“Un aspecto desolador ofrecía ayer a la mañana el interior de la cárcel de Encausados. Como si se hubiera librado la más cruenta de las batallas, sus pasillos, celdas y oficinas mostraban desgarro, con trozo de colchones colgando de las rejas de las celdas, manchas de sangre en las baldosas, rostros fatigados y tensos en los que se dibujaba el drama de las horas vividas. Y desde allí la lenta recuperación, el pasar lista a los detenidos para saber cuántos y quiénes lograron evadirse. El intentar recomponer algunos muebles y limpiar los restos de los que ya no son útiles. Las horas de la pesadilla han quedado atrás, las autoridades competentes tienen en sus manos la reconstrucción.”[1]

“Recurrimos y apelamos a las autoridades surgidas del Movimiento Justicialista que siempre se caracterizaron por un altísimo espíritu de justicia social para los más necesitados. Igualmente, a la sensibilidad cristiana y humanitaria de los señores gobernantes, que nos brinden una oportunidad de reintegrarnos a la sociedad por medio de una gracia de rebajas general o conmutación de penas.”[2]

“[los presos políticos liberados] integrando una columna dentro de la cual se destacaban jóvenes que cubrían de diversos modos sus rostros y portaban cartelones de organizaciones guerrilleras, se dirigieron a la Casa de Gobierno…. antes de retirarse de la gobernación, en el mástil principal, izaron las banderas del ERP, las FAR y las FAP.”[3]

Introducción

Este artículo tiene por objetivo central indagar, a partir de noticias publicadas en los periódicos de Córdoba La Voz del Interior y Los Principios, sobre el modo en qué se desarrolló el complejo proceso político y social que derivó en mayo de 1973 en la liberación de personas presas en aquella provincia. En particular, examinaremos los desmanes y fugas producidos por la población penada de la Cárcel de Encausados y del Asilo Correccional del Buen Pastor. El trabajo se realiza desde una estrategia metodológica de tipo cualitativa (Marradi et al., 2007) que focaliza en el análisis documental de dos medios de prensa relevantes –en cuanto a su tirada y cobertura– de la provincia de Córdoba.[4]

Las tensiones en torno a la liberación de “presos y presas políticos” en mayo de 1973 han sido largamente abordadas por la historiografía académica, haciendo especial hincapié en la situación vivida en la Cárcel de Villa Devoto (Chama, 2007; Eidelman, 2009; Pous, 2013; D´Antonio y Eidelman, 2016, 2018). También fue objeto de atención por parte de la literatura militante (Bonasso, 1997; Anguita y Caparrós, 1997; De Santis, 2006; Pertot et al., 2007; Abal Medina, 2022); incluso en las novelas (Trotta, 2009) y las fotografías (Sanguinetti, 2013).[5]

Ahora bien, significativamente menos atención se le prestó a lo ocurrido el 25 de mayo de 1973 en otras cárceles federales del país y en los espacios provinciales (Nuñez y Olaeta, 2017). En esa dirección, recientemente, hemos analizado la crítica situación carcelaria y las tensiones entre “presos políticos” y “presos comunes” en el Servicio Correccional Bonaerense (Núñez y Olaeta, 2023)[6].

En esta ocasión, indagaremos sobre la situación vivida en la denominada “provincia montonera” de Córdoba –gobiernos asociados a la Tendencia Revolucionario– (Bonavena, 2009, Servetto, 2010, Antúnez, 2015) al momento de asumir el binomio gubernamental Ricardo Obregón Cano-Atilio López, incorporando además como eje la tensión existente entre las demandas y acciones de los “presos y presas políticos” en relación a los “presos y presas comunes”.[7]

La estructura del artículo es la siguiente: en la primera parte, daremos un breve panorama de la situación política, judicial y penitenciaria en la Argentina de 1973, a través de la prensa gráfica cordobesa. A continuación, nos enfocaremos en el caso cordobés, analizando los sucesos que tuvieron lugar en la Cárcel de Encausados y en el Buen Pastor.

El contexto nacional en 1973: situación política, judicial y penitenciaria

Tengamos presente que el arribo de Cámpora al poder en mayo de 1973 dejaba atrás un período de dieciocho años de proscripción del peronismo y planteaba un nuevo escenario en el que la lucha política se encontraba en su punto más álgido. En esos largos años de prohibición del partido político mayoritario, el contexto social y político mundial –y particularmente el regional de la mano de la revolución cubana– vivió profundas transformaciones. Una serie de hechos ocurridos en el país complejizaban aún más el panorama, como la rebelión obrero-estudiantil que significó el Córdobazo de mayo de 1969, la irrupción de las organizaciones armadas, principalmente Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, y el surgimiento de movimientos sindicales de ideología anticapitalista, opuestos a las estrategias negociadoras del sindicalismo peronista.

Por otro lado, una serie de reformas legislativas impulsaron medidas represivas hacia delitos de connotaciones políticas, incluyendo cambios en la estructura de la justicia penal.[8] En efecto, la ley 19.053 del año 1971 creó la Cámara Federal en lo Penal de la Nación (conocida popularmente como el Camarón o Cámara del Terror) con el objetivo de intervenir en el juzgamiento de toda actividad considerada “subversiva”.[9]

También la agencia penitenciaria tuvo importantes modificaciones producto de la coyuntura política que vivía el país, promulgándose en el año 1967 la ley 17.236 que creó el Servicio Penitenciario Federal (SPF), organismo definido por la misma como “la rama de la administración pública activa destinada a la custodia y guarda de los procesados y a la ejecución de las sanciones penales privativas de libertad”.[10]

Este proceso represivo generó un crecimiento de la población privada de libertad por delitos vinculados a actividades políticas. Si bien no hay datos oficiales ni existe una cifra definitiva sobre la cantidad de presos políticos que pasaron por los establecimientos de detención durante aquellos años,[11] se evidenció un ostensible crecimiento de la población carcelaria de todo el país durante finales de la década del sesenta y principios de los setenta, hasta la asunción de Cámpora al gobierno.[12]

En este marco, los vertiginosos acontecimientos producidos durante el mes de mayo, previos a la asunción de Cámpora, fueron reflejados cotidianamente en la prensa gráfica cordobesa.

Antes de desarrollar este punto, cabe señalar algunas breves características de los dos diarios utilizados en este artículo, que fueron escogidos por la accesibilidad en los repositorios y, especialmente, por ser los dos diarios de mayor tirada de la provincia.

Sobre Los Principios, Clara Iribarne (2013) afirma que fue fundado el 22 de abril de 1894 por Rogelio Martínez –doctor en Medicina, senador y rector de la Universidad Nacional de esa provincia– y la Asociación Católica de Córdoba; su primer director fue el sacerdote Juan Martín Yañiz. El objetivo del diario era propagar la doctrina católica en el terreno religioso, moral, político y material, en conformidad con las decisiones de la Iglesia y dar la disputa con los laicos en el ámbito de la cultura. Los Principios, afirma la autora, fue concebido como un periódico con información política local, nacional e internacional, dirigido por católicos militantes “hacia una comunidad de lectores que desbordaba el círculo exclusivo del militantismo católico, con vistas a conformar una opinión pública permeable a las pautas doctrinarias del clero” (Iribarne, 2013: 4).

En 1916, el diario se convirtió en sociedad anónima quedando la dirección en manos de distintos personajes notables de la vida cordobesa (por ejemplo, Enrique Nores Martínez). Para los años setenta del siglo XX, Los Principios, era un diario consolidado, con un centenar de empleados, una tirada de setenta y cinco mil ejemplares, lo que lo convertía en el segundo diario más leído de la provincia.

Según Iribarne (2013), Los Principios mantuvo a lo largo de su historia –que culminó en 1982– una posición marcadamente antiliberal y antimarxista en lo ideológico, tradicional y clerical en todos los órdenes; que su horizonte de mundo se nutrió de las ideas provenientes de los sectores propietarios agrarios y del desarrollo de profesionales que crecieron al calor del Estado ocupando espacios entre el funcionariado. Asimismo, que los trabajadores de prensa que se desempeñaron en el diario lo definían como “de derecha, oficialista y católico”, y apuntaba a lectores ideales pensados como “cordobeses conservadores, pacatos y bien educados” (Iribarne, 2013: 4). En ese sentido, la autora sostiene que, a través de estrategias discursivas, medios como Los Principios participaron de la radicalización de las derechas que culminó con una salida autoritaria y represiva (Iribarne, 2017).

Por su parte, La Voz del Interior fue fundada el 15 de marzo de 1904 por la iniciativa empresarial de Silvestre Rafael Remonda y el impulso periodístico de Juan Dionisio Naso. Se adoptó ese nombre –señala la propia historia del diario– puesto que quiso ser la voz que habría de hablarle a los argentinos desde la ciudad de Córdoba, corazón geográfico de la República.

Cuando se creó La Voz del Interior, la provincia de Córdoba tenía una población de solo unos miles de personas, era la sede de una de las universidades más antiguas de América Latina y, para mediados de la pasada centuria, tenía un avance sostenido en los campos de la investigación científica y tecnológica y el desarrollo industrial.

El editorial inaugural se denominó ‘La primera palabra’ y afirmaba que “…un diario que escriba en su bandera justicia y verdad como síntesis de su programa y como lema para la lucha, disponiéndose a mantener en alto la pureza de estos principios, tiene derecho a aspirar a un puesto de honor entre los que bregan por el engrandecimiento de la patria”.[13] Cabe señalar que el primer director del diario fue José Dionisio Naso Prado, a quien le sucedieron Francisco Argüello (1905-1906) y Eduardo S. Martín (1906-1918).[14]

A comienzos del mes de mayo de 1973, los diarios analizados daban cuenta de la posible liberación de detenidos anunciada por Arturo Mor Roig, ministro del Interior del gobierno de Lanusse, quien informaba sobre una reunión mantenida entre el presidente de facto (y los jefes militares) con el flamante presidente electo, Cámpora.[15]

Días después, la prensa reflejaba los avances parlamentarios para tratar el proyecto de ley de amnistía, anunciado por Cámpora desde la campaña electoral y apoyado por casi todos los espacios políticos. Se mencionaba que, al día siguiente de la asunción presidencial, el 26 de mayo, se trataría el proyecto en una sesión especial del Senado y que había reuniones entre Raúl Lastiri (titular de la Cámara de Diputados), Alejandro Díaz Bialet (presidente provisional del Senado) y Antonio Tróccoli, de la Unión Cívica Radical, acerca de una “amplia y generosa” amnistía que iría acompañada del indulto presidencial. También se mencionaba el levantamiento del estado de sitio y del estado de emergencia en Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.[16]

Por otra parte, también se informaba que se observaban disputas entre las fuerzas políticas sobre el alcance que debía tener la amnistía. Así, se debatía si debían ser beneficiados los acusados de cometer crímenes, realizar torturas y sometimientos. En esa dirección, la Alianza Popular Revolucionaria (APR), no quería una “ley del olvido”.[17] El proyecto de ley de amnistía estaba muy presente en la opinión pública cordobesa, incluso publicando declaraciones de importantes referentes políticos sobre el asunto. En ese sentido, la prensa mostraba algunas diferencias en torno a la futura norma que era propiciada por el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI). El propio Cámpora sostenía que los beneficios de la amnistía serían generales, sin excluir a sector alguno y que la aplicación se haría a través de la justicia. La Unión Cívica Radical (UCR), a través de Carlos Perette –senador y ex vicepresidente– sostenía que la ley debía analizarse con detenimiento y servir para “la pacificación, hermandad y confraternidad nacional”.[18] Por su parte, Héctor Sandler de la agrupación Unión del Pueblo Argentino (UDELPA, fundada por el ex dictador Pedro Eugenio Aramburu) proponía que se excluyera a militares, policías y funcionarios acusados de torturas, secuestros y otros hechos similares y Humberto Suárez del Movimiento Popular Rionegrino (MPR), pedía que se excluyese a terroristas y guerrilleros de los beneficios de la amnistía.

En los días previos a la asunción de Cámpora, los acontecimientos se comienzan a acelerar muy rápidamente y los diarios locales lo reflejan diariamente. Así, se informa que el 18 de mayo se produjo la liberación de cuarenta y siete detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).[19] También, la prensa señalaba que el proyecto que Cámpora enviaría al Parlamento –que constaba de cinco artículos– tendría una aprobación rápida, lo que quedaba expresado en palabras del propio Lastiri cuando afirmó que “es propósito de todos los sectores no hacer discursos, sino una cosa profunda y rápida”.[20]

El 21 de mayo se publicó el inminente cese del estado de sitio que regía desde el 30 de junio de 1969 y que la derogación implicaría la liberación inmediata de setenta personas.[21] Por último, el 24 de mayo, la prensa anunciaba la liberación de medio centenar de personas de la cárcel de Villa Devoto y una veintena del presidio de Rawson y describía las “escenas de júbilo”.[22]

Imagen 1.
Presos políticos esperando la liberación
La Voz del Interior (24 de mayo de 1973).

La asunción victoriosa de Cámpora el 25 de mayo, marcó un drástico cambio en la realidad política nacional, en un contexto de fuertes disputas políticas. Uno de los focos de tensión al momento del traspaso de poder era la situación de los “presos políticos”. Como vimos, Cámpora había prometido en campaña una amplia y generosa amnistía que contaba con gran apoyo parlamentario, pero en el atardecer del 25 de mayo una enorme cantidad de manifestantes, entre los que sobresalían los de Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, se dirigieron a la Cárcel de Villa Devoto, ubicada en la Capital Federal, a pedir la libertad inmediata de los presos por cuestiones políticas de la dictadura de la Revolución Argentina.

Esta tensa situación provocó que el plan inicial de elaborar una ley de amnistía fuera cambiando y ante la presión de los miles de manifestantes ubicados en las afueras del establecimiento carcelario, el Ministro del Interior Esteban Righi decidió la salida masiva de los presos (políticos y muchos comunes). La tensión previa a la liberación y la salida de los presos y presas fue registrada por múltiples fuentes, como las crónicas periodísticas de la época y las de los años siguientes que en general hicieron hincapié en el clima violento que rodeó al acontecimiento.

Imagen 2.
Liberación de los presos en la cárcel de Villa Devoto
Diego Goldberg.[23]

Ahora bien, el acto administrativo por el que se legitimó la medida tomada fue la sanción del decreto n°11 del 26 de mayo de 1973 mediante el cual se indultaba a 372 presos “…en cumplimiento del mandato popular recibido el 11 de marzo último y dadas las características especialísimas del momento que atraviesa el país”. La misma norma enumeraba el nombre de cada uno de los detenidos y detenidas, y bajo qué jurisdicción se encontraban: Maternidad Sarda, 1 detenido; Instituto de Detención de la Capital Federal (Código 1), 180 detenidos; Establecimientos de Gobierno de Córdoba, 13 detenidos; Establecimientos de la Cárcel de Santa Fe, 5 detenidos; Establecimientos de la cárcel de Tucumán, 9 detenidos; Establecimientos de la cárcel de La Plata, 2 detenidos; Unidad N° 2 de Capital Federal (Código 3), 8 detenidos; y a disposición de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación y otros Juzgados, Procesados y Condenados, 154 detenidos.

En el diario católico cordobés Los Principios se refería que entre las personas indultadas se encontraban los principales líderes de la guerrilla urbana, condenados por hechos de violencia desde 1969 hasta la fecha, entre ellos los asesinatos de Pedro Eugenio Aramburu, Oberdan Sallustro (CEO de FIAT) y el General Juan Carlos Sánchez.[24] Finalmente, el 27 de mayo de 1973, se sancionó la ley 20.508 por la que se dictaba una amplia amnistía sobre hechos acaecidos hasta entonces, perpetrados por móviles “políticos, sociales, gremiales o estudiantiles”, incluyendo aquellos incluidos en el marco de las leyes 17.401 y 18.234 de combate al comunismo.

Cabe destacar que el caso puntual de los denominados “presos políticos” no fue el único por el que el gobierno de Cámpora dispuso beneficios a la población privada de libertad. Así, unos meses después, también se dictaron otras normas como los decretos 250 y 293 del 14 de junio de 1973 que permitían la eventual liberación de personas detenidas mediante una conmutación de penas. En los considerandos del decreto se daba cuenta de la reforma humanitaria del sistema carcelario y de la situación de superpoblación existente, así como también se establecía un criterio de reducción en el monto de las condenas de los internos que cumplieran con buena conducta, dejando a criterio del Ministerio de Justicia, a través del SPF, la implementación de la medida.

Si bien lo acontecido en la Ciudad de Buenos Aires se llevó el principal foco de atención en la opinión pública nacional, la liberación de personas privadas de libertad también ocurrió en otras cárceles federales y en varias prisiones provinciales, pero no existe una copiosa producción bibliográfica al respecto.[25] Cuando ampliamos la mirada más allá del “Devotazo”, observamos en términos generales que también hubo situaciones críticas, de caos, de tensión entre la población penitenciaria y las autoridades e incluso entre los “presos comunes” y los “presos políticos”, pero que, en definitiva, se terminaron resolviendo por los canales institucionales.

Toca analizar ahora la situación vivida en la provincia de Córdoba, lo que fue reflejado detalladamente en la prensa local.

La situación política en Córdoba en 1973

El 11 de marzo de 1973 el peronismo arrasó en la elección presidencial y casi en la totalidad de las gobernaciones. En Córdoba, la fórmula del FREJULI, integrada por el binomio Ricardo Obregón Cano[26]-Atilio López,[27] obtuvo 504.786 votos, seguido por la Unión Cívica Radical, con la fórmula Víctor Martínez-Felipe Celli, que logró 493.683.[28] Muy atrás quedaron el resto de las fuerzas políticas, lo que demostraba la fuerte polarización existente, que contrastaba con el panorama a nivel nacional (Di Palma, 2014). De acuerdo al sistema electoral ideado por Lanusse, debió realizarse una segunda vuelta, puesto que la fuerza ganadora no había logrado la mayoría absoluta. Así, el 15 de abril se realizó la compulsa entre las dos fórmulas más votadas anteriormente y esta vez ganó el FREJULI por simple mayoría (obtuvo 608.826 sufragios y la UCR 522.273 votos).

El caso de la provincia de Córdoba, como el de otras provincias, mostró los problemas organizativos del peronismo de le época y las profundas grietas internas existentes (Antúnez, 2015). Así, poniendo de relieve los matices de una época particularmente compleja, Antúnez plantea que los cinco gobiernos provinciales asociados a la Tendencia Revolucionaria, se vieron condicionados por una disputa discursiva que necesitaba de una lucha por el poder y las prácticas de poder que requerían de un discurso legitimante. Por su parte, Bonavena matiza el grado de influencia de Montoneros en esos gobiernos provinciales, puesto que ninguno de esos gobernadores pertenecía directamente a las organizaciones guerrilleras peronistas y su capital político principal era la fidelidad a Juan Domingo Perón (Bonavena, 2009: 164).

Imagen 3.
Córdoba asistió a una jornada jubilosa
Los Principios (27 de mayo de 1973).

Cabe señalar, siguiendo a Iribarne (2013), que en las provincias las fórmulas electorales del peronismo tuvieron una conformación mixta, integrando a los sectores políticos y sindicales en una búsqueda de equilibrio en los espacios de poder de las distintas facciones componentes del movimiento. En Córdoba la situación fue diferente: ni la conducción de la CGT nacional ni sus gremios más cercanos en el orden local, pudieron imponer en la fórmula de gobierno a su candidato, Alejo Simó, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), visualizado por parte de la militancia política como representante de la burocracia sindical peronista. Este fenómeno marcó el contraste con otras provincias con “gobernadores montoneros” (o cercanos a la Tendencia Revolucionaria del Peronismo) como Buenos Aires, Mendoza, Salta y Formosa, donde los vicegobernadores provenían del sindicalismo peronista.[29]

No obstante haber obtenido un importante triunfo electoral, el gobierno de Obregón Cano, tuvo que enfrentar desde el inicio una acción desestabilizadora, proveniente de distintos espacios y con distintas características: el tradicional sindicalismo peronista; sectores del mundo obrero de ideología clasista y combativa; las organizaciones armadas que propiciaban una transformación revolucionaria de la sociedad y finalmente “la oposición de los sectores empresariales, comerciales, agrarios y en general, más conservadores, que sentían amenazados sus intereses y se abroquelaron tras los sectores del peronismo ubicados en la derecha del espectro político (Iribarne, 2013). En este complejo contexto, apenas iniciado su mandato, Obregón Cano tuvo que enfrentarse a una explosiva situación carcelaria.

Cabe señalar que en la ciudad de Córdoba existían tres establecimientos: La Penitenciaría Barrio San Martín; la Cárcel de Encausados y el Asilo Correccional del Buen Pastor y que la población penada total de la provincia en 1972 era de 2.816 personas.

Las prisiones en la provincia de Córdoba: motín y fuga en la Cárcel de Encausados

La situación carcelaria en Córdoba, previa a la asunción de Obregón Cano, estaba atravesada por fuertes tensiones. Así, a principios de mayo de 1973, el diario Los Principios informaba que Carlos López Carusillo –titular de la cartera de Gobierno– había recibido al flamante diputado electo Miguel Ángel Bizzi que entregó un petitorio suscripto por los 1.200 presos de la Cárcel de Encausados “mediante el cual solicitaron la regularización de varias causas pendientes de resolución desde hace un considerable tiempo, como así la intervención al Poder Judicial”.[30] Bizzi –que fue acompañado por otras figuras del peronismo revolucionario cordobés y familiares de los reclusos– reseñó otra serie de irregularidades que se observaban en la mencionada cárcel, ofreciendo su colaboración para el éxito de las gestiones.[31] [32]

La gestión de Bizzi, al parecer, fue exitosa, puesto que unos días después, los reclusos de Encausados suspendieron las medidas de resistencia que habían adoptado, que consistían en negarse a comparecer ante los juzgados de Instrucción y Cámaras del Crimen, hasta no ver satisfechas sus demandas. Al mismo tiempo, afirmaba Los Principios, pusieron en práctica “los procedimientos tendientes a acreditar la mora que atribuyen a la justicia penal, mediante presentaciones escritas en diversos juzgados con el patrocinio de dos abogados”.[33] En ese marco, la Juventud Peronista impulsó un debate público sobre el Poder Judicial “con la participación de múltiples sectores vinculados al quehacer forense”.[34] Esta calma sería la que antecedió al huracán, que se desató apenas asumió Obregón Cano. Al mediodía del 26 de mayo, la Cárcel de Encausados fue tomada por los presos comunes para exigir que el indulto presidencial concedido a los “presos políticos” también los beneficiara. En realidad, la tensión había ido “in crescendo” desde horas de la mañana cuando –señalaba La Voz del Interior– en la puerta de la cárcel se reunió un numeroso grupo de personas “que portaban cartelones y entonaban estribillos diversos y que esperaban la liberación de los presos políticos que se encontraban en el establecimiento…[asimismo] en el interior del penal, quienes iban a ser dejados en libertad esperaban eufóricos el momento”.[35]

Imagen 4.
Copamiento de la cárcel de Encausados
La Voz del Interior (27 de mayo de 1973).

Al ver la alegría de los “políticos”, los “comunes” quisieron ser incluidos en los listados de indultados y el clima se fue complejizando, incentivado por la gran cantidad de familiares de los reclusos y manifestantes agolpados en las puertas del penal con “grandes cartelones e insignias de organizaciones extremistas”.[36] [37]

A las 13 horas del 26 de mayo, la situación tomó una “insólita derivación” cuando el millar de presos comunes alojados en los veinte pabellones de la cárcel se amotinaron. Con púas y otros elementos cortantes, sorprendieron a los guardias que cumplían vigilancia en los pabellones, los redujeron y tomaron como rehenes –también a un periodista que se encontraba allí–. Aprovechando el momento de confusión “un nutrido grupo de delincuentes se dirigió al patio que da a la calle Belgrano haciendo rodar contra el muro una Estanciera del establecimiento. Sobre el rodado colocaron un portón de rejas que había sido arrancado y por sus barrotes ascendían el alto muro”.[38]

Imagen 5.
Detenidos comunes y detenidos políticos
La Voz del Interior (27 de mayo de 1973).

Una vez que trepaban el muro –señalaba la prensa– se arrojaban hacia la calle. Si bien muchos de ellos sufrieron fracturas, “tambaleantes, emprendían la dificultosa huida”.[39] Algunos reclusos lo hicieron apoderándose de un ómnibus de transporte público y otro grupo asaltó a un vecino y le quitó su Peugeot 404. A los pocos minutos, arribaron al lugar efectivos del Batallón Control de Disturbios y numerosos patrulleros del Comando Radioeléctrico quienes rodearon el edificio para evitar que se produjeran nuevas fugas.

Imagen 6.
Recapturan a un penado fugado
Los Principios (27 de mayo de 1973).

Si la situación extramuros era dantesca, peor fue lo que ocurrió en el interior de la cárcel, donde se desató un intenso tiroteo, puesto que los guardias comenzaron a efectuar disparos “que obligaron a replegarse a los amotinados que procuraban llegar a la puerta que separa el interior con el exterior”.[40] Cabe señalar que los reclusos, además de tomar todos los pabellones, coparon varias dependencias como archivo, dirección y administración, a las cuales les prendieron fuego.[41]

Es preciso señalar que las autoridades del penal (el director Claudio Gastaldi, el subdirector Walter Figueroa y el alcaide Conrado Campanussi) ingresaron en varias oportunidades a los pabellones, solicitando a los amotinados que depusieran su actitud. En estas visitas fueron acompañados por periodistas que lograron entrevistar a los reclusos y obtener testimonios de primera mano.

En esta situación de caos y violencia extrema, narraba la prensa acreditada en Encausados, “exactamente a las 13.50 llegó al lugar el senador Norberto Tejada, portando la ley de indulto. Diez minutos después, por el portón de calle Ayacucho, recuperaron su libertad los detenidos políticos que se integraron al grupo de manifestantes y se encolumnaron en caravana hacia la Casa de Gobierno”.[42]

En suma, mientras los presos “políticos” recuperaban la libertad, los “comunes” fueron ferozmente reprimidos con armas de fuego y granadas de gases lacrimógenos y obligados a deponer su actitud.

Imagen 7.
La policía recupera el control en Encausados
Los Principios (27 de mayo de 1973).

Unas horas después, sobre las 17, la situación parecía ir normalizándose. Los reclusos heridos fueron enviados a distintos nosocomios (San Roque y Córdoba) donde se les aplicaron las curaciones y fueron regresados a Encausados.[43] Poco después comenzaron a analizarse los daños en el establecimiento: destrucción total de la administración y dirección y “también resultaron consumidos por el fuego los cheques para el pago a los guardiacárceles de la diferencia de sueldos que los benefició cuando en marzo sus salarios fueron equiparados a los de la policía”.[44]

Por la noche, la situación volvió a agravarse, cuando se produjo un nuevo motín y los reclusos “efectuaron un cortocircuito en la instalación eléctrica y dejaron el penal a oscuras. Todo el establecimiento a excepción de las salas externas de guardia y los puestos de vigilancia sobre los muros, se encontraban copados. Una hora después se restableció el servicio eléctrico”.[45]

Según declaraciones a los medios, el gobierno y las autoridades de Encausados temían una fuga masiva de los reclusos “comunes”, puesto que en los talleres se habían apoderado de “todo tipo de herramientas y era fácil advertir por el ruido que trabajaban en conjunto en la construcción de túneles”.[46] Teniendo en cuenta la cantidad de hombres que había allí y los elementos con que contaban –carretillas, palas, picos, etc.– “en dos horas pueden construir un pasadizo que los comunique con el exterior. Por tal motivo se habían multiplicado las guardias en las calles adyacentes y se advertía a los vecinos sobre las posibilidades de que algún túnel fuera a desembocar en alguna vivienda. [47] [48] Así, la prensa señalaba que “…la situación era realmente dramática”.[49] [50]

Imagen 8.
El túnel realizado para intentar fugarse
Los Principios (28 de mayo de 1973).

Luego de una noche de extrema tensión, a la mañana del 27 de mayo, la situación fue, ahora sí, normalizándose. Los presos –informaba Los Principios– solicitaron una entrevista con las autoridades de la Cárcel, con la presencia del Juez de Instrucción, doctor Eliseo Videla y del Subdirector de Establecimientos Carcelarios de la Provincia, mayor Agustín Boru, el subjefe de Policía, el titular de la seccional 10° y otros funcionarios.

La entrevista entre las autoridades y los representantes de los penados tuvo lugar en la guardia externa “mientras que el resto, en número aproximado de mil, accedieron a salir del edificio y permanecer en el patio principal”.[51]

Imagen 9
Autoridades de la cárcel con la prensa
Los Principios (28 de mayo de 1973).

Los reclusos manifestaron que depondrían su actitud únicamente si se les permitía conversar con los periodistas que se encontraban en el penal y el juez autorizaba la difusión de un comunicado. “El magistrado –apuntaba la prensa– como el director de la cárcel accedieron a ello, con lo que quedó superado este conflicto que se suma a los graves problemas que deberá afrontar el gobierno constitucional”.[52]

En el comunicado, los reclusos explicaron las causas del levantamiento, vinculado con la lentitud de los procesos judiciales y apuntaron específicamente contra los jueces de Instrucción “…que han venido no solo tratando mal a los detenidos, sino que han continuado burlando las disposiciones del Código de Procedimiento Penal y pretendiendo hacerles firmar autos de prisión preventiva con fechas anteriores, para evitarse las sanciones, por retardo de justicia.[53]

Esta actitud la consideraban “insoportable”, resaltado que nadie los había escuchado, incluso el flamante gobernador Obregón Cano, al cual le habían solicitado que interviniese el Poder Judicial puesto que “obra con una impunidad incalificable”. Sin embargo, los presos manifestaron que la respuesta del gobernador fue “liberar a los guerrilleros, lo que ha colmado la indignación del proceso, ya que, si bien ellos lucharon por un ideal, muchos de los que aquí se encuentran han incurrido en delitos mucho menos graves impulsados por la situación económica general.[54]

Al finalizar la reunión, las autoridades procuraron conocer el número exacto de reclusos fugados que estimaban en setenta, entre ellos, “sujetos de suma peligrosidad y de frondosos antecedentes delictuales”.[55] Tarea nada sencilla puesto que –recordemos– el archivo de la cárcel había sido arrasado por el fuego. También estimaron que los daños materiales ascendían a la suma de 100 millones de pesos moneda nacional y que Encausados “deberá ser reconstruido, ya que no quedan puertas ni rejas, sin haber sido vencidas, deterioros en las oficinas, economato, archivo, dirección, alcaidía, conserjería y parte de la enfermería”.[56]

En los días siguientes, hubo un nuevo intento de fuga en Encausados, frustrado por la guardia del penal. Al parecer –señalaba la prensa– un grupo de reclusos atravesó las rejas ubicadas sobre calle Belgrano, que resultaron destruidas durante el amotinamiento “…y pretendió ganar el exterior para darse a la fuga”.[57] [58]

Imagen 10.
El director de la cárcel con la prensa
Los Principios (28 de mayo de 1973).

Horas después de pacificarse la situación en la Cárcel de Encausados, las mujeres presas iniciaron un motín en el Asilo Correccional del Buen Pastor. Toca ahora analizar esta cuestión.

“El ejemplo cundió y llegó al Buen Pastor”: Desmanes en el Asilo Correccional

El diario católico Los Principios afirmaba que la “ola de motines” y los actos de protesta que estaban teniendo lugar en todo el país, habían llegado a la cárcel del Buen Pastor de Córdoba, que alojaba a mujeres delincuentes.

El conflicto se había iniciado pasado el mediodía del 28 de mayo cuando “57 encausadas de las 91 que se encuentran en el lugar, se dieron a la tarea de destruir macetas, muebles y quemar colchones y otros elementos, como una manera de hacerse oír por las autoridades y obtener se preste atención a sus reclamos”.[59]

Al parecer, los desmanes fueron precedidos por un intento de fuga protagonizado por una mujer menor de edad y otras dos procesadas. La frustración del intento y el encierro en un calabozo de la menor –señalaba la crónica– “habrían actuado como elementos que contribuyeron a agitar los ánimos y provocar los acontecimientos narrados en esta crónica”.[60]

Imagen 11.
Desmanes en el Buen Pastor
Los Principios (29 de mayo de 1973).

En ese contexto, un periodista de Los Principios que se apersonó en el lugar pudo entrevistar a las detenidas y dar cuenta de los principales reclamos. Al igual que sucedió con los reclusos de Encausados, el principal pedido era que “la justicia actúe con celeridad, las llame a declarar y se ocupe de ellas con la prontitud que debe tener una buena administración y en atención a los serios problemas familiares que deben afrontar las recluidas en la mayoría de los casos”.[61] También solicitaban atención médica adecuada; el reemplazo de las monjas por personal civil y que el gobernador les otorgase una rebaja o conmutación de penas –como indica una de las citas con las que se inicia este trabajo–.

La prensa también daba cuenta de otros motivos que propiciaron el reclamo. Así, las internas, “entre frases nerviosas y una conversación por momentos deshilvanada”,[62] denunciaron que en las seccionales de Policía los sumariantes les pedían coimas; que las internas menores estaban alojadas junto a las mayores; que les propinaban castigos físicos y que les revisaban la correspondencia permanentemente “y en muchos casos, según quien sea la destinataria, no llegan”.[63]

Menos de dos horas después, “la calma había renacido totalmente en el lugar”,[64] gracias a la rápida presencia de las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial (el subdirector Agustín Borus y Ana María Suárez, asesora letrada) y los Bomberos, que dialogaron con las reclusas. Esto aflojó las tensiones y puso “en evidencia que el ánimo de las amotinadas no iba más allá que el de efectuar un acto de protesta por la situación en que se encuentran”.[65]

La Voz del Interior también cubrió el motín del Buen Pastor y publicó la misiva enviada por las reclusas al gobernador Obregón Cano con una serie de reclamos. Entre éstos, afirmaba el diario

“las internas censuraron unánimemente el sistema penitenciario actual señalando que es menester adecuarlo a la realidad. Sobre el particular agregaron que consideraban que las autoridades debían encargarse de considerar el proyecto sobre colonias integrales de recuperación concebido por el doctor en Filosofía y Antropología ya fallecido, Santiago Peralta”.[66] [67]

Dos días después, se produjo una fuga en el asilo correccional. Fue protagonizada por Noemí Lencinas de Tejeda (acusada por tentativa de robo) y María Liliana Ríos (imputada por hurto simple). En la mañana, ambas reclusas –contaba Los Principios– solicitaron permiso a las celadoras para concurrir a misa y “las autoridades del penal accedieron a ello, ya que a diario varias mujeres hacen ese pedido”.[68] Pero en vez de dirigirse a la capilla, fueron en dirección hacia el piso alto del edificio, para “allí ganar los techos por una claraboya. En sus manos llevaban sogas improvisadas con sábanas y toallas las que descolgaron hacia la calle San Lorenzo, desde el muro exterior, descendiendo por ellas y alejándose del lugar a la carrera”.[69] Aida Pedernera, otra reclusa, quiso “imitar el ejemplo”,[70] pero cayó a tierra y se quebró las piernas.

En suma, los desmanes en el Buen Pastor, fueron rápidamente solucionados a partir de la intervención de distintas autoridades del Servicio Penitenciario de la provincia.

Imagen 12
La prensa analiza los sucesos en el Buen Pastor
Los Principios (31 de mayo de 1973).

A modo de conclusión

Este trabajo aborda un periodo muy complejo de la historia argentina contemporánea: la asunción de Héctor J. Cámpora a la presidencia, el regreso del peronismo al poder y la situación en las cárceles.

Así, a partir de la utilización de la prensa gráfica cordobesa como fuente de indagación –específicamente los diarios Los Principios y La Voz del Interior– observamos, en primer lugar, el modo en que la prensa local describió el contexto en que se produjo la asunción de Cámpora y la liberación de presos políticos. En segundo término, profundizamos en el tratamiento que la prensa cordobesa dio a dos impactantes conflictos carcelarios provinciales: el motín que se produjo en la Cárcel de Encausados y los desmanes en el Asilo Correccional del Buen Pastor.

Desde esta perspectiva, pudimos observar el dispar tratamiento que tuvieron los reclamos de los denominados “presos políticos” en relación a los de los “presos comunes”. Aquellas personas detenidas por razones políticas –fundamentalmente a partir de las mencionadas leyes represivas surgidas a finales de la década del sesenta– formaban parte de un conflicto que excedía lo puramente carcelario y que se relacionaba con la tensa situación socio-política de la época.

El crecimiento de la cantidad de presos políticos en la década del sesenta y principios de los setenta tuvo un fuerte impacto en la agenda política, judicial y penitenciaria argentina, lo que se observa, por ejemplo, en los procesos penales iniciados por delitos de connotaciones políticas o en la facultad de las autoridades penitenciarias de determinar el lugar de detención de estos detenidos. Esto marcaba una clara distinción en relación a lo que ocurría con el preso común que no tenía ningún tipo de tratamiento especial. Pero esta forma diferenciada de ocuparse de las personas privadas de libertad durante el período previo al regreso del peronismo al poder se trasladó, aunque desde una perspectiva diferente, a lo sucedido con la asunción de Cámpora y lo que ocurrió en la provincia de Córdoba.

En ese sentido, una de las características destacadas que tuvo la liberación de “presos políticos” fue la presión de “afuera hacia adentro”, es decir, el impacto que tuvo el reclamo social y política, en particular las manifestaciones callejeras –en las cuales las organizaciones armadas cumplieron un papel importante– que aceleraron un proceso de liberación que ya estaba asegurado a través de una generosa ley de amnistía de inminente promulgación. Por el contrario, las fugas y reclamos generados por personas privadas de libertad por delitos comunes surgieron de “adentro hacia afuera”, es decir a partir de protestas y desmanes provocados por los presos (cárcel de Encausados) y las presas (Asilo Correccional Del Buen Pastor), que no tuvieron la misma resolución.

Otra característica distintiva se relaciona con las motivaciones y apoyos que tuvieron los reclamos de las personas privadas de libertad en aquel particular momento histórico. Mientras que los denominados “presos políticos”, en el marco de un cambio de régimen de gobierno, basaban su protesta en el rechazo a las políticas represivas emprendidas por gobiernos autoritarios y contaban con el apoyo de organizaciones políticas, los denominados “presos comunes”, ponían de relieve problemas estructurales de la justicia penal, como el difícil acceso a la justicia, la deficiente actuación de los magistrados, el desastroso estado de las prisiones o las paupérrimas condiciones de detención.

De esta manera, volver sobre los hechos ocurridos durante mayo del año 1973, nos permite reflexionar, entre otras cuestiones, sobre el particular momento político del país y la vertiginosa forma en que se desencadenó la resolución del problema de los “presos políticos”, pero también nos permite indagar sobre la situación carcelaria existente de una manera más amplia. En ese sentido, a partir de la mirada de la prensa local, pudimos constatar la compleja situación de las personas privadas de libertad en establecimientos cordobeses por delitos comunes y cómo sus reclamos tensionaban con los de los “presos políticos”.

Agradecimientos

Los autores agradecen las sugerencias de los evaluadores anónimos de Prohistoria

Referencias bibliográficas

Abal Medina, J. M. (2022). Conocer a Perón. Destierro y regreso. Editorial Planeta.

Anguita, E. y Caparrós, M. (1997). La voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina. Editorial Norma.

Antúnez, D. (2015). Caras extrañas. La Tendencia Revolucionaria del Peronismo en los gobiernos provinciales (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Cruz y Salta, 1973-1974). Prohistoria.

Baschetti, R. (s/f). Obregón Cano, Ricardo Armando. https://robertobaschetti.com/obregon-cano-ricardo-armando/

Bonavena, P.A. (2009). Guerra contra el campo popular en los 70. Juan Domingo Perón, la depuración ideológica y la ofensiva contra los gobernadores. En I. Izaguirre (Coord.), Lucha de clases, guerra civil y genocidio en la Argentina, 1973-1983: Antecedentes, desarrollo, complicidades (143-228). Eudeba.

Bonasso, M. (1997). El Presidente que no fue. Planeta.

Chama, M. (2007). Movilización y politización: abogados de Buenos Aires entre 1968 y 1973. Historizar el pasado vivo en América Latina, 1-26. https://www.unsam.edu.ar/escuelas/politica/centro_historia_politica/material/Chama.pdf

D‘Antonio, D. y Eidelman, A. (2016). El fuero antisubversivo y los consejos de guerra contra civiles en la Argentina de los años 70. Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, vol. 27, 78-97. https://eial.tau.ac.il/index.php/eial/article/view/1438

D’ Antonio, D. y Eidelman, A. (2018). Poder judicial, represión y violencia política en los 70: la experiencia del Camarón. En D’ Antonio, D. (Comp.) Violencia, espionaje y represión estatal Seis estudios de caso sobre el pasado reciente argentino. Imago Mundi.

De Santis, D. (2006). El Devotazo: un triunfo revolucionario. Centro de Estudiantes de Trabajo Social. https://cefts.wordpress.com/biblioteca-virtual/teoria-del-campo-popular/el-devotazo-un-triunfo-revolucionario/

Di Palma, G. (2014). La política en Córdoba en el periodo 1973-1976: un campo de ensayo para la dictadura militar. El Estado violento en vida de Perón. Revista Escuela de Historia, volumen 13, (1), junio.

Díaz Bessone, R.G. (1988). Guerra revolucionaria en la Argentina. Círculo Militar.

Eidelman, A. (2009). El PRT-ERP y la lucha por la libertad de los presos políticos: 1971-1973. Sociohistórica, (25), 13-39.

Eidelman, A. (2010). El buque-cárcel Granadero y los presos políticos, 1972-1973. VI Jornadas de Sociología, 9 y 10 de diciembre de 2010, UNLP, La Plata, Argentina. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.5135/ev.5135.pdf

Galasso, N. (2005). Los malditos. Hombres y mujeres excluidos de la historia oficial de los argentinos. Ediciones Colihue.

Iribarne, M. C. (2013). Prensa católica y derrumbe institucional en Córdoba (1973-74). XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 2013. https://cdsa.aacademica.org/000-010/800.pdf

Iribarne, M.C. (2017). El diario del Arzobispado en la Córdoba peronista. De la victoria electoral al golpe de 1976. Córdoba. UNC.

Marradi, A.; Archenti, N. y Piovani, J. I. (2007). Metodología de las Ciencias Sociales. Emecé Editores.

Nievas, F. (2000). Cara y ceca. Las tomas de Medios de Difusión Masiva durante el gobierno de Cámpora. Dossier: CICSO: Marxismo, Historia y Ciencias Sociales en la Argentina. Razón y Revolución, (6), otoño.

Núñez, J. y Olaeta, H. (2023). La gestión de Roberto Pettinato en las cárceles bonaerenses (Junio-Agosto 1973). Revista de Historia del Derecho. [en prensa].

Nuñez, J. y Olaeta, H. (2017). ¿Se vaciaron las cárceles? La asunción de Héctor J. Cámpora el 25 de mayo de 1973 y la situación de las prisiones en las provincias argentinas. Todo es Historia, (604), 6-25.

Pertot, W.; Garaño, S.; Calveiro, P. y Daroqui, A. (2007). Detenidos- aparecidos.Presas y presos políticos desde Trelew a la dictadura. Biblos.

Pous, F. (2013). Los intervalos carcelarios. Apuntes desplazados de la liberación de presos y presas políticas en el Devotazo. Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX, 4(4) https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5656897

Sarrabayrouse Oliveira, M. J. y Villalta, C. (2004). De “menores” al “Camarón”: itinerarios, continuidades y alianzas en el Poder Judicial. Ponencia, II Jornadas de Investigación en Antropología Social, Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, UBA.

Servetto, A. (2010). 73/76. El gobierno peronista contra las “provincias montoneras”. Siglo XXI Editores.

Trotta, A. (2009). Las luces no alcanzaron. Presos políticos, de Lanusse al Devotazo. Imago Mundi.

Yofré, J. B. (2009). Volver a matar. Los archivos ocultos de la Cámara del Terror (1971-1973). Editorial Sudamericana.

Notas