Introducción

Durante la década de 1880 culmina en Argentina la adeudada formación del Estado Nacional. Este consenso historiográfico gira en torno a la concreción que logra la administración de Julio Argentino Roca, respecto de la centralización de los aparatos de gobierno, el Ejército, la emisión monetaria, y de gobernadores que se alinean bajo la investidura presidencial de una forma más estructurada.

Los reclamos por Malvinas, de esta manera, se presentan dentro de una renovada coyuntura que hasta entonces no se había visto: diplomáticos protestando desde el nuevo Estado argentino.[1] Los novedosos problemas políticos asociados al mantenimiento de la gobernabilidad, la edificación de las instituciones estatales, la selección y elección de los gobernantes, decisiones más claras sobre cómo gobernar, y una aplicación más precisa sobre la Constitución de 1853, operaron como la trama de un proceso que finalizó con una reforma política y el acceso al gobierno de una dirigencia surgida en los márgenes del corazón de la elite, que hasta entonces venía concentrando espacios de poder (Lobato, 2000: 183).

En el epílogo del siglo XIX, este bloque selecto (oligarquía) fue el que ocupó los cargos de gobierno más relevantes, ejerciendo una hegemonía cuyo sostén eran los acuerdos entre diferentes grupos sectoriales, garantizados por el fraude electoral y el control de los nombramientos de los gobernantes, tanto en el nivel provincial como en el nacional (Lobato, 2000: 191). Relacionando estos ejes, lo que se nos presenta es una situación particular donde la contienda por Malvinas estuvo traccionada precisamente por esta clase política. Pero estos reclamos, que se reinician en 1884, tienen como correlato intereses territoriales que se manifiestan en las nuevas marcaciones fronterizas surgidas al calor de la conquista a la Patagonia, los tratados con Chile y la delimitación de los territorios nacionales norteños. Así, la nueva cartografía propuesta por el Instituto Geográfico Argentino (IGA), además de los trazados mencionados, contorneó a las islas Malvinas dentro de los límites argentinos, generando inquietudes en Londres y propiciando una protesta frente al gobierno nacional.

Esto da cuenta de que Gran Bretaña tenía intereses imperiales que chocaban con medidas como la anterior. Malvinas no solo constituía un paso bioceánico y de recalada de barcos que comercializaban guano, lana y otros recursos (Haller, 2020: 327) sino que también formaba parte de un concierto de colonias en manos de Su Majestad Británica (S.M.B). Aquello coincide con las conversaciones desarrolladas alrededor de la Conferencia de Berlín (1884) que tuvo por objetivo definir los territorios coloniales de África, pertenecientes a las metrópolis europeas. Esto se presentó como una instancia que buscó el sostenimiento de las colonias y como factor que nutrió a la hegemonía de cada metrópoli, por lo que ceder ante reclamos de soberanía podía expresarse como un signo de debilidad en el escenario global.

El objetivo del artículo será demostrar cómo las delimitaciones fronterizas que impulsó el roquismo alrededor de Malvinas, generaron conflictos y diferencias con la diplomacia británica, mereciendo un desarrollo sobre el tema.

La construcción del Estado roquista: entre los problemas internos y la política territorial

Previo a que Roca asuma como Presidente, en las postrimerías de 1879, su rol como Ministro de Guerra de Avellaneda fue muy activo. En lo que al tema concierne, la modificación del modus operandi durante la campaña a la Patagonia y los intentos por centralizar las Fuerzas Armadas, de las que Roca poseía un considerable apoyo, fueron ejes importantes para la construcción de su figura. Sin embargo, respecto del último tópico, Roca encontró una oposición no menor en los dirigentes porteños conducidos por Carlos Tejedor. El gobierno de Buenos Aires no veía con buenas intenciones el “centralismo despótico” de la administración estatal por querer dominar la Guardia Nacional, y ante ese clima emergió en el ambiente porteño la idea de convocar ciudadanos para organizarse en batallones y confrontar al gobierno central. El conflicto encontró su punto más álgido el 20 y 21 de junio de 1880, donde las fuerzas nacionales se enfrentaron a las milicias porteñas en los combates de Barracas, Puente Alsina y los Corrales. La victoria fue para un gobierno nacional que, ante su condensación de fuerzas, subordinó al gobierno de Buenos Aires que intentaba continuar con su autonomía (Lobato, 2000: 182).

La búsqueda por concentrar el poder de coerción del Estado y afirmar el papel del ejército regular y el control de la Guardia Nacional a los mandos centrales, quitando a las provincias toda autonomía, construyó una idea de consolidación política en el vértice presidencial y del Estado Nacional, que fue adquiriendo un peso muy significativo con Roca. Tal es así, que apenas asumido, el Congreso por Ley 1.072, del 18 de octubre de 1880 dispuso: “queda prohibido a las autoridades de provincia la formación de cuerpos militares bajo cualquier denominación que sean” (Sábato, 2012: 282). Esto formó parte de un proceso de modernización encarado por el roquismo, a los fines de monopolizar las operaciones castrenses y concentrarlas en las conquistas a la Patagonia, Chaco, y nuclear institucionalmente al territorio.

La capitalización de Buenos Aires también fue un asunto importante para el roquismo. Precisar una capital sirvió para definir la nueva sede del gobierno central y fortalecer su injerencia política en una jurisdicción antes dominada por la dirigencia porteña. Nuevamente por Ley del Congreso, la ciudad de Buenos Aires se convirtió en territorio federal y capital de la República (Sábato, 2012: 284). En términos políticos, con Roca se impone un nuevo régimen que finaliza con la gimnasia partidaria y los atisbos autonomistas, consolidando un aparato estatal que ahora monopoliza el uso de la fuerza. Esto último, es definido o resumido como el cierre de un proceso de crisis orgánica y hegemónica, junto con la consolidación de un bloque histórico (Ansaldi, 1980: 519) en la que el gobierno de Roca logra imponerse definitivamente, sobre toda oposición y conciliar con el conjunto de las oligarquías del interior un vértice político concentrado. La unidad consolidada en 1880, afianzaba y sentaba las bases para un proceso de organización y funcionamiento del Estado. El reordenamiento de los aparatos de gobierno, justicia y represión, a partir de un largo proceso, y al calor de la aparición de nuevas demandas y problemas, fueron redefiniendo las áreas de intervención y la autoridad de esta ingeniería política (Lobato, 2000: 184).

Lo anterior, junto con una aceitada estructura partidaria como el Partido Autonomista Nacional (PAN) brindó facilidades para vehiculizar el armado de una arquitectura institucional, en connivencia con una red de funcionarios que operasen a favor de una centralización fiscal, de las fuerzas de seguridad, y de la reducción de las autonomías provinciales. Las redes políticas asociadas al PAN, dependían fuertemente de las articulaciones forjadas con el poder central, o por relaciones de cercanía que influían a la hora de conformar un gabinete, así como también situaciones de nepotismo. El PAN, para 1880, se había convertido en un partido monopolizador de la administración nacional que básicamente había formulado un unipartidismo eliminando todo tipo de competidor electoral. De esta manera, la forma de participar en política quedaba sujeta al sometimiento u obligatoriedad de negociar con el Partido Autonomista, y en donde el manejo del Estado en sí, era solo para los notables (Botana, 1986: 71).

Entre otros puntos, la administración de Roca estuvo muy atravesada por una perspectiva de expansión y ampliación territorial. Los debates positivistas (en tanto símbolo de la civilización[2]), la centralización o unificación de los Estados (caso Italia,[3] Alemania, México y EEUU[4]) y la necesidad de incorporar tierras al proceso productivo, se presentaron como escalas que abonaron al criterio de preocupación por la dimensión fronteriza, y de un gobierno sólido y consolidado. El desafío de la época fue integrar el territorio y construir una identidad nacional sobre la base del orden y la estabilidad. Gobernar implicaba actos y procedimientos para construir ya sea: instituciones, definir quiénes y con qué normas se gobierna, y con qué reglas se eligen a sus gobernantes, así como las esferas de acción y las jurisdicciones de la Nación y las provincias (Botana, 1986: 41). Tal como patenta Hilda Sábato, Roca había declarado que sus dos mayores preocupaciones se relacionaban con el ejército y las comunicaciones, las cuales se vinculaban con una tercera: el control efectivo del territorio nacional (Sábato, 2012: 291).

En relación con lo anterior, la política patagónica emprendida por Roca poseyó un carácter singular para ese entonces. Si bien hacia la década de 1880 la Cuestión Malvinas no era la principal preocupación de la diplomacia nacional, esto no implicó que el tema haya sido soslayado por completo, o que no estuviera en los considerandos de embajadores u otras personalidades. En esta década, nuestro primer acercamiento en torno al tema lo tenemos precisamente alrededor de uno de los primeros conflictos territoriales que tuvo Julio Roca, que fue la disputa fronteriza con Chile en 1881.

Allí, las negociaciones en torno a los límites andinos, la Patagonia, Tierra del Fuego y el Estrecho de Magallanes, fueron los puntos principales. Sin embargo, los desacuerdos existentes presentaron ciertas tensiones, mostrando a un Roca dispuesto a ir a la guerra (Peterson, 1986: 287). Los eventos finalmente fueron resueltos de forma pacífica con intervención y participación de los embajadores estadounidenses: Thomas A. Osborn y Thomas O. Osborn, de Santiago de Chile y Buenos Aires respectivamente, quienes fungieron como veedores e intermediarios del conflicto (Peterson, 1986: 287). Resaltamos esto, en tanto en el Tratado de Paz con Chile de 1881, el artículo 3 reza: “pertenecen a la República Argentina: la isla de los Estados, e islotes próximamente inmediatos a ésta, y las demás islas que haya sobre el Atlántico al oriente de Tierra del Fuego y costas orientales a la Patagonia” (Orrego Luco, 1902: 49-50). Esto es importante en la medida en que un interlocutor como EEUU avaló dicho Tratado, y por ende, las reservas de soberanía que hacía Argentina de sus islas al este de la Patagonia, entre ellas Malvinas (Kohen y Rodríguez, 2015: 220).[5]

En este sentido, el Estado argentino se encontraba fuertemente abocado a la empresa de definir sus límites fronterizos y cartográficos. Respecto de los conflictos con Chile, en 1879 surgió un diferendo en torno a la jurisdicción de Río Gallegos, en la que el gobierno de Avellaneda, anticipándose a cualquier escalada de conflicto, dispuso la creación de la Subdelegación de Río Gallegos e Islas Malvinas, luego Subprefectura dependiente del Ministerio de Guerra y Marina (Bandieri, 2000: 123) marcando una definición jurisdiccional sobre las regiones en las que Argentina se reservaba para sí con sus prerrogativas de soberanía.

Otro episodio desarrollado previamente, en donde están involucrados EEUU y Gran Bretaña, es en la exposición científica celebrada en Washington el 4 de julio de 1876, con motivo del centenario de la independencia estadounidense. Allí se exhibió un mapa realizado por el científico alemán Richard Napp en su obra Die Argentinische Republik, donde reconoce a las Malvinas como pertenecientes al territorio argentino. A pesar de contar con la presencia de comitivas de treinta y siete países, entre ellos británicos y estadounidenses, no hubo ninguna objeción al mapa de Napp ni de los derechos respectivos a Argentina (Kohen y Rodríguez, 2015: 233). Objeción cartográfica, que como veremos, sí aparecerá en 1884.

Continuando con la política austral emprendida por el gobierno, la decisión de Roca como Ministro de Guerra del Presidente Avellaneda, de abandonar la metodología defensiva para con los pueblos originarios de la Patagonia, y reconvertirla a una ofensiva, con el fin de ocupar tierras y destinarlas a la producción de forrajes de exportación, y cría de ganado ovino (Bandieri, 2000: 129) también se insertó dentro de los márgenes del proyecto roquista sobre la perspectiva austral del territorio. Ello tuvo como objetivo eliminar a la población autóctona y reemplazarla por terratenientes interesados en negocios de exportación, quienes financiaron y colaboraron en la conquista patagónica. En palabras de José Hernández Arregui, se concreta el proceso de acumulación originaria en Argentina, el cual le permitió a Roca conciliar con los terratenientes, y con sectores interesados en la economía capitalista y agro-comercial, la distribución de las tierras australes en pos de ingresar al mercado mundial como un significativo exportador de materias primas y ganado (Hernández Arregui, 2004: 111-113). Lo que se relacionó con un Estado involucrado en garantizar la seguridad jurídica de los terratenientes, la propiedad privada, y el movimiento libre de capitales (Rocchi, 2000: 22).

De este modo, y en referencia al modelo roquista, tal vez tengamos que hablar de un territorialismo oligárquico (o un nacionalismo oligárquico) que expandió sus fronteras y se preocupó por sus límites territoriales a partir de una lógica exclusivista: en tanto eliminó a los indígenas en reemplazo de terratenientes, disputó los derechos por Malvinas mientras realizaba negociados[6] con Gran Bretaña, y se interesó en llegar a la Antártida[7] en tanto ello le permitía codearse en las primeras planas de la ciencia internacional y occidental.

El contexto económico y la política antártico-patagónica (1884-1886)

Previo a introducirnos en las protestas realizadas por el roquismo en el caso Malvinas, será útil exponer el escenario y el marco en el que se intercambiaron los reclamos.[8] Si bien durante los primeros años de su gestión, Roca (1880-1886) había logrado un despliegue económico significativo, ese desarrollo tuvo como consecuencia un endeudamiento y un desfasaje en las cuentas públicas, que conmovió las bases de la economía argentina. Hacia mediados de 1884 y durante 1885, Argentina atravesó un fuerte quiebre financiero donde la atracción de inversiones y entrega de préstamos que estaba absorbiendo el gobierno argentino se detuvo a partir de la incapacidad de pago de intereses y la depreciación de la moneda. Esto operó como freno frente al suministro de oro, o su equivalente en créditos, conllevando a una pérdida de reserva por parte de los bancos, y a suspender el sistema de convertibilidad reemplazándose el sistema bimonetario en papel y metálico por uno nuevo en pesos oro (Cortes Conde, 2000: 496; Gerchunoff, Rocchi y Rossi, 2008: 54). En estas circunstancias, Carlos Pellegrini –en el rol de embajador de las finanzas argentinas– fue enviado a Europa para realizar arreglos con las plazas financieras y banqueras más influyentes. Allí convino un acuerdo en el que el país tomaba un préstamo de £8.400.000, a cambio de no absorber más deuda sin consultar a los banqueros, y depositando parte de los ingresos de la aduana para pagar intereses y amortizaciones del crédito (Ferns, 1966: 403).

Esto tiene interés, a raíz de que la mayor cantidad de estas inversiones y capitales, de índole financiera, ferroviaria y agropecuaria, eran de procedencia británica, como también la enorme cantidad de manufacturas o bienes que el país importaba. Argentina en este punto, estaba muy asociada a “lo inglés”. Sus relaciones con representantes diplomáticos, la recepción de influencias culturales, sus vínculos con agentes británicos, la creciente presencia de inversiones, entre otros tópicos, resultaron significativos en la relación con el Reino Unido (Lanús, 2015: 299). De esta forma, el interrogante suscitado es si la relación mantenida con actores ingleses interfirió en la política diplomática del Estado argentino frente al caso Malvinas.

Al respecto, Vicente Palermo menciona que Roca, en pleno período de la bienvenida por la expansión del capital inglés, reivindicó el derecho argentino sobre las islas. La importante influencia económica y política que Gran Bretaña tenía en la Argentina no impidió mantener abierta la cuestión (Palermo, 2007: 132). En ese sentido, una conclusión posible es que si bien Argentina estaba buscando desarrollar sus fuerzas productivas, acumular capital y fomentar la producción agrícola-ganadera, a partir de la relación con Gran Bretaña (y EEUU), es decir, por quienes deslegitimaron y violentaron los derechos argentinos en Malvinas; la idiosincrasia oligárquica no por ello retrocedió en sus prerrogativas sobre el conflicto. Es decir, el gobierno nacional se dotó de un carácter bifronte donde por un lado reclamó soberanía frente al asunto Malvinas, y por el otro, realizó acuerdos y negociados económicos.

Como complemento, vale incorporar a toda esta trama el nombramiento de Carlos Moyano como gobernador de la provincia de Santa Cruz en noviembre de 1884. Esto tiene injerencia, en tanto por decisión del gobierno nacional la nueva autoridad debía fomentar el poblamiento del territorio patagónico. Ello consistió en convenir arrendamientos provechosos y generar las condiciones para reproducir materialmente las necesidades de los nuevos pobladores. Con la beligerancia existente en la frontera chilena, las tareas emprendidas por Moyano se dificultaron, por lo que el territorio y la población que se presentó como propicia para atraer mano de obra y recursos lanares fue la malvinense precisamente (Canclini, 2000: 244). Bajo este marco, Moyano realizó un viaje a las islas a los fines de entablar contactos y concretar lo anterior. El viaje, según la mirada de Canclini, se presentó como prolífico en tanto el gobernador santacruceño logró comprar un lote de seiscientas ovejas y propiciar el envío de dieciséis familias kelpers para que se radiquen en el continente y se desempeñen en tareas agrarias (Canclini, 2000: 261; Bandieri, 2000: 149). Asimismo, Moyano se casó en septiembre de 1886, con Ethel Turner, sobrina del gobernador colonial de las islas (Erlich, 2015: 78). Las relaciones en el continente llegaron a ser tales, que familias que habían venido de Malvinas como: Wood, Waldron y Greenhilds realizaron un contrato de arrendamiento de 200.000 ha. dando origen posteriormente a lo que fue la firma The Patagonian Sheep Farming Company (Bandieri, 2000: 156; Coronato, 2018: 9). En definitiva, Roca enfatizó en su política meridional,[9] construyendo un hinterland antártico-patagónico involucrando a las islas Malvinas, dentro de su modelo de país. Ese signo, encuentra una síntesis en lo que fue el despliegue de intercambios diplomáticos con Londres por Malvinas, el poblamiento de la Patagonia con kelpers y la promulgación de la Ley 1.532, la cual creaba las actuales provincias de la Patagonia[10] (Bandieri, 2000: 138).

Malvinas en la agenda diplomática. El inicio de las discusiones (1884-1886)

Una primera hipótesis que nos permite avanzar en la idea de un reclamo más continuo y persistente durante la gestión de Roca, luego de treinta y cinco años[11] de congelamiento en el intercambio epistolar con Gran Bretaña por asuntos vinculados al Atlántico Sur, es en la cuestión de la estabilidad que logró para sí el gobierno roquista. Esto es: eliminar las competencias partidarias, a los pueblos originarios, y federalizar el territorio, fungieron como resortes para una paz social que permitieron una estabilidad política para el roquismo (Cattaruzza, 2009: 31). Esta tesitura superaba las limitaciones presentadas desde 1852,[12] en tanto el gobierno de Roca no debía zanjar problemas que fragmentaran energías o impidieran accionar un reclamo sobre Malvinas más ordenado. Esos límites, de esta manera, no se encuentran presentes en el nuevo período, permitiendo avizorar un nuevo escenario en el teatro político nacional.

Habiendo presentado el marco anterior y puntualizando en nuestro caso, el 30 de mayo de 1884, el Ministro de Relaciones Exteriores Francisco Ortiz, envió una misiva al Ministro Plenipotenciario de S.M.B en Buenos Aires, Edmund Monson, notificando que ante los intereses del Estado Nacional por querer definir los renovados límites fronterizos del territorio, consideraba pertinente buscar una solución a la controversia por las islas Malvinas (Kohen y Rodríguez, 2015: 240). Allí, Ortiz adujo que era “una cuestión que podría resolverse con justicia mediante arbitraje”[13] (Hope, 1985: 47). El 28 de julio, Monson contestó a Ortiz notificándole que “el gobierno no podía permitir ninguna infracción de los derechos de soberanía de Su Majestad sobre las Islas Malvinas, y que, en su opinión, nada bueno podría surgir de un intento de reabrir la pregunta”.[14] Ortiz volvió nuevamente sobre el tema, lamentando que el gobierno inglés tuviera una opinión tan decidida. Con fecha 8 de septiembre, mencionaba que “no es una cuestión que pudiera ser pretexto para medidas violentas, pero que la República no podía dejar de considerar a las Islas Malvinas como natural y legalmente suyas; naturalmente en razón de su posición geográfica, y legalmente como parte de la herencia de la madre patria”.[15] El Dr. Ortiz incluso, tomó como recurso el Entendimiento Secreto entre Gran Bretaña y España de 1771, en el que los británicos admitían la soberanía española, cumpliendo posteriormente con el retiro de las islas. Esto sorprendió al Ministro Monson, quien respondió “a menos que hubiera algún nuevo e improbable descubrimiento documental, no había absolutamente ningún pretexto para tal argumento […] el Gobierno de Su Majestad había establecido claramente durante la controversia anterior, que en tal Entendimiento Secreto nunca se había entrado”.[16] En el documento del FO se codifica algo interesante, que es la conclusión a la cual arriba el Ministro británico sobre porqué Argentina tenía estos intereses fronterizos. Con fecha 30 de octubre se observa “el Sr. Monson informó que la única razón que se le presentaba como motivo de esta política extraordinaria era el efecto que la acción del Gobierno podría tener sobre las próximas elecciones presidenciales. Él no atribuyó el paso a ningún impulso externo”.[17] Si bien es interesante la conclusión proselitista, no es lo que traccionó al gobierno de Roca para ejecutar tal acción, dado los intereses territoriales que mencionamos antes. A su vez, la contienda electoral transitaba andariveles de distinto carácter para sospechar que la inclusión de Malvinas en un mapa hubiera sido determinante en la continuidad del PAN en la presidencia.

Más allá de lo anterior, la discusión cobró mayor intensidad cuando el 15 de diciembre de 1884, Edmund Monson envió carta formal a Francisco Ortiz, notificándole de su puesta en conocimiento de que el IGA, por una comisión presidida por el ex Presidente Bartolomé Mitre, y con un presupuesto votado por el Congreso Nacional “ha resuelto incluir como territorio nacional al grupo de islas conocidas por “Falklands”,[18] cuyas islas forman parte de los dominios de la reina, mi augusta soberana” (Muñoz Azpiri, 1966: 205).[19]

De esta comunicación emergen dos cuestiones interesantes. La primera, es que Londres traccionó una respuesta contundente tomando fuertemente en consideración el mapa diseñado por el IGA. Gran Bretaña está en pleno auge de sus intereses coloniales: la invasión a Egipto en 1882, la de Sudán en 1884 (López-Peláez, 2006: 259) y la participación ese mismo año, en la Conferencia de Berlín, donde se propuso la repartición de África y la liberación de los ríos navegables de dicho continente para las metrópolis europeas, coinciden con los deseos del imperio por conservar sus territorios de ultramar y, por no marginar su posición dominante en el sistema internacional a causa de las intervenciones expansionistas de Alemania, Francia y Bélgica (Gentili, 2012: 173).

La segunda cuestión, es que Monson aclara en la carta que toma conocimiento de la situación por medio de “uno o dos diarios de Buenos Aires”, interpelando a Ortiz para obtener una respuesta oficial:

“si bien el Instituto Geográfico no es un departamento del gobierno, en este caso está ocupado con un trabajo que le ha sido encargado por el Congreso; y presumo que el nuevo mapa ha de ser considerado como un mapa oficial nacional […] creo que V.E. lo ha de reputar como cosa muy natural el que tenga yo muchos deseos de conseguir informes autorizados para transmitirlos éstos a mi gobierno sobre si el mapa que está por publicarse será considerado oficial por el gobierno argentino, y sobre si es cierto que dicho mapa comprenderá a las islas Falkland como territorio nacional argentino” (Muñoz Azpiri, 1966: 205).

La respuesta de Ortiz, con fecha el 19 de diciembre de 1884, fue parcial y breve. La misma constó en aclarar dos cuestiones: en primer lugar, que él desconoce (sobre) el mapa en sí, es decir, no lo ha visto todavía. Y en segundo punto, define que el mapa “no alteraría en ningún sentido el estado de la cuestión relativa a la soberanía de las islas Malvinas o de Falkland, pudiendo dar a V.E. la misma contestación con que fue favorecido en 1849” (Muñoz Azpiri, 1966: 206). De la respuesta surge un punto nodal en las discusiones diplomáticas, que es el retorno a la última protesta hecha por Manuel Moreno en 1849.[20] Esa protesta marcaba la imprescriptibilidad del reclamo argentino bajo dos recursos: el primero era que el silencio de esta legación no podía tomarse por confirmación errónea de aserción; y el segundo eje, que la Confederación Argentina nunca había consentido el despojo (Muñoz Azpiri, 1966: 195).

La contestación de Monson del 23 de diciembre mostró insatisfacción. En primer lugar, menciona la existencia de una reunión entre él y Ortiz, el 20 de diciembre, donde parece resolverse el diferendo a partir de una conversación en off entre ambos. Pero la información sobre el financiamiento y el involucramiento del Estado Nacional respecto del IGA seguían estando presentes, y circulando en los pasillos de diarios y ministerios. De esta manera, Monson le resaltó a Ortiz en aquella misiva que:

“en el acta de sesión que celebró ayer el Instituto Geográfico, publicada en “La Tribuna Nacional” de hoy, entre una serie de resoluciones […] encuentro el párrafo siguiente: “6°) El gasto que demande la ejecución de esta resolución, se imputará en la ley que vota fondos para la impresión del atlas de la República”.

“De esta resolución parecería que los mismos miembros del Instituto están bajo la impresión de que el dinero fue votado especialmente para la confección del mapa” (Muñoz Azpiri, 1966: 208).

La respuesta conferida por Ortiz se dio en nochebuena, allí el canciller expresó dos tonalidades. La primera tuvo el carácter de aclararle al Ministro inglés, que el IGA es una sociedad científica que no depende del Estado, por lo tanto no es oficial, y que los sueldos no son abonados por el gobierno, dándole un carácter privado e independiente al organismo. A su vez, aclara que todo mapa emitido por el Instituto debía aprobarse oficialmente, algo que no había acontecido. Párrafo siguiente, Ortiz dejaba marcado algo importante pero ambivalente:

“un mapa no da ni quita derechos, y los que tenga Inglaterra o la República Argentina a las referidas islas no quedarán en ningún caso resueltos porque en un mapa esas islas figuran con tinta azul o encarnada. El medio de dirimir la cuestión pendiente sería tratar directamente el fondo del asunto, y yo me complacería en oír sobre el particular al Sr Ministro, si alguna instrucción tuviera al efecto de su gobierno” (Muñoz Azpiri, 1966: 210).

El tono del mensaje parece dar la impresión de que es una nimiedad el planteo del Ministro inglés por un mapa, y a Ortiz no le parece fructífero dar esa discusión; y el segundo tono, es manifestar que si se debate el tema Malvinas debe hacerse bajo otros parámetros, o debatiendo ejes de tipo jurídico. Párrafo siguiente incluso detalla: “el Sr Ministro debe estar persuadido que el más grande interés de la República es conservar bajo el mejor pie de amistad las relaciones con la Gran Bretaña, sin que pudiera en ningún caso dar ocasión a que ellas se alteren en una discusión amistosa y razonada sobre un punto de derecho internacional, como sería el de la soberanía de las referidas islas” (Muñoz Azpiri, 1966: 210). Acá se justifica nuevamente esa idea de eludir una inquina diplomática como consecuencia de un mapa, y más aún, obstaculizar los vínculos político-económicos existentes entre Gran Bretaña y Argentina. Asimismo, dicho comentario a pesar de mostrar complacencia, no puede ser interpretado como la postura final de la diplomacia nacional en el asunto, dado que Ortiz prosiguió con sus reclamos (y con distintos tonos), al mismo tiempo que para Londres las respuestas resultaban insatisfactorias.

Tal es así, que Monson al no quedar complacido con la contestación, dos días después volvió a ratificar su posición, y el pedido para que el gobierno no oficialice el mapa (e incluso, de que ni siquiera tenga curso paralelo por fuera del Estado)

“el abajo firmado no puede, en vista de las órdenes terminantes que ha recibido del Gobierno de Su Majestad, dejar duda alguna en el espíritu de Su Excelencia, respecto al alcance que aquel atribuiría a la inclusión como Territorio Nacional argentino, en un mapa levantado con la sanción directa, y por cuenta del Congreso Nacional, de un grupo de islas que forman parte de los Dominio de la Corona Británica […] [y] hacer constar la formal protesta que el ministro de Su Majestad hace en contra de tal inclusión o de cualquier decisión que autorice dicha inclusión” (Becerra, 1998: 151-152).[21]

La siguiente respuesta de Ortiz manifestó un cariz distinto al desarrollado. Allí introdujo al Presidente Julio Argentino Roca en la discusión, destacando que: “ha sido bajo los expresados conceptos que el infrascrito ha dado cuenta a S.E. el Sr. Presidente de la República de su enunciada nota y Protesta, que le ha sido dirigida el 27 del pasado por el E.E. y ministro plenipotenciario de Su Majestad Británica, y no obstante la anticipación con que S.E. el Sr. Presidente de la República ha encargado al infrascrito de contestarle expresándole al mismo tiempo los deseos que abriga porque una solución amistosa ponga término a la solución pendiente sobre la soberanía de las Malvinas” (Becerra, 1998: 154). Apartado posterior le aclara a Monson: “tomada en su doble aspecto de forma y de fondo, la protesta es inconsecuente con la historia, con el derecho y con los hechos” (Becerra, 1998: 154). Esta misiva, escrita el 2 de enero de 1885, tuvo una condición singular respecto de los intercambios precedentes. En primer lugar porque Ortiz comenzó a detallar por qué las islas no son británicas, allí puede leerse:

“aun suponiendo que el mapa de que se trata se hubiera ya publicado y contuviera las indicadas islas como parte integrante de la República Argentina, el gobierno de Su Majestad Británica no debería hallar en eso un motivo fundado de protesta desde que esa inclusión no modificaría en nada el estado en que se han considerado siempre las Malvinas, cuya cuestión […] se halla pendiente y sujeta a la solución de los gobiernos” (Becerra, 1998: 155).

Acá se repite nuevamente esta idea de que un mapa “no da ni quita derechos”, y Ortiz le resta peso a la disputa cartográfica. No así a la cuestión política y jurídica donde se nuclean ejes que el Ministro ve como más sólidos, y donde enfatiza más ofensivamente.

“la actual ocupación por Inglaterra data de 1833 en que fue violentamente tomada la Gran Malvina o isla de la Soledad, donde existía una guarnición y una colonia argentina. Esa ocupación agraviante de un territorio donde jamás había existido ningún establecimiento de la Corona británica fue enérgicamente protestada por la legación argentina en Londres, y después de una ilustrada discusión con el gabinete de Su Majestad Británica, la protesta, fundada en títulos que por la emancipación habían retrovertido a la República Argentina, quedó pendiente, lo mismo que la negociación de que había sido objeto. Tal es el estado de la cuestión Malvinas” (Becerra, 1998: 156).

En segundo lugar, Ortiz adjuntó un extenso Memorándum en el que expuso un recorrido histórico que daba cuenta de los primeros avistamientos, desembarcos, las disputas entre Francia, España y Gran Bretaña, la conformación de la Comandancia Político y Militar (adjuntando el decreto que formalizaba la creación de dicho dispositivo administrativo), el atentado de la Lexington, y la usurpación británica.[22] Ese Memorándum, a modo de demostrar los principales puntos por los cuales las Malvinas no son británicas, lo termina diciendo: “es basado en los antecedentes que preceden y en la formal protesta que tiene pendiente según la declaración dada a su representante en Londres, en 1849, que el Gobierno de la República Argentina funda sus indisputables derechos a la soberanía de las Islas Malvinas como parte integrante del territorio nacional” (Becerra, 1998: 175-176).

Hasta este momento, lo que puede observarse es que las inquietudes en torno a un mapa se desplazan definitivamente hacia una disputa histórico-jurídica, y lo que parecía ser una diferencia cartográfica de inmediata resolución, pasa a convertirse en una discusión bilateral más prolongada (y hasta triangular con la participación de EEUU[23]). El 8 de enero de 1885 el Ministro Plenipotenciario británico respondió: “el Gobierno Argentino, cuando el abajo firmado le pidió algunas explicaciones, rehusó afirmar o contradecir esta afirmación, y su actitud a este respecto no deja al abajo firmado otra alternativa que salvaguardar los intereses confiados a su cuidado haciendo una protesta anticipada” (Becerra, 1998: 178). Ejercicio siguiente, Monson cuestionó sucintamente los puntos que Ortiz había hecho mención en el Memorándum, para finalizar:

“el abajo firmado […] pide permiso para manifestar a S.E., que ha encontrado mucho en él a lo cual debe objetar. Pero como la refutación autorizada de muchos puntos esenciales de su contenido sería infinitamente de mayor efecto si viniera directamente del Gobierno de S.M., el abajo firmado no se atreve anticipar, como podría hacerlo muy bien con los documentos que posee, la vindicación detallada de los derechos de la Corona Británica […] el gobierno de S.M. no podía consentir violación alguna de los derechos de soberanía de S.M. sobre las Islas Falkland […] nada bueno resultaría tal vez, de toda tentativa para reabrir la cuestión” (Becerra, 1998: 180-181).

Monson, con esta última respuesta, intentó desactivar la continuidad de los intercambios, en tanto desistió de la idea de exponer los supuestos derechos de la Corona Británica sobre Malvinas, soslayando abrir el expediente diplomático. En este punto, un interrogante que emerge es: ante el feedback existente entre Argentina e Inglaterra en distintos campos políticos y económicos ¿Monson creyó que la diplomacia nacional tendría deferencia para con el tema Malvinas, y aceptaría las demandas exigidas por su persona? Lo cierto es que si fue así, sus resultados no fueron los mejores, dado que Argentina no cedió ni postergó el reclamo frente a las presiones de S.M.B.

Otro eje surgido de la carta de Monson, y que Ortiz contestó en su respuesta del 13 de enero de 1885, es que el diplomático británico supuso que en los intercambios epistolares entre Moreno y Palmerston de 1834, los de Moreno y Aberdeen de 1842, y nuevamente Palmerston en 1849, la cuestión de la soberanía había quedado zanjada. Puntualizando, Ortiz mencionaba: “el abajo firmado se inclina a suponer que S.E. el señor ministro de Su Majestad Británica no tiene conocimiento pleno de aquella correspondencia y es por eso que da un significado erróneo a la respuesta de lord Palmerston, entendiendo […] que la cuestión Malvinas estaba terminada” (Becerra, 1998: 183). De esta forma, Ortiz aclaraba que a raíz del intercambio de 1849 la controversia de soberanía persistía.

Las últimas respuestas de Monson acontecieron el 13 de enero y el 5 de mayo de 1885. En la primera contestación, el Ministro inglés resumió qué se debatió en los intercambios de 1842 y 1849, y presentó como “indudables, los derechos soberanos de la Gran Bretaña, y que no permitirá que ellos sean violados” (Becerra, 1998: 186). En la segunda, Monson mencionó detalles sobre la clarificación acerca de las responsabilidades que le competían o no al Estado argentino respecto de su vinculación con el mapa realizado por el IGA: “S.E. colige de aquella correspondencia que el gobierno argentino desecha toda responsabilidad respecto a dicho mapa” (Muñoz Azpiri, 1966: 240). En síntesis, la evasiva por hallar una vía resolutiva al conflicto, y el enfriamiento y aplazamiento para discutir la controversia de soberanía, fueron las principales estrategias en las que se sostuvo el Reino Unido para abordar la cuestión.

En su última respuesta, Ortiz cercioró la desvinculación entre el IGA y el Estado argentino, y el 7 de mayo expuso: “al acusar recibo de tan interesante comunicación, me es altamente satisfactorio saber que el gobierno de S.M.B. ha considerado aquella obra en el mismo concepto que he tenido el honor de presentarla a V.E. en las comunicaciones aludidas” (Muñoz Azpiri, 1966: 241). Es decir, fundamentalmente dejó expresado que el mapa del IGA no corrió por cuenta ni decisión del gobierno nacional, ratificando lo dicho en su misiva del 24 de diciembre de 1884. Lo que no queda zanjado (y se hará énfasis en los reclamos de 1887) es que la legación inglesa omitió contestar el Memorándum del 2 de enero de 1885, en el que Ortiz demostró los derechos argentinos sobre Malvinas, quedando pendiente una solución sobre la controversia de soberanía.

Para concluir, la gestión diplomática de Roca finalizó con el encuentro entre el Ministro en Inglaterra, Manuel García Aguirre, y Lord Rosebery el 10 de febrero de 1886. Allí se volvió a insistir sobre el Memorándum enviado por Ortiz el 2 de enero de 1885.[24] La decisión del gabinete británico fue intentar dar una respuesta satisfactoria, en la que se indicara que luego de las conversaciones entabladas con Moreno en 1834 y 1842, el caso había quedado cerrado. Dicha conformidad, según los documentos del Foreign Office, se notificó el 6 de agosto de 1886, y Mr Pakenham informó a la Cancillería argentina sobre el cierre de la discusión.[25]

Juárez Celman en el gobierno. Un bienio con dificultades (1886-1888)

Así como sucedió con la gestión de Roca, la de Juárez Celman (1886-1890)[26] no estuvo desligada de vinculaciones con el capital británico. Hilda Sábato expone cómo los recursos y gastos fiscales abocados a los acreedores ingleses se dispararon significativamente durante su mandato, generando una eclosión en la economía argentina. Entre 1886 y 1889 el presupuesto nacional pasó de 63 a 148 millones de pesos, cuyo monto se abocó principalmente al pago de la deuda externa, que iba en alza debido a la afluencia de empréstitos, y a fondos destinados a obras públicas y ferrocarriles de origen inglés. El problema de esto último, fue que el gobierno otorgó concesiones indiscriminadamente a compañías ‘fantasmas’ que improvisaban trazados, no tenían los conocimientos técnicos correspondientes, compraban tierras aledañas a los trazados por bajo costo, y luego recibían la garantía estatal generando una carga fiscal insostenible para el Estado (Sábato, 2012: 313). Estas políticas, interpretadas por aquellas dirigencias como procesos de consolidación del Estado, maduraron en un pacto neocolonial que implicó una división de tareas por la cual los empresarios nativos asumían un papel primordial en el sector de producción y dejaban en manos del capital extranjero el grueso de las actividades de transporte, comercialización y financiación de la producción agraria (Hora, 2015: 97)

Sin embargo, ello no implicó, por lo menos en el plano discursivo, que los dirigentes argentinos no exijan mayor transparencia en estas operaciones a los diplomáticos –y empresarios– británicos. Juárez Celman enarboló en su discurso presidencial de mayo de 1888, un tono crítico respecto del accionar de las compañías ferroviarias inglesas y sobre la entrega de materiales rodantes en malas condiciones:

“podría demostrarse el estado poco satisfactorio de nuestras vías férreas […] el movimiento de los ferrocarriles podría, en todo caso, aumentar considerablemente y dar mayores rendimientos, facilitando, por lo tanto, la rebaja de las tarifas, y disminuyendo los sacrificios del tesoro público […] las empresas cuyas concesiones se hallan favorecidas por la garantía del Estado, tienen deberes para con éste, y los esfuerzos que hicieren para aumentar sus entradas no serían más que actos de honradez para con la entidad protectora de su industria”[27]

Las fricciones alcanzadas sobre el tema fueron tales que George Jenner, Encargado de Negocios británico (quien un mes antes había intercambiado epístolas con el Canciller Quirno Costa por el tema Malvinas) le comunicó el 27 de mayo de 1888 al Marqués de Salisbury, Ministro de Negocios Extranjeros (conocedor también de la situación del Atlántico Sur) que el Presidente Celman había sido muy crítico con los empresarios ingleses, y que varias compañías de trenes británicas estaban abusando de ciertos precios y políticas:

“en el mensaje hay una parte que me parece bien enderezada a hacer reflexionar seriamente a los directores de compañías inglesas dedicadas a prestar servicios ferroviarios en la República Argentina […] He considerado que era mi deber llamar la atención de Vuestra Excelencia sobre este asunto, pues me asisten todas las razones para creer que únicamente en virtud de una acción inmediata y enérgica lograremos mantener nuestra actual posición prominente en la construcción y funcionamiento de los ferrocarriles de este país” (Ferns, 1966: 412).

Si bien el Marqués de Salisbury envió una nota del Foreign Office y un informe sobre la situación inflacionaria de los costos ferroviarios a los directores de las compañías de tren, para suplir estos desequilibrios ante un socio como Argentina, lo cierto es que estos intentos regulatorios fueron parcialmente considerados por los capitalistas ingleses. La fiebre de los rieles era irrefrenable y entraba en consonancia con negociados financieros y especulativos de los cuales los acreedores británicos se beneficiaban, y las deudas de las provincias y el Estado argentino aumentaban (Barry, 2007: 61). Publicado el informe, el Marqués de Salisbury recibió una protesta por parte de Luis Domínguez –Ministro Plenipotenciario en Londres– desencantado por la situación y por la actitud de Jenner, quien había sufrido presiones por grupos de poder ingleses, que operaron para que los emprendimientos ferroviarios sigan su curso (Ferns, 1966: 414). En síntesis, puede advertirse una disputa interna en torno a sectores empresariales británicos que, evitando algún tipo de control, conminaron a los altos diplomáticos en pos de no ver perjudicados la reproducción de sus intereses capitalistas. Y en el reverso, funcionarios argentinos exigiendo resoluciones claras y transparentes respecto de los trazados ferroviarios e inversiones extranjeras, para armonizar y equilibrar estas relaciones comerciales.

Esto es interesante, para observar cómo esa tríada de funcionarios (Domínguez, Salisbury y Jenner) que intervinieron en el conflicto por el asunto Malvinas –lo que será detallado en el próximo apartado– debatieron sobre la política económica –y ferroviaria– de Argentina. Esto lo que cristaliza es la convivencia existente entre una política económica y una diplomática (vinculada al archipiélago) que se presentó en paralelo y atravesó sincrónicamente a los funcionarios responsables. Para la dirigencia argentina, la perspectiva sobre desarrollar el territorio y enhebrar vínculos económico-culturales con Inglaterra, formó parte de un mismo horizonte político, y presentó un cierto marco de situación que impide pensar la hipótesis de que estas dirigencias soslayaron o eludieron entrar en un conflicto con Gran Bretaña relacionado al Atlántico Sur por sus acercamientos comerciales. En síntesis, la conquista de la Patagonia, los reclamos por Malvinas, los intereses antárticos y los vínculos con los ingleses, fueron políticas que estructuraron y conformaron una hoja de ruta durante la gobernación de Julio A. Roca y Miguel Juárez Celman.

“Hoy como antes, el gobierno argentino mantiene su protesta respecto a la ilegítima ocupación”. Los reclamos entre 1886-1888

La administración de Juárez Celman, respecto de los reclamos subsiguientes sobre Malvinas, no fue muy diferente a lo efectuado por su homólogo Julio Argentino Roca. La prosecución en el reclamo expresó una singularidad territorial en el marco de una política patagónica y una dirigencia entrometida coyunturalmente con el asunto. Las fuentes en este punto, exponen una continuidad en la narrativa diplomática, la estrecha distancia temporal con la que se presentaron las misivas, y cómo se instaló en agenda el tema.

1887 fue un año activo para la diplomacia nacional. La presentación de las memorias del Ministerio de Relaciones Exteriores en el Congreso Nacional, exponiendo un balance sobre las discusiones con EEUU por las islas,[28] el envío de un Memorándum, por parte de Vicente Quesada (Ministro en EEUU) a Thomas Bayard (Encargado de Negocios de EEUU) reseñando ampliamente la historia del archipiélago y la defensa de los derechos argentinos,[29] y el 11 de mayo, luego de un pequeño hiato en los intercambios con Inglaterra, el Canciller (y luego Vicepresidente del segundo mandato de Roca) Norberto Quirno Costa, requirió un pronunciamiento del gobierno inglés sobre el tema Malvinas. La primera misiva la envió este último a Luis Domínguez insistiendo sobre el pedido de respuesta de la Cancillería británica por el Memorándum argentino de enero de 1885, frente al silencio inglés, y luego de que Aguirre García interpele a Lord Rosebery en febrero de 1886 (Muñoz Azpiri, 1966: 349).

El 3 de noviembre de 1887, previo a que Domínguez responda a Quirno Costa, el Ministro en Londres exhortó al Marqués de Salisbury para lograr una respuesta sobre el asunto: “el infrascrito viene, pues, a recordar el asunto a V.E. asegurándole que sería sumamente agradable al gobierno que tiene el honor de representar que V.E. lo tomase nuevamente en consideración” (Muñoz Azpiri, 1966: 351). De aquí surgieron dos respuestas británicas consecutivas. La primera fue emitida por el Ministro Plenipotenciario de S.M.B. Mr Pakenham al Ministro de Relaciones Exteriores, Quirno Costa, el 9 de noviembre de 1887. Allí mencionó que García Aguirre fue notificado que luego de los intercambios de 1834 y 1842 para el “gobierno británico la discusión quedaba cerrada” (Muñoz Azpiri, 1966: 353). Párrafos siguientes, hasta con un tono sarcástico, Pakenham alegó “el 6 de agosto di cuenta a mi gobierno de haber llevado a cabo dichas instrucciones. Parece que S.E. el antecesor de V.E. dejó de tomar nota de esta conversación, debido probablemente a los apremios de otros negocios públicos, o bien que el documento se haya extraviado por descuido” (Muñoz Azpiri, 1966: 354).

La segunda respuesta fue brindada por el Marqués de Salisbury a Domínguez, el 14 de noviembre. Allí nuevamente se volvió a insistir con los intercambios de 1834 y 1842, y a ello la diplomacia británica incorporó la fecha del 5 de septiembre de 1887 para mencionar que habían notificado al Ministro de Relaciones Exteriores, Quirno Costa, de lo conversado con Francisco Ortiz en agosto de 1886, acerca de la imposibilidad de reabrir la cuestión vinculada a Malvinas (Muñoz Azpiri, 1966: 352).[30] Es muy interesante cómo Inglaterra retorna constantemente a los intercambios epistolares de 1834 y 1842, sin hacer ninguna mención a otro hecho histórico del pasado que dé cuenta de sus supuestos derechos, marcando la inconsistencia de sus exigencias, y el olvido de un pasado que no lo resignificaban ni tomaban como propio.

En respuesta a ello, Norberto Quirno Costa destinó su misiva del 20 de enero de 1888 a Mr Pakenham, para contrarrestar la tesis británica sobre los intercambios de 1834 y 1842, exponiendo las comunicaciones entre Moreno y Palmerston. Allí adujo que el 31 de julio de 1849, el Ministro Manuel Moreno le envió una epístola a Lord Palmerston notificando que el gobierno argentino nunca había consentido el despojo británico de 1833. Punto siguiente, se menciona la respuesta de Palmerston dando conformidad al recibimiento de la carta de Moreno. De esta forma, Quirno Costa buscaba demostrar que “estos documentos posteriores a los que invoca V.E. demuestran que la discusión no quedó cerrada sino interrumpida en 1842, y que, reabierta en 1849, el ministro secretario de Estado, lord Palmerston, declaró de la manera más formal que ese debate se mantenía en la situación indicada por el representante argentino” (Muñoz Azpiri, 1966: 357). De esta manera, el Canciller disuadía las respuestas británicas que puntualizaban en 1834 y 1842, para incorporar las misivas de 1849, que involucran a Palmerston y Moreno. A su vez, el Ministro expuso seis puntos[31] que consistieron en desmentir la supuesta pertenencia de Gran Bretaña sobre las islas, y otros vinculados a los recurridos por Argentina para justificar su reserva de soberanía:

“Al hacer la precedente exposición no es mi ánimo reseñar todos los antecedentes que justifiquen los derechos argentinos a las precitadas islas desde que ese prolijo detalle consta ya en el memorándum […] El objeto de la mención de documentos y antecedentes traídos especialmente al recuerdo de V.E. es evidenciar que son ellos de un carácter que imposibilita dar por cerrada, en la forma en que se pretende, una discusión de dominio territorial que se funda principalmente en los compromisos ajustados en el siglo anterior, por los soberanos de Inglaterra y España, y en los actos de dominio continuados después por el gobierno argentino” (Muñoz Azpiri, 1966: 358).

Quirno Costa, para finalizar, dejó su postura bien clara cristalizando un tono firme para cerciorar los derechos nacionales sobre el archipiélago:

“hoy como antes, el gobierno argentino mantiene su protesta respecto a la ilegítima ocupación de las islas Malvinas, que no abandona ni abandonará jamás sus derechos a esos territorios y que en todo tiempo, hasta que le sea hecha justicia, los considerará como parte integrante del dominio de la República Argentina, fundado en la prioridad del descubrimiento, en la prioridad de la ocupación, en la posesión iniciada y ejercida, en el reconocimiento tácito y explícito, y en la adquisición por tratado de estos títulos que pertenecían a España” (Muñoz Azpiri, 1966: 359).

Luego de la presentación de Quirno Costa, sucedieron dos respuestas británicas buscando intencionalmente cerrar la discusión. La primera fue provista por Lord Pakenham el 25 de enero de 1888, acusando recibo y remitiendo copia a Londres para su evaluación. Y la segunda respuesta, fue ofrecida por George Jenner el 13 de abril de aquel año, mencionando que “S.M. se niega a entrar a discutir el derecho de S.M. a las islas Falkland, derecho que en el sentir de dicho gobierno no ofrece duda ni dificultad de especie alguna” (Muñoz Azpiri, 1966: 360).

Los cruces epistolares llegaron a su fin el 12 de junio de 1888, con la respuesta brindada por Quirno Costa a George Jenner. En la misiva puede leerse:

“me ha encargado a su vez el Sr. Presidente exprese a S.S. para que se sirva transmitirlo al secretario de Estado de S.M.B. que no obstante la resolución que tiene a bien comunicarle, de negarse a discutir los derechos que pudiera tener a la soberanía de dichas islas, el gobierno de la República no cree comprometidos los suyos por esa declaración ni menos por el silencio que el gobierno inglés guarda ante las indicaciones de someter el asunto a arbitraje hechas por el gobierno argentino, quien mantiene y mantendrá siempre sus derechos a la soberanía de las islas Malvinas de que fue violentamente privado en plena paz” (Muñoz Azpiri, 1966: 361).

Del documento se desprenden dos cuestiones interesantes. La primera es que Juárez Celman, en su cargo como Presidente de la Nación, es incorporado como interlocutor en la comunicación. Y, en segundo lugar, el mapa del IGA deja de estar en disputa en estas conversaciones para transformarse netamente en un debate histórico y jurídico. Al mismo tiempo, puede consignarse que la Respuesta de Moreno a Palmerston del 31 de julio de 1849 se transforma, para la diplomacia del ‘80, en un recurso incontrovertible que denota la imprescriptibilidad del reclamo soberano frente a Gran Bretaña, es decir, es uno de los pilares en lo que se sostienen los funcionarios argentinos para afrontar la discusión. Otro recurso fue el Memorándum realizado por Ortiz el 2 de enero de 1885, el cual se convirtió en una pieza fundamental para la diplomacia nacional en el devenir del reclamo, y en un documento que nunca fue respondido formalmente por Gran Bretaña.

Conclusiones

A lo largo del trabajo se han podido colegir tres principios. En primer lugar, cómo lo cartográfico operó como un eje principal y detonante en la discusión diplomática. En este punto, fue en lo figurativo y en la retórica simbólica, en connivencia con la construcción de sentido a partir de mapas, donde confrontaron los intereses de ambos (Hartlich, 2019: 21). Esta descripción, encuentra anclaje en la medida en que Inglaterra cuestionó el mapa producido por el IGA que incluía a Malvinas. Ese reclamo, para Londres, tuvo asidero en dos escalas, la primera se propuso contrarrestar la tesis argentina de su pertenencia sobre los derechos en las islas (y espacios marítimos circundantes), haciendo que la discusión de lo visual y del espacio, operen como ordenadores de la geopolítica y de supresión de la alteridad (Aguer, 2014: 21). Y la segunda, fortalecer la imagen regia victoriana en un contexto de sostenimiento y profundización del sistema colonial.

Un segundo elemento fue cómo alrededor del roquismo se gestó una política internacional singular vinculada a Malvinas, que no compartió lineamientos, o se alejó de lo realizado por sus predecesores (desde 1852). En este punto, una posible categoría a utilizar para con la gestión, es la de un territorialismo oligárquico, en tanto la dirigencia que encaró el proceso de expansión de tierras patagónicas, expediciones a la Antártida, y disputas diplomáticas con Gran Bretaña por Malvinas tuvo esta condición: ampliar y proteger las fronteras con una conciencia surgida desde el seno de una élite de notables. A su vez, fue una clase política que, interesada en sus negociados o influenciada por la creencia de que las relaciones con el capital británico (y occidental) eran las más prósperas, motorizó un reclamo por Malvinas que alcanzó una cierta intensidad, poniendo en colisión a un marco teórico y diplomático de tipo ideal sobre la narrativa de soberanía.

Por último, a lo largo de los intercambios epistolares el discurso nacional pasó de ser un conflicto por la delimitación de límites fronterizos a conversaciones vinculadas por la disputa de soberanía en otras escalas. Ello implicó dos cuestiones, la primera fue la salida de una discusión cartográfica que, jalonada por Ortiz, buscó incorporar en su Memorándum los avales histórico-jurídicos y discutir soberanía sobre esos últimos ejes. Y la segunda cuestión, fue la formación de un elenco de diplomáticos que, empeñados en ponerse al corriente sobre un tema en un momento que no parecía sugerirlo, dejaron sobre ello una huella en la disputa sobre la controversia de soberanía por Malvinas que merece una profundización.

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Notas