Introducción^[1]

Las aproximaciones más recientes al tema de las intendencias y subdelegaciones han resaltado, más que las rupturas, las continuidades de estas instituciones y de sus prácticas, ambas de origen colonial –con sus bondades y vicios–, a lo largo del siglo decimonono, probando así la adaptación y adecuación de las autoridades intermedias a los cambios de escenario y a las condiciones locales (Diego-Fernández, 2014: 11-13; Alcauter, 2017: 24). Por el mismo camino, estas investigaciones nos llevan a reflexionar sobre la viabilidad o alcance de los modelos explicativos que hemos ideado hasta ahora para entender el gobierno de las intendencias y sus implicaciones. Ir más allá de dicotomías, ya sea la del bien y el mal o la del éxito y el fracaso, permite reconocer, como punto de partida, la distancia entre las ordenanzas de intendentes –La Plata (1782) y Nueva España (1786)–, es decir, el deber ser, y los ajustes que tuvieron que hacerse para su aplicación. Una de las muestras más sobresaliente de estas adaptaciones fue la derogación de la prohibición sobre la práctica del repartimiento en 1794. Esta tensión entre modelo y práctica es también la razón para distinguir, por una parte, la Ordenanza, como boceto, y, por otra, las reformas que acarrearon su implementación: vía adaptación a las particularidades físicas, sociales y culturales de los territorios comprendidos por cada intendencia y sus subdelegaciones. Esto ha motivado que a continuación use el término de reforma para referirme a la puesta en práctica local –con muchas adaptaciones, cambios y diferencias– de un modelo político ideado en la Real Ordenanza (Diego-Fernández y Gutiérrez Lorenzo, 2014: 22-29; Alcauter, 2017: 15-24).

La provincia de Los Llanos, como gran parte del obispado de Chiapas y Soconusco, experimentó un conjunto de transformaciones sociales, políticas, económicas y administrativas en el último tercio del siglo XVIII. Restringiendo el ángulo de visión, en este trabajo me ocupo de la disputa por la tierra, que encabezaron sobre todo los ladinos –o no indios– de los alrededores, tras la disminución de los indios y abandono de muchos pueblos –si bien los pueblos analizados parecen excepcionales–, concretamente la implementación del repartimiento de mercancías. El trabajo abre de ese modo: mostrando unas generalidades acerca de los cambios y continuidades que albergó la puesta en marcha de la Real Ordenanza de Intendentes. Luego de explicar el origen, fundamentos y particularidades que caracterizaron a la intendencia de Chiapas, me ocupo de la administración del segundo de sus intendentes: Agustín de las Quentas Zayas. Que mejor manera de entender la puesta en práctica de su política administrativa que atendiendo a casos concretos, por lo que me concentro en ilustrar las coincidencias y divergencias de Comitán y Zapaluta, dos pueblos hermanos, no solo por su vecindad, también por estar en su gran mayoría compuestos por indios hablantes de la lengua mayanse tojolab’al. Para cerrar, ofrezco unas consideraciones generales con respecto al contexto y reformas que permitieron el asalto impune a sus bienes y cajas de comunidad, ya fuera por los funcionarios reales o por los copiosos ladinos, que primero hicieron pie en las tierras circundantes y no tardaron en invadir las propias cabeceras, otrora consideradas como un fortín para las poblaciones indias.

Continuidades y rupturas en el gobierno de las intendencias (generalidades)

La reforma a que dio lugar la Real Ordenanza de Intendentes –primero en 1782 y luego en 1786– fue más que un mero cambio de nombre de las autoridades, implicando la especialización de funciones: fue el caso de los empleados financieros, que debían tener experiencia en ese campo, y también el de los judiciales, que debían ser abogados. Hasta entonces, los alcaldes mayores, los corregidores y gobernadores habían sido los principales magistrados del gobierno local. Sin embargo, estas autoridades fueron acusadas por su descarada corrupción, que logró una de sus fórmulas más elaboradas en la práctica del reparto de géneros, especies o mercancías. La Ordenanza propuso reemplazarlos por alcaldes ordinarios y subdelegados. Los subdelegados tenían dentro de sus ingresos las costas de las causas judiciales que despachasen. Esta entrada era mínima en comparación con el premio que recibían por cobrar el tributo. A la postre, el hecho de que los ingresos de los subdelegados solo representaran el 5% de los tributos recaudados terminó por mantener con vida las trampas del repartimiento. Otra nueva figura fue el teniente letrado, quien además de impartir justicia en la capital fue asesor en materia penal para toda la intendencia. (Alcauter, 2017: 27-43).

Como se expondrá más adelante, el caso de Comitán muestra que donde antes hubo un teniente de alcalde luego se quiso instaurar la subdelegación de Los Llanos. Este episodio daría lugar al pleito entre los alcaldes ordinarios –recién nombrados por la presión de los ladinos– y el novel subdelegado (Parrilla, 2021). En este caso, y como bien señala José Luis Alcauter, la creación de estos cargos fue de la mano de la importancia económica y demográfica de los pueblos, que alimentaba el interés de los intendentes por recaudar impuestos. Quizás, en este caso, conviene anunciar que antes –cuando el intendente fue Agustín de las Quentas Zayas– se impidió a ultranza la creación de subdelegaciones, para pasar luego, en tiempos de Manuel de Olazábal, a favorecer la fragmentación del poder. De nuevo, según el caso, la real ordenanza se aplicó de acuerdo con los criterios particulares del intendente en turno y los problemas específicos que se enfrentaron en cada pueblo (Alcauter, 2017: 45-55).

Ante la extensión y complejidad de los territorios que tuvieron a cargo los subdelegados, debieron auxiliarse de encargados de justicia o tenientes. A pesar de que tales nombramientos estaban prohibidos, los subdelegados solo pedían una fianza, vendían los cargos o llegaban a asociarse con habitantes de la región –lo que resultaba práctico y redituable, según los negocios que describe Mari Carmen Alonso (2021) en su investigación sobre Nueva España–. Además, los tenientes cobraban por el ejercicio de su cargo y hacían en los pueblos lo que les venía en gana, enriqueciéndose y lastimando a los indios, si bien era supuesto que debían restringirse a recaudar tributos y ayudar como jueces receptores. Aunque, para evitar la corrupción, en un principio se prohibió que nombraran tenientes, una real orden del 13 de septiembre de 1791 determinó que los subdelegados continuaran con la práctica de los alcaldes mayores: o sea, designando auxiliares para administrar justicia y recaudar tributos. Tan normalizados estaban tales nombramientos que, en 1807, los tenientes pagaban la media annata y dejaban fianzas –a la usanza de los propios subdelegados–. La tradición, la costumbre y la necesidad superaron los planes reformistas también en este rubro (Alcauter, 2017: 115-124).

En resumen, la reforma de las intendencias dio pie a una enorme cantidad de cambios. La forma en la que se administraba justicia en primera instancia se transformó. La recaudación de las distintas rentas del Erario Regio (no solo la del tributo) también sufrió alteraciones. Por último, los gobiernos locales vieron acotada su autonomía, no únicamente en cuanto al manejo de sus bienes de comunidad o de propios, sino sobre todo a la forma misma en que ejercían el poder dentro de sus jurisdicciones, pues la presencia de los subdelegados o sus tenientes les impuso una serie de restricciones. Por ejemplo, el subdelegado tenía que aprobar cualquier acción en materia de policía, lo cual iba desde el aseo de las calles hasta la reparación o construcción de obras públicas. Acá apenas he mencionado algunas de las modificaciones que se introdujeron, sin ser la intención dar cuenta de ellas a profundidad.^[2]

Los tenientes y los gobernadores de indios fueron el medio por el cual se distribuyeron los géneros de repartimiento. Gracias a sus funciones de “justicias” locales, aseguraban la distribución y el cobro, a través de la coacción, de los bienes repartidos a indígenas y castas. En Oaxaca, que compartía algunas características con la intendencia de Chiapas, el repartimiento tuvo mucho arraigo debido a la producción con alto valor comercial y de exportación de la grana cochinilla y las mantas, además de su nutrida población indígena (Arrioja, 2011). Aquí y en otros lugares, pese a la Real Ordenanza de Intendentes (1786) y las provisiones del virrey Revillagigedo (1790 y 1791), el sistema de repartimiento continuó operando durante lo que quedó del periodo colonial, y a lo largo del México independiente a través de las habilitaciones mercantiles. Uno de los mecanismos que aseguró la efectividad de las operaciones fue justamente la fianza. Como un requisito para que el subdelegado pudiera ejercer su cargo, esta sirvió para que los comerciantes condicionaran el accionar de este funcionario a la decisión de quiénes serían sus auxiliares, o sea, los tenientes de justicia. El aviador patrocinaba al subdelegado siempre y cuando nombrara o permitiera que ejercieran como tenientes personas que aseguraban los intereses comerciales del fiador –cuando no fuera que este último, al mismo tiempo, ejerciera como comerciante y lograra ser teniente–. Como Horst Pietschmann lo planteara primero, Mari Carmen Alonso es de la opinión que los justicias fueron agentes de las grandes casas comerciales –con sede en los consulados de México y Veracruz–, y muchas veces también dueños del capital y mercancías que repartían. Además, tuvieron los dispositivos legales para obligar a que la población cumpliera los tratos desiguales. En una sociedad donde escaseaba el efectivo, los indígenas y castas estuvieron constreñidos o apremiados a aceptar la situación desventajosa para satisfacer las necesidades básicas de consumo y producción (Alonso, 2021: 23-31).^[3]

Desde otro punto de vista, podría decirse que hubo deficiencias y eficiencias, éxitos y fracasos, en el gobierno de las intendencias. Las interpretaciones contrastantes, por un lado, responden al propio contexto de cambios que generó la Ordenanza de Intendentes: así, hubo opiniones a favor y en contra de la prohibición del reparto de mercancías. Por otro, los resultados pudieron variar de acuerdo con las características específicas de cada región, por ejemplo, el tipo de población, los productos comerciales o la propiedad de la tierra. De allí, otra vez, la apuesta por estudiar los repartimientos con base en sus particularidades y, así, identificar los factores que facilitaron la continuidad o suspensión de esta práctica. Esto implica, de nuevo, contemplar la distancia entre la ley y su ejecución, además de los conflictos y negociaciones entre las autoridades y los pueblos (Escalona y Mendoza, 2021: 67-69).

La coerción y la usura fueron consustanciales al repartimiento. Por lo general, los tenientes se distinguieron por ser astutos para convencer, exigentes para cobrar y excesivos para lucrar. Los indios, por su parte, no fueron pasivos ante los abusos. Hay evidencias de que en algunos lugares se organizaron para expulsar a los tenientes (y otras autoridades) del partido. En lugares como Oaxaca –y, según veremos, también aplica para Chiapas–, donde la economía local dependía de una tupida red de diversos productos complementarios para una numerosa población indígena, los repartimientos operaron como una cadena de articulación y transmisión. Más allá del éxito o el fracaso, en este periodo de crisis –tal como proponen Huemac Escalona y Edgar Mendoza–, el repartimiento de mercancías mostró sostenerse, a través de una correa elástica, a los ajustes y adaptaciones que se dieron entre indios, comerciantes, curas y funcionarios locales (Escalona y Mendoza, 2021: 84-92).

Situaciones similares ocurrieron en diferentes momentos con el repartimiento de mercancías en Chiapas y Guatemala. Algunos autores han señalado las conexiones que este tipo de comercio generó entre Guatemala, Chiapas, Tabasco y la Laguna de Términos. En estas provincias el repartimiento de efectos estuvo presente a lo largo del periodo colonial e implicó sobre todo el tráfico de algodón cacao, tabaco, cochinilla y añil. Varios personajes, destacando entre ellos los frailes Thomas Gage y Francisco Ximénez, el arzobispo de Guatemala Pedro Cortés y Larraz, o los obispos de Chiapas Francisco Núñez de la Vega y Francisco Polanco, además del cura y político que representó a la región ante las Cortés de Cádiz, Mariano Robles, denunciaron los abusos cometidos por los alcaldes mayores en el ejercicio del reparto de mercancías. Esto provocó la respuesta aireada de los funcionarios religiosos, preocupados porque habían disminuido su control e ingresos de los naturales. Los repartos estaban provocando que los indios dejaran los pueblos para trabajar como peones en las fincas. Sin embargo, parece que en Chiapas ni las haciendas ni las cofradías de los indios se salvaron de los repartimientos, actividad que tuvo complicidad de parte de los curas. Desde luego que los indios no fueron pasivos ante las repetidas y condenables injusticias. Hubo situaciones en las que no solo protestaron, sino que también asesinaron a los alcaldes mayores. Tampoco faltaron los casos en que los funcionarios tuvieran que huir debido al calibre de las fechorías cometidas. Por último, parece que las mismas irregularidades fueron repetidas posteriormente por los subdelegados.^[4]

La intendencia de Ciudad Real (Chiapas), 1786-1804

La adopción de las intendencias como forma de gobierno respondió al reformismo ilustrado que implementó la Casa de Borbón con el fin de racionalizar el sistema político administrativo. Esta reorganización quiso evitar los abusos de poder e injusticias cometidas por los alcaldes mayores, los corregidores y sus tenientes. A la larga, sin embargo, muchos de los excesos que se pensaba corregir persistieron. Algunos investigadores han llegado a achacar al régimen de intendencias, entre otros sucesos históricos, las grandes rebeliones de la América hispánica a finales del siglo XVIII. Como señaló el historiador Héctor Humberto Samayoa hace más de medio siglo, habría que contrastar esas suposiciones con material de archivo, pues en la práctica muchas de las innovaciones no pudieron implementarse. En las fuentes puede observarse que el alto costo de la nueva burocracia, así como el abandono de la agricultura y la ruina de las industrias artesanales locales –por las leyes de libre comercio–estuvieron entre los inconvenientes que acarreó esta renovación administrativa. De igual modo, supuso un alivio para los indígenas, quienes, al no tener que trabajar para los alcaldes mayores, pudieron descuidar la labranza y favorecerse, ya fuera, a través del comercio legal, el contrabando o el trabajo como jornaleros pagos (Samayoa, 1958).

Otros autores, como Rodolfo Pastor, han precisado el motivo principal de las reformas como un ataque frontal al sistema de repartimiento, que inicialmente buscó liberar el comercio y limitar los consulados, y –debido a la implicación de los funcionarios coloniales en tal régimen de explotación– desembocó en una reorganización de las jurisdicciones provinciales. La Real Ordenanza de Intendentes de 1786 prohibió el mecanismo de repartos, reemplazó a los alcaldes por subdelegados y los sujetó a la supervisión regional y constante de los intendentes, si bien no los apartó de las funciones fiscales sobre el comercio, pues estuvieron encargados de revisar la renta de alcabalas y los estancos reales en sus partidos. A la larga –y como lo veremos también para la provincia de Los Llanos–, los subdelegados siguieron comerciando en sus jurisdicciones (Pastor, 1985: 231-233). Esto fue lo que encontró Eugenia López en el caso de San Salvador y Sonsonate, donde, pese a la reforma de las intendencias, el repartimiento continuó, de forma soterrada, hasta mediados del siglo XIX. En todo caso, con inspiración de la Real Ordenanza de Intendencias de la audiencia de Río de la Plata de 1782, se establecieron cuatro de ellas en la Audiencia de Guatemala: la de San Salvador, en 1785, y las de Ciudad Real (Chiapa), León (Nicaragua) y Comayagua (Honduras), al año siguiente (López, 2017).

En el caso de la Audiencia de Guatemala, el monopolio del comercio lo tenían las élites de Nueva Guatemala de la Asunción, quienes sabían de la importancia de la provincia de Chiapa para la circulación y transporte de bienes hasta el puerto de Veracruz. De allí el porqué de la pronta creación de una intendencia en ella. La nueva unidad recuperaba el territorio asignado al obispado de Chiapas, compuesto por las provincias eclesiásticas (o partidos administrativos) de Zendales, Guardianía, Coronas, Zoques, Chiapa y Llanos. El deseo de hacer compatibles las jurisdicciones civil y religiosa radicaba en la necesidad de socavar el poder que hasta entonces habían detentado las órdenes regulares en la provincia de Chiapa, y romper así las relaciones entre las cabeceras y los pueblos sujetos. También con la intención de agilizar el sistema de tributos y eliminar el poder de los alcaldes mayores, en 1786 el Soconusco y las alcaldías de Tuxtla y Ciudad Real fueron juntadas para crear la intendencia de Chiapa. Los intendentes y sus subdelegados veían al mismo tiempo causas de justicia, guerra, hacienda y policía. Una de las primeras medidas del intendente Agustín de las Quentas Zayas fue encargar a José Farrera un padrón actualizado de tributarios, tarea que le tomó los años de 1790 a 1794. Una decisión muy particular fue la de inventar el cargo de “subdelegado cobrador de tributos”, para centralizar su captación en el partido de Ciudad Real, labor que recayó en la persona del capitán Rafael de Tovar y Guimbarda –quien por un tiempo fungió también como teniente subdelegado del partido de Comitán– (Parrilla, 2019: 111-121).

Las finanzas de los pueblos eran administradas por los subdelegados, tal y como lo indicaba el artículo 44 de la ordenanza, y vigiladas por los ministros de la Real Hacienda de Ciudad Real, como lo marcaba el artículo 43. De hecho, el mismo ayuntamiento de Ciudad Real vio acotada la autonomía con que manejaba su ramo de propios, pues quedó bajo la tutela del intendente (Parrilla, 2019 y 2021). Dada la mala reputación de excesos sobre los indios que tenían los alcaldes ordinarios de la capital, las autoridades de Chiapas decidieron crear el cargo de subdelegado cobrador de tributos en toda la jurisdicción del partido (incluyendo a Comitán, San Bartolomé y todos los pueblos de indios), quien recibiría como premio el 5% de las contribuciones, recaudadas de una población que ascendía a 11.000 tributarios y superaba los 20.000 pesos cada año. Esto explica que el peculiar sistema se mantuviera por una década (1793-1804), pese a los recurrentes reparos de las autoridades de la Audiencia de Guatemala y gracias a una tupida red de intereses, que involucró al intendente, a sus tenientes subdelegados y a los mercaderes de Ciudad Real. Rafael de Tovar y Guimbarda, antiguo secretario del intendente Agustín de las Quentas Zayas, fue el amo y señor del cargo, ejerciendo de 1793 a 1795 y de 1799 a 1804.^[5] A juzgar por la recaudación conseguida entre 1793 y 1800, no sin razón, el intendente defendió el cargo de subdelegado cobrador, cuyos buenos resultados se vieron favorecidos por las matrículas actualizadas de tributarios y el ejercicio directo de los tenientes de subdelegado en cada uno de los pueblos. Estos últimos funcionarios eran los encargados de presionar la recolección de tributos por parte de las autoridades indias en las localidades. Al no recibir ningún pago por esta labor de veeduría, estos funcionarios intermedios se las arreglaron para sostener y granjearse con los repartimientos (Guillén, 2021: 96-104).

A la larga, los regidores de Ciudad Real actuaron como fiadores de los colectores de tributos y también de los subdelegados, ayudándolos a liquidar cuentas a través de la venta de bienes pagados en especie –los tan “prohibidos” repartimientos–. De este modo, unos y otros consiguieron controlar los mercados internos y los precios de la agricultura para obtener dinero. En lugar de pagar la fianza a que estaban obligados, a nombre de los subdelegados, los regidores, sus fiadores, abrían una factura en el tesoro provincial que cubría la cantidad que debía colectar el oficial cada año. De allí la importancia de comprender las redes clientelares de la intendencia, donde los curas locales llegaron a actuar como agentes fiscales de los subdelegados en los pueblos (Polushin, 1999: 168 y ss.; Polushin, 2017 [2004]: 293-294). Por los intereses creados alrededor del porcentaje que recibía el subdelegado recaudador de tributos, el intendente Quentas Zayas, su teniente letrado José Mariano Valero y varios miembros de la élite local se opusieron a la división de la subdelegación de Ciudad Real. Rafael de Tovar y Guimbarda aprovechó su puesto para tejer una red comercial que involucraba tenientes de subdelegado y mercaderes, quienes le apoyaban en el recaudo y repartición de productos en los pueblos, tal y como sucedió con los petates –seguramente provenientes de Zapaluta, como indicaré– que Silvestre González conducía a la provincia de Tuxtla o el ganado que José María Robles repartía como teniente subdelegado de Chamula (Guillén, 2021: 104-108).

Cuando Manuel de Olazábal ocupó el cargo de intendente, en 1802, pidió a Rafael de Tovar las fianzas por su cargo, mismas que –por supuesto– no había entregado –porque tenía un vale abierto a cuenta de los regidores de Ciudad Real– y que debían respaldar, por una parte, 10.345 pesos que se recogían por el tercio de San Juan, y 17.543 pesos correspondientes al de Navidad, que reunía el tributo de los indios, más el de laboríos y la cuota para cajas de comunidad. Al final, salieron a cubrirlo sus socios comerciales: Silvestre González^[6] y Juan de Dios Cansino. Así, la oposición a que fuera dividido el partido de Ciudad Real se debía no tanto al temor de que resurgieran los repartimientos por los bajos salarios que recibirían los nuevos subdelegados. Todo lo contrario, respondía a que con tal fraccionamiento dejarían los indios de ir a Ciudad Real, donde los mercaderes les compraban los granos o les habilitaban el dinero que les faltaba para pagar el tributo, quedando aquellos comprometidos en regresar el adelanto en especie acrecentada (Guillén, 2021: 107-109).

Croquis 1
Provincia de Chiapa o de Ciudad Real, 1818
Fuente: Archivo General de la Nación, Col. de Mapas, Planos e Ilustraciones, 4210F. Industria y Comercio, vol. 6, exp. 10, f. 329 (Ruiz y Capdepont, 2015: Mapa 33). Autor anónimo.

El afán de concentración terminó provocando la división de Ciudad Real en subdelegaciones, tal y como sucedió con la creación de la de Llanos en 1804, con cabecera en Comitán y Tiburcio Farrera^[7] como primero a su cargo (Parrilla, 2019: 123-124). El partido de Los Llanos era destacado por su ubicación sobre el camino real. En términos agrícolas, destellaban la caña, el trigo, la sal, el frijol y la calabaza. En el renglón ganadero, era conocido por la cría de yeguas, mulas, novillos, ovejas, que además de carne proporcionaban cueros y lana. También gozaba de reputación por la manufactura de colchas, petates, ponchos, panela y aguardiente. No obstante, debido a esta complejidad productiva, a la cantidad, extensión y distancia que separaba a los pueblos de la cabecera en Comitán, y a los intereses económicos de los funcionarios de la Corona, a pocos años de su creación, en 1807, se solicitaría dividirlo en tres o cuatro subdelegaciones (Díaz y Jiménez, 2016: vi-x). Para entender la creación de la subdelegación y posterior pugna por dividirla, veamos a continuación qué caracterizaba al partido de Los Llanos y de dónde emanaba tanto interés en sus indios, tributos y tierras.

Agustín de las Quentas Zayas y el partido de Los Llanos, 1790-1802

En los tiempos que Agustín de las Quentas Zayas fue intendente de Chiapa pareció existir una mayor atención a los requerimientos de los pueblos de indios con respecto a sus tierras.^[8] No obstante, lo que puede apreciarse es que había una compleja disputa por el territorio reflejada en diferentes frentes: pleitos entre frailes y finqueros;^[9] denuncias mutuas de los hacendados; querellas involucrando a indios, dominicos y ladinos; robo de ganado a los finqueros; baldíos –indios que vivían en las haciendas– creando pueblos a partir de las tierras finqueras; irregularidades en la producción y tráfico para el comercio; atrasos en el pago de tributos; y, en fin, los pueblos midiendo sus tierras para preservarlas o venderlas. Seguramente la peor suerte les tocó a los pueblos menguados, como Socoltenango y Chicomuselo, y ni qué decir de los que terminaron por desaparecer, los casos de Escuintenango y Comalapa (más detalles en Barrera, s./f.). A continuación, rastrearemos qué sucedió en dos pueblos donde los indios continuaban siendo mayoría: ¿acaso les fue mejor a Comitán y Zapaluta?

Mapa 1
Las haciendas de los Llanos de Comitán
Fuente: Ramos Maza (2012: 4)

Comitán: sus indios, sus tierras y su posada^[10]

El encargado de la medición de tierras en el partido de Los Llanos, don Manuel de Rojas, tuvo mucho trabajo por aquellos días de 1797, cuando nadie quería ceder un puño de tierra. Parte del “Molino de [Antonio Mateo] Rivera” estaba siendo disputado por un vecino colindante (Ruz, 1992: 123). En una de las haciendas Castarricas, por aquel entonces en manos de Manuel Cabrera (Ruz, 1992: 102), “se ha[bía] puesto un rancho de ganado ageno.”^[11] La conocidísima hacienda del Valle había tenido que medirse por problemas de jurisdicción con los indios de Comitán, quienes se veían afectados por el ganado de don Pablo García,^[12] su más reciente propietario.^[13] Esta era una de las más extensas y antiguas de la zona, pues ya figuraba en 1599 dentro de las que limitaban al sureste con las tierras comunales del pueblo (Ruz, 1992: 123). Antes de que la adquiriera el señor García, había pertenecido a José Domínguez, quien en 1778 tuvo un resonado pleito con los naturales y ladinos de Comitán porque alegaba que el ganado de estos invadía su propiedad, quienes a su vez sostenían que eran los animales de la hacienda los que destruían sus milpas de Margaritas y Guakanajaté. El dueño de la finca porfiaba que todo el problema era ocasionado por los ladinos sin tierras, pues antes había sostenido una convivencia decente con los indios (Ruz, 1992: 125-127).

Fue en 1795 que las autoridades de la intendencia decidieron construir un nuevo mesón para los pasajeros que llegaban a Comitán. Los indios principales de Comitán pidieron a Agustín de las Quentas Zayas que cobrara una contribución a los numerosos españoles, ladinos y mestizos que pastaban ganado y sembraban milpas en las tierras del común. Luego de un conteo, se determinó que eran 83 los evasores de obligaciones, dedicados a la cría de yeguas, ovejas y vacas, quienes al final entregaron 250 pesos, que fueron depositados en la caja de comunidad y luego destinados, entre otros gastos locales, a la construcción del mentado mesón (Ruz, 1992: 128 y 359).

Haciendo eco de lo anterior, en 1797 los indios de Comitán solicitaban “justicia para que todo el que ocupa su terreno y lo disfruta con ganados y sementeras le pague lo que fuere justo”, lo que al parecer no estaba ocurriendo hasta ese momento con sus tierras nombradas Yachic.^[14] Las quejas de los indios de Comitán fueron escuchadas. Al año siguiente, el mismísimo Agustín de las Quentas había pedido que los españoles y ladinos acreditaran las tierras que estaban ocupando dentro de las pertenencias del pueblo. El intendente estimó que, en ese entonces, esta usurpación estaba representando para los indios el dejar de percibir cada año una renta de 300 pesos que, entre otras cosas, permitiría concluir la construcción de una posada –y no ya un simple mesón–, reintegrar a Rafael de Tovar^[15] lo que había prestado para dicho proyecto y, desde luego, aunque como última prioridad, auxiliar a los naturales en sus necesidades inmediatas.^[16] Se suponía que con esta recaudación, más el arriendo de las tierras de Yachic, el teniente subdelegado de Comitán recuperaría lo invertido en la construcción del edificio destinado al hospedaje de los visitantes. También se esperaba que los arrendamientos de esta posada quedarían para los indios y luego se formaría un arca de comunidad que también reuniría el dinero que reposaba en el cabildo y el recogido de la renta de tierras a particulares dentro de las haciendas del común.^[17]

La aceptación de los forasteros en el pueblo se hizo oficial cuando fue aprobada esta iniciativa, según la cual aquellos que usufructuaban terrenos pertenecientes a los indios de Comitán debían pagar una renta anual. Al poco tiempo, los ladinos tuvieron permiso legal no solo para usufructuar sino también para poseer la tierra (Ruz, 1992: 129). También veremos que si el intendente y su teniente subdelegado estaban tan interesados en la conclusión de la nueva posada era precisamente por el flujo comercial de la comarca, que pasaba y era concentrado en Comitán, y porque de ello se veían favorecidos.

En resumen, debido a la falta de recursos para reparar el mesón del pueblo, y aprovechando el clima de reformas, el Cabildo de indios de Comitán pidió que le fueran reconocidos al pueblo como bienes de comunidad algunos terrenos que los españoles y ladinos venían ocupando para que pagaran arriendo sobre ellos (Guillén, 2020: 462). Agustín de las Quentas suscribió la petición de los naturales porque estaba muy interesado en Comitán, debido sobre todo a su ubicación en el camino que conducía a la nueva población de Salto de Agua, híbrida –india con propiedad privada– y ubicada en el Valle de Tulijá, misma que él fundó en 1794 para abrir la ruta comercial entre la Capitanía General de Guatemala y la región de Campeche, Isla del Carmen y Tabasco (Fenner, 2020: 75-82; y Gutiérrez, 2013).^[18] Este sería también uno de los motivos por el cual, años más tarde –como ya veremos–, el intendente apoyaría el nombramiento de dos alcaldes ordinarios y consideraría la implantación de una aduana comercial en Comitán (Parrilla, 2021: 82-83). Podría agregarse otro par de razones concatenadas: aprovechar los tributos y bienes de comunidad de los indios para consolidar el comercio de ganado y petates que de antaño la región sostenía con Huehuetenango y Quetzaltenango.

Un negocio que era jugoso, y por lo mismo ilegal, era el del alcohol. Agustín de las Quentas tomó sus propias prevenciones –introdujo libertades también en este campo– para sacar provecho a su prohibición, aduciendo que estaban ajustadas a las condiciones locales de la intendencia a su cargo. Así que, a cambio de una fianza no autorizada por los funcionarios del real gobierno, era permitida la comercialización del licor con la noble intención de que contribuyera a suplir las necesidades que afligían al pueblo de Comitán. Sin embargo, el intendente alimentaba sospechas de que el comercio ilegal de aguardiente y otros productos viajaba incluso a lomo de las mulas del gobierno, por lo que no dudó en acudir de inmediato a la confianza que le inspiraba el teniente subdelegado Tovar para registrar el correo oficial en busca de cajones sospechosos.^[19]

A final del siglo XVIII, Luis García, administrador de tributos en reemplazo temporal de Rafael de Tovar por enfermedad, tenía la dispendiosa tarea de recuperar los de los pueblos que estaban atrasados en el cumplimiento de la obligación, siendo en aquel entonces una situación generalizada. Comitán, por ejemplo, como rara vez se había visto, debía todo el tercio de San Juan para el año de 1797. En opinión de Agustín de las Quentas, esto era el resultado del mal método de cobranza operado por los propios justicias del pueblo, que provocaba el extravío de lo recaudado.^[20] Tal vez no debamos olvidar, como atenuante –junto con la política de confiscación de bienes de comunidad a que haré referencia luego–, que la población también se había visto afectada más por las plagas (que por las) epidemias que habían azotado a gran parte del obispado de Chiapas y Soconusco el último tercio de esa centuria.^[21] Apenas en un par de décadas (1759-1778), los ladinos habían aumentado de 800 a 1 400 en el pueblo de Comitán. Después de la dureza experimentada en la primera parte de la década de 1770, los indios también crecieron, pasando de 3 045 a 4 104 (Cuadro 1).

Estos aspectos comerciales, económicos y demográficos ayudan a entender que, en 1800, la Audiencia de Guatemala autorizó nombrar dos alcaldes ordinarios en Comitán, ladinos y paralelos al Cabildo indio, que terminaron asumiendo la recaudación de ingresos para la caja de comunidad (Guillén, 2020: 463). El argumento legal a favor de su nombramiento fue precisamente el aumento de españoles y ladinos, tanto en Comitán como en Zapaluta. En un partido tan numeroso, de esta manera mejoraría la administración de justicia y el cobro de reales tributos. Fueron nombrados en el nuevo Ayuntamiento de Comitán, como primer alcalde, Gabriel José Ortiz, como segundo alcalde, Pedro Argüello –reconocido terrateniente–, como síndico procurador, José Mediano, y, como mayordomo de propios, en un principio, quien además era receptor de alcabalas y subdelegado colector de tributos interino, José Incháurregui, que al final fue reemplazado por Martín Nicolás Guillén. Así fue como, con este reconocimiento de dos alcaldes ordinarios, el Cabildo indígena perdió el control sobre la tierra y sus asuntos. A la larga, los dineros recogidos de los bienes de comunidad de los indios rentados a ladinos y españoles fueron a parar al fondo de propios del pueblo de Comitán, administrado por un mayordomo ladino (Parrilla, 2021: 83 y 89).

La situación de angustia debió impulsar a que muchos naturales vendieran sus pertenencias con el fin de conseguir el efectivo para ponerse al día con sus deudas. Así lo acredita un testimonio que, tanto por el estilo de escritura, como por los involucrados en la operación, la nombrada viuda Dominica Hernández y el señor Mariano Domínguez, además de los testigos firmantes, entre ellos, Bitorio Masebín y Pasqual Hech, de un lado, y Nicolás Cordero y Pedro Aguilar, del otro, hemos de suponer que se trató de la venta de un solar, ubicado dentro del casco urbano de Comitán, por parte de una india a un vecino ladino.^[22] No se trató de un caso aislado. Otro ejemplo de tierras transferidas dentro del fundo del pueblo de Comitán a cambio de dinero, también de inicios del siglo XIX, y testificado por el propio alcalde ordinario, Manuel Castellanos, es el de la india Paula Velasco, viuda de Agustín Hernández, quien a cambio de otro terreno y unos pesos adicionales cedió a Ramón Villatoro un sitio que la mujer había heredado de su padre. El comprador era otro de los vecinos que pululaban ahora en Comitán y, a juzgar por la descripción de linderos –por cierto, todos muy bien cercados–, llegaba a ocupar un terreno rodeado por otros ladinos, excepción hecha del natural Antonio Pérez, de quien a propósito es la única persona que se aclara su procedencia. Cabe agregar que, al ser su anterior propietaria una india, la transacción eximía el pago del derecho de alcabala, entonces agregado a las operaciones de compraventa.^[23]

Croquis 2
Los mojones y linderos de las tierras de Comitán en 1743
Fuente: Lenkersdorf (1986).

Zapaluta: sus indios, sus tierras y sus petates^[24]

Hay un hecho muy sobresaliente con respecto a la cantidad de tributarios en la provincia de Los Llanos entre 1761 y 1794. Zapaluta, por ejemplo, se mantuvo alrededor de 300. Esto se entiende porque posiblemente, luego de la viruela y la plaga de langosta de 1770, la población disminuyó y luego se recuperó. En cambio, durante el mismo periodo de tiempo, Comitán mostró un crecimiento sostenido, pasando de 464 a 805. San Bartolomé de Los Llanos presentó un comportamiento muy similar al de Zapaluta, aunque manteniéndose alrededor de 1.400, mientras que, al igual que Comitán, los pueblos de Pinola y Socoltenango aumentaron de 92 a 157 y de 74 a 115 respectivamente (Cuadro 2). Sin desconocer que los números de finales del siglo XVIII debieron su aumento al meticuloso reconteo que efectuó José Farrera.

Tal parece que los indios de Zapaluta, temiendo lo que se venía con el aumento de la población, habían también solicitado la medición de sus tierras. Sin embargo, el intendente Quentas sospechaba que la iniciativa de los zapalutecos era instigada por alguien más, que quería quedarse de manera solapada con esos terrenos.^[25] Algunos cambios estaban ocurriendo en el pueblo, varios de los cuales tenían que ver con la introducción de un nuevo nivel de autoridad externo a la localidad. En el caso de este pueblo, estaba asociado con un hombre de apellido Vera, quien residía en la cabecera y también veía asuntos de los indios. De otro modo no se entiende que estuviera informando a Rafael de Tovar sobre un asunto que involucraba a varios de ellos: en principio, a unos muchachos huérfanos; junto a sus tíos impostores, concretamente Nicolás Pérez y el alcalde; y, por último, a una hija de esta autoridad local, que huyó para casarse con uno de los jóvenes. Al final, ni el alcalde ni el huérfano –quien resultó expulsado del pueblo por el propio Vera con complicidad del párroco, también ladino– estuvieron de acuerdo con el trato matrimonial propuesto por la muchacha. Lo curioso de todo este embrollo es el papel de mediador que tuvo este personaje, y que precisamente la india terminara refugiándose en casa de él ante el temor de una reprimenda por parte de la autoridad del pueblo, que en este caso coincidía con la de su propio padre.^[26] Empieza a observarse que estaba operando una autoridad que competía con las instituciones de los indios zapalutecos, al menos en la impartición de justicia.

Eso no era todo, Vera tenía otras facultades. Que esta persona fuera uno de los tantos ladinos –alrededor de 300– que por aquel entonces vivían en el pueblo (Cuadro 1), y estaban desesperados buscando terrenos, parece confirmarlo otro testimonio del mismo año, pues “parte de las tierras de Aquespala –una de las localidades extintas– fue denunciada en 1798 por Felipe Vera, habitante de Zapaluta” (Ruz, 1992: 116). Lo que no resultaba tan usual era su posibilidad de ir por cuenta propia a separar parte de las tierras del común de zapalutecos para rentarlas a título personal.^[27]

Cabría recalcar aquí la diferente situación que atravesaban las tierras de los pueblos de Zapaluta y Comitán en la década de 1790. Los zapalutecos mantenían en su poder el plano y diligencias para medir sus tierras, y –según las autoridades de la intendencia– “las tenían de sobra y esperaban dejar de disfrutar de ellas para venderlas” –más adelante veremos que probablemente habían sido orillados a esta situación porque estaban rezagados en el pago de tributos–. Recordemos que los comitecos, en cambio, desde hacía tiempo tenían varias tierras ocupadas por vecinos españoles y ladinos, que estaban atrasados en el pago de las rentas,^[28] e incluso algunas indias habían empezado ya a vender sus casas y sitios dentro del pueblo.

Hay un asunto todavía más sorprendente. Aparece un trato que relaciona a Vera y Tovar alrededor de un dinero destinado a adquirir un producto manufacturado. El vecino de Zapaluta aclaraba así parte de la transacción: “Y tanvien aeste portador le de el dinero: Ynporte de dosientos Petatez que andeser los riales trenita (sic) y un pesos dos reales, viense acordara v[uestra] i[lustrísima] que lemande a decirle que los petatez estaban chicos, y no asido olvido el mio.”^[29] Son varias las preguntas que surgen al leer este fragmento: ¿por qué el teniente subdelegado Rafael de Tovar le debe dinero a Vera?; ¿acaso se trata de la compra de petates a los indios?; ¿cuál era el destino de esos productos?; ¿era Vera quién los conseguía en Zapaluta para el teniente subdelegado y este luego los vendía o repartía en diferentes pueblos?; en otras palabras, ¿Vera se encargaba de centralizar la mercancía y Tovar de repartir y reinvertir el dinero de lo vendido?

Hay un dato que no debemos pasar por alto: los zapalutecos eran reputados fabricantes de petates en la región, al punto de destinar este producto al comercio con otros pueblos.^[30] Quizá la imaginación esté volando demasiado alto. No obstante, otros indicios apuntan en esta dirección. El mismo expediente contiene algunas notas sueltas. Una de ellas estaba dirigida al señor don Rafael de Tovar y Guimbarda, teniente subdelegado del partido en Comitán, la cual es la confirmación de que “[s]e remitieron â Vera oy 15 de Noviembre 31 pesos 2 reales para 200 petates.”^[31] ¿Acaso este funcionario intermedio era al mismo tiempo tratante de mercancías? No tendría nada de raro, y –siendo así– no parecía distinguirse del gobierno corrupto que los alcaldes mayores habían establecido con anterioridad, usando el repartimiento de bienes para enriquecerse a costa de los indios, mismo que la reforma de las intendencias se había propuesto desmantelar a finales del siglo XVIII.

A propósito de lo anterior, otra nota iba dirigida al señor don Rafael de Tovar y Guimbarda, recaudador de los reales tributos de las provincias de Ciudad Real. Esto significa que al mismo tiempo este personaje veía asuntos civiles de los indios como teniente subdelegado de Comitán y recaudaba tributos para toda la intendencia. Claro, entra la duda de si el recaudador Tovar recibía los tributos en petates. Parece que no: de haber sido así, ¿cómo entenderíamos sus avances de dinero a Vera para conseguir estas manufacturas? Además, con la reforma de 1737, todo el tributo empezó a entregarse en dinero (Obara-Saeki y Viqueira, 2017b: 346). El viejo papel de referencia registró varias cifras desordenadas. Más que tributos, parecen las cuentas de dinero o petates entregados a diferentes personas: por ejemplo, “al señor don Luis”, 26, “a José Sepeda”, 6, o “a los justicias”, 57.2. También es aclarado que “emos covrado –refiriendo a los apellidos García y Tovar, correspondientes a los dos subdelegados colectores de tributos– a fecha muerta”, 242.2 pesos. En una foja anterior aparece la siguiente resta: 242.2 –¿de lo recogido?–, menos 146.2 –¿de lo invertido en petates?–, igual a 96 pesos –¿de ganancias obtenidas?–.^[32] Son muchos los cabos sueltos al respecto de este supuesto negocio. Quisiera presentar otros dos, sin pretender acrecentar la confusión de quien esto lee.

Por una parte, llama la atención que: “Entre los indígenas que aparecen como compradores de reses destacan: los de Zapaluta (quienes en una sola operación compraron 27 vacas a [Manuel] Cabrera), Socoltenango, Teopisca, Pinola y, por supuesto, Comitán” (Ruz, 1992: 191-192). Acá me pregunto si el comercio de ganado estaba también asociado con el asunto del repartimiento de mercancías. El historiador Rodolfo Pastor propuso que “[e]n las provincias de indios se repartía sobre todo ganado mayor, algunos productos artesanales recuperados –vía reparto– en otras regiones y dinero. El ganado era el producto de reparto más importante” (1985: 220-221). No tengo suficientes elementos hasta ahora para demostrar que la actividad ganadera hacía parte del repartimiento de géneros. Queda acá planteada esta posibilidad para ser contrastada con otros materiales de archivo. Se sabe que, a inicios del siglo XIX, cuando fray Pedro Díaz fue prior del convento de Comitán, este había vendido muchos toros al convento de Ocosingo, “que por lo común necesita de torada para cumplir con los repartimientos de los muchos pueblos que están a su cargo” (Ruz, 1992: 182, nota 41).

Otro expediente agrega un dato personal de Vera y la entrada en escena de un personaje adicional: “al Cavo Vera –dice Agustín de las Quentas– no sele señalan costas porque se advierte que [¿buscó?] su poca de malicia, que asi lo dice el Asesor, y se omite corregirlo por que es eficaz.”^[33] Este tipo de indulgencias, confirman que Vera no era cualquier tipo de cartero, arriero o tratante: tenía el cargo de cabo^[34], y también buscaba sacar rédito personal a espaldas de sus superiores, quienes sabían de su “malicia”, la cual no corregían porque, a fin de cuentas, al asesor, al intendente y al teniente subdelegado les resultaba “eficaz” y redituable. También empieza a comprenderse el porqué de los elogios y trato tan esmerado dirigidos a la figura del “Asesor”, por parte de Rafael de Tovar y Agustín de las Quentas. Este último, a inicios de 1798, no pudo ocultar la emoción que le provocaba la llegada del asesor a Ciudad Real, quien provenía de Comitán, donde había sido muy bien atendido por el teniente subdelegado Tovar.^[35] Tengo la intuición de que era el tan mentado asesor uno de los financistas de la operación comercial, y que el mismo no era otro que el renombrado José Mariano Valero. Esta virtual participación en el negocio del reparto de géneros explicaría, por una parte, su inicial oposición a la fragmentación de la intendencia en subdelegaciones –cuando dejó de contar con el apoyo de sus socios, el intendente Quentas y el subdelegado cobrador Tovar– y, por otra, su posterior soporte a la propuesta de volver a dividir la novedosa subdelegación de Los Llanos –aprovechando su situación como intendente interino– (detalles en Parrilla, 2021; y Barrera, s./f.).

Si las tierras del pueblo y los petates que fabricaban sus indios e indias resultaban de alto interés para las autoridades intermedias que “dependían directamente de la Corona”, algunos ladinos empezaban a ocuparse de otros asuntos de los zapalutecos. Hacia 1802, en plena implementación del gobierno de los intendentes, parecía que los indios habían perdido la autonomía de administrar otros de sus bienes –veremos que con mucho se debía a la Consolidación de Vales Reales e intervención de cajas de comunidad de los pueblos–. Así se desprende de la encrucijada en que se encontraron los indios de Zapaluta por los atrasos en el pago del tercio y otros tributos. Esto informaba el recaudador Ramón Correa Benavides a Rafael de Tovar y Guimbarda:

“y ess, que los Yndios deste Pueblo viendoce enteramente atrasados en el tercio que llevaron, ce vieron en la precicion deacer personalmente ocurso a Guatemala pidiendo que celes supliere lo que les faltava del [¿dinero?] de las tierras, alegando su derecho, y aciendo [¿precedente?] sus atrasos en los trivutos y pretestando que nacian estos acausa de que ace muchos años, que vino el ultimo contador de trivutos y que con este motivo ce an atrasado por aver muerto muchos en tanto tiempo. Y de Guatemala mui ajenos de condecender en su pretencion, ce nos mandó, que del dinero de tierras, y de mas fondos de este Cavildo, de ninguna manera ce les supliese nada alos Yndios, a menos que no fuese por una quemasón de Yglecia, ambre, o, Peste, y que supuesto que uno de los motivos que originava sus quebrantos era el de los muchos muertos por aver pasado mucho tiempo desde la ultima quenta que icieron ocurso a Ciudad-Real pidiendo contador; con este motivo ce allaron ellos prerplejos, y afuerza demis instancias, sa ve Dios como pidiendo prestado, juntaron lo que llevaron, y como yo compadecido algo les di prestado, con algún riesgo.”^[36]

El gobierno de Guatemala no permitió que las deudas tributarias de los indios fueran cubiertas con el dinero de las tierras rentadas o cualquier fondo de su Cabildo, a menos que fuese por una quemazón de iglesia, hambre o peste. El asunto era que habían fallecido muchos indios desde la última tasación –recordemos que las plagas y epidemias del último tercio del siglo XVIII habían afectado a la mayoría de pueblos en la región–, por lo que estaban pagando más de lo que podían en ese momento. Así, los indios de Zapaluta tuvieron que pedir prestado, incluso al recaudador Ramón Correa, para pagar parte de sus adeudos. Esto explica mejor la necesidad que empezaban a tener los zapalutecos de vender las tierras que ya no podían hacer productivas por falta de gente.

Croquis 3
Las tierras de Zapaluta en 1780
Fuente: Lenkersdorf (1986).

El asalto a las cajas y bienes de comunidad

Tal parece que las dificultades que atravesaban los indios de Comitán y Zapaluta para atender sus obligaciones fue el resultado del asalto a sus cajas y bienes de comunidad, por parte de los ladinos, en combinación con la disminución de población que trajeron el hambre y enfermedades ocasionadas por una nueva plaga de langosta, que se cebó contra Guatemala y el sur de Nueva España sobre todo entre 1802 y 1805 (Arrioja, 2019: 163-172). Que los indios ya no administraban los fondos de sus propios pueblos ni podían decidir en qué se invertían, lo deja muy claro la manera en como continúa este expediente relativo a los atrasos en el pago de tributos:

“En esta atencion don Manuel [¿Villatoro?] que igualmente commigo es responsable del fondo de tierras que es de donde yo suplia mensualmente al ospital, me hiso presente que de ninguna manera convenia en que ce ciguiere aciendo dicho suplemento y como quiera que yo por mi solo no soi Arvitro, e tenido avien comunicar a v[uestra] i[lustrísima] para que ce elija un medio afin de que v[uestra] i[lustrísima] no ce incomode, ni el Administrador del ospital ce estorcione.

El mexor arvitrio que yo he encontrado éss, que de aquí a Diciembre faltan cuatro Messes, para fin del Año puedence remitir de allí, docientos pesos para estos 4 Meses, cele entreguen al Administrador del dicho ospital, y que deé, el recivo por completo, que en esto ce aorra v[uestra] i[lustrisima] de muchas molederas, y no ce padece detrimento alguno, en atención aque dicho Administrador tiene dada fiansa de quinientos [¿pesos?]”.^[37]

Este testimonio da a entender que del mismo fondo de tierras del pueblo de Zapaluta –inescrutable para los menguados y empobrecidos indios– se había estado echando mano para financiar el hospital de Comitán y, ante la apretada situación económica de los nativos, se contemplaba suspender dicha derrama. De paso, esta disyuntiva también da para suponer que ya eran los ladinos quienes administraban los bienes de los indios, con Ramón Correa y Manuel Villatoro a la cabeza. Ejercía también un administrador del mencionado hospital, que supuestamente había dado una fianza de 500 pesos como prenda de honestidad en el ejercicio de sus actividades, por lo que se proponía adelantarle de una vez el dinero de cuatro meses para funcionamiento de la institución, hasta que cerrara el año de 1802: 50 pesos por cada mes, es decir, un total de 200.

Debe aclararse que las arcas del pueblo de Zapaluta no habían sido las únicas esquilmadas en el supuesto beneficio del hospital de Comitán. El origen de esta institución se remontaba a 1789, cuando la señora Ignacia Gandulfo dejó instrucciones expresas de que su casa, contigua al convento dominico, sirviese de sede al proyecto. Asimismo, el dinero que le adeudaban, sus bienes muebles y la hacienda de Juncaná, heredada de su padre, servirían para sostener la obra en funcionamiento. Cuando Agustín de las Quentas Zayas asumió como gobernador intendente, a inicios de la década de 1790, la renta fija de esta obra pía era de 13.683 pesos, que, a un interés del 5% anual, rendía 684 pesos y un real. El funcionario recordó que en ese entonces el vecindario no pudo apoyar la construcción, pues también se encontraban en adecuación la iglesia, el cabildo y la fuente. En un principio se vio con buenos ojos que la hacienda de Juncaná fuera tomada en arriendo por los propios albaceas, siendo uno de ellos mayordomo-administrador del hospital. Esta estrategia no pareció rendir buenos frutos: al despuntar el siglo XIX, se estaba pidiendo ayuda a los pudientes comitecos y a los pueblos inmediatos. Varios consejeros recomendaron vender la finca, operación que reportó cerca de 20.000 pesos. La desgracia vino al momento de entregar el capital al erario real, el cual, urgido de efectivo –en medio de la política de consolidación de vales–, ofreció pagar un rendimiento del 5% anual. Dado que esta solución tampoco dio remedio a los males financieros del nosocomio, se determinó tomar 50 pesos mensuales de los tributos y cajas de comunidad de Comitán. Al cerrar el año de 1801, el recaudador de tributos había suspendido la orden dada a los alcaldes de este pueblo, temiendo el retraso en el pago del tercio de Navidad. Esto puede explicar que, al año siguiente, se hubiera dado el asalto a las cajas de Zapaluta, que pronto también se resintieron –como relaté líneas arriba–. Desde entonces, José Antonio Incháurregui, administrador de la institución sanitaria, había estado inquiriendo al gobernador intendente, ahora Manuel de Olazábal, para que diera cuenta de los réditos correspondientes a los dineros tras la venta de la finca, que se habían entregado a las Cajas Reales. En la inopia, el administrador tuvo que renunciar a su cargo sin haber recibido respuesta alguna. Lo reemplazó en el desagradecido puesto José Mariano Barela, quien desde 1803 continuó preguntando a la Real Hacienda por el capital de la institución, que, al parecer, luego de muchos ruegos, fue reintegrado en 1805 por los voraces funcionarios de la Corona (Ruz, 1989: 158-201).

Para entender lo que ocurría con los bienes de comunidad de Zapaluta y Comitán conviene echar un vistazo a los cambios que en esta materia introdujo el gobierno de las intendencias. Años atrás, con la conmutación del tributo en dinero en 1737, aumentó la contribución a la caja de comunidad de los pueblos indios de Chiapas. Por una parte, cada tributario pagaba alrededor de una pierna de manta, cuyo precio dependía de la calidad de la manta en que era valorada (yendo de cuatro a seis reales). Por otra, al conmutar en dinero el precio de las especies, los indios no podían pagar con plata la suma precisa. En lugar de redondear el valor al alza, los recaudadores resolvieron aumentar el precio de algunas especies conmutadas para que coincidiese con una cantidad exacta en medios reales de plata. La diferencia entre el monto del tributo calculado con los precios ‘acrecidos’ y el estimado con los precios oficiales se conoció como ‘quebrado acrecido’, siendo en promedio de dos reales y también destinado a la caja de comunidad. Con el tiempo, estas contribuciones reemplazaron el cultivo de la milpa de comunidad con fines tributarios (Obara-Saeki y Viqueira, 2017b: 277-279).

Con el nuevo censo que José Farrera realizó entre 1790 y 1795, no solo aumentó el número de tributarios, también los ingresos de las cajas de comunidad de los pueblos de la intendencia, cuyos sobrantes superaban los 60 000 pesos al cerrar el siglo XVIII. Ante tal abundancia de fondos, el intendente Agustín de las Quentas peló el diente y opinó que el fondo de comunidades debía usarse para restablecer los repartimientos –que en realidad continuaban “vivitos y coleando”–. Hasta entonces la Audiencia de Guatemala autorizó que los sobrantes se invirtieran, ya fuera, en el repoblamiento de pueblos agonizantes, como Escuintenango, o bien, en la fundación de nuevas poblaciones, como Salto de Agua y San Carlos, o incluso, en la ejecución de obras públicas, como el acueducto de San Bartolomé de Los Llanos, la reparación del cabildo de Comitán y la reconstrucción de la iglesia de Socoltenango (Guillén, 2020: 463-470).

A principios del siglo XIX, las guerras que libró España hicieron que las autoridades de Guatemala acudieran al frondoso fondo de comunidades de los pueblos de Chiapas, a los cuales la Corona les aseguraba un supuesto rédito del 5% anual. Bajo el mismo ofrecimiento, y ahogada en deudas, la monarquía también aplicó la iniciativa de Consolidación de Vales Reales, que le permitía incautar los bienes y capitales administrados por la Iglesia para cubrir sus compromisos. Gisela von Wobeser recalca que el Real Decreto de Consolidación afectó no solo a la Iglesia, también a la población civil, comprometiendo los bienes pertenecientes a los laicos, a través de las cofradías y las capellanías, además de los deudores de préstamos eclesiásticos, quienes fueron obligados a ponerse al día ante la Corona. Al traste, esta política de vales reales fue efecto y causa del derrumbe económico del Imperio español, pues los americanos terminaron perdiendo la confianza en la monarquía y alimentando los motivos para pensar en la independencia (Wobeser, 2002).^[38] Para darnos una idea, los datos presentados por Carlos Marichal muestran que, después de la Nueva España, que con 10.321.800 pesos aportó las dos terceras partes del total, la Capitanía General de Guatemala ocupó el segundo lugar dentro de las colonias americanas en cuanto a la recaudación por cuenta de la Consolidación de Vales Reales entre 1805 y 1810, llegando a 1.561.673 pesos (Marichal, 1999: 172).

Por lo tanto, la reforma de intendentes en Chiapas no se limitó a asaltar las cajas de comunidad, también se extendió a las obras pías y las cofradías, apropiándose de los beneficios que las élites nativas obtenían de ellas a través de los préstamos a corto plazo. No es de extrañar que los subdelegados y sus tenientes se hubieran ido lanza en ristre contra “los excesos de las fiestas” en los pueblos, para así justificar la confiscación de los dineros destinados a financiarlas (Polushin, 1999: 232-256; Polushin, 2017 [2004]: 295-296). En 1808 fue suspendida la Consolidación, llegando a 100 000 los pesos que habían entregado los pueblos de Chiapas a la Audiencia de Guatemala. Ese mismo año, otra suma tan generosa fue ofrecida de los fondos de comunidad de los indios para aliviar las angustias del rey (Guillén, 2020: 471-474).

Después de este recorrido que hemos dado, no es de sorprender que, desde su llegada como asesor letrado de la intendencia de Chiapas en 1798, José Mariano Valero mostrara gran interés en el cobro de tributos. Es más, en un principio, correspondiendo al apoyo brindado por su compadre, el mismísimo intendente Agustín de las Quentas, se opuso a la división del partido. No obstante, sus ilusiones de llegar a ser subdelegado recaudador de tributos se esfumaron cuando Manuel de Olazábal asumió como cabeza de la intendencia, quien, no contento con expulsar a Rafael de Tovar del cargo, lo clausuró definitivamente y promovió la división del partido de Ciudad Real, siendo una de las subdelegaciones resultantes la de Los Llanos, establecida en 1804 con cabecera en Comitán (Guillén, 2021: 110-114). Con la creación de esta subdelegación surgió un pleito de competencias entre el nuevo subdelegado y los miembros del Ayuntamiento de Comitán. Mientras Tiburcio Farrera perseguía la eliminación del organismo local, este se oponía a la inclusión de Comitán en la subdelegación y pedía el cambio de cabecera a San Bartolomé, pueblo numeroso, mayoritariamente indio y con haciendas en los Cuxtepeques. José Mariano Valero, todavía asesor letrado, opinó que el subdelegado debía restringirse en Comitán a asuntos de hacienda y guerra, dejando que los alcaldes ordinarios se ocuparan de la justicia y gobierno del pueblo. Mientras el subdelegado de Los Llanos defendía su jurisdicción para cobrar tributos y aplicar justicia, los alcaldes ordinarios luchaban por el control de las tierras como fuente de riqueza, de allí su interés en las de Zapaluta y los menguados pueblos de Chicomuselo, Coneta y Escuintenango (Parrilla, 2021: 86-88).

Reflexiones finales

El punto de partida ha sido la crisis agrícola y demográfica que atravesaron la mayoría de los pueblos de la provincia de Los Llanos –y de gran parte del obispado de Chiapas– al cierre del siglo XVIII, si bien, como hemos visto, Zapaluta y Comitán salieron mejor librados. Con la desaparición de algunos y las dificultades económicas de otros, comenzó una reorganización en el gobierno espiritual y material de los sobrevivientes. Aunque los pueblos de los Valles Coxoh y del Pie de Monte Cabil enfrentaron serios problemas a fines del periodo colonial, los demás pueblos vivieron una situación por completo distinta (más detalles en Barrera, s./f.). Cambios políticos también venían ocurriendo, cuya manifestación abstracta fue la administración a través de la intendencia y subdelegaciones, mientras que su impacto concreto lo experimentaron los indios y sus haberes, específicamente sus fondos y tierras.

Esta administración racionalizada se propuso evitar los abusos y desmantelar las clientelas, con resultados más que limitados. En el caso particular de la intendencia de Ciudad Real, la actualización y centralización tributaria fue germen de corrupción y clientela, pues aumentó las posibilidades e ingresos de la ya apuntalada práctica del repartimiento de géneros. Una sola y tupida red abarcó la política, los tributos y el comercio. Cada cambio de intendente significó la puja por hacerse de este sistema y relaciones, traduciéndose a menudo en la defensa u oposición a la división de la intendencia.

Una mirada detenida a esta forma de gobierno en el partido de Los Llanos al cierre del siglo XVIII descubre la disputa por el territorio entre varios actores: los indios –a menudo defendidos por el intendente y su teniente subdelegado– frente a los ocupantes particulares de sus tierras y, unos y otros, ante el poderío de la corporación dominica (detalles en Barrera, s./f.). Este acercamiento también distingue las versiones del conflicto que cada pueblo encarnó. No solo la pasaron mal los pueblos extinguidos o los disminuidos. En Comitán, por ejemplo, ante el aumento de ladinos pobres ocupando tierras sin pagar renta, el intendente Agustín de las Quentas y su teniente subdelegado, Rafael de Tovar, apoyaron la defensa de los bienes comunales de los indios por el dinero que los arriendos podían reportar. Originalmente pensados para cubrir los tributos rezagados, estos recursos fueron a parar a la construcción de una posada y el mejoramiento del cabildo, obras que promovieron y garantizaron la afluencia de comerciantes y el flujo de sus actividades, al igual que las comisiones para el intendente y su teniente, quienes estaban muy interesados en promocionar las rutas de Tabasco y Quetzaltenango. Cambios políticos a nivel local también sobrevinieron: los ladinos de Comitán consiguieron el nombramiento de dos alcaldes ordinarios, mismos que se impusieron sobre el Cabildo de los indios y empezaron a disponer de sus bienes de comunidad. Esta confiscación de fondos hizo que los naturales acudieran a la venta de tierras como una forma de adquirir recursos adicionales.

Zapaluta, pueblo contiguo, aun compartiendo la recuperación de los indios con el aumento de los ladinos, vivió de otro modo los intríngulis del mecanismo de gobierno intermedio. Acá el nuevo nivel de autoridad fue ejercido por un cabo, quien no solo impartía justicia y disponía de las tierras de los indios, sino que controlaba el reparto de petates, actividad que contaba con una red conformada por agentes comerciales en otros pueblos y con el patrocinio comprometido del subdelegado Tovar, del asesor Valero y del intendente Quentas. Estos indios tampoco controlaban ya su caja de comunidad ni su Cabildo. Dentro de la política de Consolidación de Vales Reales y de intervención de los jugosos fondos de comunidad, implementada por la Corona a inicios del siglo XIX, los ahorros de los indios de Comitán y Zapaluta –que no pudieron usarlos para poner al día sus tributos– fueron empleados para financiar obras, como el hospital de Comitán, pero ante nada para amortiguar las deudas de un imperio que le apostó todo a la guerra.

En términos territoriales, la reforma de intendentes tuvo que lidiar con los pleitos por jurisdicciones entre los obispados, los intendentes o las propias autoridades de los partidos. A pesar de haber sido una división territorial incipiente, la real ordenanza de 1786 puso las bases administrativas del actual territorio mexicano, pues las intendencias son las progenitoras de los estados modernos de la república. Es más, algunos autores –como José Luis Alcauter– consideran que se trató de un modelo administrativo exitoso. De otro modo no podría entenderse la continuidad de las autoridades intermedias durante las guerras de independencia, el experimento constitucional de Cádiz y buena parte de la vida independiente, hasta que la revolución introdujo cambios profundos a inicios del siglo XX (Alcauter, 2017: 203-205 y 283-285). No obstante, como hemos visto, la implementación del gobierno de las intendencias tuvo que vérselas con las características físicas del territorio abarcado por cada subdelegación, con las variaciones físicas y culturales de las poblaciones administradas, con las formas e intereses de los gobiernos indígenas, con el celo que la Iglesia y sus ministros mostraban por la vida material y espiritual de sus feligreses y, en fin, con la codicia de los intendentes, asesores, subdelegados y tenientes. Demasiadas variables para ser medidas en términos de éxito o fracaso. Más allá de sus defensores y detractores, el repartimiento de mercancías, debido a que se trató de un mecanismo comercial que desde tiempo atrás había articulado diferentes segmentos de población a través de la distribución de dinero, alimentos y productos terminados, parece haber sido una de las poleas por medio de las cuales chocaron dos fuerzas en circulación: por una parte, los deseos de reforma administrativa; por otra, los intereses y condiciones materiales que presentó cada realidad local.

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Notas

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