Introducción

El 1° de enero de 1872, al amanecer, un grupo de criollos asesinó 36 extranjeros en distintos puntos del partido de Tandil. Aquello fue organizado durante la jornada anterior por Jacinto Pérez, un yuyero lugareño. El recorrido duró apenas cuatro horas. Resulta difícil, planteado así, desestimar que se trató de un episodio de odio al extranjero. Sin embargo, leyendo el expediente judicial que se conformó en consecuencia,^[1] encontramos que buena parte de los apresados declaró haber sido obligado a participar de la reunión del 31 de diciembre junto a la casa de Pérez, donde se repartieron armas arengándose matar gringos y masones para defender a Dios y frenar el “pisoteo” a los nativos. Las declaraciones ante el Juez desde el 17 de enero de ese año coinciden, también, en que los que galopaban en la vanguardia –organizadores de la reunión–, se encargaron de las muertes. Algunos hombres empujados a formar parte del grupo se desperdigaron oportunamente a lo largo de las cuatro leguas que cubrió el recorrido antes de regresar al pueblo, a mitad de la mañana. Destaca en el episodio en cuestión, curiosamente, la cantidad de vascos en el total de las víctimas, grupo étnico que gozó de buena recepción e imagen en el ámbito pampeano. Que la mayoría fuese ultimada en la zona rural no es menos relevante para desentrañar la maniobra de Jacinto Pérez, aparentemente ideólogo y claro ejecutor. Que los oficios de las personas asesinadas –carreteros y almaceneros–, distasen de cualquier competencia laboral con los nativos, es otro elemento que no apoya las primeras versiones sobre el episodio surgidas el mismo 1° de enero. Sin pruebas contundentes, Jerónimo Solané fue señalado como culpable. Era conocido como Tata Dios, curandero establecido a mediados de noviembre del año anterior en la estancia de Ramón Gómez para aliviar las jaquecas de su esposa Rufina. Pocos días después atendía centenares de personas de la zona en un puesto de la Estancia La Argentina montado como rancho hospital.

Luego de la lectura del expediente judicial, el episodio sigue plagado de dudas. ¿Por qué en su mayoría vascos y no otras etnias cuando se arengó matar gringos y masones? ¿Por qué ultimarlos en zonas rurales cuando abundaban extranjeros residentes en el pueblo, desde donde partieron los asesinos? ¿Cómo explicar su falta de espontaneidad para reunirse y una probada autoría de las matanzas en manos de apenas el 10% de los que marcharon esa mañana? Si varios de los implicados eran forasteros, pero se sintieron urgidos a una “cacería” desde el poblado hacia el norte arribando a un almacén de ramos generales distante a cuatro leguas, desde donde regresaron, ¿se trató de una coyuntura de tensión social regional que hace erupción allí? ¿Ello indica que se puso en marcha a partir de una motivación económica específica de la élite ganadera local, camuflada bajo un manto milenarista y xenófobo? ¿Por qué el aparente culpable, Tata Dios también cabalgó en la retaguardia de la partida policial en busca de los asesinos?

En las últimas cuatro décadas, luego de un siglo en el que se sostuvo la culpabilidad de Tata Dios, la historiografía avanzó en discusiones académicas que reconsideraron las matanzas desde nuevos enfoques. De este modo, entendemos el episodio como la punta de un iceberg, la visibilidad de una tensión socioeconómica regional latente que incluía a los inmigrantes arribados desde 1850. Lejos del control de un Estado en construcción ocupado en guerras intestinas y con países vecinos, pueblos fronterizos como Tandil improvisaban un escenario sin Bancos ni hospitales, sin madera para construir y caminos intransitables por donde llegaban nuevos vecinos, mercaderías, pero ocasionalmente también partidas indígenas y epidemias. Muchos inmigrantes se sumaron a las comisiones vecinales para paliar estos problemas y ausencias. Algunos, como el vasco Juan Chapar –al que asesinaron junto a su familia y empleados a cuatro leguas de Tandil–, instalaron almacenes de Ramos Generales, convertidos en posadas para el viajero, bancos que fiaban y adelantaban sueldos de los peones de estancias cercanas. El rol acopiador de Chapar dinamizaba la economía local, pero acumulaba peligrosas deudas de los estancieros. Ese primero de enero se inauguraba una sucursal del Banco Provincia y había elecciones municipales en las que los vecinos extranjeros adquirieron cada vez mayor relevancia. Ambas cuestiones, entre otras, debieron rondar la mente de los organizadores del raid asesino.^[2]

Nos interesa poner a disposición del lector, la documentación más relevante producida a partir del suceso conocido como las matanzas del Tandil: el expediente elaborado por distintos agentes judiciales y gubernamentales. Para ello, ofrecemos una breve introducción histórica y descriptiva del sumario, que se constituyó desde el mismo día y durante los meses posteriores. Especialistas en inmigración, justicia y cuestiones religiosas decimonónicas hemos observado minuciosamente desde distintos ángulos el expediente y el episodio, incorporado otras fuentes documentales, desmenuzado la información prestando atención al espacio y la heterogeneidad étnica, recortándolo a una coyuntura cambiante, leyendo gritos y silencios, pensando ese pueblo que soltaba amarras con el estatus de frontera para enfrentar los embates sobre la cotidianidad, los ritmos socio-económicos y culturales que penetraban por el norte del valle.

Si agregamos la dinámica social del escenario en que se llevó a cabo la matanza, podemos adivinar que aquel día de enero es un final posible –acaso abortado– de un proceso iniciado a mediados de 1850 y que se aceleró en la década siguiente. Frontera, diversidad étnica y alta movilidad geográfica, coyuntura cambiante, pobreza y cierta convicción entre los criollos desposeídos de una situación desventajosa frente a los inmigrantes. A estas tensiones se sumaban las disputas entre médicos y curanderos, la apropiación privada de la tierra, los cambios culturales y el avance de un catolicismo más romano por el espacio rural. Todos ellos fueron elementos que no pueden quedar fuera de nuestra mirada. La participación en los sucesos de medio centenar de criollos pobres y un puñado de la élite local, pero también de algunos inmigrantes notables detrás de bambalinas, recibieron luz de los reflectores en los últimos cincuenta años. Un número de personas difícil de determinar y que no participaron activamente en los hechos, quedaron fuera del expediente. Tampoco se hicieron presentes el 11 de setiembre del mismo año, cuando se fusiló a dos de los reos implicados en la matanza, se puede considerar como un acto contundente. Interpretar silencios y ausencias en los documentos, es parte de nuestro oficio.

A partir de una lectura minuciosa del expediente judicial y el cruce con otras fuentes y archivos, proponemos nuevos interrogantes e interpretaciones sobre un viejo episodio en el que el paso del tiempo dispersó y mezcló frases filosas, silencios pesados, pétalos de dudas, recuerdos de vecinos, papeles, letras y hasta pisadas de medio centenar de jinetes criollos en derredor de un almacén de ramos generales. El proceso judicial, que constituye nuestra fuente documental más relevante para analizar los sucesos acontecidos en Tandil en enero de 1872, se encuentra en el Museo del Fuerte Independencia de Tandil (MUHFIT).^[3] Aparece reunida en un cartapacio, que contiene dos cuerpos, uno titulado Departamento del Sud 1872. Asesinatos y robos en el Tandil el 1º de Enero del cte. año y el otro, Sumario Levantado por varios comisarios con motivo de los sucesos ocurridos el 1º de enero de 1872. Ambos, con documentos añadidos a lo largo del año de los asesinatos, estuvieron resguardados hasta finales del siglo XIX en el Archivo de los Tribunales de Dolores, dependiente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. A partir de allí pasaron a formar parte de la colección privada de Antonio Santamarina quien hacia 1950 donó el material al Museo Histórico del Fuerte Independencia.

¿Pocas huellas o mucha arena?

Respecto al expediente judicial, se nos presenta como una puerta entreabierta para observar un momento bisagra del país y la provincia de Buenos Aires: la inserción en la economía mundial y sus consecuencias. Entre ellas, la ocupación de la frontera y las milicias, el cambio de demandas de los países industrializados a la periferia, el reacomodamiento socio-económico de las viejas estancias vacunas a la cría lanar, la llegada creciente de inmigrantes que impactan fuertemente en un marco demográfico asimétrico, con muchos nativos en armas, alto número de extranjeros solteros y en edades laborales, mujeres nativas mayormente concentradas al norte del Río Salado. La información refleja aquella coyuntura, los procesos que se desencadenaron desde 1850 y principalmente desde la presidencia de Bartolomé Mitre, el final de la guerra con Paraguay y los preparativos de la campaña del entonces Ministro de Guerra, Julio Roca en 1879. Es la misma información que rondaba el escritorio e ideas de José Hernández y su famoso texto. Los hombres detenidos el 1º de enero, y que legaron sus respuestas frente al Juez a partir del 17, se escaparon de aquellas páginas o acaso penetraron en ellas para resguardarse amparados sentimentalmente en el ideario hernandiano.

El expediente judicial posee particularidades debido a su tramitación y conservación que lo diferencian de otros preservados hasta la fecha. Por un lado, se encuentra encuadernado y separado en 3 tomos sin que en ellos se expliciten las razones que llevaron a tomar tal decisión. La parte central del voluminoso expediente, donde constan los diversos trámites judiciales, tales como declaraciones, confesiones, interrogatorios y resoluciones, así como la sentencia integran el segundo tomo y alcanzan poco más de 550 fojas. Al inicio, se encuentra un apartado de 11 páginas denominado “Libro de la Humanidad”, posiblemente redactado por algún ayudante de Jerónimo Solané, debido a que el “médico Dios” era analfabeto. Se trata de varios centenares de nombres que claramente se hunden espacialmente en su paso por los partidos de Tapalquén y Azul, empujándonos a sospechar que remite a un listado de sus pacientes. No sabemos, dada las cifras que se manifiestan a diario en su campamento del Hospital, qué criterios se utilizaron para incluirlos.

El orden del contenido del expediente está determinado por las urgencias que las distintas autoridades procuraron resolver. El primer tomo tiene por título “Sumario Levantado por varios comisarios por motivo de los sucesos del Tandil ocurridos el 1º de enero de 1872”, con alrededor de 90 páginas. En la página 66 aparece el rótulo de incidente, que remite al asesinato de Tata Dios el día 5 de enero, en el calabozo en el que se hallaba preso desde el día 1º. El segundo tomo ocupa 58 páginas y cierra con el título antes mencionado de “Asesinatos y robos en el Tandil el 1º de enero del corriente año”, cobija desde el momento en que se invita –muchas veces se empuja– a personas que no se conocen en todos los casos entre sí, ni al organizador Jacinto Pérez a la reunión en la “Peñalverde” al anochecer del 31 de diciembre.^[4] En el tercer tomo se desata toda la información sobre el juicio, los interrogatorios a acusados y testigos. Ello sigue hasta fines de setiembre de 1872, cuando aún permanece el buen ánimo de los extranjeros por las condenas y especialmente el fusilamiento de Cruz Gutiérrez y Esteban Lazarte el día 11 de ese mes. El resto de la población, según consta en el diario La Nación que envió un corresponsal, no solo no estuvo en la plaza esa mañana, sino que mantuvo un murmullo ensordecedor que nadie dejó de escuchar.^[5]

Imagen 1
Carátula del sumario judicial, tomo I
Fuente: MUHFIT, Tomo I

En el Archivo Histórico Municipal de Tandil, la información sobre el caso es acotada. La correspondencia del Juzgado de Paz de 1872 no es abundante y se encuentra incompleta, aunque puede visualizarse en ella la vida del pueblo en aquella época, las decisiones de la corporación municipal, la venta de tierras y las mejoras en el poblado, entre otras. Respecto de la prensa, el hecho tomó relevancia en algunos periódicos de la Capital como La Tribuna de enero de ese año, La Nación de septiembre del mismo y La República, o alguno del ámbito rural como El Monitor de la Campaña, también en septiembre de 1872, con motivo del fusilamiento de los condenados. La magnitud del suceso llegó a Europa y se reflejó en periódicos españoles y británicos, entre otros.^[6] Las litografías impresas con escenas de los sucesos, como “Matanza en lo de Chapar” y “El funeral”, que se resguardan en el Museo del Fuerte Independencia, son interesantes para contrastar la información en lugares claves del episodio: la Plaza Independencia o el almacén de Chapar en actual paraje De La Canal.

El episodio que desborda dicho expediente tiene muchos aspectos valiosos que desafían el análisis historiográfico. Se desgrana, a lo largo de un escenario demasiado grande, en distintos lugares, alrededor de ocho o nueve sitios si contamos desde la reunión del 31 de diciembre hasta el asesinato de Jerónimo Solané, Tata Dios, dentro del calabozo, cinco días más tarde. Una temporalidad que podríamos retrotraer a 1850, con los inicios de la llegada de los inmigrantes y el final del gobierno de Juan Manuel Rosas. Estos sucesos conforman una mamushka de coyunturas envueltas en las transformaciones económicas, políticas y sociales que cubre esa Inglaterra industrial y la necesidad de productos que presentan países nuevos como Argentina. Y también, una región clave como el centro pampeano húmedo, donde se ubicaban los partidos de Tandil y Azul, pero también las parcialidades indígenas lideradas por el Cacique Catriel.

Un par de citas del expediente judicial, sirven como excusa para animar a recorrer sus páginas.

“El señor Juez de Paz manifestó que se encontraba en ésta el vecino Apolinario García, quien estuvo curandosé en el campamento de ‘San Jerónimo o Médico Dios’, y aunque no resultó complicado, lo detubo y fue puesto en libertad bajo la garantía de un vecino respetable de este pueblo, por lo que procedi a tomarle declaración el 17 del corriente (ENERO), la cual se expresa a continuación”.

Apolinario García dijo ser argentino, de 33 años, casado, abastecedor y domiciliado en este pueblo. Interrogado acerca de lo que supiese sobre el hecho ocurrido en el Tandil, expuso que el 6 ó 7 de diciembre [de 1871], encontrándose enfermo, concurrió al campamento del “médico Dios Jerónimo”, situado a unas “cuatro leguas del pueblo del Tandil” y que permaneció allí hasta el 2 de enero. Continuó:

“durante ese tiempo fue curado con llervas desconocidas para el declarante […]. Que en el campamento casi siempre se resaba de noche la novena y oia con generalidad decir a las gentes que a causa de los masones y estrangeros eran las epidemias que habían ocurrido; pero esto no oyo a Don Jerónimo. […] Que no se cobraba nada, y que, el que quería donar algo, depositaba sobre una mesa en forma de altar donde había varios santos. Que el día 11 del pasado, a causa de la gran concurrencia, el Alcalde Don Ramón Gómez y el mismo Don Jerónimo ordenaron se retirara todo enfermo que tuviera en estado de hacerlo. Que lo efectuaran la mayor parte, quedando solo un corto número de personas […]. Que antes de hacer retirar a las gentes había más de cuatrocientas personas entre niños, mujeres y hombres…”

Y seguidamente, añadió:

“Que el dia 1º del corriente como a las seis de la mañana se apersonó al campamento don Jerónimo acompañados de dos a quien el declarante no conoce, rengo uno y otro llamado Marcos que le cuidaba el caballo (pelo bayo) del médico. Que este (el médico) les dijo: Que habían ido asesinos al Tandil, y le habían tomado su nombre, montando nuevamente a caballo en dirección a (la estancia) la Argentina, con los mismos que le acompañaban más Manuel Martínez, quien le siguió. Que el declarante como los otros se quedaron allí […]. Que el mismo día vió pasar como á las diez de la mañana por el campamento un grupo de gente peleando y gritando maten. Que el declarante entonces trató de ocultarse entre dos caballos que le mandó recoger un tal José Aguilar, vecino de este partido […].Que al otro día un tal Gómez, enfermo también y vecino del Tapalquén el cual andubo por orden de otro Alcalde recogiendo heridos y muertos que hubieron en el encuentro referido fué quien le prestó su caballo en el cual vino aquí, donde le detubieron. Que el médico ni sus acompañantes no hicieron ninguna indicación para cometer esos crimenes ignorando el declarante si privadamente lo harían y en cuanto a las personas del campamento que en esos momentos se encontraban ninguno fue invitado ni se movió con tal objeto. […] Que solo entre las gentes se oía hablar de masones estranjeros y brujas y que estas últimas cruzaban por el campamento y también que el caballo bayo del médico se inquietaba cuando las veia, asegurando el declarante no haber visto ni creido semejante cosa. Que es cuanto sabe y puede declarar al respecto”.^[7]

La información que contiene el expediente judicial es variopinta, parca y detallista a la vez, permitiendo reconstruir los pasos de varios de sus protagonistas, uniendo descripciones del escenario, el clima de aquella jornada, el ritmo de los acontecimientos e incluso aspectos místicos del entorno. Consta de cartas entre jueces y comisarios con referencias precisas sobre la época y sus pensamientos y decenas de páginas donde se suceden los interrogatorios que se reiteraron frente a cada uno de los detenidos, pese a que algunas respuestas de los acusados son escuetas pero firmes, por ejemplo cuando se les pregunta si conocían a Jacinto Pérez o a Jerónimo Solané, otras merecen ser leídas con detenimiento en busca de ese indicio de algo particular que encuentre la hipótesis sobre lo sucedido.

La documentación requerida y contestada por comisarios de la zona, las intervenciones del abogado defensor de los reos, los informes de la autopsia médica, la presentación y síntesis del Juez de Paz local Juan Adolfo Figueroa, informando a sus superiores, son solo algunos elementos. Ella presenta información variopinta en calidad y cantidad según la profundidad del interrogatorio y las respuestas. Aunque las personas indagadas fueron numerosas, y varias de ellas en más de una ocasión siguiendo los pasos previstos por las normativas procesales, no todas ellas estuvieron en contacto con los protagonistas, y a su vez fueron actores fundamentales de los episodios, fueron convocados ante el magistrado. Por ejemplo, no se tomaron declaraciones al estanciero Ramón Santamarina, en cuya estancia los acusados tomaron una caballada de refresco poco antes de ser aprehendidos e incluso se hallaba cerca del calabozo en el que mataron a Jerónimo Solané el día 5 de enero.^[8] Tampoco se tomó testimonio a la esposa de Jacinto Pérez –muerto por la partida de soldados– y a quien la mayoría de los apresados mencionó como el jefe de la partida. El decomiso de armas se encuentra casi ausente en la documentación y no se reclamaron los Libros de Cuentas del almacén de Chapar que recogió el Alcalde Teófilo Urraco, primero en llegar al lugar (y también potencial deudor por vivir cerca).^[9] Nadie cuestionó por qué Ciriaco Gómez, asentado como militar en Tres Arroyos se trasladó a Tandil con un grupo de guardias nacionales en plenas fiestas y no sólo –como analiza Hugo Nario– organizó lentamente la partida para salir en persecución de los asesinos en pleno raid, sino que presidió la primera guardia conformada por 40 extranjeros que casualmente inició su derrotero la noche en que asesinaron a Tata Dios.^[10]

De manera paralela, hubo denuncias posteriores al suceso, de familiares o conocidos de los carreteros vascos que reclamaban por los transportes y animales de la tropa. ¿Quién se hizo cargo de resguardarlas? Otro aspecto no menor fueron las prioridades de la investigación, orientadas a actuar con celeridad y apresar los sospechosos y condenarlos. Salvo los abogados defensores en las distintas instancias, ningún contemporáneo puso énfasis en la coyuntura y los procesos socio-económicos y políticos que presionaban sobre el episodio. Ningún agente profundizó en las prácticas e ideas de Jerónimo Solané, dejando en primera fila ese universo de supuestos no probados legados por Manuel Martínez Suárez, un gallego residente en Tandil que en sus memorias cimentó una leyenda nacida esa misma tarde.

Como cualquier episodio que involucra a muchos actores, la repetición de preguntas con respuestas casi calcadas, dificultan avanzar con firmeza hacia el corazón del problema. Sin olvidar que se trató de hombres de trabajo, muchos de ellos analfabetos que no firmaron sus declaraciones por “no saber hacerlo”, el tiempo transcurrido desde el 1º hasta el día 17 de enero que comenzaron los interrogatorios pudieron colaborar en la decantación de ideas, escucha de comentarios en un ámbito carcelario reducido, conversaciones de policías que los custodiaban y vecinos que se acercaban a las ventanas a gritar improperios y acusaciones. No obstante, si alguno germinó allí su defensa, acomodándose a los dichos populares, varias de las declaraciones muestran elementos que permiten afirmar que no hubo una sola estrategia para ser declarado inocente, ni tantas como acusados. Hemos visto, en el caso de Cruz Gutiérrez, que las preguntas que los agentes judiciales le hicieron a los implicados fueron sencillas y directas., El interrogatorio no hurgó en sus memorias recientes y es probable que aquellos no agregaran lo que no se les solicitaba. Sí hubo acuerdo en que Jacinto Pérez los había reunido, arengado y repartido armas, así como prometido que los saludarían el cura y el médico del pueblo. También sobre el puñado que iba en la vanguardia disputándose la muerte de los extranjeros: Cruz Gutiérrez, Esteban Lazarte, Jacinto Pérez, María Pérez, Pedro Rodríguez y Juan Villalba. Respecto a Jerónimo Solané ningún sospechoso lo acusa y en el mejor de los casos, dos o tres mencionan que iban a matar extranjeros que pisoteaban la religión y que aquello se hacía, “según Jacinto Pérez”, por orden de Tata Dios. El hermano de Juan Chapar, con razones sobradas para unirse a la exaltación de los extranjeros que señalaron desde un primer momento a Tata Dios, se presentó el 26 de febrero para constituirse en acusador particular con el auspicio legal del Doctor de los Llanos expresando agravios ante la sentencia considerada demasiado benigna del Juez Tomás Isla. Planteaba, asimismo, que, si bien los cabecillas invocaban el nombre de Tata Dios, “nada hace presumir que éste fuera el jefe del movimiento”.^[11]

Estamos frente a un episodio que reúne varios espacios y rincones dentro de un escenario inmenso. Cincuenta jinetes criollos, la élite local e inmigrantes posicionados junto a ella tras dos décadas de progresos materiales, dos curanderos, varios comisarios y militares, un cura y un médico –implicados con distinta intensidad y consciencia en la trama–, lo presentan, por momentos, impenetrable. Las matanzas del Tandil, episodio al que durante casi un siglo los historiadores locales y entusiastas merodearon repitiendo versiones de los contemporáneos o hipótesis sin mayor sustento, se nos presentan como un puzzle al que le faltan unas pocas piezas, guardadas en una caja que no hemos encontrado. Hoy, ciento cincuenta años después, vemos con mayor claridad la figura conformada con los fragmentos que se preservaron en distintos repositorios.

Imagen 2
Croquis del itinerario de la montonera
Fuente: tomado de Nario (1976: 104-105).

La excepcionalidad en el juzgamiento de los acusados de los crímenes del 1° de enero de 1872

La justicia letrada se organizó de manera definitiva en la provincia bonaerense inmediatamente después del fin del gobierno de Juan Manuel de Rosas. En 1853 se organizaron dos departamentos judiciales y en 1856 se sumó un tercero. El partido de Tandil integró el Departamento Judicial del Sud, cuya cabecera quedó establecida en Dolores.^[12] Durante las dos décadas entre el establecimiento de la justicia letrada y los sucesos del 1° de enero el espacio de la campaña sur se volvió más complejo producto de la multiplicación de la población, así como de la diversificación social y económica.^[13] La consideración de dicho territorio como un ámbito donde “reinaba la barbarie” debido al apoyo que se presumía tuvo el gobierno de Rosas y la existencia en diversos puntos de parcialidades indígenas, precipitó la decisión de organizar solo la instancia criminal de la justicia letrada.^[14] Según los argumentos esgrimidos en ocasión del debate de la ley, era necesario hacer sentir la presencia de la autoridad y para ello, se consideraba, que la persecución de los crímenes era la vía más indicada para establecer el orden en la campaña. La impresión de la urgencia de afianzar el control se vio acentuado por el malón de 1855 y la creación de un nuevo departamento judicial procuró afianzar los objetivos delineados poco antes. Estas innovaciones institucionales se debieron, en buena medida la iniciativa de Valentín Alsina. Legislador y juez al mismo tiempo, fue el autor del proyecto de ley que creó los departamentos judiciales y quien años después redactó el Código Rural, promulgado en 1866.^[15] Algunos de los cambios sociales y económicos que este intentó plasmar se vincularon a los factores que recortaron las posibilidades vitales de los habitantes criollos de la campaña y que aparece como telón de fondo de las circunstancias que rodearon a esta expresión de violencia.

La administración de justicia de Primera Instancia implicó una justicia ejercida por letrados, es decir, por hombres que transitaron su formación en el espacio universitario. Sin embargo, tal condición solo fue exigible para los magistrados. Ni fiscales, ni defensores debieron contar con la titulación en derecho para ejercer como tales hasta décadas después. A pesar de los deseos del propio Alsina, las características de la sociedad no dejaron otra alternativa a la continuidad de la centralidad de los jueces de paz en el desempeño de una multiplicidad de funciones, entre ellas la de policía.^[16] En síntesis, los jueces letrados dependieron de las acciones –y de la buena voluntad– de los jueces de paz para la conformación del sumario –la primera parte de los procesos judiciales– donde se reunía la información sobre la comisión de un delito. Luego, era remitido –junto con los acusados, si estos eran identificados como los presuntos autores y lograban ser detenidos– al juez letrado. De esta forma se daba inicio al plenario, donde este magistrado volvía a tomar declaración –designada confesión– a la persona acusada, intervenían el fiscal y el defensor para luego dar lugar a la sentencia, que podía ser apelada y era revisada por los tribunales superiores.

En el caso del expediente elaborado a partir de los sucesos que indagamos se siguieron, en parte, estos procedimientos. Sin embargo, el proceso judicial adquirió algunas peculiaridades, seguramente, debido a la magnitud y características de los delitos atribuidos, así como por la cantidad de personas involucradas, tanto víctimas como acusados.^[17] Las primeras fojas, fechadas el 16 de enero, reproducen un conjunto de actuaciones realizadas por el juez de paz y comisario de Azul, José Calderón, debido a una denuncia realizada por el médico de la policía, Alejandro Brid, contra Solané por el ejercicio irregular de la medicina. En estas declaraciones, así como en las que le fueron tomadas con posterioridad a los sucesos del 1° de enero, este último describió sus prácticas casi con las mismas palabras, remarcó que no cobraba y que solo aceptaba limosnas para los santos y la Virgen de Luján.

Aun cuando los expedientes judiciales mantienen cierta organización, en ocasiones, los jueces de paz y comisarios intervenían a partir de ordenar el sumario que era remitido al juez letrado con el propósito de influir en la tramitación del proceso. En este caso, las primeras actuaciones corresponden a una fecha posterior a la muerte violenta sufrida por Solané. Por ello, es probable que la recopilación de las denuncias que recibió en Azul en 1871 fuera incluida en la primera parte del sumario para mostrar acusaciones previas que contribuyeran a presentarlo como el instigador de los asesinatos.

A estas fojas, siguen varias declaraciones tomadas a diferentes personas que estuvieron en el hospital^[18] de Tata Dios para averiguar posibles participaciones y complicidades en los sucesos. Asimismo, no faltaron extensos interrogatorios a hombres, como José Caballero, vecino de Azul, que simplemente realizaron sus actividades habituales por esos días. Estas consistieron en movilizarse entre un pueblo y otro para comprar ganado para sus patrones, quienes debieron prestar declaración para dar cuenta de la conducta de sus peones. Asimismo, es posible encontrar, como en otras causas criminales, filiaciones de diversos sospechosos que intercambiaron el juez de paz de Tandil y de los partidos vecinos con la jefatura de policía de Buenos Aires para procurar encontrarlos.^[19]

Las averiguaciones de los jueces de paz y comisarios parecieron inclinarse por buscar la culpabilidad de Solané dado que hubo comisiones policiales en diferentes puntos de la provincia como Luján, Mercedes, Baradero, Zárate, Cañuelas y Giles para indagar si los curanderos existentes en esos puntos habían organizado concentración de personas y si hubo enviados de Solané.^[20] La búsqueda por confirmar su culpabilidad parecía clara. Francisco Wright, uno de los comisarios comisionados que recorrió la campaña, consignó en el informe enviado a su superior que el “Médico Dios el cual como es notorio ha sido el cabecilla de los tristes sucesos habidos en el Tandil”. Sin embargo, no pudo encontrar pruebas que lo confirmaran.^[21]

Una vez realizadas todas estas averiguaciones, el jefe de policía provincial O´Gorman elevó los informes al ministro de gobierno, Antonio Malaver, quien había ordenado el envío de comisarios en comisión. Las diligencias contribuyeron a mostrar que no hubo una organización para promover los asesinatos de extranjeros ni comunicaciones entre los curanderos asentados en diferentes parajes de la campaña bonaerense. Finalmente, el 7 de febrero los informes policiales fueron remitidos al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia y este los envió al “juez originario”.

Este procedimiento constituye una particularidad de este proceso judicial. La tramitación usual consistía en que el juez de paz elevara el sumario al juez letrado natural que para Tandil era el que residía en Dolores, cabecera del Departamento Judicial. Como mencionamos, la gravedad atribuida al hecho, el número de personas muertas, que incluyó mujeres y menores de edad, determinó que el gobierno provincial decidiera que el proceso sería sustanciado por un juez comisionado. En la decisión, posiblemente, pesaron las intervenciones de las delegaciones de los países de origen de las personas asesinadas.^[22] Las presiones internas y externas por lo que el hecho significaba de cara a los países con los cuales la Argentina mantenía vínculos comerciales, fundamentalmente, determinaron que el Superior Tribunal de Justicia pasara por alto un artículo de la Constitución Nacional. Esta sostuvo en su artículo 18: “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa […].” Esta normativa remitía al principio del “juez natural” que encierra una doble determinación, que como vimos posee rango constitucional. Por un lado, implicaba una garantía de independencia e imparcialidad por parte del magistrado. Al mismo tiempo, procuraba evitar la posible intromisión del poder político en el proceso y al tratarse de causas con implicancias singulares –como esta– apuntaba a limitar la sospecha sobre las actuaciones de la justicia. En consonancia, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires sostenía en su artículo 127 que “No podrá juzgarse por comisiones especiales.” Todos estos principios, que parecían contar con el acuerdo de las autoridades, fueron dejadas de lado para asegurar un juicio rápido y un castigo que fuera ejemplar. Una semana después de la matanza, el ministro de gobierno Antonio Malaver, envió una nota al Superior Tribunal de Justicia en la que sostuvo que “el gobierno tiene el mayor interés en que la acción de los tribunales se haga sentir en esta emergencia de la manera más eficaz y pronta a cuyo efecto le ruega se sirva comisionar a uno de los jueces del crimen que trasladándose al Tandil inicie y prosiga hasta su terminación la causa que debe tomarse para la averiguación y castigo de los asesinatos cometidos el día 1°del corriente mes”.^[23]

La primera intención de quienes integraban el Superior Tribunal era que el juez letrado de Dolores se trasladara a Tandil, en tanto comisionado, aunque mantenía su condición de natural. Sin embargo, ello implicaba dejar el juzgado acéfalo. Finalmente, los magistrados optaron por designar a Tomás Isla, magistrado con una vasta experiencia. Al momento del nombramiento, se desempeñaba como juez comercial en Buenos Aires, aunque había oficiado en la instancia del crimen entre 1862 y 1866 en el Departamento Judicial del Norte. No obstante, en el expediente se hace constar su pertenencia al Departamento del Sud.^[24] El accionar de Isla en la tramitación del expediente no se diferenció de lo realizado por otros jueces en procesos criminales. Tomó declaraciones a los acusados, testigos, demandó las certificaciones médicas y las de entierro –que permitieron hacer constar la existencia del cuerpo del delito–, decidió la realización de careos y envió diversas notas a los jueces de paz de los partidos vecinos con las filiaciones de acusados que alcanzaron a huir.

Un rasgo persistente en los expedientes tramitados en la instancia letrada, y este proceso no fue una excepción, es que los acusados mantuvieron las afirmaciones realizadas inicialmente frente al juez de paz.^[25] El cierre de esta etapa designada como sumario daba lugar al plenario. En esta parte, se ratificó la acusación a varios hombres –un total de 16– mientras que otros fueran liberados durante el mes de enero. Luego se pasó a otra etapa dentro del plenario donde se producían las confesiones^[26] de los acusados. En este punto, y debido al número de personas procesadas, se nombró una comisión para que participara de esa instancia. La misma estuvo integrada por notables locales: Ramón Santamarina, Benito Machado, Juan Dhers, Carlos Christiansen y Carlos Díaz, entre otros. Allí mismo, los procesados debían elegir padrinos. Salvo Cruz Gutiérrez que optó por Juan Miranda, el resto designó al coronel Benito Machado.^[27]

Aun cuando Isla procuró mantener los pasos procesales previstos en las normativas, uno de los problemas que debió sortear fue la designación de un defensor que atendiera a los derechos de los reos. Resulta imaginable que no hubiera demasiados hombres dispuestos a ejercer un cargo que implicaba abogar por acusados a quienes se les endilgaba crímenes muy graves. El defensor que ejercía en Dolores se excusó debido a los procesos que se encontraba tramitando y debería abandonar. Isla designó sucesivamente a diversos integrantes de la notabilidad local. Entre ellos, Benito Machado, Nicanor Elejalde, Carlos Díaz, Moisés Jurado, Miguel Méndez y Anselmo Adaro. En todos los casos, adujeron no contar con los conocimientos necesarios y problemas de salud. Sin embargo, Adaro sostuvo lo que seguramente era una sensación compartida. Afirmó que no aceptaba “en atención a la naturaleza de la causa y a tener conciencia que en ella figuran delincuentes que su conciencia no puede defender”.^[28]

Finalmente, el cargo recayó en Juan Somoza quien solo contó con un día para responder los pedidos de penas realizados a fines del mismo mes de enero por el fiscal, Joaquín Rivero. Como era presumible, para quienes fueron presentados como los autores materiales de los homicidios –Cruz Gutiérrez, Esteban Lasarte, Juan Villalba, Pedro Torres, Claudio Villarreal, Moreno, Juan Arballo, Santos Peralta y Juan Ferreira– demandó la pena capital dado que “más que elocuentemente que todas las leyes, hablan los treinta y tantos cadáveres mutilados de las víctimas”.^[29] Mientras que para Gregorio Larrea solicitó 15 años de presidio, para Casimiro Ramos, Eufracio Gómez y Antonio Ponce demandó 5 años de presidio. Por su parte, para quienes olvidaron “el carácter de empleados públicos” y sustrajeron diversos elementos de las residencias de las víctimas, requirió tres años en el servicio de las armas para Sayago y dos en el caso de Miranda y Segundo Rodríguez. Y a todos los mencionados, al pago de daños, perjuicios, costas y costos. Al mismo tiempo, respecto de trece hombres que permanecían detenidos, pidió que fueran puestos en libertad por no encontrar cargos que realizarles.

Por su parte, Somoza solo contó con un día para contrargumentar las penas solicitadas por Rivero. En su extenso escrito dedicó espacio para sostener que tal pedido era excesivo en relación con la “condición moral” de sus defendidos. En sus palabras, estos no alcanzaron a comprender la gravedad de los hechos debido al “fanatismo” al que fueron arrastrados por las maquinaciones de Solané. Por ello, no pudieron reflexionar, ni comprender que lejos de seguir las indicaciones provenientes de Dios, estaban actuando contra las leyes divinas y humanas. En su argumentación, el “estado de ignorancia” en que viven los habitantes de la campaña y la “superstición que […] se transmiten de generación en generación” constituían la única causa por la que “estos desgraciados” provocaron tantas muertes.

Sus argumentaciones no causaron el efecto buscado en el juez Isla. Poco después de un mes de aquella madrugada trágica, el magistrado emitió su sentencia que se ajustaba a lo pedido por el fiscal Rivero, aunque solo en parte. Para ello, al igual que otros magistrados, se basó en un conjunto de normativas pretéritas que llegaron al Río de la Plata durante el dominio hispano y de otras que integraban el “derecho patrio”.^[30] En su opinión, estos hombres actuaron con “premeditación y ánimo deliberado” al tiempo que sus crímenes estaban agravados por la alevosía y atrocidad con que fueron cometidos y “por el número y calidad de sus víctimas, pues entre ellas se encontraban cuatro mujeres y cuatro niños”.^[31] Con base en estos fundamentos, Isla condenó a la pena capital a Gutiérrez, Lasarte y Villalba. Mientras que, para el resto de los acusados, para quienes Rivero había pedido la misma pena de muerte, los condenó a quince años de presidio. A Ramos y Ponce les estableció una condena de tres años de presidio, mientras que a Guzmán y a Miranda a cumplir un año. Para el resto, dictó el sobreseimiento o la absolución de culpa y cargo, dependiendo de los casos, así como la recuperación de la libertad.

Al igual que en el resto de los casos en los que la sentencia era apelada, el proceso judicial fue enviado al Superior Tribunal de Justicia en su sala en lo criminal.^[32] A fines del mes de marzo, el defensor en esta instancia, Martín Aguirre sostuvo, en coincidencia con su colega, que la pena de muerte era excesiva y que no guardaba proporción con “la culpabilidad moral” de los reos. En su opinión, la ignorancia y el fanatismo resultaban “culpas sociales” al tiempo que la sangre derramada de las víctimas y de los implicados que encontraron la muerte en esas jornadas era suficiente y que incrementarla “sería crueldad”. En síntesis, era la organización social la que determinaba las condiciones que hicieron posible la existencia de personas ignorantes y fanáticas.^[33] A quienes fueron condenados solicitaba una pena de cinco años y al resto que se le rebajara proporcionalmente.^[34] Por su parte, el fiscal también apeló la sentencia, pero para solicitar que Villarreal también fuera condenado a la pena capital. Mientras que para quienes recibieron una pena de quince años pedía que la misma se elevara a veinte. En el transcurso del mes de mayo, Moisés Jurado –el nuevo juez de paz que reemplazó a Figueroa– dio aviso al Superior Tribunal de Justicia que Villalba “uno de los más encarnizados asesinos del día 1° de enero de 1872” había muerto en la cárcel, posiblemente por las heridas recibidas cuando se lo detuvo.

La última –y tercera– instancia de la administración de justicia, que eran las dos salas reunidas del Superior Tribunal confirmó en todas sus partes la sentencia de Isla en el mes de agosto de ese mismo año. Tal decisión no resulta sorprendente dado que el magistrado fue designado como juez comisionado por ese mismo cuerpo. Finalmente, la sentencia fue aplicada en el caso de Gutiérrez y Lasarte en la plaza del pueblo de Tandil a mediados del mes de septiembre. Esa misma que fue ocupada por el nutrido grupo de hombres la madrugada del 1° de enero, se convirtió en el escenario de la aplicación de la “ley del talión” a cargo de Moisés Jurado como juez de paz y del comandante militar del partido. Aunque la pena no resulta sorprendente en función del proceso judicial y del impacto del suceso en el contexto nacional e internacional, no era una sentencia habitual en el marco de la justicia letrada. Como antecedente en el poblado tandilense, es posible hacer referencia al ajusticiamiento de Tomás Ordóñez en la misma plaza y por el cargo de homicidio.^[35]

El episodio, una suma de hechos relacionados

“Señor Don Jerónimo de Solané.

Querido Viejito.

En este momento se que se dirije una jente qe ha atropellado el Juzgado gritando que bienen mandados por U. y en este momento mandeme decir que hay, y béngace U. aquí á casa hoy mismo.

Saluda, Ramón R. Gómez, Tandil, Enero 1º 1872”.^[36]

La cita que abre el presente apartado fue escrita a las cinco de la mañana por el alcalde y estanciero Ramón Gómez, un actor tan fácil como difícil de asociar a los acontecimientos. Un mes y medio antes de aquella mañana y luego de haber escuchado sobre algunas curaciones extraordinarias, Gómez había viajado a Azul a buscar a Jerónimo Solané para que atienda las jaquecas que martirizaban a su esposa Rufina Pérez. El tono del escrito no parece esconder intenciones; es claro, conciso, cariñoso en el nombramiento y deja entrever preocupación y desconcierto en el señalamiento de los asesinos. Igualmente, denota confianza, a tal punto que le pregunta “qué hay de cierto” en lo que escucha a esas horas de la madrugada. Nada hace pensar que, pese a que Gómez trasladó a Solané a Tandil, fuese este el ideólogo de las matanzas. Nos preguntamos si, dado que aquel 1° de enero se inauguraba el Banco Provincia y se llevarían a cabo elecciones municipales en las que los extranjeros venían sumando éxitos, no surcaría la mente de aquellos poderosos la intención de amedrentar a los “gringos”.^[37]

A manera de ilustración, optamos por presentar el testimonio de uno de los acusados. El primer preso que compareció fue Crescencio Montiel, alias Cruz Gutiérrez, bonaerense, de 39 a 40 años de edad, casado y de ejercicio comerciante de cueros. No era tandilense ni un gaucho soltero, vago y mal entretenido. Según consta, residía desde 1871 en la “zona de chacras del partido de Tandil”. Fue elegido por distintas razones, sin ser organizador de la reunión en la “Peñalverde”, marchó el día de las matanzas en la vanguardia. Sus respuestas muestran una honestidad que no lo favoreció y una dignidad esquiva en otros casos. Fue, como se mencionó, uno de los dos reos fusilados, no sin antes enfrentar verbalmente a un grupo de extranjeros:

“Dijo que fue preso por el capitan Olivera el primero del corriente; siendo la causa que pasa a suponer: que habiendo sido conquistado por un tal Jacinto a quien le decían el adivino que según crée era subalterno del que llamaban Tata Dios y cuyo nombre y apellido ignora y cumpliendo las ordenes del citado Jacinto, asistió a una reunión que tubo lugar el treinta y uno de diciembre último a la noche, al otro lado de la Peñalverde, componiendose dicha reunión de unos cuarenta a cincuenta individuos. Que el nombrado Jacinto proclamó a la reunión diciendo que venían a cumplir los deberes que el Tata Dios les había impuesto. Que al día siguiente vendrían a la Plaza de este Pueblo a dar los vivas y hablarlo al Cura, al Medico Fuquini y dos o tres personas mas que no recuerda. Que en efecto el día primero en la madrugada vino toda la reunión a la Plaza, encabezada por el Jacinto, quien después de haber vivado a la Confederación Argentina y dado muera a los masones y otros que no oyó, mandó una comisión de la que no formaba parte el declarante al Juzgado de Paz de donde crée sacaron un preso y en seguida sin haber intentado hablar Jacinto con el cura y las otras personas nombradas se dirigieron todos fuera del Pueblo y tomando la dirección hacia lo de Chapar. Encontraron dos tropas de carretas y habiendo dado ordenes el mencionado Jacinto de matar a unos extranjeros que eran unos conductores, todos los acometieron simultáneamente y los mataron al efecto... Que de alli siguieron a una pulpería inmediata y dando la misma orden el referido Jacinto, mataron dos estranjeros. Que en seguida se dirijieron a la pulperia de Tompson donde fueron muertos dos individuos y una mujer extranjeros. Que después fueron a la casa de un tal Chapar a donde cuando el declarante llegó supo que habían sido muertos todas las personas que había allí, pero que el declarante sólo vio a una mujer que habían sacado muerta de un carro. En seguida fueron a mudar caballos a lo de Santa Marina, y yendo en dirección a lo de Montiel, según dijo el citado Jacinto, cambiaron de resolución tomando la dirección de la Argentina, estancia de don Ramón Gómez a pedir la bendición al Tata Dios, quien les iba a repartir lo que habían sacado de las casas de negocio. Fue en esa cruzada donde se encontraron con fuerzas que lo perseguían y fue tomado preso”.

En la misma declaración, se le inquirió acerca del “objeto de la conquista” y señaló que Jacinto “a nombre del Tata Dios”, les había hecho creer y comprender que este último “había venido a proteger y hacer la felicidad de los argentinos uniéndolos y que para ello era necesario matar a todos los extranjeros, quienes les habían causado grandes males”. También se le preguntó si habían realizado reuniones, en qué lugar, con qué objetivo y quién las convocaba. A ello contestó que, si bien él no asistió a otra reunión más que a la referida, sabía que en la casa de Tata Dios que era “en un puesto de Gómez, a una legua de distancia” siempre había un gran número de gente reunida, creía, en busca de remedios. Finalmente, frente a la pregunta si sabía que “el Tata Dios o Jacinto estaba en relación con alguna persona de este pueblo y principalmente de las que arriba nombró”, contestó que lo ignoraba, “que cuando salio con la reunión llevaba como setecientos y pico de pesos producto de compras y ventas de cueros y lanas que hacía por su cuenta.”^[38]

La declaración en la que se indicó que la partida de gauchos se dirigió “hacia lo de Chapar” induce a conjeturar que ese era el destino y no una parada del itinerario, toda vez que es donde concluyó el raid. Todo hace pensar que al menos algunos de la partida sabían que irían a lo del vasco Chapar. Gutiérrez creyó, también, haber herido a alguno, respuesta natural para lograr una menor sentencia, pero la mayoría de los implicados lo ubican entre los matadores. Tomasa Maidana, esposa del asesinado Leanes lo señaló como el “matador con arma de fuego”, junto a Lasarte, Pérez y Jacinto, el adivino.^[39] Gutiérrez declara, como otros, que luego de lo de Chapar se dirigieron a mudar caballos a la “Estancia Bella Vista de Santa Marina”. ¿Quién preparó la caballada? ¿Para qué? ¿Dejaba un criollo su caballo para tomar otro desconocido? ¿Un recambio para seguir matando o huir del pago? El itinerario pensado por Jacinto Pérez no aclara por qué si iban hacia lo de Montiel cambiaron de parecer y fueron a la estancia “La Argentina” a recibir el saludo de Solané. Ello parece indicar que la matanza había terminado –pese a la cercanía de muchos extranjeros– y probablemente era el momento de recibir un supuesto agradecimiento por la misma. En ese infortunado desvío realizado para que Jerónimo Solané –que en el expediente no se demuestra que conocía a Jacinto Pérez– los salude y felicite, la partida de criollos se cruzó con una guardia armada “tardía” proveniente del pueblo.

¿Xenofobia compelida?

El documento resulta interesante no sólo por la información, por momentos bosquejada y en otros, detallista, al mostrarnos criollos e inmigrantes compartiendo el escenario, sus encuentros cotidianos, relaciones laborales, comunidades étnicas que se atomizaban delante de sus ojos en matadores y víctimas. La historicidad es acaso lo que empuja a vascos hacia un rincón y otro, por la acumulación material y poder local logrados en un par de décadas. Como sea, al dar vuelta la primera página del expediente judicial es difícil no preguntarse si las matanzas del Tandil del 1º de enero de 1872 fueron un episodio xenófobo. Es complejo afirmar que no, tanto como asegurar que lo fue. La xenofobia es el temor a lo desconocido y se presenta en distintas escalas y magnitudes. La historiografía rioplatense sobre inmigración ubica algunas manifestaciones verbales, físicas o literarias, a fines del siglo XIX y principios del XX, proferidas a extranjeros, mayormente en un ámbito abarrotado y asfixiante como el portuario. El abanico de acciones reúne la espontaneidad, lo espasmódico, la premeditación, violencia física o verbal, quizá ambas, ser un acto esporádico o sostenido en el tiempo, mayormente urbano, aunque se conocen casos rurales (Goldman, 1990).

¿Podemos catalogar como un episodio xenofóbico, que dura apenas unas horas, a la matanza de 36 extranjeros en manos de medio centenar de criollos que se desconocían entre sí, reunidos por personas a las que no identificaban y que les indicaron aquella tarea a cambio de ser parte de un nuevo pueblo? Iríamos en contra de nuestra propia lógica si negásemos ese proceso en el que los nativos pampeanos se notaban en inferioridad de condiciones frente a algunos inmigrantes. Pero la historia tandilense no registra, antes ni después, manifestaciones fóbicas, salvo si incluimos aquellas disputas más sociales que étnicas en las que los primeros agricultores discuten con criollos que pisotean sus maizales o achacan la caída de la piedra movediza a picapedreros extranjeros –hecho no comprobado– como acto adicional a una protesta salarial. ¿Podemos hablar, por otra parte, de fobia al extranjero cuando no hay víctimas danesas, ni escocesas, ni uruguayas o chilenas? ¿Por qué hablar de fobia al extranjero si prácticamente se encargan, salvo dos italianos que encuentran en su camino, de matar vascos carreteros y almaceneros, junto a un par de ingleses también comerciantes rurales? Más que una fobia étnica, visto así parecería una cuestión de gremios. Aunque esto no nos ubica en la huella de una postura economicista, es inevitable dejar de repensar el hecho de que aquella partida saltase como un caballo de ajedrez de almacén en almacén, volviendo sobre sus pasos al culminar la tarea en uno de los comercios más importantes, el del vasco Juan Chapar. Si la arenga de los cabecillas era matar a los gringos y masones que les quitaban el trabajo y atacaban la iglesia, parece claro que almaceneros y carreteros no eran competidores sensibles del universo criollo.

Las cédulas censales de 1869 y la mirada de los viajeros de la época dan cuenta de que los nativos no se destacaban en dichas ocupaciones, salvo algún carretero provinciano. ¿Fobia a comerciantes como símbolo de los liberales a los que se asociaba el rótulo de masón? ¿O acaso el encono radicaba en que los comerciantes representaban un mundo que les era ajeno a los sectores populares, ya por no tener posibilidades de producir nada que aquellos acopien, recibir poca paga con sus productos que llevaran para ofrecer en ellos o sencillamente porque allí no se les fiaba por no contar con garantías de pago? Según las reconstrucciones de los sucesos realizadas por Antonio Gorraiz Beloqui (1923) y Aristóbulo Del Valle (1926) y reafirmadas por Hugo Nario, la partida llegó al almacén de Ramos Generales del vasco Chapar y luego de matar a 18 personas, rompió los Libros de Cuenta.^[40] Buena parte de los involucrados en la matanza no estaban avecindados ni domiciliados en Tandil, sino que eran transeúntes, lo que los alejaba aún más del acto de fiado en un comercio, además de una supuesta fobia local. Como fuese, si aquello tuviese lógica, fuerzas microeconómicas (deudas contraídas con el acopiador Chapar por algunos terratenientes ideólogos de la matanza, por ejemplo), se esconderían dentro de un fenómeno visualizado desde entonces como una reacción xenofóbica. Sin embargo, aunque el trasfondo del movimiento era también político^[41] y social, el móvil de los jinetes de la partida era mayormente religioso, comprendiendo que gringos y masones eran sinónimos inseparables y que atacaban la iglesia, que era lo mismo que atacar a Dios.

Aunque lo pensamos, no es este el lugar donde desarrollar la reflexión de que para aquellos criollos debió ser más factible una reacción para repeler un ataque a Dios que reclamar un lugar socio económico en una pampa que se gestó y creció apoyándose en sus esfuerzos y vidas. Si Hernández en su Martín Fierro refleja un encono real y palpable de los criollos por los beneficios de los gringos frente a sus propias realidades,^[42] ¿por qué no atacar a los que delinearon e hicieron realidad esas diferencias o a los que escribieron el Código Rural que terminó de cercenar las pocas puertas de escape con que contaban los criollos?^[43] Entonces volvemos a preguntarnos: ¿es un acto xenofóbico si un grupo de personas, en su mayoría foráneos es incitado a matar extranjeros que ni conoce, aunque no dudamos de la atmósfera social que visualizaba una constitución protectora de los “gringos”? ¿Es una persecución a los que, de alguna manera, visualizaron como paganos que atacan la religión católica? ¿Lo es si agregamos a esa partida un grupo de poderosos locales, probablemente endeudados con aquellos extranjeros que habían progresado materialmente en forma vertiginosa?

Imagen 3
Litografía sobre los sucesos en la morada de la familia Chapar
Fuente: Litografía que reconstruye los sucesos en la morada de la familia Chapar, publicada en Nario (1976: 125).

La religión, la Iglesia y los curas en el ojo de la tormenta

Las matanzas del 1° de enero catapultaron a ese Tandil de la frontera y a su población a las principales tapas de los periódicos nacionales e internacionales. Los relatos generalmente hicieron hincapié en el origen de las víctimas y en los elementos religiosos que rodearon el hecho, el papel que el “fanatismo relijioso en masas” había jugado. “La calidad de sus víctimas, las constancias de las informaciones judiciales y todos los datos suministrados hasta hoy por la prensa, concurren á probar que el objeto de sus persecuciones era el vecindario extranjero esclusivamente”, señalaba una prestigiosa revista porteña de la época.^[44] Mientras que un pasquín español relataba: “Testigos del hecho señalaron que en el vendaval desatado estos gauchos vociferaban: ‘¡viva la religión! ¡mueran los gringos y masones!’”.^[45] El hecho acuciaba un impacto negativo para el país, en el momento donde el flujo de inmigrantes seguía creciendo por las buenas condiciones económicas y productivas del país y por el fomento que de ello hacía el gobierno de Domingo Sarmiento (1868-1874) (Bjerg, 2009).

El primer elemento religioso que aparecía en el sustrato de la contienda era el capital simbólico que concentraba Solané. Nadie podía negar su capacidad para reunir cuantiosos grupos de personas que llegaban a su rancho hospital para sanar afecciones y enfermedades. Y en esa práctica, además de utilizar brebajes y remedios naturales, realizaba intercesiones y oraciones, así como imágenes de bulto provenientes del ritual y mercado sagrado que el catolicismo ponía a disposición. Fue por esto, entre otras cuestiones, que los sacerdotes católicos entraron constantemente en fricción con estos personajes denominados “curanderos”, que fueron totalmente usuales en el espacio rural de la campaña. El vínculo entre ambos estuvo atravesado por una arista conflictiva: las disputas por la gestión y distribución de bienes simbólicos de salvación, aunque también disputaron capitales en torno a la salud con los escasos médicos que existieron en los pueblos.^[46] La modernización de la ciencia médica, que implicó la consideración de la misma como una actividad científica y profesional en los decenios centrales del siglo XIX, fue central en la limpieza de los rasgos “supersticiosos” heredados del período colonial y en la apropiación por parte de las poblaciones de las ideas de salud y enfermedad (Di Pasquale, 2013: 323-358). Si bien en este período que analizamos todavía no hay conflictos de gran envergadura entre el discurso médico-científico y el religioso, sí existieron las tensiones que señalamos en el nivel de los propios actores.^[47]

Es interesante ver las representaciones que tuvieron los curas sobre estos curanderos y cómo buscaron constantemente deslegitimar sus prácticas. Esto señalaba uno de los sacerdotes de Tandil pocos años después de las matanzas de 1872:

“Á Dios Gracias poquísimos son los enfermos que fallecen en el pueblo sin recibir los Santos Sacramentos […] No solo el pueblo, sino que la campaña ha sido objeto de mi solicitud para que reciban los enfermos los ausilios espirituales, teniendo que salir algunas veces á distancias de diez y doce leguas. Y si algunos no los han recibido se debe á que no contando con los recursos suficientes para trasladarse al pueblo confian el restablecimiento de su salud á personas enteramente ignorantes en el arte de la Medicina, las cuales les ocultan o no comprenden su gravísimo estado…”^[48]

El cura José María Rodríguez era un español originario de Tuy y vivía en Tandil desde 1863. A poco de llegar, se había convertido en uno de los notables del pueblo. Durante casi una década recorrió a caballo la extensa jurisdicción de su parroquia bautizando y casando a los vecinos que no vivían en el poblado. También se desenvolvió como municipal del ramo de instrucción pública y fue, junto a los jueces de paz, uno de los encargados de revisar y arreglar las diferencias conyugales de los pobladores. El avance del liberalismo, la masonería o los “males del siglo”, también encontraron eco más de una vez en los sermones del cura Rodríguez. La sostenida prédica en contra de los “ignorantes en el arte de la medicina” recorrió los discursos de todos los curas de la campaña y se enmarca en este clima de consolidación de un catolicismo de rasgos ultramontanos.^[49] Los sermones, las pláticas a los niños de las escuelas, las intervenciones públicas que el cura Rodríguez hacía, repetían citas de las encíclicas papales, reforzaban la idea del catolicismo como solución a los males de la época y condenaban los “errores modernos” incluida la masonería y el sitiado de Pío IX en el Vaticano, entre otras cuestiones.^[50]

Es por todo esto que el cura Rodríguez, también quedó en el centro de la tormenta de aquella madrugada del primero de enero de 1872, aunque como veremos, más en su imaginario que en los hechos concretos. En aquellos relatos que atribuían las matanzas al curandero Tata Dios, se señalaba que éste había venido a Tandil, entre otras cosas, a desafiar “los poderes del cura” y el uso de imágenes de bulto, medallas o el empleo de oraciones a la Virgen y los santos, parecían atestiguarlo.^[51] Al igual que todo el vecindario, el cura Rodríguez se había enterado de los sucesos sangrientos en el mismo momento que ocurrieron y fue quien certificó cada una de las identidades de los cadáveres. Incluso fue convocado inmediatamente en la noche del 6 de enero de ese año, cuando Solané apareció muerto en su calabozo.

“Siendo la una de la mañana del día seis de enero de 1872 hallándome en mi casa habitando se me presentó el Sargento de Policía y […] se me avisó que habían dado muerte a Gerónimo G. de Solané titulado “Médico Dios” en el calabozo en que se encontraba. Entonces hice que se presentase ante mí el comandante del Cuartel […] inmediatamente hizo llamar al Médico Policía y al Sr. Cura, quien allí se encontraba en la sala del Juzgado de Paz para que uno y otro le suministrase los auxilios que le fueren necesarios; ordenando inmediatamente a los comandantes de patrulla la captura de todo individuo que se encontrara con armas de fuego y no se hallase de servicio. Con estos antecedentes invité a los vecinos que se encontraban en el juzgado y que habían ocurrido primero que yo a la novedad, los cuales son Don Ramón Santamarina, el Coronel Don Benito Machado, el Sr. Cura Vicario, y otros para que me acompañasen al calabozo a cerciorarme del hecho. Efectivamente encontré al referido preso tendido en el suelo, al parecer muerto, y descubriéndole una parte del cuerpo veo tres heridas en el costado derecho del pecho, ordenando se practicase el reconocimiento médico. […] Firmo la presente por ante los testigos de que certifico. Juan Adolfo Figueroa, Juez de Paz”.^[52]

Es decir, el cura Rodríguez tuvo un acceso privilegiado a la información de los sucesos y el proceso judicial, desde un inicio. Aun así, cuando el arzobispo porteño, Federico Aneiros, le solicitó que informase de “las noticias que tenga sobre el Adivino a quien con motivo de los últimos sucesos se atribuyeron tantas cosas, así como del tiempo que hace moraba en ese partido”,^[53] el eclesiástico pidió al juez de Paz el relato de lo sucedido para tener elementos con los cuales dar su versión de los hechos.^[54] Señalaba el cura Rodríguez

“se han hecho tantos comentarios a partir de la prensa de la ciudad tal vez mal informada ensañándose contra las autoridades locales de aquí, sin perdonar al Clero de la Campaña, cuando aquellas y este son tan inocentes en los hechos desgarradores del primero de este año, como la fueron las inocentes víctimas más inmoladas por la mano alevosa de una orda de feroces asesinos”.^[55]

El juez de paz, Adolfo Figueroa, le señala a Rodríguez en su nota que Tata Dios “se proponía inducir a la gente ignorante hablandoles contra los masones y tratando de aparecer él como un hombre misterioso”. Según decía a todos en él “se depositaba la verdadera religion; puesto que él les decia que curaba a los enfermos y que hacia obras de caridad [...] con el espiritu sin duda de estraviar las creencias religiosas de los que se presentaban a estas farsas”. Rodríguez, Recuperó y volcó varios de estos elementos en el informe que preparó para el obispo Aneiros:

“El adivino se estableció á cinco leguas de este pueblo; como corriese la fama de que era un medico que curaba de todas enfermedades con esta ocasión llegaron a reunirse allí cerca de trescientas personas en busca de remedios, que a nadie curaban. [Este decía que] era inspirado por Dios para hacer el bien, que venia de Jerusalen […]; que era inmortal porque aunque le tirasen tiros al pecho no moriria (en esto se engañó), que los sacerdotes no sabian hacer milagros, que los que se habian bautizado y casado que no estaban bien hechos, que se iba aparecer en la novena de la concepcion en la Iglesia del Tandil cuando el cura estubiese predicando que el sabia mas que este y el del Azul. Les decia que un pollito que tenia de Cuatro patas era un Santo que le habia aparecido en una montaña de Bolibia, que el Caballo que tenia era primero un Angel y despues el Espiritu Santo en figura de Caballo diciendoles que si lo largase perecerian mucho inocentes y que no había ejercitos que se le pusiesen delante; que el Tandil se iba á undir [...] que en el mes de Enero correria mucha Sangre en el Tandil (aquí si que no se engañó) [...] Tenía una especie de altar con unas belas encendidas y sobre el una muñeca de porcelana que les hacia adorar por una imagen de la Virgen. Sus predicas no eran en publico, sino a cada uno de esos ignorantes que venian de distintos partidos”.^[56]

Más allá de la veracidad o no de los elementos que incorporan los relatos del juez de paz y fundamentalmente del cura, es interesante observar que este último presentó el problema a sus autoridades como parte de una disputa imaginaria entre él y Solané. Y construyó parte de sus argumentaciones en base a criterios estrictamente vinculados a móviles religiosos por parte de quienes habían llevado adelante las matanzas en nombre de la religión y la Iglesia y en contra de los “gringos y masones”, como sinónimos de enemigos de éstas. De acuerdo a estas interpretaciones el problema competía de lleno al cura del pueblo, pues en el fondo, decían, el “médico Dios” había atentado contra la Iglesia, el catolicismo y las creencias verdaderas.

La magnitud del hecho y las incertidumbres que causó generó comentarios, rumores e hipótesis que incluyeron varios elementos reales y otros imaginarios que tergiversaron o incluso ficcionaron la realidad. El cura resaltó aquello que lo colocaba en el centro del problema y se empeñó en ubicar “las matanzas del 1º de enero” como un hecho de carácter religioso (se había “extraviado las mentes de los pobres gauchos”) y atribuyó a Solané la responsabilidad de las matanzas: sólo él lograba congregar a los enfermos que iban en búsqueda de su “poder sanador” y sabía más que “los curas del Tandil y el Azul”, dejando en evidencia que los sacramentos impartidos por sacerdotes como Rodríguez, no tenían eficacia. Aun cuando tales afirmaciones no hayan sido más que rumores, le servían al cura para señalar la ilegitimidad que estos personajes tenían en la distribución de bienes sagrados, tanto como para reforzar su lugar de única autoridad religiosa.

¿Vascos almaceneros y carreteros masones?

Los inmigrantes estuvieron en el corazón del episodio. Volvamos sobre este punto. Tandil contaba con alrededor de 5.000 habitantes y aproximadamente 300 vascos, como hemos probado en otros trabajos, eran visualizados como “buenos vecinos” (Irianni, 1996).^[57] Entiéndase por ello, hacedores, solidarios –que no se debe asociar con altruistas–, obligados a la exogamia, prontamente más vecinos o clientes que inmigrantes, participando en distintas iniciativas asociativas y comisiones vecinales de todo tipo que se conformasen para la creación de puentes, la erección de una escuela, la construcción del templo, paliar una epidemia o alumbrar la plaza. No hemos hallado documentación que pruebe, antes de 1872, manifestaciones xenofóbicas contra dicho colectivo.

Desde antes de 1860, los vascos avanzaron a paso firme en todos los terrenos, incluso el político (Irianni, 2010).^[58] El 17 de febrero de 1871, los vecinos tandilenses reunidos en la iglesia nombraron presidente y cuatro escrutadores para la mesa electoral, entre estos estaban el maestro vasco Francisco Juldain y Artayeta. Pero al observar los cómputos, llama la atención el porcentaje de vascos que fueron consensuados. Arahabety obtiene 67 votos (mientras que el danés Juan Fugl, obtuvo 75), Elejalde 44, Anchordoquy 2, Caracoche 2 y Salaverry 2. Entre los suplentes, Altabegoity obtuvo 74 votos, Garrido 39 y Echeverría 2. Al margen de los guarismos, el hecho de que una decena de vascos participara en un acto electoral vecinal, nos permite pensar que el resto del pueblo divisaría claramente sus intenciones participativas e integradoras, depositando en ellos su confianza o al menos reconociendo un compromiso en detrimento de sus progresos individuales. Jerónimo Solané, acusado y sentenciado verbalmente por la turba la misma mañana de los asesinatos de ser el ideólogo,^[59] atendía personalmente a Rufina Pérez, española, y tenía como colaborador directo a Juan Lizaso, vasco francés.^[60] Si volvemos nuestra atención al expediente judicial e incluso a la literatura de época, encontraremos muchos nombres de extranjeros que concurren a curarse en Tapalqué y luego en Tandil. Acaso el apellido más repetido, por haber sido parte de una predicción del curandero es el del danés Mathiasen, que asistió en numerosas oportunidades con su familia. Esto permite inferir que el curandero no manifestaba una fobia cotidiana ni crónica con los extranjeros, al menos en forma indiscriminada.

No es nuestra intención explayarnos sobre el episodio, pero algunos aspectos pueden brindar luz en la búsqueda de fortalecer el concepto de xenofobia para utilizarlo con criterio. Una razón económica que esconde aquel suceso xenofóbico, advertida por escritores de principios del siglo XX como Del Valle y Gorraiz Beloqui, y presentada con solidez por Hugo Nario en la década de 1970, sigue siendo tan insoslayable como relacionada con el universo vasco pampeano. Se ha probado que los inmigrantes vascos eran partidarios de asentarse en la zona rural bonaerense y allí, reproducir explotaciones con aires de caserío multifacéticos, incluyendo la venta de los excedentes de sus economías autosuficientes (Irianni, 2010). Otra tendencia fue instalar comercios –“almacenes de ramos generales”–, los que solían incluir recambio de caballos y fonda para alimentar los pasajeros y pasar la noche.

Pero sin duda lo que catapultó a obtener ingresos impensados a algunos de aquellos vascos fue el acopio de cueros y lana, a veces recibido de mano de hacendados cuyas peonadas consumían a cuenta de aquella operación e incluso cobraban sus jornales. Juan Chapar era uno de ellos y los hacendados que vivían alrededor de su almacén, le debían dinero. ¿Por ello los asesinos saltarán aquella mañana de almacén en almacén, en algunos de ellos con la licencia de robar alguna pilcha o bebidas, acaso poco dinero? ¿Era la estrategia planificada para llegar prontamente al almacén de Chapar donde no sólo robaron al menudeo, sino que rompieron los libros de cuenta del mismo? Esta idea, que aquella misma mañana apuntaló el Alcalde Urraco –hacendado que vivía muy cerca del almacén de Chapar–, al ser observado por un testigo de apellido Chacón levantando los libros rotos pero legibles, para que no vuelvan a aparecer, desdibuja la xenofobia, aunque no la borra. De ser así, hubo un aprovechamiento por parte de los dirigentes y terratenientes locales de un sentimiento de injusticia entre criollos y extranjeros que crecía, para alcanzar fines particulares del grupo organizador.

Una arista del concepto de xenofobia nos muestra que puede surgir de un grupo poderoso nativo –siempre imaginamos sujetos marginales– y direccionarse hacia sujetos históricos más débiles social y económicamente, lo que se agrava en este caso porque los ideólogos del ataque no participarían en forma directa. Si fue así, ¿no es xenofobia? Aquella mañana calurosa de enero, Jacinto Pérez, Cruz Gutiérrez, Esteban Lazarte y dos o tres más, se ensañaron con las víctimas, iban en la vanguardia para asestar sus cuchilladas certeras antes que los otros. Creemos, basándonos en las declaraciones de los apresados, que el fanatismo religioso fue determinante en aquellos, pero no alcanzó para mantener el número de la partida –que se fue desgranando– ni para que todos llegaran a matar, muchos ni siquiera intentándolo, horrorizándose de lo que hacía la vanguardia.

Aquel día confluyeron una serie de hechos, reunidos en el colectivo de un episodio extraordinario, en una coyuntura lógica que no aguantó la presión de distintos procesos que germinaban desde 1850 o antes. Un espasmo en el margen de un espacio nuevo, de acomodamiento y tensión con una presencia estatal aún no consolidada y, por tanto, más propenso a una sacudida coyuntural como la que produjo el cambio de paisaje de la estancia ganadera extensiva a la ovina, acompañada del avance de prácticas agrícolas. Un acto pseudo-xenofóbico en un borde, confuso porque en él convivían todos los elementos para dificultar el esclarecimiento de un hecho, un episodio y hasta un concepto. Ocultos en el seno de medio centenar de criollos atados por la fuerza, cuatro o cinco personas asesinaron a una treintena de extranjeros, entre los que predominaban vascos. Es probable que lo hicieran en parte porque los incitaron los poderosos que debían dinero en el almacén de Chapar antes de que inaugurase la sucursal del Banco Provincia. Pero también movilizados porque el cura José Rodríguez y otros “Homeros pampeanos” que relataban el contenido de periódicos en púlpitos, almacenes y pulperías, los convencieron de que los extranjeros y masones eran lo mismo.

Es probable, con la mente puesta en el Azul bearnés de entonces, que la frase vascos y masones fuese pensada para un episodio sangriento en aquel pueblo y que se trasladó al Tandil, donde se aceleró por la misma causa del cambio de planes.^[61] Los gritos que escuchó el vecindario y repitieron los apresados frente al juez, direccionan el accionar hacia un acto xenofóbico. “Mueran siendo gringos y masones –mueran siendo vascos– que pisotean la religión y al paisanaje”. Un ajuste de cuentas, con atisbo de queja ahogada por su carácter espasmódico e improvisado, se presenta como una imagen que se ajusta a lo que sucedió aquella mañana. Un ensayo de xenofobia no representa lo sucedido, pero lo ubica temporalmente temprano, inicial, como fenómeno. El conflicto se ubica entonces, claramente, en el corazón de la pampa húmeda. Luego irradiará hacia la periferia de esa zona apetecida por locales y extranjeros, a la capital del país y a enclaves productivos provinciales. La tensión étnica, como truenos que anuncian una tormenta, se desatará con fuerza en proximidades del puerto, en circunstancias de huelgas de conventillos y estibadores de los barcos entre 1900 y 1910. La ley de residencia de 1902, que permitiría deportar anarquistas o extranjeros que iniciaran revueltas, fue una de las formas que adoptó una nueva etapa de xenofobia. La tensión colectiva agregará condimentos socioeconómicos a lo étnico, que se desdibuja superando la grieta nativos/extranjeros. Los dueños de los conventillos, en su mayoría italianos, expoliaron con el precio de sus habitaciones a sus propios paisanos o inmigrantes de otros países. Con varias generaciones descendientes de extranjeros nacidos en el país, muchos de ellos en puestos decisivos de gobierno o en asociaciones elitistas influyentes, la violencia contra la otredad foránea, se manifestará en el teatro, la gráfica, el cine y un sentir popular que se plaga de estereotipos nacidos para quedarse (Bestene, 1994; Irianni, 1997).

A la espera de nuevas interpretaciones

El expediente judicial que analizamos está abierto a la lectura de especialistas y personas interesadas. Quienes lo hemos leído nos preguntamos ¿por qué gritar a las 4 de la mañana despertando media aldea si se trataba de tomar desprevenidas a las víctimas? ¿Por qué cabalgar cuatro leguas cuando en las seis u ocho manzanas que rodeaban la plaza del pueblo, había un centenar o más de extranjeros durmiendo, quizá con el efecto del alcohol del festejo de noche vieja en sus cuerpos? Allí también había muchos inmigrantes. Aunque gritaban que mueran gringos y masones, sabemos que cerca de la manzana principal del pueblo habitaban fonderos, almaceneros, carpinteros, horneros ladrilleros y quinteros vascos. Solos o con sus familias, debieron estar entre los que salieron unos pasos hacia la calle, despiertos por el galope de los caballos y los alaridos humanos. En los primeros 400 metros del camino al norte por el que los 40 criollos marcharon hacia lo de Chapar, había no menos de 6 fondas y hoteles modestos en manos de vascos.

En esa jornada del 1º de enero de 1872, además del acto electoral, se inauguraba una sucursal del Banco Provincia. Quien lea el expediente coincidirá o no, que era un evento no menos preocupante para los deudores en un comercio. Varios de los terratenientes ubicados alrededor del almacén de Chapar tenían un vínculo económico sensible. Era común entonces que los almaceneros no solo fiaran vicios a sus peones, sino que también les adelantaran la paga mensual, sumando una cantidad que cada estanciero debía abonar con especies (cuero y lana, entre otros) que acopiaba Chapar.

Nuestras especialidades en inmigración, administración de justicia y cuestiones religiosas nos reúnen en distintos estantes temáticos. Sin embargo, para bucear en la frontera decimonónica nos basta una mesa pequeña, donde quepan unos pocos documentos. Desbordar la mente de censos y registros hacia información dispersa como las memorias de viajeros, cartas de inmigrantes, de párrocos, decodificar la justicia de entonces, sus miembros, las formas de interrogar. Buscar pisadas y huellas que aún no hemos encontrado, incluso pequeñas, como la rótula de un dinosaurio desde donde se reconstruye un tiranosaurio rex en la sala de un museo.

Referencias bibliográficas

Barriera, D. (2019). Historia y Justicia. Cultura, política y sociedad en el Río de la Plata (Siglos XVI-XIX). Prometeo.

Bestene, J. (1994). Realidades y estereotipos. Los ‘turcos’ en el teatro argentino. Estudios Migratorios Latinoamericanos (26), 143-163.

Bilbao, L. (2022). De España al Río de la Plata. El cura José María Rodríguez y su tránsito por una parroquia de la Campaña (1861-1875). Temas Americanistas (49), 58-87.

Bilbao, L. e Irianni, M. (2022). ¿Visitas inesperadas? Epidemias en la frontera de Buenos Aires en el siglo XIX”. En Olga Echeverría et al. (comps.), Volver al después del contagio: las post-epidemias argentinas de la colonia a nuestros días (pp. 181-226). CLACSO-Facultad de Ciencias Humanas/ UNCPBA.

Bilbao, L. y Hernández Méndez, S. (2022). La Iglesia católica en América Latina: entre el Estado- nación y la romanización. Introducción. Humanidades. Revista de la Universidad de Montevideo (12), 11-19.

Bjerg, M. (2009). Historias de la inmigración en la Argentina. Edhasa.

Canciani, L. (2012). El coronel Don Benito Machado. Un comandante de Guardias Nacionales en la frontera sur bonaerense (1852-1880). En Mundo Agrario, 12 (24), 1-39.

Castelfranco, D. (2017). La América del Sud (1876-1880) y las perspectivas católicas sobre el vínculo entre la ciencia y el catolicismo en la Buenos Aires de fines del siglo XIX. Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani, (47), 63-100.

Corva, M. A. (2014). Constituir el gobierno, afianzar la justicia. El poder judicial de la provincia de Buenos Aires (1853-1881). Prohistoria.

Dahhur, A. (2022). La medicina popular bajo la lupa. Concepciones, discursos y prácticas de un arte de curar en la provincia de Buenos Aires (1870-1940). Teseo.

Devoto, F. (2006). Historia de los italianos en la Argentina. Biblos.

Di Pasquale, M. (2013). Los ideólogos y la difusión de saberes médicos en Buenos Aires, 1819-1842. En J. Peire et al. (comps.) Ideologías, prácticas y discursos. La construcción cultural del mundo social, siglos XVII-XIX (pp. 323-358). Editorial de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Farge, A. (1991). La atracción del archivo. Edicions Alfons El Magnanim.

Fontana, O. (1947). Tandil en la historia. Antecedentes completos de Tandil histórico 1823-1883 a la luz de los antiguos manuscritos del Archivo municipal de la localidad, 1823-1883. Talleres Gráficos Vitullo.

Fugl, J. (1989). Memorias de un danés en la Argentina (1844-1875). s/d. Traducción de A. Larsen de Rabal.

Gelman, J. (2005). Derechos de propiedad, crecimiento económico y desigualdad en la región pampeana, siglos XVIII y XIX. Historia Agraria (37), pp. 467-488.

Goldman, N, (1990). El levantamiento de montoneras contra ‘gringos’ y ‘masones’ en Tucumán, 1887: tradición oral y cultura popular. Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana ‘Dr. Emilio Ravignani’ (2), pp. 47-73.

Irianni, M. (1996). “Buenos vecinos”. Integración social de los vascos en Tandil, 1840-1880. Estudios Migratorios Latinoamericanos (32), 85-110.

Irianni, M. (1997). Trabajadores vascos en el recuerdo popular rioplatense. Revista de Indias (210), 399-420.

Irianni, M. (2010). Historia de los vascos en Argentina. Biblos.

Irianni, M. (2017). Mariposas en la tormenta. La matanza de extranjeros en un valle pampeano, Tandil, 1872. Studi Emigrazione (206), 324-337.

Lida, C. (1998). Inmigración, etnicidad y xenofobia en la Argentina: la masacre de Tandil. Revista de Indias (58), 541-554.

Lynch, J. (2001). Masacre en las pampas. La matanza de inmigrantes en Tandil (1872). Emecé.

Míguez, E. (1987). Política, participación y poder. Los inmigrantes en las tierras nuevas de la provincia de Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XIX. Estudios Migratorios Latinoamericanos (6/7), 337-378.

Míguez, E. (2016). Las tierras de los ingleses en la Argentina (1870-1914). Teseo.

Moya, J. (1989). Parientes y extraños: actitudes hacia los inmigrantes españoles en la Argentina en el siglo XIX. Estudios Migratorios Latinoamericanos (13).

Nario, H. (1976). Tata Dios. El mesías de la última montonera. Plus Ultra.

Onega, G. (1982). La inmigración en la literatura argentina (1880-1910). CEAL.

Rapallini, G. (2023). El ocaso de la frontera y la familia Gómez (1860-1847). Tesis inédita de licenciatura, Departamento de Historia, Facultad de Ciencias Humanas, UNCPBA.

Salvatore, R. (2010). Subalternos, derechos y justicia penal. Gedisa.

Santos, J. J. (1995). Una revuelta rural en la frontera sur bonaerense. Tandil, 1872. Tesis inédita de licenciatura. Facultad de Filosofía y Letras, UBA.

Santos, J. J. (2008). El Tata Dios. Milenarismo y xenofobia en las pampas. Sudamericana.

Seefeld, R. S. de (1984). La integración social de extranjeros en Buenos Aires. ¿Pluralismo cultural o crisol de razas. 1860/1923? Jornadas sobre inmigración. Pluralismo e integración. IDES.

Suárez Martínez, M. (1993). Apuntes autobiográficos (1845-1880). Edición de autor.

Suriano, J. (1984): La huelga de inquilinos de 1907. En Armus, D. Sectores populares y vida urbana. CLACSO.

Yangilevich, M. (2006). José Benito Machado. Construir poder en la frontera. En R. Mandrini (ed.) Vivir entre dos mundos. Conflicto y convivencia en las fronteras del sur de la Argentina. Siglos XVIII y XIX (pp. 195-226). Taurus.

Yangilevich, M. (2012). Estado y criminalidad en la frontera sur de Buenos Aires (1850-1880). Prohistoria.

Yangilevich, M. (2020). De las filiaciones a la fotografía. El problema de la identificación de acusados, procesados y condenados (Provincia de Buenos Aires, Argentina, segunda mitad del siglo XIX). En J. Núñez et al. (dirs.) El castigo en la conformación de los saberes penales y penitenciarios. Racionalidades, instituciones y tratos punitivos en la Argentina de los siglos XIX-XXI (pp. 99-119). Editores del Sur.

Notas

Información adicional

redalyc-journal-id: 3801