Introducción

Este trabajo propone indagar la cuestión de la memoria colectiva en torno a los procesos de adjudicación de viviendas sociales construidas en el marco del Plan de Erradicación de Villas de Emergencia (en adelante, PEVE), (1966) y del Plan Alborada (1973) para relocalizar población villera. Pondremos el foco sobre la ejecución de estas políticas en la Ciudad de Buenos Aires.

El PEVE fue propuesto en 1966, durante el gobierno de facto de la Revolución Argentina con el objetivo de erradicar las denominadas “villas de emergencia” y construir viviendas higiénicas y económicas para dar alojamiento a sus habitantes, quienes debían atravesar por un período de reeducación[1] (Secretaría de Estado en Vivienda, 1969). Con el retorno a la democracia en 1973 bajo el gobierno peronista, gran parte de las obras iniciadas por el PEVE, fueron consideradas como “vivienda de arrastre” y continuadas por un nuevo programa habitacional —Plan Alborada— que retomó en gran medida los lineamientos anteriores (Longoni, 2016; Gagetti, 2017).[2]

Si bien algunos trabajos (como Bettanin, 2008; Girola, 2008; Schijman y Laé, 2011; Kessler, 2012), indagaron las experiencias de poblamiento de algunos conjuntos de vivienda social icónicos de estas políticas —como lo son el Conjunto Soldati, Ejército de los Andes o el Complejo Habitacional Presidente Sarmiento—, poco sabemos acerca del derrotero de otros conjuntos menos reconocidos. Por otro lado, si bien trabajos como el de Olejarczyk (2016) y Lekerman (2021) problematizan los procesos de adjudicación de la vivienda social en políticas recientes, resta indagar estos aspectos en la implementación de políticas desarrolladas en contextos dictatoriales y pre-dictatoriales o de transición, tales como el PEVE y Plan Alborada: ¿Cuáles fueron los conjuntos habitacionales construidos bajo estas políticas?, ¿fueron efectivamente adjudicadas a hogares relocalizados de villas erradicadas?

Este trabajo busca aportar al conocimiento de los rasgos autoritarios y discrecionales de la política habitacional en periodos explícitamente autoritarios, como lo constituyen los gobiernos dictatoriales, pero también advertir los bordes expansivos de estas dinámicas estatales durante periodos previos y posteriores. ¿Cómo se constituye la vivienda social como un recurso en disputa en escenarios de convulsión política? ¿De qué modo las conquistas de las organizaciones villeras por vivienda obtenidas durante la década del ‘70 logran ser efectivizadas (o no) en la implementación de estas políticas?

A partir de estos interrogantes, hemos seleccionado al Conjunto Albarellos como caso de estudio ya que, como veremos a lo largo de este trabajo, a pesar de no ser un caso icónico o reconocido, diferentes documentos lo identifican como un barrio PEVE y Alborada.

Este trabajo pretende entonces reconstruir la historia del Conjunto Albarellos indagando en la multiplicidad de memorias que distintos actores tejen en torno al origen de estas viviendas y a sus procesos de poblamiento y adjudicación. Nos interesa concretamente comprender cómo los agentes estatales, los habitantes de este barrio y los arquitectos involucrados en el diseño del conjunto representan, recuerdan y significan las políticas de vivienda desarrolladas durante este período de gran convulsión política. A la vez procuramos explorar de qué modo estas memorias permean las representaciones que actualmente operan sobre estas viviendas: su función social, su identidad de vivienda social, las responsabilidades estatales sobre las mismas, y la definición de sus habitantes como “merecedores”.

Estrategia metodológica

Este trabajo se inscribe en una perspectiva cualitativa y presenta los resultados incipientes de un proyecto aún en curso, por lo cual adopta características principalmente exploratorias.

Para reconstruir la experiencia del conjunto desde las miradas y memorias de sus habitantes se realizaron por un lado tres entrevistas semi estructuradas a habitantes del barrio que fueron destinatarios originales. Estas primeras entrevistas exploratorias fueron realizadas a mujeres de distintas edades (Liliana, de 55 años, Antonia de 77 y Juana de 90),[3] quienes fueron identificadas por encargados de edificios y vecinos como personas significativas para “narrar la historia del barrio”. Cada una de ellas habita el conjunto desde su conformación. Por otro lado, se llevó adelante una entrevista grupal en el marco de la convocatoria y coordinación de un taller participativo con los habitantes del barrio en el que participaron alrededor de 10 vecinas. A través de una informante clave —una habitante “original” que actualmente desempeña funciones de representación consorcial— se realizó la convocatoria de vecinos/as al taller, el cual fue realizado en un espacio común facilitado por la administración. Si bien la convocatoria de habitantes fue general, destacamos que sólo participaron mujeres, a pesar de que en el conjunto habitan vecinos varones que incluso asumen tareas de representación consorcial. Pensamos que puede haber alguna vinculación entre la condición de género y el haberse sentido movilizadas para relatar sus experiencias en el conjunto urbano. Entendemos que el haber sido las primeras aproximaciones al barrio no nos permite todavía establecer con claridad esta relación, posiblemente en la medida que avancemos en el trabajo de campo podremos advertir ciertos sesgos de género de los testimonios con los que trabajamos. Por otro lado, destacamos que el trabajo de campo se desarrolló en el marco de la salida de la pandemia,[4] aunque esto no generó resistencias para establecer encuentros presenciales individuales o grupales. Como se observa en la siguiente imagen, se tomaron los recaudos necesarios para desarrollar estos espacios de encuentro bajo las protecciones necesarias.

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Fotos del Taller Abierto, Conjunto Albarellos, 2021
Archivo Personal, 2021

Por otro lado, realizamos entrevistas en profundidad a dos de los arquitectos que desarrollaron el diseño del Conjunto Albarellos: Berardo Dujovne y Eduardo Saiegh, bajo el propósito de explorar los idearios y sentidos en torno a los destinatarios de la vivienda social y a la función de la misma. Las entrevistas combinaron la modalidad presencial con la modalidad virtual, atendiendo al contexto de pandemia.

Paralelamente, exploramos los discursos oficiales/estatales a partir de dos dimensiones: a) mediante una exhaustiva revisión bibliográfica[5] de publicaciones, informes e instrumentos de difusión oficial. Principalmente de la entonces Comisión Municipal de la Vivienda (en adelante, CMV) y del Ministerio de Bienestar social, (en adelante, MBS), así como de revistas de arquitectura especializadas, se analizaron los discursos sobre el origen del barrio; b) mediante entrevistas exploratorias realizadas a dos trabajadores actuales del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, IVC) con una trayectoria de más de 20 años en el organismo cumpliendo tareas técnico profesionales. Para resguardar su anonimato a lo largo de este artículo nos referimos a ellos con los nombres ficticios de Lautaro y Florencia. Mediante este corpus reflexionamos acerca de los sentidos que allí circulan en torno a la vivienda social en general, y sobre el caso del Conjunto Albarellos en particular, así como en torno a los procesos de adjudicación a lo largo de la historia.

Algunas claves conceptuales: memoria colectiva y políticas urbanas en dictadura

Este trabajo se inscribe y a la vez busca aportar a dos campos de conocimiento de las ciencias sociales: los estudios urbanos y los estudios de la memoria. Respecto al campo de los estudios urbanos vinculado al análisis de las políticas habitacionales en la ciudad de Buenos Aires, esta investigación intenta robustecer el conocimiento acerca de las intervenciones realizadas en el periodo previo a la última dictadura militar y el devenir de las mismas bajo el contexto autoritario (Yujnovsky, 1984; Dunowicz, 2000; Fernández Wagner, 2004; Bettanin, 2008; Girola, 2008; Gomes, 2018; Ballent, 2018; Massida, 2019; Najman, 2020, entre otros).

Por otro lado, el abordaje de las ciencias sociales acerca de lo ocurrido en el marco de la última dictadura militar comenzó en la transición democrática y, como evidencia Canelo (2016),[6] Se vinculó con el campo político gubernamental argentino ligado a construir agendas y políticas comunes sobre la dictadura y sus herencias. Las “herencias”, las “marcas”, las “rupturas y continuidades” se exploraron y analizaron desde diferentes perspectivas, comenzando por la problematización del Estado y sus formas y luego por la irrupción del testimonio en primera persona que amplió las dimensiones de los crímenes y el horror acontecido. En las últimas dos décadas y particularmente a partir del año 2003, los estudios comenzaron a diversificar las temáticas y especializar la mirada: “el tercer ciclo fue escenario de una importante heterogeneización de temas y problemas, disciplinas y recursos de investigación” (Canelo, 2014, p. 2). Dentro de estas nuevas producciones, la autora destaca aquellos que abordaron las “formas y comportamientos sociales” así como la denominada “participación civil” durante la dictadura y la represión en espacios locales.

Entre estas nuevas producciones, destacamos aquellos estudios de la memoria que incluyeron la preocupación por el vínculo con el territorio. Inspirados en la noción de lugar de memoria de Pierre Norá, el concepto de territorios de memoria de da Silva Catela (2001) inauguró esta línea, que luego se fue ampliando a otros tipos de demarcaciones y espacios de disputa, como aquellos asociados a las políticas de memoria y “recuperación” de centros clandestinos de detención (Feld, 2009; Crenzel, 2010; Messina, 2011, Garbero, 2017) o a aquellos enfocados en las marcas territoriales (Badenes, Bettanin y Crenzel, 2009, Bettanin y Shenquer, 2015).

Algunos de estos trabajos pusieron de relieve la relevancia de las políticas públicas de vivienda para este campo de conocimiento, visibilizando las experiencias de quienes participaron en su triple condición de víctimas/testigos/adjudicatarios de las mismas. Este trabajo se inscribe en esta línea de investigación y busca incorporar las perspectivas de otros actores significativos, como los equipos técnicos estatales o los estudios arquitectónicos que proyectaron y desarrollaron este tipo de conjuntos y enriquecer el análisis a partir de una indagación que explore esta multiplicidad de memorias.

Tal como señalan los primeros aportes de Halbwachs (1929) que constituyeron el campo de la memoria colectiva en Ciencias Sociales, las vivencias compartidas se construyen de diferente manera según la significación afectiva que cada individuo u actor le otorgue, posibilitando de ese modo, diferentes formas o modos del recuerdo. Esta idea da cuenta a su vez, de los procesos de disputa posibles en torno a la construcción de las versiones del pasado.

Las primeras voces que asomaron en el espacio público acerca de las políticas desplegadas hacia las villas en la Ciudad de Buenos Aires durante la dictadura fueron las de los sujetos destinatarios y sus referentes barriales. Estas voces fueron categorizadas como “memorias subterráneas” por su aparición sutil y tardía en relación a otras (Bettanin y y Schenquer, 2015) y emergieron en el marco de tres vectores de memoria: el “Archivo CELS”, el documental “Crónicas Villeras” y el libro “Prohibido vivir aquí”. Llamativamente, estas instancias fuertemente impulsadas desde ámbitos estatales, no dieron lugar a voces de actores tales como las organizaciones sindicales, los trabajadores de los organismos encargados de implementar estas políticas o los arquitectos que participaron del diseño y construcción de las viviendas desarrolladas en el marco de estas intervenciones. Quedó, de ese modo, evidenciado en el espacio público otras posibles memorias sobre los procesos de adjudicación.

Este estudio explora la multiplicidad de memorias que distintos actores (habitantes, trabajadores estatales y equipos de arquitectos) tejen en torno al origen del Conjunto Albarellos y respecto al rol que asumió durante la última dictadura. No solo pondremos el foco sobre la pluralidad de memorias y las disputas por las versiones del pasado, sino que además procuramos comprender los procesos de construcción de estos recuerdos.

Entendemos a la memoria como un fenómeno construido (Pollak, 2002). Lo que la memoria guarde, recalque o excluya, va a dar cuenta de un trabajo de organización. La memoria, asimismo, aparece vinculada con la construcción de subjetividades en la medida en que contribuye a conformar elementos de continuidad y coherencia de una persona o grupo en su reconstrucción de sí, y es un “elemento constituyente del sentimiento de identidad”. (Pollak, 2006, p. 38)

Advertimos además, que el espacio y el tiempo resultan marcos sociales fundamentales para la experiencia del recuerdo. Sobre este punto, entre otros aportes al campo, Jelin (2002, p. 13) advierte sobre la temporalidad compleja de la memoria haciendo hincapié sobre los contextos como marco para la comprensión de los modos del recuerdo y su relación con el olvido. La autora postula que los marcos interpretativos de la experiencia pasada pueden modificarse a lo largo del tiempo, principalmente en función de nuevos escenarios político-sociales.

Relatos de origen: ¿Quién, para qué y con qué criterios se construye la vivienda social?

El Conjunto Albarellos es un gran conjunto de vivienda colectiva, integrado por 10 edificios tipo pabellón de 10 pisos cada uno que se conectan cada tres niveles de forma horizontal (Dunowicz y Hasse, 2005). Incluye 200 unidades funcionales, cuenta con redes sanitarias, eléctricas, de gas y de teléfono. Además incluye un estacionamiento, comercios, guardería y juegos infantiles en espacios verdes (Dunowicz, 2000). Estos espacios conforman el “equipamiento colectivo”.

Imagen 2
Prototipo Conjunto Albarellos
Moderna Buenos Aires

Se le conoce bajo diferentes denominaciones entre las cuales pudimos identificar: “las torres”, “PEVE Nº36”, “Plan alborada Nº26”, “Conjunto Albarellos”. La presencia de dos nombres que aluden a dos programas o políticas habitacionales diferentes (PEVE y el Plan Alborada) nos dan, además, algunas pistas sobre el origen del barrio.

En la revista Summa número 71 que data de enero del año 1974, este conjunto figura entre otros proyectos del PEVE que la revista considera como ejemplos del programa. Aparece bajo la designación “PEVE Nº 26” y describe al Banco Hipotecario Nacional como su comitente. Sin embargo, en el número 86 de la misma revista, publicada en febrero de 1975 dedicado exclusivamente a los “conjuntos de viviendas y planes oficiales”, cambia su denominación por “Barrio Plan Alborada, Proyecto nº 26”.[7]

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Conjunto en construcción, 1973.
(febrero 1975). Summa, 86.

Los testimonios de algunos de los arquitectos involucrados rememoran que al presentarse a la licitación para la construcción de nuestro caso de estudio, advirtieron que se trataba de un proyecto enmarcado en el denominado PEVE aunque posteriormente la obra se extendió temporalmente hasta alcanzar al siguiente gobierno. En el mismo sentido, el documento oficial del IVC titulado “El IVC en la historia: Cómo nació el Conjunto Urbano Albarellos”,[8] señala que el barrio fue construido entre los años 1971 y 1978, inicialmente en el marco del PEVE y posteriormente, a partir de 1973, en el marco del Plan Alborada.

Tanto la documentación oficial como los testimonios de los arquitectos sugieren que el conjunto Albarellos comienza a construirse en el marco del denominado PEVE y posteriormente (a mediados de 1973), pasa a integrar el campo de acción del Plan Alborada, lo cual guarda relación con la declarada continuidad que se produjo entre estos dos programas desplegados por dos gobiernos de signo político opuesto.

Por su parte, en los relatos de origen de los habitantes del barrio, no se nombran estas políticas en particular aunque sí se reconoce que estas viviendas eran parte del Fondo Nacional de Vivienda (en adelante, FO.NA.VI[9]) y de un programa de viviendas de “bajo estatus”.[10] Consideramos que no se trata de una omisión significativa de las características de los destinatarios de estas políticas, sino que puede corresponderse con la falta de precisión en que el Estado comunica sus acciones. En este sentido, los habitantes reconocen que se trataba de una política pública (aunque confundan cuál) y que estaba orientada a la producción de vivienda popular.

El PEVE tenía como objetivo alojar a las familias que serían desplazadas de villas que atravesaban procesos de erradicación en viviendas definitivas construidas bajo financiamiento estatal. La construcción se desarrollaba mediante licitación convocada por el Banco Hipotecario Nacional bajo el procedimiento de “proyecto y precio con tope” en terrenos gestionados por la Secretaria de vivienda del Ministerio de Bienestar social (Secretaría de Estado en Vivienda, 1969). El Plan Alborada, como mencionamos en la introducción retoma los criterios del PEVE y continúa gran parte de las obras que habían sido iniciadas en el periodo anterior, entre ellas el conjunto Albarellos. De hecho, si hasta entonces este conjunto se denominaba “PEVE Nº26”, desde entonces y aún en obra, pasa a llamarse “Barrio Plan Alborada nº 26”. (Longoni, 2016; Gagetti, 2017).[11] Si el PEVE definía como sus destinatarios a los habitantes de villas que serían erradicadas, el Plan Alborada modifica la categoría de destinatarios por la de “sectores de menores recursos, tales como población de villas de emergencia, habitantes de conventillos, familias que viven en viviendas obsoletas, ocupación multifamiliar de una unidad habitacional, etc.” (Plan Trienal, 1973, p.121). La categoría de destinatarios continua incluyendo a las poblaciones de villas, —incluso el Programa se propone “la transformación, a nivel nacional, de las villas y la solución de situaciones habitacionales críticas"— pero añade otros potenciales destinatarios.[12]

La definición de los destinatarios de estos dos programas presentan dos lógicas de recorte poblacional diferentes: mientras el PEVE identifica a su población mediante un recorte territorial (es decir, sus destinatarios son los habitantes de aquellos barrios que son foco de operativos de erradicación), el Plan Alborada combina esta lógica con otra de recorte individual (se construyen ciertos requisitos que, siempre y cuando sean cumplidos, habilitan a cualquier hogar a ser adjudicatario de estas viviendas). Sin embargo, los requisitos de selección que impone la lógica individual no son señalados de modo exhaustivo, lo cual contribuye, como veremos, a la construcción de una categoría elástica y difusa de destinatarios de la vivienda social bajo el título de “sectores de menores recursos”.

Los habitantes del barrio entrevistados reconocen que inicialmente estas viviendas habían sido destinadas a la población que sería erradicada de las villas, pero que posteriormente se produjo una modificación y fueron reasignadas hacia hogares “con necesidades”, principalmente para trabajadores del sector público. Asimismo, algunos testimonios niegan la presencia de hogares residentes en villas entre los destinatarios originales.

Los arquitectos entrevistados también reconocen que la figura del destinatario involucraba a la población villera, pero que no excluía a otros grupos sociales con necesidades habitacionales:

No, esto fue hecho con toda la normativa FONAVI para población, en principio, villera. Podía ser también que no fuera villera y que viviera en un conventillo, no sé. Pero para población con malas condiciones de hábitat, población carenciada.[13]

Pese a lo anterior, en sus relatos los arquitectos dan cuenta de que el diseño del conjunto, al tratarse de un barrio PEVE, partía de aquellas proyecciones que ellos mismos habían desplegado en torno a las necesidades habitacionales de ex-habitantes de villas:

La idea era un poco que la gente… que la gente que vivía en las villas tenían sus pasillos, sus casas con algún patio, con los pasajes de la villa y bueno… generemos las calles interiores y tratemos de darles un patiecito que aunque era muy chiquito era mejor que nada.[14]

¡Porque necesitan el patio! No los podes sacar de la villa, que por más que no tienen un patio propio, eh, porque es muy comunitario el patio externo. Entonces en Albarellos entrábamos a la casa por un patio.[15]

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Accesos verdes del Conjunto Albarellos, 2021.
Archivo Personal, 2021.

Diferenciándose de ciertos idearios moralistas presentes en los diseños arquitectónicos de la vivienda social destinada a la erradicación de villas en los años previos, los arquitectos que intervinieron en el proyecto del barrio Albarellos resaltan que el diseño buscaba por un lado, recuperar parte de la experiencia del hábitat anterior (villas), pero a la vez, “salirse del marco” en lo que refería a las viviendas sociales destinadas a estos sectores.

Lo anterior resulta central para este trabajo en la medida en que la justificación de la impronta arquitectónica que dan sus propios creadores evidencia una visión clara de los que entonces consideraban que serían sus habitantes. Pero además, porque es esta impronta arquitectónica particular la que ha terminado diferenciando al Conjunto Albarellos de otros proyectos de vivienda social destinados a habitantes de villas erradicadas.

El IVC —tal como se advierte en el documento oficial ya citado—[16] diferencia claramente al conjunto Albarellos de otros que se desarrollaron simultáneamente y en el marco de las mismas políticas. Allí destacan que a diferencia de Soldati o Piedrabuena, el mantenimiento de los edificios “presentó mejores ventajas”, posiblemente producto de su menor densidad habitacional y por las características de su construcción en menor escala. Asimismo, se señala un atractivo diferencial: “la ubicación del conjunto en una zona con mayor plusvalía urbana, como lo es la zona del norte de la Ciudad”.

Sobre este punto, cabe destacar que este conjunto no se ubica en las zonas de la ciudad en las que han tendido a concentrarse las viviendas sociales destinadas a los sectores populares (Aravena y Sandoval, 2005; Carman, Vieira da Cunha y Segura, 2013; Rodulfo y Boselli, 2015; Ferme, et. al., 2017; Najman, 2017 y 2020) sino, sobre el eje norte caracterizado por la presencia residencial de población de niveles medios y altos y por mejores dotaciones urbanas.

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Mapa de ubicación Conjunto Albarellos; 2022
Elaboración propia en base a Google Maps, 2022.

Precisamente estos elementos distintivos que dotaron de mayor estatus a estas viviendas y que fueron diseñados bajo objetivos de conservar ciertos estilos de vida propios de las villas y asentamientos, fueron re-significados por sus habitantes. Constituyeron un elemento central en sus memorias en torno a la definición de los destinatarios de las casas.

En sus relatos, los moradores describen que como resultado de presiones por parte de un grupo de empleados públicos, la comisión de vivienda decidió re-definir a los destinatarios de este conjunto —eliminando del mismo a las poblaciones villeras—, y dando prioridad a los empleados. Según estos testimonios, la inclusión de los empleados públicos como adjudicatarios implicó necesariamente el desplazamiento de la población villera.

Este edificio realmente fue hecho para erradicar villas hace años, entonces ¿Qué pasa?, lo mejoran, le hacen más pisos, le ponen ascensor, lo decoran distinto y dijeron “no, esto va para todo el personal del ministerio, para seguridad, para la custodia del presidente, para custodia del ministro, para los administrativos” o sea, todo el que necesitaba una vivienda, vos te anotabas, te lo daban.[17]

Acompañando el cambio en los destinatarios, los habitantes sostienen que se introdujeron cambios en el diseño arquitectónico para garantizar las necesidades y expectativas de otro tipo de grupo social, y como resultado de esta adaptación se obtuvieron lo que denominaron “viviendas de villa mejorados para los empleados”.

Pese a que estos atributos arquitectónicos que los vecinos del barrio asignan al cambio de destinatario ya estaban presentes en el diseño original, esta memoria compartida por los habitantes según la cual, la redefinición de los destinatarios implicó también una redefinición material de la solución habitacional, parece contribuir a la construcción de un relato que diferencia a aquella vivienda social originalmente pensada para la población villera, de la que efectivamente se construyó y adjudicó que fue ideada en función de las necesidades de otro tipo de población. Podemos pensar que los sentidos de este recuerdo que presenta marcas ficcionales, se asocian con las estrategias simbólicas generales (Criado, 2012), que despliegan las personas entrevistadas a fin de concretar una idea sobre sí, una coherencia de sentido para sus acciones y opiniones.

En este caso, parecen operar para fortalecer la idea de una redefinición del sujeto de la política, que desde entonces deja por fuera a la población villera y que confirma —incluso materialmente— el carácter de destinatarios y merecedores de quienes efectivamente habitan estas viviendas sociales.

El poblamiento del barrio: los procesos de adjudicación y sus mecanismos “opacos”

Independientemente de quiénes eran los sectores definidos como destinatarios de las políticas que dieron origen al Conjunto Albarellos, los procesos de adjudicación de las viviendas fueron los que explicaron el primer poblamiento del barrio. ¿Qué relatos están presentes en torno al proceso de adjudicación? ¿Quiénes fueron los adjudicatarios? ¿Los diferentes actores reconstruyen esta instancia en términos de memoria del mismo modo?

En la memoria del proceso de adjudicación que surge de los relatos de los habitantes, destaca la ausencia de hogares provenientes de villas erradicadas entre los adjudicatarios. Lo explican en términos de desplazamiento de esta población en una etapa anterior, como fue mencionado previamente. Tal como lo define una de las vecinas participantes del taller: “se sacó la idea de la villa y quedó para los empleados del Estado”.

Sobre este punto también coinciden los empleados del IVC entrevistados, así como la documentación oficial. Cabe señalar que allí la CMV (actualmente, IVC) es definido como el organismo estatal responsable del final de la obra y del proceso de adjudicación. Quienes fueron efectivamente adjudicatarios de esta obra son definidos como “vecinos que atravesaban una situación de déficit habitacional”, aunque sin dar cuenta de las particularidades de dicho escenario. Esta categorización no hace hincapié en la presencia de hogares provenientes de villas (en coincidencia con los testimonios de los habitantes) y contribuye nuevamente con la ya mencionada definición elástica y difusa de la figura de destinatarios y adjudicatarios de la vivienda social.

Los testimonios de los arquitectos, sin ser determinantes, consideran poco probable que los departamentos se hayan adjudicado a familias de villas erradicadas o bien ponen en cuestión su magnitud sobre el total de adjudicatarios. Pudimos advertir, no obstante, una marca de ficción en la memoria de uno de ellos respecto a la presencia/ausencia de familias provenientes de villas entre los adjudicatarios de las viviendas que merece ser profundizada.

Arq. Saiegh: En aquel momento todavía… cuando se empezó a mudar la gente que había unos problemas en la obra tuvimos que ir con la empresa constructora (...) Nosotros en la parte administrativa no teníamos nada que ver con quien venía, o si se la daban por algún arreglo, ninguna injerencia, si se la daban por algún arreglo o algo por el estilo, no sabíamos. Veíamos a la gente y ellos me decían: “uy que cambio con la Villa, ¡esto es vida!” Era muy satisfactorio, era gratificante (...) Entrevistadora: Hay muchos rumores de que en dictadura las adjudicaciones se alteraban… Arq. Saiegh: A mí no me pasó eso, por suerte no me pasó eso. Me hubiera dado mucha bronca. Pero sí, es cierto, así como robaban, si se animaban a robar bebés!, niños, se animaban a todos en esa época, yo soy una víctima de esa época.[18]

Nos referimos a cierta marca de ficción en esta memoria en la medida en que los relatos de los otros entrevistados tensionan la idea de que hubo familias provenientes de villas entre los adjudicatarios, y aún más, ponen en cuestión la presencia de los arquitectos en etapas posteriores a la finalización de obra. Interpretamos estos acomodamientos de la memoria como una marca de ficción sobre acontecimientos sucedidos en el marco de experiencias traumáticas o con rasgos autoritarios (Portelli, 2002). Durante la entrevista, el arquitecto Saiegh fue muy contundente en su posicionamiento acerca de la importancia de la arquitectura social y la relevancia de esta corriente en su trayectoria profesional. La hipótesis de la exclusión de los villeros del grupo de adjudicatarios finales pone en cuestión no solo el proceso de adjudicación de esta vivienda en particular, sino las nociones que el entrevistado desarrolla en torno al rol de la arquitectura social sobre las políticas de vivienda. Más particularmente, problematiza el alcance del conjunto Albarellos para efectivizar los postulados de la arquitectura social y desde ya, su participación sobre tal hecho.

Los tres actores analizados, predominantemente, coinciden entonces en que durante el pasaje de la categoría de destinatarios a la de adjudicatarios, la figura de los hogares villeros se desvanece. Destacamos no obstante, que mientras la ausencia de los villeros entre los adjudicatarios es reconocida en los testimonios recogidos de los habitantes del barrio y de los arquitectos, llamativamente los testimonios estatales no dan cuenta de este borramiento, lo que podemos entender como un olvido evasivo (Jelin, 2002).

En sus relatos sobre el proceso de adjudicación y selección, los habitantes refieren a prácticas que podemos denominar como “lógicas de ofrecimiento”.Se trata de adjudicaciones personalizadas por parte de figuras de peso en estamentos estatales y sindicales hacia hogares que, pese a que cumplían con las características definidas (difusamente) para los destinatarios del programa, contaban con algún tipo de vínculo directo con estas personalidades. Expresiones tales como “y todos, por lo menos hemos llegado, no por sorteo, sino que se yo, por conocimiento” o “decidieron darnos prioridad a los empleados que estábamos ahí”, ilustran este primer hallazgo.

Se trata entonces, de lógicas discrecionales de selección, sobre criterios adecuados —aunque difusos— de demarcación de los denominados “sectores de menores recursos”. Un caso ilustrativo de lo anterior es el de Juana, una adjudicataria original que aún vive en el barrio. Si bien ella cumplía con las condiciones para ser destinataria, fueron las relaciones interpersonales vinculadas con su inserción laboral —en este caso particular, su relación con Isabel Perón— las que operaron como el determinante para concretar su acceso a la vivienda.

Yo trabajaba en la residencia presidencial de Olivos, y después del ‘73, cuando estaba Isabel (...), se ve que le preguntaba a todos los que trabajaban ahí, si tenían vivienda o no. A mí no me preguntaron, pero en ese momento se ve que mandaron a alguien a preguntar, yo vivía en La Boca, y entonces fue un señor a ver cómo yo vivía y nadie me decía nada. Y después de un tiempo, cuando ya tuvieron todo, la señora Isabel Perón me dice: ¿Por qué no me dijo que usted no vivía bien? Yo le hubiera dado en otros lados, ahora lo último que hay es esto. Y le digo, bueno, está bien, no importa. Y después, a los pocos meses viene un señor que no sé si era del Banco Hipotecario o de Bienestar Social, no recuerdo cómo se llamaba, y viene y me dice: la felicito, ya tiene su vivienda, delante de la señora. Después pasó mucho tiempo, y un día yo voy a trabajar a la mañana, entraba a la mañana y salía a las dos de la tarde, y no sé de dónde, si del Banco Hipotecario o de Bienestar Social habían llamado a la quinta presidencial porque yo en mi casa no tenía teléfono. Y al otro día cuando voy, el mayordomo me dice: “hay que ir a retirar la llave sí o sí, no sé si al Banco Hipotecario o a Bienestar Social”.[19]

Asimismo, el testimonio de Juana visibiliza la vigencia de un criterio elástico/difuso sobre los potenciales destinatarios de la vivienda social que habilita la centralidad de las relaciones interpersonales como canal de selección (“le preguntaba a todos los que trabajaban ahí, si tenían vivienda o no”). En la medida en que la selección de los adjudicatarios se desplegaba en el marco de relaciones interpersonales, las dependencias estatales no asumen relevancia en los testimonios de los habitantes como interlocutores de la política. Como se advierte en el testimonio de Juana, la impronta de la figura de Isabel en el proceso de adjudicación eclipsa a toda institucionalidad estatal encarnada en el Ministerio de Bienestar Social o el Banco Hipotecario. Esto también fue observado en el marco del Taller abierto en donde la llegada a la vivienda social está profundamente anclada en los contactos interpersonales con figuras de peso político como sindicalistas, funcionarios y políticos.

Desde ya, el acceso a la vivienda social por medio de relaciones interpersonales no es exclusiva de Albarellos. Testimonios de habitantes del Conjunto habitacional Soldati (también construido en el marco del Plan Alborada) recogidos en investigaciones anteriores,[20] describen las mudanzas a la vivienda social como un favor que ejercen directamente figuras estatales centrales: “A mí me trajo al barrio el mismo Cacciatore en persona, un tipo bárbaro. Me hizo el favor porque yo estaba recién casado y necesitaba salir de la casa de mis suegros, en Munro”.

Aun cuando los adjudicatarios de las viviendas cumplieran los requisitos establecidos, las lógicas de demarcación y de selección, sujetas a instancias de afinidad y cercanía, dan cuenta de procesos de adjudicación “opacos”. En palabras de Dujovne, quien además de ser uno de los arquitectos del Barrio Albarellos se desempeñó como director de la CMV durante los primeros años del retorno democratico, “qué pasó durante el gobierno militar no tengo idea. Lo que sí sé es que cuando me hice cargo de la CMV, había 40 mil familias inscriptas para tener vivienda y que se asignaban por puntaje. Y esa lista era secreta. Muy opaco”.[21]

Estas relaciones interpersonales que operaron como canal de acceso a la vivienda se cruzan o están insertas en la mayoría de los casos, con los espacios de trabajo. Muchos de los habitantes del barrio se desempeñaban laboralmente, al momento de la adjudicación, en distintas dependencias estatales. En gran medida, esto posibilitó como ya mencionamos, que hogares que cumplían con las características de los destinatarios y estaban “al alcance” o “bajo el conocimiento” de aquellas figuras de peso en las distintas oficinas estatales o en espacios sindicales, fueran seleccionados. De esta forma, los habitantes del barrio destacan la presencia entre los adjudicatarios de empleados públicos de la ex CMV, del Ministerio de Bienestar Social, del Ministerio de Educación, de Sanidad y Salud, personas vinculadas con figuras políticas, sindicales y gubernamentales de esos años y trabajadores de Fabricaciones Militares. La confluencia de hogares de trabajadores públicos dio pie a la construcción de cierta identidad barrial, que en los testimonios aparece reforzando un posicionamiento social del barrio que se diferencia del de la población villera.

Los merecedores de la vivienda social: quiénes ocupan y quiénes resisten

Como advertimos en los apartados anteriores, las memorias de los habitantes del barrio reconocen a los hogares villeros como parte de los destinatarios originales del barrio y dan cuenta del borramiento de este grupo entre los adjudicatarios de las viviendas. Dicho desplazamiento dio lugar a ciertas tensiones que hemos podido advertir en los relatos que reconstruyeron el poblamiento del barrio. Los habitantes coincidieron en la presencia de cierta sensación de amenaza durante los primeros tiempos frente al riesgo de que los departamentos sean “ocupados” por la población villera que había sido desplazada en la adjudicación.

Identificamos entonces que el proceso de adjudicación dio lugar a una tensión o disputa en torno a la noción de “merecedores” entre quienes habían sido definidos como destinatarios de la política. Es posible leer en los relatos de estos habitantes una clara contraposición entre quienes “quieren agarrar”, “ocupar”, “meterse” o “tomar”, viviendas, mientras que otros —los merecedores— debieron “defenderlas”.

Dicen, digamos, donde termina el complejo para allá, eran filas y filas de camiones con la gente más toda la casa arriba (...) fue cuando la gente que vivía en la 4, salieron a defender, que venían con los camiones para meterse (...) y fue ahí que se llevaron un montón y rompieron todo, rompieron vidrios, algunos [departamentos] estaban muy estropeados”.[22]

“Querían venir a meterse porque ellos o habrían escuchado o se habrán enterado, aparte por ahí ni se enteran, sabían que estaba vacío y se querían meter, a la noche habían corridas, habían tiros.[23]

La referencia al intento de ocupación es rememorada como un hito en la historia del barrio aunque dejan elementos sin mucha precisión: su fecha, si se trató de un único episodio o de varios, la procedencia de aquellas personas, ¿De qué barrio venían? ¿Era una villa? ¿Cuál? fueron preguntas que realizamos y no logramos obtener respuestas certeras. Sin embargo, todos los testimonios confluyen en cierta sensación de amenaza que impulsó prácticas de defensa de lo propio, como por ejemplo habitar las viviendas cuando aún estaban en construcción. Asimismo, une a estos relatos un sentimiento de agradecimiento hacia aquellos vecinos que por trabajar como custodia de personas vinculadas con la política o el sindicalismo, estaban armados y pudieron “defender” al barrio, y “salvarlo” de los intentos de ocupación.

En sintonía con las memorias de los habitantes del barrio en torno a los intentos de ocupación, Yujnovsky (1984) señala la existencia de diferentes intentos de ocupación por parte de grupos villeros de las viviendas que habían sido construidas recientemente. El autor sostiene que el borramiento de esta población como grupo prioritario en las adjudicaciones, sumado a la fuerte conflictividad intraestatal durante el tercer gobierno peronista, propició estos escenarios. En los mencionados intentos de toma, tanto quienes las impulsan (los villeros) como quienes las resisten (los adjudicatarios de las viviendas) se conciben como “merecedores” de la vivienda social, en la medida en que fueron señalados como destinatarios de las mismas.

En el caso de Albarellos, los habitantes interpretan este episodio como un acto de defensa de su derecho adquirido y merecido, que puede leerse en dos temporalidades: aquella vinculada con los años de inestabilidad política y dictadura en donde aparentemente tuvo lugar el episodio, así como el presente, que da cuenta de la circulación de discursos que afirman positivamente lo actuado.

La fragilidad de la condición de adjudicatarios y los riesgos de ser desplazados de esta categoría en el marco de un escenario político inestable, no parece aplicar como señalaba Yujnovsky (1984) únicamente a los villeros. Tal como enfatiza una de las habitantes: “Sabíamos que se caía el gobierno… Uno no sabe, porque estás pagando y un día te dicen: no acá no hay más nada, chau”.[24] Como consecuencia, los relatos de llegada de los actuales habitantes del barrio delatan cierta premura en las mudanzas frente a la posibilidad de perder la oportunidad de ser adjudicatario: “mudarse a las apuradas”, “a las corridas”, con “lo que tenían”. En muchos casos esta estrategia fue sugerida por los ya mencionados contactos interpersonales que podrían tener información relevante: “Lo único que recuerdo era que era para, más o menos para el 19 de marzo del ‘76 creo que era (...) nos dijeron: vayan, busquen la llave, abran y quedensé ahí. Todo esto estaba (señala con la mano la pared del lavadero) Acá no había nada, estaba todo abierto, pero para que no se metan”.[25]

Si bien estos hogares ya habían firmado algún tipo de documentación que acreditaba que serían adjudicatarios de las viviendas, la urgencia y anticipación en la toma de posesión de los departamentos como estrategia frente al riesgo percibido de que los inmuebles sean adjudicados a otras poblaciones, ponen de relieve algunas representaciones que circulan en torno a la acción de “ocupar” las viviendas. Es posible reflexionar acerca de connotaciones diferentes a esta estrategia dependiendo de quiénes las protagonizan. Se advierte que los hogares villeros intentaron “ocupar” las viviendas, mientras que los hogares entrevistados deciden —gracias a recomendaciones— tomar posesión de las mismas antes de tiempo. Rememoran haberlo hecho para “defenderlas” no solo de las posibles ocupaciones sino también, de probables cambios de criterios de gestión de estas viviendas.

La construcción de un hábitat en contexto dictatorial

El habitar un conjunto urbano de las características de Albarellos incluye una serie de implicancias vinculadas con su sustentabilidad, en las cuales los vecinos tienen un rol fundamental. Por ejemplo, la existencia de grandes espacios comunes, tales como pasillos, jardines, son “ámbitos privilegiados para las relaciones cotidianas de los que viven cerca” (Villavicencio, 2006. p. 45). En ese marco, las relaciones vecinales se vuelven centro de la escena y adquieren un rol protagónico cuando logran articularse en función de cumplir con las diversas exigencias que impone este tipo de propiedad horizontal, tal como la conformación de los consorcios. Trabajos como Bettanin (2014) permitieron ver que en contexto de dictadura, en el cual estaban explícitamente prohibidas las reuniones sociales, ciertos habitantes de vivienda social que habían sido recientemente relocalizados desde villas, se vieron imposibilitados de continuar fortaleciendo la organización consorcial y que ese aspecto marcó negativamente las relaciones vecinales. La autora identificó que en estos complejos se sufrían prácticas de hostigamiento permanentes que no sólo impedían concretamente las prácticas organizativas sino que obstaculizaban cualquier intento de las mismas como consecuencia paralizante del terror.

Al indagar sobre estos aspectos en los vecinos de Albarellos, nos encontramos con relatos que oscilan en la caracterización de esos años pero que son claramente diferentes respecto de lo que han vivido los adjudicatarios de otros conjuntos de vivienda social producidos por las mismas políticas. Respecto a la vida vecinal, relataban que vivieron tranquilos, que pudieron reunirse y conformar consorcios, es decir, pudieron afianzar relaciones vecinales y así sostener los espacios formales que actúan como garantes de la sostenibilidad de las unidades habitaciones y del barrio en general. La ausencia del control y la violencia sobre este tipo de actividades organizativas durante la dictadura fue tal en el caso de Albarellos, que los entrevistados no lograban comprender nuestra pregunta o por qué podría inquietarnos conocer si acaso habían tenido que sortear alguna dificultad para organizarse y compartir la vida vecinal. Además de no reconocer el espacio de reunión como peligroso, refieren que no sentían miedo de habitar un conjunto de vivienda social.

Claramente su barrio no había sido objeto de demarcación y hostigamiento por parte de las fuerzas represivas. Estos diferentes modos de concebir y accionar por parte del gobierno autoritario dictatorial en viviendas sociales construidas por un mismo programa, ha producido marcas durables. Concebimos que en gran medida, las heterogeneidades que presenta el stock de vivienda social en la actualidad —y la posición privilegiada del Conjunto Albarellos al interior del mismo— es consecuencia de estas intervenciones diferenciales. Mientras que las prácticas autoritarias y violentas desplegadas en barrios con población relocalizada de villas obstaculizaron los canales de organización consorcial de estos conjuntos y atentaron contra su mantenimiento futuro y sostenibilidad; en el caso de Albarellos, la ausencia de este tipo de controles dio lugar a modalidades de organización consorcial tempranas. Las mismas son reconocidas al día de hoy por las autoridades del IVC como un factor positivo y distintivo de este barrio en relación a otros conjuntos, posibilitando un mejor mantenimiento.

Los sentidos de vivienda social: huellas del pasado en el presente

En este último apartado buscamos comprender de qué modo las múltiples memorias en torno al origen y poblamiento del barrio, permean las representaciones que actualmente operan sobre este conjunto ¿Los distintos actores reconocen a este conjunto como un barrio de vivienda social? ¿Qué sentidos circulan acerca de cuál era (y es) su función social? ¿Qué responsabilidades tiene el Estado sobre estas viviendas? Consideramos que estas representaciones en torno al Conjunto Albarellos desbordan al caso y nos permiten explorar los sentidos presentes en torno a la vivienda social en general y sobre las políticas habitacionales recientes en particular: ¿Para qué el Estado construye vivienda social?, ¿Cómo deben ser esas viviendas? y ¿Quiénes “merecen” ser sus habitantes?

Entrevistadora: ¿ustedes piensan que este barrio todavía sigue siendo un barrio de vivienda social?

Vecina 1: No

Vecina 2: No, este no

Entrevistadora: Pero en un principio ¿lo fue?

Vecina 3: Yo creo que nunca fue porque, vuelvo siempre a lo mismo, yo que vine de chica y que he andado, o sea, que tenía a mis amigos y que a lo mejor iba a la casa de uno o iba a la casa de otro… vos no notabas que era gente de medio pelo para abajo

Vecina 2: Claro

Vecina 6: Pasa que acá la clase media, chau, no está más, pero era una clase media... viste que tenés la clase media alta y... todos podíamos ir al colegio, podías comer bien, pero no eras una persona...

Entrevistadora: Pero, entonces la vivienda social sería la que se construye para familias de pocos recursos

Vecina 5: Pienso que si

Vecina 3: y que no tenga posibilidad ni tener acceso a comprar

Vecina 6: Acá todos pagábamos Vecina 3: No lo veo como una vivienda social. Acá, si fuera como vos decís, seria gente más precaria y acá desgraciadamente caminan con los codos, deben muchas expensas, pero vos ves cuando vienen del supermercado los carritos que suben, no es de día, viste? Y las botellas de vino de pico fino, determinadas marcas… el barrio fue siempre de gente de clase media apenitas baja, pero no negros catinga… eso no Vecina 7: un día mi marido estaba esperando el colectivo y dice que había dos señoras mayores esperando el colectivo y hablaban “sí, mirá, ese barrio dijeron que era para gente humilde y mirá toda la cantidad de coches, estos son todos ricachones” y mi marido decía “si supieran que tengo… ¡dos taxis me compré acá! (risas).[26]

A pesar de que los habitantes del barrio reconocen que el conjunto fue construido por el Estado y fueron parte del proceso original de adjudicación, no consideran que el Conjunto Albarellos sea una vivienda social. Al profundizar respecto a sus modos de comprender y definir qué es una vivienda social y cuáles son sus funciones, los habitantes consideran que las viviendas sociales pueden definirse por sus habitantes (por sus características socioeconómicas), por la condición de propiedad (el avance de la escrituración), por la calidad arquitectónica y la sostenibilidad de las viviendas y por el rol desempeñado por el Estado a lo largo del tiempo. Consideran que Albarellos no se trata entonces de una vivienda social ya que allí no reside “gente precaria” ni “humilde”, presentan un alto avance en la escritura de las viviendas y el Estado no desempeñó un rol relevante en la organización del habitar.

El borramiento de la condición de vivienda social del barrio también se advierte en las memorias de otros actores, como es el caso del IVC o el CMV. Este barrio no aparece como parte del stock de vivienda social en la mayoría de los documentos oficiales emitidos por el IVC o la antigua CMV en diferentes épocas. En el mismo sentido, como pudimos constatar mediante las entrevistas a algunos trabajadores del IVC, hacia el interior del organismo este conjunto no representa uno de los barrios de vivienda social icónicos ni es fácilmente reconocido.

Asimismo, también es posible identificar una presencia actual[27] de mecanismos de diferenciación entre las soluciones habitacionales hacia el interior del IVC, que reproducen y traducen prácticas presentes en las memorias analizadas. Tal como señala Florencia, persisten ciertas representaciones que diferencian a las viviendas sociales ejecutadas directamente para población villera de aquellas que tienen como destinatarios finales a población de sectores medios. Operan justificando y minimizando la presencia de deficiencias arquitectónicas y urbanas en las viviendas destinadas a la población más vulnerable:

Todas esas áreas (en referencia a los técnicos, quienes diseñan los conjuntos habitacionales), desde mi punto de vista tienen un prejuicio, que también está en algunos empleados administrativos de planta más históricos, como “encima que les damos vivienda que no se quejen”, digamos.[28]

En el mismo sentido, Lautaro señala que si bien históricamente —tal como pudimos registrarlo en el caso de Albarellos y otros barrios contemporáneos— la vivienda social era concebida diferenciadamente en función de dos tipos de poblaciones (sectores medios y sectores populares) como resultado de prácticas discrecionales, en la actualidad esta diferenciación se vuelve explícita y se realiza a priori.

[En la época de Soldati, Piedra Buena y General Savio] todavía no estaba el concepto que surge a partir de 2006 y 2007 de políticas de vivienda de la clase media. Entonces se hablaba siempre, pero no estaba puesto como un concepto, como un destinatario de una política de vivienda (...) Ahora es desde el origen… “vamos a construir barrios para la villa y vamos a construir esto para nosotros. Este va a ser barrio para los empleados, o vamos a hacer barrios para la gente que lo necesita”. Siempre está como esa separación.[29]

Sin embargo, esta diferenciación cobró mayor centralidad durante las últimas gestiones del Gobierno de la Ciudad (2015 a la actualidad).

Hubo un viraje fuerte en estos últimos 6 años de laburar en concreto lo que es la Urbanización de los barrios (...) El objetivo es mejorar la calidad de vida de la gente, cumplir con los derechos constitucionales que tienen (...) Y hay otro motor, otra exigencia que es “tenemos que generar algo para la clase media de la ciudad de Buenos Aires que es la que nos vota”.[30]

Asimismo, aquellas huellas discrecionales en los procesos de adjudicación parecen seguir estando presentes en los marcos de acción presentes del IVC. Los empleados públicos continúan siendo un grupo destinatario priorizado aunque, en el marco de una democracia más consolidada y principalmente en un gobierno que despliega una filosofía empresarial en la lógica de lo público, aquellos mecanismos de acceso que antes eran vehiculizados mediante relaciones interpersonales, ahora se traducen en modalidades de “beneficios” hacia los empleados para maximizar su productividad.

E: ¿Y los trabajadores del IVC ya no se consideran destinatarios de la vivienda social L: No, sigue habiendo. Por el lado de “yo trabajo acá y no tengo vivienda. Tendría que tener vivienda”. Y gran parte de la gestión política también avala esto porque vienen o han venido de ser CEOs de empresas y si trabajaban en el banco, los empleados tienen beneficios, o en una automotriz. De hecho, ponele en 2016-2017, se hizo un pequeño programita para empleados del IVC (...) Fue una convocatoria interna, pero no es que hay un aval a esto desde la política fuerte del IVC. Eso queda en manos de pequeños acuerdos gremiales”.[31]

Se expresan además, pujas de poder en estos procesos de adjudicación que dan cuenta de las tensiones subyacentes en la asignación de este recurso estatal. Llamativamente, si estas pujas de poder en el pasado quedaban ocultas en el procedimiento “opaco” de la adjudicación, en el contexto democrático actual se presentan explícitamente y públicamente:

Cada vez que se construye un barrio la CMV o un edificio, lo que sea, vos tenés varios espacios de poder en puja ahí. Tenés la gestión que lo estaba generando y promoviendo; tenés la cuestión gremial sindical que va a pedir una cierta cantidad de vivienda para empleados del gobierno en todas; y después los otros espacios de poder que entran. En los últimos años se ve mucho más la división de poder o la distribución de vivienda por partido político porque la búsqueda de transparencia llevó a que ahora se acuerde oficialmente la partición de cupos de vivienda por partido político. Antes era más discrecional y que no quede rastro.[32]

La distribución de las viviendas (y la puja que involucra) también considera la aparición de emergencias que presionan políticamente a la gestión para su resolución en un momento en particular.

Vos sabías que tenías 100 viviendas para entregar. Una cantidad de ahí, sabías que la ibas a abrir en alguna oferta por ahí poblacional o un público determinado, y el Estado se iba a reservar una equis cantidad de vivienda para resolver cuestiones de emergencia: incendios, cuestiones políticas, cuestiones de acuerdos con sindicatos o con gremios. (...) Quedaban algunas viviendas a asignar por el IVC y cuando de repente había un caso muy resonante en la en la tele o en los medios. Que exigían que el Estado le dé una solución habitacional a una persona. Bueno, se usaban estas reservas para dar las habitaciones.”[33]

Se identifica cierta tensión entre aquellas representaciones de la vivienda social como un mecanismo para garantizar el derecho universal al acceso a la vivienda para quienes no logran hacerlo por las vías del mercado (presente discursivamente en las políticas de vivienda), con los mecanismos concretos de adjudicación de estas viviendas, donde la redefinición del destinatario se produce en el marco de relaciones de poder que varían en función de los contextos socio-políticos vigentes.

Aun con la incorporación de mecanismos menos opacos e incluso, con la delimitación explícita de diferentes destinatarios de la vivienda social, los procesos de adjudicación siguen produciéndose en el marco de pujas de poder en donde actores con diferentes atributos tienen la capacidad de redefinir las nociones y objetivos de tales intervenciones. Las representaciones en torno a para quién y para qué se produce la vivienda social traducen estas disputas, aunque tal como señala Lautaro, no son interrogantes que se expresan con frecuencia ni que interpelan a las tareas cotidianas de la gestión pública. En sus propias palabras: “El empleado del estado (y acá me hago cargo de todo mi prejuicio) el para qué no se lo pregunta tanto. Para qué se hacen las cosas. Es más un “ok, se hace esto”.

Reflexiones finales

A partir de lo expuesto presentamos en este apartado algunas reflexiones y consideraciones que orientarán el avance de la investigación en términos de desafíos.

Como pudimos advertir en principio, las memorias sobre el proceso de poblamiento del barrio señalan ciertas tensiones entre las categorías de destinatario y de adjudicatario de la vivienda social. Todos los actores entrevistados reconocen el desplazamiento de la figura de hogares de villas erradicadas hacia otro tipo de adjudicatarios y coinciden en la presencia de empleados del sector público entre los adjudicatarios finales. Así, los procesos de adjudicación fueron definidos como dispositivos “opacos”, marcados por la presencia de relaciones interpersonales establecidas en todos los casos con personas/figuras cercanas a organizaciones o funcionarios estatales.

La discordancia entre la definición de los destinatarios de la política y de los adjudicatarios del producto de la misma, habilita una tensión entre estos dos grupos que se cristalizó por ejemplo, en las memorias en torno a los intentos de ocupación que pusieron de manifiesto lógicas del merecimiento. Quién “ocupa” y quién “se muda con lo puesto”, así como la noción de “defender” los intentos de toma, ponen de relieve ideas sobre la legitimidad de la condición de adjudicatarios, así como sobre la inestabilidad/fragilidad de tal condición. Consideramos que continuar las indagaciones sobre este punto, permitiría comprender otras experiencias de ocupación que se suceden en la Ciudad de Buenos Aires en términos relacionales y comparativos.

Las representaciones en torno al merecimiento de la vivienda se vinculan con otras en torno a la diferenciación del stock de soluciones habitacionales: se pone en cuestión quiénes merecen aquellas viviendas con mejores dotaciones o características. Sucede no solo entre los habitantes sino que encuentra asidero en las representaciones de otro grupo de personas como trabajadores del IVC, y resuena también en los discursos de los arquitectos que diseñaron el conjunto urbano.

A su vez, este trabajo abre nuevas líneas de indagación posibles. Principalmente sugiere la importancia de explorar los mecanismos desplegados por los organismos estatales competentes que permiten y promueven la invisibilización de la condición de vivienda social de ciertos conjuntos construidos por el Estado. Aquí pudimos identificar que desde la perspectiva de los habitantes este borramiento es parte de un conjunto de estrategias que despliegan para validar las lógicas del merecimiento y para desalinearse de ciertos estigmas que al día de hoy continúan portando este tipo de hábitats. Pero ¿mediante qué procedimiento el Estado desconoce sus producciones y responsabilidades en materia de política habitacional? y más particularmente, ¿por qué lo hace? Consideramos que estas líneas de exploración nos permitirán echar luz sobre los idearios estatales que circulan en torno a la función de la vivienda social.

Por último, destacamos la riqueza de la diversidad de miradas de los propios arquitectos en torno a algunos tópicos de nuestro tema de interés, por lo cual consideramos como desafío profundizar en las miradas técnicas de la experiencia y continuar analizando los modos del recuerdo en sintonía con los contextos actuales: ¿de qué modo interpelan las políticas habitacionales actuales a estos actores?

En resumen, consideramos que este trabajo da pie a próximas indagaciones que nos permitirán continuar estableciendo puentes de significados entre el pasado y el presente en torno a los modos en que se produce, se gestiona y se habita la vivienda social.

Referencias Bibliográficas

Aravena, S. y Sandoval, A. (2005). El diagnóstico de los pobladores “con techo”. En A. Rodríguez y A. Sugranyes (Eds.), Los con techo. Un desafío para la política de vivienda social. (pp. 125-139). Santiago de Chile: Ediciones SUR.

Badenes, D., Bettanin, C. y Crenzel, E. (2009). Espaces, lieux et marques territoriales de la dictature à Buenos Aires (Argentine). Buenos Aires: Mimeo.

Ballent, A. (2018). Estado, política y vivienda entre dos peronismos: los grandes conjuntos habitacionales y las acciones en villas miseria en Buenos Aires, 1946-1976. Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, 29(1), 34-59. Recuperado de https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/176614

Bettanin, C. (2008). Memorias Urbanas. Perspectivas. Notas sobre intervención y acción social, (19), 157-164. https://doi.org/10.29344/07171714.19.1241

Bettanin, C. (2014). Memoria (s), dictadura y vivienda social: vecinos relocalizados en Conjunto Habitacional Soldati (Tesis doctoral). Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. Recuperado de http://repositorio.sociales.uba.ar/files/show/3189

Bettanin, C. I. y Schenquer, L. (2015). Materialidad y simbolización: Baldosas por la Memoria, una marca territorial en el espacio urbano cotidiano. Kult-ur, 2(4), 51-68. https://doi.org/10.6035/Kult-ur.2015.2.4.2

Canelo, P. (2016). ¿Qué estudiamos sobre la última dictadura militar Argentina? Tres ciclos de investigaciones entre 1983 y 2015. En G. Levi (Comp.), De militares y empresarios a políticos y CEOS, Reflexiones a 40 años del golpe (pp. 29-48). Buenos Aires: Gorla y UBA Sociales.

Canelo, P. (2014). Represión, consenso y “diálogo político”. El Ministerio del Interior durante la última dictadura militar argentina. Política, 52(2), 219-241. https://doi.org/10.5354/0719-5338.2014.36157

Carman, M., Vieira da Cunha, N., y Segura, R. (2013). Segregación y diferencia en la ciudad. Quito: FLACSO.

Da Silva Catela, L. (2001). Desaparecidos y derechos humanos. Entre un drama nacional y un dilema universal. En R. Kant de Lima y R. Reyes Novaes (Orgs.), Antropología y derechos humanos, Editorial Universidad Federal Fluminense (pp. 203-266). Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminenese.

Crenzel, E. (2010). Memorias de las desapariciones. Los vecinos del Centro Clandestino de Detención del Hospital Posadas, Buenos Aires, Argentina. Revista Crítica de Ciências Sociais, (88), 79-99. https://doi.org/10.4000/rccs.1707

Criado, E. M. (2012). Mentiras, inconsistencias y ambivalencias. Teoría de la acción y análisis de discurso. Revista internacional de sociología, 72(1), 115-138. https://doi.org/10.3989/ris.2012.07.24

Di Virgilio, M. M., Aramburu, F., Brikman, D. y Najman, M. (2019). Nuevas políticas de integración urbana. Rupturas y continuidades entre el kirchnerismo y los gobiernos PRO (2015-2016). En F. Rehermann, A. Rodríguez, M. E. Viñar, A. Da Fonseca, M. Pérez Sánchez, G. Machado, L. Bozzo, G. Pérez Monkas, G. Rivero, R. Yuliani, D. Fagúndez (Eds.), Territorialidades barriales en la ciudad contemporánea (pp. 203-222). Montevideo: Universidad de la República.

Dunowicz, R., & Hasse, R. (2005). Diseño y gestión de la vivienda social. Invi, 20(54), 85-103. https://doi.org/10.5354/0718-8358.2005.62173

Dunowicz, R. (2000). 90 años de vivienda social en Buenos Aires. Buenos Aires: Editorial Universidad de Buenos Aires. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

Feld, C. (2009). ESMA, hora cero: las noticias sobre la Escuela de Mecánica de la Armada en la prensa de la transición. Sociohistórica, (23-24), 81-103. Recuperado de https://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/article/view/SHn23-24a03

Ferme N., Raspall T., Zapata M. C. (2017). Los impactos de la política de construcción de vivienda social sobre la configuración territorial de la Ciudad de Buenos Aires, 1907-2014. En M. C. Rodríguez y M. M. Di Virgilio (Comp.), Territorio, políticas habitacionales y transformaciones urbanas (pp. 75-116). Buenos Aires. Espacio.

Fernández Wagner, R. (2004). La Construcción y Deconstrucción Histórica de lo Social en el Acceso a los Bienes y Servicios del Hábitat. Invi, 19(50). https://doi.org/10.5354/0718-8358.2004.62197

Gagetti, L. E. (2017). Primer Congreso Nacional de Vivienda Popular y Plan Alborada: respuestas discordantes al problema de las “villas miseria” (1973) (Tesis de licenciatura inédita). Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina. Recuperado de https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/6503

Garbero, V. (2017). El terrorismo de Estado en Argentina a escala local. Tensiones entre la memoria dominante y memorias locales. Península, 12(1), 31-53. Recuperado de http://www.revistas.unam.mx/index.php/peninsula/article/view/58267/51707

Girola, M. F. (2008). Modernidad histórica, modernidad reciente. Procesos urbanos en el Área Metropolitana de Buenos Aires: los casos del Conjunto Soldati y Nordelta (Tesis doctoral inédita). Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.

Gómes, M. (2018). Vivienda Social en Dictaduras. Actores, discursos, políticas públicas y usos propagandísticos en las regiones metropolitanas de Buenos Aires (1966-1983) y Santiago de Chile (1973-1989) (Tesis doctoral inédita). Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. Recuperado de https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/83023?show=full

Halbwachs, M. (1929/ 2004): La memoria colectiva. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.

Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Buenos Aires: Siglo XXI editores

Kessler, G. (2012). Las consecuencias de la estigmatización territorial: Reflexiones a partir de un caso particular. Espacios en blanco. Serie indagaciones, 22(1), 165-197. Recuperado de https://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1515-94852012000100007&script=sci_abstract

Lekerman, V. (2021). La vivienda social como deuda: prácticas del don y contradon. En M. Carman y R. Olejarczyk (Comps.), Resistir Buenos Aires (pp. 139-168). Buenos Aires: Siglo XXI.

Longoni, L. (2016). El concurso Summa '70. La vivienda de interés social: proyectos y utopías urbanas en la Argentina (Tesis de maestría inédita). Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina. Recuperado de https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2264?locale-attribute=en

Massidda, A. L. (2019). Design exchanges in mid-twentieth century Buenos Aires: the programme Parque Almirante Brown and its process of creative appropriation. Journal of Design History, 32(1), 35-51.

Messina, L. (2011). El ex centro clandestino de detención "Olimpo" como dispositivo de memoria: Reflexiones sobre las marcas territoriales y sus usos. Aletheia, (3). Recuperado de https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4988/pr.4988.pdf

Najman, M. (2017). El nacimiento de un nuevo barrio: El caso del Conjunto Urbano Padre Mugica en la ciudad de Buenos Aires y sus impactos sobre las estructuras de oportunidades de sus habitantes. Territorios, (37), 123-155. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.4978

Najman, M. (2020). ¿Vivir mejor? Análisis de las trayectorias hacia la vivienda social y las transformaciones sobre las situaciones de exclusión de sus habitantes (Tesis doctoral inédita). Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. Recuperado de https://repositorio.sociales.uba.ar/items/show/1467

Olejarczyk, R. S. (2016). Talleres en el "mientras tanto": La espera en una política habitacional argentina. Bitácora Urbano Territorial, 27(1), 63-70. Recuperado de https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/53773

Olejarczyk, R. S., y Jauri, N. G. (2013). La jerarquización de la demanda: Un análisis comparativo de procesos de adjudicación de viviendas. Revista INVI, 28(77), 167-190. Recuperado de https://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/62456

Pollak, M. (2002). Memoria, olvido y silencio, la producción social de identidades frente a situaciones límites. La Plata: Ediciones al Margen.

Pollak, M. (2006). Memorias, olvido, silencio. La producción de identidades frente a situaciones límite. La Plata: Ediciones al Margen.

Portelli, A. (2002). Las fronteras de la memoria. La masacre de las Fosas Ardeatinas. Historia, mito, rituales y símbolos. Sociohistórica, (11-12), 163-176. Recuperado de https://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/article/view/SHn11-12a07

Rodriguez, M. C.; Arqueros Mejica, M. S.; Rodríguez, M. F.; Zapata, M. C.; Peralta, J. L. (2017). Acerca de la integración urbanística y social en villas de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires: Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires.

Rodulfo, M. B. y Boselli, T. (2015). Política habitacional en Argentina y desigualdades territoriales. Vivienda y Ciudad, (2), 30-41. Recuperado de https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ReViyCi/article/view/13173

Schijman, E. y Laé, J. F. (2011). Las rondas de las mujeres por las ventanillas del Estado: Etnografía de un trabajo invisible. Trabajo y sociedad, 15(16), 67-83. Recuperado de https://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/#N%C3%BAmero_16

Villavicencio, J. (Coord.). (2006). Conjuntos y unidades habitacionales en la Ciudad de México: en busca de espacios sociales y de integración barrial. México: Editorial de la red nacional de investigación urbana.

Yujnovsky, O. (1984): Claves políticas del problema habitacional argentino, 1995-81. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.

Notas