El avance del Estado: arquitectura y políticas públicas
en el territorio (Mendoza - Argentina, 1932-1943)
The advance of the State: architecture and public policies in the territory (Mendoza - Argentina, 1932-1943)
Cecilia Raffa
Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
craffa@mendoza-conicet.gob.ar
(Argentina)
Resumen
En los años ´30 la Obra Pública adquirió un rol protagónico en Argentina, como parte del programa de reactivación vehiculizado por el Estado para paliar las consecuencias del quiebre financiero internacional que se produjo en 1929. Esta acción, enmarcada en el proceso de industrialización, estuvo dirigida a la generación de empleo, al estímulo de otras industrias, al acrecentamiento del consumo interno, al fomento del comercio y a suministrar carga a los medios de transporte. Se desplegaron en el territorio nacional, una serie de bienes con fuerte carga simbólica que marcaron la presencia estatal, al tiempo que significaron modificaciones en la vida de muchos habitantes al convertirse en su vínculo material con las políticas sociales.
En Mendoza, las acciones de gobierno, se orientaron a frenar la migración desde las áreas rurales, lo que supuso el despliegue de equipamiento en esas zonas para cubrir necesidades básicas, al tiempo que se impulsaba la Obra Pública como una posibilidad de empleo para los trabajadores locales. En forma simultánea, el Estado se extendía en el territorio retro-alimentando la representación que calificaba a las sucesivas gestiones de gobiernos como eficientes hacedoras.
Palabras Clave: arquitectura de Estado; gobierno conservador; políticas públicas; territorio
Abstract
In the 1930s public works acquired a leading role in Argentina, as part of the reactivation program carried out by government, to alleviate the consequences of the international financial breakdown that took place in 1929. This action framed in the process of industrialization was aimed at generating employment, stimulating other industries, increasing domestic consumption, promoting trade and providing means of transport. A series of goods with strong symbolic meaning were deployed in the national territory. They represented the state presence and, at the same time, caused changes in the lives of many inhabitants because they became their material bond with the social policies.
In Mendoza, government actions were aimed at curbing migration from rural areas, which involved the development of social infrastructure to cover basic needs in those areas. Simultaneously, Public Works were regarded as a possibility of employment for local workers. The State extended into the territory of the province and fostered the notion which defined the successive governments as efficient administrators.
Keywords: State architecture, conservative government, public policies, territory
Introducción
Estado, obras y territorio: 1932-1943
El quiebre financiero internacional que se produjo en 1929, así como la ruptura institucional en Argentina a partir del Golpe de Estado de 1930, produjeron una profundización del régimen liberal-conservador, un sistema político liberal en su concepción económica y conservador en su forma de concebir la política.
Argentina reaccionó a la crisis agroexportadora, aplicando distintos mecanismos de regulación, poniendo atención en su mercado interno, modernizando y complejizando sus administraciones y más tarde, desarrollando industrias sustitutivas (Ospital, 2013, p. 79). El sistema de gobierno tuvo entre sus objetivos implementar reformas sociales orientadas a incrementar el control social, pero a que a su vez significaran mayor atención y control sobre los sectores vulnerables de la sociedad. Ese perfil imprimió el carácter progresista de la gestión que se destacó por el emprendimiento de un importante volumen de Obras Públicas a escalas nacional y provincial. Justamente fue el desarrollo de equipamiento e infraestructura, una de las acciones más representativas llevadas adelante, que buscó la disminución del desempleo y la reactivación económica a través de la atracción del capital extranjero y local al sector industrial (Korol, 2001, p. 43).
La Obra Pública (en adelante, OP), entendida como parte del proceso de industrialización, adquirió en aquel momento un rol protagónico en Argentina. El objetivo de este programa de reactivación estuvo dirigido a la generación de empleo, al estímulo del resto de las industrias (del vidrio, el hormigón y metalífera, entre otras), al acrecentamiento del consumo interno, al fomento del comercio y a suministrar carga a los medios de transporte. Esta política quedó explicitada en el denominado Plan Pinedo (1940), aunque entendemos que gravita durante todo el ciclo como una opción transitoria (que finalmente resultó permanente), hasta poder volver al sistema agro-exportador, pero que fue fundamental en la construcción material de la Argentina de los años ´30.
La OP fue además la manera en que el Estado en sus distintas escalas, pudo alimentar las representaciones vinculadas al orden y la capacidad ejecutiva, características de las cuales los gobiernos del ciclo se jactaban. Se desplegaron en el territorio nacional, una serie de bienes con fuerte carga simbólica que marcaron la presencia estatal, pero que al mismo tiempo significaron modificaciones en la vida de muchos habitantes al convertirse en su vínculo material con las políticas sociales.
El proyecto político vehiculizado por los gobiernos liberal- conservadores, acentuó la intervención estatal en la regulación de la vida privada que se venía dando desde fines del siglo XIX. La expansión del Estado, derivó en el creciente involucramiento de sus instituciones en los problemas sociales, lo que significó el avance de la burocracia estatal en áreas relacionadas a la educación, la vivienda y la salud, entre otras, a partir de acciones tendientes al mejoramiento físico y moral de la población.
Los planes sanitarios definieron mejoras en las instalaciones hospitalarias, los de alfabetización propiciaron la construcción de nuevas escuelas, se proyectaron o mejoraron aéreas de esparcimiento y hubo un interés manifiesto (aunque con escasa concreción) por comenzar a mejorar el acceso a la vivienda de los sectores medios-bajos. Se promovió el uso de la arquitectura tanto para sustentar un discurso relacionado al progreso, como para reforzar la identidad nacional a través de la ocupación del territorio y de la utilización de determinadas estéticas. A partir de los programas implementados, la OP entró en temas de acción social que originalmente no formaban parte de sus competencias.
En este marco, el número de arquitectos ocupando cargos claves dentro de la burocracia estatal a escala nacional y en los casos provinciales en varias nóveles reparticiones, fue aumentando progresivamente (Raffa, 2016).
Los técnicos insertos en el aparato estatal, se trasformaron en expertos que podían diagnosticar los problemas sociales, ideando estrategias materiales para resolverlos. En ese proceso la Arquitectura, al tiempo que se consolidaba como campo disciplinar y profesional aumentando sus injerencias (Cirvini, 2004, pp. 341-342) se transformaba en saber del Estado, es decir “en un saber experto y operativo demandado por y a la vez constitutivo, del Estado moderno” (Plotkin y Zimmermann, 2012, p. 10).
Procesos similares en referencia a la profusión de OP se vivieron en distintos puntos del territorio argentino. Grandes emprendimientos fueron encarados por la Nación, particularmente en lo relacionado a infraestructura y equipamiento como redes camineras y terminales portuarias (Ballent y Gorelik, 2001). A partir de la sanción de la Ley de Vialidad en 1932, la construcción de caminos alcanzó un ritmo no superado durante las décadas siguientes, completándose un total aproximado de 90.000 km en 1943 (Malgesini y Álvarez, 1983, p. 14).
La inversión nacional en OP se solventó, entre otras herramientas financieras, con la emisión de títulos de deuda pública a amortizar a largos plazos. Para el año 1937, se invirtieron alrededor de 180 millones, mientras que para 1938, el presupuesto establecía un endeudamiento para ejecución de OP nacional de 150 millones. Una cifra creciente si consideramos que en 1932, se destinaron alrededor de 49 millones; en 1933, 73.3 millones; en 1934, 110 millones y en 1935 y 1936, 113.5 millones y 128.2 millones respectivamente.
En Mendoza, también fue corriente la emisión de deuda pública para la ejecución de distintas obras, que cubrieran la creciente demanda de asistencia social en las áreas de salud, educación o vivienda. En los años ´30, el interés del poder político comenzó a desplazar su centro de atención desde lo específicamente gubernamental a la acción social: surgieron las bases del Estado Benefactor, que tuvo su máximo desarrollo en la década peronista.
Hospitales, centros de salud, hogares, asilos y colonias, viviendas y modernos edificios escolares fueron parte de los nuevos o renovados programas que se llevaron adelante como respuesta a los crecientes movimientos migratorios internos que generaron mayor poblamiento en las áreas urbanas y sus periferias. Esto ocurría a medida que la población económicamente activa abandonaba las actividades rurales, en búsqueda de las oportunidades laborales que se abrieron en la industria y la construcción inicialmente, y en el comercio y los servicios más tarde (Torre y Pastoriza, 2002, p. 74).
Mendoza había crecido sostenidamente desde fines del siglo XIX. En los años ´30 sus habitantes eran más de cuatrocientos mil, en 1935 pasaron a cuatrocientos cincuenta mil, para ser en 1940, quinientos mil (Caroglio, 2009). Mucha de esa población asentada en zonas rurales, formó parte de los movimientos migratorios impulsados, entre otros factores, por la crisis del principal motor de la economía provincial: la industria vitivinícola. El deterioro de los salarios reales y el aumento del desempleo a nivel nacional, unido a esta crisis local llevaron a una caída del precio del vino y la uva, afectando significativamente la economía provincial (Cerdá, 2011).
En este contexto de crisis económica y social, el Estado provincial en consonancia con los lineamientos nacionales, comenzó a ocuparse más ampliamente de las distintas instancias que afectaban a la salud física y al amparo de los desprotegidos, teniendo a las mujeres, los ancianos y los niños como principales destinatarios. Acción, que progresivamente iría ampliándose hasta incorporar el derecho al ocio y el disfrute del tiempo libre.
A través de la Dirección de Arquitectura de la provincia (en adelante, DPA) dependiente del Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego, los sucesivos gobiernos locales planificaron y concretaron importantes obras. Durante el período estudiado, la DPA estuvo dirigida por los arquitectos Manuel Civit, Arturo Civit y Ewald Weyland.
Los Civit se instalaron en Mendoza hacia 1932, luego de haberse graduado como arquitectos en la Universidad de Buenos Aires. Originalmente a cargo de la Oficina de Arquitectura que se convirtió en Dirección en 1936, Manuel dirigió la repartición entre 1932 y 1939, período en que Arturo ejerció el cargo de sub-director; ante la renuncia de Manuel, Arturo asumió el cargo de director entre 1939 y 1941.
De postura avanzada en lo social y en sintonía con el sistema político en el que estaban insertos, los Civit manejaron en sus discursos los conceptos de higiene, industria constructiva, alojamiento de masas y funcionalidad, sustento teórico que tomaron de base para la resolución de problemas técnico-sociales desde la DPA y que fueran esgrimidos por la arquitectura y la planificación de los Estado modernos como Alemania, Francia, Austria o EEUU, que estos arquitectos tomaban como referencia.
Egresado también de la Universidad de Buenos Aires, Weyland se afincó en Mendoza hacia 1937 y fue Director de Arquitectura entre 1942 y 1945 aproximadamente. En muchos aspectos la gestión de Weyland es continuadora de los programas impulsados por los Civit y su equipo de trabajo.
Los lineamientos de los proyectos encarados, surgieron como iniciativa del campo técnico y fueron puestos en marcha gracias a una característica particular de los años de gobierno conservador: la permeabilidad que las propuestas ideadas por el campo técnico, tuvieron en el campo político. Entendemos que esto se dio sobre la base de la estrecha relación que agentes de uno y otro campo tuvieron por afinidad política, pero también por su capital simbólico común. Este el tipo especial de capital definido por Bourdieu (2007), se forma a partir de la disponibilidad de los capitales económico, cultural y social.
Una premisa que se mantuvo a lo largo de todo el período y en todas las propuestas arquitectónicas fue la edificación con empleo casi exclusivo de materiales nacionales, a fin de colaborar en la moderación de los costos de ejecución de las obras y acentuar los efectos estimulantes sobre otras industrias internas. En Mendoza resultó significativa la instalación de dos grandes cementeras en el departamento de Las Heras en 1936: Minetti y Corcemar, cuya producción incidiría en la materialización de grandes obras como el Hospital Central, proyectado en 1938 y construido utilizando una bomba para hormigón.
Consideramos, para el caso de nuestra provincia, que parte de la regulación impuesta desde la esfera estatal a las prácticas, estuvo orientada a frenar la migración desde las áreas rurales, lo que supuso el despliegue de equipamiento en esas zonas para cubrir necesidades básicas, al tiempo que se impulsaba la OP como una posibilidad de empleo para los trabajadores locales. En forma simultánea, el Estado provincial se extendía en el territorio alimentando la representación que calificaba a las sucesivas gestiones de gobierno como eficientes hacedoras.
Con este artículo, buscamos mostrar el grado de ejecución de OP durante las gestiones liberal-conservadoras locales y su distribución en el territorio provincial.
Entendemos que la OP realizada en Mendoza se destaca en el marco del resto de las provincias tanto por su volumen como por las condiciones cualitativas de su ejecución. Estos aspectos estuvieron fuertemente apoyados en los vínculos positivos entre los gobiernos nacional y provincial, que se tradujo en la financiación de obras viales; por la concepción compartida por las cuatro gestiones gubernativas locales, que consideraban la ejecución de la OP como una política de largo plazo y, como hemos señalado, por la continuidad de los equipos técnicos relacionados política y personalmente con la dirigencia en prácticamente todo el período de estudio (Raffa, 2016).
Trabajaremos, sobre la base del análisis de fuentes primarias editadas por los sucesivos gobiernos (labores de gobierno, anuarios estadísticos, recopilación de leyes, memorias del Ministerio de Economía, publicaciones oficiales nacionales) y artículos periodísticos extraídos de dos de los principales periódicos de la provincia en ese momento: Los Andes y La Libertad.
Equipamiento múltiple:
salud y asistencia social; educación,
vivienda; administración y turismo
En Mendoza, tanto como en las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, las imágenes plasmadas por el nuevo equipamiento generaron modificaciones en el paisaje en entornos urbanos y en contextos rurales, con grados disímiles de efectivización.
Frente a la alternativa de urbanizar el campo o ruralizar la ciudad (Ballent y Gorelik, 2001), la dirigencia provincial se inclinó por la primera opción, entendiendo la importancia de la ocupación del territorio en su totalidad y utilizando la multiplicación de equipamiento público como estrategia para frenar el proceso migratorio interno: se tomó la OP como elemento de anclaje de la población a las zonas rurales, al tiempo que se equipaban zonas productivas en los Oasis Norte y Sur y en el Valle de Uco.
La OP se destinó a departamentos de población extendida y a distritos que, con bajos índices poblacionales, necesitaban del equipamiento mínimo para cubrir necesidades básicas y por ende de una mayor presencia del Estado provincial. De esta manera, concreciones de arquitectura pública, y también de infraestructura de servicios, llegaron a San Rafael cuyos habitantes representaban el 13,9% de la población provincial, pero recayeron más fuertemente en Tupungato o Lavalle, por ejemplo, departamentos que suponían el 0, 9% y el 2,9% de aquella variable, respectivamente (Dirección de Estadísticas de la Provincia de Mendoza, 1938, p. 18).
Es muy probable que para la ejecución de las obras llevadas a cabo en parajes remotos, las empresas constructoras que ganaban las licitaciones hayan empleado mano de obra local. De hecho las licitaciones se publicitaban en dos de los diarios más importantes en aquel momento en Mendoza: Los Andes y La Libertad, y en periódicos locales como La Verdad, del departamento de General Alvear, por ejemplo, si la obra a construirse iba a emplazarse en el Oasis Sur de la provincia (Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego, 1941b, p. 78). En la publicidad electoral previa a los comicios de 1941, con la fórmula Vicchi- Gutiérrez como candidata, se hace permanente hincapié en la acción del gobierno en contra de la desocupación y a favor del avance edilicio. Uno de los datos que aportan los artículos periodísticos hace referencia al empleo de más de 10000 obreros mendocinos en la construcción del oleducto Mendoza- Santa Fe.
Si bien para el período que estamos estudiando las estadísticas sobre población y empleo en la provincia son escasos, los datos incluidos en los informes del Instituto Técnico de Investigaciones y Orientación Económica de la Producción señalan, tal como lo indica Cerdá (2011), un retorno al crecimiento económico a partir de 1937 y hasta por lo menos el IV Censo General de la Nación de 1947 (Instituto Nacional De Estadísticas y Censos, 1947). Es posible estimar, teniendo en cuenta los montos que se destinaban a OP, que parte de ese crecimiento económico estuvo apoyado en la industria de la construcción.
Para 1947, el mencionado censo señala para Mendoza al desagregar los datos del total de la actividad industrial (27%), que la construcción es la principal actividad demandante de mano de obra del sector, empleando el 30,4%. A esta actividad se suman como asociadas, la industria maderera (8,5%) y la metalúrgica (11,5%) (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 1947).
Los plazos de ejecución de los distintos ejemplos de arquitectura pública, también pueden ser un parámetro para leer a la industria de construcción como una fuente de empleo, si tenemos en cuenta la relación entre tiempos de ejecución acotados y la complejidad de algunos de los proyectos encarados. Como ejemplo vale citar las obras en parajes remotos como la escuela, la comisaría y el dispensario para Los Molles (San Rafael) que se construyeron en sólo seis meses, entre noviembre de 1937 y abril de 1938; o la escuela de Palmira (San Martín) construida también en ese plazo de tiempo entre febrero y agosto del mismo año, lo que supone el uso de mano de obra intensiva.
En los once años del ciclo conservador, sólo hemos podido verificar una suspensión transitoria en la ejecución de los proyectos contenidos en la Ley 1235, promulgada durante la gestión de Guillermo Cano.
A mediados de 1938, el Ejecutivo encabezado por Corominas Segura, se vio obligado a realizar modificaciones al Plan General de Obras Públicas incluido en aquella ley que había determinado la inversión de 13.000.000 m|n en títulos de deuda pública interna para su ejecución, dejando sin efectos una serie de expropiaciones que se habían dispuesto en relación a aquel plan. La primera emisión de bonos prevista para costear la inversión económica, no tuvo el permiso de inscripción en la Bolsa de Comercio, lo que llevo al gobierno a tener que hacer frente a los certificados de las obras en ejecución con fondos provenientes de rentas generales (Ministerio de Economía Obras Públicas y Riego, 1941b, p. 5 y ss.). Finalmente, el presupuesto que se destinó durante 1938, ascendió a un poco más de $3.000.000 m|n.
Un año después Corominas Segura promulgó la Ley 1351 con un plan orgánico, más amplio que el anterior, que adaptó las autorizaciones de esas leyes a las obras más urgentes y permitió la financiación de la OP mediante cuotas anuales que no impactaron sobre el presupuesto oficial.
Esta nueva ley cubrió la insuficiencia de créditos del año anterior, permitió pagar las obras ejecutadas y terminar las iniciadas, además de concluir con una serie de estudios previstos.
En la suspensión de 1938, se dejaron sin efecto los decretos para la realización de las siguientes obras: edificios escolares en El Portillo (Las Heras), San Rafael, Rivadavia y Tunuyán; la Colonia para Menores en San Carlos; sala de primeros auxilios y comisaría en Nueva California (San Martín); casas departamentales o jefaturas políticas en San Rafael, Tupungato, Tunuyán, Santa Rosa, Luján y San Martín. Asimismo, las subdelegaciones en San José (Guaymallén) y Palmira (San Martín). Muchos de estos proyectos se relegaron definitivamente.
Pese al ajuste presupuestario, se mantuvieron los planes de concreción de infraestructura de servicios, complemento fundamental en la construcción de arquitectura pública.
A través de la autorización conferida por el artículo 4° de la Ley 1351, se llevó adelante un amplio plan que incluyó la contratación de obras para la provisión de agua potable para distintas localidades como medio eficaz de mejoramiento colectivo, directamente relacionado con la salud pública.
Esas obras suponían la perforación de pozos (muchos iniciados en 1935 y no concluidos), la construcción de molinos de viento con depósitos y surtidores, y la instalación de aclaradores y filtros de agua. Entre los parajes beneficiados con esta política estuvieron: Monte Comán y Villa Atuel (San Rafael), Barriales (Junín), Ingeniero Giagnoni (San Martín), la Villa Tulumaya, Costa de Araujo, Jocolí y Phillips (Lavalle). También los distritos de Vista Flores y Eugenio Bustos (San Carlos), Bermejo y Rodeo de la Cruz (Guaymallén), Andrade (Rivadavia), Agrelo (Luján) y la Villa de Tupungato (Ministerio de Economía Obras Públicas y Riego, 1941b, p. 45 y ss.).
Asimismo, se produjo la ampliación y renovación de las redes e instalaciones eléctricas en las villas cabeceras de las áreas rurales a través de leyes-contrato con la Compañía de Electricidad de Los Andes.
En toda la operación de distribución de arquitectura pública en el territorio provincial fue fundamental, el rol que desempeñó la Dirección Provincial de Vialidad, creada en 1933. La construcción de puentes y caminos para vincular zonas rurales con los núcleos urbanos se financió con fondos provinciales y nacionales. Dentro de las Labores de Gobierno, se destacaba el empleo de alrededor de 5000 hombres para la construcción de caminos en la provincia (Cano, 1938).
Entre 1935 y 1937 se contabilizaron 753 puentes, de los cuales podemos destacar en espacios rurales los construidos sobre el río Diamante, en el Paso La Jaula; en el río Mendoza, camino a Cacheuta; en Zanjón La Mora, San Rafael; sobre los ríos Atuel y Salado, camino al Sosneado, San Rafael; sobre el río Tunuyán, en Campo Los Andes; sobre el Arroyo Claro; sobre el río Mendoza, en el distrito de Nueva California y sobre el Zanjón en Luján (Momento Político Sudamericano, 1938). Sorteada la crisis presupuestaria de 1938, se previeron más de un millón de m2 de pavimentación en los departamentos de Guaymallén, San Rafael, Luján, Maipú, Las Heras, Rivadavia y General Alvear, entre otros (Ministerio de Economía Obras Públicas y Riego, 1941b, p. 18).
Salud y asistencia social
En la línea asistencial, se manifestó en las distintas memorias de gobierno la preocupación por brindar “atención médica adecuada” al conjunto de la población, partiendo de una mejora sustancial de los servicios.
Las políticas delineadas en torno de la salud incluyeron en 1942 la creación de la Escuela Mixta de Enfermería; la reglamentación mediante el Decreto 610 de los concursos de acceso a cargos técnicos de la Dirección de Salubridad (Directores de Hospitales, del Dispensario para niños, del Servicio de Protección a la maternidad, etc.), y el establecimiento de los escalafones de la carrera médica hospitalaria, junto con la determinación de las formalidades de los concursos para esos cargos.
A estas disposiciones se sumó en términos materiales a lo largo de toda la gestión conservadora la incorporación de nuevos pabellones en los hospitales existentes y la planificación y ejecución de una serie de Centros de Salud distribuidos en los distintos departamentos de Mendoza, que cumplieron con la atención primaria de los enfermos, extendiendo el sistema sanitario en el territorio provincial.
Se construyeron las salas de primeros auxilios de: Uspallata (Las Heras), Las Catitas (Santa Rosa), Los Árboles (Tunuyán), Costa de Araujo (Lavalle), Tupungato y Los Molles (San Rafael), utilizando un prototipo.
Con Cano al frente de la provincia, se levantó una nueva maternidad, transformándose la anterior en servicio para niños en el Hospital Regional de San Rafael y se realizaron obras de ampliación en los hospitales de Maipú y Tunuyán. En el Hospital de San Martín se construyeron pabellones de Maternidad y para niños; con fondos de la Nación, pero con la intervención técnica de la DPA, se proyectó y construyó el Hospital de Rivadavia.
Al amparo de la Ley 1304/39 que creó el Patronato y Tribunales de Menores se construyeron en los distritos de Agrelo (Luján) y la Villa 25 de mayo (San Rafael), dos Colonias –Hogares para menores (Raffa, 2018).
El proceso de aprobación de la Ley de Patronato y su implementación fue lento y atravesó prácticamente todo el período conservador. La norma se impulsó durante el gobierno de Cano; se promulgó durante la gestión de Corominas Segura, momento en el que también se comenzó con la construcción de los complejos, llegando a hacer uso efectivo de los edificios y conjuntos edilicios para las Colonias diseñados en consonancia con la norma, durante la gobernación de Vicchi.
La construcción de estos establecimientos en zonas rurales, tuvo como objetivo poner en contacto a los niños desamparados con la naturaleza, para devolverlos a la sociedad como hombres y mujeres útiles para el “trabajo fecundo”.
Las Colonias significaron a nivel local un cambio en la concepción de los espacios construidos para la asistencia a la niñez. Ambos conjuntos abandonaron el sistema claustral de distribución clásico de los reformatorios y asilos, y fueron proyectados como grupos de pabellones en torno de un espacio central.
Los complejos asistenciales bajo es sistema de casas-hogares estaban constituidos por distintos edificios, detrás de un gran portón de entrada. Cada complejo tenía un pabellón de “ingreso, observación y clasificación”, donde se adoptaba un sistema mixto de casa-hogar y celular, a cargo de un médico especializado en psicología infantil o psiquiatría. Contaban con pabellones- hogar con tres o más dormitorios, living, comedor, office y cocina; un departamento para el matrimonio encargado de los internos, si eran varones o una educadora, si las internas eran niñas. El conjunto se completaba con un pabellón de administración, un edificio para escuela; un pabellón para enfermería, un pabellón para indisciplinados (organizado según el sistema celular) y espacio para huertas y jardines. Se preveía además la construcción de una capilla con casa para el sacerdote.
Educación
Paralelamente al despliegue del sistema sanitario, se llevó a cabo una intensa obra de edilicia escolar a través de la construcción de grandes edificios en zonas de población extensa y de escuelas rurales en el territorio de la provincia.
Para las zonas centrales, se utilizaron prototipos, o sea el mismo edificio para ubicaciones distintas, en las propuestas para las escuelas de Artes y Oficios Justo José de Urquiza, en Maipú y Videla Correas, en el centro de la ciudad de Mendoza. Un mismo proyecto, repetido por dos gestiones consecutivas: la de Cano y la de Corominas Segura.
Lo mismo sucedió con el proyecto de las escuelas para Palmira, en San Martín y la denominada Guillermo Cano, en Guaymallén, explicitado esto en un mismo conjunto de planos para ambas construcciones (Cattaneo, 2011). En todos ellos se puso énfasis en la iluminación, las circulaciones y en generosas superficies destinadas al esparcimiento: algunas escuelas contaban entre su equipamiento con piletas de natación.
Entre 1935 y 1941, probablemente el período de mayor concreción de arquitectura pública de la gestión conservadora, se ejecutaron además cuatro tipos de edificios escolares en zonas suburbanas y rurales, adoptando lenguaje pintoresquista o racionalista, pero imprimiendo a través del uso de prototipos que resultaban de la adición de unidades funcionales de acuerdo al número estimado de alumnos, la imagen de la presencia del Estado provincial en áreas alejadas de la capital.
La simetría visible en la composición de plantas y volúmenes de las escuelas urbanas, fue abandonada en los proyectos para emplazamientos rurales, en ellos se hace evidente la estandarización de la carpintería y la utilización de materiales y técnicas locales como los techos de barro, caña y zinc y los tirantes de pinotea.
El tipo A constaba de dos aulas, dirección y casa de familia; el B de cuatro aulas, dirección y casa de familia; el C de seis aulas, salón de actos, dirección y casa de familia y el D de siete aulas, salón de actos, dirección y casa de familia.
Las escuelas tipo A se construyeron en los distritos rurales de El Pastal (Las Heras), Chacritas (La Paz), Puerta de la Isla (La Paz), Lagunas del Rosario, San Miguel y San José (Lavalle). Las escuelas tipo B se ubicaron en la Villa de Tupungato, La Dormida (Santa Rosa), Corralitos (Guaymallén) y La Libertad (Rivadavia). Se construyó una escuela tipo C en Villa Nueva (Guaymallén) y una tipo D en la Villa de Junín.
Estos edificios se sumaban a los construidos entre 1932 y 1935, durante la gestión de Ricardo Videla, entre los cuales podemos nombrar las escuelas Industrial de Maipú, y la Escuela de Artes y Oficios en Villa Atuel.
Vivienda
En materia de vivienda, las soluciones habitacionales que aportó la gestión conservadora estuvieron en consonancia con los avances técnicos y las posibilidades políticas y económicas del momento. El aumento del confort y la técnica moderna, y los dictados de la salubridad científica, fueron guiando el accionar técnico-político en torno de la vivienda popular entre 1932 y 1943, aunque sin lograr paliar la problemática del alojamiento popular sobre la que se produjeron muchos avances normativos que difícilmente se concretaron (Raffa, 2015).
La ley 1190 promulgada en 1936 contemplaba, además de la construcción de las Casas Colectivas, de casas jardines individuales de arriendo en los centros más poblados de los departamentos de la provincia y de casas granja que serían vendidas bajo el régimen de la Ley del Hogar (Raffa, 2015). La finalidad de la adhesión a esta última ley en el caso de la vivienda familiar y única, era la protección de la familia, con un doble objetivo: por un lado económico, tendiente a la conservación de una parte del patrimonio dentro del núcleo familiar y a evitar que se agravara el problema de la falta de vivienda; y por el otro social, en cuanto propendía al mantenimiento de la familia bajo un mismo techo; al tiempo que incidirían en el arraigo de las familias a las zonas rurales y suburbanas, frenando el movimiento migratorio hacia los centros urbanos.
Pese a la iniciativa, durante la gestión de Cano sólo se cumplió una parte de lo dispuesto en la legislación, a través del inicio de la construcción de las Colectivas. Las principales razones del retraso en la ejecución de las viviendas individuales residieron en las dificultades para la negociación de los títulos a emitirse para financiar su construcción.
En 1938, al asumir su gobierno, Rodolfo Corominas Segura propició la prosecución de las obras públicas contenidas en varias leyes reglamentadas en la gestión anterior, entre ellas la ley 1190.
Entre los objetivos de la gestión, estaba el desarrollo de un plan de construcción de pequeñas viviendas distribuidas en toda la extensión de caminos de la provincia, para dar albergue al obrero caminero con su familia. Dicha operatoria estaba en clara consonancia con la política delineada por las Direcciones Nacional y Provincial de Vialidad respecto de la construcción de la red caminera en el territorio nacional. Una particularidad de las viviendas ideadas para el peón caminero, fue ser “adaptables” a la función de albergue turístico; el único ejemplo de vivienda para el peón caminero que hemos podido detectar fue efectivamente utilizado como parador turístico y se ubicó en la localidad de Calmuco, en el sur provincial (Corominas Segura, 1942).
El 7 de octubre de 1939, fue sancionada la ley 1351 que autorizaba al ejecutivo Provincial a invertir $2.000.000 para la compra de terrenos y construcción de barrios obreros con viviendas individuales económicas, para ser vendidas a largos plazos y la suma de $1.000.000 para la construcción de viviendas para obreros camineros de la provincia con obligación del cuidado del replante del arbolado (Corominas Segura, 1942, p. 256). Sin embargo las acciones no prosperaron.
En los datos arrojados por el Censo Educativo de 1943, Mendoza seguía destacándose a nivel nacional por tener indicadores de hacinamiento en zonas urbanas y rurales, que la acercaban a los niveles de Buenos Aires. La provincia tenía el mayor porcentaje de familias compartiendo un hogar (51%), de las cuales el 69,5% están constituidas por grupos de entre 4 a 6 familias por casa y el 23,9% entre 7 y 10 familias. El porcentaje de familias que convivían con otra en una misma casa se distribuía de la siguiente manera: 66% en zonas urbanas, el 6% en zonas semi-urbanas y el 27.6% en zonas rurales (Cerdá, 2007-2008).
Administración
El interés por manifestar materialmente al Estado en el territorio se reforzó también a través de la construcción de los edificios para Jefaturas Políticas (comisarías) y Casas Departamentales.
En los departamentos de General Alvear, Rivadavia y Junín, ubicados todos frente a las respectivas plazas departamentales, la imagen moderna de los volúmenes racionalistas proyectados como Jefaturas contribuyó a reforzar la idea de la presencia del Estado. Es probable que estos edificios hayan sido originalmente pensados también como Casas Departamentales, tal como se indica en las Labores de Gobierno de Corominas Segura, no obstante, los usos de estas construcciones fueron: Jefatura Política, Juzgado de Paz, Caja Obrera de Pensión a la Vejez e Invalidez, Oficina del Trabajo y Registro Civil, dando asiento a diversas instituciones públicas en las cabeceras departamentales (Ministerio de Economía Obras Públicas y Riego, 1941b, p. 45 y ss.).
Los prototipos combinaron estructura sismorresistente de hormigón armado con muros de ladrillo. Los revoques cementicios ocultaban tanto paramentos como estructura, dando como resultado volúmenes lisos, de gran riqueza volumétrica. El resto de los materiales eran de alto impacto previendo su uso intenso, carpinterías metálicas, algunas celosías de madera, pisos de granito o de mosaicos (Moretti, 2013).
En 1943, a poco de cesado el gobierno de Vicchi por la Revolución del 4 de junio, se inauguraron las Casas Departamentales de Tupungato y Santa Rosa, una producción ecléctica con influencia del californiano que se construyó casi en su totalidad con materiales nacionales, la suma invertida en estas construcciones fue de 261.868 m|n.
Ambos edificios fueron diseñados con torres miradores de entre 18 y 20 metros de altura, que se constituyeron en faros simbólicos de la presencia estatal en zonas alejadas de la Capital. Las Casas Departamentales, sedes físicas, políticas y simbólicas de las autoridades, contenían también diversas reparticiones, al igual que en los edificios construidos como Jefatura Política en otros departamentos.
Turismo
Finalmente, vamos a referirnos al impulso que estas gestiones dieron a la actividad turística en zonas rurales y de montaña.
Considerado como una industria que provocaría un importante beneficio económico para la provincia, el turismo comenzó a ser impulsado a través de la Ley 1216/37 que creó la Dirección Provincial de Turismo. Este “nuevo interés” de las gestiones locales, que paralelamente tenía un gran impulso nacional (Pastoriza, 2011), se posicionó en directa vinculación a dos actividades fundamentales dentro de la economía provincial: el consumo de la producción agrícola y la ejecución de equipamiento e infraestructura acorde, mediante la intervención del Estado.
En el primero de los casos se preveía que los visitantes seguirían consumiendo los productos mendocinos, luego de visitada la provincia y que los recomendarían, contribuyendo así a nivelar el consumo con la producción. Esto a partir de alegar que Mendoza, vivía con el producido de la exportación de vinos y frutas fuera de la provincia y que el turista se convertiría en un nuevo consumidor, un “soldado en la batalla” (Gobierno de Mendoza 1948, pp. 367 y ss.).
En lo que respecta al equipamiento, no parecía en aquel momento que la iniciativa privada se manejara con el dinamismo que el Estado necesitaba. Es por ello que la ley contemplaba diversos estímulos a la inversión privada (exención impositiva, por ejemplo) para los inversores interesados en la construcción de cualesquiera de estos tres tipos de hoteles: hoteles de ciudad; hoteles, hosterías y restaurantes de turismo en lugares pintorescos de Mendoza y hoteles de fuentes termales. Lo cierto es que, los estímulos no sirvieron para alentar en forma masiva la inversión privada, a excepción de la realizada por la empresa Río Atuel Limitada para la construcción de un hotel- balneario en El Sosneado, departamento de San Rafael.
La Ley 1298, habilitó la posibilidad que el Estado provincial construyera distintos alojamientos. Se levantaron: el Hotel de Potrerillos (Luján), inaugurado en 1941, la Hostería del Dique Cipolleti (Luján) que se terminó en 1940 y la Hostería de Los Molles, en el sur provincial. En 1942, se comenzó con la construcción del Hotel de Uspallata, en Las Heras.
En los enclaves elegidos por el Estado, se privilegiaron los paisajes con contrastes soberbios, picos nevados, torrentes de ríos y arroyos y fuentes termales: la montaña se constituía como el gran atractor turístico de la provincia.
En todos los casos el lenguaje arquitectónico adoptado fue el pintoresquista en sus variantes californiano o normando, un aspecto rústico que se adaptaba según los proyectistas y la prensa a la provincia por las características del clima, la topografía del suelo, la luminosidad de la región y el uso de materiales regionales (tejas, madera, piedra y ladrillos), lo que contribuía a abaratar los costos de obra. Como complemento de la actividad, el Estado provincial previó realizar inversiones para restaurar lugares históricos y para construir miradores, quioscos, etc.
El desarrollo histórico de las villas de montaña y de la arquitectura destinada al turismo, fue marcadamente influenciado por los medios de transporte y por la creciente democratización del ocio. El tren primero y el automóvil luego, a través de la acción que las Direcciones Nacional y Provincial de Vialidad llevaron a delante en los años ´30 y ´40, fueron impulsando la habilitación de nuevos trayectos hasta llegar al límite internacional si pensamos en la RN 7 o al límite interprovincial en el caso de la RN 40 Raffa (2013).
Así, el plan de la construcción de equipamiento durante el ciclo conservador fue múltiple y extenso. Abarcó además de núcleos consolidados, oasis productivos, zonas desérticas y montañosas, materializándose en los más remotos parajes de la provincia. La articulación entre política y territorio supuso que todos los departamentos en los que se preveía OP, aún aquellos que no fueran representativos por su cantidad de población, recibieran el equipamiento básico para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Toda esta operación significó fundamentalmente, el descubrimiento político de la extensión territorial, una variable que si bien no era nueva en lo que a planificación se refiere, si resultó serlo en lo fáctico, en referencia a las formas políticas precedentes.
Conclusiones
“Si la construcción anda bien, todo va bien” (Llach, 1984, p. 520), decía el ministro Pinedo mientras se aumentaba, siguiendo la formula keynesiana de estímulo de la economía mediante el gasto presupuestario del Estado, el gasto público que se invertía en arquitectura pública e infraestructura de servicios como estrategia para hacer frente a la recesión de los años ´30.
El caso de Mendoza, se distingue por la homogeneidad en la ejecución de obras durante todo el ciclo conservador: una obra que comienza en una gestión era concluida por la siguiente que mantenía además a los equipos técnicos, respetando decisiones formales (materialidad, lenguaje estético) y de emplazamiento en las ejecuciones.
Las obras de arquitectura pública para la provincia fueron incluidas en una planificación a largo plazo, persiguiendo el doble objetivo de alcanzar repercusión social alimentando las representaciones a favor de las gestiones, así como de colaborar con la mejora del contexto económico y social a través de la generación de empleo y la activación de industrias subsidiarias (del hormigón, fábricas de tejas, del vidrio, etc.).
En los años ´30, el Estado provincial mendocino consolidó sus funciones y amplió sus mecanismos de administración y control, y en ese trabajo la vinculación territorial fue útil y necesaria.
Como hemos señalado, con la ampliación de servicios básicos, el Estado buscó establecer una particular relación con la población que no habitaba en áreas centrales: se construían obras para todos los ciudadanos, un “todo” que contenía enclaves en los puntos más remotos de la geografía provincial, teniendo en cuenta necesidades básicas no cubiertas (educación, salud, etc.), en zonas de población dispersa. Una acción que incluyó la inversión en infraestructura de servicios, compañía indispensable de las obras de arquitectura pública realizadas. La construcción de OP tuvo (y tiene) un consenso social general acerca de la función del Estado como proveedor de equipamiento e infraestructura, útiles tanto para el desarrollo de actividades productivas, como para el devenir de la vida cotidiana.
Las acciones llevadas adelante por el Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego a través de la Dirección de Arquitectura, fueron transformando las obras en fuente de poder político. Su concreción como modelo de gestión adoptado por la sucesión de gobiernos “de orden y acción constructiva”, adquirió un impulso inusitado hasta entonces a escala provincial: el de Mendoza, es el caso de una política territorial no siempre explicitada en los discursos, pero claramente llevada a cabo en términos materiales.
Recibido: 04-01-2018
Aceptado: 11-05-2018
Publicado: 07-12-2018
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