Introducción

El magisterio mendocino llevaba al menos 8 meses sin cobrar sus salarios. A raíz de esa situación, poco más de una decena de maestras se agruparon y lanzaron el 13 de abril de 1919 el primer número de la revista Idea. En respuesta, el gobierno escolar a cargo de Enrique Julio, resolvió la suspensión de las catorce educacionistas responsables de la publicación. Reunidos en asamblea, alrededor de 180 docentes exigieron la reposición de sus compañeras suspendidas y en ese mismo acto fundaron Maestros Unidos (en adelante, MU), primer sindicato docente de la provincia, que ingresó a la Federación Obrera Provincial de Mendoza (en adelante, FOPM) y se incorporó a la Federación Obrera Regional Argentina del IX Congreso, de corte sindicalista (en adelante, FORA IX). La nueva entidad quedó bajo la dirección de mujeres: Florencia Fossatti ocupó la presidencia, Angélica Mendoza se desempeñó como secretaria, junto a otras.[1] Enrique Julio procedió a la suspensión de las y los 180 docentes que habían refrendado con su firma el acta fundacional de MU e ilegalizó su existencia. La resolución gubernamental precipitó la primera huelga del magisterio mendocino que se desarrolló entre los días 27 de abril y el 3 de mayo y culminó con una victoria parcial en favor de la organización sindical del magisterio. Los y las maestras suspendidas fueron restituidas en sus lugares de trabajo y Enrique Julio fue desplazado momentáneamente de la dirección escolar.

De allí en más, el conflicto del magisterio se extendió durante la casi totalidad de aquel año. Por aquel entonces gobernaba el radical José Néstor Lencinas, en torno al cual se conformó un movimiento político, el lencinismo, que en consonancia con el yrigoyenismo, trabó una relación ambigua con el movimiento obrero, intermediando favorablemente en algunos casos y, en otros, mediante la utilización de coerción y represión (Richard-Jorba, 2013). La última variable fue la que primó cuando la huelga del magisterio se consolidó por segunda vez. La reapertura del conflicto se suscitó a fines del mes de julio debido al mantenimiento de la deuda salarial que no fue revertida y a la decisión del gobernador de reincorporar a Enrique Julio en la repartición escolar. Desde el Estado se buscó desactivar el conflicto mediante la utilización de medidas coercitivas y amenazantes sobre las maestras huelguistas. En paralelo se fortaleció la entidad gremial Unión Mendocina de Maestros (en adelante, UMM), organización contraria a MU, defensora de los intereses gubernamentales y afiliada a la Liga Patriótica Argentina sección Mendoza (en adelante, LPAM). En el derrotero de ambas huelgas sectoriales, reside una de las claves más importantes para comprender la construcción de una correlación de fuerzas sociales asumida por obreras del intelecto que no logró ser desarticulada a pesar de la profundización de medidas disciplinarias desplegada por los funcionarios estatales (Latorre, 2019).[2]

Estudios recientes hacen hincapié en el modo en que las maestras huelguistas entramaron sus pertenencias de clase logrando forjar solidaridades entre personas de distintos géneros, edades e, inclusive, no organizadas sindicalmente. La determinación de las familias de no enviar a la escuela a sus hijos e hijas mientras sus maestras no lograran sus objetivos, hizo posible que el reclamo calara profundamente en la clase trabajadora. Durante la segunda huelga, y tal como aconteciera durante la primera, la movilización estudiantil balanceó la correlación de fuerzas a favor de MU y fortaleció el éxito de la protesta iniciada por las maestras (Latorre y Pereyra, 2023). Con las escuelas “desiertas” de estudiantes y sus docentes cesanteadas, la acción directa empujó –proselitismo entronado por las educacionistas mediante– a la FOPM a convocar a una huelga general a fin de defender a sus trabajadoras en nombre de los intereses de la familia proletaria (Latorre, 2023).

Desde la historia social con perspectiva de género analizaremos la primera huelga general pronunciada por la FOPM en solidaridad con las maestras del nivel primario organizadas en MU, a partir de los discursos contenidos en las prensas sindicales y partidarias del movimiento obrero, como asimismo, en las prensas comerciales y oficialistas del período seleccionado. En primera instancia, reconstruiremos esa fase conflictual bajo la premisa de recuperar la agencia de niños, niñas, mujeres y varones de la clase trabajadora local para poder develar las complejas relaciones clase-género urdidas durante un momento álgido de la lucha de clases. Ello nos permitirá, luego, detenernos en las formas solidarias construidas al interior y por fuera de la clase trabajadora, como así también incorporar las tensiones y antagonismos que eclosionaron a raíz de la feminización del conflicto. Hacia el final, realizaremos una aproximación interpretativa sobre los dispositivos legales e ilegales, tanto preventivos como reactivos en que el Estado –en anuencia con la LPAM y fracciones de la burguesía– tramitó un conflicto social protagonizado por mujeres, instrumentando medidas represivas específicas que apuntaron al sostenimiento del orden social/patriarcal cimbrado por la contienda.

La huelga general solidaria (4 al 12 de agosto)

Entre el 28 de julio y el 3 de agosto se desplegó la segunda huelga del magisterio. Las maestras huelguistas fueron cesanteadas. Todos los intentos de negociación con los poderes públicos fracasaron. Lencinas se mantuvo firme en su decisión de mantener a Enrique Julio en el gobierno escolar a pesar de las reiteradas solicitudes de la FOPM para desplazar al funcionario.[3] Transcurridos siete días de la segunda huelga del magisterio, la FOPM[4] decretó para el día 4 de agosto el inicio de la huelga general solidaria por tiempo indeterminado que se extendería por nueve días más. La Federación lanzó un manifiesto en el que podía leerse lo siguiente:

Cooperemos, todos con nuestras mejores energías combativas al triunfo y a la dignificación del maestro, que es contribuir a la formación de un pueblo libre y sano para el porvenir, preparando así la felicidad de nuestros hijos y la grandeza de nuestro pueblo.[5]

La respuesta obrera fue contundente. Los trabajadores gráficos al plegarse a la huelga, frenaron la producción y circulación de los diarios locales. Empero, día tras día, el corresponsal de La Nación informó detalladamente los vaivenes del conflicto social desplegado en la provincia de Mendoza. Desde el inicio,

las casas de comercio en su totalidad cerraron sus puertas, haciendo causa común con el magisterio; las escuelas están desiertas, pues los padres y los tutores de los alumnos se hallan firmemente resueltos a coadyuvar con los maestros y obreros a desalojar de la dirección general de escuelas a D. Enrique Julio (…). El paro es total, estando cerrado hasta los bares y confiterías.[6]

Las calles se encontraban prácticamente desiertas de vehículos a excepción de un cuerpo médico que ante alguna urgencia tenía a disposición dos coches con banderas selladas por el Centro de Protección de Chauffeurs, lo cual denota el grado de solidaridad para con aquellas personas que sufrieran algún trastorno en su salud o previendo heridos ante una eventual represión. Algo similar ocurrió con dos de las farmacias designadas por el Centro de Empleados Farmacéuticos para que atendieran a las personas con necesidad de medicación.[7] Todas estas medidas fueron adoptadas en consonancia con el Consejo Federal de la FOPM que se hallaba en sesión permanente dando cuenta del grado de coordinación y organización alcanzada desde el inicio de la huelga general.

La producción agroindustrial vitivinícola, principal actividad económica de la provincia, se vio seriamente afectada dado que el trabajo en las bodegas y el transporte de vinos estuvo totalmente paralizado. Por la ciudad apenas circularon sulkys custodiados por bomberos. El abastecimiento de la población se hizo con mucha dificultad. A modo de ejemplo, los “carritos lecheros” realizaron los repartos acompañados “por hombres armados a rémington”.[8] Los pocos cafés que abrieron lo hicieron con el concurso único de sus dueños.

Si bien, la parálisis total del comercio complicó la provisión de insumos necesarios para garantizar la reproducción de la vida, aun así, los pocos almacenes que abrieron sus puertas fueron “boycotteados por las familias”.[9] Acción mediante la cual la clase trabajadora utilizó colectivamente su poder de compra como forma de protesta, conllevando a un mayor sentimiento de unidad en relación a objetivos moralizantes, al tiempo que entrelazaban diversas y heterogéneas esferas del mundo de los y las trabajadoras (Van der Linden, 2019).

El Partido Socialista local (en adelante, PS), poco afecto a las huelgas generales (Pereyra y Latorre, 2021), desplegó su apoyo sin ambages al movimiento. Desde El Socialista se resaltó que la extensión y efectividad de la protesta había conseguido intimidar por igual a capitalistas y Estado y, asimismo, ponderaba el despliegue solidario y la cooperación de la “inmensa mayoría de la población”, que por encima de cualquier reclamo corporativo, lograba amalgamar sus demandas detrás de un interés común.

No se perseguía ningún fin ni ventaja particular para ninguno de los gremios federados (…). Y era doblemente simpática esa actitud porque se ejercitaban en favor del gremio de maestros, revelando que la clase obrera toda entera empieza a realizar una obra inteligente de solidaridad y a comprender que su triunfo depende de la conjunción de los elementos intelectuales y manuales que la integran.[10]

La huelga general transcurrió sin movilizaciones callejeras, no obstante, grupos de huelguistas, militantes y público afín se reunieron en puntos clave del centro capitalino y cabeceras departamentales para comentar, debatir y decidir sobre distintos aspectos del movimiento. Desde el principio, las fuerzas policiales, bomberos y vigilantes provistos con remingtons patrullaron la ciudad disolviendo los núcleos que se apostaban en las calles centrales.[11] Durante horas de la tarde del día 7 de agosto comenzaron a circular algunos tranvías, “guardados por la fuerza armada y conducidos por agentes de policía y particulares pertenecientes a los comités políticos lencinistas”.[12] De todos modos, según se informó en la misma crónica, los vehículos iban vacíos ya que la población se negó a viajar. En simultáneo, la policía montada inició tareas de intimidación y persecución contra “transeúntes pacíficos, subiendo con sus caballos a las aceras y adoptando actitudes incorrectas”.[13] La táctica policial represiva se focalizó principalmente sobre las maestras que realizaban tareas de agitación y propaganda callejera con el objetivo de concientizar y moralizar a la población. Ese mismo día, un escuadrón de coraceros atropelló con sus caballos a un grupo de maestras, una de las cuales fue derribada al suelo.[14] Al día siguiente continuaron las medidas intimidatorias y represivas. En la esquina de San Martín y Necochea, agentes del escuadrón de seguridad repitieron la represalia contra otro grupo de maestras que repartía boletines. Las activistas denunciaron públicamente haber sido agredidas en forma “vil” por la “soldadesca”. La represión se extendió a los testigos presenciales que quisieron socorrer a esas “indefensas mujeres”, quienes también fueron arrollados y “castigados a latigazos”. Posteriormente, la policía procedió a la detención de otras cinco maestras y un maestro en el Departamento Central de Policía.[15] Durante la misma jornada catorce maestras fueron arrestadas y sumariadas por repartir boletines informativos, acción que tuvo una importante resonancia social, razón por la cual, será retomada más adelante. Un joven de 15 años fue agredido por un policía que le propinó “trompadas y puntapiés” por hallarse leyendo en la vía pública un boletín de la FOPM.[16] Al finalizar la jornada, varios obreros federados resultaron detenidos.[17]

Otro grupo de “señoritas” que transitaba por calle San Martín fue objeto de una “severa admonición policial por el hecho de reírse en la vía pública”.[18] Desde el periódico ultralencinista La Montaña se justificó la medida del siguiente modo:

la policía detuvo a un grupo de maestras en huelga que faltando a las normas de corrección, de conducta y de respeto a la autoridad, en forma abierta y hostil se desacató contra ésta en el afán de hacer una propaganda insólita que sirviera de estímulo a sus móviles inconfesados(…). [L]ejos de obedecer (…) trataron de amenazar a los representantes de la justicia en forma descompuesta, fueron detenidas y remitidas al departamento central de policía.[19]

En todos los casos la policía instrumentó el mismo tipo de procedimiento: arresto e incomunicación, inicio de prontuarios y toma de impresiones digitales. En el último caso, la falta de decoro y el “desacato” femenino mereció un castigo mayor. Después de tres horas de detención fueron puestas en libertad condicional debiendo “permanecer en sus domicilios hasta que se terminen los sumarios (…) como se hace con los delincuentes.” El trato diferenciado según el sexo fue claramente expresado en la misma crónica, “el maestro Mercado Flores que concurrió al departamento al saber la detención de las maestras, fue a su vez detenido y encerrado en un calabozo donde permanece incomunicado.” Cárcel común para ellos, domiciliaria y tutelada para ellas. Aun así, una vez liberadas

las víctimas de esas vehemencias policiales se presentaron en Los Andes donde fueron objeto de ovación por parte del numeroso público estacionado frente a las pizarras de dicho diario. Las medidas policiales han retemplado los ánimos huelguistas. Las calles están muy concurridas.[20]

Las maestras huelguistas se atrevían cada vez más a levantar la voz contra sus opresores y desafiar a las autoridades. Lejos de volver a sus hogares, continuaron disputando las injusticias perpetradas por las autoridades estatales. Los cuerpos de las mujeres ya no parecían débiles, puesto que se mostraban capaces de soportar los embistes de la represión (Norando y Scheinkman, 2011).

La tramitación pacífica del conflicto instrumentada por la clase trabajadora desenmascaraba el accionar cada vez más violento y “extremo” desplegado por el gobierno.

si no ha habido víctimas [fatales] que lamentar ha sido porque a las provocaciones del gobierno no se les ha hecho caso, porque bien sabían los obreros que si las contestaban el gobierno habría ganado a fuerza de sangre.[21]

La Junta Ejecutiva de MU denunciaba la conducta provocadora y el procedimiento punitivo delincuencial desplegado por agentes policiales que, debiendo velar por la seguridad de su pueblo, se transformaban en sus verdugos.

[La policía] detiene, e insulta en medio de la calle a las señoritas maestras como si fueran delincuentes con lo que provoca la indignación unánime de todas las clases sociales. El objetivo que persigue el gobierno con todos estos hechos es llegar a producir actos de violencia.[22]

La policía, además de perder el carácter “neutral” (D’Antonio, 2000) se desensibilizaba (Feierstein, 2007). La instrumentación de prácticas de marcación negativa y hostigamiento sobre las educacionistas se extendía a todos aquellos que tendieran a defenderlas o a solidarizarse con ellas. Las activistas pasaban a ser categorizadas como delincuentes. Los ataques se focalizaron premeditadamente. Así, en un telegrama remitido por Florencia Fossatti al director del matutino bonaerense declaraba:

Comunícoles que para vergüenza de la cultura argentina, un grupo de diez soldados del escuadrón de seguridad a caballo y armados, atropellaron en la acera de una de las calles de Mendoza a la que suscribe (…) y a cuatro señoritas que la acompañaban, quienes transitaban como corresponde a personas de su educación y calidad por la vía pública. No tenemos protección alguna contra los actos incalificables de la policía, a las órdenes incondicionales de un gobierno irresponsable, según lo manifiesta en sus hechos, atropellando violentamente a débiles mujeres cuyo único delito es pedir se les concedan los derechos que la constitución acuerda a todo habitante del suelo argentino.[23]

Todos los intentos de intermediación realizados por los delegados de la FOPM y las representantes de MU ante el Ministro de gobierno provincial, Carlos M. Puebla, para terminar con la violencia policial cayeron en saco roto. El funcionario justificó en todo momento lo actuado por la policía. La represión continuó extendiéndose en los departamentos alejados de la capital provincial. En San Martín y Luján se procedió a la clausura del Centro Cosmopolita de Trabajadores. En La Paz –departamento colindante con la provincia de San Luis–, las fuerzas represivas procedieron a la detención de uno de los principales dirigentes socialistas de esa localidad, Franco Adler, quien pasó 40 horas incomunicado en un calabozo policial y fue condenado a 25 días de arresto, “ignorándose las causas”.[24]

Aun así, el compromiso solidario de la comunidad continuó extendiéndose. Las víctimas de la represión elogiaban la actitud de cuatro médicos, quienes en todo momento aportaron su concurso profesional de manera desinteresada.[25]

El recrudecimiento de la represión estatal, se solapó con solicitudes de intervención de la LPAM, conformados durante el mes de mayo en la provincia:[26]

Se sabe que los elementos de algunos comités políticos solicitan de la Liga Patriótica la organización de bandas armadas para atacar a los huelguistas con el fin de hacer fracasar el movimiento de la federación obrera que observa hasta el presente una conducta ejemplar.[27]

No sólo los comités lencinistas solicitaron los servicios contrarrevolucionarios provistos por la Liga. La Sociedad Agrícola e Industrial de Mendoza, asociación patronal que nucleaba a los principales bodegueros de la provincia, mediante carta dirigida al gobernador Lencinas desautorizaba en forma absoluta al movimiento huelguista al que acusaban de estar compuesto por “elementos subversivos”. Consideraba que lo actuado por la policía provincial era insuficiente e imploraba a la presidencia de la LPAM, la organización de “brigadas cívicas que coayuven (sic) a la fuerza pública en la tarea de garantir la libertad del trabajo, tal como lo hiciera con tanto éxito y patriótico empeño (…) [en] la capital federal”.[28] El requerimiento realizado por la sociedad patronal contaba con antecedentes que involucraba el accionar conjunto entre la policía provincial y la organización parapolicial montada por la bodega Casa Arizu. Pocos días antes del inicio de la huelga general, 12 de los obreros toneleros de Villa Atuel que se encontraban en huelga fueron secuestrados y posteriormente deportados “en mula y en pelo, llegando estropeados a San Rafael, en donde pasaban en calidad de presos a la ciudad de Mendoza, después de secuestrarles el dinero”. Desde ese departamento, se los trasladó a la ciudad de Mendoza en calidad de detenidos. El resto de los obreros debió esconderse en el campo “para no caer en manos de la policía de Villa Atuel, pues ésta estaba a las órdenes de la casa Arizu”. La conjunción de procedimientos legales y clandestinos fue utilizada por la patronal y la policía para quebrar la huelga declarada por la sociedad obrera de esa localidad.[29]

El domingo 10 de agosto, otra de las organizaciones patronales, la Unión Comercial e Industrial, luego de interceder infructuosamente entre el gobierno y las organizaciones obreras para llegar a un acuerdo, resolvía por 80 votos contra 56 reabrir las casas comerciales para el día 11. Los empleados de comercio que no se plegaron a la decisión de sus patrones, continuaron con la huelga interponiéndose al anhelado deseo patronal de normalizar el ramo. De todos modos, el resultado reñido de la votación nos habilita a inferir que la posición de una importante fracción de comerciantes era favorable a la huelga del magisterio; o bien, la decisión de no abrir sus negocios se vinculó al temor de posibles acciones obreras que trasvasaran violentamente a las del boicot implementadas por las familias trabajadoras.

Ese mismo 10 de agosto, la Federación Obrera Ferroviaria sección Mendoza se plegó a la huelga. Su adhesión era muy esperada por la FOPM y su incorporación generó una particular algarabía obrera ya que ponía en juego una escalada conflictual de alcance nacional si el resto de los ramales se plegaban al conflicto. La medida inquietó aún más al gobierno que insistió en descalificar el activismo femenino: “Las maestras al iniciarse la discusión agotaron toda clase de súplicas para que los ferroviarios (…) adhirieran a la huelga.”[30] La connotación de suplicantes endilgada a las militantes pretendía escamotear la posición combativa de las activistas sociales y el protagonismo que, en grado creciente, asumían durante el conflicto.

Pasados siete días de iniciada la huelga general la correlación de fuerzas continuaba inclinada a favor de la clase trabajadora mendocina. La determinación obrera no había logrado defecciones de consideración y continuamente cosechaba nuevas adhesiones que acrecentaba la fuerza moral del movimiento. El concurso de las familias no cejaba y otorgaba al bando contendiente una irrefutable respetabilidad pese a los esfuerzos realizados por el Estado y las clases dominantes por desprestigiar primero, y reprimir después, a sus principales dirigentes.

Si bien todos los canales de negociación se mantuvieron bloqueados entre el Estado y las organizaciones obreras, los debates parlamentarios celebrados durante el conflicto, cobraron un inusitado peso. El gobernador expidió, en horas de la noche de un día domingo, un decreto por el cual declaraba intervenida la contaduría de la Dirección General de Escuelas y nombraba una comisión investigadora compuesta por comerciantes, industriales, educacionistas y obreros.[31] Se buscaba destrabar el conflicto, bajo compromiso de llevar a cabo una investigación por malversación de fondos escolares durante la gestión de Enrique Julio (Latorre, 2023). La comisión se pondría en funcionamiento a partir del día lunes 11 de agosto y la firma de ese decreto provincial precipitaría el levantamiento de la huelga general.[32] Una cláusula especial que incluía la separación temporal del director general de escuelas Enrique Julio, estimuló a la FOPM a poner en discusión los términos del acuerdo.[33] Luego de celebrarse una asamblea intergremial, la medida de fuerza se dio por terminada, resolviendo que para el mediodía del día martes 12 de agosto los sindicatos reanudarían sus actividades. Sin embargo, las maestras huelguistas no se presentaron a sus empleos ya que la autoridad escolar no había cumplido con las cláusulas que les garantizaba la estabilidad en sus cargos previos al inicio de la huelga.[34] La medida de fuerza del magisterio se extendió hasta el día 21 de agosto. Para ese entonces, el cargo de director general de escuelas fue ocupado provisoriamente por el ministro de gobierno Carlos M. Puebla. Habían transcurrido un total de 25 días de paralización del sistema educativo.

“La mujer fue muchas veces causa ocasional o decisiva de grandes hechos”[35]

En el siguiente apartado nos valemos de las categorías metodológicas delineadas por Norando y Scheinkman (2011), puestas en juego durante la huelga de las trabajadoras del tejido en Buenos Aires durante 1936, a fin de interpretar las complejas relaciones que operan en los ámbitos público y doméstico durante los eventos de lucha. En ese estudio, las autoras nos invitan a reflexionar en torno a las determinaciones de género y de clase y el modo en que se manifiestan en los conflictos, considerando el carácter generizado de la clase trabajadora y los distintos tipos de relaciones establecidas a su interior (Intergénero/Intraclase, Intra-género/Intra-clase) y con la clase opuesta (Intra-género/Interclase, intergénero/interclase).[36]

Partiendo de la reconstrucción anterior, nos proponemos analizarla de la siguiente manera:

• Centrándonos en la clase trabajadora, observaremos las relaciones urdidas entre los géneros intervinientes destacando los grados de solidaridad, sin descuidar los momentos de tensión que emergieron durante el conflicto.

• Nos focalizaremos en las relaciones solidarias que se dieron entre las huelguistas y las distintas clases sociales.

• Resaltaremos sobre todo las relaciones de competencia y antagonismo generadas al interior del propio gremio docente durante el movimiento.

• Observaremos a la clase trabajadora en confrontación con sus patrones a fin de establecer la existencia de una secuencia progresiva desplegada por el Estado mediante la instrumentación de diversos dispositivos coercitivos y disciplinadores.

Relaciones clase-género, entre las obreras del intelecto y los obreros del músculo.

La fotografía incluida en Los Andes, deja entrever una serie de elementos importantes que vale la pena ubicar bajo análisis, a pesar del mal estado de conservación (véase Imagen 1). Se trata de la única fotografía –encontrada hasta el momento– que alude a una reunión de la Junta Ejecutiva de MU. Aunque es difícil diferenciar los rostros, sentadas frente al escritorio –al centro inferior de la imagen–, se ubican Florencia Fossatti (sombrero claro) y Angélica Mendoza (sombrero oscuro). La participación mayoritaria de mujeres en la reunión contrasta con el escaso número de docentes varones. La dirección de MU representada por una mayoría casi absoluta de mujeres (Latorre, 2019), no parece haber generado un escoyo para los hombres que quisieran afiliarse. La finalización de la huelga general dejaba satisfechas a las principales dirigentes sindicales del magisterio mendocino y al resto de las asociadas y asociados. Las diversas posturas adoptadas ante la cámara, dejan entrever gestos de conformidad e inclusive unas cuantas sonrisas triunfales. La juventud también se hizo presente, irrumpiendo en la armoniosa organización de la instantánea. Afirmados contra la pared posterior, a una altura elevada, dos jóvenes vestidos con traje y corbata dejaron plasmada su huella solidaria, no solo expresada en calles y plazas (Latorre, 2022), sino también en espacios cerrados, como en este caso, secundando en todo momento a sus maestras.

Imagen 1
Reunión de la junta ejecutiva de Maestros Unidos tras la finalización de la huelga general
(13 de agosto de 1919). Los Andes. Biblioteca Pública General San Martín.

Como se afirmó anteriormente, el movimiento obrero mayoritariamente masculino tuvo una destacada participación. Del siguiente modo procesaba la experiencia un obrero federado, a partir de los resultados que arrojaba la finalización de la huelga general de agosto.

Nadie podrá negar el triunfo moral obtenido por el proletariado de Mendoza en la última huelga general. Fue el paro una manifestación imponente de protesta (…). La solidaridad demostrada hacia el gremio de educacionistas no tiene parangón en la historia del proletariado argentino, pues es el único caso en el país de que todo un ejército de obreros hiciese suya la causa del magisterio, tan vilipendiado y escarnecido por los hombres que debieran propender a su dignificación para honra de la instrucción pública.[37]

La FOPM asumió la dirección del movimiento en términos de clase, pero también lo hizo en defensa de la dignidad y honorabilidad de sus compañeras trabajadoras injuriadas por los funcionarios estatales. Otro elemento causal del movimiento fue el referido a la defensa de prerrogativas que salvaguardaran la educación de sus hijos e hijas. Intervinieron en términos defensivos, pero también lo hicieron para inflexionar en los resortes de una formación educativa que estuviese acorde a los intereses de la familia proletaria, tal como se desprende del siguiente fragmento escrito por un obrero:

Los trabajadores (…) previendo el peligro que se cernía sobre la enseñanza, ya que nuestros hijos pueden ser el fiel reflejo de la educación que reciben en las escuelas, y teniendo presente que participamos del derecho a exigir más atención para el mejoramiento de la instrucción pública, que costeamos con nuestro sudor, nos presentamos gustosos a secundar a los maestros que reclamaban el derecho de ser respetados como cuadra al ascendiente moral que deben tener sobre los educandos.[38]

Como dimos cuenta en el apartado anterior, decenas de sindicatos y sociedades de resistencia organizados en la FOPM se plegaron a la huelga general. Inclusive, obreros de base y dirigentes reconocieron en sus prensas la importancia de la protesta dirigida por trabajadoras. Esto último, no implicó necesariamente la ruptura de una estructural subordinación de las mujeres, no obstante, desde diversas organizaciones tales como la FORA IX, la FOPM y el PS, manifestaron su admiración por la valentía de las maestras en la lucha.

La Organización Obrera, órgano oficial de la FORA IX, recalcó el carácter generizado de una lucha “tanto más digna de aplauso cuanto son mujeres las que en este caso se atreven a la lucha más terrible de que haya memoria en esta provincia”.[39] Es interesante señalar la peculiaridad de la alocución realizada por varones dirigentes pertenecientes a la federación. La capacidad de resistencia demostrada por estas luchadoras las transformaba en objeto de una mirada curiosa y admirada por el conjunto trabajador sindicalizado (D’ Antonio, 2000). La valentía demostrada por mujeres que se atrevían a luchar contra un orden que ejercía una terrible violencia, ¿hasta qué punto desestabilizaba una subjetividad habitualmente considerada válida solo para los varones? Parece evidente que la lucha de clases anuda relaciones que indefectiblemente envuelve a las identidades de género (Nieto, 2020).

Esta valoración positiva no estuvo exenta de tensiones en relación al género. Las marcas de masculinidad eclosionaron. Se pudieron leer títulos periodísticos en los que se preguntaron: “¿Dónde están los hombres?”. Así, desde el socialismo, se interpelaron por carecer de la hombría suficiente para defender al “sexo débil” en lucha:

Tenemos que manifestar que en un pueblo como el nuestro, donde los hombres parecen eunucos por falta de hombría para repeler la agresión de que son víctimas, se encuentra un grupo de mujeres varoniles que honran a este pueblo y hacen pensar en un porvenir mejor. Nos referimos a Maestros Unidos, que están siendo víctimas de la mazorca policial siendo arrestadas en plena calle, o sacadas de sus hogares por el delito de educar a nuestros niños.[40]

Si bien, la huelga general incrementó la cohesión grupal entre trabajadores frente a su adversario común, podemos observar cómo se mantuvieron vigentes las prescripciones de género sobre el uso y primacía masculina en las medidas de fuerza. El mote, “mujeres varoniles”, expresa el trastrocamiento de las asimetrías de género vivenciadas con asombro y temor por el grupo obrero masculino.[41]

La forma “pacífica” mediante la que se implementó la huelga, es decir, sin la realización de acciones colectivas o individuales violentas –más allá de las medidas de fuerza adoptadas durante el paro educativo primero y productivo a escala provincial después–, adjudicó ciertas ventajas a favor del movimiento, al menos por tres motivos. En primer lugar, resultaba imposible para las fuerzas represivas invocar a formas violentas y no quedar en evidencia como sus iniciadores ante la indignación creciente de la población. Seguidamente, permitió desenmascarar de forma clara e identificable a las y los rompehuelgas designados por el Estado provincial lo que provocó la rápida pérdida de consenso social ante el propio Estado. Y por último, las huelguistas construyeron lazos cada vez más firmes con el hogar obrero, lo cual consolidó una cohesión grupal entre las propias maestras y su comunidad.

Las mujeres en relación a las solidaridades de otras clases sociales durante la lucha

Las relaciones solidarias entabladas entre las maestras y las familias de sus estudiantes, observables durante las huelgas magisteriales ponderó a la escuela como espacio de socialización y formadora de experiencias de clase (Latorre, 2023). Si la huelga del magisterio expandió esas experiencias al ámbito barrial, durante la huelga general se radicalizaron. Fueron las maestras y las familias las que diseñaron un modo innovador de lucha al continuar el dictado de las clases en los domicilios particulares de las educadoras, locales sindicales y en los domicilios de sus propios estudiantes. Inferimos, por lo tanto que, esas experiencias de lucha continuaron circulando, expandiendo y profundizándose a otros espacios comunes tales como almacenes, veladas, lavanderías, parroquias, entre otros. Otro factor que sin dudas marcó el grado de solidaridad de las familias subalternas consistió en que aun cuando la huelga afectó al abastecimiento de elementos de consumo de subsistencia, actuaron boicoteando a los comercios que abrían sus puertas durante el conflicto. Análoga situación es observable respecto de la paralización del transporte público. Aun cuando los empresarios y el Estado reanudaron el servicio mediante la contratación de rompehuelgas custodiados por la policía, la resistencia ejercida por los usuarios continuó firme. Las prensas remarcaron que en todo momento los tranvías circularon, pero lo hicieron sin pasajeros.

Aquí, nos parece pertinente mantener algunos interrogantes abiertos, ¿cómo hicieron las familias para subsistir durante 9 días de paralización total del comercio y los servicios? ¿Cómo procuraron los insumos mínimos para la alimentación durante ese período? ¿Qué espacios alternativos para el encuentro habrán sido creados para soportar material y simbólicamente una huelga declarada por tiempo indeterminado? ¿Qué nuevas sociabilidades habrán surgido de esa experiencia? ¿Se habría visto modificada la distribución hegemónica que pesaba –y pesa– sobre las mujeres en las tareas de cuidado y crianza, en un momento en el que el trabajo y la educación estaban paralizados? A pesar de no haber podido dar con respuestas a partir de las fuentes disponibles, parece incuestionable que la cohesión construida en base a un sinnúmero de prácticas clasistas, consiguieron sumar apoyos provenientes de otros segmentos de clase que contribuyeron a consolidar la protesta.

Tal como recuperamos en la descripción del conflicto, fracciones pertenecientes a la pequeña burguesía (Adamovsky, 2015), tendieron a solidarizarse. Observamos que fueron muchos los comerciantes que se pronunciaron en contra del levantamiento de la huelga general. Por otro lado, la huelga despertó la solidaridad de farmacéuticos y profesionales (principalmente de médicos y abogados) que ofrecieron sus servicios durante el conflicto. Al respecto, la publicidad comercial y de servicios profesionales contenida en cada uno de los números de la revista Idea es por demás cuantiosa y se destaca la persistencia de las mismas aun en los momentos de mayor conflictividad. La publicación no contaba con valor de venta en su portada, por lo tanto es esperable que sus ediciones, al menos en parte, fueran posibles de costear gracias al pago que las casas de comercio realizaban para poder publicitar en sus páginas. ¿Es dable preguntarse si esa mediación comercial no implicaría algún grado de compromiso con la causa del magisterio?

Por otro lado, la clase trabajadora consiguió movilizar un apoyo significativo de la opinión pública en favor de su movimiento. Las prensas comerciales (La Nación, Los Andes), dos periódicos conservadores (La Tarde, El Autonomista) y uno de los diarios radicales enfrentado con el oficialismo local (El Intransigente) mantuvieron una posición favorable al conflicto. Lo que factiblemente colaborara en el aumento de la presión ejercida sobre las máximas autoridades gubernamentales y nacionales, y permeara positivamente entre diversas capas sociales de la población. Sin perder de vista los diferentes móviles políticos que los llevaran a apoyar el reclamo iniciado por las educacionistas, en prácticamente todas las prensas mencionadas las maestras fueron presentadas como mujeres víctimas de un poder despótico ejercido por el lencinismo. Esto, si bien buscaba sensibilizar a la población en favor de las “pobres maestras”, al mismo tiempo tendía a soslayar la potencia social de las mismas durante la contienda de clases (Véase imágenes 2 y 3)

Imagen 2
Ilustración publicada al finalizar la huelga general
(13 de septiembre de 1919). El Autonomista. Biblioteca Pública General San Martín

Imagen 3
Ilustración publicada al finalizar la huelga general
(13 de septiembre de 1919). El Autonomista. Biblioteca Pública General San Martín

Tensiones y antagonismos al interior de las propias trabajadoras de la educación

Hasta el momento, hemos arrojado pistas interpretativas para dimensionar el grado de solidaridades alcanzado por las maestras sindicalizadas en relación a su propia clase y con fracciones por fuera de ella. No obstante, al indagar en las tensiones y conflictos generados al interior del propio sector docente, emergen componentes subjetivos que complejizan la interpretación.

La Palabra y La Montaña, y también la revista Patria –órgano de prensa de la LPAM–, no solo impugnaron las formas de lucha encaradas por la clase trabajadora mendocina, sino que además, se transformaron en los portavoces de los intereses esgrimidos por Enrique Julio y la UMM, brazo gremial del magisterio lencinista y de la Liga. Entre MU y la UMM el antagonismo fue en aumento. La huelga general delimitó aún más los intereses contrapuestos. Progresivamente dos campos ideológicos se expresaron de manera polarizada (Richard-Jorba, 2014), reduciendo cualquier tipo de acción llevada a cabo por MU a enemigas de la patria y potencialmente trastocadoras de los valores dominantes de la constitución familiar moderna. Podía leerse en La Palabra que el magisterio mendocino había sido “ultrajado por los elemento maximalistas introducidos en las escuelas argentinas con el fin de sembrar la semilla maldita en los tiernos corazones de la infancia”.[42]

A partir de ese diagnóstico, desde el Estado, se instrumentaron dispositivos de disciplinamiento específicos de marcación negativa tendientes a diferenciar a aquellas personas agrupadas como enemigas del capitalismo patriarcal, en apariencia puesto en cuestión por las maestras sindicalizadas. Los ataques buscaron quebrar el establecimiento de relaciones de reciprocidad entre “las proletarias de la intelectualidad con los obreros de los oficios” quienes, a pesar de la especificidad de sus tareas y delimitadas en función de los géneros, decidieron en forma conjunta paralizar la provincia mediante el llamado a la huelga general. La marcación negativa logró un efecto parcial sobre las maestras sindicalizadas ya que, ante las presiones públicas, decenas de ellas se vieron compelidas a renunciar a las filas de MU, a la par que se notó un incremento en la cantidad de maestras que se incorporaban a la UMM.[43]

Las tensiones crecieron entre las huelguistas y las maestras que no se plegaron a ella. Entre las últimas se destacaron las pertenecientes a la UMM –a quienes les endilgaron las siguientes denominaciones: “carneras”, “adulonas”, “desunidas”, entre otras– nucleadas en la “Sociedad de Carneros Unidos Mendocinos”, según la jerga que circulaba en la época.[44] Como observaremos a continuación, los términos utilizados cruzaron el umbral de la prédica y las confrontaciones eclosionaron fundamentalmente en los lugares de trabajo –las escuelas–. Terminada la huelga y reiniciadas las clases, el Consejo Directivo de MU denunciaba el modo en que algunas directoras intentaban “disolver los grados” de las maestras reincorporadas.[45] Un padre con niños en edad escolar, relató la forma en que operó una directora de la escuela San Martín de ciudad, una vez que las maestras huelguistas retornaron a sus puestos de trabajo.

[L]os niños empezaron a concurrir a la escuela, resultando que la directora Sta Chacón Amigorena, empezó a despedir a los niños, diciéndoles que trajeran un certificado de los padres del porque no habían concurrido a las clases durante la huelga, especializándose con los niños del sexto grado, que de mala manera despachó diciéndoles que estaban borrados de la matrícula y al resto les dijo que el sexto grado quedaba suspendido por falta de alumnos, y que volvieran (…) a buscar los pases para otra escuela. (…) ¿Por qué esta medida? Por la simple razón que la maestra del sexto grado es huelguista y busca el pretexto de suspender el grado para hacer lo mismo con la profesora, que le dio ejemplo de dignidad gremialista.[46]

En un apartado posterior de la misma nota, se afirma que la directora

penetró en la clase [de segundo grado] cuando los niños estaban ocupados en sus quehaceres, y en tono altanero y despreciativo para la señorita de grado, dijo a los niños “el que se encuentra incómodo en este grado que me lo manifieste y los pasaré al grado de la mañana”. Los niños se dieron cuenta inmediatamente que era por mortificar a la profesora de grado por haber cometido el crimen de ser huelguista.[47]

Las amenazas hacia las infancias que impusieron sus propios métodos de lucha solidaria con sus maestras, expresa una expansión de la marcación negativa hacia un sector que resultó fundamental para el éxito del movimiento. Allí anidaron los antagonismos referentes al género ya que las huelguistas amenazaban las valoraciones hegemónicas sobre domesticidad y fueron consideradas una amenaza para la constitución de la familia moderna según la arquitectura construida a partir de los cánones burgueses. Las prácticas persecutorias ejercidas entre colegas del mismo género, da cuenta del modo en que el factor ideológico-político influyó sobre parte de la clase trabajadora, que asumió conscientemente la mentalidad patronal y decidió colocarse en contra de la huelga y, por ende, de las huelguistas (Norando y Scheinkman, 2011). Al finalizar la huelga general, las tensiones, diferencias y antagonismos existentes desde el inicio del conflicto se polarizaron aún más dentro del magisterio y generó una fractura que ofreció elementos propicios para que desde el Estado se instrumentaran otros dispositivos represivos: preventivos y, también, reactivos.

“¡Abajo las polleras!”. Las mujeres trabajadoras en relación a sus patrones.

El conflicto del magisterio, implicó la pérdida momentánea del orden y encuadre social que el Estado obtiene a través de una de sus instituciones fundamentales, la escuela (Bohoslavsky y Franco, 2020). Ante la derrota infligida, los mandatos de la masculinidad patriarcal ligados al poder declamaron su intolerancia hacia las maestras en lucha:

Hemos presenciado escenas de feminismo inglés y oído palabras de masculinidad exasperantes. Las educadoras de nuestros hijos han proclamado el imperio de las faldas entre la timidez de los pantalones –Hay que emascular a los hombres– dijo una de ellas. Los eunucos (…) que de la huelga han hecho cuestión personal y política (…) han batido gozosos palmas. Ellos son los que han dado la verdadera impresión de decadencia de la masculinidad entre nosotros, los que proclaman el imperio de las polleras (…) Pero no se ha perdido todo (…) Aún hay quien pueda decir sin rubor: ¡Abajo las polleras![48]

Durante la huelga general, la violencia estatal se desplegó mediante estrategias preventivas y reactivas (detención, encierro, persecución judicial, elaboración de sumarios, toma de huellas dactilares, represión pública efectuada por la policía y cierre de locales obreros). La insuficiencia del despliegue de esos dispositivos para frenar el movimiento, dieron paso a prácticas específicas de hostigamiento que tendieron a restituir los valores patriarcales dominantes que este grupo de maestras aparentemente había subvertido. Mujeres masculinizadas que amenazaban con castrar el ordenamiento sexual imperante.[49] A pesar de que en ninguna fuente consultada, este colectivo sindical se autoidentificara como feminista, de todos modos la acusación mediante el uso de metáforas tales como: “¡el imperio de las faldas!” y “¡abajo las polleras!” denotan la preparación, previo proceso de marcación e individualización, de un otro que buscó habilitar la violencia para sostener las relaciones sociales jerarquizadas según las prescripciones imperantes de clase y género. Como puede observarse en la cita se articula una categoría diferencial –feminismo– a la caracterización general de movimiento exótico/foráneo (inglés y sufragista) y por lo tanto, antipatriótico-sedicioso. Progresión que podríamos enunciar del siguiente modo: inicialmente identificadas como las maestras sublevadas –grupo minoritario al interior del magisterio– transmutaron en maestras feministas antipatrióticas con capacidad de amenazar a ambos órdenes: el capitalista y el patriarcal. Sin soslayar la conceptualización de masculinización feminizada –eunucos– que le cupo a los varones nucleados en la FOPM. MU, y sus principales referentes obreros, no se doblegaron ante los ensayos represivos ejecutados durante la huelga general. Aun siendo represaliadas en la vía pública, encerradas en los calabozos policiales, sumariadas y exoneradas, continuaron creando vínculos perdurables con la clase trabajadora. De allí que las prensas dieran cuenta en sus crónicas de la forma compartida en que la represión fue ejercida sobre ellas, sobre sus compañeros varones (maestros y obreros) y niños en edad escolar.

El hostigamiento se vio reforzado a partir de los ensayos perpetrados por el Estado y las formaciones civiles organizadas en la LPAM, en su intento por aislar y quebrar aún más a la fracción docente de mujeres en lucha. Conviene recordar que durante la huelga general, al menos una treintena de maestras se mantuvieron activas ocupando el ámbito público. El día 8 de agosto, en pleno centro capitalino, un total de 14 maestras fueron arrestadas por repartir panfletos de la FOPM en la vía pública.[50] Luego de un par de horas fueron puestas en libertad, sin embargo, los sumarios iniciados ese día fueron elevados por el jefe de policía –Quiroga– el día 20 del mismo mes, al Juez del Crimen, Ataliva Herrera. El mismo día en que se reabrían las escuelas, las 14 maestras fueron acusadas de haber infringido la ley 7029 de Defensa Social –en sus artículos 7, 9 y 25– por realizar “manifestaciones” públicas en unión a “elementos extraños” a la organización, vociferar improperios contra las autoridades de la provincia y repartir “boletines subversivos”. La policía aseguró que cuando invitó a las maestras a disolver la manifestación, ellas no solo se negaron, sino que protestaron “en forma descomedida” por lo que fueron conducidas al departamento central en carácter de detenidas.[51] La citada ley preveía condenas entre uno y tres años de prisión.

A los pocos días, fue publicado en la prensa el dictamen realizado por el fiscal a cargo Amado Laprida. El documento ahondaba en las irregularidades policiales, pero lo que aquí nos interesa recalcar es el tratamiento criminal propinado sobre estas catorce maestras. La premeditación en términos genéricos fue advertida en algunas prensas: “la tarea que ahora se emprende alcanza contornos de una verdadera infamia porque va dirigida, premeditada, fríamente, a lesionar la integridad moral, la reputación de las maestras, por medio de un estigma indeleble de delincuencia”.[52]

La sentencia definitiva fue presentada el día 28 de agosto. En ella se absolvía a las maestras por falta de mérito y por “no existir delito alguno en los hechos imputados”.[53] Sin embargo, la absolución no debe minimizar la acción legal perpetrada por el poder del Estado sobre este numeroso grupo de activistas de base que presentaban sus reclamos en las principales calles capitalinas.

Otro suceso nos ilustra el modo en que también se aplicaron medidas desde la principal institución educativa perteneciente a la esfera nacional. En este caso ejercida sobre la presidenta del sindicato magisterial. Desarticulado el grueso del conflicto, Florencia Fossatti fue despojada de sus cátedras en la Escuela Normal a raíz de un sumario emanado del Ministerio de Instrucción Pública de la Nación. El Socialista, sostuvo la defensa de la presidenta de MU y denunció desde sus páginas que se trataba de “la primera víctima del oficialismo local, en concomitancia con el oficialismo nacional”.[54] Para el diario La Nación se trató de una clara maniobra realizada por el ministerio de la nación en un intento por desarticular la dirección ejercida por la principal referente de la protesta educativa.[55]

Durante el mismo lapso de tiempo, el senador radical oficialista Molina, presentó un proyecto de ley a la Cámara, donde se proponía prohibir la agremiación y el derecho de huelga a los empleados públicos del estado provincial. Desde MU, denunciaron públicamente el carácter anticonstitucional y persecutorio contra la principal organización sindical docente y, por elevación, a las orientaciones gremiales que buscaban expandir la sindicalización del conjunto de los trabajadores estatales.[56]

La réplica realizada por Florencia Fossatti salió al cruce de este nuevo intento que buscaba destruir la existencia del sindicato al que representaba. En uno de sus fragmentos afirmaba:

Conscientes de la justicia de nuestra causa, de la potencialidad de las fuerzas morales y materiales que nos secundan, iremos nuevamente a la lucha. Y no se olvide que en todos los momentos culminantes de la historia de los pueblos, la mujer fue muchas veces causa ocasional o decisiva de grandes hechos. Se nos quiere ofender llamándonos maximalistas. Si por maximalismo entiende el señor proyectista, las acciones como la desenvuelta por el magisterio y los trabajadores en el reciente conflicto, será bueno que prepare otras leyes, hasta un número infinito. El ansia de justicia y libertad cunde con rapidez vertiginosa. Nunca, desde las pasadas generaciones que sintieron el yugo de los absolutismos dependientes de la voluntad despótica de un hombre y del capricho de sus allegados, fue tan intensa como hoy. Y será bueno no olvidar que ante la influencia soberana de los hechos, nada significan las leyes que están en desacuerdo con las tendencias de la época y la voluntad incontrastable de la inmensa mayoría de los hombres. Una ojeada a las páginas de la historia no les vendría mal.[57]

La asunción genealógica de las luchas emprendidas por mujeres, las ansias de emancipación y de justicia amparada en las fuerzas morales y materiales de la clase trabajadora se pronunciaron contra el ordenamiento jurídico e institucional utilizado en su contra. Hasta aquí los casos seleccionados nos muestran la progresiva representación criminal y sediciosa construida desde el Estado hacia el colectivo de mujeres organizadas en MU. Ante el hostigamiento estatal y paraestatal, Fossatti llamaba a la construcción de una protesta cuyo alcance debía romper la escala provincial:

Para defender al gremio amenazado de destrucción se levantará toda la clase proletaria de la República, como un solo hombre y la opinión, la prensa, las fuerzas vivas e independientes del país estarán, otra vez, pero mejor preparadas, con mayor conocimiento de causa, expontáneamente (sic) al lado nuestro.[58]

Así, a escasos 17 días de finalizada la huelga general, comenzó a correr públicamente el rumor sobre la reposición de Enrique Julio en la DGE, cuestión que finalmente ocurrió a los pocos días.[59] Las derechas se preparaban para asumir la próxima contienda con renovados bríos.

Conclusiones

El abordaje de los conflictos sociales desde una perspectiva que incluya a los géneros y las asimetrías etarias (entre otras) se presenta cada vez más inescindible al interior del campo historiográfico de la historia social. La reconstrucción del conflicto, prestando atención a esta mirada nos ha permitido ahondar en una formación de clase que expresó sus solidaridades, tensiones y antagonismos explícitamente de modo generizado. El desglosamiento pormenorizado de las relaciones entre clase y género, en diálogo con investigaciones abocadas a otras regiones del país,[60] han permitido dinamizar y complejizar la interpretación de este caso en particular, en el que las mujeres volvieron a ser las protagonistas indiscutidas. Abordamos el modo en que esas experiencias atravesadas por el género fortalecieron solidaridades entre personas de distintas clases sociales y, más aún, entre las mujeres pertenecientes a la clase trabajadora (Norando y Scheinkman, 2011, Kaplan, 1990).

A las solidaridades hemos incorporado el análisis de las tensiones generadas en el interior de la clase trabajadora, dado que, en los episodios conflictivos y de lucha, es que saltan a la luz y se ponen en juego los distintos roles en sus acciones concretas. Abordamos a los trabajadores varones y las formas en que fueron exaltadas las marcas de masculinidad en relación a la lucha proletaria. Ellos se increparon por la pasividad ante los episodios represivos que recayeron sobre sus compañeras. Señalaron la falta de reacción como carencia de hombría, signándose entre sí como “eunucos”. Ellas, si bien despertaron la admiración de los proletarios, también tendieron a ser desvinculadas de su género: las “mujeres varoniles” invertían los sentidos virilizados de la lucha proletaria.

Si bien, dentro de la propia clase trabajadora la solidaridad fue hegemónica, las tensiones en relación a los roles de género se hicieron presentes y, también, emergieron posiciones antagónicas. Entre las trabajadoras docentes, se distinguieron las huelguistas y las que se colocaron en contra para intentar romperla. Las segundas, organizadas fundamentalmente en la UMM asumieron conscientemente los valores de domesticidad y el respeto por la jerarquía patronal, militando activamente en defensa del funcionario lencinista, Enrique Julio. El modo en que continuaron desarrollándose esas tensiones y antagonismos durante el proceso conflictual posterior permanece como interrogante crucial para el abordaje de próximas investigaciones sobre el conflicto.

En el plano de la confrontación de clase contra clase, la patronal fijó posiciones cada vez más intransigentes. Acudió nuevamente a las cesantías y exoneraciones de las maestras huelguistas. El efecto fue contrario al esperado. Entonces el proceso de “marcaje” sobre esas maestras, buscó denodadamente colocarlas a la defensiva y tantear en simultáneo la capacidad de respuesta de la sociedad ante la implementación represiva (Feierstein, 2007). El personal policial avanzó contra las dirigentes y activistas de base que se encontraban militando la huelga en la vía pública. Aquello no obedeció a una acción improvisada ya que demandó transformar la mirada y las prácticas de los agentes de seguridad a fin de hostigar y reprimir a mujeres a la vista de toda la sociedad. Al triunfo le sobrevino una profundización de la intolerancia patriarcal aún mayor: quebrar la posibilidad de una subjetividad femenina distinta y destruir esas representaciones rebeldes. Los llamados a conformar fuerzas civiles de choque por comités lencinistas y brigadas dirigidas por la LPAM dan cuenta de la disposición a resolver el conflicto en términos aún más violentos. Las medidas represivas ilegales ensayadas por la fuerza pública y organizaciones paraestatales –calabozos, deportación interdepartamental y sometimiento a eventos tortuosos–, en simultáneo a los avances legales, buscaron limitar la capacidad de movimiento, la expansión solidaria interclasista e inhabilitar la reciprocidad de las acciones proletarias, nos muestra la forma en que fue llevada adelante aquella ofensiva. Al finalizar la huelga general, el Estado continuó aplicando diversas formas de disciplinamiento a fin de aislar al colectivo de mujeres del resto de la sociedad, acusándolas de perturbadoras sociales, trastocadoras de la domesticidad femenina y subversivas del orden familiar. De ese modo anticipaba la profundización del despliegue represivo ulterior instrumentado durante los meses posteriores a esta fase del conflicto.

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Notas