y empresarios para favorecer respectivas posturas de poder y negocios privados.

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Notas

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