Introducción[1]

La idea de un desarrollo bien proporcionado de Argentina fue presentada en la reunión gestatoria del CFI. Allí se indicó la existencia de un desarrollo desproporcionado del país, centralizado en Buenos Aires, cual hermana mayor desde los orígenes del Estado nacional. Pero esa deformación histórica debía ser rectificada por las provincias, que en ese momento reclamaban el ejercicio pleno de los derechos de su mayoría de edad.[2]

El fundamento económico de esta posición puede hallarse en los trabajos de Alejandro E. Bunge. Desde la década de 1920, este investigador pudo comprobar lo que denominó “país abanico”. Un área de la República Argentina –780 kilómetros con centro en la ciudad de Buenos Aires– comprendía el 80% de la población y el 90% de su capacidad económica. Años después (1938), Bunge profundizó esa investigación dividiendo el país en tres zonas, con arcos de radios centrados en la misma ciudad Capital. Así se evidenciaba un abanico donde la densidad de población, capacidad económica y nivel de vida disminuían a medida que se alejaban del centro. Las causas mediante las cuales explicaba esta desequilibrada conformación estructural de la Argentina en parte eran climáticas –régimen de lluvias– pero también políticas: la inversión mayor de los recursos fiscales de la Nación en la primera zona; y la política económica “de esa primera región mirando hacia ultramar y con la espalda al interior” (Bunge, 1940).

La centralidad económica de Buenos Aires se funda en su condición portuaria, exportadora de la región pampeana en distintas etapas de su historia: tasajo, lanas, cereales y carnes. La formación del “país abanico” obedeció a una conjunción de factores políticos y económicos, en manos de un sector urbano comercial, cuya base era la estancia y el control de la tierra (principalmente bonaerense), engarzados con los grandes centros comerciales-financieros mundiales. Esa “burguesía pampeana” fue creadora del Estado nacional argentino, de signo liberal, buscando semejanza con otros Estados que impulsaban políticas liberales en el mundo. La centralidad del Estado nacional arrasó con la autonomía de las burguesías provinciales y de sus estados, que no estaban vinculados tan estrechamente al comercio mundial. El capital británico –subsidiado por exenciones impositivas del Estado nacional en todo el territorio argentino– financió la red ferroviaria (en abanico) destinada básicamente para el embarque de la producción pampeana. Esto significó un impacto desigual en el desarrollo de las viejas poblaciones provinciales alejadas del litoral. Desde el siglo XIX la centralidad económica y la centralidad política de la región bonaerense –con sus vínculos externos– estuvieron unidas, con un dominio que no tuvo el contrapeso de las otras regiones del país (O’Donnell, 1977).

El Estado nacional, según Philippe Schmitter, debe su legitimidad como garantía de la seguridad exterior y como protector de los intereses públicos en el interior. Pero en Argentina esa construcción no fue el resultado del dominio pacífico de Buenos Aires sobre el resto de las provincias, sino fruto de numerosas batallas y de diversos pactos. Los recursos provenientes de su Aduana eran el fin último de todas las luchas y la razón de la viabilidad del Estado. Las alianzas no solo se tejían representando los intereses de las clases gobernantes de cada provincia, sino también entre sectores productivos. La necesidad de aumentar la renta aduanera, generó la alianza entre los productores agropecuarios bonaerenses y las corporaciones de incipientes industriales de la urbe porteña, que habían conseguido organizarse políticamente “a través de nucleamientos corporativos” (Oszlak, 1982: 228).

Ese orden conservador, iniciado por la generación de 1880, entró en crisis al incorporar el país mayor cantidad de inmigrantes e ingresar en el juego político otras corporaciones, principalmente de trabajadores, pequeños empresarios y pequeños productores. El Estado, a partir de la década de 1940, incorporó a su proyecto la reivindicación de esos intereses y a sus principales organizaciones, Durante las presidencias de Juan Perón (1946-1955) se buscó institucionalizar la relación entre Estado, trabajadores y empresarios, con el objetivo de lograr la expansión económica y el progreso social. No obstante, también generó tensiones de intereses.

La irrupción del peronismo fomentó la consolidación de una burguesía nacional independiente y, junto a los trabajadores sindicalizados, enfrentada a la denominada “oligarquía diversificada” (fracción dominante de la oligarquía agropecuaria pampeana –y de algunas provincias– con inversiones en la industria). Diversos trabajos sostienen que el proceso de industrialización deterioró la influencia de los sectores terratenientes porque ocupaban un papel poco significativo en las exportaciones de bienes de origen industrial (Basualdo y Arceo, 2006: 137; Basualdo, 2005). El primer gobierno peronista habría redistribuido el ingreso en detrimento de la oligarquía terrateniente pampeana, a través de una acentuada modificación de los precios relativos, con el objetivo de impulsar el desarrollo industrial del país. Entonces, el Estado no solo fue árbitro sino también actor en la arena distributiva de los ingresos.[3]

La planificación económica en la Argentina formó parte de un proceso internacional y latinoamericano. Algunos autores consideran que fue una política netamente centralizada, donde los gobiernos y sus técnicos fueron los únicos planificadores, sin participación de otros actores político-económicos (gobiernos provinciales, sindicatos, empresarios, etc.). Otros trabajos señalan una realidad más matizada (Leiva Lavalle, 2010). También hay quienes sostienen que, la descentralización, para generar desarrollo regional, tiene que comprometer, las relaciones de todos los actores de una sociedad: agencias del gobierno, sector privado, empresas y sociedad civil (Work, 2001: 30; Boisier, 1987: 144).

El debate sobre la importancia de los recursos financieros externos para el desarrollo nacional y provincial tuvo impulso en la década de 1960, pero aún continúa. Los recursos transferidos por el Estado central a una región o provincia –según observa Sergio Boisier para los países de América latina– no generaron desarrollo por sí mismos. La condición para lograrlo es que existan instituciones verdaderamente regionales con una clase política, empresarial, sindicatos y demás organizaciones locales comprometidas en un proyecto político de desarrollo.

La planificación estatal parecía buscar continuidad a largo plazo de las políticas económicas y lograr una neutralización “de los efectos negativos del ciclo externo” (Jáuregui, 2005: 15). Como anticipándose a las limitaciones impuestas al “ejercicio efectivo de la soberanía del Estado”, que vendrían con el desarrollo de los procesos transnacionales (Schmitter, 1985: 48).

La descentralización, avanzado el siglo XX, surgió siendo una estrategia para mejorar la presencia del Estado en el territorio nacional. Perón, en la planificación del Segundo Plan Quinquenal, propuso a los legisladores un “Estado descentralizado” y un “Gobierno centralizado”. No obstante, diversos autores plantean que la descentralización se puede crear por ley, pero el centralismo latinoamericano es difícil de cambiar porque está arraigado culturalmente.[4] La tensión Centralización/Descentralización plantea que para lograr el desarrollo de una región debe responder a un contexto histórico localizado geográficamente. Es mejor una política de desarrollo regional desde las provincias que desde el Estado nacional. Entonces, en un sistema descentralizado, el Estado flexible que delega se convierte en conciliador de diferentes intereses regionales (Sánchez Avendaño, 2000).

El Estado nacional que opta por delegar sus funciones alivia el peso de la administración del gobierno central. No obstante, esta delegación a los gobiernos provinciales no significa renuncia a la hegemonía de la soberanía, pero sí requiere el Estado la ayuda de otras entidades. Es aquí donde se puede ubicar al CFI.

Pocos autores han investigado el Consejo Federal de Inversiones. Miguel Angel De Marco (h) analizó el CFI desde la gestión del gobernador de la provincia de Santa Fe, Carlos Sylvestre Begnis, y del ministro de economía Juan Quilici (primer presidente del Consejo) (De Marco, 2012). Andrea LLuch hizo un estudio de los aportes del CFI a la promoción del desarrollo de la provincia de La Pampa. También señala que “son escasos los trabajos que analicen crítica y detalladamente” el funcionamiento del CFI y su “vinculación con los proyectos de desarrollo en distintas provincias de la Argentina” (Lluch, 2015: 28). Intentando disminuir esa carencia, el presente artículo pretende ser un aporte que estudie los proyectos de desarrollo del Consejo en todas las provincias, con una mirada que vincule la descentralización y el desarrollo regional con los actores de la política provincial y nacional.

El encuadre teórico del trabajo surge de un interrogante ante observaciones realizadas en estudios sobre la Planificación del Desarrollo en Argentina: ¿En qué medida las pugnas y la división política terminaron imponiéndose, para frustrar la política de Estado (corporaciones y gobierno)? El contexto histórico-político argentino en este período se caracterizó por débiles democracias tuteladas por los militares (O’Donnell y Schmitter, 2010: 88-91). Los gobiernos inestables veían necesarios, junto a los acuerdos políticos, los acuerdos con los sectores productivos. Donde, como señala Jorge Schvarzer, aparte de los sindicatos y las corporaciones tradicionales agrícolas, ganaderas e industriales, estaban las que surgían de los pequeños y medianos empresarios fabriles (Schvarzer, 1996: 230).

Esto remite a las consideraciones realizadas por Philippe Schmitter sobre la tendencia al debilitamiento del corporativismo, a partir de la segunda posguerra mundial (Schmitter, 1985). ¿Se comprueba dicha tendencia en ese momento de la Argentina? También se tendrá en cuenta el análisis teórico de Guillermo O´Donnell, intentando mostrar, con los resultados de la presente investigación, si el éxito (o la frustración) del desarrollo descentralizado fue por haber incorporado (o ignorado) a “la “supremacía económica de la burguesía pampeana” (O’Donnell, 1977).

La metodología consistirá primero en definir la principal fuente: la Biblioteca del CFI. Luego buscar entre sus documentos los convenios sobre tareas provinciales. Observar y comparar la ejecución de gastos entre distintas provincias. Ver quiénes fueron los gobernadores y los ministros de economía durante las asignaciones y las ejecuciones de gastos. Por último, establecer relaciones entre los planes proyectados, los ejecutados, y el signo político de los gobernadores entre estas dos etapas.

El artículo estará estructurado en primer lugar por una descripción del contexto histórico sobre el desarrollo descentralizado en Argentina, a partir del proceso de industrialización. También se mostrará la estructura orgánica del Consejo y su búsqueda de financiamiento para obras públicas provinciales. Finalmente, luego de mostrar la situación política a partir de 1962, se analizarán los cuadros de gastos provinciales por convenios hasta el Ejercicio financiero del año 1965.

El trabajo tendrá un enfoque descriptivo, apoyándose en la base de datos provistos por la fuente documental del CFI. Pero también interpretará esa información en su contexto político y social, relacionado con los aportes teóricos expuestos. El aporte del artículo será contribuir al debate sobre la descentralización económica del Estado y el desarrollo regional, con la particularidad socio política argentina en estos primeros años del CFI.

Desarrollo descentralizado

Hasta la mitad del siglo XX el desarrollo económico de Argentina se puede clasificar en dos etapas: agropecuaria exportadora predominante e industrial sustitutiva complementaria. Esta segunda etapa –con inicio sectorial en la Primera Guerra Mundial– se acentuó con la crisis económica global de la década de 1930. A partir de 1932, el sector industrial argentino comenzó un proceso de crecimiento que no se detuvo hasta mediados de la década de 1970. La sustitución de importaciones alcanzó sus mayores niveles en el sector donde había iniciado, la industria textil, pero otros sectores le siguieron: alimentos y bebidas, vehículos y maquinarias, productos químicos. La Segunda Guerra Mundial significó otro impulso para el desarrollo industrial argentino. Los países centrales beligerantes dejaron de ofertar manufacturas industriales al mercado mundial, porque las grandes industrias privadas se dedicaron a la producción de armas para los Estados en guerra. Esa fue la oportunidad para que Argentina tuviera un auge exportador manufacturero, y un incremento de la ocupación obrera de hombres que dejaban el interior rural para ubicarse en el cordón industrial de Buenos Aires.[5]

Esta característica fue advertida durante la planificación del primer gobierno de Juan Perón, fundada en los estudios realizados por el Consejo Nacional de Posguerra (1944). El Segundo Plan Quinquenal del segundo periodo del gobierno peronista tenía como concepción, según palabras del presidente Perón, “un Estado organizado” con unidad de concepción y “descentralización en la ejecución de la tarea concebida por el Gobierno”. En esa ejecución de las tareas estaba el desarrollo de la energía hidroeléctrica en función del desarrollo de nuevos centros industriales del país que contribuyeran a las economías regionales. Para ello era necesaria la “progresiva descentralización industrial del Gran Buenos Aires”.[6]

También la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) sostuvo la necesidad de la integración y el desarrollo de las regiones argentinas y la creación de nuevas zonas económicas en el interior de la República. Con esta finalidad realizó un llamado programático descentralizador para lograr “la ampliación del territorio industrial, ceñido a las proximidades de Buenos Aires y a una porción del litoral”.[7] Este proyecto político era producto de profundos debates y coincidencias, desde 1956, entre el líder de la UCRI, Arturo Frondizi, y el director de la revista Qué, Rogelio Frigerio, quien predicaba en la misma línea. “La antinomia ciudad-campo –300 kilómetros versus el resto del país– solo puede ser superada mediante el emplazamiento de centros industriales regionales y una movilización de las riquezas agropecuarias mediante la promoción de los métodos capitalistas en la agricultura” (Frigerio, 1959: 244). Su revista –la publicación de actualidad política de mayor tirada–, aun antes de la campaña presidencial, se ocupaba de promover el desarrollo industrial descentralizado. A principios de 1957, publicó un destacado artículo difundiendo una actividad de alumnos, egresados y profesores de la Universidad Nacional del Litoral. Bruno Defelippe, ingeniero, autor de “Política Energética Argentina”, había iniciado un viaje de estudio por distintas provincias para relevar in situsus recursos y elaborar una auténtica geografía económica del país.[8]

Luego de la Revolución Libertadora (1955-1958), que derrocó al presidente Perón, se inició un período de tutela militar e inestabilidad política por la proscripción electoral del partido Justicialista. Las elecciones nacionales del domingo 23 de febrero de 1958 consagraron el triunfo de la UCRI, cuyo candidato a presidente era Arturo Frondizi. El resultado del escrutinio ubicó en segundo lugar a la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP) y a los votos en blanco (mayoritariamente del peronismo proscripto) en el tercer puesto. El triunfo de la UCRI había sido tan generalizado en los distritos del país que todos los gobernadores elegidos pertenecían a ese partido. Este elemento fue clave para establecer rápidamente una reunión de gobernadores y un acuerdo interprovincial en la provincia de Santa Fe.

El ambiente intelectual santafesino era propicio para la creación de un Organismo económico federal. Desde mediados de la década de 1940, un grupo de estudiosos egresados de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) –pero fuera de dicha institución– se venían ocupando en investigar y publicar trabajos sobre la planificación del desarrollo en la Argentina y Latinoamérica. Como ya se mostró anteriormente en el artículo de la revista Qué, entre los profesores y alumnos de la UNL había predisposición para fomentar el desarrollo industrial descentralizado en distintas provincias del país.

En agosto de 1958 se realizó la Primera Reunión de Gobernadores de las provincias argentinas. La coincidencia entre ellos consistía en la necesidad de contar con un organismo técnico que resolviera las necesidades provinciales y programara las inversiones destinadas al desarrollo regional. El gobernador de Santa Fe, Carlos Sylvestre Begnis, había manifestado, en coincidencia con la línea descentralizadora de la UCRI, que “solamente fuera de Buenos Aires, el gobierno central podría trabajar para la unión y grandeza nacional”, lo que implicaría “el equilibrio y el saneamiento moral de la República” (De Marco, 2012: 111).

Si bien la descentralización propuesta había sido elaborada por el partido gobernante tenía elementos, como se indicó anteriormente, que habían sido tratados en el Segundo Plan Quinquenal de Perón. En ambos casos podría afirmarse que la desconcentración industrial y la descentralización peronista-frondizista del Estado era un movimiento que provenía desde el gobierno central. La originalidad estaba en ser un impulso provincial genuino, encabezado por Santa Fe. Este movimiento hundía sus raíces en el origen político del Estado nación argentino. También se diferenciaba del Segundo Plan Quinquenal en que Santa Fe puso más énfasis en la mayor participación política de las decisiones económicas que en la industrialización.[9]

Al mes siguiente, septiembre de 1958, fue la Primera Reunión de Ministros de Hacienda y/o Economía de las provincias, donde analizaron las ponencias de la Primera Reunión de Gobernadores y resolvieron crear un Organismo integrado por delegados provinciales con representación del Ministerio de Economía de la Nación. La Segunda Reunión de Gobernadores fue el 16 de febrero de 1959 en el recinto del Concejo Municipal de Rosario. Allí el gobernador Sylvestre Begnis en su discurso de apertura destacó que no se trataba de una reunión de combate “ni de resistencia y sí de coordinación […] Queremos que las economías regionales se desarrollen vigorosamente, que la distribución de los aportes del capital nacional y extranjero sea lógica, que el crédito tenga más en cuenta la producción que la evolución comercial y que se multipliquen los puntos nodales para el transporte racionalizado” (De Marco, 2009).

En esta Segunda Reunión de Gobernadores la delegación santafesina logró que no se dilatara más la constitución del futuro organismo federal. De este modo los gobernadores conformaron una Comisión Preparatoria con todas las facultades para lograr dicho objetivo. La Institución futura debía estar destinada a orientar las inversiones de orden público y privado con auténtico sentido federalista, sobre bases armónicas de integración entre las diversas regiones del país, a efectos de lograr un aprovechamiento racional y adecuado de las variadas riquezas naturales.

El ministro de Hacienda de la provincia de Santa Fe, Juan Quilici, reunió a sus colaboradores y manifestó: "Tenemos que organizar el CFI y llevar una propuesta a la próxima conferencia de ministros". Así se pusieron a trabajar Anuart Jarma y Juan Carlos Micaz (graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral en Rosario y alumnos de Quilici). Ellos habían realizado un trabajo similar destinado a crear el Instituto de Fomento Industrial (IFI) para estudiar las radicaciones industriales en Santa Fe (De Marco, 2009). La Comisión Preparatoria concilió el proyecto santafesino con los proyectos elaborados por las provincias de Buenos Aires y Córdoba. En la Tercera Reunión de Ministros de Hacienda y/o Economía de las provincias, realizada en Santa Fe el 29 de agosto de 1959, se aprobó la carta constitutiva definitiva del CFI con la presencia de los siguientes ministros o representantes:

Centenario Valenzuela (La Pampa), Juan Carlos Yacante (La Rioja), David Domínguez Jorba (Mendoza), Francisco Luis Martos (Misiones), Clemente Ordoñez (Neuquén) Cristian Raúl García Godoy (Río Negro), Alfredo Chiericotti (Salta), Francisco Bataller Estornell (San Juan), Leopoldo Santos Nellar (San Luis), Juan Quilici (Santa Fe), Eduardo Retondo (Santiago Del Estero), Climaco Juan Gastón De La Peña (Tucumán), Julio Escobar (Tierra Del Fuego) Osvaldo Juan Tovo (Municipalidad de Buenos Aires).

También firmaron los representantes de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos y Formosa. Como era de esperar, el gobernador de Santa Fe inauguró esa Tercera Reunión de Ministros de Hacienda. En su discurso federalista, en defensa de “hacer fuertes a cada una” de las partes constitutivas de Argentina, propuso: “economías regionales bien consolidadas, redes camineras, ferroviarias y de comunicaciones policéntricas, comercio racional y lógico por todos los puertos marítimos y fluviales, ágil y fácil por todas las fronteras con nuestros vecinos, sirviendo a aquellas economías regionales, ubicación naturalmente apropiada de la producción y de las industrias”.[10]

En otros términos, se buscaba fortalecer las economías regionales y lograr un desarrollo integral del país, mediante la planificación y ejecución de obras, descentralizadas de la tradicional confluencia hacia el puerto de Buenos Aires. Así lo establecía el Artículo 1° de la Carta Orgánica, creando el CFI como “organismo permanente de investigación, coordinación y asesoramiento,” encargado de recomendar medidas para una adecuada política de inversiones “conducentes al logro de un desarrollo basado en la descentralización”.[11]

El CFI estaba compuesto por la Asamblea, la Junta Permanente y la Secretaría General. La Asamblea era el órgano superior, integrada por los ministros o representantes de cada miembro signatario. El presidente, elegido por la Asamblea entre sus miembros, debía durar un año. El Secretario General era designado por los dos tercios de los miembros presentes de la Asamblea y duraba en sus funciones cuatro años. También podía ser removido de su cargo con el voto de los dos tercios de la Asamblea” (artículo 9 Carta Orgánica). Entre las atribuciones de la Asamblea estaba determinar el plan de trabajos que deberá realizar la Secretaría General (artículo 11). De la Secretaría General dependían el Departamento de Investigación Económica, que elaboraba las bases metodológicas de aplicación en los planes regionales, y el Departamento de Desarrollo Económico, con el objetivo principal de concretar los programas de desarrollo regional.

Los recursos para el funcionamiento del Consejo, según el artículo 15, debían ser provistos por el Estado Nacional, las Provincias, la Municipalidad de Buenos Aires y el Territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La suma aportada por cada provincia y la Municipalidad de Buenos Aires debía corresponder a una proporción igual a su coeficiente en la distribución de los impuestos sujetos al régimen de coparticipación federal (ley 14.788). El Estado Nacional aportaba “una suma igual al doble de la que correspondía a la Provincia de mayor aporte según lo establecido”.[12]

Desde el inicio, el CFI se ocupó de la búsqueda de financiamiento para obras públicas provinciales. En 1961 gestionó ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) quince millones de dólares con el fin de financiar un Consorcio de Bancos de Provincias (COBAPRO) para fomentar préstamos a nuevas plantas industriales, reactivar la agricultura y la minería, y equipar pequeñas y medianas empresas.

La novedad del Consejo Federal estaba constituida por la creación de distintos centros provinciales, o regionales, orientados a los vínculos económicos con los países limítrofes. Esto significaba un impulso –aunque no explicitado– al proceso integrador iniciado por Argentina con Brasil y Chile a partir de la década de 1940 y nunca interrumpido.[13] De este modo, el CFI presentó el trabajo Administración y desarrollo regional en una mesa organizada por el BID, en Rio de Janeiro (1961). También financió el Estudio sobre Bases del desarrollo Regional (1963) y el Estudio del desarrollo del Valle Inferior del Río Chubut, encomendado al economista Aldo Ferrer. En esa línea, el Senado de la Nación, el 12 de mayo de 1960, había formado una comisión especial para el Estudio de la Región Comahue, comprendida por las provincias de Río Negro, Neuquén y el sur de La Pampa y Buenos Aires. Esa Comisión constituyó, junto al CFI, un Comité de asesoramiento técnico. Y –según decreto firmado por el presidente Guido– continuó los estudios iniciados durante el gobierno de Frondizi sobre el desarrollo de la región Comahue, “de acuerdo con el contrato” formalizado “el 26 de enero de 1961”.[14]

El plan para la región del Comahue incluyó el estudio del complejo hidroeléctrico Chocón-Cerros Colorados, con la construcción de los embalses y los diques sobre los ríos Limay y Neuquén. También el gobierno nacional eligió al CFI como órgano técnico que canalizaría los aportes para el desarrollo del Comahue provenientes de la FAO (Food and Agriculture Organization), organismo de las Naciones Unidas. Esta tarea fue continuada por el Consejo durante toda la década de 1960, y con gobiernos de distinto signo. Lo cual indica la existencia de un implícito consenso entre el Estado nacional, las provincias y la política de desarrollo impulsada por los organismos internacionales.

Política y obras públicas provinciales (1962-1965)

El CFI surgió de un pacto político entre gobernadores de un mismo signo partidario. La elaboración de su Carta Orgánica y los planes de obras que proponía la Asamblea y realizaba el Secretario General coincidían con las propuestas desarrollistas del partido gobernante. Pero la caída del presidente Arturo Frondizi nos lleva a investigar si en el Consejo hubo continuidad en las obras con otros gobiernos. Para establecer la existencia de algún vínculo entre la política y la ejecución de las obras públicas del CFI, conviene reseñar la situación política en la Argentina de esos años.

El 18 de marzo de 1962 se realizaron elecciones con el objetivo de renovar la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación y los gobiernos provinciales, con excepción de Mendoza, Misiones, Santa Fe, San Luis, La Pampa, y Catamarca. Al día siguiente, bajo presión militar, Frondizi intervino todas las provincias donde ganó el peronismo, pero reconoció el resultado electoral, comprometiéndose a que los cargos electos asumirían, y se negó a disponer la anulación del resultado electoral. Esto provocó la reacción de las Fuerzas Armadas. El 28 de marzo, los militares dieron un golpe de estado siendo Frondizi destituido y reemplazado por el presidente del Senado, José María Guido quien, el 23 y el 25 de abril, sancionó dos decretos anulando las elecciones del 17 de diciembre de 1961, las del 14 de enero, el 25 de febrero y el 18 de marzo de 1962. En la misma norma, también dispuso la intervención del resto de las provincias que no había intervenido Frondizi, completando lo que no quiso hacer el presidente destituido. Finalmente, el 19 de mayo de 1962, por Decreto 4.419, Guido declaró “en receso” al Congreso Nacional, asumiendo en sus manos el poder legislativo nacional y los poderes ejecutivo y legislativo de las provincias. De este modo, todos los gobernadores de las provincias argentinas respondían a una única orientación: la de los militares.[15]

El año 1963 hubo un nuevo cambio institucional en la Argentina. El gobierno cívico-militar convocó a elecciones en todo el país para el 7 de julio de 1963. El ex presidente Frondizi estaba detenido, impedido de participar en las mismas. Y los ciudadanos peronistas no podían presentar candidaturas por su proscripto Partido. Las elecciones fueron indirectas, se votaron electores quienes, reunidos en un Colegio Electoral, eligieron al presidente y al vicepresidente de la Nación. Con el 25% de los electores ganó la fórmula Arturo U. Illia-Carlos Perette (UCRP). El mismo procedimiento electoral indirecto ocurrió con la elección de los gobernadores.

El resultado de los votos emitidos en las provincias, el domingo 7 de julio, señala que sobre 22 distritos los Colegios Electorales eligieron gobernadores en 15. En 13 provincias el gobierno correspondió a la UCRP. En las restantes 9 provincias fueron elegidos gobernadores opositores. Como se observa en al Cuadro 1, el 59 % de los gobernadores electos pertenecían al partido gobernante y el 41% a partidos opositores de filiación cercana al peronismo, conservadores, liberales o radicales escindidos.

En junio de 1963, durante la presidencia de la Nación de José María Guido y sus gobernadores, la Junta Permanente del CFI estaba constituida por los ministros de Economía/Hacienda Horacio Frías Pasman (S. Fe), Emilio Vázquez Viera (Mendoza), Carlos Tabera (Jujuy), José Dorado Vilela (Secretario de Hacienda, T. del Fuego), Fernando Pérez (La Pampa), Benjamín Martínez Echenique (S. del Estero), Carlos Soarez Telles (representante-oyente por Buenos Aires provincia). El Secretario General del CFI era Alfredo Eric Calcagno.

Durante la reunión del 27 de junio de 1963 se reeligió por unanimidad como Presidente de la Junta al ministro de La Pampa, Fernando Pérez. Luego, la Junta Permanente pasó a considerar los Pedidos de asistencia técnica de las provincias, propuestos por los ministros de economía de las provincias interesadas.

Chubut: 1) Convenio entre CFI y CORFO de Río Chubut para contratar y financiar la dirección del plan de desarrollo del valle inferior del Rio Chubut. La Junta autorizó destinar el superávit del CFI (2.500.000 $) para realizar “un nuevo estudio presentado por el señor Ministro y que no se halla contemplados en el Presupuesto del Ejercicio 1962-63”.[16]

Chaco: 1) Contratación de un asesor en problemas de administración. 2) Análisis del proyecto del Hospital regional “Perrando”. 3) Iniciación trabajos preparatorios sobre catastro económico en 1964. 4) Estudio hidrogeológico zona de Villa Angela.

Entre Ríos: 1) Concurrencia de personal para asistencia en construcción de viviendas. 2) Colaboración económica para Planes de vivienda provincial a corto y mediano plazo.

La Pampa: 1) Contrato para instalar planta industrializadora de leche. 2) Estudio aprovechamiento del Río Colorado.

Río Negro: 1) Estudio sobre la comercialización de la fruta rionegrina. 2) Asesoramiento para el traspaso de hospitales nacionales a la provincia.

Corrientes: Análisis de la coparticipación provincial en los impuestos de emergencia.

Santa Cruz: Asistencia para la elaboración del Código Fiscal y la Ley Impositiva.

Buenos Aires: Asesoramiento comisión para zona erosionada,

Jujuy: Técnico en comercialización de minerales y regalía provincial.

Si observamos el Cuadro 2, se puede confirmar que los estudios programados por la Secretaría General, en convenios del año 1962, tenían proyección de futuro. Los montos asignados muestran que la mayoría, 6.579.000 $ (64,63%), fueron destinados a la región patagónica. No obstante, las provincias de Santa Fe y San Juan (en ese orden) secundaron a las provincias patagónicas en las prioridades de los pagos del CFI.

En cuanto al pedido de Chubut sobre el convenio con CORFO-Río Chubut, conviene aclarar la existencia de un plan de trabajo de cinco años, previsto en el artículo 30 del Decreto-ley de Chubut N° 380/63 (18 de febrero de 1963), mencionado en una nota de su presidente Luis Feldman Josin.[17] En la Asamblea del 27 de junio de 1963 el Secretario General informó los antecedentes del estudio “Consideración del Plan Comahue”, y solicitó autorización para proyectar un presupuesto general de gastos. El ministro de Santa Fe, entendió que no correspondía al CFI “tomar a su cargo el estudio del Plan Comahue”. Esta diferencia en el seno del Consejo, llevó a que el tratamiento del Plan Comahue se postergara para la próxima reunión de la Junta Permanente. Negativa santafesina a tratar el desarrollo energético patagónico que será revertida, como se verá más adelante.

En el Presupuesto del CFI del Ejercicio 1963, artículo 1°, se menciona que el Secretario General, “antes del 31 de octubre de cada año”, debía presentar “a la Junta Permanente del CFI un ante proyecto del mismo”. Además, en el artículo 12, declaraba que la Cuenta Inversión y la Memoria Anual sería elevada por el Secretario General “dentro del primer trimestre de vencido el ejercicio”. El artículo siguiente menciona que el ejercicio financiero “comienza el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre de cada año”. El Presupuesto fue presentado entonces, según la normativa, antes del 31 de octubre de 1963. Todo parece indicar que el Presupuesto del Ejercicio 1963 había sido elaborado durante la presidencia de José María Guido y sus gobernadores.

El presidente Arturo Illia asumió el 12 de octubre de 1963 y varios gobernadores en diciembre del mismo año, entre ellos el gobernador de Santiago del Estero. El Presupuesto del CFI para 1963 señala que “las provincias de Santiago del Estero y Tucumán solicitaron separadamente los estudios” 1) de la Cuenca del Río Salí-Dulce. 2) para el aprovechamiento de la zona del dique El Cadillal, y 3) informe zona dique Río Hondo. Estos estudios claramente fueron solicitados con anterioridad a la asunción de los nuevos gobernadores y comprendía los siguientes gastos.

Comparativamente, vemos que los gastos del Informe Río Hondo superan a la totalidad de los gastos de todas las provincias presupuestados en el Ejercicio 1962 (Cuadro 2). En el discurso inaugural del inicio de su mandato, 12 de diciembre de 1963, el gobernador de Santiago del Estero, Benjamín Zavalía, manifestó la importancia de la gran presa de Río Hondo. Ante las dudas por el cambio de gobierno, aseguró que no sería suspendida, “pues con ella se duplicará la actual capacidad de regadío”. Además, proponía dar la tierra “a los hijos de la tierra” conforme a un plan de colonización, que decía tener el fin de radicar al santiagueño en su propio suelo, estableciendo “niveles de trabajo permanentes y remunerativos”.[18] Estas declaraciones indican la reafirmación de los estudios y obras que se venían realizando con el asesoramiento del CFI en el gobierno anterior.

El Plan de trabajos del CFI para 1964 trataba de cumplir la finalidad que motivaron la creación del Organismo, pero en otras circunstancias. Se adecuaron en función de la realidad nacional y también de los trabajos ejecutados. La Secretaría General del CFI debía someter a consideración de los ministros de economía de las provincias el Plan de trabajos y Presupuesto para que incorporasen, sustituyeran o modificaran los trabajos proyectados para 1964. La continuidad durante 1964 con las tareas del ejercicio financiero anterior –cuando había otros gobiernos en la Nación y en las provincias– se observa en los trabajos de 1963. Allí se redactaron las Bases para el desarrollo regional argentino, que establecía un diagnóstico de las economías regionales, un modelo intersectorial e interregional, y la creación de polos de crecimiento.[19]

Bases para el desarrollo regional argentino expuso los fundamentos de la planificación descentralizadora, en coincidencia con los lineamientos desarrollistas del gobierno anterior: “…es menester impulsar las economías provinciales, localizar e instrumentar polos de crecimiento de acuerdo a las posibilidades y ventajas comparativas de todas las regiones […] En 150 años de historia hemos conseguido el crecimiento de una región: Buenos Aires y su zona de influencia […] esta estructura no puede subsistir en la Argentina futura”.[20]

También el Programa conjunto para el desarrollo agropecuario e Industrial, iniciado por el CFI y la Confederación General Económica (CGE), durante el gobierno de Frondizi, atravesó diversos gobiernos hasta 1965. Este trabajo fue dirigido por Orlando A. D'adamo, Secretario Técnico de la Presidencia de la Nación, junto al Instituto de Investigaciones Financieras de la CGE, corporación de pequeños empresarios con actuación política en defensa del sector industrial. Tuvo por finalidad realizar cuatro informes que diagnosticaran los problemas económicos y productivos de todo el país: pesca, agricultura, ganadería energía, industrias diversas, trasportes, vivienda, etc. Terminó con cuatro volúmenes estableciendo metas para una estrategia de desarrollo económico integral de Argentina. [21]

El 29 de enero de 1964, Eric Calcagno, uno de los fundadores del CFI, Secretario General desde febrero de 1962, presentó su renuncia. Consideraba que su última tarea había sido “asegurar la continuidad del organismo” frente a la tendencia de suprimirlo, La justificación de su renuncia fue dejar en libertad a las nuevas autoridades para designar al técnico que considerasen más adecuado. Ese mismo día, la Asamblea General del Consejo aceptó la renuncia de Calcagno, luego de elogiar su gestión. Los trabajos desarrollados hasta ese momento –estudios económicos generales– servirían de base para futuros proyectos industriales y agrícolas.

La Asamblea también debatió un pedido de incremento de la ayuda del Estado nacional para obras públicas provinciales. Calcagno había enviado al Ejecutivo Nacional la solicitud de elevar la ayuda federal a las provincias, de 1.000 millones a 6.000 millones de pesos. Para algunos, el monto solicitado era insuficiente. Pero otros –con mayor realismo–, sostenían que el gobierno de la Nación ya había contestado al CFI mediante una nota de la subsecretaría de Hacienda: “no puede aumentar de acuerdo a un decreto, el monto dado”. Este aspecto parece recurrencia de la gestión anterior, cuando el secretario de Hacienda, Eduardo Tiscornia, mantuvo una política de achicamiento del gasto del Estado.[22] Entonces, el representante de Misiones sostuvo que “para alterar esa suma” (1.000 millones) había que esperar al trato del nuevo presupuesto en el Congreso nacional. El debate pasó para la próxima Asamblea. Pero antes, el representante de la provincia de Buenos Aires –con el acuerdo de “un grupo de ministros”–, propuso como presidente de la próxima Asamblea al representante de Misiones: Juan Carlos Guerra. Y fue aceptado.

En el mes de febrero podemos observar un acuerdo estratégico entre dos provincias históricas ante la emergencia de las jóvenes provincias patagónicas. El 21 de febrero de 1964 se reunió la Junta Permanente del CFI para tratar el postergado asunto del Estudio sobre el desarrollo del Comahue. El tema se trató con la presidencia de Santa Fe (propuesta por el ministro de Buenos Aires). Luego de lograr Buenos Aires la ejecución de un estudio sobre aguas subterráneas, necesario para su provincia, se autorizó “afectar personal” para el “Estudio sobre el Comahue”.[23] El problema por la falta de energía eléctrica era un hecho que afectaba principalmente a Buenos Aires y a las grandes aéreas industriales. Las provincias de Buenos Aires y Santa Fe consumían el 82 % de la electricidad del país.[24] El desarrollo de las represas Chocón-Cerros Colorados constituía una estrategia que beneficiaría tanto a las jóvenes provincias patagónicas proveedoras como a las grandes provincias consumidoras.

En la Asamblea del 25 de marzo de 1964, San Carlos de Bariloche, Río Negro, otra vez por la propuesta de la provincia de Buenos Aires, resultó elegido el nuevo Secretario General, Luis Rotundo. La aceptación fue por unanimidad de los miembros de la Junta de ministros o funcionarios de Economía/Hacienda de las siguientes provincias: Misiones: Juan Carlos Guerra, Buenos Aires: Ri­cardo A, Fuertes, Catamarca: José Félix Jalile, Córdoba: Jacinto R. Tarantino, Chaco: Sergio M, Gán­dara. Corrientes: Omar Mancini, Chubut: Alfredo A. Arnoldi, Entre Ríos: César Corte, Formosa: D. Osvaldo Marcial Rojas, Jujuy: Carlos Tabera, La Pampa: José J. J. Buthet, La Rioja: Enrique Peñaloza Camet, Mendoza: Sergio Arturo Ferraris, Neuquén: Otto Abel López Osornio, Río Negro: Alber­to Rionegro, Sal­ta: Florencio Elías, San Juan: Julio Zapata Ramírez, San Luis: Félix Quiroga Origone, Santa Cruz: Carlos Otamendi, Santa Fe: Wilfredo Miro Pla, Santiago del Estero: Juan Bautista Espeche, Tucumán: Roberto Cristiani, Tierra del Fuego: Raul Borgialli.

Por lo visto, si comparamos este listado de nombres con la lista de ministros o funcionarios de Economía durante el año 1959, no hay continuidad. Esto se explica por la inestabilidad política de la época, consecuencia de una profunda crisis de las clases dirigentes tradicionales sobre qué hacer en Argentina.[25] Ahora veremos lo sucedido con las políticas seguidas por las nuevas autoridades. Cuando la Junta trató el punto Ayuda Federal para Obras Públicas propuso gestionar al Poder Ejecutivo de la Nación la elevación del monto “a la suma de diez mil millones de pesos”, cifra equivalente, con los ajustes de la inflación anual, a los montos dispuestos para el año 1958 (la propuesta pretendía superar los mil millones de pesos asignados, ver Cuadro 5).[26] A su vez una Comisión planteó proyectar la elaboración de índices que permitieran distribuir la Ayuda Federal según criterios de evaluación real de subdesarrollo.

La provincia de Buenos Aires estaba de acuerdo en solicitar un mayor aporte del Estado Nacional porque contemplaba los intereses de la provincia. Pero sostenía mantener la misma forma de distribución del año anterior. Mientras la ayuda se mantuviera en esa cantidad Buenos Aires no haría cuestionamientos. La discusión surgió cuando La Rioja propuso que fueran considerados índices de “cesión de población” para la distribución de la ayuda federal, Buenos Aires a su vez propuso índices de “absorción de población”, porque la propuesta de La Rioja afectaría a Buenos Aires, donde “afluye el aluvión de pobladores del interior”.[27] En definitiva, el aporte del Estado nacional a los Estados provinciales, para realizar obras públicas, se mantuvo en 1.000 millones de pesos durante el Ejercicio 1964. El monto asignado era el mismo que en 1960, mientras la inflación acumulada 1960/63 superaba el 93% (Cuadro 5).

No obstante el aporte nacional a las provincias, el CFI funcionaba con los aportes de sus miembros. Estos aportes estaban previstos en el artículo 15 de su Carta Orgánica y provenían de retenciones proporcionales de acuerdo a la coparticipación federal (ley 14.788). El Cuadro 5 muestra los aportes anuales de los miembros y el porcentaje que representaba cada uno de ellos en el total. La provincia de Buenos Aires destaca siendo la provincia que realiza la mayor aportación al CFI. En el año 1965 aportó 89.240.454$ (28,4 % del total de las aportaciones). La Ciudad de Buenos Aires era el segundo contribuyente, 13 % del total. Por lo tanto, sumando ciudad y provincia de Buenos Aires, la región bonaerense representaba el 41 % de los aportes. Mientras, el resto de las provincias tenían una menor participación. Santa Fe y Córdoba eran la tercera y cuarta, en el orden de mayores contribuyentes, con el 7,73 % y 7,4 % del total, respectivamente. Estas cifras, ¿tenían relación proporcional con los trabajos o estudios programados por el Consejo? Para responder a la pregunta es preciso comparar los estudios presupuestados de cada Ejercicio con las aportaciones del mismo año.

Del análisis comparativo, entre los aportes y los gastos, surge lo siguiente: Existe un aumento en el número y en los montos de los gastos asignados a estudios para el desarrollo en las provincias. En 1962 se firmaron 6 convenios provinciales, en 1964 hubo 11 convenios, y en 1965 el número ascendió a 30 convenios. Desde 1964 (49.833.203 $) a 1965 (194.837.600 $) los gastos asignados por el CFI a los convenios con provincias aumentaron 145.004.397 $ (291%) (Cuadros 4 y 5). La proporcionalidad supera en magnitud a los aumentos por aportes de las provincias en el Ejercicio 1965. Ese año el CFI solo recibió por coparticipación un aumento de 106.312.700 $, 51%, en relación a lo recibido el año 1964 (Cuadro 5). Pero en el período anterior la diferencia fue aún mayor. Los Gastos por Convenios con provincias de 1963 (10.179.000 $) a 1964 (49.833.203 $) aumentaron 389 % (39.654.203 $) (Ver Cuadros 2 y 4). Mientras los aportes provinciales en el mismo período, 1963-1964, aumentaron 38 % (57.573.400 $, ver Cuadro 5). Suficiente para cubrir los gastos comprometidos por convenios del Ejercicio 1964.

El Cuadro 6 resume los gastos por convenios con provincias (y/o estados miembros) que fueron aprobados para el Ejercicio 1965. El orden de prioridades en la asignación de estudios o trabajos fue: Santiago del Estero (17,71%), Santa Fe (16,.9 %), Buenos Aires (15,53 %), Salta (9,75%) y Tucumán (4,5 %). Córdoba solo poseía un trabajo presupuestado (acueducto), pero conjuntamente con Santa Fe, representando el 7,7 % del total. Si se observa el orden de prioridades en los pagos en relación al Ejercicio 1964, Santa Fe mantiene el primer lugar, con la totalidad de sus convenios pagados. Esta situación indica la preponderancia institucional que tenía esa provincia desde el inicio del CFI. Santiago del Estero comparte el primer lugar de prioridad en los pagos, con el convenio más importante para el gobernador Benjamín Zavalía (UCRP), el desarrollo del Rio Dulce (13.500.000 $), totalmente pagado.[28] Buenos Aires figura en el tercer puesto con su principal interés económico: el desarrollo agropecuario. No obstante, la región bonaerense poseía el convenio más costoso de todos (20.000.000 $) con destino a impulsar una actividad no tradicional: el desarrollo ictícola.

Con los datos comparados se puede afirmar que –considerando la totalidad de los montos– esos años el Consejo incrementó sus trabajos en las provincias con una relación proporcional superior a los aportes que recibió de ellas. En sentido inverso, la región bonaerense recibió 15,53% para gastos, proporcionalmente menos de lo aportado (28,4%). Una clara distribución de los ingresos del CFI hacia las regiones menos favorecidas. Pero también se observa que la mayor cantidad de dinero (71%) fue destinado a los convenios con las provincias del mismo signo político que el gobierno nacional (Cuadro 1), y el 33% a Buenos Aires-Santa Fe, la región con los mayores puertos de exportación del país (Cuadro 6). Esta distribución no surge de un acuerdo explícito (al menos no se observa en las primeras actas de las Asambleas). Sí hay evidencias que los planes de trabajos, peticionados por las provincias miembros, eran presentados por la Secretaría General del CFI. La Asamblea luego podía aprobar los planes, facultando a la Junta Permanente la ejecución de los mismos, de acuerdo a las prioridades que hubiesen fijado las provincias.[29] En definitiva, era un sistema de alianzas donde la ejecución de los trabajos estaba consensuada por los gobiernos provinciales. Tampoco hay evidencias de acción por parte del Ejecutivo nacional orientando los recursos hacia algunas provincias en perjuicio de otras.

Conclusiones

El Consejo Federal de Inversiones fue principalmente producto de un acuerdo político entre los Estados provinciales y el Estado nacional, en un momento histórico favorable a la descentralización económica y al desarrollo regional. Las corporaciones empresarias no estuvieron ausentes, como lo demuestra el Programa conjunto para el desarrollo agropecuario e Industrial, realizado conjuntamente por el CFI y la Confederación General Económica. Los vínculos del CFI con sectores productivos y corporaciones provinciales estuvieron presentes en una instancia posterior a la formulación política de los planes de desarrollo. Así fue en los casos de los proyectos Comahue, Río Salí-Dulce, Río Chubut y Río Colorado. Esto quizá se deba a una situación de mayor debilidad de las corporaciones locales en relación a la influencia de las organizaciones de carácter confederado.

El debate político nacional fue gran impulsor de la creación del CFI. La centralidad de Buenos Aires, y una porción del litoral, había sido cuestionada por el programa de la UCRI. Pero cuando llegó al gobierno, el presidente Frondizi no buscó ir contra Buenos Aires, sino generar grandes centros económicos regionales “en emulación con Buenos Aires”. La densidad económica de la pampa húmeda –con sus grandes puertos, industrias e ingresos por el comercio exterior– no podía ser soslayada. Y esta realidad surge al analizar los debates, diferencias y acuerdos en las primeras Asambleas de la Junta Permanente del CFI.

La alianza del litoral, Buenos Aires-Santa Fe, y la defensa de sus intereses se manifestó cuando Buenos Aires eligió al representante de Santa Fe para presidir la Junta Permanente del CFI de 1964. Desde ese momento Santa Fe realizó un cambio: de su anterior rechazo, a la aprobación del “Estudio sobre el Comahue”. Ese cambio fáctico, puede interpretarse como resultado de dicha alianza, que vimos al analizar la reunión de la Junta Permanente de febrero de 1964. Fue un giro estratégico a favor del futuro industrial de la región pampeana. El desarrollo de la región Comahue suministraría energía principalmente “a la zona del Gran Buenos Aires-litoral”, con mayor consumo eléctrico de la Argentina. También fue clave la participación de Buenos Aires en la discusión por los índices para calcular el monto de los aportes al CFI. Siendo el mayor aportante al Consejo (28,4%), el gobierno de Buenos Aires no estaba dispuesto a una variación del índice que significara un aumento de su aportación. Buenos Aires mostró en los hechos que ese dinero aportado debía servir para financiar estudios que mejorasen el desarrollo agropecuario bonaerense, su fuente de riqueza. Los convenios de los años 1964 y 1965 así lo demuestran. Entonces, luego de todo lo expuesto, se intentará responder al interrogante inicial del artículo: ¿El CFI avanzó en el desarrollo basado en la descentralización, propuesto en su Carta Orgánica?

La documentación de los primeros años del CFI permite afirmar lo siguiente: Hubo una clara tendencia a la realización de convenios que promovieran el desarrollo descentralizado del país. Pero tampoco dejaron de lado los estudios para el desarrollo agropecuario de la pampa húmeda, como se vio en el Cuadro 4. En 1964 se realizaron 11 convenios para 6 provincias. En 1965 la proporción fue semejante, 30 convenios para 15 provincias. Allí estuvieron representadas todas las regiones argentinas, y algunas provincias recibieron mucho más de lo que aportaron al Consejo. En este sentido, esos años, la prioridad del CFI (evidente en los gastos) fue favorecer la descentralización mediante convenios para el desarrollo de algunas provincias postergadas, entre ellas Santiago del Estero. De modo que la descentralización no perjudicó a los sectores agropecuarios. Y el desarrollo energético benefició, principalmente, a las grandes zonas urbanas, industrialmente concentradas.

Por último, ¿se observa debilitamiento del corporativismo y/o frustración de las políticas de Estado por pugnas políticas? El período estudiado, 1959-1965, transición desde un régimen autoritario, fue una democracia tutelada por los militares. Una democracia pactada, donde se volvió indispensable algún tipo de acuerdo que hiciera viable la distribución de los ingresos y los gastos del Estado nacional y de las provincias. Eso en un contexto mundial de planificación para el desarrollo. En el caso argentino, se trataba de un desarrollo descentralizado, que engarzaba los históricos reclamos federales de las viejas provincias con las aspiraciones al desarrollo de las nuevas provincias. Era también la transición de un régimen nacional centralizado en la región bonaerense, a un intento de desarrollo nacional con varios centros regionales. Para lograrlo resultaban necesarios acuerdos entre distintos sectores políticos y económicos.

Este trabajo refirma, en primer lugar, que la descentralización del Estado nacional, por sí misma, no genera desarrollo regional o provincial. En la región Comahue no se radicaron grandes industrias por la disponibilidad eléctrica generada en la represa Chocón-Cerros Colorados. También se encuentran elementos para sostener que el Estado, al delegar (descentralizar) en organismos como el CFI, fortalece su rol de mediador/conciliador de intereses enfrentados de las provincias. En este punto el CFI se destacó trabajando por el desarrollo integral de la Argentina, en proyectos que beneficiaban tanto a los sectores agropecuarios como a los industriales, grandes, pequeños y medianos.

De modo que las tensiones o conflictos que se podrían esperar entre representantes la burguesía industrial y la oligarquía terrateniente, en el CFI no se manifestaron, al menos en las Actas de las Asambleas estudiadas. Por el contrario, aunque con las diferencias ya señaladas, se observa deliberación y acuerdos entre gobernadores de provincias diferentes o de origen político opuesto. Las pugnas políticas fueron resueltas en las reuniones de Junta Permanente, donde estaban representantes de todas las regiones del país. Allí determinaban el monto de las asignaciones para la ejecución de los convenios provinciales, donde vimos superiores los porcentajes asignados a las provincias con gobiernos de distinto signo político al poder ejecutivo nacional.

.En definitiva, la particularidad en Argentina es que la descentralización del Estado nacional, mediante el CFI, tiene la característica del debate y el consenso interno político de los gobiernos provinciales. La influencia de los aportes financieros de organismos internacionales contribuyó a la continuidad de los proyectos para el desarrollo de todas las regiones. Y pervivieron a pesar de la inestabilidad política en esos años.

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Notas