La obra estudia, en perspectiva comparativa y a través de diversos autores especializados, un conjunto de dirigentes de nueve provincias argentinas entre 1860 y 1890. Los objetivos generales son, reconstruir su perfil social, económico y político, y visibilizar el rol que desempeñaron en la consolidación del Estado nacional. Se enfoca en el origen y naturaleza de los capitales (económicos, intelectuales, relacionales) necesarios para acceder a distintas instancias del poder ejecutivo provincial y nacional, del judicial y de las cámaras legislativas, aborda diferentes coyunturas en la que dichos sujetos apelaron al periodismo, las armas, a sus redes vinculares, a clubes políticos y a diversas asociaciones culturales, para cimentar sus trayectorias. Una de sus hipótesis principales es que, conforme avanzó el siglo XIX, el poder político se escindió de las élites económicas.

Sobresalen rasgos compartidos por las dirigencias analizadas. La experiencia militar, influyente en la forja de trayectorias hasta la década de 1850, decayó luego de la Guerra del Paraguay. Igualmente, los sacerdotes disminuyeron desde 1860. Por el contrario, con la consolidación institucional del país, otros capitales entraron a tallar, como el prestigio intelectual y académico. También, coincidiendo con los crecientes atributos de la esfera nacional, en muchas provincias ocurrió un recambio generacional durante la década de 1870, caracterizado por la alta titulación profesional y la juventud de los nuevos dirigentes, dando lugar a una clase política más permeable de lo que proponen arraigadas interpretaciones historiográficas. Precisamente, Eduardo Míguez afirma que la idea de que una oligarquía cerrada gobernó al país desde Caseros hasta la sanción de la ley Sáenz Peña es poco sustentable.

Su investigación sobre la provincia de Buenos Aires muestra que los vínculos con familias coloniales existieron, pero no fueron condicionantes en la construcción de poder político. El mérito personal, asentado principalmente en la experticia (académica, económica o específicamente política) fue determinante en las trayectorias de dirigentes que se desempeñaron en el ámbito de la “alta política”, es decir, el ejecutivo federal con sus ministerios y el parlamento nacional. Asimismo, en contraste con los elencos gobernantes de la primera mitad del siglo, otro rasgo a destacar entre las dirigencias bonaerenses estudiadas es su carácter acentuadamente laicista.

Laura Cucchi señala que en Córdoba predominó una dirigencia proveniente de familias ligadas al comercio, pero a mediados de la década de 1870 tuvo lugar la formación de una “aristocracia doctoral” integrada por jóvenes universitarios. Vivieron generalmente de sus profesiones e invirtieron en bienes raíces y tierras en zonas de nueva colonización del sudeste provincial. A partir de 1874, el poder político comenzó a constituirse desde del ejercicio de la propia política, así como dentro de asociaciones culturales, estudiantiles, electorales e imprentas de diferentes diarios locales. Cucchi resalta que aunque en las provincias dominaran las tensiones locales, la esfera nacional fue adquiriendo peso conforme estuvo en condiciones de transferir recursos hacia sus elencos gobernantes.[1] En lo que hace a Córdoba, sugiere que la centralidad que logró su dirigencia desde fines de los setenta hasta la crisis de 1890 fortaleció conexiones entre ambos escenarios, dando oportunidad a miembros de los elencos oficialistas de ocupar lugares clave del sistema político nacional.

Raquel Bressan hace foco en dirigentes correntinos, y sostiene que a diferencia de otras provincias (Córdoba, Jujuy, Buenos Aires, Mendoza) los lazos familiares constituían un capital significativo para alcanzar los principales cargos. También el poder económico fue influyente en la conformación de poder político. Se observan, asimismo, bajos niveles de asociacionismo, reduciéndose a reuniones familiares en residencias particulares. Empero, predominaba la titulación universitaria. Incluso, es posible caracterizar a esta dirigencia como un elenco profesional, en el que sobre salía el peso de la función ministerial en el ejecutivo local como peldaño necesario para ocupar posiciones en la esfera nacional.

Gustavo Paz afirma que la dirigencia de Jujuy estaba compuesta por un pequeño y compacto grupo que además de conexiones con familias coloniales, había adquirido capacidades de gobierno, ejerciendo la administración provincial desde 1853. Vivían de sus profesiones y de actividades mercantiles o agropecuarias. Finalizando la década de 1870, se produjo una renovación, emergiendo dirigentes que hacían de la política un ejercicio profesional. Tendencia acentuada con la expansión de dependencias nacionales dentro del espacio provincial al ampliarse la disponibilidad de cargos públicos. Así, los ordenamientos políticos respondieron cada vez más a la esfera nacional, soslayando tensiones locales. Incluso, un rasgo relevante es el total alineamiento dirigencial con Roca desde 1880 hasta promediar la década de 1900.

Beatriz Bragoni y Eliana Fucili abordan la dirigencia de Mendoza, identificando complementariedad entre funciones militares y políticas provinciales, pero estableciendo las primeras un límite al ascenso en el plano nacional. También destacan la relativa especialización de la actividad política, que no parece independiente de la sociabilidad familiar y un escaso peso de la formación universitaria entre los cargos provinciales, incluyendo el ejecutivo local, mientras que tal factor tendrá mayor incidencia en ministros y senadores nacionales, aunque las autoras puntualizan la escasa gravitación de Mendoza en la política nacional. La riqueza tampoco era determinante para el dominio político, ya que éste dependía principalmente de la capacidad de los gobernantes de ganar el favor del ejecutivo nacional.

Mariana Pérez indica importantes especificidades para Entre Ríos. Entre ellas, una temprana renovación dirigencial, prohijada por Justo José de Urquiza para dotar la provincia de dirigentes ilustrados y modernos. Así, desde 1860 se observan elencos de marcado perfil universitario en detrimento de aquellos fundados en el prestigio castrense.[2] Se destaca además que recién promediando el siglo XVIII, luego de una violenta pacificación de poblaciones indígenas, se consolidó una población europea, por lo que aún después de Caseros las familias influyentes no tendrán más de dos generaciones. Empero, vínculos con la notabilidad porteña y lazos de parentesco interprovinciales fueron determinantes para ocupar cargos nacionales. Asimismo, tras la profunda fragmentación política de 1870, el acceso a altos cargos provinciales no fue posible sin el concurso de figuras nacionales. En el plano local, Pérez distingue dos circuitos de trayectorias distintas. Aquel vinculado al ejercicio legislativo y judicial, asociado a un capital académico, y otro concerniente al ejército provincial, cuyos integrantes ocuparán jefaturas políticas y de policía.

Juan Ignacio Quintián explora el escenario salteño, señalando la pervivencia del espacio mercantil andino hasta finales del siglo XIX, apenas modificado por una incipiente expansión ganadera, el exilio en territorio boliviano-peruano de muchos de sus dirigentes durante el rosismo y un retraso del crecimiento poblacional que dificultaba el enriquecimiento y la movilidad social. Factores que moldearon una dirigencia más homogénea que las de Buenos Aires o el litoral. Así, la distinción basada en posesión de tierras y en lazos con un patriciado protagonista de la revolución independentista, cumplirán un rol clave,[3] aunque el recambio dirigencial de mediados de los setenta consolidó la Universidad de Buenos Aires como ámbito de formación profesional en sustitución de Charcas, corazón académico de la colonia. Quintián indica además una temprana vocación nacional, que puede verificarse en el protagonismo de la dirigencia salteña durante la confederación urquicista y en su fuerte presencia en el ejecutivo federal entre Pavón y el centenario nacional. No obstante, el desarrollo de la prensa como de otras asociaciones, si bien se aceleró, más que resultado de un Estado laico y modernizador, fue orientado por la tutela eclesiástica.

Respecto a San Juan, según Ana Laura Lanteri, parte de sus dirigentes eran descendientes de familias patricias radicadas en la provincia desde mediados del siglo XVI. Empero, Lanteri advierte que regiones con población escasa y concentrada presentaban vínculos familiares ineludibles, aunque dicho rasgo no era suficiente para desarrollar carreras políticas exitosas. Asimismo, en 1875 un grupo autodenominado los “Regeneradores” llegó al poder con pretensiones de suplantar prácticas que a su entender habían estancado el progreso. Justamente, este grupo ilustra los cambios del periodo: la influencia de las universidades de Córdoba y de Buenos Aires, el protagonismo de algunos dirigentes en instituciones educativas y culturales a partir de 1860 y la creciente especialización en la gestión pública, en la que los cargos provinciales, ya fuera en la justicia o la legislatura, operaron como plataforma hacia la esfera nacional, aunque la conflictividad política sanjuanina repercutiera en las trayectorias de sus dirigentes.

María José Navajas y Flavia Macías identifican en la dirigencia tucumana una particular aspiración a la alta política. Según las circunstancias, las armas, la prensa, las tramas vinculares, el capital intelectual y una serie de prácticas asociacionistas sirvieron para afianzar sus trayectorias. Las autoras entienden que el periodo puede escindirse en tres etapas. La primera, ubicada entre la derrota de la confederación urquicista y las elecciones presidenciales de 1868. Momento de inestabilidad, donde la experiencia militar gravitó en las carreras políticas. La segunda, enmarcada entre 1869 y la llegada de Roca al poder, orientada por una tendencia conciliatoria dinamizada por una renovación generacional acoplada a la autoridad nacional. La tercera, atravesada por el retorno del conflicto y la revolución de 1887, que produjo una brusca reconfiguración de los alineamientos partidarios. Durante las tres etapas, la legislatura y los ministerios provinciales constituyeron vías de entrada al ejercicio político.

Considero que la obra reseñada alcanza una relevancia poco habitual en la historiografía argentina acerca de la segunda mitad del siglo XIX. En ella, emergen con fuerza especificidades de aquel orden político que cuestionan sólidamente las caracterizaciones que lo han entendido como una oligarquía meramente facciosa y cerrada. A saber, figuras de alto perfil intelectual y académico, provenientes de diversos orígenes sociales y que, independientemente de su posición económica, dieron vida a un régimen mediante el cual terminó por consolidarse la autoridad nacional. Precisamente, sus páginas son reveladoras respecto de dos cuestiones centrales: la primordial injerencia de las dirigencias provinciales en la constitución de un poder político central y la escisión entre el poder económico y político, operada en el periodo estudiado pero que ha continuado profundizándose, y que quizá explique algunas debilidades de la democracia argentina contemporánea.

Notas