I. Trazar un recorrido de la historiografía política del siglo XIX argentino de la última década constituye un ejercicio intelectual estimulante. Sobre todo, porque permite apreciar la delimitación de un campo propio, provisto de problemas específicos y una caja de herramientas relativamente compartida por quienes practicamos la historia política del siglo XIX argentino que no perdió de vista el diálogo con la historiografía internacional y enfatizó la dimensión heurística mediante información básica poco explorada o ya conocida que fueron reinterpretadas. Con el fin de ser sintética y no abundar en aspectos que ya han sido sistematizados en otros artículos y ensayos (Sabato 2014, 2020; Miguez, 2012), puntualizaré algunos nudos en los que reposó la producción historiográfica la cual, vale agregar, no modificó del todo los interrogantes que vienen vitalizando el campo desde la recuperación democrática y la institucionalización de la disciplina acompasada por la multiplicación de grupos de investigación radicados en universidades e institutos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la edición de revistas y los incentivos públicos o estatales que mediante becas y subsidios estimularon la reunión de investigadores y becarios alrededor de cuestionarios comunes. Un tejido institucional y de intercambio académico valioso y plural que permitió soportar la clausura de la sociabilidad previa a la crisis sanitaria que bloqueó servicios de archivos y bibliotecas, el soporte material del oficio que cultivamos.

Un primer rasgo resalta la consolidación de campos específicos en diálogo o en polémica con las periodizaciones clásicas, y la transferencia de conceptos y enfoques ligados a los diversos “giros” que concurrieron en la operación historiográfica que incluye, como bien sabemos, el diálogo con la historia intelectual, la historia cultural y de la religión, la historia crítica del derecho, la historia social de las instituciones y de la justicia, y los estudios subalternos. A su vez, cada segmento del proceso político disparado con la revolución y la invención de la política resultó escrutado mediante un “juego de escalas” (esa categoría acuñada por Jacques Revel ya naturalizada) en el que concurrieron la escala imperial o atlántica, el enfoque biográfico (individual o colectivo) y el examen de unidades políticas recortadas en provincias, ciudades o pueblos que sirvieron para explorar y documentar especificidades y establecer contrapuntos intra e interprovinciales o regionales. Así también, el interés por develar aspectos cruciales de la vida política se vio acompañado por la entronización del actor y las prácticas sociales, imantado por la crisis de modelos macroexplicativos, que impulsaron análisis empíricos de “relación” orientados a conciliar el plano normativo-legal-constitucional con el desempeño práctico de cada porción de poder examinado de acuerdo con los estadios organizacionales en momentos y lugares específicos (Alonso y Bragoni, 2015).

Con ello, la historiografía política reciente dotó de mayor firmeza nuevas narrativas sobre los orígenes y construcción del estado-nación al ofrecer nuevas evidencias e interpretaciones de una experiencia histórica común y distinta atendiendo a sus variaciones en el tiempo. Un proceso dirimido por la proliferación de centros y periferias que aspiraban a anclar la nueva unidad en jurisdicciones, territorios, pueblos o patrias multiplicadas por las guerras revolucionarias.

He organizado esta reseña en torno a tres familias de problemas de las que trazaré notas sueltas de las novedades habidas en la última década. Un repaso que naturalmente tiene en cuenta mi propia experimentación sobre el siglo XIX político argentino en diálogo con la historiografía reciente.

II. La primera selección destaca el examen de las concepciones y formas de gestionar el poder como la naturaleza de los vínculos que aspiraron a fundar las bases constitucionales de la nación declarada libre de España en 1816. Dichos problemas y temas ocuparon un lugar prioritario en virtud de estímulos muy variados no ligados necesariamente al momento de los bicentenarios de las revoluciones de independencia, sino que estaba presente en la influyente obra de Tulio Halperin Donghi.^[1] Aun así, el denso e impecable repertorio de estudios compuestos en base a textos constitucionales, reglamentos, estatutos, proclamas, manifiestos y exponentes de la prensa periódica fueron puestos a prueba para restituir e interpretar ideas, lenguajes y formas de pensar la soberanía y sus implicancias en las controversias sobre las formas de gobierno e ingenierías institucionales que tramitaron el pasaje entre la antigua y la nueva representación. Así como la biografía de Juan José Castelli puso en escena la cadencia de las modulaciones e interpretaciones territoriales en la breve aunque radical experiencia revolucionaria en el espacio virreinal (Wasserman, 2011), la de Mariano Moreno, restituida por Noemí Goldman, constituye una biografía intelectual ejemplar del modo en que el tribuno de la revolución leyó, tradujo y fundamentó el principio de legitimidad para la reunión de un “congreso nacional” que prometía fundar las bases constitucionales del nuevo poder (Goldman 2016). Un libro que, fiel a su época, no dejó de incluir un espléndido epílogo que dotó de voz a Guadalupe Cuenca, la esposa sufriente del secretario de la Junta que exhibe el modo en que la faccionalización y la derrota política había desviado el plan meritocrático y familiar del joven abogado egresado de Chuquisaca conduciéndola a solicitar una pensión al gobierno por los servicios de su marido a la revolución. Una iniciativa, o si se quiere “agencia” de la viuda enancado en las prácticas judiciales del antiguo régimen pero que fue regulada por las autoridades para compensar los servicios patrióticos de los maridos e hijos de las mujeres pobres porteñas después de 1852 (Pita, 2020).

Unidad o Unión constituyó una noción clave del vocabulario de San Martin en su periplo americano que no había sido atendido lo suficiente hasta que Nora Souto restituyó sus usos y sentidos entre 1808 y 1827. Se trata de una periodización oportuna porque permite apreciar giros y continuidades de sus usos y mejorar la comprensión de la idea de nación que estuvo en juego antes y después de la crisis de 1820 (Souto, 2017). Una noción no necesariamente de estirpe romántica, pero convertida en reserva de experiencia para la reunión del congreso constituyente de 1824 que vertebró cada modelaje provincial en “repúblicas” ante el rechazo del régimen de unidad prescripto en la frustrada constitución de 1826 (Caula y Ternavasio, 2020). Se trata por cierto de una atractiva reinterpretación de la pluralidad republicana ensayada por las soberanías independientes en la etapa abierta con el colapso de Provincias Unidas que no sólo sigue la huella de los enfoques que problematizaron el papel de los caudillos y el caudillismo en la vida política del siglo XIX temprano, sino que también pone en agenda la revisión de la delegación de relaciones exteriores de los gobiernos provinciales en el estado o gobierno de Buenos Aires.

Tal registro interpretativo dialoga con otro debate revitalizado en torno a un motivo clásico de la historia constitucional sobre la voz “autonomía” escrutada por Alejandro Agüero quien señaló la naturalización de la expresión en los estudios de los lenguajes políticos de la primera mitad del siglo XIX. Con acierto, Agüero señaló que la diferencia entre “autonomía” y “soberanía” no figuraba en el texto de la Constitución de 1853 (ni en el de su reforma de 1860) sino que su introducción en el léxico político constitucional fue resultado del proceso de estatalidad y derivados de la historiografía nacional, los debates parlamentarios y las teorizaciones sobre derecho constitucional (Agüero, 2014). El fino tratamiento filológico realizado advierte la coexistencia de las nociones de soberanía provincial y soberanías independientes entre 1813 y 1853, y que la voz autonomía hay que atribuirla a Mitre en el debate que lideró frente a sus rivales porteños al rechazar el “provincialismo” en beneficio del ordenamiento del gobierno general o federal.

Tales problematizaciones atemperaron el esquema interpretativo ofrecido por el profesor José Carlos Chiaramonte que bien vale recordar proyectó a la escala latinoamericana en su último libro, y en abordajes realizados para Mendoza y otras provincias (Chiaramonte, 2016; Brasboin, 2014). No obstante, y de manera paralela a los análisis aportados por cientistas sociales sobre el desempeño del federalismo político y fiscal contemporáneo (Gervasoni, 2011, 2013), el sistema federal fraguado en el proceso de unificación nacional fue objeto de nuevas aproximaciones que permitieron desagregar las dimensiones prácticas del remplazo del “federalismo de ciudades” (Cortes Conde, 2015) por el federalismo “liberal y centralizador” que gravitó en el proceso de “reducción a la unidad” y el fortalecimiento del poder ejecutivo nacional mediante dispositivos institucionales de largo arraigo en la cultura política argentina: estado de sitio e intervenciones federales (Botana, 2015, 2019).

Al respecto, el sistema federal edificado entre 1860 y el Centenario develó el doble talante centralizador y descentralizador del proceso de unificación nacional (Alonso y Bragoni, 2015). Convertido en artefacto de unidad y en base a la convulsa nacionalización de recursos de exportación, el federalismo activó procesos de modernización institucional, económica, social y cultural inéditos en relación con el pasado reciente de las provincias por lo que no resultó sorprendente que sus dirigencias o elites celebraran la federalización de Buenos Aires como anticipo palpable del “festín de la civilización”, del que hablara Sarmiento. El análisis o fisonomía del federalismo en esa etapa exhibe dinámicas fluidas vertebradas por conflictos y solidaridades políticas interprovinciales que aceitaron incentivos materiales, subsidios, ferrocarriles, protección impositiva a las economías del azúcar y el vino (Bravo, 2015; Paz, 2015); y dotaron de autonomía fiscal a las provincias para financiar el “progreso” mediante créditos externos y fondos propios procedentes de impuestos provinciales que sobrevivieron hasta la reforma fiscal de 1934 (Llach, 2011; Martin, 2014). Un proceso de transformación que, como se sabe, no atemperó sino profundizó la desigualdad entre provincias ricas y pobres pero que, a diferencia de las voces críticas que se alzaron entre el Ochenta y el Centenario contra el perfil institucional del régimen político, no puso en tela de juicio los beneficios del sistema federal como piedra de toque del entretejido de intercambios y solidaridades políticas que aceitaba incentivos de naturaleza variada con el fin de recomponer viejas y nuevas divergencias regionales. En suma, las nuevas evidencias permitieron reinterpretar el carácter de la dualidad institucional del edificio federal problematizando las clásicas imágenes proveídas por retóricas partidarias y de los publicistas del Centenario sobre la desviación o “anomalía” del régimen político que tenía como horizonte el modelo norteamericano (Roldán, 2015).

III. La segunda familia de problemas escogida refiere al montaje del gobierno republicano y representativo y la intermediación política.

El supuesto que la independencia no suponía una forma de gobierno predeterminada y que el gobierno limitado debía fundamentar las bases de la comunidad política y tramitar el pasaje entre la vieja y la nueva representación, reactualizó el debate no sólo sobre monarquía y república sino también sobre la distribución funcional y territorial del poder, animados por un repertorio de vertientes inspiradas, según las preferencias de los historiadores, en las influyentes obras de John Pocock, Edmund Morgan, Pierre Rosanvallon, Francois Xavier Guerra, José María Portillo Valdés, Jeremy Adelman, entre otros. Quien haya reposado atención en los artículos de Goldman y Wasserman, Roldán y Tío Vallejo incluidos en el dosier coordinado por Marcela Ternavasio en Investigaciones y Ensayos (2016) con motivo de la conmemoración del bicentenario de la independencia, y el libro Crear la independencia. Historia de un problema argentino (2016), editado al cuidado de Gabriel Entin, podrá apreciar la densidad de aportes, recorridos, énfasis y rasgos de una agenda común que hicieron de la ambigüedad e indeterminación del momento de la independencia supuestos cruciales para reinterpretar el ensayo de autogobierno rioplatense.

Así, mientras Ternavasio colocó el caso rioplatense en las coordenadas de la política peninsular y la América lusitana convertida en polo de producción de diplomacia y guerra mejorando la comprensión de los planes carlotistas que aspiraban tramitar la crisis dinástica mediante la regencia de Carlota Joaquina en suelo americano, sin pretensión alguna de romper con los Borbones y las leyes de la monarquía (Ternavasio, 2015, 2020), Natalio Botana expuso el péndulo entre república y monarquía constitucional en respuesta al pasado político reciente, la restauración legitimista europea y la agenda de los doctores del congreso en la que gravitó la traducción y apropiación constitucional y doctrinaria del siglo XVIII para fundar las bases del gobierno limitado, y el artefacto constitucional de 1819 proyectado sobre una territorialidad incapaz de ser integrada a la unidad del estado independiente (Botana 2016). Un formato constitucional que, como se sabe, preveía la representación corporativa de los jefes militares y que por tal fue jurada por los generales distribuidos en la geografía de las provincias todavía unidas en el arco que enlazó a Belgrano, San Martín y Güemes poniendo de relieve, como subrayó Sara Mata, el alcance extraterritorial de las solidaridades políticas y lo que no es menor, la común interpretación de la coyuntura en la que el incuestionable líder popular salteño había sostenido la conveniencia de la monarquía promovida no sólo por Belgrano (Mata, 2017).

El desacople entre independencia y república constituyó el punto de partida de los sucesivos abordajes que Hilda Sabato ofreció sobre la invención republicana y las instituciones que sedimentaron los principios y prácticas del gobierno representativo: elecciones, opinión pública y guardias nacionales. Así, el libro de síntesis que ofreció sobre la historia política y social de la Argentina encorsetada entre 1852 y 1890, combinó hipótesis propias con estudios monográficos y de conjunto realizados sobre distintas provincias poniendo de relieve dos cuestiones cruciales: que el epicentro del poder y de la política tenía como arena primordial a las provincias, no la Nación, y las formas disímiles de pensar el poder y las prácticas políticas imantadas por el principio de la soberanía popular como rasgos intrínsecos de los regímenes liberales y no como desviación de algún desarrollo institucional preconcebido de antemano (Sabato, 2014). Tales registros, como sabemos, fueron amplificados y estilizados en su último libro: Republics of the New World. Revolutionary political experiment in 19 th-Century Latin America (2018).^[2] Un ejercicio en el que auscultó la experimentación republicana en la escala latinoamericana como resultado y no como punto de partida. Una reconstrucción realizada mediante la selección de conceptos e instituciones dispuesta a escudriñar la especificidad de lo político, el vínculo entre gobernantes y gobernados y los canales de integración al cuerpo político. Una empresa intelectual que hizo de la comparación y de los análisis de relación, instrumentos valiosos para recolocar la especificidad latinoamericana en el concierto global del gobierno representativo y republicano decimonónico.

El anclaje social de lo político, esto es, el hecho de radicar la política en actores de carne y hueso condujo a escrutar comportamientos, interacciones sociales y resoluciones prácticas. Se trata, como bien sabemos, de un atajo difícil que exige controlar anacronismos, tomarse en serio la voz de los actores, desandar el refugio de los grandes textos y sumergirse en personajes menos célebres y documentados a los “grandes hombres” que suelen dominar el pulso y los relatos de la vida política del siglo XIX.

En torno a ello, si el papel de los jefes políticos o “caudillos” convertidos en gobernadores por las Salas de Representantes por medio de distintos sistemas electorales (regidos por el voto masculino con escasa o nula restricción), y de los equipamientos administrativos y militares (e incluso religiosos) en ciudades y campañas enlazan los estudios sobre el “Sistema Rosas” (Fradkin y Gelman, 2015; Salvatore, 2020) con el examen del esquema de poder y del protectorado liderado por Alejandro Heredia (Macías, 2014), los dedicados a restituir procesos equivalentes en el archipiélago de provincias o unidades políticas más pequeñas, constituyen estampas ilustrativas de un proceso común y distinto a la vez (Bressan, 2018; Quintián, 2012; Barral y Galimberti, 2017).

Mirados en conjunto sobresalen notas de los “aspectos cotidianos del estado”, la eficaz composición teórica y metodológica procedente de la historiografía mexicanista (Joseph y Nugent, 2002), que dotó de protagonismo los poderes locales, optimizó la interpretación de las dimensiones materiales y simbólicas de la experiencia de estado/ autoridad de los cuadros intermedios y de “los de abajo”, y lo que no es menor, hizo de la negociación de la obediencia un factor crucial que atemperó el peso de la coacción estatal.

Un cuadro espectral de instrumentos sensibles para develar las claves de la inclusión / exclusión social y política, que hizo reposar la atención en liderazgos intermedios que resultaron decisivos en función de algo que no parecía tan evidente; esto es, el ejercicio de coerción limitado de las autoridades; la domesticación de la política territorial; la oferta de móviles de la rebeldía y la existencia de gobernadores con menos poder al imaginado que alcanzó al mismo presidente Mitre cuando no logró imponer a su candidato en los comicios nacionales de 1868 (Miguez, 2015, 2018). En suma, el proceso de construcción estatal y del sistema político que acompasó su formación, restituido desde el punto de vista de sus protagonistas, parece revelar más que Leviatanes instituidos y compactos, un proceso bifronte de centralización del poder, provincial y nacional.

Aun siendo Buenos Aires la unidad política e histórica preferencial, seguida por provincias del Litoral, Córdoba y Tucumán, el análisis de la intermediación política y las dirigencias locales se multiplicó. Al interior del robusto repertorio de publicaciones, provistos de sólidos trabajos de archivo, es posible tematizar algunas vertientes. ^[3] Por un lado, el estudio de las dirigencias y cuadros políticos intermedios permitió conocer mejor el perfil social, económico y cultural, identificar los canales de acceso a la función pública, restituir carreras e identificar esferas diferenciadas entre los enrolados en la política territorial y la alta política, limitada y restringida hacia el final del siglo XIX y motivo de rivalidades personales o partidarias. Menos móvil en la cúspide que en sus bases, donde se localizó mayor número y circulación de personajes con mayor o menor calificación, aunque con lazos comunitarios de relieve para movilizar clientelas electorales o la rebelión en poblaciones o distritos rurales (Cucchi, 2014; Fucili, 2018). De tal modo, las evidencias aportadas no sólo mejoraron la comprensión de los perfiles socio-profesionales de quienes dinamizaron la vida política en la segunda mitad del siglo XIX no sujetos de manera exclusiva a posiciones patrimoniales (Paz, 2017); indicaron, además, diferentes posiciones de las mismas al interior del conjunto nacional, y sobre todo develaron rasgos comunes de la movilidad y fluidez de las dirigencias provinciales aun teniendo en cuenta los fuertes contrastes o desigualdades entre las sociedades y economías del Litoral, del Norte o Cuyo.

Aprendizajes semejantes surgen de los estudios que priorizaron el análisis de los poderes públicos en la escala nacional, como en la provincial. En particular, del examen del congreso de la confederación liderada por Urquiza (Lanteri, 2015) y de algunas legislaturas provinciales (García Garino, 2017), como el estudio del Ministerio de Relaciones Exteriores (Delbez), y los estudios procedentes de la historia social de la justicia. La prioridad en el actor supuso restituir trayectorias, procedencias, capitales relacionales y culturales orientados a cotejar canales de integración e incidencia en el funcionamiento de la administración y gestión estatal o de la justicia provincial o federal. Así, mientras la esfera judicial de la provincia de Buenos Aires fue restituida en dimensiones normativas, procedimentales y de sus agentes (Yanquilevich, 2012; Corva, 2014), el abordaje de equipamientos judiciales provinciales prioriza la primera mitad del siglo XIX en diálogo o inspirados en el enfoque jurisdiccional, y avanza sobre la justicia de paz mendocina (Barriera, 2018; Fucili y Terranova, 2020).

Los estudios sobre la justicia pusieron sobre el tapete el péndulo entre jueces legos de quienes no lo eran, estableció puentes entre el ejercicio de la justicia y la actividad política, y precisó la parca presencia de abogados hasta bien avanzado el siglo XIX, a pesar de ser una de las profesiones más prestigiosas para las familias con tradición en el foro o con riqueza o relaciones para solventar las carreras de sus hijos. La formación de abogados, juristas y jueces constituye un capítulo interesantísimo que contribuye a entender aspectos de la formación y funcionamiento de los poderes públicos republicanos y de la administración estatal. Un núcleo de interés creciente a raíz de vertientes de la historia intelectual y de la historia del derecho, y por el interés en detectar circulaciones, traducciones y apropiaciones del conocimiento jurídico que bascula o combina la tradición norteamericana, la francesa y la española (Zimmermann, 2012, 2014; Cucchi, 2019; Pollitzer, 2020).

Las evidencias sobre la especialización de la actividad política distintivas del “régimen notabiliar” (que atemperó la noción de profesionalización weberiana en sintonía con la historiografía euroatlántica dedicada a exhumar la fisonomía y desempeño de los regímenes liberales europeos en el cambio de siglo), contribuyeron a mejorar la comprensión de las agrupaciones y partidos políticos, y la naturaleza de las rivalidades inter e intrapartidarias anudadas en la fluidez de redes de relaciones personales, sociabilidades educativas, el ejercicio de funciones o cargos públicos y el papel de las filiaciones o tradiciones políticas previas en la formación y desempeño de las agrupaciones partidarias (Sabato, 2011; Alonso, 2017).

En torno a ello, el examen del Partido Autonomista Nacional (PAN) puso de relieve la naturaleza “híbrida” del partido gubernamental, la dificultad de encorsetarlo en sistematizaciones rígidas ante la fluidez y la competencia de “ligas” vigorizadas por alianzas no siempre estables entre notables de provincia con las dirigencias de la capital (Alonso, 2010). Inestabilidades que solían depender no sólo de conflictos o competencias personales, sino que obedecían al calendario electoral y la regularidad de los comicios provinciales o municipales, convirtiendo al territorio en arena primordial donde los políticos locales ponían a prueba sus propias carreras en litigio creciente con grupos rivales u opositores que gravitaron, según los casos, en el exclusivismo del partido oficial cordobés (Cucchi, 2015) o en coaliciones gubernamentales tramitadas por las dirigencias provinciales de Mendoza y Corrientes (Bragoni, 2016, 2018; Solís Carnicer, 2020)

Se trata de matices e inflexiones de relieve en la caracterización de los regímenes liberales en el desigual escenario provinciano que ejemplificó, entre otros asuntos relevantes, algunos aspectos que interesa subrayar. Por un lado, el peso creciente de la rivalidad electoral que expresa la coexistencia de regímenes delegativos y sistemas políticos con mayor o menor grado de competitividad electoral (Botana, 2015); por el otro, los procesos de reformas institucionales, constitucionales y electorales ensayados en las provincias que cabalgan entre el siglo XIX y comienzos del XX los cuales permiten trazar puentes con la agenda de los reformistas liberales e identificar a los actores y espacios locales como polo de producción y no tan sólo de recepción de innovaciones políticas e institucionales (De Privitellio, 2012; Hirch, 2016); finalmente, la historiografía reciente ha permitido precisar la cronología del proceso de oligarquización del poder y el régimen político en el cambio de siglo interpretándolo en todo caso como resultado, y no como punto de partida (Castro, 2013), y precisando el carácter retórico de la voz “oligarquía” en el debate público e intelectual que acompasó el momento reformista del centenario.

IV. La tercera familia de problemas bien puede agruparse en torno a los repertorios de la acción política colectiva.

Una primera lectura destaca temas y cuestionarios que estaban en marcha y que figuran entre otros, en el número del Boletín del Ravignani dedicado al Bicentenario de Mayo, y en ediciones colectivas a cargo de los firmes promotores de los estudios dedicados a exhumar la cultura política plebeya previa y posterior al tembladeral abierto con la militarización revolucionaria y sus efectos en el trastocamiento de las jerarquías y representaciones socioculturales del antiguo régimen colonial (Fradkin, 2008; Fradkin y Di Meglio, 2013). En torno a ello, apuntaré algunos señalamientos que considero indicativos: por un lado, la multiplicación de estudios sobre guerra y política que cruzan el siglo XIX; por el otro, la ampliación de enfoques y tratamientos empíricos destinados a restituir e interpretar las dimensiones materiales y simbólicas de la acción social y política colectiva en momentos o coyunturas específicas junto al interés por identificar experiencias de sujetos sociales invisibilizados. ^[4] En particular, de los afrorioplatenses o afroargentinos en sus variantes porteñas, tucumanas, riojanas, cuyanas, como de los grupos indígenas pampeanos y norpatagónicos, y avanza con timidez sobre las mujeres a raíz de la parca documentación que atestigua sus intervenciones en contraste con la información nominativa de los varones, reclutados para el ejército o sometidos a juicios sumarios o criminales que sirven para escrutar perfiles, procedencias, dotarlos de voz y extraer de ellos sensibilidades, emociones, solidaridades, antagonismos y representaciones sobre justicia, libertad civil, gobierno, patria y república.

En general, los estudios sobre “guerra y política” comprometen la tríada clasificatoria de las formaciones armadas prevalecientes –ejércitos regulares, milicias y guardias nacionales– y precisan el tipo o “clase de guerra” (una expresión utilizada por San Martin en la campaña al Perú) entre “guerra de recursos” o “guerra de guerrillas” distintiva de las guerras de revolución, y los enfrentamientos armados que tramitaron el monopolio de la fuerza a favor del poder central en el proceso de construcción estatal. Un tema que, como tantos otros, había sido visitado por Tulio Halperin y que fue reactualizado mediante conceptualizaciones y procedimientos de investigación inspirados en la influyente obra de Charles Tilly como en la remozada agenda académica internacional relativa a los estudios sobre y las guerras (Garavaglia, Pro Ruiz, Zimmermann, 2012).

En efecto, hoy contamos con mejores herramientas para identificar la especificidad de las formaciones militares del ciclo revolucionario y las que arbitraron la reconducción de cadenas de obediencia / desobediencia del orden social y político que le siguió: el pulso de la leva en distintas jurisdicciones y la composición multiétnica de las formaciones armadas (Fradkin, 2012); los perfiles y carreras de oficiales (Morea, 2020); el papel de los sargentos y el peso del salario y del fuero militar en la estabilidad o inestabilidad de los cuerpos armados (Bragoni, 2017); las motivaciones y penas de la deserción (Rabinovich, 2012), aunque sabemos todavía poco sobre las sucesivas amnistías e indultos que jalonaron de manera intermitente el proceso de militarización en distintas jurisdicciones.

Asimismo, y lo que no es menor, el modo en que la experiencia de la guerra por la movilidad territorial que exigió a vastos contingentes de hombres movilizados por la vía coactiva o voluntaria, precipitó la sedimentación de sensibilidades e identidades políticas en dos planos: el pasaje de la patria chica a una imagen de comunidad política nacional, visible en los jefes y oficiales del ejército de los Andes (Bragoni, 2019) como en la guerra del ejército republicano contra el imperio del Brasil (Di Meglio, 2019); y la asociación entre la noción y experiencia de la Patria con la federación en la Buenos Aires rosista (visitada por Fradkin y Salvatore) que se conecta con los hijos de Facundo y los de Urquiza o sus refractarios.

Asimismo, las formas de la guerra en el proceso de organización estatal pusieron de relieve el carácter descentralizado de la fuerza militar (Zimmermann, 2012). Un asunto que permitió esclarecer la composición de los cuerpos armados en cada provincia y permitió entender mejor la trama de cooperación y conflictividad política en coyunturas específicas. Tales precisiones permitieron contextualizar el accionar guerrero conjunto de los gobiernos provinciales en la política de exterminio contra el chileno José Miguel Carrera (Bragoni, 2012), la sincronía de la fuerza militar movilizada en la campaña contra los indígenas de 1833 (conocida por fragmentos) y la composición múltiple del ejército movilizado en la guerra contra la confederación peruana-boliviana (Parrado, 2020). A su vez, la combinación entre centralización y descentralización se hizo explícita en la reforma de Urquiza que estableció circunscripciones y comandancias militares con el propósito de refundar el esquema de milicias provinciales en guardias nacionales y afianzar la autoridad nacional en el territorio (Lanteri, 2014). Los “ciudadanos en armas” radicados en provincias resultaron ser actores cruciales en las campañas militares de la era Mitre cuando jugaron a favor de la rebeldía (como el Chacho y sus montoneras gauchas) o del nuevo orden como quedó atestiguado en las acciones militares lideradas por los generales Paunero y Arredondo entre 1863 y 1867. Guardias nacionales que fueron movilizadas en la guerra de la Triple Alianza que fraguó el imaginario nacional (Baratta, 2019; Brezzo, 2015) o en las frustradas revoluciones de 1874 y 1880 (Miguez, 2010; Sabato, 2008). En suma, las evidencias e interpretaciones propuestas por la historiografía ilustran la cronología y pulso de la variedad de las formaciones militares prevalecientes desde la era revolucionaria que la ley de 1881 aspiró a clausurar, aunque adquirieron protagonismo en las revoluciones de 1890 y 1893 sin poner en cuestión la continuidad institucional (Canciani, 2019).

Por otra parte, los estudios sobre la movilización social y formas de participación y politización popular arrojaron nuevas evidencias e interpretaciones en base a enfoques y metodologías no necesariamente idénticas, aunque preocupadas todas por restituir, probar y argumentar los móviles y sentidos de la experiencia social y política como las dimensiones materiales de las formas de protesta, manifestaciones o movilizaciones en el largo siglo XIX. Al interior del nutrido repertorio de publicaciones de la que sin duda mi caracterización será incompleta, pueden señalarse algunos temas y problemas preferidos por los historiadores. Por un lado, late el interés por entender el carácter de la movilización y politización rural en Buenos Aires, su domesticación y la adhesión política a Rosas. Se trata, como bien sabemos, de un fenómeno fascinante que nunca abandonó un lugar de privilegio en la agenda académica aunque las principales novedades, a mi juicio, reposan en dos asuntos cruciales señalados por Fradkin y por Salvatore en el siguiente orden: el carácter alternativo y autónomo de las iniciativas y prácticas políticas populares previas al ascenso y consolidación del poder del Restaurador, y la “descripción densa” (para usar la célebre expresión de Geertz) de las estrategias de resistencia e integración a la Confederación argentina (no rioplatense) del paisanaje rural sujeto a obligaciones militares de los cuales algo más del 60% eran oriundos de las provincias del interior.

Por otra parte, interesa destacar el creciente interés por develar las dimensiones materiales de la acción política colectiva. Dicha motivación, por ejemplo, permitió colocar la práctica del saqueo y del malón como recurso o experiencia colectiva del antagonismo social y como desafío a la autoridad (Di Meglio y Serulnikov, 2017). Finalmente, y de manera paralela, las formas de protesta y movilización social y política analizadas en el espacio urbano, sobre todo en las postrimerías del siglo XIX y el cambio de siglo, pusieron de relieve modos de apropiación del espacio público y los lugares materiales (plazas, calles, parques, estaciones de trenes) de las formas de protesta política o como expresión de identidades sociales, sectoriales y de clase (Navajas, 2012; Rojkind, 2014;Vagliente, 2015).

Con ello, la historiografía política reciente puso en entredicho importantes convenciones. El orden conservador, entonces, resultó ser menos conservador a las imágenes difundidas por alguna historiografía que suele priorizar la cuestión electoral como pieza controversial del régimen político pero que, como hizo ver el recordado historiador Ezequiel Gallo, no era única o exclusiva de las formas de participación política en una sociedad que estaba siendo trastocada por la transformación urbana, el crecimiento económico y demográfico que vigorizó un nueva geografía social, cultural y política en el desigual país.

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Estas notas sueltas atestiguan un campo de conocimiento consolidado, renovado y regido por heterodoxias que combinan estudios de caso y trabajos de síntesis atentos de igual modo a lo contingente como a lecturas de largo plazo, sin visiones teleológicas mediante y que se nutre de toda novedad para indagar o dar respuestas sobre todo a “problemas argentinos”. Un saber específico, normalizado, que expone tensiones no sólo en el plano de la enseñanza sino también en las formas de intervención pública de la cofradía de los historiadores inquieta por distinguir el pasado historiado con el presente político que nos toca vivir.

Aun así, y si tenemos la oportunidad de volver a reunirnos para celebrar la creación de la Asahi, imagino algunos recorridos posibles de la historiografía política del siglo XIX: en particular, sería auspicioso avanzar en estudios o abordajes comparativos que incluyan cotejos entre provincias o composiciones más amplias; también sería oportuno analizar el impacto del cambio tecnológico en materia de comunicaciones (telégrafo / ferrocarril) en la toma de decisiones gubernamentales y en la dinámica de los partidos políticos. Asimismo, sería de interés poner bajo la lupa las formas de transmisión o circulación de información mediante el estudio de las corresponsalías de la prensa nacional y la recepción, adaptación y conexión con agendas locales. Finalmente, imagino sumamente eficaz encarar análisis sistemáticos sobre el clivaje social y popular de las tradiciones e identidades políticas con el fin de robustecer evidencias e interpretaciones sobre la formación de partidos policlasistas enancados en el cambio de siglo. Una de las tantas deudas pendientes de nuestra historiografía que permitirá obtener visiones más documentadas sobre más de un rasgo de nuestra cultura política e institucional.

Referencias bibliográficas

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Notas