Introducción

Los historiadores y demás cientistas sociales suelen valorar la información que ponen de manifiesto los padrones, censos y demás listas nominativas como insumos para estudiar aspectos de la sociedad. En ese sentido, las reflexiones sobre la estadística y sus producciones en tanto formadoras de concepciones del mundo han permitido complejizar el estudio de estas fuentes.[1]

Los padrones de población fueron una de las fuentes privilegiadas en el estudio de la campaña de Buenos Aires de la primera mitad del siglo XVIII. En la mayoría de los trabajos, la construcción de conocimiento fue realizada a partir de estudios de caso, sobre proyecciones anticipadas en la primera mitad del siglo XVIII de los “partidos” en que el cabildo de Buenos Aires fue dividiendo la campaña hacia fines del mismo siglo, o a principios del siglo XIX. Al fragmentar estas fuentes en los análisis, tendió a quedar desdibujada la dimensión de gobierno propia de las autoridades reales que impulsaron la realización del registro en un contexto determinado que le otorgó sentido. Asimismo, los estudios centrados en los “partidos” se enfocaron en el perfil del comisionado y parecieran promover el supuesto de los criterios homogéneos de los mismos.

En un artículo pionero sobre la población de la campaña bonaerense hacia mediados del siglo XVIII, José Luis Moreno afirmó que el padrón de 1744 buscaba conocer la localización y las características de la población, así como establecer la cantidad de hombres de armas.[2] Si bien el autor identifica la existencia de diferencias entre los criterios de los ejecutantes, su trabajo no profundiza sobre esta cuestión. Mariana Canedo planteó que dicho padrón fue parte de la política defensiva llevada a cabo por la corona hispánica durante ese período.[3] En un trabajo más reciente, Martín Cuesta se refirió a los padrones como recuentos de población con fines determinados, ordenados por el Rey o el Gobernador, y concretados por el Cabildo. Respecto a los realizados en 1744, indicó que tuvieron fines militares, al mismo tiempo que buscaba conocer la composición de la población.[4] Bettina Sidy enmarcó el padrón de 1744 en el conjunto de medidas tomadas por los encargados del gobierno a partir de la década de 1740, que se orientaban a limitar ciertas prácticas de la población. La autora considera también que ese fue el primer padrón que excedió, en Buenos Aires, los fines militares.[5] Los trabajos mencionados atendieron a los objetivos perseguidos por las autoridades, coincidiendo en el carácter militar del mismo. No obstante, poco se indica respecto a los ejecutores, asumiéndose implícitamente que estos los habrían reproducido.

Al omitir una reflexión sobre la problemática desde una mirada enfocada en la dimensión política de la época, dos supuestos parecieran acompañar los análisis de los padrones. En primer lugar, la consideración de una ejecución de cada padrón como respuesta a la decisión directa de una autoridad real. En segundo lugar, y de manera complementaria, ante el limitado conocimiento del proceso de construcción de cada padrón en su propio contexto (con determinadas coyunturas, autoridades, conflictos, etc.), se supone la realización inmediata, simultánea y prácticamente mecánica de cada padrón. El reconocimiento de un padrón por la fecha de realización o por la autoridad que lo impulsó pareciera seguir o acentuar esta lógica: el padrón de 1726 o 1744, o el censo del virrey Vértiz, entre otros ejemplos posibles.

No obstante, es clave atender al papel de los ejecutores en el éxito de los empadronamientos, tornándose imprescindible considerar sus intereses, la relación con las autoridades y –sobre todo– con la población empadronada. Saber si los empadronadores habitaban la jurisdicción que se les comisionó, si eran conocedores de la población allí establecida, las posibilidades que tenían de realizar ese tipo de registro, nos permiten establecer una mejor valoración sobre la información presente en la fuente. Asimismo, tampoco debe escapársenos el interés de las autoridades que ordenaron su realización, lo que puede hablarnos de padrones más completos, especialmente en aquellos aspectos de la población que esperaban conocer con mayor detalle o exactitud.[6]

La crítica de estas fuentes no solo permite el adecuado trabajo con la información que nos ofrece. Paralelamente, y en una práctica que se retroalimenta, nos permite abonar tanto al conocimiento sobre la sociedad que las produjo, como a los procedimientos y perfiles de los comisionados.[7]

En el presente artículo planteo que los padrones realizados en Buenos Aires durante el año 1744 son producto de medidas de gobierno llevadas a cabo por diferentes autoridades, instituciones, comisionados, y otros actores que se encontraban impregnados por intereses específicos, en una coyuntura de crecimiento y conflictividad del complejo portuario rioplatense en el contexto de la monarquía hispánica.

Propongo analizar al padrón confeccionado durante 1744 como expresión de medidas de gobierno impulsadas por autoridades y ejecutadas por actores locales, en un contexto de disputas territoriales, mercantiles y jurisdiccionales con la monarquía portuguesa y comunidades indígenas, a la vez que de crecimiento poblacional y económico en la región rioplatense.

Para ello, buscaremos especificar los objetivos de la construcción del padrón en el contexto vivido en el Rio de la Plata durante la primera mitad del siglo XVIII y reconstruir las decisiones forjadas en el proceso de construcción del padrón (o los padrones) de la campaña durante el último trimestre de 1744 (y quizás, también, principios de 1745), y sus posibles influencias en la información presentada.

Nos centraremos para ello, allende una lectura del propio padrón atenta a este objetivo, en notificaciones de las autoridades de la gobernación, autos del cabildo, bandos, notas realizadas por los comisionados y que acompañan el registro, información obtenida de otros padrones y trabajos historiográficos sobre los comisionados.

Poblaciones en crecimiento y espacios en disputa

En el siglo XVIII, la ciudad de Buenos Aires y su hinterland se encontraban en una situación de crecimiento económico y demográfico producto de su rol articulador entre Potosí y el mercado atlántico. Esta situación se veía también fortalecida ya hacia principios del siglo gracias a los vínculos con distintas economías regionales hispanoamericanas, permitiendo una circulación mercantil que remitía al complejo portuario rioplatense no solo una diversidad de productos, sino también una proporción de la producción de metales preciosos altoperuanos y chilenos.[8]

En torno de este nodo comercial se fueron estableciendo ciudades-puerto como Colônia do Santíssimo Sacramento y San Felipe y Santiago de Montevideo, apostaderos como Maldonado y Ensenada de Barragán, atracaderos e incontables desembarcaderos clandestinos. Si bien este complejo portuario alcanzaría su momento de mayor integración hacia finales del siglo XVIII, ya desde la fundación de Colonia del Sacramento en 1680 comenzaron a crearse nuevas corrientes de comercio.[9] La relación entre Buenos Aires y Colonia se desarrollaría al calor de conflictos políticos y militares, en una convivencia incomoda pero necesaria y fructífera para ambas partes, a la que se sumaría la ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo en 1724.[10]

Paralelamente, durante el siglo XVIII, los vínculos interétnicos entre Buenos Aires y las sociedades indígenas se intensificaron. Por un lado, las relaciones comerciales de antaño inclinaron a varias de las segundas a interesarse por establecer relaciones amistosas que garantizaran acceso a unos mercados en los que se encontraban cada vez más integrados. A su vez, la alianza con los españoles fue aprovechada por algunas parcialidades indígenas para dirimir o imponerse en conflictos con otros grupos con los que estaban enfrentados.[11] Aun así, también los conflictos se habrían intensificado, a raíz de la extinción del ganado cimarrón durante la década de 1730.

Frente a los potenciales ataques en ambos frentes, la milicia adquirió una importancia creciente. Desde la fundación de Colonia hasta mediados de siglo XVIII, se organizaron al menos tres expediciones militares para su captura (1680, 1705, 1735-7). El primer sitio y conquista de Colonia contó con la participación de tropas de la gobernación de Buenos aires (de las cuales cerca de la mitad eran regulares y el resto milicianas), milicias de Córdoba y guaraníes. Estas últimas representaban más del 80% del total de hombres movilizados.[12] En la segunda expedición, aunque de mayor escala, tuvo una composición similar. En el tercer conflicto, sin embargo, no solo participaron mayor cantidad de tropas en ambos bandos, sino que también –y más importante a los fines de este artículo– cambió la composición del mismo: se realizó un bloqueo naval, se enviaron tropas peninsulares, se multiplicaron las armas de fuego y la artillería de campaña, y las tropas guaraníes tendrían una participación mucho menor. Durante esos años, las milicias de Buenos Aires no solo fueron movilizadas al frente de batalla, sino también en la defensa de la ciudad y su campaña.[13] Estimar la población plausible de ser movilizada se habría convertido, en ese marco, en un asunto de vital importancia tanto para las autoridades de la gobernación como del cabildo de Buenos Aires.

Ahora bien, aunque la mayoría de los esfuerzos militares de esos años estuvieron dirigidos hacia la frontera con los portugueses, y esta parece haber sido la principal preocupación de la gobernación, para los habitantes de la campaña los ataques indígenas representaban un peligro más ostensible. Un primer intento de superar la insuficiente defensa que proveían las milicias fue la construcción del fuerte de Arrecifes en 1736 para complementar su tarea. La poca eficacia de esta estrategia forzó su replanteo y en 1746, dos años después de la realización del padrón, se ordenó la formación de una guardia estable de milicias en cada partido.[14]

La construcción del padrón de 1744

Lejos estaba la ciudad de Buenos Aires del siglo XVIII de aquella pequeña aldea que se esforzaba por sobrevivir. El comercio y la población crecían, y con ello la necesidad de las autoridades de organizar la defensa y el orden de su jurisdicción. El tres de agosto de 1744 el cabildo de Buenos Aires trató la carta del “Señor gobernador y Capitán General” en la que proponía que se hiciera "empadronamiento general de toda esta ciudad.”[15]

Los gobernadores del Río de la Plata tenían atribuciones de máxima autoridad de la justicia civil y criminal, juez de primera instancia en asuntos de cierta gravedad y tribunal de apelación en casos instruidos por el cabildo.[16] Solían durar cinco años en el cargo y sus competencias en gobierno, justicia y jefatura militar estaban estrictamente apartadas de la administración de las finanzas del rey, que se encontraban a cargo de los oficiales de la Real Hacienda, quienes gozaban de cierta autonomía.[17]

La figura del gobernador rioplatense no estuvo ajena a los cambios de principios de siglo XVIII. En un contexto de guerra constante y el avance de la monarquía de Felipe V hacia un modelo más eficiente de control y ejercicio del poder, el fortalecimiento del cargo fue acompañado por la necesaria calidad militar de quien lo ocupara.[18] Los primeros gobernadores con estas características fueron Bruno Mauricio de Zabala (1717-1734), Miguel Fernando de Salcedo (1734-1742) y Sierralta y Domingo Ortiz de Rozas (1742-1745).[19] El primero de ellos inauguraría la realización de padrones en la campaña bonaerense, mientras que fue Ortiz de Rozas quien impulsó el analizado en el presente artículo.[20]

El padrón de 1744 no fue el primero ni el último realizado en la ciudad de Buenos Aires y su jurisdicción durante el siglo XVIII.[21] Se realizaron distintos registros durante ese período, que se enmarcaron en la política defensiva impulsada por la corona hispánica, poblando y fortificando los flancos débiles de sus posesiones.[22] El padrón de 1726 se circunscribió a la campaña con el objetivo de conocer a la población en condiciones de trasladarse a la ciudad de Montevideo, recientemente creada, como mencionamos anteriormente, a fines de contener el avance portugués en la región.[23] En 1738 el registro se mandó realizar para la ciudad y campaña, y brinda información sobre hombres de armas, su profesión, constitución de la familia, y condiciones de vivienda. Los de 1756 y 1759 consistieron en el empadronamiento de hombres de armas.[24] El padrón de 1778, realizado en el marco del recientemente creado Virreinato del Río de la Plata, fue planteado para todos los dominios de la Corona en América y Filipinas.[25]

En este contexto, la particularidad del padrón de 1744 reside en que contamos con más información sobre las órdenes y cartas relacionadas con su construcción, además de su mayor rango de información. Por ejemplo, al tratar la orden recibida del gobernador para realizar el padrón, el cabildo, en una manifestación más de la unidad entre la ciudad y su hinterland, expresaba: “y por lo que conduce a que dicho empadronamiento se haga en los partidos de la campaña de esta jurisdicción”.[26]

Sin embargo, no toda la población de la campaña podía ser empadronada. El cabildo resuelve dar “noticia al ilustrísimo señor Obispo […] y asimismo dé las providencias convenientes a este fin a los señores militares”, con el fin de evitar “algún inconveniente o dificultad en el allanamiento de las casas de los señores eclesiásticos clérigos y las de los militares de este presidio”.[27] La necesidad de contar con el beneplácito de las autoridades militares y eclesiásticas para la ejecución de una orden que provenía, el menos, del Gobernador, puede ser explicada a partir de una concepción de poder desde una perspectiva jurisdiccionalista.[28] Las potestades de los cuerpos no siempre eran claras o se superponían y, en ese sentido, el recaudo tomado por el cabildo de Buenos Aires es entendible en tanto intento de no intervenir en otra jurisdicción sobre la que no tenía prerrogativas. Esto pudo haber ocurrido también en el caso de los pueblos de indios, aunque no haya indicaciones al respecto.[29]

Asimismo, en un período en el cual los límites jurisdiccionales entre cabildos estaban sujetos a disputas e interpretaciones, el padrón nos podría estar también indicando las posibilidades concretas que tenía el cabildo de la ciudad de Buenos Aires de ejercer su iurisdictio sobre la población. Si nos guiamos por los registros, el alcance hacia 1744 habría expresado exclusivamente a las ocho jurisdicciones empadronadas entre el Arroyo del Medio y Magdalena, sin incluir en la práctica a los pobladores de la Banda Oriental ni Entre Ríos.

Al momento de definir a quiénes convendría seleccionar para la realización del empadronamiento, se resolvió “el que por su señoría se den órdenes para ello a los capitanes de dichos partidos con la individuación del modo y circunstancias con que lo deberán hacer por ser el modo más fácil para ello.”[30] Es importante marcar el hecho de que para la realización del padrón se haya pensado en capitanes En un marco de conflictividad creciente y de un rol cada vez más activo de la milicia en la defensa de la jurisdicción, la orden a los capitanes vincula al padrón con la búsqueda de una “correcta realización” y con su objetivo militar.[31]

La ejecución de los padrones en la campaña de Buenos Aires

El empadronamiento fue encomendado inicialmente a ocho capitanes, pero en al menos dos casos se debió reemplazar al comisionado, uno de ellos antes de su inicio y el otro durante su realización. El padrón de Cañada de la Cruz y Pesquería, que fue iniciado por el capitán don Pablo Guevara, fue finalizado gracias al relevo del capitán Figueroa quién también realizó el padrón de Pesquería. Más problemático resultó iniciar el padrón de La Magdalena (una zona amplia y de asentamiento disperso), el cual fue encargado a don Juan Silverio Selis, quien planteó no poder hacerlo. Se indicó que se lo reemplace por el capitán Diego Flores, quién tampoco pudo realizarlo. También se excusó el Capitán Juan Giles de Saavedra, en este caso “por justas causas de enfermedad”, por lo que se encomienda finalmente al capitán don Juan Antonio Ortega.[32] Algo similar ocurrió con el caso de La Matanza, ya que la elección del capitán don Joseph de Cossio y Theran como empadronador se realizó el 28 de septiembre, el mismo día que se nombró a Selis para Magdalena, pero doce días después que los nombramientos para el resto de la campaña. En ambos casos, esto se debió a la necesidad de encontrar reemplazantes ante la excusa que dieron al Alcalde Provincial de la Santa Hermandad.[33] La poca predisposición a realizar el padrón pudo haber residido en que no solo demandaba tiempo, sino que los comisionados debían también correr con algunos gastos, como Bernardino del Pozo, quien menciona haber pagado “el amanuense a mi propia costa y expensas”.[34]

La serie de inconvenientes anteriormente mencionados explican en parte las diferencias temporales entre los registros de cada comisionado.[35] Esto no era menor, ya que las exigencias respecto a los tiempos fueron también parte de la orden, instando Ruiz de Arellano a que cada comisionado a cargo del padrón de la campaña “Lo ejecutara precisamente y la remita dentro de quince días por convenir así a la buena administración de Justicia, y tenerlo mandado el Ilustre Cabildo de orden del señor Gobernador y Capitán Gral. De estas provincias del río de la Plata ut supra.” [36]

Si bien no en todos los casos contamos con la fecha exacta de su inicio o finalización, algunos datos al respecto nos permiten aproximarnos a una cronología del empadronamiento.

A pesar de las multas y los plazos establecidos por las autoridades, los comisionados tardaron varios meses más de lo esperado. Recordemos, además, que el cabildo trató la carta del gobernador el 3 de agosto, pero ningún comisionado de la campaña recibió la orden hasta mediados de septiembre.

El comienzo más tardío del padrón de La Magdalena permitió al cabildo agregarle una aclaración a la carta entregada al comisionado a cargo, producto de una nueva orden recibida el 7 de diciembre de parte del gobernador en donde

“…Expresa se le remitan los empadronamientos hechos en campaña y que todos estos vayan con individual información de toda la gente de armas sobre que habiéndose conferido dijeron que en atención a que Don Joseph Ruiz de Arellano ha corrido con dicho empadronamiento se le pase recaudo que los mande hacer con extracto individual separado de la gente armas.”[37]

La incorporación del conteo de hombres de armas como parte de la tarea de los comisionados solo está presente en esta última orden. Es decir, que en el resto de los casos los empadronadores registraron a la población sin que la cuestión miliciana fuera explícita. La tarea fue realizada posteriormente en siete de los ocho casos por el Alcalde Provincial de la Santa Hermandad, Joseph Ruiz de Arellano.[38]

Como vemos entonces, no todos los padrones comenzaron ni finalizaron en el mismo momento, con diferencias que pueden ser de hasta dos o tres meses. Las razones de comienzos más tardíos parecen haberse debido a las dificultades para encontrar una persona adecuada, pero sobre todo una que acepte la tarea.

Respecto a la duración de cada registro, la cantidad de población y su dispersión fueron determinantes. También existieron situaciones particulares, como cuando Bernardino del Pozo no pudo

“…proseguir enla espresada lista delos Vezinos deste dho arroyo del medio p. cuanto el dia quatro del corriente sezelebra la festividad denuestra Señora del rosario en su capilla, como Patrona; endonde concurre Quasi toda Lajente; Yasta que seacabe Y finalize dha fiesta suspedi…”[39]

Tener en cuenta la cuestión temporal no es menor, si consideramos que la información con que trabajamos fue recopilada en la mayoría de los casos entre septiembre y octubre de 1744, época del año que coincide con la parición del ganado vacuno, mientras que en al menos dos casos ocurrió a partir de diciembre tiempo de cosecha en las chacras.[40] Ya que los padrones no diferencian claramente trabajadores estacionales y permanentes, solo podemos inferir que parte de la fuerza de trabajo (es decir, quienes figuran como peones o conchabados, y hasta quizá algún agregado) en las estancias de los primeros padrones realizados puede que haya sido estacional, mientras que lo mismo ocurre con las chacras registradas en los padrones de “La Magdalena” y” Arroyo del Tala, Rincón de San Pedro, y Espinillo”.[41]

La selección de los comisionados

Las órdenes mencionadas en las actas del cabildo fueron acompañadas –al menos en cinco de los ocho casos– de una segunda carta firmada por Joseph Ruiz de Arellano que indicaba:

“Muy señor mío el señor Gobernador y este Ilustre Cabildo me han diputado para que por mi mano dirija copia de la instrucción adjunta a toda la Jurisdicción y a las personas que fueren de mi mayor confianza capaces de practicar estas diligencias, y siendo vuestra merced el de mi mayor satisfacción remito la adjunta instrucción para que en vista de ella ejecute lo que se ordena con todas las circunstancias que en ella se refieren. Que concluidas y firmadas me la remitirá Vmd. dentro del término asignado sin exceptuar persona ni casa alguna de las que comprenden [los pagos encomendados] para lo cual remito un cuadernillo de papel…”[42]

Esta carta revela algunos aspectos destacables de la realización de un padrón en aquellos tiempos. Al parecer la selección de los empadronadores la realizó el Alcalde Provincial de la Santa Hermandad (lo que no siempre implicó la aceptación de los elegidos), y que la elección estaba fuertemente determinada por los vínculos entre ellos (por ejemplo, uno era su suegro).[43] La “diligencia” que los comisionados debían “practicar” no era necesariamente paga, sino que formaba parte de las distintas tareas realizadas en beneficio del reino, y que implicaban un fortalecimiento de los vínculos y su posición como súbditos de la monarquía. También sabemos que no era sencillo encontrar sujetos capaces de realizar tales dirigencias: debían saber leer y escribir (o pagarle a alguien que supiera), contar con los medios materiales para trasladarse, conocer la zona y sus habitantes, y contar con el tiempo o la disposición para ocuparse de la tarea.[44]

Quedaba establecida entonces una relación particular entre el cabildo, el Alcalde Provincial de la Santa Hermandad, y los capitanes de los partidos: la comisión. En el Diccionario de Autoridades de 1726 de la Real Academia Española se define como la "Facultad y orden que da el que subdelega sus veces y poder a otro, para que en virtud del obre y execute alguna cosa".[45] Era parte de las obligaciones derivadas de la vecindad como privilegio y, por lo tanto, una carga intrínseca de la relación política entre el vecino y la comunidad.[46] Los comisionados debían

"reunir un conjunto de cualidades que se vinculaban con su conocimiento del derecho –en su heterogeneidad– para administrar justicia conforme a la cultura política de la época, con la capacidad de planificar y de tomar decisiones en situaciones de estrechez de recursos, con la disposición de ejercer coerción, con la destreza para manipular, identificar y seleccionar referentes locales en relación a construcción de consensos y con la determinación para organizar políticamente poblaciones rurales que no estaban habituadas a tales prácticas."[47]

Los comisionados a cargo del padrón se constituyeron entonces como ejecutores de un objetivo específico requerido por las autoridades de la gobernación y portadores de las "veces y poder" del Alcalde Provincial de la Santa Hermandad.[48]

En cinco casos contamos con la respuesta a la orden recibida, que nos permiten conocer ciertas particularidades de su ejecución, como la carta de aceptación del capitán don Bernardino del Pozo:

“Aceptación. En el arroyo de Ramallo, jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires en veintiséis días del mes de septiembre de 1744 ante mí, el Capitán don Bernardino del Pozo Juez comisionario en estos pagos de los Arroyos, Nombrado por el señor gobernador y capitán general de estas provincias. Parezio Pedro Martinez vecino de la otra banda al arroyo del medio jurisdicción de la ciudad de Santa fe de la Vera Cruz y me entregó la orden antecedente inclusa la carta misiva a su continuación por el general don Joseph Ruiz de Arellano, Alcalde Provincial que vista y reconocida por mi estoy presto a darla el debido cumplimiento según y cómo por ella se previene. Y para que conste lo pongo por diligencia y firmo con los testigos con que actuó a falta de escribano y en este papel, por no le haber sellado…”[49]

La realización de un padrón podía representar para el comisionado una oportunidad de consolidar cierto grado de influencia. Las relaciones personales y de súbdito a la que estos actores estaban sujetos parecieran indicar que habría una tendencia a la aceptación de la tarea ordenada. Pero si bien es cierto que en la mayoría de los casos los hombres seleccionados cumplieron su tarea, encontrar un comisionado que se encargase del padrón implicó también, como hemos visto, algunos inconvenientes, resistencias y excusas. La disposición a realizar el padrón no estuvo siempre a la orden del día, y el ímpetu que los comisionados pusieron en la ejecución de la tarea solo se aproximó al requerido en la orden que recibieron. Veamos, como ejemplo, la información obtenida sobre los propios comisionados.

Los nueve comisionados presentan algunas características comunes. En primer lugar todos son capitanes, y también se refieren a ellos en la orden como “don”.[50] La mayoría de los comisionados eran propietarios de tierras en la campaña (algunos incluso poseían varias propiedades), y los dos casos en que no era así, uno tenía allí su chacra en tierras ajenas y otro vivía en la estancia de su padre. Tres de ellos tenían su residencia en la ciudad, donde habitaban con su familia. Asimismo, contaban en general con peones y/o esclavos en sus propiedades, lo que les permitió ausentarse durante la realización del padrón. La proporción de migrantes era importante, lo que indica la movilidad presente en una zona de reciente asentamiento. Sabemos que al menos cuatro de ellos eran migrantes (dos de la península), y en el único caso que pudimos confirmar que era natural de Buenos Aires, sabemos también que sus padres habían migrado menos de 20 años antes. Finalmente, un dato no menor era que cinco de las seis esposas mencionadas fueron registradas como “doña”. Es decir, estamos frente a personas con una posición destacada, bien relacionadas, que viven en o conocen bien la zona, y con una buena posición económica producto, en general, de sus establecimientos productivos de la campaña.[51]

El registro en cada jurisdicción

La importancia del conocimiento de los comisionados sobre la población a registrar, la hemos señalado a partir de un mejor aprovechamiento o por la modalidad empleada para registrarlos.[52] Se les requirió una cantidad y calidad de información que obligaba a estos a realizar el registro (al menos mayormente) en presencia de la población empadronada.[53] Además, se pueden observar en algunos casos indicios de la presencia en la campaña de los empadronadores (tanto en sus cartas como en el registro poblacional). Por ejemplo, Bernardino del Pozo se encargó de anotar antes de cada nueva costa de río o arroyo que empadrona el tiempo que tardó en registrar la anterior, aclarando en algunos casos (como en Ramallo) que su tarea le llevó más de lo que esperaba “por ser dicho arroyo muy dilatado”, o tres días en el Arroyo del Medio “por hallarse las poblaciones unas de otras muy distantes”.[54] También, como hemos mencionado, don Bernardino enfatiza que se ha encargado él mismo de pagar el amanuense,[55] haciendo firmar dichas declaraciones con dos testigos que –afirma del Pozo– “fueron presentes”. Otro indicio de la presencia de don Bernardino del Pozo en la campaña durante el registro está en su “lista del arroyo del medio”, donde luego de empadronar 17 personas suspendió temporalmente el registro por una festividad en la que, según él, se encontraba casi toda la gente del lugar.[56]

Pero no solo del Pozo nos ofrece indicios de un registro in situ, el capitán don Francisco Arias de Mansilla se registra a sí mismo, en primera persona, habitando la estancia de su padre en la costa del Río Luján: “Estancia poblada entierras propias del Capn Antonio Arias de Mansilla […] tienen hijos yo el Juez comissionario de estos Partidos Capn franco Arias demansilla soltero de edad de Vein años y ocho meses. mis hermanos se llaman [...]”.[57]

El capitán don Joseph de Cossio y Theran, por su parte, inicia el padrón de La Matanza “Estando en el pago de la matanza, distante de esta ciudad siete leguas de ella […] y en mi propia estancia para efecto de hacer el padrón que se me manda […] di principio a dicho padrón…”[58] Pronto señala que en la estancia de Pedro López “está situada la guardia de vecinos” que incluye a un sargento y seis soldados los cuales, al parecer, “se mantienen de la vecindad contra la voluntad de los dueños de los ganados”.[59]

Otros indicios se encuentran en pequeñas menciones que hacen los distintos empadronadores, como Juan Antonio Ortega en el padrón de La Magdalena: “En la estancia de don Francisco de Arce […] casa de adobe y teja de tres tirantes en tierras propias y su familia dijo que está asentada en el pueblo”.[60] Palabras como “dijo”, “hallé”, “no encontré allí”, se pueden encontrar en los diferentes padrones[61], lo que indica que los comisionados estuvieron en presencia de al menos parte de los sujetos registrados. Ahora bien, tales indicios lejos están de ser un indicador de un minucioso recorrido por su jurisdicción, y no quita que puedan haber acudido en varios casos a su memoria o a indicaciones de terceros.

Todos los comisionados tuvieron en cuenta la orden original al realizar cada padrón. La misma solicitaba que se hiciera

“exacto y prolijo empadronamiento de todos los vecinos estantes y habitantes de ambos sexos […] con separación de uno de otro de los referidos pagos con toda claridad y distinción, expresando el nombre, apellido, edad, naturaleza, y ejercicio de que se mantiene cada uno, las personas que tienen de familia, mujer, hijos, criados, esclavos o libres, huéspedes o agregados, con la misma distinción y si las casas que habitan son propias o arrendadas, incluyendo generalmente casados y solteros, residentes de espacio o forasteros que se hayan de ir breve, y también los desertores de la Colonia, y otros extranjeros los asentara con la distinción necesaria y señal al margen.”[62]

En conjunto, los empadronadores registraron 6.023 personas, separándolas en lo que suele denominarse unidades censales. Como suele suceder en otros padrones, en cada caso identificaron a una de ellas encabezándola, entre las que se pueden distinguir tanto hombres como mujeres, propietarios de tierras, casas, estancias, o chacras, capataces, agregados, peones y esclavos.[63] En general, el resto de la población empadronada en cada unidad censal fue identificada en base a su relación con el propietario o encargado, o a partir de la tarea desempeñada en la misma. Los comisionados a cargo de los padrones registraron nombre y apellido, edad, género, estado civil, origen geográfico, etnia o casta, condición social, rango militar-miliciano, función, relación con la tierra y tipo de producción.

Pese a la orientación que las autoridades esperaban del padrón, la identificación de los desertores no obtuvo la respuesta buscada. Solo uno de los comisionados (Juan Antonio Ortega, a cargo del padrón de La Magdalena) registra a dos desertores: Ignacio de 30 años, desertor del Río Grande (quien se encuentra arrimado en la chacra que Juan Miguel de Quevedo tiene en tierras arrendadas), y Manuel Acuña de treinta años, desertor de la Colonia (registrado en la unidad censal de Valeriano Iturri, quien está arrimado a su padre).

La información solicitada, sin embargo, no fue uniformemente recopilada por los empadronadores. Las diferencias de criterio y de registro existieron, y es conveniente considerarlas. Lo más interesante de ello es que esto implicó no siempre un subregistro de información, sino también un sobre-registro, es decir que también contamos en algunos casos con datos que no eran solicitados pero que aun así los empadronadores anotaron.

Así, en algunos padrones nos enteramos del material usado en las casas, el tipo y la cantidad aproximada de animales con que contaban, lo que sembraban, o ciertas tareas a partir de las cuales se mantenían. Por ejemplo en La Magdalena, don Franco Gaete fue empadronado en posesión de “sinquenta cavesas de ganado en tierras propias y su casa de teja y ladrillo de tres tirantes”.[64] Otros comisionados son un poco menos específicos respecto a la cantidad de ganado, pero aun así existen referencias, como cuando se registró al capitán Luis González en Espinillo “en tierras propias, tiene ganados maiores y menores”.[65] En la zona norte de la campaña el empadronamiento es mucho más minucioso, explicitando en muchos casos no solo el tipo de ganado y siembra, sino también otros tipos de tareas que realizaban. Por ejemplo, en Ramallo, Joseph Venegas es registrado viviendo “en tierras ajenas, su ejerzio es de conchabarse y cuidar quatro Animales de Bacas y cavallos y senbrar trigo Y otros ejerzizios personales por lo que se mantiene dezentemente”.[66] El registro de esta información coincide con las jurisdicciones más alejadas, tanto al norte como al sur, de la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, es allí donde encontramos los porcentajes más altos de habitantes en tierras ajenas o arrendadas (69%, 92% y 73% en cada pago).[67] El registro, entonces, pudo haber respondido a la necesidad de organizar –y quizá también jerarquizar– a una población altamente móvil, en crecimiento y recientemente asentada.

Ahora bien, existió también un subregistro de cierta información en los distintos padrones, que es importante considerar como un paso indispensable hacia el conocimiento de los datos con que contamos.[68] Las variables que consideradas fueron edad, origen geográfico, grupo étnico, función en la unidad censal, estado civil (para lo cual consideré solo a los mayores de 15 años), relación con la tierra y tipo de unidad productiva.[69]

Los empadronadores casi no registraron el origen geográfico o la etnia (5.269 casos –87,5% del total– sin registro de etnia, y 5.241 casos –87% del total– sin registro de origen geográfico). Los registros corresponden casi exclusivamente a inmigrantes (91,8%) y a no españoles (94%), es decir, que la omisión del registro puede corresponder a una tendencia de los empadronadores a no aclarar lo que consideraban las características similares a las suyas.[70] Para reforzar esta afirmación, valga la aclaración realizada por don Juan de Eguia, uno de los comisionados que realizo el padrón de la ciudad el mismo año, en la que “se previene que quando no se pone si son Indios, Mesttizos, Negros o Mulatos se entiende que al parezer son españoles”.[71]

Si bien resulta evidente que los padrones brindan una variada y cuantiosa información, algunas variables fueron menos consideradas por los comisionados. Como podemos observar, todos coinciden en una menor cantidad de registros del estado civil. Sin embargo, esto se debe a que en la mayoría de los casos se trataba de menores de 15 años, o habitantes registrados como hijo o hija de quien encabezaba unidades censales. Aquí parece reaparecer la tendencia de los comisionados por no resaltar lo que consideraban obvio. Tampoco contamos con este dato para la mayoría de los peones, agregados, indios y esclavos. Teniendo en cuenta el objetivo del padrón, conocer el estado civil de los potenciales milicianos era lógico ya que ello habría representado un mayor arraigo. En ese sentido, poco interés debió haber despertado el mismo dato sobre quienes no eran considerados hombres de armas.

Respecto a la edad ocurre algo similar. También los casos de menor registro son los de niños, esclavos, agregados y peones, en especial aquellos/as considerados pertenecientes a grupos étnicos. También aquí en encontramos menos información sobre las mujeres. Sin embargo, aunque a veces apelando a aproximaciones y redondeo, todos los comisionados registraron esta información.

Como se mencionó anteriormente, las autoridades no solo esperaban el “exacto y prolijo empadronamiento de todos los vecinos estantes y habitantes de ambos sexos” sino que también indicaban que debían registrar a “las personas que tienen de familia, mujer, hijos, criados, esclavos o libres, huéspedes o agregados, con la misma distinción”.[72] No obstante, en el registro realizado parece haber una continuidad con el caso anterior, es decir, un menor interés de los comisionados en la información relacionada con aquellos que no son hombres “españoles”.

El registro de la relación entre los habitantes en la unidad censal es bastante completo, pero no siempre específico. Si bien los comisionados son claros al referirse al parentesco o al tipo de relación establecida (conchabado, esclavo, agregado, etc.), pocas veces se indican el oficio o las tareas realizadas. Esto puede estar relacionado con lo indefinido de la situación de ciertos habitantes o las variadas tareas que realizaban, circunstancia que los empadronadores entendían.

Se puede observar también, que un dato que no fue requerido cuenta con una presencia destacada en todos los padrones: la relación con la tierra de los habitantes.[73] Los comisionados registraron este aspecto para casi el 90% de los habitantes, indicando si estaban en tierras propias, realengas, arrendadas o simplemente “ajenas”, mencionando también en los últimos dos casos el nombre y distinción social del propietario. Si bien no indican las dimensiones de la propiedad, podemos aproximarnos a su tamaño porque contamos con información sobre el tipo de actividad predominante (“chacras” o “estancias”) y la cantidad de personas allí presentes.[74]

Los motivos que llevaron a los empadronadores a anotar este dato son difusos. Sin embargo, en una zona de frontera que estaba viviendo un proceso de crecimiento demográfico, productivo y comercial, donde se destacaban las migraciones internas, la información brindaba un rasgo no menor de las actividades los empadronados.

Finalmente, una de las claves a partir de las cuales la historiografía consideró el carácter militar del padrón de 1744, fue el pedido de registrar las “personas españolas capaces de portar armas”. Ahora bien, y exceptuando el caso de Magdalena, ninguno de los comisionados se anotició de esta necesidad de las autoridades.[75] La única anotación que realizaron al margen de cada unidad censal es la cantidad de habitantes, sin distinción de sexo o calidad.

Consideraciones finales

El padrón de 1744 constituyó un instrumento que buscó colaborar en el mejor gobierno y defensa de Buenos Aires, una jurisdicción y sociedad de frontera. En el presente artículo, hemos analizado los objetivos e intereses del proceso de su construcción, una de sus facetas menos trabajadas desde la historiografía. Dicha vacancia tuvo como consecuencia consideraciones que se circunscriben a las autoridades más que a los ejecutores. En ese sentido, si bien aquí coincido con los trabajos que subrayan el objetivo militar del padrón, también planteo que el análisis de su ejecución obliga a destacar a otros actores cuyos fines no necesariamente coincidían con los del gobernador o el cabildo.

Las decisiones en torno a la elaboración del padrón se expresaron en el ámbito de la gobernación de Buenos Aires y permiten conocer aspectos del funcionamiento de las autoridades y cuerpos políticos de mediados del siglo XVIII. Estas comprendieron al gobernador, el cabildo de la ciudad, instituciones eclesiásticas y militares asentadas en la ciudad, el Alcalde Provincial de la Santa Hermandad, y actores de cierto peso social y político en la ciudad y su campaña, en especial los capitanes comisionados.

Hemos señalado a la producción del padrón como un instrumento de gobierno en un contexto de enfrentamientos con los portugueses. El rol de las milicias bonaerenses se volvió crucial en una situación en la que ambas partes acrecentaban los esfuerzos de guerra, y donde la prolongación y los cambios en el estilo de combate acotaban la participación de las tropas guaraníes. En ese marco resultó coherente el nombramiento de Ruiz de Arellano quien, como mencionamos, había tenido una participación destacada en los conflictos; el nombramiento de capitanes como comisionados; la solicitud de especificar los extranjeros y particularmente a los desterrados de Rio y de Colonia; y la especificación de los hombres que pueden portar armas.

Si el padrón de 1726 se vinculó con el poblamiento de Montevideo ante el peligro del avance portugués, el de 1744 parece focalizarse en posibles enfrentamientos. El tema no resulta exagerado si se consideran las medidas que se tomaran en la segunda mitad del siglo XVIII que incluyó el fortalecimiento de Buenos Aires y la creación de un virreinato, además de la expedición de Cevallos a Colonia de Sacramento. Los avances y retrocesos en los enfrentamientos y la propia búsqueda de concluirlos, no tuvieron una resolución exclusivamente regional, evidenciando la integración e importancia del Rio de la Plata a nivel de las monarquías y sus tratados. En un sentido similar, la situación de frontera con grupos indígenas parece estar presente. El incremento poblacional y productivo, sumado al crecimiento de poblaciones lindantes a las capillas de Luján y Pilar, fueron acompañadas por una mayor necesidad de organización y defensa de la campaña.

El Alcalde Provincial Joseph Ruiz de Arellano, ocupó un lugar central, articulador, en la construcción del padrón. A sus 68 años, había logrado tener una fuerte posición en la ciudad y especialmente en la campaña de Buenos Aires gracias a sus actividades económicas y políticas, que se extendieron más allá de la gobernación del Río de la Plata. Su participación destacada en los conflictos con Colonia del Sacramento, tanto en la guerra como en los acuerdos de paz, es expresión no solo de la importancia social y política que detentaba a nivel regional. El hecho de que esta persona haya estado a cargo del empadronamiento, designando él a la mayoría de los comisionados, es también indicador de la impronta militar del mismo. No obstante, ya la selección realizada por Ruiz de Arellano nos presenta una convivencia entre ese carácter militar y otros intereses: la mayoría de los comisionados tenían vínculos personales, e incluso familiares, con el Alcalde Provincial de la Santa Hermandad. Como hemos visto, el nombramiento de comisionados para la realización del padrón en cada zona de la campaña era una práctica frecuente de gobierno, que brindaba a las autoridades ejecutividad por fuera de las corporaciones para realizar tareas específicas. En el proceso, se afianzaban los vínculos de los comisionados con las autoridades y como súbditos de la monarquía.

Sin embargo, no todos aceptaron la comisión. En este sentido, el acceso o aceptación de los propuestos para el cargo nos habla de procesos de diferenciación social, en donde aquellos con mejores posibilidades socioeconómicas podían acceder a espacios de autoridad que reforzasen su posición. Los ocho –aunque pueden haber sido al menos nueve– que aceptaron y llevaron a la práctica el relevamiento de datos para el padrón compartieron algunas características que los destacaban entre la mayoría de los habitantes de la campaña: eran capitanes y dones, la mayoría era propietario de tierras y esclavos, estaban casados con mujeres registradas como doñas, además del ya mencionado vínculo con Ruiz de Arellano.

Como consecuencia de este desacuerdo entre las autoridades y algunos comisionados, entre otros motivos que hemos mencionado, existió una diferencia importante entre los plazos esperados –y considerados fundamentales para la tarea– por las autoridades, y la concreción del padrón. Es decir, las posibilidades o intereses de los comisionados pesaron más que “la buena administración de justicia” planteada por el gobernador.

Ahora bien, en el ámbito donde mejor se evidencia la impronta de los comisionados es en el registro de la información. En todos los casos, los empadronamientos presentan datos que no fueron pedidos, como el material de las casas o el tipo de ganado o siembra. El más destacado es la relación con la tierra, presente en los padrones de todas las jurisdicciones de la campaña. En un sentido similar, el subregistro de algunas características de determinados pobladores, estuvo en relación con una percepción común de los censistas respecto a lo que importaba o era necesario registrar. En dicha sintonía, podemos advertir la falta de información tanto sobre el origen geográfico o grupo étnico de la mayoría de los pobladores, como respecto a la edad o estado civil de mujeres, esclavos o indios, entre otros.

Finalmente, respecto a lo explícitamente relacionado con la cuestión militar, atendimos dos aspectos: el conteo de los desertores y el de los hombres de armas. En el primer caso es evidente el desinterés de los empadronadores por registrar a estos habitantes sobre los que las autoridades esperaban una atención especial. Respecto a la indicación de los hombres capaces de portar armas, ocurrió algo similar. Aunque al final de todas las listas se pude encontrar esta información, no fueron los comisionados quienes la registraron, sino que fue una tarea realizada posteriormente por el Alcalde Provincial de la Santa Hermandad. Es decir, no existió durante el proceso, exceptuando el caso de Magdalena, una atención especial a los hombres de armas.

Es necesario considerar entonces, que allende el objetivo militar del padrón realizado en 1744 para la campaña bonaerense, existieron aspectos del mismo –especialmente aquellos relacionados con sus ejecutores– que nos hablan de otros objetivos, que ponderaron el registro de características de esa sociedad más acordes a sus propios intereses que al de las autoridades.

Agradecimientos

Agradezco las sugerencias de los réferis anónimos de esta publicación

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Notas