Contra los arrastra sables… Militarismo y antimilitarismo en los comienzos de la Argentina moderna1

Against the “arrastra sables”... Militarism and antimilitarism in the beginnings of modern Argentina

 

 

Gisela Manzoni

Universidad Nacional de La Plata

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

giyitan@yahoo.com.ar

(Argentina)

 

 

Resumen

En 1901 se sancionó en Argentina la Ley 4031 que establecía el Servicio Militar Obligatorio. Reconstruimos en este artículo los debates y las diferentes posturas que generó esta ley dentro de la propia clase dirigente y del ejército, ya que su sanción fue parte del proyecto de modernización estatal que el gobierno argentino comenzó en el siglo anterior. Esta ley ocasionó encendidas críticas de socialistas y anarquistas que fueron volcadas en La Vanguardia y La Protesta Humana, dos de sus principales órganos de prensa. Ambos sectores condenaron la Ley y el militarismo estatal con argumentos semejantes. Defensores y detractores del Servicio Militar Obligatorio respondieron a una lógica y a un lenguaje de la modernidad que encontró todos sus matices en este debate. El artículo busca ahondar en ellos y resaltarlos especialmente.

Palabras Clave: Anarquismo; Socialismo; militarismo; antimilitarismo.

 

Abstract

In 1901, Law 4031 established the Mandatory Military Service in Argentina. We tried to reconstruct the debates and different positions regarding this Law framed within the state’s Project of modernization that Argentine government had begun in the previous century.

Socialists and anarchists critics published in two of its main press: La Vanguardia and La Protesta Humana. With similar arguments, both sectors shared the condemnation of the law and state militarism. Supporters and detractors of the Mandatory Military Service responded to a logic and language of modernity that found all its nuances in this debate. This article seeks to highlight them.

Keywords: anarchism; socialism; militarism; antimilitarism.

 

 

Introducción

Durante el siglo XX, una de las prácticas de la ciudadanía en clave masculina fue la obligación, a los 18 años, de cumplir con el Servicio Militar Obligatorio (en adelante, SMO). Vale decir que, al adquirir la categoría de electores, los varones obtenían el deber de defensa de la patria. El sorteo de los futuros conscriptos de una generación era un rito que distaba de la alegría de una ceremonia de pasaje. Ser exceptuado del servicio militar por el azar del número sorteado o por alguna de las contingencias que consideraba el sistema era sentirse “salvado”. Las estrategias para rehuir la imposición se originaron en el mismo momento en que la obligatoriedad fue condición del servicio militar. En particular, fue álgido el debate durante el proceso de consolidación del Estado nacional en Argentina y tuvo un hito en 1901 con la sanción de la Ley 4031. En efecto, existía todo un universo de posibilidades para lograr la salvación, esto se dio mientras la conscripción fue obligatoria. En 1994, la normativa 17.531 fue suspendida en la República Argentina y se sancionó la 24.429. La nueva legislación establece el Servicio Militar como voluntario y se sancionó durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), tras el escándalo y la conmoción publica que causó el brutal asesinato del conscripto Omar Carrasco a manos de sus superiores.

El objetivo de nuestro trabajo es comparar la manera en que socialistas y anarquistas criticaron y se opusieron a las iniciativas de militarización de la sociedad civil en Argentina. En las siguientes páginas, describiremos las principales características del proceso de modernización del ejército argentino, en el marco de la modernización estatal de finales del siglo XIX, cuya principal expresión fueron la profesionalización del ejército y la sanción del SMO. Ambas iniciativas, la del Estado argentino y la de las oposiciones socialista y anarquista, se desprenden de un ideal de modernidad que albergaba en su interior múltiples contradicciones.

 

Obligatoriedad
antes de la obligatoriedad

El lema “Paz y administración” acuñado para la etapa que inicia la Argentina en la década de 1880 se caracterizó por reforzar la concomitancia entre clases dominantes y gobernantes, en ese sentido y al decir de Tulio Halperin Donghi (1982), los gobiernos entre 1880 y 1916 coronarán el proyecto iniciado en la etapa anterior (plagada de desacuerdos nacionales): la construcción del Estado argentino. Los sueños de la nueva nación forjada en el desierto pampeano, la “república verdadera”, aun no se había concretado. Sí, se estaban sentando las bases del Estado y, para culminarlo, debían cumplirse con la creación de un ejército moderno.

Waldo Ansaldi y Verónica Giordano (2016) caracterizan ese periodo como el momento en que se produjo un pacto de dominación política entre los principales sectores de la burguesía. Una vez culminado el proceso de centralización del Estado (1880), se generó una crisis económica y política que obligó a reconfigurar el pacto de dominación, pacto que logró institucionalizarse con la Ley Sáenz Peña (1912). Esto dio paso a un periodo de modernización liberal basado en la explotación agrícola, la llegada de capitales e inmigrantes, inversión en transporte, obra pública y privada, desarrollo de la incipiente industria nacional (especialmente productos alimenticios y textiles). Así, para Ansaldi y Giordano (2016), en relación con la organización del Estado, el proceso de modernización había consagrado los valores de la democracia y el federalismo que, en el plano jurídico, se vieron reflejados en la sanción de un corpus de leyes tendientes a reforzar la autoridad del gobierno central. La educación común, el matrimonio civil, la unificación monetaria y, especialmente importante para el tema que nos convoca, la prohibición en 1880 de las milicias provinciales –paso previo e ineludible hacia la centralización y profesionalización del ejército argentino–, fueron algunas de las medidas que confluyeron en aquel propósito. Asimismo, la afirmación del Partido Autonomista Nacional (en adelante, PAN) que se mantuvo en el poder hasta 1916 también coadyuvó políticamente a configurar el proceso de modernización.

Si bien los ojos de la oligarquía local continuaban puestos en Europa, en los países de América cada vez se sentía con mayor fuerza la presencia de Estados Unidos que, bajo el lema del panamericanismo, buscaba imponer sus intereses en toda la región. Argentina se presentó desde la primera conferencia (Washington, 1889-1990) como un país díscolo a estas aspiraciones del país del norte y buscó ser la alternativa a un liderazgo regional. Entre diciembre de 1901 y 1902, se llevó a cabo la Segunda Conferencia Panamericana en México y, aunque las rispideces con Estados Unidos continuaron, lo más destacable para este tema es que tanto Argentina como Chile vieron en ese escenario la posibilidad de buscar aliados y legitimidad para sus conflictos limítrofes. Además, y según Morgenfeld (2011), se ratificaba para América una tendencia a nivel mundial; la mediación como manera de solucionar conflictos entre estados.

Durante el siglo XIX, la defensa nacional se organizó con la Guardia Nacional y con el Ejército de Línea. El primero se formó con milicias de origen burgués; el segundo se compuso con voluntarios bajo contrato (“enganchados”), condenados por delitos comunes (“destinados”) y los gauchos “mal entretenidos”, reclutados por no tener propiedad ni trabajo (avalado por un decreto del 30 de agosto de 1815). De esta manera, el ejército de línea, que debía proteger las fronteras y luchar contra el indio, fue en realidad un depósito, un presidio social. Una de las hipótesis del historiador Ricardo Rodríguez Molas (1983) –quien demostró a la historiografía profesional que el SMO es un tema genuino y relevante de investigación– es que el número de hombres que se enrolaban por la paga aumentaba en los momentos de desocupación y que, con la llegada de inmigrantes al país, el número de “enganchados” de origen criollo se incrementó debido a las mayores dificultades para conseguir trabajo. A los ojos de la profesionalización de la disciplina histórica, esta obra –como otras de Rodríguez Molas– puede parecer rudimentario y carente de rigurosidad– sin embargo, debemos destacar que su obra fue pionera en varios temas que hoy convocan al campo.

Alain Rouquié (1998) sugiere que el papel desplegado por las Fuerzas Armadas en la historia argentina podría insinuar que el país es una creación de sus generales. Este razonamiento encuentra correlato con el lugar que ocupan los militares o la actuación militar en el panteón de los próceres nacionales, y en la historia canónica y escolar. En la genealogía que construye Rouquié (1998), las Fuerzas Armadas fueron las encargadas de “liberar” las tierras (en el norte y en el sur) que más tarde se sumarían al circuito productivo. Además, la Guerra del Paraguay movilizó las fuerzas nacionales en un periodo de luchas intestinas a la vez que realzó el prestigio de los militares locales. Esta línea argumentativa discute con una historiografía que solo ve improvisación en el accionar de las Fuerzas Armadas y afirma que entre estos hombres hubo profesionales, personas de carrera e instrucción militar.

El trabajo de Rouquié (1998) evidencia la centralidad del ejército argentino en los procesos de construcción nacional transitados durante el siglo XIX. Contrariamente a lo que esta afirmación podría hacernos pensar, el autor construye una hipótesis en la que el poder militar se caracteriza por su condicionamiento y subordinación al poder político. Para explicar esta hipótesis, Rouquié (1998) utiliza la categoría de Samuel Huntington (1964) “control subjetivo” del poder militar por el poder civil.2 Para el autor la ley de 1901, que profesionalizó el ejército y estableció el SMO, transformó la relación ejército/Estado aumentando el poder y la independencia del primero (Rouquié, 1998).

La Ley 4031 fue aprobada en diciembre de 1901 por el Senado de la Nación Argentina. El proyecto había sido presentado por el Ministro de Defensa de la Nación, el teniente general Pablo Riccheri, durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca (1898-1904), y fue promulgada por el poder ejecutivo el 5 de abril de 1902, año en el que entró en vigencia. Como ya mencionamos, antes de esta ley la Argentina contaba con el Ejército de Línea y la Guardia Nacional, existente desde 1852. En 1888, durante la presidencia de Miguel Juárez Celman (1886-1890), se modificó la manera de reclutar miembros en la Guardia Nacional y se estableció un sistema de sorteo. Una de sus características fue que cualquier ciudadano que hubiera salido sorteado podía ser reemplazado por otro, “el personero”. Según Rodríguez Molas (1983) este era un hábito corriente en las postrimerías del siglo XIX, al punto que varias compañías aseguradoras vieron en ello una beta económica: por un monto mensual, procuraban al asegurado el dinero necesario para costear un “personero” (p. 13). La figura del “personero” y otros mecanismos, individuales o colectivos, para evitar el SMO u otras formas anteriores de reclutamiento no han merecido la debida atención historiográfica como práctica de resistencia ante el avance estatal contra las libertades individuales.

Otro hito en el camino hacia el reclutamiento obligatorio fue sancionado el 22 de octubre de 1895, a pedido del presidente José Evaristo Uriburu (1895-1898) se anularon las anteriores formas de reclutamiento para la Guardia Nacional y se generó la Ley 3318, ejecutada por primera vez en marzo de 1896. Esta Ley tuvo varios propósitos, entre ellos: poner bajo jurisdicción nacional a todos los integrantes de las fuerzas armadas, reducir los gastos que ocasionaban los sueldos de los “enganchados” y asegurar el número de la tropa ante el eventual conflicto con Chile. Entre las características que deben destacarse de esta normativa está la manera en que los jóvenes serían reclutados: todos aquellos que hubieran cumplido 20 años en 1894 debían asistir a la instrucción por un periodo de entre sesenta y setenta días, quienes se resistieran a esta convocatoria serían penados con dos años de servicio continuado en el ejército permanente. Para Quinterno (2014), en mayo de 1898, la normativa se consideró exigua para las necesidades vigentes y fue modificada por la Ley 3686 que extendía la duración de la conscripción hasta doce meses. Gracias a esta medida, por primera vez la Guardia Nacional contó con un número elevado de personas en sus filas, “sumando 24.000 ciudadanos a los 10.000 hombres con que contaba el ejército de línea en ese momento” (Comando en Jefe del Ejército, 1972, p. 473). Estas normativas constituyen antecedentes directos del reclutamiento masivo y obligatorio por franja etaria.

La ley de SMO como su nombre lo indica, instauró la obligatoriedad para quienes resultaran sorteados. El SMO de 1901 no permitía que el deber de estar “bajo bandera” fuera suplido por otra persona. Aunque sí preveía la posibilidad de cambiar el destino asignado por el sorteo a cambio de una remuneración económica.3 Durante el extenso debate parlamentario (comenzó en junio y terminó en diciembre de ese año, con tratamiento casi diario) varios de los diputados que se oponían al SMO y argumentaban con las falencias, abusos y excesos realizados por el ejército argentino, hicieron alusión a la injusticia social que encarnaba la figura del “personero”. La posibilidad de ser relevado del “deber patriótico” solo era posible para los jóvenes adinerados, por lo que la obligatoriedad dependía de la clase social a la que se perteneciera y no al patriotismo.

Este reclutamiento masivo y obligatorio parece no solo haber sido burlado legalmente con la figura del “personero”, sino que también fueron corrientes los viajes a Montevideo o el ingreso compulsivo a los cargos públicos que eximían de la obligación patriótica: funcionarios, maestros, empleados de salubridad, de ferrocarril y el clero. En este sentido, el diputado (ex militar) Alberto Capdevila, hacía hincapié en las irregularidades que se presentaban.4 El dinero y las influencias en el sector público, que generalmente iban de la mano, eran las que marcaban las verdaderas posibilidades de evitar el llamado de la patria.

Como mencionamos anteriormente, algunas de las pautas que instituyó la ley de 1901 ya habían comenzado a delinearse por otras leyes o reformas tendientes al reclutamiento. Aunque lo que más importa de esta normativa, su elemento paradigmático como bien señala Rouquié (1998), es la combinación que estableció entre el ingreso masivo de reclutas y la profesionalización de la oficialidad. Según el autor, “la unidad de origen y de formación de los oficiales dio una cohesión desconocida, hasta entonces, a la sociedad militar” (p. 87). La profesionalización de la oficialidad del ejército, mediante su paso obligado por las escuelas de armas, reforzó la homogeneidad de clase en la dirigencia de las fuerzas armadas. Esta cuestión le habría otorgado al poder militar independencia del poder político, ya que serían los propios oficiales del ejército quienes tendrían la potestad de elegir las nuevas promociones de oficiales. De esta manera, señala Rouquié (1998), “El ´control subjetivo´ del ejército forma parte, de allí en más, del pasado” (p. 88). Con anterioridad, aun dentro de la oficialidad, muchos grados eran dados o asignados por los políticos de turno como maneras de contar con aliados dentro de las fuerzas.

Parte del trabajo de Sabina Frederic (2013) indaga sobre la procedencia, la asimilación y el ascenso social de los militares. La autora destaca de qué modo, desde los años setenta, varios trabajos han puesto su atención en las vinculaciones de los militares con las elites (Imaz, 1964; Potash, 1981; Rouquié, 1981). Su intención es mostrar cómo la percepción sobre la procedencia de los militares de familias tradicionales y rurales, a principios del siglo XX, ha sido una “representación distorsionada del sentido común”; y cómo muchas familias aristocráticas resistían el ingreso de sus hijos a las fuerzas armadas. Para Frederic (2013) “es la socialización en la academia militar la que generó una mentalidad de status y la posibilidad de establecer alianzas, muchas veces mediante el matrimonio” (p. 105).

La profesionalización de la oficialidad, uno de los aspectos del proyecto presentado por Riccheri, no generó confrontación entre los legisladores que lo debatieron. El foco de la resistencia legislativa estuvo en la obligatoriedad y duración del reclutamiento, no en las características de la profesionalización. Paradójicamente, esta despreocupación parece haberse trasladado a los estudios históricos, que poco ahondan sobre esta cuestión y sobre sus repercusiones en la vida política del país. Reflejo de ello es el nombre con el que es conocida la Ley 4031– Ley Servicio Militar Obligatorio– cuando, en realidad, es una ley que regula todo el funcionamiento del ejército. Su denominación es Ley de Organización del Ejército y está compuesta por dieciséis apartados, con un total de ciento treinta y nueve artículos de los cuales solo algunos hacen mención al reclutamiento obligatorio. Por otra parte, “la ley 4031 fue modificada en 1905 por la Ley Orgánica del Ejército, que completó la anterior normativa en un proceso burocrático que culminó con la ley 9675 (cuadros y ascensos del Ejército) el 25 de septiembre de 1915” (Cornut, 2011).

Respecto de la obligatoriedad y masividad de la Ley 4031 fue más de forma que de hecho: hasta el primer tercio del siglo XX, del porcentaje que implicaba el sorteo sobre el total de la población, sólo fue incorporado, en promedio, el veinticinco por ciento. El principal motivo de esa parcialidad fue la falta de presupuesto, algo que ya habían señalado los detractores del proyecto durante el debate legislativo. De esta manera, en su aplicación, la masividad y la obligatoriedad fueron relativas.

La duración del SMO estaba estipulada en seis meses para el común de los reclutas, aunque los que obtuvieran mayor número en el sorteo –el número total era establecido cada año por el ejecutivo–5 debían cumplir un servicio de dos años en la armada o el ejército permanente. Como mencionamos anteriormente, los reclutas podían trocar esta suerte según lo disponía el artículo 17 de la ley 4031. Para efectuar el cambio, la ley estipulaba un monto de dinero no menor a los 600 pesos moneda nacional, autorización del padre o tutor de quien aceptara el intercambio, a la vez que el acuerdo debía quedar asentado en un contrato escrito entre las partes y con las autoridades militares. A diferencia de las antiguas prácticas, la “permuta implica únicamente el cambio de tiempo de servicio”6 y no la eximición de la obligación.

La bibliografía sobre el Ejército y las Fuerzas Armadas en la Argentina evidencia, al menos, dos líneas de debate dentro de la propia institución en torno a la cuestión del reclutamiento. Por un lado, existía una corriente caracterizada como modernizadora que bregaba por una conscripción voluntaria al estilo del Reino Unido o los Estados Unidos, en la que se inscribe el proyecto presentado por Capdevila. Por otro lado, estaba la línea impulsada por Ricchieri que, al igual que el modelo preponderante en Europa y especialmente en el Ejército alemán, pugnaba por una conscripción masiva y obligatoria. Este posicionamiento, además de contar con el apoyo del poder ejecutivo, tenía numerosos simpatizantes dentro de las propias fuerzas armadas. A estas dos líneas y según el racconto historiográfico, debe sumarse la “existencia dentro del Ejército de tendencias aún más aferradas al modelo germano y otras que criticaban la copia de modelos externos” (Rodríguez Molas, 1983). Tanto Enrique Dick (2014) como Molas (1983) y Rouquié (1998) hacen alusión al modernismo de las ideas y las personas que protagonizaron estos debates, muchas veces referenciando a los opuestos con la misma adjetivación de modernos.

Según Rodríguez Molas (1983), se presentaron a la Comisión de Guerra tres proyectos sobre el servicio militar, uno en 1900 por el diputado general Francisco Bosch –que fue rechazado–;7 otro, presentado por el diputado Capdevila –aprobado para su tratamiento por la mayoría en la comisión–; y el sancionado, presentado por el poder ejecutivo y defendido en la Cámara de Diputados por el propio Ricchieri.

Durante el debate en la Cámara de Diputados de la Nación, detractores y defensores del SMO hicieron alusión a la falta de preparación y seriedad que caracterizaba al ejército argentino hasta el momento. En relación con esta cuestión, Rouquié (1998) señala que, si bien el ejército tenía múltiples deficiencias, cumplía con las necesidades mínimas para las que había sido proyectado: mantenimiento del orden interno y conservación del statu quo político. Rouquié (1998) y Dick (2014) señalan que la creciente tensión política, militar y social que generaba el diferendo limítrofe con Chile fue crucial para la sanción de la ley. Si bien el litigio no era nuevo, el vecino país había sancionado un año antes, en 1900, la conscripción obligatoria. De esta manera, su número de tropas había aumentado, un dato significativo para quienes medían la correlación de fuerzas ante un posible conflicto armado (Dick, 2014, p. 37). Según Dick (2014) las fuerzas armadas chilenas ya habían optado por un referente para su formación: el ejército alemán.

Dentro de la enumeración de factores que impulsaron e hicieron factible el proyecto presentado por el ejecutivo en 1901, Rouquié (1998) destaca la mentalidad de sus impulsores. Atravesados por una “exigencia de progreso”, tanto Roca como Ricchieri eran considerados militares “modernos”, admiradores de los ejércitos europeos, y especialmente distantes del “viejo ejército” del que emanó el otro proyecto sobre su organización debatido ese año (p. 82). Sin olvidar que como representantes de la oligarquía defendían la idea de que tanto el SMO como la profesionalización que pautaba la Ley 4031 reforzaban la marca clasista ya existente, entre la oficialidad y el resto de los miembros de las fuerzas armadas. En este mismo sentido, parte central del argumento de quienes lo defendieron en el debate legislativo reposó en la función cívica y moral que cumpliría el SMO. La conscripción masiva sería, así, un antídoto contra el cosmopolitismo y la debacle social.8 El ejército –y también la escuela– serían las instituciones que inculcarían el patriotismo y moldearían a los futuros electores. El 4 de septiembre de 1901, el diputado Mariano Demaría defendía el proyecto presentado por Ricchieri citando un estudio del diputado francés Gervais, en el cual, el ejército del servicio obligatorio era llamado el ejército del sufragio universal. Quería, de esta manera, resaltar la importancia de que fueran los ciudadanos de una nación quienes la defendieran. Con ello reforzaba uno de los principales argumentos del proyecto: las guerras modernas necesitan de ejércitos modernos. En los ejércitos de las principales potencias del mundo, la figura del “enganchado” –del mercenario dirá Demaría– había sido suplida.9 El otro proyecto que estaba en discusión, presentado por Capdevila, no suprimía aquella categoría, lo que le valió muchas críticas.

Dick (2014) ha realizado una cronología sobre la profesionalización en el Ejército Argentino. En ella el autor señala que la etapa 1864-1899 (en la que están encuadradas las dos modificaciones en materia de reclutamiento) es parte de un “Período Iniciativo” que se caracterizó por la compra de equipamiento, la creación del Colegio Militar de la Nación (1869), la llegada de militares extranjeros, el envío de oficiales a escuelas militares y de guerra de países europeos, la sanción de normativas regulatorias para el Ejército, las Guardias Nacionales y la creación del Estado Mayor General (p. 77). A fines de este periodo y especialmente durante la segunda presidencia de J. A. Roca (1898-1904), comenzarán las gestiones con el gobierno alemán del Kaiser Guillermo II para la contratación y la colaboración de militares alemanes en el proceso de profesionalización del Ejército Argentino. Dick (2014) sustenta su racconto histórico en una serie de documentos en los que el gobierno argentino en conversación con el alemán, señala el crecimiento del ejército de los EEUU y las posibles ventajas de una alianza argentino-alemana en caso de que aquel incremento resultara problemático para la Argentina. La documentación destaca la admiración con la que los funcionarios argentinos miraron los adelantos de ejércitos como el japonés, el rumano y el turco que se habían visto “beneficiados” por la formación prusiana. Para Dick (2014), “esta línea de razonamiento configura el gran paso que se iba a emprender” (p. 80) en referencia al modelo prusiano que inspiraba entonces al Ejército Argentino.

En su cronología, Dick denomina “Período de preeminencia ascendente” al lapso entre 1900-1908 que se caracteriza por ahondar las líneas de profesionalización iniciadas en el final de la etapa anterior. Esta etapa está estrechamente ligada a la figura del general Pablo Ricchieri, ministro de Guerra de Roca desde 1900 hasta 1904, mentor y defensor en el propio congreso del proyecto sancionado como Ley en 1901. Con esta ley, el Ejército Argentino aumentaba sustancialmente su importancia en la vida política del país, a la vez que se definían extensos y remotos debates internos por el modelo y la función que dicha institución debería cumplir. La preeminencia obtenida por el modelo prusiano, durará hasta 1914, cuando el autor cierra el “Período de Auge” iniciado en 1908. La finalización de esta etapa coincide con la conclusión de su cronología, “fueron hitos considerados como el comienzo del período de plena influencia de la doctrina prusiana y su desenvolvimiento hasta 1914, cuando la movilización para la guerra desarticuló los grandes planes de Alemania para América del Sur” (p. 88). Aunque lo más interesante de este trabajo, es la hipótesis que sustenta sobre que habría sido la influencia prusiana la que llevó a las fuerzas armadas argentinas a intervenir frecuentemente en la vida política del país durante todo el siglo XX.

También basado en documentación del ejército, el trabajo de Hugo Quinterno (2014) propone un recorrido desde 1880 a 1912, en el que lo descriptivo aparece matizado con lo analítico. El estudio reúne las críticas que se realizaron desde las propias fuerzas armadas, no solo al SMO sino a toda la gestión de Ricchieri y evidencia cómo la disconformidad dentro de las fuerzas, los bajos salarios y la promoción de oficiales, fueron parte causal de la sublevación cívico-militar de 1905. Además, abre un abanico de figuras vinculadas al mundo de las leyes, el derecho, a militantes o simpatizantes de la Unión Cívica Radical que objetaron al SMO por coartar las libertades individuales.

Rouquié (1998) acuerda con que la influencia prusiana en las fuerzas armadas argentinas fue muy marcada hasta los primeros lustros del siglo XX, sin embargo, son otros los motivos por los cuales explica la injerencia que tuvo el poder militar en la vida política del país. Para este autor, es la profesionalización iniciada en 1901 la que le dio “al nuevo ejército una consistencia y una libertad de maniobra desconocidas anteriormente y que constituyen los gérmenes del poder militar” (p. 85).

A lo largo de este apartado intentamos mostrar de qué manera el poder político y militar debatió sobre el proceso de modernización de las fuerzas armadas y cómo dicho debate se reflejó en la historiografía. Ese proceso de modernización institucional tuvo dos pilares: la profesionalización de la carrera militar y la instauración del SMO, medida de aplicación masiva que aumentó la importancia de las Fuerzas Armadas en el entramado político.

Por otra parte, las discusiones sobre el SMO evidencian tensiones ideológicas e intereses políticos y económicos de los que la sociedad civil no estuvo exenta. Resultaría por demás interesante hacer un relevamiento que evidencie cómo esta cuestión fue recibida por los diferentes sectores de la sociedad civil, de qué manera la población siguió este extenso debate legislativo y la paulatina implementación de la ley 4031. Para comenzar a desbrozar ese camino, en el siguiente apartado desarrollaremos la manera en que socialistas y anarquistas criticaron y se opusieron a las iniciativas de militarización de la sociedad civil en Argentina.

 

Antimilitaristas,
la vanguardia humana

“Por no despreciarse a sí mismo, deben

despreciar a todos los que no arrastran un

sable y no visten una libreu militar.”10

 

Para reconstruir de qué manera se manifestaron el anarquismo y el socialismo locales sobre la sanción del SMO, utilizaremos sus publicaciones emblemáticas: La Protesta Humana11 (representante de una de las líneas del anarquismo) y La Vanguardia (órgano de prensa oficial del Partido Socialista de Argentina),12 nos concentraremos específicamente en los ejemplares publicados en 1901 y 1902. Por entonces, ambas tenían periodicidad semanal, en un formato que osciló entre las dos y las cuatro páginas, según las posibilidades económicas de los grupos editores.13 Muchos estudiosos han caracterizado el anarquismo como un movimiento milenarista, quizás el más popular sea Hobsbawm (2001) en Rebeldes primitivos. Sin embargo, estas apreciaciones no logran avizorar, según Assumpta Castillo Cañiz (2015), “al mundo libertario en un espacio de circulación cultural que debe su esencia a la crítica en términos ya no solo materiales sino morales y estéticos de la sociedad industrializada y burguesa” (pp. 167-170).

El trabajo de Suriano (2001), referencia ineludible sobre los ácratas en Buenos Aires, tiene cuantiosas menciones sobre cómo ellos mismos se consideran sujetos transformadores de la sociedad. La vanguardia iluminada era la representación de un nuevo mundo moral basado en la ciencia y el progreso, aunque se hallaba en debate con la manera que otros grupos, especialmente la burguesía, los definían. Una de las hipótesis de Suriano (2001) para justificar su recorte temporal (de 1880 a 1910) explica el auge y la caída del anarquismo en Argentina no solo por efecto de la cruenta represión desatada en el centenario, sino también como producto de su posición respecto de las etapas de modernización estatal. Así como a finales del siglo XIX las condiciones políticas, culturales y sociales habían sido propicias para el desarrollo ácrata, los libertarios no habrían podido adaptarse a la vorágine de cambios posteriores a 1910 (pp. 338-342). Esta centralidad del Estado en la determinación del movimiento libertario, su auge y su caída, y el apego del autor a la teoría de la modernización estatal han sido duramente criticadas por Omar Acha (2012), en su trabajo sobre el revisionismo histórico de izquierda.

Con el socialismo ocurre algo similar: son contestatarios de la hegemonía moderna y también, hijos de ella. A diferencia del anarquismo, los socialistas alimentaron una idea de cambio gradual que –como los anarquistas– buscaba el progreso de la humanidad. Esto explica la importancia sustancial que ambos movimientos le dieron a la educación y al anticlericalismo: combatir la ignorancia era combatir a la iglesia (Barrancos, 1990 y 1996). A partir de la Segunda Internacional (1893), el socialismo abandonó la idea de revolución violenta y bregó por la democracia, y por la política electoral y representativa. A nivel local, el Partido Socialista (en adelante, PS) instó a erradicar las prácticas pre modernas que, en su opinión, tenían de rehenes a trabajadores y electores. Por ello, y como práctica política innovadora y moderna, ser un partido con programa fue una de sus prioridades y orgullo. Además, evitaban así los vaivenes del personalismo al que estaba atada “la vieja política” (Adelman, 2010).

Las maneras en que anarquistas y socialistas locales se opusieron a la guerra y a la militarización de la sociedad han sido descuidadas por los cuantiosos trabajos sobre estos movimientos políticos, sociales y culturales en el ámbito local. El trabajo ya citado de Suriano (2001) es el único de los estudios clásicos sobre anarquismo local que en un apartado (La patria y el cuartel) menciona que los libertarios locales comenzaron a plantear el problema del antimilitarismo desde 1890, y que esta práctica estuvo ligada a la reproducción de la prensa libertaria francesa que luego da lugar a la crítica de las instituciones locales. Esas críticas se fueron incrementando al calor de las crecientes tensiones limítrofes entre Argentina y Chile. Entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, el conflicto tuvo distintos picos de tirantez y, señala Suriano, “la problemática del ejército aparecería en la prensa con mayor constancia y regularidad debido a la sanción de la ley de Servicio Militar Obligatorio en 1901” (p. 267).

El autor desarrolla las acciones y el ímpetu que el antimilitarismo local ganó en los primeros años del siglo XX y remarca que, si bien esta fue una postura compartida por socialistas y anarquistas, fueron estos últimos los verdaderos abanderados de la causa. Suriano (2001) describe de qué manera el antimilitarismo se volvió pilar de la prédica y propaganda anarquista, que llegó a tener dos periódicos específicos sobre esta cuestión: El conscripto (1906) y Luz al Soldado (1907-1913). Sin embargo, refiere que su discurso no traspasó las fronteras del movimiento sino que

a lo sumo lograron convencer a algunos jóvenes de no hacer la conscripción y, en casos muy contados, a otros de desertar. De todas formas, su acción parece haber tenido el mérito de la originalidad, en tanto fueron casi los únicos en sustentar estas posturas (p. 271).

Nuestro análisis de las fuentes coincide parcialmente con la manera en que el autor caracteriza el accionar y la propaganda antimilitarista del anarquismo local, algunas de cuyas líneas retomamos. No obstante, discrepamos con las últimas afirmaciones, tampoco concordamos con que “no hay evidencias empíricas sobre la existencia de una organización antimilitarista de carácter nacional” (p. 268). Aspecto que discutiremos en el apartado siguiente.

Además, la observación en torno a la originalidad del accionar anarquista es producto de una mirada sesgada sobre el ámbito nacional que no capta la dimensión internacionalista del movimiento ácrata. El anarquismo local reprodujo las tácticas que otros grupos venían desarrollando en contextos donde el avance del Estado y el militarismo fue más temprano, especialmente y como plantea el propio Suriano, el caso francés. Las mismas estrategias de resistencias se retomarán posteriormente en otros ámbitos. Un buen ejemplo de ello son las campañas estadounidenses de resistencia al reclutamiento y objeción de conciencia iniciadas en 1917, cuando la entrada a la Gran Guerra volvió obligatorio el reclutamiento militar en ese país (Goldman, 1996). Aunque, claro está, es una cuestión por demás compleja saber en qué medida esas desobediencias de principios de siglo se debieron al accionar y la propaganda anarquista. Asimismo, esta supuesta originalidad antimilitarista del anarquismo que marca Suriano (2001) se desdibuja en el plano local al observar la prédica de otros grupos que le fueron contemporáneos, como el socialismo. Los trabajos historiográficos de Acha (2009a, 2009b y 2012) han problematizado la cuestión del patriotismo y el internacionalismo en el socialismo y el anarquismo. En el socialismo, es interesante su planteo sobre las distintas maneras en que el PS convive y se posiciona ante el nacionalismo argentino en los distintos momentos del siglo XX. En el anarquismo, analiza cómo la crítica ácrata local en materia de patriotismo y nacionalismo estuvo centrada en la copia que los nuevos Estados hacían del nacionalismo y patriotismo europeo, reivindicando muchas veces una idea de americanidad (Acha, 2009a). Por su parte, aunque no son el foco de su trabajo, María Inés Tato (2017) hace una escueta mención de la postura tomada durante la Gran Guerra por socialistas y anarquistas –categorizados como internacionalistas– para evidenciar una sociedad movilizada por la contienda (p. 130).

Para el caso del PS local no contamos con antecedentes sobre su antimilitarismo. Algunos estudios analizan su posición en torno a la Primera Guerra Mundial14 las rupturas internas y los desprendimientos que se generaron cuando los líderes socialistas locales se alejaron de la línea marcada por la Segunda Internacional sobre la cuestión bélica.15

Sin embargo, ninguno de ellos recoge las posturas del PS en torno al avance del poder militar, la militarización de la sociedad y la profesionalización del ejército producida en los primeros años del siglo XX.

En conclusión, y en virtud de la falta de estudios sobre el tema, en el siguiente apartado abordaremos las posiciones de ácratas y socialistas sobre el SMO señalando aquello que tenían en común y las ideas que los diferenciaban.

 

 

 

Obligatoriedad de clase

“Todo argentino debe el
servicio militar personal”.16

La Ley 4031 no conllevó la obediencia inmediata de la obligatoriedad como la prescribía. Como ya mencionamos, luego de 1901, el acatamiento y cumplimiento efectivo de la Ley fue paulatino y necesitó de varias modificaciones para efectivizar su espíritu. En este apartado, nos interesa destacar las interpelaciones que socialistas y anarquistas construyeron respecto de esta norma. El recorte temporal de nuestras fuentes (1901 y 1902) nos permite captar cómo los reclamos contra la obligatoriedad tampoco fueron inaugurados en 1901. Además, las guerras, o posibles guerras, que implicaban el aumento de la militarización estatal y la social, se convertirán en uno de los argumentos centrales para la sanción de la Ley 4031 de Servicio Militar Obligatorio.

Así, las intervenciones socialistas y anarquistas respondieron a los rumores crecientes (durante noviembre y diciembre) de conflicto armado entre Argentina y Chile, por cuestiones limítrofes en torno al canal de Beagle (Rizzo Romano, 1968).

Ambos sectores políticos estuvieron atentos a los distintos embates de la militarización y denunciaron con énfasis cómo estas leyes recaían especialmente sobre los sectores menos pudientes de la sociedad. En la lectura documental comparada de La Vanguardia y La Protesta Humana, podemos notar que las intervenciones, críticas y cuestionamientos de uno y otro grupo tenían las diferencias propias de las ideologías que los conducían. Una, detestando cualquier idea de autoridad, patriotismo y estatismo; la otra, proponiendo el avance de la democracia mediante una ciudadanía activa como vía hacia el socialismo.

El sábado 7 de diciembre de 1901, en la primera página de La Protesta Humana, aparecía la Nota del día, firmada por Savir, que interpelaba a un tal Juan Lanas por conflicto fronterizo entre Argentina y Chile. En la columna y media que ocupa la nota, Savir deshilvana y refuta el discurso chauvinista, difundido en un amplio sector de la población, que celebraba el posible enfrentamiento. Los argumentos están fundados principalmente en su condición de oprimidos ¿quiénes son los que pelean las guerras y quienes se benefician de ella? Desde allí, argumentaba contra el patriotismo y el servilismo: “Son tus amos, tus directores, los mismos a quienes aborreces porque a más de saber que no los elegiste, los ves a toda hora robar y aniquilarte; son ellos los que se han metido en el famoso pleito de fronteras”.17

Con una clara finalidad pedagógica y ejemplificadora, común en la prensa anarquista de principios de siglo, la nota acudió a la ironía como recurso constante. Mariana Di Stefano (2015) caracteriza esta modalidad como un estilo ilustrado contestatario en el que predomina una alternancia entre formas didácticas y formas cultas.

Juan Lanas podría haber sido Pedro Gómez o José Pérez, utilizar un sujeto a quien dirigirse tiene como finalidad reforzar la interpelación personal que se propone el autor de la nota. Lo que no imaginaba Savir (seudónimo de un personaje periodístico/militante) es que Juan Lanas existía y que la nota había llegado a sus manos. Una semana después, publicaron su réplica.

Podemos imaginar, por la ideología que se desprende de la réplica, que Juan Lanas no era anarquista, probablemente tampoco fuera lector de La Protesta Humana. Savir reproduce la respuesta omitiendo los insultos que le propinaba el lector. Lanas era un inmigrante europeo, llegado a la Argentina de pequeño, que agradecía a sus patrones la rigidez con la que fue tratado ya que esto le había enseñado la cultura del trabajo, el respeto a la propiedad y la obediencia. “¡Que quiere Ud., Sr. Sinpatria, cuando uno no viene rico del vientre de la madre, debe darse por satisfecho de encontrar un buen hombre que lo enderece!”,18 espetaba haciendo referencia al sombrerero que, cuando niño, le había enseñado a ser hombre a costa de dejar la piel de sus brazos en el agua caliente donde moldeaba los sombreros.

Juan Lanas decía adorar su patria natal y la que lo había acogido, y de no ser porque tenía más de cuarenta años19 y familia a su cargo, hubiera ido gustoso a defender el honor de la nación, “¿Que se ha creído Ud., Sr. Sinpatria, que nosotros vamos a permitir que ningún extranjero hollé nuestro territorio e insulte nuestra bandera?”20 En la columna se intercalan párrafos del descargo con otros de Savir, quien continuando con el tono irónico, exponía las que –desde su ideología anarquista y antimilitarista– eran contradicciones:

por todas estas razones, Juan Lanas es patriota y pide a voz de cuello a su gobierno que proceda con toda energía y que mande a la frontera a todos los Juan Lanas habidos y por haber, con tal de que no hayan cumplido todavía los cuarenta años.21

La anécdota ilustra una de las maneras en que los anarquistas buscaban intervenir en los contextos de militarización. Por un lado, desalentando el espíritu patriótico, evidenciando los intereses ocultos en las guerras y; por el otro, interponiendo una lógica de opresión que desdibujaba el enfrentamiento entre explotados de diferentes países. Desarrollaban, asimismo, una visión sobre la masculinidad contrapuesta a la del varón defensor que el ejército moderno pretendía proyectar y proponía una alternativa, no menos fuerte, y tan moderna como aquella.

El anarquismo proyectó una idea de masculinidad que se contrapuso a la que buscaba imponer el Estado y el SMO, varones defensores de la patria. Aunque muchas veces esta lógica contrapuesta en la finalidad, se asentaba sobre criterios de masculinidades semejantes y tan modernas como las del Estado, fuerza física y moral, valor y virilidad, entre otras. En un ideal, requisitos y virtudes para defender la patria; en los otros, requisitos y virtudes para defender la idea libertaria. Entre las advertencias sobre la vida en los cuarteles que se daban a los jóvenes, no faltó la obediencia total a la que deberían someterse y las posibles implicancias de ello “dos años durante los cuales hay que convertirse en cosa, en maniquí y hasta en fémina si el señor capitán ú otro jefe ú oficial se digna favoreceros con sus preferencias”.22 El encierro, la pérdida de libertad y la vida entre varones también fueron denunciados como amenazas a la masculinidad por los ácratas.

Retomando las ideas de Raewyn Connell (1997) sobre la masculinidad hegemónica, podemos considerar que hay un modelo de masculinidad en las maneras en que se construyen estas masculinidades, bajo el mandato del Estado y la clase dominante. Al mismo tiempo, se construyen las masculinidades no hegemónicas o contra-hegemónicas en las posiciones de socialistas y anarquistas que confrontaron la ley de SMO. En este sentido, Adriana Valobra (2011) planteó las relaciones existentes entre los proyectos de construcción del Estado Nacional y las relaciones de género, insinuando la conexión entre las leyes de SMO y de conchabo, vagos y malentretenidos con la modelización de una masculinidad defensora y productora según las necesidades del momento. En continuidad con este planteo, el reciente trabajo de Jonathan Ablard (2017), subraya el vínculo entre la masculinidad y el SMO en las primeras tres décadas del siglo XX. El autor evidencia cómo el Estado argentino buscaba implantar patrones de masculinidad conjuntamente con los de nacionalidad y cómo, quienes debatían con esta norma, veían en el cuartel y en el ejército hábitos que atentaban contra la propia masculinidad hegemónica.

Aquel mismo sábado 14 de diciembre de 1901, desde las páginas de La Vanguardia se convocaba a una manifestación pública para el día siguiente a las 16:30 hs., en plaza Lorea de la ciudad de Buenos Aires. Entre los oradores de la velada estuvo Nicolás Repetto quien se convertirá en el referente del PS en Argentina, especialmente en cuestiones vinculadas a la guerra y el ejército.23 Las fuentes evidencian que el PS también tuvo una posición activa en el debate sobre el SMO. Por otra parte, y como antecedente de esta preocupación, debemos contar no solo con los lineamientos de la Segunda Internacional a los que adhería, sino también con uno de los puntos del programa mínimo del PS local “supresión del ejército permanente y armamento general del pueblo” elaborado en 1896.24

El 9 de marzo de 1901, La Vanguardia denunciaba desde su tapa que todas las personas sorteadas para la campaña eran trabajadores y que habían quedado libres de la obligación cívico-militar los hijos de las “familias ilustres”. Asimismo, la nota hace énfasis en la muerte de un conscripto, el reclutamiento y la tortura de una persona con discapacidad mental, el enrolamiento de dos personas de origen boliviano, y los maltratos, castigos y brutalidades sufridas por los conscriptos. Además de denunciar los agravios, proponía que la ciudadanía tomara cartas en el asunto y que mediante la propaganda “levant(e)[ara] el espíritu cívico del pueblo, para así luchar en pro de la abolición del servicio militar obligatorio y para sostener los verdaderos y puros preceptos de la constitución que nos legaron los próceres de la independencia”. De esta manera, acabaría con la institución y los abusos que el militarismo aplicaba contra los “ciudadanos” libres, en una cadena que comienza con “el juez de paz y comandante militar de campaña, hasta el presidente de la república y sus ministros, verdadera pandilla de salteadores”.25

Estas intervenciones del periódico oficial del PS acordaban con los lineamientos de la Segunda Internacional y con los del programa local. En julio del mismo año, la publicación se pregunta “¿Cuál será la misión del militarismo en el siglo XX?”, y responde que al no ser suficientes las guerras para aplicar todo el ardor patriótico del ejército, se ha creado para éste una nueva misión “que consistiría en ahogar en su propia sangre a los obreros que intentan desatar con las que han sido aprisionados por el capitalismo”.26

Esta lógica aparece también en La Protesta Humana, donde las frecuentes notas sobre el antimilitarismo francés tuvieron una clara intencionalidad pedagógica. Muchas describían cómo los conscriptos se resistían a acatar las órdenes de sus superiores cuando iban contra el pueblo, aunque esto les costara numerosos castigos. Otras evidenciaban la posibilidad de hacer propaganda antimilitarista dentro de las propias tropas, incitando a la desobediencia y denunciando los malos tratos y hostigamientos recibidos en el cuartel. Muchas veces, estas columnas reproducían fragmentos de los órganos franceses de propaganda anarquista y antimilitarista como Le Conscrit.27 Evidencia de la circulación de saberes y estrategias dentro del anarquismo es que, en 1906, existió un homónimo local: El conscripto.

Por su parte, La Vanguardia también publicó frecuentemente notas sobre el militarismo en Europa, no con tanto énfasis como los libertarios en Francia, pero algunas de ellas también recogían esta experiencia. En 1901, el periódico reprodujo el diálogo publicado en Pioupiou de l´Yonne,28 en él un padre interpela a su hijo señalándole que como conscripto podría tener que disparar a sus hermanos de clase. Este le responde que soportará “las injurias y las piedras” y exhortará a los hombres a “resistirse terminantemente a tirar sobre sus compañeros”.29

Según informó La Vanguardia, este diálogo le valió al periódico obrero francés una denuncia ante la justicia de aquel país. Este tipo de menciones con espíritu ejemplificador y pedagógico, planean otra posibilidad de varón y ciudadano. A diferencia del soldado/ciudadano en quien la obediencia es valor supremo, este joven antepone la solidaridad de clase.

Otro discurso común en ambas prensas fue el lugar de las mujeres: la apelación a las madres en tanto legítimas interventoras de las vidas de sus hijos robadas por el Estado militarista. Esa estrategia, en el caso de La Protesta Humana, también tiene correlato en la réplica del antimilitarismo francés. En octubre de 1902, La Protesta Humana celebró la formación de las Ligas Para la Defensa del Soldado en Francia, entidad que fomenta la intervención de los sindicatos y de la sociedad contra los abusos y vejámenes que se producen en los cuarteles. Esta Liga habría dirigido un llamamiento “a todas las madres cuyos hijos se hallan en el ejército”.30 Nuestro trabajo sobre el antimilitarismo en otros períodos demuestra que esta fue una estrategia común para interpelar a la sociedad, utilizada tanto por ácratas como por socialistas (Manzoni, 2012b y 2017). En ese sentido, apelaban a formas más tradicionales de interpelar a las mujeres; aun cuando cuestionaran los imperativos militaristas sobre los varones.

Muchas veces fueron las propias mujeres de estos movimientos las que recurrieron a los roles tradicionales para legitimar su palabra. En 1901, por ejemplo, La Vanguardia publicaba una poesía de Justa Bustos Meyer, enviada desde la ciudad de La Plata, que expresaba “Vosotros los que honráis a los guerreros, pensad en el hogar abandonado, donde una madre llora y llama a su hijo, al mísero soldado”.31 Este discurso osciló entre el sufrimiento materno, la posibilidad de educar en valores antimilitaristas y su revés, la responsabilidad de las mujeres, como madres, de criar hijos capaces de empuñar un arma para defender a la burguesía y al Estado. En este sentido, en La Protesta Humana, se clamaba “¡Pobres madres! ¡Creéis amar a vuestros hijos y sois vosotras las que los conducís, por vuestra inconsciencia, a la carnicería!”.32 Otras veces, el lugar les era asignado por sus propios camaradas de ideas.

Ambas tendencias comparten un discurso de crítica al patriotismo, entendido como el germen bélico. La arenga anarquista fue directa y radical, no creyó en la posibilidad de instancias medias y responsabilizó directamente a los Estados y a su ambición, por el sufrimiento de la población. Propuso, además, la acción directa como manera de contrarrestarlo “ya que los gobiernos se atribuyen el derecho de muerte sobre los pueblos, no tendrá nada de extraño que los pueblos usen á (sic) su vez el derecho de muerte sobre los gobiernos”.33 El discurso socialista creyó conveniente instar a un cambio gradual, donde la defensa del territorio tuvo legitimidad, así lo señalaba un colaborador “sabemos también que para la defensa de la integridad territorial hay otros medios más eficaces que lo que podrá ser el servicio obligatorio”.34 Quizás esto explique cómo el PS, especialmente Nicolás Repetto, tomó partido público por el proyecto de Capdevila y criticó duramente el de Ricchieri, al que llamó delirio prusiano.35

El 21 de septiembre de 1901, Repetto dictó una conferencia en el Centro Socialista Obrero en la que expuso las características de los dos proyectos, enfocándose en las virtudes de uno y en los perjuicios del otro. Aclaró que los fantasmas de la guerra con Chile eran producto de charlatanes profesionales, periodistas o militares, que viven del bochinche. Sostuvo que “La organización militar de nuestro país ha de ser exclusivamente defensiva y basada sobre principios de la milicia ciudadana” ya que lo necesario para la guerra moderna (puntería y resistencia física) no se adquiría en los cuarteles, donde por el contario solo se obtenían vicios y enfermedades.36 Ponderó el modelo de las milicias suizas, aunque remarcaba que nuestro país no estaba aún preparado para ese modelo. En el socialismo y el anarquismo existió una preocupación higienista por los efectos del cuartel entre los jóvenes. A la apreciación de Repetto en la que el cuartel aparece como el lugar donde adquirir vicios y enfermedades, podemos sumar las de los columnistas ácratas para quienes la ociosidad enseñada en la conscripción hacía perder la voluntad de trabajo, “y aun (…)cosas peores, el placer de la cantina y de la taberna (…) las prostitutas que revoloteaban donde hay cuarteles (…) El alcoholismo, la prostitución y la hipocresía: he aquí lo que se aprende en el cuartel”.37

Los pilares sobre los que se estructuró el discurso antimilitarista (el internacionalismo, la lucha de clases y el maternalismo, entre otros) muchas veces confluyeron para hacerse más solventes. En el último ejemplar de 1901 de La Protesta Humana, apareció una nota firmada por Una madre, que manifestaba

Las madres debemos, por el amor a nuestros hijos, abominar de las patrias, de las guerras y de los ejércitos (…) Maldigamos las patrias que nos embrutecen y degradan. Maldigamos a los tiranos que las sostienen y a los ejércitos que son sus instrumentos (…) a cualquiera que sea, que convierta el fruto del amor y del bien, en bruto en fiera.38

En ese número aparecen otras tres notas vinculadas a la guerra y el militarismo, lo que evidencia la importancia del tópico para los ácratas. La exclamación de “esta madre” intenta develar la relación entre Estado, ejército y guerra, y les otorga la posibilidad de acción contra estos. De maldecirlos y de rechazarlos porque su deber es velar por sus hijos.

El periódico libertario también interpeló a las mujeres en su calidad de obreras y madres. En el ejemplar del sábado 13 de septiembre de 1902, se describió detalladamente un meeting celebrado por las textiles de La Plata, ellas denunciaban que sus empleadores les robaban porque habían obtenido un contrato millonario con el Estado para realizar uniformes militares, pero les pagaban sueldos mínimos. El artículo señalaba la responsabilidad de la clase obrera de engrosar las fortunas de la burguesía: “¿Cuándo se cansará el proletariado de enriquecer a tanto ladrón?”. Además, les reprochaba a las obreras por “la vida de centenares de niños que murieron porque sus madres, ocupadas en enriquecer a sus amos, no pudieron prodigarles los cuidados necesarios”.39

Durante 1902, ya sancionada la ley de SMO, las intervenciones antimilitaristas de ambos periódicos se centraron en denunciar dos cuestiones: los avances militaristas; los gastos militares y los discursos exacerbados de patriotismo ante el latente conflicto armado con Chile. Asimismo, se abocaron a alertar a la clase trabajadora sobre el verdadero interés en el que reposaba ese conflicto: un litigio entre la burguesía chilena y argentina, que se pagaría con sangre obrera de ambos países. Por último, denunciaron los maltratos sufridos por los conscriptos en varios puntos del país.

En noviembre de 1902, La Protesta Humana, por ejemplo, revelaba la muerte a golpes de un soldado uruguayo a manos de sus superiores y afirmaba que esta lógica de los cuarteles era común y citaba ejemplos de distintos países.40 Por su parte, en mayo de ese mismo año, La Vanguardia publicaba un pequeño apartado que informaba sobre

Más de cuarenta ciudadanos muertos de resulta de las horrorosas palizas aplicadas por cobardes arrastra-sables son testigo de la razón de nuestro odio al militarismo… Sepa la juventud de estas cosas y prepárese a influir con su decisión a la supresión de la servidumbre y de tales vergüenzas.41

Una última cuestión a destacar es que ambas publicaciones tuvieron como estrategia de sostenimiento económico y como manera de ampliar los temas abordados, la publicación de folletines y pequeños libros a precios módicos. Estrechamente vinculados al militarismo y la guerra, encontramos “Patria” de August Hamon, a diez centavos, publicitado desde las páginas de La Protesta Humana. De los ofrecidos por La Vanguardia, es destacable “La mentira patriótica. El militarismo y la guerra” de José Ingenieros, a un valor de sesenta centavos.

Durante 1902, en tres oportunidades, La Vanguardia publicó pequeños llamamientos realizados por la Liga Antimilitarista. Lamentablemente, todo lo que sabemos de ella hasta el momento es lo que figura en estas breves notas: “Una institución digna de aplauso… promovida por un grupo de jóvenes que pertenecen al ejército permanente de la república”.42 Funcionó en la calle México al 2070 de la Capital Federal y la cuota mensual se fijó en 20 centavos. Entre los ocho puntos con los que hicieron su presentación pública figura, en primer orden “Combatir la ley de Servicio Militar Obligatorio hasta su completa supresión”. El contenido de otros ítems, como la democratización de la Guardia Nacional y la supresión del ejército permanente (semejantes a los que postulaba el socialismo en su plataforma), nos hacen pensar que la iniciativa estuvo ligada al PS, aunque no hay evidencia directa de ello.

Por su parte, hubo también una organización local específicamente antimilitarista y libertaria: la Asociación Antimilitarista Argentina (en adelante, AAA), Sección Argentina del Bureau Internacional Antimilitarista (en adelante, BIA), con sede central en Holanda, donde se nucleaban las organizaciones y militantes anarquistas. La AAA surgió en Argentina a fines de la década de 1920 y contó con varias filiales en el país. La asociación imprimía propaganda en folletines y articulaba con otros medios de la tendencia para difundir sus ideas y actividades, entre ellos Bandera Negra, una publicación quincenal de tendencia anarquista, aparecida en 1930. En esta publicación el antimilitarismo era tema central; a partir de mayo de 1932, después de 18 meses de proscripción, reapareció con el mismo nombre y como Órgano Oficial de la Asociación Antimilitarista Argentina (Manzoni, 2012a). La existencia de esta organización demuestra que los esfuerzos antimilitaristas del anarquismo local no fueron tan endebles como Suriano (2001) lo sugiere, ya que lograron sostenerse por más de un tercio de siglo.

 

Conclusiones

La etapa de la historia argentina que corre entre 1880 y 1916 ha sido caracterizada como el momento de modernización del Estado. Muchos estudios se han centrado en describir las distintas aristas de esta modernidad, pero creemos necesario problematizar la idea de modernización y reflexionar hasta qué punto este concepto nos es útil para describir el periodo, las políticas y los sujetos sociales que lo transitaron.

Si bien existen numerosos trabajos sobre el ejército y el poder militar en Argentina y la relación entre ellos, algunos los han analizado desde la cuestión de la modernización, y no se han puesto los mismos esfuerzos en visibilizar las estrategias, la retórica y las prácticas de quienes se opusieron a sus avances, incluso, disputando la idea misma de modernidad. En estas páginas hemos intentado avanzar sobre las maneras en que socialistas y anarquistas se opusieron al militarismo, destacando sus convergencias y diferencias.

Si miramos en detalle el SMO, o quizás mejor, la construcción histórica que se hizo de él, podemos observar que su propuesta no fue demasiado novedosa ni paradigmática. La obligatoriedad ya existía, especialmente para los sectores más bajos. A la vez, los distintos autores que abordan la cuestión han caracterizado los diferentes modelos propuestos para el SMO como modernos, porque rompen con una tradición anclada en la institución militar, sin que quede en evidencia cuál de ellas era verdaderamente modernizante. Paralelamente, lo que podría considerarse como el factor modernizante de este proceso, la profesionalización del ejército, no fue lo que más captó la atención de los historiadores.

Por otra parte, los movimientos sociales, políticos y culturales que se enfrentaron al SMO, como el socialismo y el anarquismo, son también producto de esta modernidad: surgen, toman forma y crecen en el propio enfrentamiento con ella. Utilizan, muchas veces, los mismos valores que ella propugnó, sin dejar de considerarlos propios y legítimos. Por lo tanto, le disputaron a la modernidad liberal el sentido de esos valores. Es elocuente el lugar que todos ellos le otorgaron al conocimiento, la ciencia y la educación. En este sentido, debemos atender al factor que marca Rouquié (1998) como vital para entender la iniciativa de la Ley 4031: las mentalidades de sus creadores, Ricchieri y Roca, como agentes del progreso, modernos, admiradores de los modelos europeos. Del mismo modo, para poder entender la mentalidad de sus detractores que también anhelaron el progreso y que muchas veces tuvieron como fuente teórica y doctrinaria a Europa.

Más allá de las consabidas críticas mutuas que se espetaban socialistas y anarquistas, sus publicaciones sirvieron para defenestrar a un enemigo común: el militarismo y el gobierno oligárquico de Roca. Así, compartieron la barricada antimilitarista de inicio de siglo, conforme este avanzaba, no obstante, fueron en aumento sus diferencias sobre este punto.

Lamentablemente, estos esfuerzos antimilitaristas no bastaron para echar por tierra el mandato cívico militar. El SMO atentó contra las libertades individuales y, paradójicamente, fue utilizado por el propio Estado para otorgar un beneficio, un derecho político. La Ley Sáenz Peña (1912) que basó el derecho al voto (obligatorio; secreto y universal -para varones nativos o naturalizados mayores de 18 años) en la obligación que tenían los ciudadanos de prepararse para defender a la patria, negó este mismo derecho a las mujeres a quienes escarceó la posibilidad de cumplir el SMO por considerarlo contradictorio con su naturaleza humana.

Este argumento en el que se basaba la ciudanía masculina logró gran arraigo social. Las lógicas de degradación humana practicadas por las fuerzas armadas con los conscriptos, se constituyeron durante el siglo XX como legítimas y hasta “necesarias” en el deber ser de la masculinidad adulta y la ciudadanía plena. Prácticas que continuaron más allá del impulso supuestamente modernizador que las implementó y que continúan siendo reclamadas por sectores retrógrados de la población que ven en los jóvenes una amenaza que debe depurarse. Estos sectores reclaman que se levante la suspensión que pesa sobre el SMO, ya que este no está eliminado en la República Argentina, solo suspendido. Posiciones como las de los socialistas y anarquistas fueron antecedentes de reprobación de ese sistema y promovieron una masculinidad basada en otros parámetros, que consideraron superadora y modernizadora de aquellas que promovió el gobierno con esta legislación.

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibido: 02-02-2018

Aceptado: 30-05-2018

Publicado: 07-12-2018

 

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