Artículos libres

Trayectoria y desafíos de la FORA anarquista durante los años treinta en la ciudad de Buenos Aires

Trajectory and challenges of the anarchist FORA during the thirties in the city of Buenos Aires

Jacinto Miguel Cerdá
Universidad de Buenos Aires. Universidad de San Andrés , Argentina

Avances del Cesor

Universidad Nacional de Rosario, Argentina

ISSN: 1514-3899

ISSN-e: 2422-6580

Periodicidad: Semestral

vol. 21, núm. 30, 2024

revistaavancesdelcesor@ishir-conicet.gov.ar

Recepción: 30 Mayo 2022

Aprobación: 30 Marzo 2023

Publicación: 05 Junio 2024



DOI: https://doi.org/10.35305/ac.v21i30.1960

Resumen: El presente artículo analiza la trayectoria de la FORA en la ciudad de Buenos Aires durante la década del treinta, prestando atención a las transformaciones y limitaciones que esta organización sindical de orientación anarquista tuvo que enfrentar en una etapa de importantes desafíos para el movimiento obrero y las izquierdas. La indagación reconstruye las preocupaciones políticas esgrimidas por la FORA, sus intervenciones sociales y las áreas económicas donde sus sindicatos continuaron teniendo influencia. A su vez, el trabajo explora en los límites que condicionaron la proyección de esta organización, tanto en los ejes externos, reflejados en el contexto reaccionario y la mayor intervención del Estado en materia laboral; como en los factores internos, que derivaron en fuertes disputas al interior del anarquismo y la creación de nuevas organizaciones al margen de la tradicional federación obrera. A través de estos ejes se presta atención a las propuestas desarrolladas por los libertarios para revertir los condicionantes instaurados en aquellos años y la reconfiguración ocurrida dentro del movimiento obrero y del anarquismo porteño. Para este estudio se utilizó un variado corpus documental que incluye fuentes estatales, prensa comercial, archivos sindicales y periódicos anarquistas de diferentes tendencias.

Palabras clave: anarquismo, década del treinta, movimiento obrero, FORA, represión.

Abstract: The present paper analyzes the trajectory of FORA in the city of Buenos Aires during the thirties, paying attention to the transformations and limitations that this anarchist-oriented trade union organization had to face at a time of important challenges for the labor movement and for the left. The indagation reconstructs the political concerns put forward by FORA, its social interventions and the economic areas where its unions maintained its influence. In turn, the work explores the limits that conditioned the projection of this organization, both in the external axes -reflected in the reactionary context and the greater intervention of the State in labor matters- as in internal factors -which led to strong disputes within anarchism and the creation of new organizations outside the traditional workers' federation-. Through these axes, attention is paid to the proposals developed by the libertarians to reverse the conditioning factors established in those years and the reconfiguration that occurred within the labor movement and the anarchism of Buenos Aires. For this study, a varied documentary corpus was used which includes state sources, commercial press, union files and anarchist newspapers of different tendencies.

Keywords: anarchism, thirties, labor movement, FORA, repression.

Introducción

En las últimas dos décadas se produjo una renovación en los estudios dedicados al anarquismo que ampliaron los márgenes temporales y espaciales delimitados de forma previa, al mismo tiempo que pusieron en dialogo la trayectoria histórica de esta corriente con diversos problemas sociales y culturales de su tiempo.[1] En este sentido, la década del treinta dejó de representar la fecha de defunción de los libertarios en Argentina, pasando a ser evaluada desde nuevas perspectivas, que dan cuenta de la diversidad generada al interior de aquel movimiento a partir de la creación de renovados emprendimientos organizacionales.

La Federación Obrera Regional Argentina (en adelante, FORA) supo expresar una de las experiencias históricas más significativas del movimiento sindical anarquista. Y como tal, ha sido ampliamente estudiada durante sus primeras tres décadas de existencia (Abad de Santillán, 2005; Bilsky, 1985; López, 1987; Oved, 1978), pero sin ocurrir lo mismo con su derrotero posterior. Ante esta situación se comprende que las investigaciones situadas en los años treinta no han prestado la debida atención a la trayectoria de la FORA, derivando en que la mayoría de los estudios especializados en el movimiento obrero negaran su existencia durante esa etapa (Godio, 1989; Matsushita, 2014; Del Campo, 2005), o bien, se concentraron en la trayectoria de las organizaciones libertarias creadas al margen de la FORA (en gran medida por sus diferencias con esta), tratando de forma tangencial el desempeño de la federación obrera al interior del anarquismo.

Partiendo de diversas preocupaciones historiográficas, investigaciones desarrolladas en los últimos años, pusieron de relieve la participación de esta organización durante la década del treinta, demostrando que su pérdida de hegemonía no significó su desaparición. Entre estos estudios se ubican los dedicados a las tendencias del movimiento obrero que mantuvieron sus proyecciones revolucionarias y que no persiguieron incorporarse al sistema institucional, destacando la creciente influencia del Partido Comunista, pero también incorporando el repertorio de los anarquistas durante esos años (Iñigo Carrera, 2016; Camarero, 2007; Ceruso, 2015). Otras indagaciones fijaron su interés en las entidades anarquistas creadas por fuera de la FORA durante esta década, tales como el Comité de Relaciones Regionales Anarquista (en adelante, CRRA), la Federación Anarco Comunista Argentina (en adelante, FACA) y la Agrupación Obrera Spartacus (en adelante, AOS), en los cuales se resaltan las diferencias y tensiones con aquella (Anapios, 2012; Benyo, 2005; Benclowicz, 2020; López Trujillo, 2005; Nieto, 2008, 2012, 2018; Ceruso, 2011; 2018; Iñigo Carrera, 2000; Migueláñez Martínez, 2018). Por último, otro conjunto de investigaciones incorporó referencias respecto al derrotero de la FORA al focalizar su atención en determinadas actividades económicas donde los foristas continuaron teniendo una influencia considerable, como en la industria del calzado (Kabat, 2005; 2011), portuarios (Calvagno, 2013b; De Laforcade, 2015; Nieto, 2008, 2018, 2019) y choferes (Santa Cruz, 2007; 2009; Calvagno, 2013a). De forma transversal, todos estos estudios brindaron pruebas sobre la perduración de la FORA en los años treinta, presentando algunas aristas sobre las cuales se puede ahondar para lograr una mejor comprensión de su derrotero durante esta etapa.

Entendemos que la historia del anarquismo local no puede comprenderse cabalmente sin tener presente a la FORA en su relato, por tanto, el presente artículo se propone reconstruir los principales desafíos que interpelaron a esta organización en los años treinta por medio de analizar las áreas de actuación donde se asentó el movimiento forista en la ciudad de Buenos Aires, su agenda política, las adaptaciones organizativas y los debates, internos y externos, que tuvo que afrontar dentro de aquel adverso contexto.

Para la confección de este estudio se utilizaron diversos acervos documentales. En gran medida nos apoyamos en el material producido por las organizaciones adheridas a la FORA, alojado en diversos archivos que preservan fuentes anarquistas, como la Federación Libertaria Argentina (continuadora de la FACA), la Biblioteca Popular “José Ingenieros”, el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (en adelante, CeDInCI) y, especialmente, el repositorio histórico de la FORA. Con el fin de contrastar la voz de los propios sujetos sociales aquí indagados se analizaron fuentes provenientes de otras corrientes del movimiento obrero y de las agrupaciones libertarias contrarias a los foristas, como también se recurrió a la prensa comercial de la época y a documentación producida por diferentes organismos estatales, como el Departamento Nacional del Trabajo (en adelante, DNT), la Policía de la Capital Federal y el Ministerio del Interior. La utilización de fuentes provenientes de sectores refractarios a los anarquistas se tornó fundamental para poder calibrar el grado de incidencia de este actor social, al mismo tiempo que aportaron diferentes caracterizaciones en torno al objeto de estudio.

Inserción sindical de la FORA en la ciudad de Buenos Aires

Ante la realización del VI Congreso de la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) en octubre de 1938, la FORA presentó un informe caracterizando la situación social del país y el estado de su propia organización. En el mismo aseguraban desconocer la cantidad de sus afiliados por no llevar un control administrativo estricto, evitando así caer en prácticas burocráticas que ahoguen su proyección revolucionaria. Aun así, informaron que contaban con 44 organizaciones adheridas, distribuidas en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Jujuy, Chaco y Buenos Aires, además de la ciudad homónima.[2] Ante la inexistencia de registros efectuados por la misma organización hemos procedido a contabilizar la cantidad de cuotas abonadas por las Federaciones Locales y Provinciales al Consejo Federal, a fin de ofrecer un acercamiento a la cantidad de afiliados con los que la FORA contó a lo largo de la década (Ver Cuadro 1).[3]

Cuadro 1
Promedio anual de cotizaciones remitidas al Consejo Federal de la FORA[4]
1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
Local Bonaerense 619 1.738 2.071 1.724 2.229 1.500 1.167 1.286 833
Provincial Buenos Aires 1.587 3.874 2.906 1.088 169 260 381 500 571
Provincial Santa Fe 156 52 156 250 172 99 719 458
Local Tucumán 150 120
Comarcal Chaco 206 125
Local Mar del Plata 60
Otros 50 10 106 8
Total 2.412 5.750 5.445 3.187 2.578 1.859 2.417 1.906 1.862
Elaboración propia en base a (9, marzo 1935). La Organización Obrera, p. 4. Archivo de la FORA (AF), Buenos Aires; Consejo Federal. Balance correspondientes a enero de 1935 a junio de 1939, FORA, 1939. AF; (noviembre 1939). Organización Obrera 61, p. 7; (enero 1940). Organización Obrera 63, p. 4; (mayo 1940). Organización Obrera 65, p. 8; (septiembre 1940). Organización Obrera 68, p. 4; (octubre 1940). Organización Obrera 69, p. 7; (mayo 1941). Organización Obrera 74, p. 8; (noviembre 1941). Organización Obrera 76, p. 7; (marzo 1942). Organización Obrera 79, p. 6; (junio 1942). Organización Obrera 81, p. 7; (noviembre 1942). Organización Obrera 83, p. 9.

La disminución de la cantidad de organizaciones adheridas a la FORA ya venía desarrollándose progresivamente de forma previa a los años treinta, pero lo que se desprende del cuadro anterior es que durante esta década el desgranamiento de sindicatos se manifestó con mayor crudeza en el interior del país, en comparación con la ciudad de Buenos Aires.[5] La veintena de sindicatos adheridos a la Federación Obrera Local Bonaerense (en adelante, FOLB) representó la mitad de las organizaciones pertenecientes a la FORA en todo el país, pero al mismo tiempo, entre aquellas se plasmaron serias diferencias, ya que solo seis de estas pudieron permanecer de forma estable y gravitante durante toda la etapa —Calzado, Choferes, Controles de colectivo, Portuarios, Lavadores de autos y Mosaístas—. El resto, o conservó una existencia nominal con poca influencia dentro de su gremio —Albañiles, Luz y Fuerza, Metalúrgicos y Mozos—, o no se mantuvieron adheridos a la FORA durante todo el período analizado, tales como: Panaderos, Fideeros, Tabaco, Yerbateros, Obreros en Dulce, Picapedreros, Plomeros, Peones de camiones, Pintores, Conductores de Carros, Repartidores de diarios, Medialuneros, Repartidores de pan y Obreros de las Barracas, Mercado Central y Lavadores de Lana. Para ilustrar esta diferencia de estabilidad institucional entre las sociedades de resistencia de la ciudad de Buenos Aires confeccionamos un cuadro (Cuadro 2) donde se presentan las cotizaciones percibidas por cada entidad a lo largo de la década.

Cuadro 2
Promedio de afiliados a la FOLB según cada sindicato
1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
Mosaístas 53 100 684 1055 1033 1040 708 873 1020
Choferes 1364 760 1373 2000 768 1422 3308 993 347
Controles de colectivos 233 208 280 148 145 100 173
Calzado 195 380 101 33 565 502 657 506 775
Metalúrgicos 53 29 55 11 18
Portuarios 641 113 195 128 92 102 69 56 33
Lavadores de autos 440 148 248 73 45 40 67
Mozos 28 36 32 28 12 12
Albañiles 13 25 40
Peones de camiones 53 38 77 50
Otros 8 62 38
Total 641 1672 2216 2186 3541 2800 3246 5005 1841 2034 1828
Elaboración propia en base a Balance de tesorería, Consejo Local de la FOLB, Buenos Aires, 1935-1938. AF; Balance y convocatoria a asamblea, Federación Obrera del Calzado, Buenos Aires, 1933-1934. AF; (septiembre 1941). El Obrero en Calzado 4, p. 4. AF; (1 de mayo de 1942). El Obrero en Calzado 5, p. 4; (noviembre 1942). El Obrero en Calzado 6, p. 6; (enero 1934). La Voz del Chauffeur 5, p. 7. Archivo "Alfredo Seoane", Biblioteca Popular José Ingenieros (BPJI), Buenos Aires; (marzo 1936). La Voz del Chauffeur 9, p. 4; (mayo 1939). La Voz del Chauffeur 17, p. 4; (noviembre 1939). La Voz del Chauffeur 18, p. 4; (enero 1941). La Voz del Chauffeur 20, p. 4; (22, octubre 1941). La Voz del Chauffeur, p. 4; Libro de tesorería de la Sociedad de Resistencia Obreros del Puerto de la Capital (SROPC), 1927-1938, Buenos Aires. AF.

El área de transporte urbano representó el sector donde los foristas conservaron mayor estabilidad, representado a través de las sociedades de resistencia de Controles de colectivos, Lavadores de autos y Unión Chauffeurs. Esta última nucleó a los conductores de taxis, ómnibus, colectivos y camiones, al mismo tiempo que incidió en la sindicalización de las fábricas de la industria automotriz, tales como General Motors, Firestone y la International Harvester Company. Las dos primeras funcionaron de forma autónoma de los choferes debido a la distinción de oficios, pero mantuvieron una coordinación constante para las diversas acciones sindicales, ya que muchas veces eran empleados de la misma empresa. Las otras dos organizaciones que sostuvieron una importante influencia en su sector fueron los sindicatos de Calzado y Mosaístas, pertenecientes al área de la industria liviana, que durante esta década vio modificada su estructura productiva con el crecimiento de los talleres y su mayor tecnificación. Por fuera de estos dos casos, el resto de los sindicatos de la FORA ligados a la industria perdieron injerencia debido a su falta de adaptación a la organización por rama de actividad. En este sentido, su desarrollo contrastó con el despliegue ejercido por los comunistas, quienes lograron afianzar organizaciones gremiales en la actividad industrial, desplazando a los ácratas de áreas en las cuales anteriormente habían logrado una importante influencia, tales como la construcción, los frigoríficos y la metalurgia (Camarero, 2007, p. 205).

Las áreas económicas donde más se notó la pérdida de posiciones de la FORA fue en la industria alimenticia, producto de la desafiliación o desaparición de los sindicatos de Fideeros, Obreros del Dulce, Tabaco y Yerbateros[6], y la imposibilidad de los Panaderos de actuar en la ciudad de Buenos Aires, producto de la clausura y judicialización que sufrió este sindicato, sobre la cual volveremos más adelante. En el área de la construcción la presencia de los foristas se vio opacada por la formación de la Federación Obrera de Sindicatos de la Construcción (en adelante, FOSC), entidad que unificó a todas las organizaciones de oficio de la actividad, incluso algunos sindicatos con fuerte influencia anarquista, no pertenecientes a la FORA, que compartieron la estrategia de los comunistas de conformar sindicatos por rama de actividad (Durruty, 1969, pp. 56-65; Iñigo Carrera, 2004, pp. 124-125; Benyo, 2005, pp. 94-103; López Trujillo, 2005, pp. 136-143; Camarero, 2007, pp. 212-213; Ceruso, 2015, pp. 123-124; Varone, 1989, pp. 129-132). A partir de ese momento, los sindicatos que la FORA conservó o logró adherir posteriormente —Albañiles, Picapedreros, Plomeros, Pintores y Ladrilleros— no lograron erigirse como una oposición exitosa ante la FOSC.

Por último, cabe señalar que el caso de los portuarios representó una situación particular. Las cotizaciones de esta organización se vieron afectadas significativamente a partir de la dictadura de Uriburu, ya que se pasó de percibir 3.614 cuotas en octubre de 1930 a un promedio de 100 entre los años 1933 a 1938.[7] Sin embargo, sus balances económicos no determinaron la influencia que esta sociedad de resistencia conservó entre los estibadores. Su actuación pública se vio restringida a partir del control que la Prefectura pasó a desempeñar en el puerto desde fines de 1930 cuando impuso una libreta de trabajo para controlar la mano de obra de la zona, y así, ejerció un trato discriminatorio sobre los activistas anarquistas. Pero a pesar de estas restricciones, el arraigo de esta organización quedó de manifiesto en ocasión de diversas convocatorias que realizaron de forma esporádica, por ejemplo, en ocasión de las huelgas en contra del monopolio del transporte en 1935 y 1936, cuya repercusión en el puerto fue masiva (Calvagno, 2013b, p. 9).

Una de las principales razones que explican la variación en el desarrollo de cada sindicato durante estos años se relacionó con las diferentes estrategias de inserción que ellos establecieron. Ante el contexto represivo, algunas sociedades de resistencia plantearon la necesidad de trasladar el centro de la actividad y la representación sindical a los mismos lugares de trabajo, de forma de evitar la concurrencia de los trabajadores a los locales sindicales vigilados por la policía. La propuesta ponderaba la acción de los delegados de cada establecimiento como intermediaros entre los trabajadores y el sindicato.[8] Por caso, los choferes designaron delegados por cada línea de colectivo, tropa de camiones o compañía de ómnibus como medio para poder sostener la representación sindical en momentos en que su organización estaba procesada judicialmente y su local clausurado.[9] Situación similar cabe señalar respecto al sindicato de Lavadores de autos, quienes lograron mantener su organización a flote “empleando formas inteligentes de agremiación acorde con el momento social y económico y con útiles proyecciones ulteriores”[10]. Por el contrario, otras organizaciones de la FORA hicieron caso omiso a aquella propuesta y continuaron pronunciando convocatorias para que los trabajadores se organizaran bajo su ala, amparándose en el peso de su trayectoria histórica. Ejemplos de este proceder se registraron entre los sindicatos de albañiles y de Luz y Fuerza, apelando a la adhesión a los ideales políticos de la FORA más que a una propuesta organizativa concreta.[11] Incluso en la Reunión Regional de Delegados de 1938 imperó el criterio de que la actuación pública le era útil a la FORA siempre y cuando pudiera propagar su finalidad revolucionaria, ya que si la misma estaba condicionada preferían permanecer en la clandestinidad.[12]

Aquellas organizaciones que adaptaron sus estrategias sindicales obtuvieron una repercusión favorable. Los casos de choferes, lavadores, calzado y mosaístas muestran que, al fortalecer los vínculos con los obreros de su gremio a través de los delegados, las reuniones de personal y las consultas por escrito, pudieron sortear la persecución policial sobre los locales sindicales y otorgarles mayor autonomía a los trabajadores de un establecimiento particular en la toma de decisiones, manteniendo la relación con el sindicato por medio de sus mandatos.

Agenda política e intervención social de los foristas

El contexto reaccionario instaurado en la década del treinta se convirtió en un objetivo sobre el cual los anarquistas proyectaron intervenir, buscando combatir la instalación de un sentido común autoritario y denunciar las políticas restrictivas que afectaban a los trabajadores. Para llevar adelante los propósitos de “romper el cerco” represivo y contrarrestar el avance de las tendencias autoritarias, la FORA recurrió a la organización de campañas de agitación, giras de propaganda y huelgas generales. Estas actividades guardaron un perfil propagandístico, tendiente a captar el descontento alojado en los sectores de la sociedad opuestos al auge reaccionario, poner en agenda ciertos reclamos de relevancia para los trabajadores, al mismo tiempo que fueron utilizadas para presentarse dentro del ámbito sindical como una alternativa de tendencia revolucionaria e intransigente ante el poder de turno.

En las campañas públicas que organizaron predominó el reclamo por la liberación de los presos sociales,[13] los efectos de las disposiciones represivas, como también la denuncia sobre el accionar de las agrupaciones nacionalistas y su complicidad con el gobierno. Bajo estos ejes, la FORA convocó a 12 huelgas generales entre 1930 y 1933. Estas tuvieron una repercusión variable, concentrando su actuación en la ciudad de Buenos Aires y contando con la participación de un núcleo estable de sindicatos adheridos a la FOLB, entre los que se destacaron los de choferes y portuarios. Los apoyos externos fueron recibidos de parte de los gremios autónomos con cierto grado de afinidad ideológica, en menor medida los sindicatos ligados al Comité de Unidad Sindical Clasista (CUSC) de los comunistas, y de forma menos habitual aún, algunas organizaciones adheridas a la Confederación General del Trabajo (en adelante, CGT) ligadas a la actividad portuaria. Las huelgas de mayor repercusión fueron las realizadas en diciembre de 1932 (por el asesinato del militante forista Severino Evia) y en agosto de 1933 (ante el arribo de una comitiva de nazis) en tanto que, al encuadrarse dentro de la creciente preocupación por el avance del fascismo en el país, recibieron mayor apoyo externo (Camarero, 2007, pp. 205-207; Iñigo Carrera, 2016, pp. 150-164, 196; McGee Deutsch, 1999, p. 209).

Tras los escasos resultados obtenidos con estas protestas, sumados a la falta de cohesión manifestada al interior del movimientos forista, a partir de 1933 la FOLB no volvió a convocar a una huelga general por motivos políticos, pero sí se plegó de forma solidaria a las protestas que los choferes realizaron contra el tratamiento de la Ley de Coordinación del Transporte Urbano en las primaveras de 1935 y 1936, y nuevamente en 1942, para evitar la expropiación de los colectivos y la aplicación de dicha ley (Santa Cruz, 2007). La intervención pública de los foristas se vio reducida en los años siguientes, producto de los edictos policiales de 1932 que le confirieron la autoridad a la Policía para autorizar cualquier tipo de reunión pública, acto o marcha política (González Alemán, 2011; Caimari, 2012, pp. 96-102). Las campañas de la FORA por la libertad de los presos, como también las críticas a la reacción y al fascismo, pasaron a concentrarse por medio de sus medios gráficos. Luego, aprovechando el contexto de mayor participación popular que conllevó la campaña por la Guerra Civil Española, los libertarios lograron volver a ocupar el espacio público.

La contienda desplegada en suelo ibérico, producto de la sublevación militar contra el gobierno del Frente Popular, acarreó grandes repercusiones a nivel internacional y manifestó de forma explícita la disputa que se estaba desarrollando en numerosas partes del planeta entre el fascismo y el antifascismo. La preocupación que produjo la guerra se expresó con gran intensidad en Argentina y los sectores que se enfrentaron en los campos de batalla en España contaron con sus correligionarios en el plano local. Los anarquistas se vieron fuertemente interpelados por los sucesos ibéricos, dado que los lazos entablados durante las décadas anteriores entre los libertarios de ambas regiones impulsaron a que los locales se involucren denodadamente con la “causa española”.

Los anarquistas, al igual que otras corrientes políticas, comenzaron a difundir lo acontecido en la península ibérica a través de sus medios de propaganda, resaltando las noticias de los sectores afines, en su caso, los comunicados emitidos por la Confederación Nacional del Trabajo, la Federación Anarquista Ibérica y otras entidades libertarias, al igual que difundieron noticias vinculadas a la gesta revolucionaria desarrollada en los primeros meses de la guerra con la puesta en práctica de colectivizaciones agrícolas y la producción autogestionaria de fábricas y servicios urbanos (Mintz, 2008; Gavaldá, 2019), proceso que se convirtió en un hito histórico para el movimiento anarquista internacional.

A su vez, varios militantes deseosos de brindar su colaboración de forma directa en la contienda y en el proyecto revolucionario se embarcaron hacia España. Impulso compartido por los comunistas, no así por los socialistas y sindicalistas (Trifone y Svarzman, 1993, p. 79). La individualización de los voluntarios anarquistas es una tarea compleja, ya que el registro de estas personas conlleva ciertas dificultades propias del contexto y la naturaleza de aquel movimiento. Por caso, la mayoría de estos individuos viajaron de forma anónima, sin auspicio o apoyo explícito de alguna organización, y en muchos casos con identificaciones falsas para ocultar su filiación ideológica. Otro factor determinante fue la precaria organización administrativa y el carácter antipersonalista del anarquismo, agravando así la falta de registros de quiénes terminaron formando parte de la guerra.[14]

Otra manera de colaborar, y una de las más difundidas por la época, se canalizó a través de donaciones. La FORA impulsó colectas a través de sus sindicatos por medio de venta de rifas y bonos (suministrados a los distintos gremios en forma de “listas” a fin de contar con una recaudación más regular) y la realización de diferentes actividades, como festivales de teatro, recitados de poesía, o pic-nics.[15] A su vez, varias agrupaciones obreras no pertenecientes a la FORA también contribuyeron por medio de donaciones, como la Unión Obreros Tranviarios, Sombrereros Unidos, varias seccionales de la Federación Obrera Ferroviaria o diversos sindicatos de Oficios Varios desperdigados por las áreas rurales del país (Salto, Charata, San Cristóbal —Buenos Aires—, Sáenz Peña —Chaco—, San Juan, etc.).[16]

La FORA rechazó integrar las entidades solidarias surgidas ante la ocasión, como los Comités de Apoyo al Proletariado Español o la Comisión Coordinadora de Ayuda a España en la Argentina, justificándose en su desconfianza hacia las organizaciones políticas que constantemente formulaban la necesidad de una coordinación en común, como también en la falta de claridad sobre quiénes serían los beneficiarios de la ayuda recolectada.[17] Por estos motivos encauzaron las colectas a través de su Comité Pro Presos y Deportados (CPPyD), entidad dedicada al socorro solidario. Este organismo tenía la función de asistir y acompañar a los militantes detenidos o deportados y a sus familiares, por tanto, la FORA sostuvo que este Comité contaba con la experiencia y la capacidad de encauzar las actividades solidarias destinadas a España de forma autónoma.

Restricciones y problemas para un mayor desarrollo

Los factores internos

Las limitaciones en el desarrollo de la FORA en estos años se vincularon a factores externos, como también a problemas generados al interior de su organización. Dentro de este segundo eje se destacaron razones ligadas a las tácticas de intervención y a la modalidad organizativa sostenida por la federación obrera. Un primer escollo se vinculó con el rechazo a la estructuración de los sindicatos en base a la rama industrial, ya que consideraron que esta modalidad traería aparejada la centralización y burocratización de las organizaciones gremiales. Si bien dentro de la FORA se emplearon ciertas alternativas para la vinculación de los sindicatos de una misma actividad,[18] no modificaron el rumbo adoptado en la década del veinte cuando cerraron filas respecto a la organización por oficio,[19] reflejando la falta de adaptación ante un contexto de creciente industrialización (Camarero, 2007, pp. 69-70; Iñigo Carrera, 2016, p. 13; López Trujillo, 2005, pp. 88-91).

Por otro lado, la propia dinámica empleada por los foristas para intervenir en el espacio público también contribuyó a su mayor aislamiento. El rechazo a articular acciones con otras organizaciones, como en las convocatorias de las huelgas generales, las campañas por los presos sociales o en integrarse a los comités antifascistas, fue justificado por la desconfianza que expresaban hacia los partidos políticos, pero también avalado por una celosa defensa de su autonomía que derivó en una exagerada percepción de autosuficiencia, dando como resultado una mayor invisibilidad y marginación.[20]

Estas políticas empleadas por la FORA no fueron compartidas por otros sectores del anarquismo de la época, entablando diferencias de criterios que conllevaron a una mayor división dentro del campo libertario. Si bien es sabido que el anarquismo nunca tuvo una dirección única y centralizada —por el contrario, reivindicó la autonomía de acción de grupos e individuos—, existieron circunstancias históricas en donde las diferencias plasmadas por las distintas tendencias no entorpecieron la coordinación a favor de un objetivo común. En gran medida esto no sucedió en los años treinta, ni en ocasión de la guerra en España, ni en la huelga general de 1936, en tanto que las diferentes lecturas y tácticas asumidas derivaron en la falta más elemental de entendimiento, potenciando sus discrepancias e imposibilitando la articulación de una acción conjunta. El planteo de fondo radicaba en las nuevas propuestas organizativas y programáticas delineadas por la FACA y la AOS en torno al modelo de las agrupaciones anarquistas y las tácticas que deberían aplicarse en el ámbito sindical para superar el estancamiento de la FORA (Ceruso, 2011, pp. 165-179). Es así como dos concepciones políticas se pusieron de manifiesto al interior de este movimiento: quienes sostenían que los sindicatos deberían seguir siendo el centro privilegiado de la militancia (foristas), y aquellos que defendieron la idea de que los grupos anarquistas se conviertan en núcleos políticos a insertarse en diversos ámbitos de actuación (especifistas).

El accionar represivo

Los factores externos, vinculados a las peores condiciones laborales y la desocupación producto de la crisis económica, las restricciones políticas y el creciente clima reaccionario imperante en la sociedad porteña de los años treinta, representaron condicionantes claves en el desarrollo de las propuestas de los anarquistas. La reinstauración de los conservadores en el poder, por medio del golpe de Estado encabezado por Uriburu, primero, y por prácticas fraudulentas, luego, se produjeron en un contexto signado por la impugnación al liberalismo y la expansión del fascismo a nivel internacional, con su correlato local a través del auge de las agrupaciones nacionalistas, del catolicismo y el militarismo (Zanatta, 1996; McGee Deutsch, 1999; Finchelstein, 2010). Este clima de ideas habilitó la configuración de un ambiente político y cultural favorable a las concepciones autoritarias, permeando en la clase media a cambio del sostén de la posición social adquirida por aquel sector. Proceso que terminó condicionando las posibilidades de aceptación y difusión de los postulados libertarios defendidos por la FORA.

En este contexto el accionar del Estado se mostró más proclive a la intervención social, tanto en su faceta como mediador de las relaciones laborales como en su rol represivo. Es sabido que durante estos años las prácticas represivas fueron perfeccionadas, dando un salto cualitativo en el control de los opositores políticos por medio de la vigilancia permanente. El cambio político operado en estos años derivó en que las directivas realizadas hacia la policía apuntaran a la modificación e intensidad de su accionar. Si durante los gobiernos radicales la represión hacia el movimiento obrero se desplegó de forma extraordinaria y bajo el argumento de actuar de forma preventiva ante hechos de violencia; este período se caracterizó por adoptar una persecución sistemática hacia los opositores. Mientras a los radicales se los buscó contener, por medio de frustrar sus incursiones insurreccionales y entorpecer su participación electoral, el objetivo dirigido hacia el comunismo y el anarquismo era eliminar su influencia entre los trabajadores. En el caso del comunismo esto se expresó de forma explícita en los proyectos de ley presentados al Congreso en 1932 y 1936, con el objetivo de prohibir su participación política y en la creación de la Sección Especial de la Policía, dedicada exclusivamente a la persecución de sus seguidores (López Cantera, 2019; Benclowicz, 2019, pp. 623-636).

Los diferentes mecanismos represivos aplicados en la época tuvieron un fuerte impacto sobre los miembros de la FORA y del campo libertario. El más determinante fue la eliminación física, sea por medio de fusilamientos oficiales o asesinatos políticos. Los primeros fueron desarrollados en cumplimiento de la ley marcial instaurada en el gobierno de Uriburu, con un saldo de, al menos, 12 individuos ejecutados —delincuentes atrapados “in fragganti” o activistas anarquistas acusados de ello— (Iñigo Carrera, 2016, pp. 66-71).[21] Luego de la dictadura, los asesinatos fueron realizados por individuos no pertenecientes a las fuerzas de seguridad del Estado, sino por miembros de las agrupaciones nacionalistas, que por lo general actuaban bajo su protección. A modo de ejemplo se pueden señalar los casos de Medina (panadero de Morón), Crispín López (portuario), Joaquín Cifuentes y Jorge Schuts,[22] pero el de mayor repercusión pública fue el de Severino Evia, ocurrido el 3 de diciembre de 1932, ante el ataque de un grupo fascista sobre los concurrentes a un acto de la FOLB en Parque Patricios. Los atacantes actuaron de forma coordinada y amparados por la policía, la cual intervino una vez consumada la agresión, reprimiendo a los manifestantes con el objetivo de dispersar el enfrentamiento que se generó entre los dos bandos cuando los concurrentes al acto empezaron a defenderse.[23]

Otra de las medidas represivas utilizadas en esta etapa fueron las deportaciones. El gobierno de Uriburu revivió la aplicación de la Ley de Residencia (prácticamente en desuso durante las administraciones radicales) a las pocas semanas de haber asumido el poder. A partir de allí la expulsión de anarquistas se convirtió en una constante durante la década del treinta, más allá del gobierno “de facto”. Si bien la información oficial es fragmentada e incompleta, se puede apreciar que la aplicación de esta ley afectó a más personas durante el gobierno de Justo que durante cualquier otra etapa histórica (al menos 1.124), en tanto que, comparativamente, entre 1902 a 1914 fueron deportados 532 individuos24][, y durante 1946 a 1955, 261 (Nazar, 2009).

Cuadro 3. Cantidad de individuos deportados

Cuadro 3
Cantidad de individuos deportados
Total Anarquistas Comunistas
1930 (oct.) - 1931 158 123 -
1932 (feb.) 112 34 40
1932 (mar. - dic.) 61 1 -
1933 377 62 34
1934 423 23 -
1935 197 35 21
1936 - 24 -
1937 28 20 8
1938 - 6 -
1939 - 6 -
1940 - 2 -
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Por su parte, las detenciones representaron el mecanismo represivo más utilizado por parte de las fuerzas de seguridad hacia los militantes obreros y anarquistas, efectuándolas de forma sistemática en todo el territorio nacional a lo largo de la década (más allá de la administración a cargo). El presidio de Villa Devoto, en la ciudad de Buenos Aires, ofició de espacio de confluencia para los anarquistas de diferentes puntos del país, especialmente los provenientes de los territorios nacionales, o quienes tenían como destino definitivo la deportación u otros penales como Sierra Chica o Ushuaia (López Trujillo, 2005, pp. 42-44; Suárez, 2013, p. 117). A su vez, la cárcel de Devoto también funcionó como un sitio de encuentro para los anarquistas, ya que al ser alojados dentro de un mismo pabellón (Cuadro 3) facilitó la comunicación entre las diferentes tendencias que, hasta hace poco tiempo atrás, se combatían agriamente. Un promedio de trecientos activistas habitó aquel pabellón durante la dictadura, recambiando su composición constantemente producto de los traslados. Aprovechando el encuentro forzado, los libertarios llevaron adelante sendos debates y realizaron un “Congreso” clandestino al interior del presidio, el cual, además de limar asperezas, dejó sentadas las bases para la constitución de la CRRA en 1932 (Riera Díaz, 1981, p. 175; Maguid, 1995, pp. 24-26; Grunfeld, 2000, pp. 117-121; Pérez, 2002, pp. 10-11; López Trujillo, 2005, pp. 47-51).

Es destacable que el sistema de vigilancia que se cernía sobre los libertarios ya contaba con muchos años de práctica, lo cual resultó provechoso para las nuevas autoridades asumidas a partir de 1930. Varias de las medidas represivas desarrolladas a partir de ese año se desplegaron gracias a la información recabada por medio de la red de informantes e infiltrados instalados dentro de sus organizaciones de forma previa al golpe militar.[25]

Durante este período también se produjeron resonados procesos judiciales sobre militantes anarquistas acusados de participar en “hechos de sangre”, como los casos de los presos de Bragado y los ladrilleros de San Martin, que derivaron en el cumplimiento de largas condenas de prisión y en amplias campañas solidarias (Quesada, 1974b; Jordan, 1988; Iñigo Carrera, 2016; López Cantera, 2019). Otro caso que implicó la intervención del Poder Judicial fue el proceso por “asociación ilícita” ejercido sobre los sindicatos de panaderos, lavadores de autos y choferes adheridos a la FORA.

Las tres organizaciones fueron juzgadas como entidades ilegales. A partir del 30 de junio de 1932, se allanó varios locales de la FORA y se detuvo a más de 600 militantes. Al finalizar el proceso se determinaron condenas de 2 a 5 años sobre 67 trabajadores de esos gremios.[26] La causa judicial, conducida por el juez de instrucción Berutti, buscaban esclarecer el asesinato de un patrón panadero, los sucesivos atentados cometidos contra empresas de ómnibus y taxis en conflicto, y los actos de sabotaje practicados durante la huelga general del 14 de junio de ese año,[27] pero en ese recorrido la Justicia derivó su investigación hacia el accionar empleado por cada uno de los sindicatos implicados, juzgando la legalidad de los medios de lucha empleados por aquellos para conseguir sus reivindicaciones, más allá de los culpables materiales de los atentados señalados.[28]

Esta causa judicial fue uno de los casos de mayor preocupación para los foristas durante la primera mitad de la década, ya que interpretaban que, de no revertirse la voluntad política de ilegalizar a los organismos obreros involucrados en este proceso, la posición de toda la federación correría un serio peligro y se habilitaba la posibilidad de que esta estrategia represiva fuera utilizada como antecedente y se replicara en los demás gremios a fin de anular la inserción ácrata dentro de los sindicatos. La repercusión de este procesamiento afectó menos a los sindicatos de choferes y lavadores de autos, ya que pudieron sostener el control gremial en los lugares de trabajo donde tenían influencia, mientras que los panaderos, al replegarse en la clandestinidad terminaron más perjudicados, siendo reemplazados rápidamente por el sindicato de la CGT. [29]

Por último, otras medidas utilizadas para combatir la influencia de los anarquistas fueron las dirigidas a limitar la libertad de expresión y propaganda. Ciertamente estas fueron políticas menos drásticas que las mencionadas anteriormente, pero no por ello menos eficaces. Las restricciones sobre la prensa se aplicaron a los pocos días de efectuado el golpe de estado, allanando y censurando La Protesta el 11 de septiembre de 1930. El periódico volvió a circular de forma irregular a cargo de un “grupo de emergencia”, el cual durante 1931 pasó a publicar el periódico desde Montevideo. La “restauración democrática” no significó el fin de los problemas para La Protesta, en marzo de 1932 su redactor responsable, Manuel Villar, fue condenado a 6 meses de prisión por el Juez Ortega a causa de un artículo publicado por el aniversario de la muerte del Comisario Rosasco.[30] Poco después, la publicación comenzó a ser censurada por la Dirección de Correo a través de la suspensión del porte pago, impidiendo su circulación por correspondencia al resto del país (Baer, 2015, p. 136). En 1933 La Protesta fue clausurada dos veces, la primera como consecuencia de la represión que se extendió tras la declaración del estado de sitio de diciembre de 1932,[31] y luego en agosto, en represalia por la huelga “contra los nazis”, que ya hemos mencionado anteriormente.[32] La falta de circulación de este y otros periódicos del movimiento le quitó un preciado medio para vincularse, dificultando la comunicación entre los cuerpos de relación y el conjunto de activistas de la FORA.

Por su parte, los locales sindicales, espacios claves para la organización de los trabajadores y para el desarrollo de la cultura libertaria, se convirtieron en lugares peligrosos para los militantes durante todo este período, ya que cuando no fueron clausurados, la policía se encargó de vigilarlos y de acechar a sus concurrentes, y generó el consecuente alejamiento de los trabajadores. Esta vigilancia también le propició a la policía la posibilidad de irrumpir en los locales en circunstancias precisas, al saber que en su interior se estaba desarrollando una asamblea o se hallaban individuos influyentes que era de su interés detener.[33] Desde la visión de los libertarios, las libertades civiles afectadas durante los estados de sitio solían estar vedadas de forma habitual para ellos.[34]

La mediación estatal en el ámbito laboral

Como ya dijimos, los años treinta mostraron una política más intervencionista por parte del Estado sobre el mundo del trabajo, tanto en la regulación de las condiciones de trabajo, como en la mediación de las negociaciones colectivas. Al mismo tiempo, las diferentes corrientes del movimiento obrero confluyeron en la búsqueda de cierto acercamiento con el Estado en pos de resguardar las conquistas sindicales y su estabilidad institucional (Soprano, 2000 y 2007; Gaudio y Pilone, 1983; 1984; Korzeniewicz, 1993; Del Campo, 2005; Matsushita, 2014). En este punto los anarquistas no procedieron de igual manera.[35] Esa nota distintiva respondió a la concepción anti-estatista característica de los libertarios, pero también al sostén de una línea de acción que buscó evitar la intervención del Estado en los asuntos laborales, rechazando la institucionalización de los sindicatos dentro de los marcos gubernamentales, por considerar que derivarían en su burocratización y la pérdida de sus objetivos revolucionarios (López, 1987, p. 17; Suriano, 2000, pp. 99-101).

La imposibilidad del avance del Estado en materia de legislación e intervención laboral ha sido señalada recurrentemente como producto exclusivo de las presiones ejercidas por las corporaciones empresariales sobre el elenco gobernante,[36] e invisibilizaron así, la oposición manifestada por un sector del movimiento obrero que bregó por la resolución de sus problemas gremiales de forma autónoma, apelando a la imposición de sus reclamos por medio de la correlación de fuerzas. Esta posición, sostenida vehementemente por los anarquistas, pero también por varios gremios autónomos, caracterizó el proceder de un sector que reforzó el lento proceso de institucionalización de las relaciones laborales en Argentina.

Si bien los contactos entre las organizaciones de la FORA y las dependencias estatales no fueron totalmente inexistentes, su vinculación se entabló solo como último recurso o en función de algún trámite administrativo, procurando así evitar todo tipo de acuerdo político o institucional que pueda socavar su autonomía sindical. Por tanto, la estrategia asumida por los libertarios se caracterizó por el sostén de las relaciones directas con sus empleadores, sin apelar, ni reconocer la intermediación estatal.

Mientras la mediación desplegada por el DNT fue de carácter de voluntaria, los sindicatos foristas pudieron seguir desempeñando su labor reivindicativa a través de la negociación directa con los empresarios del rubro. El triunfo de sus reclamos por medio de los pliegos de condiciones siguió sujeto a la correlación de fuerzas para imponer su criterio, pero lo que vio alterado, a partir de las negociaciones pautadas en el DNT, fue su margen de acción, ya que las condiciones de trabajo acordadas en los convenios colectivos ratificados por la entidad estatal pasaron tener aplicación sobre toda la actividad. De esta manera, la autonomía de las organizaciones de la FORA quedó sujeta al piso fijado previamente por aquellos convenios firmados por el sindicato paralelo o en el área de las empresas no alcanzadas por la entidad patronal. Dinámica que generó una disyuntiva en torno al trato privilegiado que recibieron las entidades gremiales que se prestaron a la intervención estatal para la firma de convenios colectivos.[37]

Conclusiones

La posición que ocupó la FORA dentro del movimiento obrero de la ciudad de Buenos Aires durante los años treinta fue cada vez más marginal. Su retroceso numérico venía expresándose paulatinamente en los años anteriores, pero a partir de los cambios operados durante la década analizada su pérdida de influencia se agravó.

El tratamiento histórico de los libertarios durante esta época se vio afectado por la disgregación que se produjo al interior de esta corriente, ramificándose en diferentes organizaciones producto de las discrepancias surgidas contra las posiciones estratégicas y organizativas sostenidas por la FORA, y contribuyendo a su invisibilización. Las investigaciones recientes sobre estas diferentes trayectorias están contribuyendo a modificar esta visión, por tanto, incorporar el derrotero de la propia FORA a este proceso nos parece imprescindible. Esta federación, aun con las falencias organizativas ya mencionadas, siguió representando un foco de atracción y una referencia para muchos libertarios.[38]

Con el golpe de Estado de 1930 se dio inicio a un clima político autoritario que impregnó toda la década. En gran medida la sociedad porteña avaló el accionar punitivo sobre los opositores políticos y los sectores más combativos del movimiento obrero, a cambio de las garantías de orden y modernización que proyectaban los círculos oficialistas. Por su parte, las fuentes estatales mostraban con orgullo el objetivo de haber restringido la influencia de los anarquistas en al ámbito sindical, el cual se llevó adelante por medio de dos mecanismos: la represión y la mediación en las relaciones laborales. Ambas políticas buscaron encorsetar la prédica de los ácratas, restringiendo sus áreas de acción y desarticulando sus medios de propagación.

Los efectos que causó la represión sobre los cuadros de la FORA fueron claves para su declive. Las detenciones y deportaciones le quitaron a su movimiento el concurso de valiosos militantes, algunos de sus sindicatos fueron ilegalizados mientras que otros se vieron desarticulados o empujados a adoptar un perfil semi clandestino ante los constantes allanamientos y clausuras. La vigilancia de sus locales sociales y el permanente acecho sobre sus concurrentes, contribuyeron a que muchos trabajadores que integraban estos sindicatos se distancien por considerarlos peligrosos, tanto para su integridad física, como para su estabilidad laboral. La CGT representó un claro contraste en este aspecto. La estabilidad institucional y el proceder legalista de sus sindicatos le confirieron un mayor resguardo de la persecución policial, y por ende la atracción para muchos obreros que no querían correr la misma suerte que los foristas. Un ejemplo de este proceder se manifestó en el caso de los panaderos, antiguo bastión de los anarquistas, que quedó vaciado y desarticulado tras el proceso por “asociación ilícita”.

Por otro lado, la falta de adaptación estratégica a los cambios productivos y el sostén de cierto proceder hicieron lo propio para condicionar su desarrollo. Por caso, los efectos de las reiteradas convocatorias a la acción directa por parte de los foristas derivaron que en varias oportunidades la causa de su protesta, por ejemplo, en contra de alguna medida represiva, se vea empeorada y acrecentada, por recibir un tratamiento represivo más duro que el sufrido originalmente. Bajo su punto de vista esto era una consecuencia lógica de la lucha social, pero a los efectos prácticos derivó en el constante desgaste de las fuerzas de la FORA. Proceder que también contrastó con la posición asumida por la CGT, la cual adoptó una política de prudente negociación con las autoridades políticas para dar solución a las diferentes problemáticas planteadas. Bajo esa postura, la CGT no se plegó a ninguna de las huelgas impulsadas por la FORA, lo cual también contribuyó a su invisibilización, producto del escaso abordaje historiográfico que tuvieron estas manifestaciones. La propuesta de la FORA, como un movimiento obrero revolucionario, con aspiraciones libertarias, no pudo competir exitosamente con la referencia instalada por la CGT, ya que, la mayoría de las tendencias políticas que integraban el movimiento obrero en aquellos años buscaron afianzar sus posiciones por medio del Estado, declinando así el enfrentamiento sindical frontal, y con ello la influencia de los anarquistas.

El desgranamiento cuantitativo de la FORA fue percibido de forma alarmante por sus propios integrantes e incentivó a reforzar sus esfuerzos para romper las restricciones del contexto. En función de ello, las acciones emprendidas por estos anarquistas, más allá de sus reivindicaciones estrictamente gremiales, se encaminaron a denunciar las políticas represivas, colaborar con los presos y deportados, difundir y contribuir en el proceso de la Guerra Civil Española, contrarrestar la influencia del nacionalismo local y de los regímenes autoritarios en general; en definitiva, manteniendo una participación social dinámica enraizada en las problemáticas de su época.

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Notas

1 Sobre la amplia producción historiográfica sobre el anarquismo en Argentina desarrollada en los últimos años ver: Fernández Cordero (2018) y Domínguez Rubio (2020).
2 (noviembre 1938). Organización Obrera (Suplemento Extraordinario), p. 3. Archivo de la FORA (AF), Buenos Aires.
3 La información no es completa, ya que no contamos con registros de los años 1932-1933 (cuando la FORA conservaba más organizaciones), como tampoco figuran cotizaciones de algunos puntos del país donde había sociedades de resistencia afiliadas.
4 Dada la irregularidad en el pago de las cuotas se procedió a dividir el total de los aportes de cada año por la cantidad de meses calendario, a fin de contar con un estimativo, aun bajo el riesgo de minimizar la cantidad real de asociados.
5 A modo comparativo podemos señalar que en 1940 la CGT declaró contar con 311.076 afiliados; la Unión Sindical Argentina con 23.039; la Federación de Asociaciones Católicas de Empleados con 18.675 y los sindicatos autónomos con 120.038. Ver: División de Estadística, Departamento Nacional del Trabajo, Organización sindical. Asociaciones Obreras y patronales, Buenos Aires, 1941, p. 2. Biblioteca “Dr. Juan Bialet Massé”. Ministerio de Trabajo de la Nación (BJBM-MTN), Buenos Aires.
6 FOLB, Informe de Secretaría desde agosto 26 de 1933, Buenos Aires, 22 de agosto de 1934, pp. 3-4. AF.
7 SROPC, Libro de tesorería de la Sociedad de Resistencia Obreros del Puerto de la Capital. 1927-1938, Buenos Aires, pp. 74-192. AF.
8 Para un análisis más profundo sobre la organización sindical en los lugares de trabajo y la conformación de comisiones internas de fábrica ver: Ceruso (2015)
9 (enero 1934). La Voz del Chauffeur, 5, p. 5. Archivo "Alfredo Seoane", Biblioteca Popular José Ingenieros (BPJI), Buenos Aires.
10 (noviembre 1933). La Protesta , p. 4. Recuperado de https://americalee.cedinci.org/
11 (junio 1934). La Protesta, p. 3; FOLB, Informe de secretaria. Desde agosto 26 de 1933, Buenos Aires, 22/8/1934, p. 3
12 FORA, Actas y acuerdos. Reunión regional de delegados celebrada en Diamante del 20 al 25 de marzo de 1938, Buenos Aires, marzo 1938. AF.
13 Mayor notoriedad y repercusión cobraron las campañas en tanto más largo haya sido el proceso judicial o la condena de los detenidos, tal como sucedió con los casos de los presos de Bragado y los ladrilleros de San Martín (Quesada, 1974b; Oliva, 2012; Iñigo Carrera, 2016; López Cantera, 2019).
14 Hasta el momento se han identificado un total de 98 anarquistas que partieron de Argentina hacia España para participar de aquel proceso, sumando la identificación de 25 individuos a los 73 ya señalados en estudios precedentes (González, Boragina, Sommaro y Dorado, 2008, pp. 173-201; Baumann, 2009, pp. 41-53; Miguelánez Martínez, 2018, pp. 231-246). Para profundizar sobre el perfil y las actividades desarrolladas por los voluntarios anarquistas en España ver: Riera Díaz (1981); Maguid (1984; 1995); Grunfeld (2000); Wessels (2005); Martí (2010); Bordagaray (2013); Boragina (2015); Baer (2015); Cerdá (2020).
15 De acuerdo con los balances publicados, los giros efectuados por la FORA fueron de un total de total de $272.296,20 francos ($36.819,85 pesos argentinos). Ver: (mayo 1937). Organización Obrera, 39, p. 21; (junio 1938). Organización Obrera 49, p. 2; (agosto 1938). Organización Obrera 50, p. 3; y (febrero 1939). Organización Obrera 54, p. 7.
16 Balance desde el 1° de septiembre de 1936 a octubre 30 de 1939, Comité Pro-Presos y Deportados de la Capital, Buenos Aires, 1940; (octubre 1936). Organización Obrera, 33, p. 1; (noviembre 1936). Organización Obrera 34, p. 1; (marzo 1938). Organización Obrera 47, p. 3, (junio 1938). Organización Obrera 49, p. 6.
17 (abril 1937). Organización Obrera 38, p. 2.
18 Por caso, los “Comité de Relaciones” empleados por ladrilleros y panaderos a nivel nacional, o la experiencia de los “gremios pactantes” del área portuaria, que vinculó a sindicatos de la FORA, de la CGT y autónomos.
19 El VI Congreso de la FORA de 1906 aprobó la incorporación de las federaciones de oficio, pero esta resolución fue suprimida de forma definitiva en el IX Congreso de 1923, revocando el permiso que de forma provisoria se le había otorgado a la Federación Obrera Regional Portuaria para mantener ese tipo de organización, como también se hizo con los ferroviarios en el X Congreso de 1928. El mismo Abad de Santillán reconoció el error doctrinal sostenido en los años veinte, convocando, años más tardes, a que el resto de los foristas reflexionen sobre el perjuicio que conllevó la anulación de las federaciones de oficio a nivel nacional. Ver: FORA, Estructura orgánica, acuerdos y resoluciones de sus Congresos y Reuniones Regionales, Buenos Aires, Ediciones FORA, 2012 [1949], pp. 44-45; Abad de Santillán (2005, pp. 296-297).
20 Los comunistas le recriminaron a la FORA este proceder en varias oportunidades, señalando que la magra convocatoria obtenida en las huelgas generales respondía a su política sectaria.
21 Entre estos se inscriben los casos de Joaquín Penina en septiembre de 1930 (Quesada, 1974a; Oliva, 2012) y de Paulino Scarfó y Severino Di Giovanni en febrero de 1931 (Bayer, 2009).
22 Las crónicas sobre estos casos se relatan en los ejemplares de La Protesta correspondientes a las siguientes fechas: (2 de noviembre de 1932). La Protesta, p. 3; (27 de mayo de 1933). La Protesta, p. 4; (3 de junio de 1933). La Protesta, p.1; y (julio de 1934). La Protesta, p. 2.
23 (4 de diciembre de 1932). La Prensa, p. 12. Biblioteca Nacional “Mariano Moreno”, Buenos Aires; (5 de diciembre de 1932). Libertad, p. 1; (6 de diciembre de 1932). La Protesta, p. 2; (4 de diciembre de 1932). Crítica, p. 3.
24 Ministerio del Interior, “Estadística de sujetos expulsados del país por la Policía de la Capital en virtud de hallarse comprendidos en la ley 4144”, 1ª sección: Copiador Anarquismo (1902-1914). Archivo Intermedio. Archivo General de la Nación (AGN), Buenos Aires.
25 El caso de Penina es ilustrativo al respecto, ya que, si este fue fusilado por ser el autor del manifiesto en contra del golpe militar, solo tendrían conocimiento de ello los asistentes a la reunión de la Federación Local Rosarina, y no podría tratarse de alguien nuevo, es decir, que se trataba de un infiltrado que actuaba entre los anarquistas rosarinos desde antes de la asunción de Uriburu. Ver testimonio de José Barrionuevo en Quesada (1974a, pp. 53-54).
26 La F.O.R.A. ante los tribunales; los grandes procesos, Comité Pro Presos y Deportados de la FORA, Buenos Aires, 1934, pp. 49-50.
27 (1 de julio de 1932). La Prensa, p. 13.
28 Policía de la Capital Federal, Memorias de Investigaciones. Años 1932-1933, Buenos Aires, 1937, p. 46.
29 Policía de la Capital Federal, Memorias de Investigaciones. Años 1932-1933, Buenos Aires, 1937, p. 153.
30 (27 de marzo de 1932). El Obrero del Puerto, 1, p. 8. AF.
31 (febrero de 1933). Boletín de La Protesta, 1, p. 1.
32 (octubre 1933). La Protesta, p. 1.
33 (7 de octubre de 1930). La Vanguardia, p. 5.
34 (21 de diciembre de 1932). La Protesta, p. 3.
35 En el 2° Congreso Ordinario de 1940, la FACA revisó algunos de sus postulados en esta materia y resolvieron no apartarse de los sindicatos que tengan vínculos con el Estado, aceptando y promoviendo la mediación de los Departamentos de Trabajo, instando a la homologación de contratos colectivos de trabajo en todas las industrias donde tenían incidencia A este sector, Agustín Nieto lo denominó “anarquistas negociadores” (2013).
36 Sobre las debilidades del DNT para cumplir sus funciones reguladoras debido a la falta de autoridad para obligar a las partes a concertar y cumplir los acuerdos, ver: Golzman (2014); Luciani (2014a, 2014b; 2015).
37 Para un análisis más exhaustivo sobre la intervención estatal y las respuestas sindicales en el gremio del calzado, ver: Cerdá (2019).
38 Los afiliados a la FORA durante estos años siguieron superando a las organizaciones especifistas como la FACA o la Alianza Spartacus, que contaron con un promedio de 700 a 1.000 militantes, la primera, y 300 integrantes la segunda (López Trujillo, 2005, p. 124; Benyo, 2005, p. 34). Lo que queda por fuera de nuestro análisis sería poder distinguir cuantos de los cotizantes a los sindicatos de la FORA eran activistas, como los integrantes de las organizaciones políticas.
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