Introducción

El fracaso visto desde una perspectiva histórica ha tenido una buena acogida dentro de las investigaciones de los últimos años a partir de diferentes ópticas. Un punto de inflexión se dio en la segunda mitad del siglo XX, al acercase a la subalternidad y la disidencia en contraposición a la historia oficial o de los vencedores, visibilizando a los de abajo y desde un cambio de escala (Banerjee, 2010: 113). En la historiografía mexicana también ha habido acercamientos al tema, en algunos casos se explícita y en otras aparece velada (Villoro, 1960: 337).

Las investigaciones que analizan las trayectorias de vida, o un planteamiento de historia neoinstitucional de ciertas corporaciones, muestran los infortunios, aunque no a priori, de ciertos individuos y sus repercusiones ante la Corona española, como fue el caso de los oficiales de la Real Hacienda (Bertrand, 2011). En Perú, por ejemplo, en el último tercio del siglo XVII, se ordenó una inspección, dividida en una visita judicial y otra hacendística. La intención fue ejercer un mecanismo de control administrativo desde la metrópoli, pero se constató la inoperancia de esta supervisión, ante las oscilaciones de la política en tiempos muy distendidos, los altos costos y pocos resultados: “estos métodos de supervisión fue uno de los grandes fracasos de la administración de la monarquía hispánica en las Indias” (Jiménez, 2020: 26). Esta situación se extendió a través de los juicios de residencia, desde lo más alto de la jerarquía, con los virreyes, hasta los corregidores, donde se develaban las prácticas corruptas, pero no se llegó a un castigo (Andújar, 2019; 2023). Asimismo, existe una línea interpretativa que centra su análisis en el fracaso mediante los dispositivos discursivos que estigmatizan a un segmento del cuerpo social, con lo cual se crean herramientas teórico-conceptuales para develar la desigualdad social, política y económica (Álvarez-Osorio et al., 2023).^[1]

Afín a este marco teórico, propongo desarrollar esta perspectiva a través de mirar la corrupción en la estructura de la Monarquía española y cómo se enraizó en Indias a lo largo de la época moderna, articulando redes de intereses políticos y económicos precisos que favorecieron sus entramados ilícitos (Andújar, 2019: 321).^[2] Los oficiales reales de todos los ramos y los cuerpos eclesiásticos llegaron a tener una dudosa actuación para cumplir los mandatos de la Corona por seguir el beneficio personal y de grupo. Sin embargo, la monarquía sabía que sin esos engranajes el sistema no funcionaba, sobre todo por la permanente economía de guerra que requirió fondos extraordinarios en la Hacienda Regia. Por ello, el caudal por venalidad se desparramó a otros destinos, como la cuenta de “gastos secretos” de la Corona, la “vía reservada” del Consejo de Hacienda o los gastos de la Cámara de Indias (Jiménez, 2017: 67). Existió una porosa frontera entre lo legal y lo ilegal, así como entre lo permisible y lo punible: “Las redes de corrupción son los mecanismos principales por los cuales se imponen reglas de juego formales e informales que incentivan y benefician a los agentes corruptos” (Quiroz, 2006: 237).

El comercio ilícito que contravenía el marco legal de la Corona fue parte sustancial del problema, al atentar contra la Hacienda Real (Andújar, 2019: 320). Por tanto, es claro que se dieron fracasos al intentar burlar los marcos legales para sacar adelante el ilícito. En este caso, lo ilegal se estudia a partir de la navegación intercolonial e interprovincial en Indias (Moutoukias, 1991: 338). El pretexto lo brindan las piezas del expediente donde se aglutina el proceso que se abrió por el extravío e intento de comiso del azogue peruano que se remitió a Nueva España en las embarcaciones San Telmo y Nuestra Señora de la Soledad. Se trató de una empresa lidereada por los hermanos Luis y José de Rozas, criollos ricos que se dedicaban al comercio y que, ante un contexto de venalidad que permeó a todos los oficios en Indias, lograron hacerse oficiales reales (Domínguez, 2010: 178; Sanz, 2009).

A partir de 1634, cuando la Corona clausuró la contratación intervirreinal de cara al Pacífico, los mercaderes peruanos monopolizaron el contrabando dentro del comercio triangular Filipinas-México-Perú, mediante un microcabotaje que se engarzaba a uno de mayor distancia; así se embarcaba el azogue de Huancavelica a Potosí (Suárez, 2015: 101-134). En 1685 estos comerciantes lograron obtener una licencia por tres años para remitir vino al reino de Guatemala y contratar con mercaderías de la tierra, al caducar se refrendó el permiso por otros tres años (Arcila, 1975: 261).

En ese contexto, ambos barcos salieron de puertos secundarios peruanos con dirección a Nueva España. La carga imputada fue de 900 quintales de azogue de Huancavelica, mercancía prohibida por monopolio Real, pero las embarcaciones también cargaban vino, vinagre, aguardiente, aceitunas y cacao, mercaderías apreciadas en los mercados novohispanos que servían para intercambiarse por textiles europeos y asiáticos (Bonialian, 2019: 103-110). Esta diversidad de cargas nos indicaría que el azogue salió en un contexto de comercio ilícito recurrente. Debido a un repunte argentífero por amalgamación en el norte del virreinato novohispano se generó una demanda de mercurio no satisfecha por la Corona, lo que fue un buen aliciente para los hermanos Rozas.

El extravío era una práctica que consistía en salir de las rutas o caminos reales para no ser detectados y denunciados ante la justicia Real. Si el contrabando tenía éxito, la Real Hacienda “fracasaba”, pero si el negocio se denunciaba y caía en comiso los implicados se sumían en un desastre. En el caso a tratar cuando al descubrir el ilícito se dio aviso al virrey de Nueva España. El San Telmo llegó a la bahía de Chamela, donde las autoridades de Guadalajara lograron comisar el azogue. No obstante, podía haber otro infortunio: que por azares de la naturaleza o cuestiones no previstas el contrabando se perdía y nadie obtenía un beneficio. Esto último sucedió con el Nuestra Señora de la Soledad, pues al llegar a Chacahua (Oaxaca) los implicados no encontraron pueblo alguno de quien servirse para descargar e ingresar el contrabando, teniendo que enterrarlo. Al seguirse las diligencias para comisarlo ya no lograron introducirlo y tuvieron que darlo por perdido.

Este caso permite vislumbrar los destinos del azogue ilícito. En esa travesía saldrán a la luz los intereses económicos a distintas escalas. Una de ellas concierne a los oficiales reales, en tanto gestores del negocio, desde su pináculo con los virreyes hasta el escalafón más bajo de los corregidores y sus tenientes que ejercían actividades comerciales. Asimismo, refiere a las influencias que conformaban los agentes mediadores, anclados a los negocios familiares que pasaban por los religiosos y arrieros. Y, por último, el papel que representaban las corporaciones indias para descargar y conducir el contrabando. En conjunto, todo indica que este incidente activó una alianza temporal de relaciones interpersonales.

Para ponderar y analizar el binomio éxito-fracaso, el texto se divide en tres subapartados que abordan los contextos normativos superpuestos, emanados de la política monárquica, es decir, el abanico de preceptos institucionales que afrontaron oficiales reales y comerciantes para expresar, utilizar y maniobrar aleatoriamente, según las complejidades y contradicciones, con ánimo de sacar adelante lealtades, derechos y concretar una reciprocidad asimétrica vertical entre los resortes más endebles de la red. En el primero se dibuja de manera general cuál fue la política económica de la Corona española en la Mar del Sur para situar el contexto en el que ocurre el extravío de azogue. En seguida, para entender la construcción de la empresa, se recurre a las herramientas interpretativas sobre los negocios y redes sociales mediante la “observación directa de las interacciones, transacciones e intereses de los agentes” (Moutoukias, 1997: 37). El último apartado presenta el caso del comiso, sin afán generalizador, pero sí para identificar elementos sintomáticos dentro de una práctica extendida que muestra las dinámicas venales a partir de exponer un segmento de una red, reconstruida a partir de los implicados en el extravió de azogue y la búsqueda de su comiso.

La propuesta se enlaza con los trabajos que analizan y dan seguimiento a la movilidad de los indianos en la corte de Madrid, a partir del estudio de la centralidad de sus agentes de negocios en el entramado transatlántico durante la segunda mitad del siglo XVII (Bautista, 2022: 270-301). Los hermanos Rozas, en la década de 1680, con la guía de su padre, viajaron a la Corte para hacerse de los oficios de corregimientos a partir de la intervención y reventa de don Diego de Villatoro (Domínguez, 2010: 179). Al retornar al Perú es altamente probable que su red de negocios, lícitos e ilícitos, como lo fue el extravío de azogue y contrabando por la Mar del Sur, permitió a José retornar a la metrópoli, en 1700, y movilizarse a las cortes europeas. Luis, por su parte, como residente en Madrid obtuvo en 1701 el hábito en la orden de Alcántara.

La política económica en ¿un lago indiano?: Perú y Nueva España, s. XVII

La historiografía reciente ha puesto un renovado interés por los procesos sociopolíticos y económicos en el Pacífico, al analizar las interconexiones comerciales en el marco de una “temprana globalización” (Bonialian y Hausberger, 2018: 197-244).^[3] Hacia 1575, al quedar integrado el derrotero Manila-Acapulco, la Monarquía hispana logró erigir los tres ejes articuladores de sus posesiones y riquezas de ultramar: trasatlántico (Carrera de Indias), traspacífico (Galeón de Manila) y Mar del Sur (Nueva España-Perú), tratando con ello de integrar a la Monarquía hispana a las Indias orientales y occidentales. En cuanto a los reinos americanos, es claro que contaban con su propia agencia (Bonialian, 2019: 13-31) y ejercían sus propias lógicas en la Mar del Sur, pero hay evidencias que desde la década de 1560 esa vertiente estuvo integrada al eje trasatlántico al remitir a la metrópoli remesas en metálico o mercancías de lo que se granjeaba entre Perú y Nueva España (Vázquez, 2022: 371-402).

La vertiente de la Mar del Sur tuvo que ser clausurada en 1634 por las presiones de los comerciantes sevillanos ante la fuga de plata peruana hacia los mercados asiáticos, una prohibición que quedo incorporada a la Recopilación de Leyes de Indias (Latasa y Fariñas, 1991: 14-17; Suárez, 2015: 103-104). Parecería que con esta legislación el eje trasatlántico que se conectó hacia el mercado sudamericano se reforzaba por los galeones de Tierra Firme y la feria de Portobelo. Por tanto, se disminuía el flujo de plata peruana a Nueva España, a la par de un declive en la regularidad del galeón de Manila, descentralizando a México, al menos hasta 1680 (Bonialian, 2019: 155-197). Sin embargo, la realidad fue algo distinta, pues los grandes comerciantes limeños, con ayuda de sus peruleros, tuvieron que hacer frente a una saturación de sus mercados por los comerciantes sevillanos, así como a una injerencia política y económica novohispana en el Pacífico. Debido a ello, los mercaderes de Lima cedieron a este cambio en la política metropolitana en virtud de poder controlar el contrabando. Esto motivó que las embarcaciones fueran más cautas e intentaran mantener a todos los involucrados medianamente satisfechos, con un contrabando hormiga (Suárez, 2015: 101-134).

Es necesario hacer un pequeño acotamiento en este periodo para valorar el papel de los puertos centroamericanos. De entrada, las embarcaciones novohispanas lograron obtener licencias especiales para interactuar con Sonsonate y Realejo, únicamente con productos de la tierra, para evitar su uso como trampolines hacia puertos del cono sur (Pinzón, 2016: 343-362; 2021: 351-380). Sin embargo, en sentido opuesto, los mercaderes peruanos lograron en el último cuarto del siglo XVII, obtener licencia por tres años para enviar vino al reino de Guatemala; al caducar su vigencia en 1688 se les refrendó por tres años más (Arcila, 1975: 261). Esa licencia dio fachada legal al contrabando documentado en 1699, al quedar al descubierto la arribada maliciosa en puertos novohispanos.

La experiencia acumulada para esgrimir arribadas maliciosas por los comerciantes limeños se empalmó con la recuperación en la producción minera argentífera en el occidente y norte novohispano, en virtud de nuevas vetas con alta ley, lo que provocó la reaparición de los contactos intervirreinales, mediante el contrabando de azogue, plata, vino y cacao. Hay que advertir que, al menos desde 1630 y hasta 1699, el envío de azogue de Huancavelica, de Almadén y de otras fuentes que intentó disponer la Corona fue insuficiente para las minas novohispanas, tanto por problemas tecnológicos, como por acción de los asentistas o por remesas insuficientes (Lang, 1977: 64-66, 104-105). Por ello, la producción minera en el norte y occidente novohispano dependió casi en su totalidad del método de fundición, sin que esto significara el abandono de la amalgamación, pero sí de un cambio en el suministro de azogue a los mineros por parte de la Corona (Lacueva, 2010: 259-278).

En paralelo, en la segunda mitad del siglo XVII, los dominios americanos de la Monarquía hispana daban cuenta del creciente fenómeno de la venalidad en todas las esferas de la estructura administrativa. En el reino del Perú se entregaron: cargos, oficios, plazas, magistraturas, dignidades. En 1678, la Corona se reservó la facultad de proveer los oficios de corregidores en la Corte, atentando con la tradición de que esa potestad estaba reservada a los virreyes y audiencias, por lo que estos últimos se quejaron y obtuvieron ciertas concesiones (Moreno, 1976: 215; Jiménez, 2017: 63-64). Al final, a lo largo del gobierno de Carlos II se había llegado a trastocar los mecanismos tradicionales de oficios por merced o gracia, en virtud de los méritos y servicios, por una transacción en metálico, incluso con derechos de propiedad y libre transmisión hasta que se trató de restringir años después (Jiménez, 2017: 60-63). La práctica se extendió tanto que la almoneda alcanzó los títulos nobiliarios y hábitos en las órdenes militares hasta “el ápice de la jerarquía” con el virrey (Domínguez, 2010: 185; Jiménez, 2017; Andújar 2019). Esta interrelación de lo político y económico, donde convergían las exigencias del andamiaje institucional y las aspiraciones e intereses de comerciantes o agentes del rey por recuperar y engrosar su capital y/o encumbrase en la elite americana, terminó por afectar la estructura de poder. (Phelan, 2018: 283-297).

El caso de extravío de azogue, además, muestra como la venalidad, tanto aquella conseguida en la corte como aquella dada por el virrey, tendieron a consolidar y fomentar la creación de fluidas redes familiares y clientelares al interior del reino peruano y cómo se ramificaron por Nueva España. Esto sin duda creó una maraña en diferentes esferas del negocio, confrontando a las facciones jerárquicamente ancladas: “el ejercicio de un oficio facilita la gestión de la incertidumbre, el reconocimiento del crédito personal y, de un modo más general, la capacidad de reacción frente a las contingencias que pueden quebrar la posibilidad misma de efectuar negocios o cuestionan sus reglas de juego” (Moutoukias, 1997: 46).

Cuando se dio aviso al virrey novohispano del embarque ilegal del azogue y se le pidió realizara el comiso se activó un mecanismo diseñado para alimentar a la Corona y para incentivar económicamente a sus oficiales. Para la Real Hacienda, ciertos estancos tenían un manejo particular, casos del tabaco, naipes y azogue, cuyos ingresos se reservaban para el gasto de la Corona en Europa, salvo excepciones (Fonseca y Urrutia, 1845: X-XI, XXIX-XXXII).^[4]

El azogue era estratégico para la Corona, de ahí su monopolio: “Sin mercurio no se producía plata, y sin plata faltaba la fuerza motriz de la economía de las colonias” (Bakewell, 1976: 209). La “gravedad” de los extravíos era palpable, primero, porque en Perú el azogue salía de la mina sin registrarse ni pagar ningún derecho. Además, evitaban el almojarifazgo. En Nueva España se buscó librar todos los marcos impositivos a su ingreso, por tanto, el ilícito se situó dentro de una serie de relaciones sociales que corrieron sobre las diferentes capas de la estructura de poder. Se establecieron contratos no explícitos que se ajustaron a la práctica, sin la existencia de otros mecanismos normativos. Los vínculos entre los agentes involucrados jerarquizaban la densidad de las interacciones. En la cima se situaron los agentes políticos con actividades comerciales, con suficiente capital para poner en marcha el ilícito. Luego estaban los intermediarios entre Perú y Nueva España, complementados con la gente de mar. En un escaño por debajo se encontraban los empresarios del transporte, quienes controlaban a los arrieros. Por último, pero no menos importantes, estaban las corporaciones de indios que ayudaron a cargar, descargar y conducir las mercancías.

Una muestra de la producción argentífera en el norte y occidente novohispano puede ejemplificar la demanda que estimulaba este comercio ilícito. En los registros en la Caja de Guadalajara se señalaba una “pequeña crisis” entre 1635-1699, por el déficit de azogue. Al inicio de ese periodo la necesidad de mercurio en Nueva Vizcaya no pudo ser cubierto, apenas alcanzó un promedio de 105 quintales. Por ello la plata de fuego ocupó un 70% de la producción. Al llegar al final de esa época, la intensidad de la producción de plata se fue recuperando, pero de 1695 a 1699 nuevamente el azogue fue insuficiente, pues solo se remitieron por el monopolio Real 98 quintales anuales en promedio, registrados en la Caja de Durango (Lacueva, 2010: 237-286).

Los vínculos frágiles en la riqueza indiana: entre los poderes locales y los intereses globales

A lo largo del siglo XVII, la continua guerra económica en que estaba sumida la monarquía católica, sobre todo en el septentrión europeo, permitió que algunos caballeros lograran, gracias a su apoyo económico o con sus armas, consolidar sus servicios y méritos ante los monarcas (Echevarría, 2005: 17-23). La Hacienda Real usaba dichos caudales para hacer frente a los crecientes gastos de la Corona, pero en las dos últimas décadas del reinado de Carlos II la necesidad fue tal que la venalidad se complejizó. Para direccionar mejor el ingreso de esas ventas, la Corona se reservó para sí los nombramientos en Madrid de corregimientos y alcaldías mayores (Moreno, 1976: 215; Andújar, 2019: 332). Además, se ofrecieron en almoneda títulos de nobleza y hábitos de las cuatro órdenes militares, con la debida relajación de las inspecciones (Jiménez, 2017: 57-83; Andújar, 2018: 79-112).

Hasta la década de 1670 el puesto del virrey en Indias siguió otorgándose a miembros de las casas nobles con conexiones en las altas esferas de la política. Pero, en 1678 la Corona les quitó las prerrogativas de poder enajenar en su nombre los oficios de sus reinos. En 1680, con la llegada como primer ministro del duque de Medinaceli, se dan cambios en los procedimientos para designar a los virreyes: prórrogas secretas, venta o beneficio del cargo y, por consecuencia, la llegada de personajes sin experiencia. Además, dentro de sus atribuciones se les permitió beneficiar (vender) doce corregimientos a sus allegados. El nuevo orden lo inauguró el duque de La Palata, en Perú, de quien también se sabe que obtuvo una prórroga secreta (Andújar, 2019: 331-332).

Las prerrogativas en el accionar político de los virreyes derivó, en algunos casos, en una contradicción entre los nombramientos dados por el rey en los oficios más redituables en Indias y los que se hacían por los virreyes (Sanz, 2009: 336-338). El virrey colocaba a sus allegados en puestos de gobernación y corregimientos de importancia, mientras las jurisdicciones y puestos intermedios se vendían al mejor postor. Este accionar implicó que los indianos viajaran en persona, o bajo intermediarios de lo venal, a Madrid para establecer las negociaciones de los oficios. En ese espacio cortesano es muy probable que se tejieran redes clientelares y de negocios entre novohispanos y peruanos, y esto permitiera la configuración de facciones al interior de los espacios económicos. Los donativos al rey para ocupar oficios en Indias podían incidir en los intereses de los virreyes, pues el monarca explicitaba el cargo a ocupar en detrimento de las designaciones del virrey, como fue el caso del corregimiento de Huancavelica. Entonces, ese proceder generó un divorcio entre la administración fiscal y la provincial. Asimismo, el virrey podía cobrar en suelo virreinal una dadiva para que el recién nombrado en la Corte pudiera ocupar su cargo, lo que afectaría a esa facción.

A mediados del siglo XVII, el maestre de campo don Francisco de Rozas y Fernández de Santayana (Santander) fue nombrado superintendente de rentas en Perú. Prontamente, al ocupar su oficio, contrajo nupcias con Luisa Meléndez de la Cueva y Gama, criolla acaudalada, hija de don Luis Meléndez de la Cueva, quien fue gobernador de Huánuco. Al parecer tuvieron seis vástagos^[5] con propensión a los negocios (Sanz, 2009: 252, 254).

Don Rozas ingresó en 1669 al hábito de los caballeros de la orden de Alcántara. Para 1680, el padre y al menos tres hijos se encontraban en Madrid.^[6] Allí entraron en negociación con un agente de la Corte, don Diego de Villatoro, “campeón del beneficio indiano”, quien había obtenido 12 títulos para poder negociar con ellos mediante traspaso, que en realidad era una reventa (Sanz, 2009: 106). Al menos cuatro corregimientos tuvieron que ver con el patriarca Rozas (Moreno, 1976: 227, 235, 238). Villatoro “renunció a una plaza de contador en el Tribunal de Cuentas de Lima, por la que había dado 20.000 escudos, a cambio de los corregimientos de Conchucos, Lucanas, Aymaraz, Chumbibilcas, Lampa y Yauyos para las personas que él designare” (Domínguez, 2010: 179).

Las pretensiones en Madrid de los Rozas se cumplieron para el ocho de julio de 1686, pues se concedió una cédula a favor de don Francisco de Rozas, gracias a un donativo al rey de 28.000 pesos. Así se le acreditaba para ocupar cinco oficios en Perú, que subrogó en sus hijos. Uno de ellos fue para don José de Rozas, en el corregimiento de Jauja, en Perú, que representó 6.000 pesos, estipulando la ya enraizada costumbre que de no ocupar el cargo se reintegrara el numerario a sus herederos o testamentarios.^[7]

El 1 de junio de 1688, don José se presentó ante la Casa de Contratación y exhibió dos cédulas, la primera era la jura a su cargo^[8] y la segunda la licencia para pasar a Indias.^[9] Al día siguiente, se le libraron las autorizaciones correspondientes. Aunque tuvo licencia para ir por Tierra Firme, al final, el ocho de julio de ese año se le autorizó abordar en cualquier navío de azogue para la Nueva España.^[10] El 7 de septiembre de 1688, otro miembro de la familia, igualmente cabecilla del extravío, don Luis de Rozas, dio cuenta de una merced para ocupar el corregimiento de Atacama, por lo que se le otorgó licencia para ir a Indias.^[11] A su regreso al Perú, con los intereses criollos y su red de negocios pudo entrar en conformación de otra facción diferente a la del virrey don Melchor Antonio Portocarrero-Lasso de la Vega y Rojas, conde de Monclova.

El 3 de mayo de 1688, estando a cargo del virreinato novohispano, el conde de Monclova fue designado como virrey del Perú, llevando consigo una cédula secreta de prorroga en el cargo otros tres años, aunque no consta que haya comprado el cargo (Andújar, 2019: 332). Al trasladarse a su nueva plaza, el conde de Monclova se hizo acompañar por sus allegados, uno de ellos fue José de Angulo, quien ya había desempeñado oficio en dos alcaldías mayores novohispanas. El virrey lo colocó en el corregimiento de Huancavelica y su sucesor, el oidor Matías Lagúnez, le acuso de enriquecerse en el oficio por 400.000 pesos, tras numerosas mañas en el manejo de azogue (Jiménez, 2019: 315).

El conde de Monclova fue el virrey que más tiempo desempeñó el cargo en Perú, hasta su muerte en 1705. Aunque se dio un nombramiento para sucederlo, el 13 de febrero de 1696, vía venal, no se concretó. Don Francisco de Villavicencio, primer conde de Cañete, tras ofrecer un donativo de 250.000 pesos, fue nombrado virrey del Perú, aunque sólo logró dar 130.000 pesos y se comprometió a remitir el resto en los primeros galeones (Domínguez, 2010: 183-184). Antes de poder ocupar el cargo falleció el 20 de abril de 1697, en el trayecto entre Acapulco y Paita, junto a miembros de su familia y séquito. Su esposa, doña Nicolasa Rufo de Villavicencio, quedó en la indefensión. La viuda buscó, sin tener éxito, una merced real para que un familiar suyo ocupara el cargo de virrey (Lohmann, 1941: 115-122). De los sobrevivientes que iban al servicio del conde de Cañete sobresale don Pedro de Ampuero, su secretario personal, quien, a dos años de fallecido su empleador, figuró como infractor en el extravío de azogue.

El azogue salió en dos embarcaciones con un tiempo corto entre cada salida.^[12] El San Telmo salió del puerto de Cañete, a cargo de Ampuero, siendo Pedro Baena el maestre y piloto, y Nicolas de Mezas el contramaestre. La intención era introducir el mercurio a la Nueva España, para lo cual no podrían salir ni llegar a puertos habilitados.

En Perú, la demanda del mercurio provocó una confrontación entre las facciones, atentando contra los negocios particulares y trastocando el subsistema económico ilegal. Un posible triunfo de alguna facción se presume tras visualizar los mecanismos que aglutinaban las diferentes coaliciones encaminadas a esos objetivos. en los que emergían otro tipo de lógicas sociales con un perfil empresarial, “pues la acción política se estructuraba sobre una pluralidad de planos conectados por relaciones interpersonales” (Moutoukias, 2018: 146). En ese entramado salen a colación objetivos políticos alternativos, que empujan a reconstruir el contexto relacional y encuadrar los dispositivos institucionales.

En ese sentido, cuando el virrey del Perú se dirigió al rey para dar cuenta de lo acontecido, señaló la gravedad del ilícito, con lo cual se perturbaba el orden político al interior del reino y sus funciones de gobernación. Al mismo tiempo queda patente la importancia de los puertos secundarios para cargar o descargar dentro de la práctica del contrabando:

“…los puertos de Cañete y Lurinchincha sólo son en el nombre que les dan unos pueblos cortos de indios por ser playas abiertas en una misma costa con la corta distancia de menos de diez leguas, y como son playas abiertas para hacer semejante extravío se apartan los bajeles aun de este corto comercio […] este gran delito de que no hay noticia que de muchos años a esta parte se haya cometido aun en menor cantidad de azogues…”^[13]

En el mismo expediente, el conde de Monclova remarcó, con el adjetivo de “codicia” el trastocamiento al contexto normativo de la época. La naturaleza ilegal del actuar y la condición de los cabecillas como oficiales reales se entreveraba con sus estatus de criollos acaudalados que ejercían actividades comerciales personales, lo que les permitió negociar con actores mediadores para movilizar recursos de segundo orden con ánimo de acceder a insumos de primera necesidad, como fueron bienes (barcos) y servicios (transporte):

“…la codicia de los habitantes de ese y este reino es tal que, sin embargo de las ordenes que he dado y del bando que mande publicar, y se remitió al tribunal del consulado de esta ciudad de México y de las exactas diligencias que por el de esta ciudad, y ordenes mías se han ejecutado, no obstante hay noticias de haberse comerciado en ropa, sobre que se está entendiendo incesantemente para castigar a los que se hallaren cómplices en dicho comercio prohibido, siendo tanta la audacia que han llegado a emprender y conseguir los dos extravíos de azogues referidos…”^[14]

En ese sentido, Moutoukias (2018: 45-46), quien retoma el trabajo de Jean Pierre Dedieu, menciona que las convenciones son “una matriz de normas y dispositivos, interdependientes pero también contradictorios entre sí; una matriz implícita, arraigada y compartida, que permitía anticipar el comportamiento de los otros, justificar los propios y darle sentido tanto a lo que se podía ganar o perder, como al objetos de la corporación y la disputa”.

La fractura entre el conde de Monclova y su allegado José Angulo en el corregimiento de Huancavelica se debió a la denuncia que hizo, tras su juicio de residencia, el oidor Lagúnez, rompiendo con ello la composición entre corregidores. Lagúnez era el segundo de la lista de candidatos, lugar que le cedió el oidor Juan de Peñalosa, quien había sido designado en Huancavelica por Carlos II. Angulo tenía bajo sus facultades la administración del azogue, pagar los jornales y el valor del mercurio tasado, además atender los almacenes de gestión virreinal. Para acrecentar sus arcas personales, presionó a los mineros para vender el mineral por debajo de lo establecido y luego ingresarlo a la Caja Real al precio tasado. Asimismo, como traficante de azogue, convirtió su vivienda en almacén libre de cualquier registro que podía ser trasportado por medios oficiales, propios de su cargo. Entonces, al ser denunciado, el conde de Monclova desvió la atención a un ilícito similar que al parecer era habitual en el reino: el extravío de azogue que era remitido a Nueva España (Jiménez, 2019: 287-317). La historiografía ha reiterado cómo estas prácticas son muestra de la corrupción en Perú. No obstante, no es baladí referir cómo este caso puede mostrar las variadas formas de entretejer relaciones clientelares y cómo se activaban a diferentes actores sociales, no siempre voluntariamente, dentro de esta economía ilegal.

Entre el éxito y fracaso de los comisos de Nuestra Señora de la Soledad y San Telmo

Todo comenzó hacia octubre de 1698, cuando Luis de Rozas compró el barco San Telmo a Pedro Baena por 1,500 pesos. Asimismo, dispuso entre ocho y nueve mil pesos para Clemente de Villegas, mayordomo de la ciudad de los Reyes, para contratar a un carpintero para construir 230 cajones de madera con clavos, cintas, cueros, badanas, cuerdas, etcétera. Además, se contempló el pago a peones, arrieros y recuas necesarias.^[15] Villegas dejó al carpintero en la ciudad de los Reyes fabricando las cajas, para conducirlas a la provincia de Jauja, sin ensamblar para no llamar la atención. Su destino era una estancia en Calahoyo, perteneciente a un clérigo entrado en años, don Fernando de Herrera. Luis de Rozas y Pedro de Ampuero se dirigieron a esa provincia reclutando arrieros para el extravío.

El principal cabecilla señalado fue Luis de Rozas quien, como se adelantó, ocupaba el oficio de corregidor de la provincia de Atacama. Los demás fueron: su hermano José de Rozas, corregidor de Jauja; el teniente general de Jauja, Antonio Agüero; Joseph Bazurto, teniente general de Yauyos y, por último, Juan Bautista, quien formó parte de la conducción del extravío.

El 21 de febrero, Martínez Sigüenza informó a Juan Giles Corcuera, corregidor de Yauyos, que el seis o siete de febrero previo iba de paso por el pueblo de Cuinchis cuando se encontró con 20 piaras de mulas cargadas con cajones que parecían llevar plata. Tal número de mulas era llamativo; se enteró que la carga era de tres vizcaínos: Juan Bautista, Juan de Ascarate y Pedro Moreno. Su destino era el puerto Cañete. A su resguardo iban algunos indios peones y cuatro mestizos con espada y escopetas. En el transcurso del camino se cayó un zurrón, al ver cómo lo levantaban notó que se trataba de azogue; más adelante, al caer una mula constató que se trataba de mercurio. Al escuchar, el oficial real reprendió a Martínez por no avisarle antes, pues su teniente le había escrito avisando que acompañaría a unos amigos que bajaban del Cuzco para ir a Cañete. ¡Oh sorpresa! Ante tal hecho, el corregidor mandó llamar a su teniente y le cuestionó si había visto algunas piaras en el camino, a lo que respondió que sólo unas mulas cargadas con tocino.^[16]

Algo estaba mal. El corregidor Juan Giles –¿un insatisfecho?– envió a Martínez con correo para el virrey, dando cuenta del extravío de mercurio.^[17]Desde ese momento, las alarmas sonaron en todos los espacios involucrados a ritmos diferenciados. La situación fue confirmada por don Juan de Urquiza, alcalde de la ciudad de los Reyes, quien dijo haber visto pasar 260 mulas cargadas que iban a Cañete. Al saber del delito, Urquiza reconoció a cinco arrieros que se encontraban en el valle de Pachacamac, a cinco leguas de la ciudad, donde estaban pastando sus mulas. Por lo que los hizo arrestar.^[18]

Sebastián de los Reyes, uno de los reos, declaró que estando en Huancavelica se le acercó Juan Bautista para que le tasara las mulas que tenía de cuatro piaras (40 bestias). El flete sería de plata para ser conducida hasta Cañete y debía acordarlo con Antonio Pastor, así lo hizo por 190 cargas. Se sumaría Juan de Longa (su peón, igualmente preso). Alistaron sus 40 mulas con 80 cajones precintados que se unieron a las de Francisco Sánchez, peón de Antonio Pastor, igualmente preso, quien llevaba a su cargo 100 cajones en sus cinco piaras, sumando 90 cargas en total. En el acto estaban Pedro Moreno y un tal Laredo, secretario de Luis de Rozas. Laredo incorporó diez mulas aparejadas con tocino, quinua y mantenimientos, además, se les incorporaron otras 10 piaras, 100 mulas con 200 cajones. Para ese momento ya sumaban 190 mulas con 380 cajones y zurrones que transportaban 570 quintales de azogue, un quintal y medio por cajón. A la altura de Yauyos se incorporó Pedro Moreno y Juan de Ascarate; además de José Bazurto, teniente general de esa jurisdicción, quien permitió que no se les cuestionara nada en el trayecto del camino Real. Llegando a al portachuelo de Ticllacocha, continuaron a Pariacaca en donde comenzaron a extraviar el camino hacia su lado izquierdo, sobre una quebrada que se decía era sólo para guanacos.

Importante fue la participación de los indios como guías y acondicionando los caminos, aunque lo hicieron de manera coercitiva y con engaños. Juan Longa refirió que Bazurto pidió guías para el extravío de camino a los alcaldes de los pueblos de indios, al ser un oficial real que decía llevar plata del rey no objetaron nada. En el sitio de Aylumbe un peón de Antonio Pastor, de nombre Sebastián, señaló que lo realizado era extravío e iba en contra del rey, por lo que, bajo las órdenes de Bazurto, la guardia lo amarró a una piedra, lo azotaron en las nalgas y lo trasquilaron.^[19]Sin más, continuaron su trayecto y bajaron hasta Cañete por el camino de la Imperial sin que persona alguna preguntara algo hasta llegar a la playa (véase Mapa 1).

Mapa 1
Ruta del extravío de azogue embarcado en San Telmo
Fuente: Con base en Suarez (2001: 210-211). AGI, Escribanía, 187b, núm. 3. Elaboró Carlos Cruz Gómez

En la playa esperaban cinco hombres de los que De los Reyes sólo reconoció a Ampuero a quien había visto antes en las minas de Huancavelica.^[20] Esa noche comenzaron a cargar cajones y zurrones al San Telmo, tardaron día y medio para subir todo; después el navío izó las velas. Para el cinco de marzo ya se habían identificado a Laredo y a Luis de Rozas como los infractores. El virrey peruano dio aviso a su homólogo novohispano mediante una misiva despachada en una embarcación ligera. El barco no debía cargar nada más que los bastimentos necesarios y tenía que volver vacío a la brevedad.

En Perú, el virrey emitió el arresto y secuestro de bienes de los inculpados; en Nueva España, además, el comiso de los navíos y azogue para que entrara todo a la Caja Real. Por tanto, Luis de Rozas tomó lo que pudo, escondió sus bienes, libros de cuentas y papeles, para enclaustrarse en un convento de la ciudad de los Reyes, evitando así ser aprehendido. En la mira estaban el corregidor José de Rozas y su teniente, pero hicieron lo mismo que su hermano: se refugiaron junto con los demás dueños de haciendas en la iglesia con todo lo que pudieron tomar. En la hacienda donde se preparó el extravío, los soldados “hallaron vestigios del azogue derramado en un cuarto y en otro algunas badanas”. Al no encontrar a ningún implicado los soldados tomaron los bienes que pudieron.

En la ciudad de los Reyes, el alcalde de la corte, Juan Urquiza, mandó tomar las confesiones de la gente aprehendida y pregonar el caso a los escribanos públicos y reales para saber las escrituras que tenían los hermanos Rozas y cómplices. Se descubrió una carta por 70.000 pesos, del 25 de septiembre de 1696, que se otorgó a Pedro de la Quintana, quien fue a España. En ese momento las pesquisas habían arrojado 39 inculpados. A los cabecillas se les trató de imponer “pena ordinaria de muerte” por ser delitos de lesa majestad. Aunque según las Leyes de Indias se debía aplicar “perdimento del valor de azogue, y de la mitad de los bienes y destierro perpetuo”. Pero el virrey no quitó el dedo del renglón, insistió en los puntos que habían trasgredido los inculpados, por lo que la sentencia a muerte no se modificó.^[21]

Para tal efecto y por la gravedad del delito se ofreció recompensa por los delincuentes, la más alta, si el denunciante era español o mestizo, era para don Luis de Rozas por 8.000 pesos, seguía su hermano don José por 6.000 pesos y los restantes, 2.000 pesos. En caso de que fueran delatados por indios se les recompensaría con 500 pesos y dejar de tributar de por vida; de ser esclavos libres se acreditarían a 1.000 pesos y, por último, de ser esclavos obtendrían 500 pesos y su libertad. Después de estos hechos, se sabe poco de cada personaje, pero al final los contextos y la cercanía de los Rozas a la Corte y sus agentes permitió que don José esgrimiera sus méritos y servicios a la Corona para solicitar se le nombrase presidente, gobernador y capitán general del reino de Guatemala. Asimismo, en 1701, Luis recibió el hábito de caballero de la orden de Alcántara, en Madrid.^[22]

En el otro extremo del mar, en Acapulco, el 21 de mayo de 1699 fondeó el navío Joseph con el capitán Antonio de Silva, entregó los despachos al virrey conde de Moctezuma, José Sarmiento Valladares, dando cuenta del extravío del azogue. El virrey emitió un mandamiento a todos los oficiales reales en los puertos del Pacífico, para que cualquier embarcación que llegara a sus playas fuera embargada, decomisada su carga, se aprehendieron a sus tripulantes y se hiciera un registro detallado.

El 29 de junio de 1699, don Antonio de Ceballos Villagutiérrez, oficial de la Real Hacienda de Guadalajara, avisó que en la playa de Chamela había fondeado el San Telmo, con 550 quintales de azogue y unos jarrones de cacao, pero que fue muy difícil realizar el mandamiento. Primero, porque era una playa abierta sin población alguna como en toda la costa del distrito y el pueblo más cercano, Tomatan, se encontraba a 14 leguas; segundo, porque la tripulación iba armada y no se contaba con alguna embarcación que pudiera abordarla por la fuerza (véase Mapa 2). Pero se logró:

“…más cuando conozco que lográndose la carga que trae será el total alivio de estos reinos y con especialidad de estas provincias de Galicia y Vizcaya, en que sus súbditos se hayan padecido las calamidades que tan notorias son a V.e. y yo no podre bastantemente ponderar todas motivadas de la falta de que ha habido y del género que trae esta embarcación y que del logro de él se seguirá grandísimo a la Real Hacienda...”^[23]

El 14 de julio de ese año, Ampuero ya se encontraba preso en la ciudad de Guadalajara y se le había despojado de unas cuentas antiguas, correspondencia y borradores. La embarcación quedó asegurada, arrestando igualmente a cuatro españoles y cuatro indios cómplices. El azogue y cacao entraron a los almacenes de la Caja de Guadalajara. Dentro de las cartas incautadas a Ampuero se encontraron dos, la primera, era de la condesa de Cañete al rey pidiendo su auxilio para volver a España; la segunda, de Ampuero al rey lamentando el mal que hizo.^[24]

Mapa 2
Camino de Chamela a Guadalajara
Fuente: Con base en Mapoteca Manuel Orozco y Berra, CGF.JAL.M9.V5.0357. Elaboró Carlos Cruz Gómez

Entre tanto, el alcalde mayor de Jicayán, don Luis Verdugo y Santacruz, dio cuenta al virrey que el seis de febrero fondeó Nuestra Señora de la Soledad en la barra de Monrroy. La información se la hicieron llegar cuatro indios de Potutla, distante dos leguas de la playa y cinco de Jamiltepec (sede de la alcaldía mayor), diciendo que cuatro hombres vestidos de marineros llegaron a tierra diciéndose perdidos y no contaban con agua ni bastimentos. Dos días después, Alonso de Sotomayor, capitán y maestre, se presentó ante Verdugo y le argumentó que su llegada había sido por arribada, resultado de un temporal que los desvió de su derrota, que era de Pisco a Panamá, por ello le pidió licencia para vender 80 botijas de vino y aguardiente, con lo que se podría reparar la fragata y continuar su derrotero. El alcalde mayor envió correo al virrey y dio un plazo de 24 horas para que la embarcación volviera a zarpar dotándolos de maíz y carne para que no existiera pretexto, so pena de 500 pesos; además, no debía fondear en ningún puerto o se incautaría el barco.^[25]

Sotomayor alegó que eso era imposible porque la quilla del barco estaba rota y hacía agua; necesitaba reparación, bastimentos y brea. Ante tales dichos, el alcalde mayor les permitió fondear y resguardarse en un cerro de Chacahua, distante 20 leguas de Jamiltepec. Para tener vigilados a los extraños se ordenó a Pedro Arenas, español que tenía una pesquería en la laguna, que los vigilara y no permitiera que bajaran a tierra. La respuesta del virrey llegó indicaba que debían hacerse las diligencias para saber que no fuera maliciosa la arribada y no trajera oro, plata o mercancías prohibidas.

El justicia mayor se disponía a realizar las diligencias, pero cayó enfermo por lo que la tarea la realizó su teniente general don Diego de Castañeda. El 20 de marzo Castañeda se dirigía a ejecutar su encargo, pero a la altura del rancho de la Virgen, en términos de Tututepec, se encontró con el contramaestre de la Soledad, Bernardo Ramírez, quien refirió que el miércoles previo había salido a tierra junto al capitán y siete marineros en una lancha, pero los tumbos del mar la hicieron zozobrar, ahogándose dos grumetes. Posiblemente fue en esos momentos cuando enterraron el azogue en los mangles de la laguna. Al no tener como regresar a su barco se hicieron de los servicios de una canoa de la pesquería.

El teniente llegó a Chacahua al día siguiente para realizar las pesquisas que se prolongaron un día. Comparecieron cinco marineros: Juan Chunga, indio; Basilio Alonso de la Cruz, indio; Lucas de Rivero, indio, Clemente de Villar; Diego de Villegas, mulato libre. Todos confirmaron lo dicho por su capitán; además, dijeron que, al llegar a Pisco, como era costumbre dejaron la licencia al oficial real del puerto. Acto seguido Castañeda visitó el barco. En cubierta vio algunos cajones, maletas y unas 50 tortillas de maíz que llevaban los indios comarcanos; en la bodega, contó aproximadamente 80 botijas, con algunas de aguada; hizo utilizar las bombas y en el tiempo que trabajaron sacaron agua clara, muestra de la veracidad del daño a la quilla y de la arribada. En la declaración a Arenas, a quien se le encomendó vigilar que no bajaran a tierra, se afirmó en que los marineros no bajaron nada a tierra. El teniente terminó la visita el 24 de marzo.

En el intercambio de correos se le informó a Sotomayor que el virrey daba ocho días para que reparase su barco e izara velas, so pena de lo dispuesto por el alcalde mayor. El 26 de marzo Sotomayor dijo que la reparación del barco seguía inconclusa y debían construir una lancha. Asimismo, aunque obtuvo licencia para vender las botijas, no encontró dónde venderlas; por ello dispuso que el vino y aguardiente se condujeran a Puebla o Oaxaca. La tarea la realizó Francisco Arbizu, que más tarde se descubrió era el dueño del vino y aguardiente. La carga se dividió: 34 botijas a Tututepec para llegar a Puebla, a cargo de Pedro de Echavarría, natural de Navarra, pasajero de oficio viandante (hacía las Indias); 48 siguieron el camino secundario hacia Juquila a cargo de Arbizu, quien al llegar a ese pueblo se adelantó a la ciudad de Antequera. Los marineros, según se refiere, se quedaron en Chacahua (véase Mapa 3).

El seis de junio el virrey informó al rey lo acontecido, al tiempo que remitió el expediente al fiscal de la sala de crimen, don Baltazar de Tovar. Para el 15 de junio el fiscal dio su parecer, cuestionó severamente las diligencias del teniente general advirtiendo que el barco no pudo haber salido sin registro, dudando de la costumbre de dejar la licencia con el oficial del puerto de salida. La corta carga de 80 botijas no justificaba un negocio, por lo que no era creíble, por lo cual se debía mandar al alcalde mayor a pedir el registro, embargar el barco y la carga, y apresar a las personas. Pero al tener noticias del extravío el virrey nombró a don Fernando de la Riva Agüero, oidor de Santafé del nuevo reino de Granada, estante en la ciudad de México.^[26] como juez de comisión para ir a Jicayán. No obstante, Nuestra Señora de la Soledad echó al mar el 18 de abril, dejando en tierra a Arbizu y Echavarría. Del azogue no se sabía nada.

De la Riva salió de la ciudad de México el 16 de junio, con 1,500 pesos que se le asignaron para su comisión. Llegó a Puebla el 19 de ese mes y se dispuso a alistar lo faltante; allí se hizo de los servicios de un escribano y de un alguacil mayor. Su viaje continuó hasta el 12 de julio que llegó al pueblo de Jamiltepec. El 19 de julio remitió el estado del caso al virrey, advirtiendo que el alcalde mayor se afirmó en los dichos que remitió en sus correos. Sin dilación se dispuso a embargar la carga. El 24 de julio las botijas estaban en Jamiltepec y junto a ellas quedó preso Echavarría.

El juez interrogó a Echavarría: quien dijo que el barco salió del puerto de Pisco, que no sabía nada de Lurinchincha y tampoco de la licencia, que no tenía noticia de traer azogue y que sólo vio poco más de 300 botijas grandes llamadas peruleras de vino y aguardiente, más otras 150 botijas de aguada. También señaló a Arbizu como dueño de las botijas, quien entregó un adelanto de dinero a Sotomayor en Perú. Aunque el número de botijas no correspondía con las 80 que dijeron traer al inicio, advirtió que ante el temporal se perdieron algunas junto con unos cajones. Al fondear Arbizu vendió una de vino a 20 pesos y otra de aguardiente en 30 pesos a un clérigo, hermano del beneficiado de Guaxpaltepec. Indicó que regaló una de vino y otra de aceitunas al cura de Tututepec. En su estadía se gastaron 15 más, entre vino y aceitunas; otras cuatro se rompieron al desembarcar y llevarlas a Tututepec. Por último, señaló que entre siete y ocho de aceitunas se pudrieron.

El 20 de julio se tomó la declaración al teniente general de la provincia. El informe presentado por el teniente y contrastado con las diligencias hechas hasta ese momento por De la Riva era contradictorio. Para el juez fue inaceptable que el teniente afirmara en su declaración que no traían mercancías prohibidas y solo se limitara a referir las 80 botijas. El acusado respondió que las contó, pero la bodega estaba oscura y no vio todas. En ese tenor le cuestionó el tiempo entre la arribada y la inspección del barco, dos de febrero y 23 de marzo respectivamente, pues no era posible afirmara que no se descargó nada en ese tiempo, más cuando menciona el hundimiento de la lancha. El juez explicó largamente que todo lo que había referido Castañeda era suficiente para confirmar la arribada maliciosa.

Un día después, De la Riva tomó declaración a Arenas, encargado de vigilar la embarcación. El testigo refirió que en la pesquería que tenía le trabajaban seis vecinos de Tututepec, entre indios, mulatos y mestizos, de los cuales dos de ellos se fueron con la embarcación. Dijo que al día siguiente de fondear sí vio llegar a tierra a unos hombres, aunque el alcalde mayor le dejó la vigilancia del barco no lo hizo judicialmente ni le asignó pago para ello, por lo que no desatendió su pesquería. Asimismo, habló de que el 17 de marzo una lancha zozobró a la entrada del puerto con 36 botijas y que dos marinos se ahogaron, asegurando que lo supo porque se lo contaron. Hasta que llegó la licencia para dejarles vender el vino fue cuando vio descargar 40 botijas mediante una canoa que Arbizu le pidió prestada. Al salir del puerto supo que la embarcación no reparó la quilla y que sólo hicieron un remiendo en un costado, únicamente untaron un poco de cebo. Refirió que no sólo venían marineros sino también 23 pasajeros.

La declaración fue inaceptable para el juez, pues era imposible que con lo referido y la certeza de la salida de Nuestra Señora de la Soledad del puerto de Lurinchinca, sin licencia ni registro y con azogue, no haya visto nada, más cuando desobedeció lo mandado por el alcalde mayor y dejó descargar con el descaro de prestar su canoa para que bajaran las botijas. Ante ello, el alcalde mayor ordenó que se tomara preso a Arenas en la cárcel de Jamiltepec hasta que se determinara otra cosa.

El 25 de julio, el juez siguió recabando testimonios con otros vecinos y estantes españoles, mulatos, indios y una cacica, sin obtener alguna novedad sobre el azogue. Esto le obligó a tomar una segunda declaración a Echavarría, Arenas y Castañeda, pero fue infructífero. El juez tuvo que ampliar sus pesquisas, pero a pesar de todo se seguía sin saber algo del mercurio. En los primeros días de agosto solicitó los testimonios a todos los vecinos de Jamiltepec: españoles, mulatos, mestizos, indios principales y a los del cabildo, excluyó a los indios del común por su ignorancia en el castellano. Prosiguió de misma manera en Tututepec, por ser el pueblo más cercano a Chacahua.

Mientras tanto, el 26 de julio de ese año el juez informó al virrey que el 18 de julio remitió una carta requisitoria al alcalde de la ciudad de Antequera, Pedro Núñez de Villavicencio, para buscar a Arbizu, poniéndolo preso y se le embargaran sus bienes. El alcalde de la ciudad respondió al juez confirmando que el inculpado había sido visto en la ciudad por comerciantes. El dos de julio se supo que volvió a la costa al saber del embargo. El 10 de septiembre el juez decomisó la ropa y bienes de Arbizu que encontró en unas maletas, pues, aunque decía que eran de poca monta, algo valdrían en ese distrito alejado. De la venta se obtuvieron 151 pesos y seis tomines, menos tres pesos para el pregonero.

La carga comisada fue: 122 botijas de vino, vinagre, aguardiente y aceitunas. El 20 de septiembre el juez las remitió a la ciudad de Oaxaca, por un pago de 366 pesos, correspondiente a 61 cargas (se gastaron cinco pesos más para embejucar las botijas), se acopiaron varias mulas de los pueblos vecinos, porque no había arrieros allí, para después salir de Jamiltepec el 21 de ese mes, momento en que el juez mandó a los gobernadores y alcaldes de los pueblos de indios a que acondicionaran los caminos para el recorrido de las botijas y fueran entregadas a Núñez.^[27]

Mapa 3
Camino de Chacahua a Oaxaca
Fuente: Vázquez (2022: 296).

A Oaxaca llegaron 117 botijas que se remataron a favor de don Domingo Somalo, mercader y vecino de Antequera, a 14 pesos cada una, un total de 1.638 pesos. De esa cantidad se pagaría parte del salario del juez comisionado, se descontaron 35 pesos y 4 reales del 2.5 por ciento correspondiente a los portales; 58 pesos del seis por ciento de alcabala y 4 pesos de pregoneros. Quedaron líquidos 1.500 pesos y 4 reales. Al final las pesquisas no dieron frutos. El juez regresó a la ciudad de México a finales de octubre de 1699, dando cuenta al virrey de su infructífero trabajo.

Hasta este punto no se sabía nada del azogue. El virrey mandó carta al rey explicando las diligencias, avisando que remitiría una misiva a todo detalle con la comisión realizada a su homólogo en Perú. La intención era dar con los marineros que habían realizado el viaje en Nuestra Señora de la Soledad y saber qué pasó con el mercurio. La espera rindió frutos, el 26 de octubre de 1700, el conde de Moctezuma escribió al rey para dar cuenta que su par del Perú apresó a dos marineros implicados en el extravío de azogue que llegó a Chacahua: Bernardo Ramírez y José Villegas. Al ser interrogados confesaron que el mercurio fue enterrado en los manglares de esa laguna. Ante tales hechos, el conde de Moctezuma mandó llamar a la ciudad de México al alcalde mayor de Igualapa (provincia vecina a Jicayán), se le explicó el caso y partió a buscar lo enterrado con dos soldados de la guardia del palacio.

Al llegar a Chacahua buscaron los parajes señalados en las declaraciones de los marineros. En el lugar encontraron 13 botijas “llenas de azogue y hasta que se consiga el descubrimiento de todos o de la persona que resultare culpados por haberlos extraído”. El alcalde mayor, con ayuda de los soldados, siguió buscando, hallando pedazos de botijas, tres enteras con algunas badanas podridas y otras dos a la mitad de azogue. Al continuar inspeccionando el sitio “casualmente habiendo abrir poco más adelante, junto a otros mangles, se descubrieron tres botijas peruleras llenas hasta la boca de azogue”. Buscaron en otros sitios señalados por los presos, pero no encontraron más. El sitio no tenía las condiciones de resguardo por lo que buscaron un sitio más idóneo, así llegaron a un jacal que estaba en dirección contraria a donde se hicieron los descubrimientos del mercurio. Se abrió una botija para pesarlo, dando 34 arrobas del mineral. Sin encontrar más cosa informó al virrey y ya no se supo más del caso.

Consideraciones finales

El virrey conde de Monclova denunció el negocio del extravío de azogue buscando desarticular otra facción que traficaba con el mineral, en un momento en el cual pasaba por un punto de tensión en su misma coalición, a partir de los excesos de su cliente Angulo en el corregimiento de Huancavelica. Pero a su vez, ese actuar da cuenta de la importancia de ese negocio que fue visto por sus competidores como una actividad empresarial redituable.

Los hermanos Rozas debieron activar diferentes mecanismos para sortear la sentencia del virrey, como fue ocultar sus bienes y papeles, siendo lo más significativo la salida de la riqueza a la metrópoli, pero al final tuvieron que refugiarse en las iglesias para evitar ser arrestados. No obstante, la alianza temporal con los escaños intermedios no resistió al destronar al grupo dominante. Los vínculos más débiles se rompían al momento de retirarles la protección de los corregidores y caían en los procesos judiciales. La recompensa económica no valió la pena para guardar silencio.

Entonces, para los Rozas pareciera que este resultado significaba su ruina. Lo cierto es que don José logró esquivar de mejor manera el caso. En el Boletín de la AFEHC (2008) se refiere que no se han encontrado indicios de por qué ese personaje se fue de tierras peruanas. En lo que aquí respecta, podemos argumentar que el extravío de azogue le permitió acumular el capital que luego le sirvió para insertarse en la vida cortesana europea. El 6 de marzo de 1700 el rey le otorgó la presidencia de la real audiencia del reino de Guatemala por un periodo de ocho años con un sueldo de 5.000 ducados de plata anuales, por lo que erogó 10.660 ducados de media anata, aunque nunca piso tierra guatemalteca.^[28]

En cuanto a los agentes mediadores, primero, Ampuero no puedo librarse de la cárcel y se limitó a pedir el perdón real, seguramente a causa de su indefensión por la muerte de su empleador. En cuanto a Arbizu y Echavarría no se supo más de ellos. Por su parte, los marineros, al igual que los empresarios del trasporte en Perú, quedaron a su suerte y fueron quienes tuvieron que afrontar el proceso judicial con su estadía en la cárcel. Es necesario resaltar el papel que en ambos lados de la red desempeñaron los pueblos de indios, para fungir como guías, cargar y descargar las mercancías. Al final, el caso de Nuestra Señora de la Soledad marca un rotundo fracaso del contrabando por haberse perdido el azogue tras ser enterrado por no encontrar quien lo introdujera.

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Notas

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