Introducción

“…siendo el matrimonio por su virtud, por su naturaleza, de suyo algo sagrado, lógico es que se rija y se gobierne no por autoridad de los príncipes, sino por la divina autoridad de la Iglesia, la única que tiene el magisterio de las cosas sagradas.”[1]

A mediados de mayo de 1901, Carlos Olivera presentó un proyecto de ley de divorcio vincular para ser tratado por la Cámara de Diputados de la Nación. El proyecto fue debatido en el ámbito parlamentario y en el terreno social, suscitó numerosas y diversas reacciones hasta que, finalmente, en septiembre de 1902 fue rechazado.[2] Seguir el derrotero de este proyecto interesa en tanto constituyó una de las más relevantes iniciativas de tinte laicista que se llevaron a cabo a principios del siglo pasado. En la Argentina, el proceso de secularización había tenido su punto álgido a lo largo de la década de 1880, concretamente en dos momentos: entre 1882 y 1884, con la discusión y promulgación de las leyes de educación y de registro civil y en 1888 con la de matrimonio civil.[3] A partir de entonces los intentos laicistas fueron menos contundentes (Di Stefano, 2011: 5).

Antes de continuar, nos gustaría señalar qué vamos a entender por secularización y laicización, dos nociones claves que atraviesan nuestro trabajo. Actualmente se entiende que la secularización supone procesos que no remiten exclusivamente a la desaparición de la religión o su exclusión a la esfera privada. Más bien se trataría de procesos de recomposición o de reconfiguración del lugar de lo religioso en las sociedades modernas (véase Di Stefano y Zanca, 2016; Mauro y Martínez: 2015). Así, por secularización entenderemos al proceso de adaptación de la religión, una readecuación de la influencia de las instituciones religiosas sobre los valores y comportamientos sociales. En estrecha relación, entenderemos por laicización a la sustracción de instituciones públicas de la directa influencia eclesiástica. La laicización afecta al plano institucional y jurídico de las relaciones entre religión y sociedad, implica un proceso a partir del cual la influencia de la autoridad religiosa declina. Como se señaló, ni el de secularización ni el de laicización son procesos universales e irreversibles.

Dicho lo anterior, podemos considerar al proyecto de divorcio de Olivera como un significativo intento por cristalizar la separación de la Iglesia del Estado de principios de siglo XX. Que el proyecto haya sido finalmente rechazado resulta un indicador de cierto cambio en el contexto político, ideológico y cultural con respecto a la etapa precedente, en la que ya señalamos que el laicismo había tenido triunfos concretos. Aquí se propone conocer cómo impactó el proyecto de divorcio vincular en la sociedad, qué tipo de reacciones manifestaron los distintos sectores –aquellos que expresaron su apoyo y aquellos que presentaron su más rotundo rechazo–, cómo se alinearon y cuáles fueron las estrategias de intervención desplegadas por cada sector en el espacio público. A su vez, intentaremos poner de relieve el modo en que tanto aquellos que apoyaron el proyecto como quienes estuvieron en contra buscaron involucrar a las mujeres, constituyéndose estas en actores fundamentales. La participación que las mujeres tuvieron en todo este proceso quizá pueda explicarse, en parte, por ser el divorcio un tema vinculado a la vida privada y al terreno familiar, ambos considerados de incumbencia femenina.[4] Los bordes temporales del presente trabajo responden a las fechas en las que el proyecto tuvo gravitación en el Congreso: desde su presentación en mayo de 1901 a su rechazo formal en septiembre de 1902.

Mientras las políticas tendientes a concretar el proceso de secularización fueron abordadas, en general, desde el análisis de los discursos y de las prácticas parlamentarias, aquí proponemos hacerlo a través del estudio de prácticas y acciones colectivas desplegadas en la sociedad en general. Para ello se considerará este caso en particular que constituye un episodio interesante para comprender mejor el proceso de secularización en nuestro país.

El proyecto del divorcio: su tratamiento parlamentario

El debate parlamentario sobre el divorcio vincular tuvo un primer antecedente en 1888 cuando se discutió la ley de matrimonio civil. En ese entonces, Juan Balestra, diputado por la provincia de Corrientes, presentó un proyecto de ley que incluía el divorcio vincular (Recalde, 1988). Descartado este proyecto, finalmente se aprobó una ley de matrimonio civil que, como sintetizó Nancy Calvo, mantenía los derechos y las obligaciones del matrimonio presentes en el Derecho Canónico y en el Código Civil, como así también su carácter indisoluble. Lo novedoso de esta ley era que se suprimía la competencia de los tribunales eclesiásticos en casos en que era necesaria la separación de cuerpos (Calvo, 2017).

En 1901, el diputado Olivera[5] reintrodujo la cuestión y presentó un proyecto específico que habilitaba la ruptura de la unión matrimonial. Este proyecto fue tratado en la comisión de legislación y recién fue discutido en el recinto parlamentario en agosto del año siguiente. Tras generar gran incertidumbre respecto de su resultado final, ya que tanto aquellos sectores que promovieron el proyecto como aquellos que se opusieron estimaron posible un resultado favorable,[6] el mismo fue rechazado el 4 de septiembre de 1902 por una diferencia de tan solo dos votos.[7]

La discusión en el recinto de la Cámara Baja tuvo lugar entre el 13 de agosto y el 4 septiembre de 1902. La prensa dio amplia difusión a discursos e intervenciones de varios de los diputados nacionales. Estos intervinieron con argumentos muy variados, cada uno poniendo el foco en cuestiones de carácter sociológico, religioso, jurídico, moral e histórico. El contenido de los debates suscitados en el parlamento excede por mucho la economía del presente trabajo, sin embargo, volveremos sobre algunas argumentaciones de los diputados a los fines de ilustrar sus principales características. La prensa expuso extensamente algunas de las intervenciones, como la del diputado Barroetaveña que defendió el proyecto acordado por la mayoría de la comisión.[8] Con la misma posición, intervinieron los diputados Federico Pinedo, S. E. Pérez, Juan Balestra, Juan Argerich, Juan Ángel Martínez y Nicasio Oroño. En contra, tomaron la palabra los diputados José Galiano, Ernesto Padilla, Monseñor Gregorio Romero, Marco Avellaneda y Andrés Ugarriza. Entre los legisladores “pro-divorcio” se defendió la necesidad de corregir un defecto de la ley de matrimonio civil. En efecto, sostenían que esta reconocía al matrimonio como un contrato civil, pero no disponía la posibilidad de su disolución. Además, señalaron que su sanción significaría una forma de reparación para muchos hogares en beneficio de las mujeres y de los hijos –incluidos los ilegítimos–. Los opositores al proyecto, en cambio, hicieron eje en la inconstitucionalidad del mismo, el carácter específico y peculiar del matrimonio como unión sagrada entre un hombre y una mujer, la desprotección en la cual se la abandonaría como también en las posibles consecuencias que tendría sobre las familias y el régimen social.

Asimismo, cabe resaltar que entre quienes defendieron el proyecto hubo diferencias profundas y no formaron parte de un único armado político.[9] No existía homogeneidad en torno a la manera de pensar la cuestión: mientras el divorcio podía ser reivindicado en términos amplios, es decir, lo que en ese momento implicaba poder ser solicitado por cualquiera de las partes de acuerdo a un listado vasto de causales, también podía entenderse de manera limitada, reservada para situaciones donde existiese algún tipo de delito. Entre los defensores del primer modo de entender la cuestión, encontramos a Olivera quien, incluso, planteaba la igualación de los derechos del hombre y la mujer –cuestión sobre la que volveremos más adelante–. Entre los segundos, a la vez, se conformaron dos propuestas. Por un lado, el bloque conformado por Federico Pinedo, Francisco Barroetaveña, A. Mujica, C. F. Gómez y J.J. Silva, para quienes el divorcio se debía admitir en casos de adulterio de alguno de los cónyuges, cuando existiera concubina dentro o fuera de la casa, de la condena de alguno de los miembros de la pareja, tentativa contra la vida, abandono malicioso del hogar o ausencia prolongada, etc. Por otro lado, el diputado Luis María Drago proponía un divorcio limitado al pedido del marido y por adulterio de la mujer.[10]

El bloque anti-divorcio presentó una fisonomía menos heterogénea, dado el protagonismo y la influencia que tuvo la jerarquía de la Iglesia Católica sobre quienes lo conformaron. No obstante, esto no quiere decir que todos los católicos asumieron una misma posición frente al proyecto. Un ejemplo de ello fue el caso del diputado Leguizamón de Paraná, quien votó a favor del proyecto. Dicho diputado se había incorporado en la cámara recientemente y por tratarse de un ‘católico declarado’ su ingreso había sido recibido positivamente en la Revista del Arzobispado.[11] Otro ejemplo en este sentido fue el voto del diputado Pérez, quien se reconocía como cristiano “no por el acto de bautismo que lo ligó sin conciencia propia a la religión de sus mayores, sino por el juicio reposado y sereno de razón” y que, asumiendo el riesgo de arremeter contra su credo, acompañó con su voto a la ley para poner remedio a “males irreparables, beneficiando a los hijos de matrimonios desunidos”.[12]

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Carlos Olivera promotor del proyecto de ley de divorcio.
Caras y Caretas, 10/01/1903.

El tiempo que el proyecto estuvo en discusión respondió a los desacuerdos existentes en la Cámara. A principios de agosto de 1902, antes que se iniciara el debate formal, hubo un breve intercambio sobre si era conveniente o no dar curso al tratamiento en el plenario. Así, el diputado Coronado mocionó aplazarlo debido a “…las diferencias que habían surgido en la comisión y la trascendencia que tal ley tendría para la sociabilidad”.[13] Contra esta moción argumentaron los diputados favorables al divorcio Vedia, Gouchón, Argerich y Olivera. Los diputados divorcistas querían promover el debate inmediatamente ya que consideraban que el tiempo corría en beneficio de quienes se oponían al mismo. Así, el diputado Carbó señaló que el aplazamiento mocionado por su colega no tendría otro resultado que “dar tiempo para que vayan multiplicándose las sombras (de las esposas y directores espirituales) contrarias al proyecto y se vaya haciendo presión sobre el ánimo de los hombres”.[14] Este no es un dato menor, por el contrario, abona a la idea que desarrollaremos más adelante respecto del papel que tendrán las mujeres dentro de la correlación de fuerzas en disputa.

Con 50 votos a favor y 32 en contra, primó la moción que proponía postergar indefinidamente el tratamiento del proyecto de divorcio en el recinto. Es llamativo que la cantidad de votos que obtuvo esta moción coincidió exactamente con la cantidad que, casi un mes después, definió el futuro del mismo. Podríamos suponer que los diputados que votaron a favor de la postergación de la discusión eran quienes estaban en contra del proyecto y quienes querían su tratamiento inmediato eran los que lo promovían. Si esto hubiera sido así, lo que varió entre una votación y la otra fue la cantidad de diputados que acompañaron la iniciativa de Olivera –que pasaron de sumar 32 diputados a 48–.

A poco de votado el aplazamiento indefinido, el diputado Roldán propuso que el proyecto de ley de divorcio se tratase en la siguiente sesión y así se hizo. Roldán explicó que dicho debate “convenía al país, cuya agitación no se apagaría sino quitando o poniendo rey” y agregó que “…no le convenía a la Iglesia eludir la polémica sin confesarse derrotada ni al catolicismo argentino, cuya tradición no había sido nunca el obstruccionismo”.[15] Probablemente estimando que primaría el rechazo del proyecto, se sumó a esa moción el diputado Coronado, quien había formulado la propuesta de aplazamiento indefinido.[16] Si bien es difícil precisar cuánto incidió la agitación extraparlamentaria para que finalmente se diera inicio al debate en Diputados y, menos aún, si esta influyó en el resultado de la votación, pensamos que tuvo un valor no despreciable.

Ya hemos adelantado el resultado de la votación. Algunos autores han afirmado que Julio A. Roca intervino personalmente en la votación para definirla en contra o señalaron un viraje en su posición que se plasmaría en el resultado de la votación (Bruno, 1981; Roitenburd, 1998; Bertoni, 2009; Calvo, 2017). Aun teniendo en cuenta la denuncia de que el diputado Vivanco se ausentó del recinto a último momento, no tenemos elementos concluyentes para vincular el desenlace de la votación a una iniciativa del ejecutivo nacional.[17] Más aún, ya señalamos que quienes se oponían al proyecto de ley habían logrado conseguir la misma cantidad de votos para postergar indefinidamente su tratamiento. Todo indica que el caso de Olivera no fue un proyecto contenido en la agenda del gobierno, cuya coalición se había debilitado a raíz de la ruptura con Carlos Pellegrini[18] y que se trató de una iniciativa de un puñado de diputados que contó con un eco importe dentro y fuera del ámbito parlamentario.

Repercusiones sociales del proyecto

En algunos de sus discursos los diputados confirmaron el clima de deliberación social que había sobre el tema. Así, por ejemplo, el diputado Coronado había defendido su moción de postergación del debate señalando que el proyecto había producido profundas agitaciones en el país y por ese motivo requería de mayor estudio.[19] El diputado Vedia, en cambio, para enfatizar su propuesta de tratamiento inmediato sostuvo que era un asunto profundamente estudiado, que había sido llevado a la Cámara el año anterior, donde había sido trabajado por la comisión de legislación vigente, que era numerosa y bien constituida, y también por la comisión anterior. Además, agregó que se había discutido en todos los tonos tanto en la prensa como en libros y conferencias; y que en definitiva, “...había sido exteriorizado en todas las formas en que el pensamiento colectivo e individual podían manifestarse”.[20]

Precisamente nos interesa explorar las repercusiones e iniciativas que, acompañando el debate parlamentario y queriendo incidir sobre él, pretendieron ganar el favor de la opinión pública y de los diputados. Tanto los sectores pro-divorcio como quienes defendían al matrimonio como una unión sagrada o entendieron que su habilitación traería mayores problemas, cumplieron un rol activo en la tarea de involucrar a la población y torcer a fuerza del número de adherentes el destino del proyecto. Tanto unos como otros participaron de la disputa por la opinión popular haciendo uso de distintos medios; a veces se dirigieron de manera general a la población y otras, distinguiendo estrategias específicas para varones y mujeres. En primera instancia, analizaremos parte de la prensa escrita de la época para seguir con algunas expresiones a favor y en contra expresadas en el ámbito universitario. Finalizaremos con la restitución de algunas charlas y conferencias en clubes, plazas y teatros en tanto modos de movilización política y callejera.

La prensa fue una arena privilegiada en donde se expresó el contraste de ideas existente en torno a las posibles consecuencias de la habilitación legal del divorcio. La gran difusión del tema se llevó a cabo a través de escritos de diversa naturaleza. Así, se publicaron numerosos artículos que relataban experiencias en otros países donde el divorcio se había legalizado, largas editoriales de opinión acerca de las consecuencias sociales, morales y políticas de su implementación, actividades que se emprendían fuera del ámbito parlamentario, etc. El tema se expresó incluso en el humor político, a través del uso del sarcasmo, de ilustraciones y caricaturas.

Algunas publicaciones además de informar sobre el progreso del debate parlamentario y difundir posiciones específicas sobre los beneficios y las desventajas de disolver el matrimonio, funcionaban como instrumentos de organización social y política. Aquí conviene señalar que no todo periódico buscó “formar sentidos” en torno a la cuestión.[21] Los casos de La Prensa y La Nación resultan buenos ejemplos: inicialmente ambos diarios parecerían no haber estado dispuestos a expresarse decididamente a favor del divorcio, no obstante otorgaron abundante espacio en sus páginas a la temática.[22] Nos animamos a decir que distinto fueron los casos de La Vanguardia, como órgano del Partido Socialista, del diario El Pueblo, de la ciudad de Buenos Aires y de Los Principios de la provincia de Córdoba, periódicos que mantuvieron posicionamientos de principios.

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“Aun la ley de divorcio se ha de tratar, y ya se sabe de esta separación que hace poco se acaba de realizar entre el Oro y la Caja de Conversión”
Caras y Caretas, 04/08/1900.

El debate sobre el divorcio adquirió rápidamente los tintes de una lucha política en diversos ámbitos de la sociedad. Lo que estaba en el seno del debate, en verdad, era la relación entre el Estado y la Iglesia. De hecho, por su resonancia social el periódico socialista comparó el debate abierto en el país con el caso Dreyfus ya que, como en Francia, la cuestión

“no se redujo á la simple existencia de un delito, un traidor ó una víctima, sino á la lucha entre la reacción monárquica contra la defensa del régimen republicano, la controversia parlamentaria en el Congreso argentino no gira simplemente en torno de la ley de divorcio, sino que asistimos á una lucha entre los elementos clericales llevados á la Cámara por medio de la malhadada política criolla y los hombres progresistas...”[23]

Por ese motivo, los “bandos” de esta contienda no estuvieron definidos de antemano ni lo hicieron de manera rotunda. Asimismo, desde ambos sectores se denunciaron malos tratos, hostigamiento y calumnias.[24]

El sector que defendía el proyecto del “diputado divorcista” por fuera del parlamento se fue amalgamando al calor del debate. La iniciativa de los diputados Olivera y Gouchón fue importante en este sentido, en la medida que visitaron diversas localidades del país defendiendo el proyecto y buscando adeptos. En este contexto, se destacó la militancia que el Partido Socialista (PS) y el Centro Socialista Femenino (CSF)[25] realizaron a favor del proyecto de divorcio. Además, diversas organizaciones masónicas de Buenos Aires y del resto del país se sumaron, en menor medida, a la campaña en defensa del proyecto.

En simultáneo, se organizó un movimiento que hizo campaña en contra del proyecto de ley. A la cabeza del movimiento estuvo la jerarquía eclesiástica y en sus filas participaron diversas instituciones del laicado católico. Así, se involucraron numerosos párrocos y sacerdotes de la arquidiócesis. Según comentaba la Revista del Arzobispado, la iglesia metodista también había convocado a los evangélicos a oponerse al proyecto del divorcio porque era contrario a los Evangelios.[26] No obstante, una mirada general a dicho periódico contradice tal aseveración. Hubo, en efecto, posiciones más bien encontradas y la balanza parece haberse inclinado levemente en favor del proyecto, entendiendo que lo que estaba debate no era de materia religiosa sino competencia del Estado.[27]

El ámbito universitario fue un terreno fértil para que el debate ideológico se expresara, a través de la producción y difusión de estudios sobre la materia. En los últimos quince años del siglo XIX en la Universidad de Buenos Aires se defendieron más de una decena de tesis sobre el divorcio. Fue, a la vez, frecuente la publicación de folletos y algunos de ellos tuvieron cierta circulación. De hecho, encontramos ejemplares de las tesis de Ernesto Reto (1898) y de Amadeo Valladares (1901) en la Biblioteca Argentina de la ciudad de Rosario, ambas a favor del divorcio (Reto, 1898; Valladares, 1901). Cabe mencionar aquí que Elvira López, la primera mujer que obtuvo el título de Doctora en Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires (López, 2009) y de quien hablaremos más adelante, indicó que tanto el Centro Jurídico y de Ciencias Sociales (ámbito universitario donde había cursado sus estudios) como los alumnos de la Facultad de Derecho se habían presentado en la Cámara de Diputados, solicitando el despacho de la ley de divorcio absoluto. Esto nos permite imaginarnos que en dicha Facultad la opinión general podía ser favorable al proyecto.

Por el bando contrario, en la Universidad de Córdoba, el joven sacerdote Rafael Martínez presentó una tesis doctoral que se oponía al divorcio y su defensa fue anunciada en Los Principios para invitar al público interesado a participar.[28] Este trabajo también fue editado en forma de folleto. En simultáneo, Martínez realizó una serie de conferencias, bajo el título “El divorcio y sus males”, en el local de los Círculos de Obreros de la ciudad de Córdoba[29] y en la Asociación Católica de Buenos Aires.[30] Otro trabajo intelectual de relieve fue “El divorcio en la Argentina” de Francisco Durá, que había salido publicado en partes en la Revista del Arzobispado durante 1901 y que fue reeditado como folleto el año siguiente.[31]

La adhesión al proyecto de ley también resonó en salones y plazas, en diferentes actividades organizadas por socialistas, liberales y masones.[32]A lo largo de 1902 el CSF organizó un ciclo de conferencias públicas sobre el divorcio. El mismo se realizó en las distintas parroquias en las que estaba dividida entonces la ciudad de Buenos Aires. Para inaugurarlo, se invitó al mismísimo Olivera a disertar, el diputado inicialmente se negó, explicando que las peticionantes alentaban “ideas socialistas”.[33] A pesar de la negativa inicial, la conferencia se realizó y fue exitosa. Por otro lado, dicho centro impulsó que el Comité del Partido Socialista realizase reuniones al aire libre.[34] Es significativo el hecho de que, a pesar de haber incentivado las actividades en espacios públicos, el CSF parece haber realizado sus conferencias solo a puertas cerradas.[35] De conjunto, estas conferencias se desarrollaron normalmente y sin la intervención policial.[36]

También se organizaron algunas movilizaciones. En septiembre de 1901, ante la primera presentación del proyecto de Olivera, distintas organizaciones convocaron a una movilización para reclamar por la efectiva sanción de la ley y por la separación definitiva de la Iglesia del Estado. En Los Principios se dedicó un gran espacio para describir a los asistentes del mitin pro-divorcio realizado en la Capital Federal. Lo curioso aquí es que el diario cordobés subrayó que los asistentes al meeting fueron “elementos de la más baja condición”, “energúmenos”, resultando la manifestación una “provocación indecorosa, subversiva e indigna”. Agregó, además, que “esa odiosa manifestación callejera es reprensible por la fuerza pública y ha debido ser enérgicamente reprimida”.[37] Por su parte, el periódico socialista La Vanguardia informó que el evento había sido poco numeroso y que “no había contado con la presencia de los diputados liberales”.[38] Los socialistas aprovecharon aquella oportunidad para resaltar el carácter aislado de la iniciativa liberal y señalaron que la falta de convocatoria era una prueba más de su inconsistencia política. Hasta donde hemos podido apreciar, efectivamente la participación liberal en convocatorias públicas y mitines fue moderada en la coyuntura previa a la votación.[39]

A pesar de buscar desprestigiar al movimiento “divorcista”, los católicos cordobeses nucleados en torno a Los Principios se lamentaban no haber creído inicialmente que ese proyecto llegara tan lejos; de hecho, temían por la sanción afirmativa en Diputados.[40] Es que no fue la única amenaza que el catolicismo recibió por aquellos días. En simultáneo, Emilio Gouchón presentaba un proyecto contra las órdenes religiosas. Considerando el panorama, desde una editorial del periódico católico se llamaba a los feligreses a la acción:

“... los católicos, ¿qué hacemos? Nada. Cruzarnos de brazos o lo que es peor, servir a los intereses de los que mañana nos han de poner el dogal al cuello […] ¿Que hemos hecho contra el proyecto de ley de divorcio con el que se nos amenaza y con el cual se quiere prostituir a nuestras esposas y a nuestras hijas?”[41]

En esta dirección, la mayor iniciativa católica para movilizar a las masas en contra del proyecto consistió en una enorme campaña de recolección de firmas en las principales ciudades del país, iniciada en agosto de 1901.[42] En el transcurso de un mes, se habrían juntado a nivel nacional alrededor de 80.000 adhesiones y fueron publicadas en los principales medios católicos.[43]

A este recurso también habían recurrido los promotores del proyecto. Olivera había presentado “en muchas de las sesiones posteriores” peticiones con firmas solicitando que el Congreso Nacional se ocupase del tema.[44] El año siguiente, La Nación señalaba que había renacido un movimiento a favor de la ley en el interior de la República y que desde allí se había hecho llegar telegramas al Congreso Nacional y a varios diputados, y una petición firmada por 600 extranjeros de ambos sexos.[45]

Días más tarde, La Nación informó también que un núcleo de damas católicas había sido convocado por el Arzobispo Monseñor Espinoza con el objeto de organizar fuerzas y evitar la sanción del proyecto.[46] En la casa parroquial de la iglesia de San Miguel, varias mujeres con “representación” –la mayoría de ellas socias de instituciones de caridad–, resolvieron realizar un mitin el 20 de junio.[47] Desde Los Principios se instó a las mujeres cordobesas a hacer lo propio, con el ideal de que el mismo día se realizaran mitines en las principales ciudades del país.[48] Finalmente no se realizaron movilizaciones, a pesar de los esfuerzos por convocarlas. El 16 de junio El Pueblo informó de la suspensión de la movilización en Buenos Aires[49] y en la REABA se indicó que el anunciado mitin no tendría lugar a causa “de una contramanifestación femenina de los bajos fondos sociales prestigiada por los socialistas”.[50]

La posta de concretar una movilización callejera contraria de oposición la tomó el movimiento católico masculino. Así, varias organizaciones católicas de Buenos Aires –Círculos de Obreros, la Asociación Católica, ex alumnos de El Salvador, Centro Católico Alemán, etc.– volvieron a agrupar fuerzas y convocaron una marcha para el domingo 13 de julio. El Pueblo especulaba con que el mitin iba a ser mayor al del 29 de septiembre de 1901 –la más grande que habían realizado los Círculos de Obreros hasta el momento–. Con el objetivo de convocar al mitin los Círculos de Obreros, secundados por otras organizaciones, hicieron circular más de 20.000 copias de un volante que decía:

“¡Obreros cristianos! La impiedad avanza en su obra demoledora. Después de haber degradado el matrimonio, rebajándolo á la triste condición de un contrato civil, intenta ahora completar su obra, abriendo puerta á la disolución del vínculo matrimonial, mediante una ley de divorcio, cuyo proyecto ya pasó a la deliberación del Poder Legislativo.

…aquel noble amor, que forma el verdadero vínculo de unión entre los esposos y que obedece á un mandamiento divino, no puede ni debe estar sujeto á las caprichosas veleidades de la pasión: es perpetuo […] Ningún poder humano podrá arrojarse el derecho de disolverlo. ‘Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre’…

¡Obreros cristianos! ¡Adelante! Nuestra divisa es: ¡ABAJO EL DIVORCIO! ¡VIVA EL MATRIMONIO!” [51]

El volante convocaba a los obreros a movilizarse con un discurso religioso y acalorado, contra la acción de los “impíos” y en defensa del matrimonio, al cual definía como un vínculo sagrado e indisoluble. La movilización contó con adhesiones de los Círculos de Obreros de Catamarca, Río Cuarto, Dolores, Rosario, Tucumán y Luján, de los ex alumnos del Colegio de Don Bosco de Bahía Blanca y del Consejo Superior del Círculo de Obreros del Uruguay. Según La Nación, asistieron a la manifestación numerosos sacerdotes.[52] A pesar del clima, los organizadores contabilizaron alrededor de tres cuadras de personas que marcharon a la Plaza de Mayo.[53] Adelante, marchó el Consejo General de los Círculos, acompañados de su director espiritual y fundador, Federico Grote y al fondo estuvieron los círculos Central, de San Carlos, Palermo y de la Concepción; hubo algunos Círculos ausentes que se excusaron por el temporal. Aunque la nota no es precisa al respecto, parece ser que un conjunto de personas habría intentado interrumpir el paso de la columna con gritos soeces, pero estos habían sido detenidos por la policía.[54]

Como respuesta, en defensa del proyecto se preparó una movilización en la Capital Federal.[55] El 3 de septiembre, el CFS, el PS, acompañados incluso por los flamantes diputados Olivera y Gouchón, marcharon hacia las puertas del Congreso.[56] El Pueblo contabilizó 1500 personas entre las cuales aclaraba que solo 10 ó 12 eran mujeres. Por otro lado, la nota destacaba la heterogeneidad de la columna, en la cual decía que predominaban los elementos reclutados de las bajas esferas, capitaneados por sus “cabecillas ordinarios”.[57] En la misma sintonía, Los Principios informaba que la manifestación había sido organizada por “…toda clase de elementos, incluso los socialistas, con el auxilio de la Gran Logia que citó a todas las logias de Buenos Aires”. El periódico cordobés remarcaba que la baja concurrencia demostraba la inviabilidad del proyecto de divorcio y se refería también a la extracción social de los asistentes diciendo que las “…señoras que formaban en la columna eran, en total, cuarenta y tan distinguidas que solo diez y ocho de ellas llevaban sombrero, hoy que lo llevan hasta las lavanderas” y, de modo sarcástico, subrayaba que el elemento masculino “era tan culto y ordenado, que la policía había tenido que intervenir para evitar desgracias”.[58]

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Conferencia de Carlos Olivera en el Teatro Municipal de Mendoza,
Caras y Caretas, 26/06/1903.

Las mujeres: entre las calles y las bambalinas

Las mujeres constituyeron un sujeto relevante de las luchas que definieron los límites de la laicidad del Estado y la secularización.[59] En este apartado, quisiéramos centrarnos en su participación a favor y en contra del proyecto presentado por Olivera. Probablemente, debido a las implicancias que una ley como la del divorcio suponía para la vida familiar y los hogares, es que fueron numerosas las mujeres que se comprometieron en su debate. De manera que una cantidad de mujeres intervino públicamente apoyando o rechazando la iniciativa parlamentaria. Así, en mayor o menor medida, tanto unas como las otras se manifestaron a través de la palabra y su presencia en el parlamento, salones y calles. Estas acciones tuvieron ciertas cavilaciones pero sin duda eran el síntoma de una subjetividad femenina emergente (Barrancos, 2008: 16).

Convocadas por la Iglesia Católica, una gran cantidad de mujeres asumieron la tarea de resistir el proyecto que estimaban como perjudicial. El modelo familiar católico y el lugar de la mujer en él habían merecido un tratamiento reciente por parte del Papa León XIII. En la encíclica Arcanum Dividinae (1888) se definía al matrimonio como una unión sagrada y perpetua entre un hombre y una mujer y, por lo tanto, se establecía que no constituía un contrato entre humanos. También detallaba los derechos y los deberes de los cónyuges, jerarquizando la estructura familiar. En la encíclica se remarcaba que, al perderse la estabilidad de las alianzas matrimoniales, se debilitaba la benevolencia mutua y se malograba la asistencia económica y la educación de los hijos, se ofrecían también incentivos a la infidelidad y se empequeñecía la dignidad de las mujeres, que corrían el riesgo de verse abandonadas.[60] Luego, en la Rerum Novarum (1891) se especificó que la mujer debía dedicarse a su familia y que su participación laboral estaba circunscripta a determinados trabajos.[61] Como bien remarcó Louzao Villar, el catolicismo propiciado por León XIII alentaba nuevos modos de presencia pública activa a través de la aceptación de las prácticas políticas de los estados liberales (Louzao Villar, 2011: 306). En esa línea de razonamiento, si para los católicos la mujer constituía el “pilar básico del hogar, de la familia” indudablemente había que “conquistarla” e incentivar su participación política, pero siempre bajo la órbita de influencia y de control de la religión. Como se mencionó, las actividades públicas de las damas católicas se centraron a la junta de firmas publicadas en las páginas de los diarios[62] y algunas conferencias aisladas. Esta cuestión nos permite inferir que, incluso pudiendo considerar la pertinencia de los nuevos modos de hacer política, pervivieron algunas prácticas que tenían más relación con un mundo “notabilar” u “oligárquico”. De hecho, el uso de las calles, aunque había sido insinuado, no fue disputado por un catolicismo de “damas” que, bien por el contrario, prefirió acudir al derecho de petición como medio de acción política.

De una manera general, dejando de lado lo estrictamente doctrinario, quienes rechazaron el divorcio expresaron que su legalización tendría consecuencias negativas para la moral y destino de las mujeres. Desde esta perspectiva, el matrimonio protegía a las mujeres y sus defensores asumían una actitud paternalista frente a ellas. Cuando Los Principios convocó a las mujeres a movilizarse contra la ley, lo hizo explicando que con “…el divorcio [la mujer] retrocede hacia los tiempos tenebrosos en que una vez marchitada su hermosura todos tenían el derecho de arrojarla a un rincón”.[63] Sobre esta cuestión el mismo Olivera había denunciado en su discurso que la propaganda católica, además de injuriar a los diputados que defendían el proyecto, pretendía atemorizar a las mujeres sobre las consecuencias negativas que el divorcio generaría en los hogares (Barrancos, 2007: 181). ¿Acaso no puede leerse en este sentido la afirmación de Monseñor Romero, de que una vez sancionado el divorcio la bigamia dejaría de ser delito? (Barrancos, 2007: 195).

En la línea opuesta, para quienes defendieron el divorcio, su aprobación remediaba situaciones penosas que se daban en el interior de los hogares –violencias, hijos ilegítimos, etc.–. En algunos casos, fue considerado incluso como un paso adelante hacia la igualación legal de la mujer respecto del hombre –recordemos que por entonces, el Código Civil Argentino establecía que una mujer que se casaba tenía legalmente menos derechos que una mujer soltera o viuda y que estas desigualdades entre hombres y mujeres también tenían su correlato en el derecho penal–. Así las cosas, durante el debate, el diputado Juan Balestra, autor del primer proyecto de divorcio, señalaba en tono provocador que en los hechos el divorcio por adulterio femenino ya existía: “El Código Penal exime de toda pena al hombre que mata a su mujer después de haberla sorprendido en flagrante delito de adulterio. Y ese hombre puede volver a casarse.” (Las cursivas son nuestras. Barrancos, 2007: 197).

En este sentido, desde el socialismo se señalaba que la ley de divorcio absoluto no comportaba una amenaza para la estabilidad de la familia, sino que eran las desigualdades civiles las que hacían del sexo femenino una casta aparte, las que constantemente conspiraban contra la armonía del hogar.[64] A su vez, la inferioridad de la mujer se vinculaba a su dependencia económica y luchaban por garantizar la “igualdad absoluta” –legal y material– entre hombres y mujeres. En este modo de entender las cosas, la ley de divorcio era solo un paliativo y que el problema de fondo no se resolvería sin una emancipación social. El CSF entendió que no podía mirar con indiferencia una medida como la del divorcio, en tanto que estaba destinada a reparar las consecuencias sociales de mantener hogares constituidos por antagonismos e incompatibilidades y, en consecuencia, se consideró “…obligado a agrupar en torno a la ley de divorcio, todas las opiniones favorables que haya podido merecer por parte de las mujeres inteligentes y libres del país”.[65]

Esta idea de que el divorcio traería consecuencias negativas para las mujeres, era recogida por opiniones pro-divorcio. Ernesto Reto nos advertía sobre este particular en su trabajo. Para este autor, el divorcio absoluto “importaría un acto de protección de la mujer [...] a pesar de ser precisamente el sexo [...] que lo mira con mayor horror” (Las cursivas son nuestras. Reto, 1898: 38). Esta frase expresa dos cuestiones que nos interesan resaltar. Por un lado, Reto consideraba la cuestión de la protección a la mujer, invirtiendo el argumento: la mujer no estaría más segura en el matrimonio sino pudiendo disolverlo en caso de necesitar hacerlo. Por otra parte, el texto sugiere que justamente eran las mujeres las que se oponían al divorcio. Sería objeto de otro trabajo profundizar el análisis sobre las representaciones, el imaginario y las realidades de las mujeres para darnos una idea más acabada sobre los significados que circulaban entre ellas del matrimonio y el divorcio.

Imagen 4
Movilización pro divorcio en la Avenida de Mayo
Caras y Caretas, 06/9/1902.

Elvira López, a quien ya hemos mencionado, defendió su tesis en 1901 (López, 2009). Su trabajo versó, entre otras cuestiones, sobre la condición de inferioridad jurídica de las mujeres en la sociedad de por entonces. Nos interesa subrayar la opinión que Elvira expresó sobre el divorcio vincular, considerando que su trabajo vio la luz en paralelo al proyecto de ley de Carlos Olivera. La autora señalaba que, desde tiempos inmemorables, el matrimonio ha existido de manera más o menos imperfecta. Esto en parte se explicaba, según López, debido a su carácter de indisolubilidad, cuestión que se habría regulado desde una matriz religiosa y no desde una perspectiva civil. Así las cosas, la autora señalaba que existían casos en donde llegaban a darse situaciones tan problemáticas e insostenibles que una desvinculación completa se tornaba imprescindible. Criticaba férreamente entonces que nuestro código civil solo contemplara una posible separación causada por la muerte de alguna de las partes. A la vez, señalaba que incluso si el divorcio fuera legal, la posición de la mujer sería de degradación, pues “la condena a una vida de aislamiento y su falsa posición la expone a la miseria, si es pobre, y a todos los males morales, si es rica; haya o no hijos la situación es la misma” (López, 2009: 160). En este mismo espíritu, abogaba por una ley que amparara y protegiera al más débil, a su criterio, la mujer.

A lo largo de su trabajo, nuestra tesista esgrimió argumentos en pos de consolidar los derechos civiles de las mujeres y, por entonces, no creyó urgente la militancia en torno de la adquisición de derechos políticos. Más bien creyó urgente que se asegurase, ley mediante, el acceso a una instrucción y educación sólida y de calidad para así lograr una mejoría en las condiciones económicas y morales de la mujer. Por último, Elvira hizo una mención sobre el proyecto que Olivera estaba presentando en Diputados. Apuntó que este proyecto resultaba el “corolario lógico de la ley del matrimonio civil que rige actualmente” (López, 2009: 163).

Siguiendo nuestro análisis, resulta llamativo que cuando la prensa católica se refería a las mujeres anti-divorcistas con el calificativo de damas.Presumiblemente esto tenga estrecha relación con un intento de asociarlas con las buenas costumbres y con el recato. Al tiempo que, para referirse a las mujeres que se movilizaban apoyando el reclamo, la prensa católica afirmaba que en sus movilizaciones primaban los “bajos fondos sociales” o indicaba la falta de vestimenta adecuada y distinguida. Esto también debe asociarse a que algunas damas católicas, procedentes de los estratos sociales más altos de la sociedad, encabezaron actividades aprovechando el sólido vínculo que las unía a la red curial, de la cual recibieron absoluto apoyo. A su vez, estas mujeres pusieron a disposición todo su capital social: eran las madres, esposas e hijas de los hombres que ejercían el poder político y económico del país, por lo tanto, podían tener cierta influencia en el ámbito político. Pero, además, muchas de ellas ocupaban posiciones de poder en distintas organizaciones benéficas, a través de las cuales se relacionaban con funcionarios estatales y figuras allegadas a la elite dirigente. En rigor, aunque las mujeres estaban legalmente vedadas de ejercer cargos, estas mujeres nunca estuvieron del todo ausentes de la política. Por otro lado, en esta oportunidad, un puñado de mujeres habían estado en el recinto de la Cámara de Diputado oyendo el debate, su presencia habría causado sorpresa, pero también buena impresión entre los demás concurrentes.[66]

Luego de que la cámara baja rechazara el proyecto, el debate público continuó. Quisiéramos mencionar a todo un ciclo de conferencias brindado por la escritora y periodista española Eva Canel en las ciudades de Rosario, Buenos Aires y Córdoba (Canel, 1903). Respecto a la disertación que brindó en la Universidad Nacional de Córdoba, la española afirmaba que “...era la vez primera que en el Salón de Grados de aquella docta casa, incubadora legendaria de inteligencias superiores, se oía la voz de una mujer”. No podemos dejar de señalar la influencia que ciertos grupos clericales tenían sobre la vida universitaria cordobesa. Esto explicaría la invitación a esta figura, en apariencia muy a la vanguardia de su época, pero con ideas conservadoras y anti-divorcistas.[67] Como venimos señalando, la figura de Eva reviste cierta excepcionalidad por muchas razones. Mujer, viuda y madre expresó libremente sus ideas en un tiempo donde las mujeres tuvieron pocos espacios para hacer circular su palabra y sus opiniones.[68] Dueña de una escritura filosa, protagonizó un intercambio epistolar con Olivera y brindó varias conferencias contra el divorcio.[69] Canel entendía al matrimonio y su indisolubilidad como un límite a los deseos naturales o animales de los varones y explicaba que el divorcio no podría evitar la violencia en el hogar derivada de los celos masculinos debido al amparo legal que este tenía:

“Pues igualmente el hombre tiene un freno en la perpetuación del matrimonio, para no convertirse en bígamo justificado por ley; en padre sin amor a los hijos; en jefe de la familia sin la piedra angular que la sostenga; en miembro de una sociedad sin obción (sic) á dulzuras que pudieran caberle; en macho despojado de racionalidad que es el anima mater y es el anima vili de su poderío [...] ¿Será verdad que el divorcio absoluto puede evitar que el hombre mate en un rapto de celos?. No lo creáis, señores: el hombre matará, matará siempre, ya que la ley le absuelve ó atenúa la pena y las leyes sociales lo gradúan, con mención honorífica, en crónicas mundanas.” (Canel, 1903: 18).

Como se puede apreciar, Canel se refirió también a la desigualdad existente entre hombres y mujeres. Más aún, indicaba que los hombres, debido a su lugar en la estructura familiar, no tenían motivos para solicitar el divorcio y entendía que si alguien podía “con asomos de razón egoísta, ser partidario de esa ley, sería la mujer que prescindiese de afectos y consideraciones; sería la mujer que es la llamada a la obediencia y á la resignación, cuando en el matrimonio falta uniformidad de caracteres.” (Canel, 1903: 23). Subrayamos que la publicación de un folleto de la propia conferencia por sí solo alcanza para remarcar la importancia que esta figura tuvo en su tiempo.[70] No pareciera un dato menor que, en un ámbito signado por su composición mayoritariamente masculina, haya sido Eva Canel invitada a exponer sobre una temática tan importante.

Una nota publicada en el semanario socialista bajo la firma de “una feminista” había abordado esta cuestión en 1901. Por un lado, detallaba que el matrimonio era, en los hechos, una carga con la que lidiaba únicamente la mujer. Reconocía que el hombre estaba obligado a sostener a su esposa (pero este podía hacerlo “bien, regular ó mal”) y a cambio la “tenía a su disposición ya fuese como amante, sirvienta u otro”.[71] A la vez, la autora anónima indicaba que el adulterio de la mujer no abundaba en el país y que si este se diese “…la mayor parte de nuestros criollos ó italianos optarían por asesinar á la mujer”[72] como una manera de divorciarse sin costos. De manera que, concluía, con el divorcio las mujeres “tendrían en sus manos un arma para defenderse de las posibles injusticias del marido y, si la vida conyugal se hacía completamente insoportable, tendría el medio de escapar de ese suplicio perpetuo.” Por otro lado, reconocía el intento de “hacer creer á la mujer que el divorcio no le conviene, porque los hombres romperían los lazos conyugales solo para cambiar de esposa (¡cómo si no cambiaran extrajudicialmente, sin necesidad del campanazo del divorcio!)”. Explicaba que tal creencia, a la que le sumaba las prédicas de la Iglesia y las preocupaciones por tener que ganarse la vida tenían como consecuencia “que la mujer no sepa que es peor: si sufrirá un déspota, ó verse sola luchando por la vida”. Esto le sugería que, existiendo el divorcio, solo acudirían a él aquellas personas que verdaderamente lo necesitaran o ya estuvieran separadas. De manera que cerraba el artículo remarcando los aspectos positivos y regenerativos que tendría su sanción: en vez de aflojar los lazos de la familia, se repararían los vínculos y se evitarían muchos crímenes y vicios, mejoraría el estado de ánimo de la población y muchas mujeres inteligentes, liberadas de su tirano, se transformarían en nuevos elementos de progreso y, sobre todo, de la causa femenina.

Si bien esta aproximación dista de ser exhaustiva, intentamos con ella mostrar un panorama activo de diversas opiniones de diferentes mujeres tanto a favor como en contra del proyecto de divorcio. Pareciera haber primado una extendida preocupación por las posibles consecuencias que tendría la aprobación de la ley, especialmente para las mujeres. Este temor fue sostenido –y tal vez también aprovechado– por el sector que se oponía a su sanción.

Palabras finales

Entre 1901 y 1902 el debate sobre la posibilidad de habilitar legalmente el divorcio vincular se instaló en ciertos sectores de la sociedad. A lo largo del trabajo hemos dado cuenta de las repercusiones e iniciativas que surgieron desde la sociedad civil para incidir en la discusión parlamentaria. Algunas de estas estrategias fueron pensadas de manera diferencial para movilizar a los varones o a las mujeres, valiéndose de nuevas formas de intervención política.

En cierto punto, la discusión tomó forma de una lucha entre adeptos a los preceptos de la Iglesia Católica y adversos a ellos. No solo estaba en cuestión la posibilidad de disolución del matrimonio, sino el lugar de la Iglesia en la sociedad argentina de principios de siglo XX. Por tanto, la contienda se libró allí, en el terreno social. Con el voto negativo en diputados, quedó delimitado un orden de cosas que se mantendría por años. Incluso, en la actualidad, la disputa por el lugar de la religión en la sociedad y en el Estado sigue absolutamente vigente.

Nuestra investigación intentó arrojar nuevas miradas sobre un proceso visitado en la historiografía de los últimos tiempos. En particular nos interesó cuestionar aquellas perspectivas que han explicado el destino del proyecto de Olivera a través del accionar de Roca, preocupado por conseguir o no romper con el favor eclesiástico. Sin pretender concluir si esa intervención se dio o no, este trabajo propone otra manera de pensar la cuestión, iluminando la participación de una sociedad atravesada por numerosos cambios. Entonces, en el binomio Estado e Iglesia, propusimos incorporar el análisis de la sociedad como un prisma adecuado para evaluar la complejidad del proceso.

Muchas de las mujeres que tomaron parte del debate estuvieron en contra del proyecto. De eso dan cuenta algunos comentarios que hemos recogido dentro y fuera de la cámara de diputados, pero también las numerosas firmas que consiguieron las comisiones de mujeres católicas. Hay que destacar que el accionar de este grupo recopiló adhesiones a lo largo y a lo ancho del país. No obstante, con excepción de la iniciativa de los Círculos de Obreros y otras asociaciones de la ciudad de Buenos Aires, el catolicismo no se volcó a las calles. Aun así, la campaña de adhesiones organizadas por las comisiones de mujeres y de varones fue la más grande de las movilizaciones políticas vinculadas a los defensores de la ley de divorcio. Por su parte, este último sector logró movilizar físicamente a algunos grupos, aunque todo parece indicar que esto sucedió exclusivamente en Buenos Aires. Si bien pudimos observar algunas reuniones o conferencias en otras localidades, no hubo ninguna acción coordinada con pretensiones de alcance nacional por parte del movimiento pro-divorcio. Contrariamente, la recolección de firmas organizada por las asociaciones católicas tendió una red de relaciones entre los distintos representantes de las principales ciudades del país.

En términos generales creemos que tanto las mujeres católicas como otras mujeres que no necesariamente comulgaban con los preceptos religiosos, vieron en el divorcio un mar de dudas respecto de las consecuencias que tendría para ellas, en virtud de su desventajosa situación legal y material.

Con respecto a los sectores liberales, una última observación. Hemos sugerido a lo largo del trabajo que el movimiento liberal acompañó, de manera muy dispar, al proyecto presentado por Carlos Olivera. Probablemente esto pueda deberse a que, por entonces, no había unanimidad en las posiciones en torno a aquél. Dentro del movimiento liberal pareciera haber habido una enorme ambigüedad de posiciones: algunos mantuvieron posturas fuertemente laicistas, cuyo propósito fue alcanzar la separación de la Iglesia y del Estado –o aproximarse a ello–. Otros apuntaron a objetivos mucho más amplios, como la liberación del hombre de cualquier “yugo religioso opresor”. Y finalmente, hubo otros que decidieron aceptar, en este particular como en otros, una convivencia pacífica con la Iglesia Católica. En este orden de cosas, una cuestión como el divorcio vincular que tocaba de lleno las prerrogativas de aquella institución y era, por lo tanto, tan conflictiva, parece haber hecho que algunas figuras del arco político hubieran elegido abstenerse de participar.

Para cerrar, este trabajo intentó aproximarse a un nodo problemático que, creemos, sirve como ventana para entender algunos de los avances y retrocesos habidos a principios de siglo XX en materia de secularización y de laicización; procesos que tan difíciles resultan aún en nuestros días.

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Notas