Introducción

Durante la última dictadura en Argentina (1976-1983), el ex Servicio de Informaciones de la Policía de Santa Fe (en adelante, SI) funcionó como centro clandestino de detención (en adelante, CCD) entre los años 1976 y 1979 en Rosario. Se localiza en una de las esquinas de un imponente edificio construido en 1916 para ser Jefatura Política (Bianchi, 2009),[1] frente a la plaza San Martín, una de las más significativas del casco histórico de la ciudad. Los golpes de Estado sucedidos desde 1930 condujeron a la paulatina transformación del edificio en la Jefatura de Policía provincial, función que cumplió hasta el año 2004 cuando comenzó el proceso para instalar allí la sede local del gobierno provincial. El ex SI se posicionó durante la dictadura como el CCD de mayor relevancia en el territorio del Comando del II Cuerpo de Ejército[2] (Águila, 2017), tanto por su centralidad en el esquema represivo de la región, como por la cantidad de personas[3] que fueron privadas de su libertad en él (Román, 2007; Águila, 2008; Bianchi, 2009). Asimismo, la relevancia de este caso radica en que se trata del único ex CCD de Rosario sobre el que sostenidamente se desarrollaron políticas de memoria[4] y, particularmente, fue uno de los primeros CCD oficialmente recuperados en el país en el año 2002.

Fotografía 1
Fachada del ex SI, Rosario.
relevamiento personal, 31 de marzo de 2017.

Fotografía 2
Esquina del ex SI, intersección de las calles Dorrego y San Lorenzo, Rosario.
relevamiento personal, 28 de noviembre de 2018.

En efecto, fue en la década del 2000 cuando se iniciaron en Argentina las denominadas recuperaciones de espacios físicos que funcionaron como CCD durante la última dictadura, de la mano de la crisis social, política y económica de diciembre de 2001 y la reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad (Messina, 2010; Da Silva Catela, 2014). En dicho contexto, recuperación[5] fue una categoría nativa que denominó a los procesos de construcción de ex CCD en lugares de memoria tal como fueron experimentados por sus protagonistas, es decir, organismos de derechos humanos (en adelante, organismos), sobrevivientes, organizaciones sociales y el Estado (Messina, 2010; Feld, 2011). Así, este artículo se inscribe en una serie de investigaciones llevadas a cabo en torno a diferentes ex CCD del país (Bianchi, 2009; Messina, 2010; Guglielmucci, 2011; Schindel, 2013; Fabri, 2016; Larralde Armas, 2017; Garbero, 2017; San Julián, 2018, entre otras) que han demostrado que, si bien comparten condiciones de posibilidad, las recuperaciones adquirieron características propias según el contexto local y las específicas articulaciones entre actores/as, representaciones y prácticas que los configuraron (Messina, 2019).

Para nuestro caso, aunque encontramos abordajes que refieren a diversas políticas de memoria desplegadas en torno al ex SI en diferentes contextos (Águila, 2007; Bianchi, 2009; Compañy, 2009; Alonso, 2011; Biasatti y Compañy, 2011; González y Biasatti, 2016; Compañy, González y Zilli, 2016; González y Compañy, 2016; Cinto, 2019; Buzaglo, 2022, entre otras), no hallamos una sistematización pormenorizada de las condiciones de posibilidad y los inicios de su proceso social de calificación. En este marco, sostenemos que la calificación del ex SI excede a la recuperación como acontecimiento, pues implicó la articulación previa de un entramado de actores/as en una coyuntura posibilitada por una serie de antecedentes, que habilitaron progresivamente la significación del ex CCD como lugar de memoria (Nora, 1984; Jelin y Langland, 2003; Allier Montaño, 2008).[6]

En este artículo retomamos el concepto de proceso social de calificación (Fleury y Walter, 2011) para analizar los inicios y antecedentes de la demarcación del ex SI como lugar de memoria. De este modo, comprendemos por calificación a aquellas prácticas y representaciones a partir de las que un conjunto de actores/as “hacen del lugar un sitio emblemático de una historia de la que deciden conmemorar un aspecto” (Fleury y Walter, 2011, p. 23), atribuyéndole con ello una marca fundacional. Nuestra propuesta consiste en abordar este proceso social de calificación a través de una serie de niveles interrelacionados, atendiendo en esta ocasión a los dos primeros: nominal, político, memorial y material. En términos nominales, la calificación de un lugar de memoria involucra el establecimiento de un nombre que condensa la marca fundacional y que puede ser descalificado o recalificado en instancias posteriores. Entendemos que el nombre no expresa sólo un modo de referirse al espacio físico, sino que es posible leer a través de él la articulación[7] de actores/as involucrados/as, así como las representaciones memoriales y prácticas definidas en torno a la materialidad. Así, a nivel político, la calificación se realiza y es expresión de una particular articulación que la posibilita, en un proceso que no se encuentra exento de disputas.

Este trabajo nace de una investigación doctoral desarrollada desde una perspectiva etnográfica (Rockwell, 1985; Guber, 1994; Balbi, 2012), cuyo foco de análisis fue el ex SI como objeto de políticas de memoria desde el año 2001 hasta el 2020. En términos metodológicos, para este artículo nos hemos valido de entrevistas no dirigidas y del relevamiento de documentos como periódicos, normativas estatales, producciones audiovisuales y archivos fotográficos. Nuestra intención fue abordar este corpus como “campo de indagación” (Muzzoppapa y Villalta, 2011, p. 25) y no sólo fuente de información, con el objetivo de reconstruir las disputas y/o debates subyacentes que no pudieron ser observados por limitaciones temporales. En este sentido, los documentos no fueron entendidos como proveedores de datos o variables independientes, sino como formas de contextualizar procesos sociales, atendiendo tanto a lo que expresan como a lo que no. En efecto, el recorte temporal implicó el desafío de etnografiar el pasado reciente (Sarrabayrouse Olivera, 2009), sin perder de vista que aquellos/as con quienes trabajamos no sólo componen ese pasado, sino que son también nuestros/as contemporáneos/as (Rufer, 2010).

Las condiciones de posibilidad

La calificación del ex SI como lugar de memoria no fue un hecho fortuito ni necesario, sino que existieron una serie de antecedentes que posibilitaron este proceso, en un contexto de cambiantes relaciones de fuerza entre los/as actores/as involucrados/as. De este modo, establecemos una serie de antecedentes que, entre los años 1998 y 2001, fungieron como condiciones de posibilidad: a) conmemorativos, vinculados a la movilización y visibilización de determinadas memorias en torno al lugar, tales como las acciones recordatorias de los organismos locales[8] en torno al ex CCD y la conformación del Museo de la Memoria; b) político-gubernamentales, en relación a la disputa –territorial y simbólica– entre la policía de Santa Fe y el gobierno provincial, como las acciones específicas contra represores[9] que se desempeñaban en la Policía de Santa Fe; y c) judiciales, ligados a las investigaciones forenses centradas en el ex CCD, en el caso de las inspecciones en el marco de los Juicios por la Verdad Histórica[10] y el hallazgo de documentación, objetos y restos óseos en el edificio de la jefatura. Estos antecedentes contribuyen a dilucidar por qué de los más de veinte ex CCD y lugares de tránsito vinculados al accionar represivo en el departamento Rosario (Cinto y González, 2017), sólo el ex SI fue recuperado tempranamente para configurarse, luego, como objeto sostenido de políticas de memoria.

En términos conmemorativos, el año 1998 aparece como un punto de partida tanto local como nacional en lo que refiere a políticas de memoria en torno a la última dictadura en general y a ex CCD en particular (Barbuto, 2012; Da Silva Catela, 2014; Feld, 2017; D’ Ottavio, 2017). En Rosario, el 15 de enero de 1998 los organismos se movilizaron hacia el ex SI,[11] tras la ronda en la Plaza 25 de Mayo de cada jueves. Encabezada por Madres de Plaza 25 de Mayo (en adelante, Madres) y Abuelas de Plaza de Mayo-Rosario (en adelante, Abuelas), la movilización fue acompañada por Familiares de detenidos-desaparecidos por razones políticas y gremiales (en adelante, Familiares), el Servicio de Paz y Justicia (en adelante, SERPAJ), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (en adelante, APDH) y organizaciones como el Movimiento al Socialismo, Venceremos, el Partido Comunista, el Partido Obrero y anarquistas.

Fotografía 3
Movilización frente al ex SI, Rosario.
Repudio frente a la ESMA rosarina (16 de enero de 1998). Página/12. Fondo Norma Birri de Vermeulen. Centro documental “Rubén Naranjo”. Museo de la Memoria de Rosario.

Esta movilización se inscribió en una coyuntura particular: el decreto firmado por el entonces presidente, Carlos Saúl Menem, el 6 de enero de ese mismo año, para trasladar la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), “destinar al uso público los terrenos que actualmente ocupa (…) y erigir en dicho aspecto libre un símbolo de la unión nacional”.[12] La decisión obtuvo rápidamente el repudio de los organismos de la ciudad de Buenos Aires que, mediante sostenidos reclamos y acciones judiciales, lograron frenarla (Schindel, 2009; Guglielmucci, 2011; Feld, 2017; Larralde Armas, 2017). La extensa cobertura mediática del hecho llegó a Rosario, donde se organizó la mencionada movilización frente al ex SI, definido durante el acto como “nuestra propia ESMA”.[13] De esta manera, en busca de concitar la atención pública mediante la comparación con el emblemático ex CCD porteño, los organismos locales apuntaban a visibilizar el funcionamiento represivo del ex SI en tanto parte de la entonces Jefatura de Policía.

En aquel contexto no existían experiencias de recuperación de ex CCD en Argentina, aunque sí se habían generado debates públicos acerca del destino de esos espacios físicos.[14] Particularmente en Rosario, estaba aún en ciernes el destino del Museo de la Memoria, creado el 26 de febrero de 1998 por ordenanza municipal, que comenzó a funcionar en marzo de 2001.[15] A partir de la iniciativa de una comisión conformada por organismos y la presentación oficial por parte de concejales de la Unión Cívica Radical, se estableció como su sede definitiva el edificio del ex Comando del II Cuerpo de Ejército.[16] El Museo de la Memoria no sólo se presenta como antecedente en cuanto a la articulación entre el Estado –en este caso, municipal– y organismos locales para gestionar el espacio,[17] sino que también funcionó como un punto de referencia de las discusiones en torno al ex SI, especialmente, para establecer posiciones acerca de cómo debía ser un lugar de memoria.

Sobre los antecedentes político-gubernamentales, vimos en la introducción que el ex SI se ubica en una de las esquinas de un monumental edificio que, desde 1930 hasta 2004, fue la jefatura de la policía provincial. Esto implica que, mientras se producía el proceso de recuperación, la policía ocupaba el resto del edificio. Durante la primera gobernación del peronista Jorge Obeid (1995-1999), en agosto de 1998, se habían iniciado tratativas para trasladar la jefatura a otras dependencias. La intención era poder disponer del edificio como sede local del gobierno provincial, hecho que culminó en 2004 durante la segunda gobernación de Obeid (2003-2007). Si bien el traslado fue presentado por éste como una decisión que contribuiría a “una mejor tarea policial”, su ministro de gobierno, Roberto Rosúa, declaró que: “liberamos para Rosario el viejo edificio y lo recuperamos sacándolo de las viejas connotaciones que la policía tenía en alguna etapa de la historia de este país”.[18]

Asimismo, mientras permanecían vigentes las llamadas leyes de impunidad,[19] salieron a la luz una serie de denuncias sobre la permanencia de integrantes de la patota de Feced[20] en la policía provincial. Estas denuncias incluyeron un escrache de la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio de Rosario (En adelante, HIJOS) a José Rubén Lo Fiego, ex miembro de la patota, en junio de 1998,[21] y culminaron con el pase a retiro de seis comisarios que la integraron en octubre del mismo año.[22] En ello fue de relevancia el conocido como “Informe Borgonovo”, elaborado en 1997 por Esteban Borgonovo, militante peronista detenido en el ex SI, durante su desempeño como subsecretario de asuntos legislativos del primer gobierno de Obeid. El objetivo del informe era reconstruir el accionar represivo en Rosario durante la última dictadura a partir de la causa Feced–entonces archivada–, en un contexto en el que “si bien la investigación en el país estaba paralizada (…) había reclamos de España e Italia”.[23] Estos antecedentes político-gubernamentales dan cuenta de la convivencia social que existía con los represores, en el marco de la configuración del edificio como territorio de disputa entre la policía y un gobierno provincial que propiciaba el resquebrajamiento del “clima de impunidad” imperante.

En lo que concierne a los antecedentes judiciales, el ex SI se constituyó como foco del accionar judicial en torno a la aludida causa Feced que, conformada en 1984 a partir de las denuncias de sobrevivientes y familiares de desaparecidos/as y asesinados/as, está centrada en los delitos de lesa humanidad cometidos en este CCD. A partir de la causa, el lugar fue cobrando un valor forense como “evidencia material” y “escena” de los crímenes allí cometidos, mediante el accionar específico de abogados/as “expertos/as en derechos humanos” (Vecchioli, 2007, p. 6) que trabajaban junto con los organismos. Este aspecto se inscribe en la preeminencia del paradigma jurídico como marco de representación de la última dictadura desde el Juicio a las Juntas Militares en 1985 (Vezzetti, 2012; Crenzel, 2017), proceso del que los ex CCD no han quedado exentos. De esta manera, la Justicia se configuró como “territorio en el que quedaba definida la intervención posible sobre la etapa del terrorismo de Estado y el lugar central del agravio a las víctimas, representadas por una figura mayor del crimen moral y social, el desaparecido” (Vezzetti, 2012, p. 194).

En este contexto, el 11 de noviembre de 1999, se produjo un hecho inédito: el mencionado ministro de gobierno, Rosúa,[24] habilitó el ingreso por primera vez de periodistas, fotógrafos y organismos al ex CCD (Águila, 2007), sin que fuera avalado por el jefe de la policía, Oscar Francisco Partal. En aquella coyuntura, el ministro expresó la voluntad del gobierno de “mantener el sitio tal como lo recibimos para preservar la verdad histórica, en este caso desde el punto de vista físico”.[25] Esta “postura preservacionista” (Guglielmucci, 2011, p. 5) se encuadra en la necesidad de resguardar el espacio físico en medio de la disputa con la policía y, a la vez, se liga con la significación judicial del CCD, considerando que preservar la materialidad implicaba preservar su valor al compás de la realización de los Juicios por la Verdad Histórica en diferentes ciudades del país.

Luego de esta “apertura a la sociedad” y como parte de las investigaciones judiciales, el 12 de noviembre de 1999 integrantes de Madres y Familiares ingresaron al ex CCD junto a la abogada que las representaba y al juez federal Carlos Carrillo, en busca de “pruebas de la represión ilegal”.[26] Este ingreso, previo a la recuperación, fue significativo para las representantes de los organismos no sólo por su valor probatorio, sino porque allí habían estado por última vez sus familiares desaparecidos/as: “tocar esas paredes (…) era como sentir que los habíamos encontrado, en cierta forma, y, al mismo tiempo, un gran dolor, porque los encontramos y pudimos comenzar un duelo”.[27] El hecho conjugaba, entonces, el valor del ex SI como prueba judicial y su valor emocional y afectivo (D’ Ottavio, 2017; Messina, 2019; Olmos, 2019) en tanto espacio de duelo habilitado a partir del reconocimiento oficial del lugar como ex CCD.

Tras la inspección judicial, el jefe de la policía brindó una conferencia de prensa anunciando el “hallazgo” de “archivos de la represión” en el entretecho del edificio de la jefatura.[28] Esta forma de denominar la documentación no fue ingenua, pues se trataba de un significante vinculado a la búsqueda de justicia de gran relevancia para los organismos (Kahan, 2007).[29] De tal modo, el SERPAJ, HIJOS y APDH presentaron una denuncia ante el juzgado federal de turno, que derivó en el secuestro de parte del material con la cobertura de la prensa local.[30] Entre lo hallado, se encontraron bolsas de consorcio con documentación, una camilla ginecológica y restos óseos que, luego, se determinó que habían sido dispuestos intencionalmente allí. Este descubrimiento, denunciado por los organismos como emergente de una interna policial,[31] no sólo condujo al desplazamiento del jefe policial, sino que puso públicamente de relieve que en un sector de la jefatura había funcionado un CCD. Y, aunque la mayor parte del “hallazgo” no resultó significativo para las causas en curso, contribuyó a fortalecer la representación del ex CCD como un lugar donde “encontrar la verdad”, es decir, las pruebas de lo acontecido durante la última dictadura en tanto “escena del crimen”.

Finalmente, el 22 de marzo de 2001, a 25 años del golpe de Estado y durante el segundo gobierno del peronista Carlos Reutemann (1999-2003), el ministro de gobierno, Ángel Baltuzzi, firmó una resolución que estableció la preservación de las dependencias del ex SI: “en el estado en que se encuentran actualmente, evitando modificaciones estructurales que impidan su utilización futura para reconstruir y preservar la memoria colectiva”.[32] La resolución había nacido de una presentación realizada por APDH, Familiares, ex presos políticos cercanos a estos organismos y el secretario de Derechos Humanos (en adelante, DDHH) del Partido Justicialista, Osvaldo Turco, tomando como base la causa Feced. En este sentido, la resolución condensa los antecedentes conmemorativos, político-gubernamentales y judiciales delimitados, al oficializar la relevancia del ex CCD para “reconstruir y preservar la memoria colectiva” en relación con su valor judicial, pero, fundamentalmente, estableciendo la presencia del gobierno provincial en un territorio en disputa con las fuerzas policiales. Así, estos antecedentes configuraron el proceso social de calificación del ex SI como lugar de memoria, del que destaca como hito su recuperación.

Las primeras reuniones: sobre compromiso y compañerismo

La gestación de la recuperación del ex SI se produjo durante el año 2001, mediante reuniones entre representantes del Estado provincial y de los organismos locales Madres, Abuelas, Familiares, la Liga Argentina por los Derechos Humanos (en adelante, LADH), APDH, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (en adelante, MEDH) e HIJOS. Fue invitada a las reuniones, además, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (en adelante, AMSAFE)-delegación Rosario, que contaba con una secretaría de DDHH. La integración del gremio en pie de igualdad con los organismos para la recuperación del ex CCD es un elemento notorio y destacable de la experiencia rosarina. Su participación, concretada a través de Patricia, se relaciona con los vínculos afectivos y la afinidad ideológica que ligaban a las integrantes de esta secretaría con los organismos locales: “todas las que estábamos ahí, de alguna manera, teníamos que ver con todos los procesos, con todo el desastre provocado durante la dictadura, y muy conectadas con los organismos. Quien más, quien menos, tenía una amiga, un amigo”.[33] El trabajo conjunto entre el sindicato docente y los organismos se debía no sólo a los/as militantes que compartían, sino también al interés que estos últimos habían mostrado tempranamente por la transmisión de sus memorias en espacios educativos, de la mano de la asociación gremial (Alonso, 2011).

Por su parte, los/as sobrevivientes del ex SI no integraron estos encuentros iniciales.[34] Mientras que representantes de organismos afirman que se realizó una amplia convocatoria pública para invitarlos/as, algunos/as sobrevivientes sostienen que fueron contemplados/as solamente aquellos/as que ya sostenían una relación de cercanía con los organismos.[35] En esta línea, en estas reuniones cobró relevancia la presencia del mencionado Turco, quien comenzó a desempeñarse como delegado en la ciudad del nuevo ministro de gobierno provincial, Lorenzo Domínguez.[36] Su participación funcionó a modo de nexo entre las demandas de los organismos y la gestión provincial. Élida, integrante de Familiares, refiere al respecto:

[Reutemann] hizo una cosa buena, que la vamos a destacar. Nombró a Osvaldo Turco, que es un hombre político de toda la vida, que es del peronismo (…) él lo llama a su amigo del alma, que es nuestro compañerazo también, que es Osvaldo Braccone. Entonces, Turco le dice a Braccone, decime una cosa, Braccone, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Y los dos dijeron lo mismo, tenemos que recuperar lo que tenemos acá en la esquina, donde estuvieron los compañeros.[37]

Tanto Turco como Braccone pueden ser considerados actores posicionados de manera híbrida (Messina, 2016) o, en otras palabras, actores que simultáneamente se presentan como estatales y extraestatales. En tanto ex detenidos durante la última dictadura, ambos eran cercanos a los organismos, a la vez que, como militantes peronistas, formaban parte del gobierno provincial: el primero, como delegado ministerial, y el segundo, como empleado público. Su intervención fue central en un escenario donde las relaciones entre el gobierno provincial y los organismos eran tensas y conflictivas, dada la adscripción ideológica del propio Reutemann, cercano a los sectores más conservadores del peronismo (Alonso, 2011). Asimismo, su definición como compañeros por parte de los organismos nos brinda algunas pistas acerca de los criterios de legitimidad política para sostener la articulación. Compañero es una categoría nativa ligada al peronismo que “involucra contenidos de tipo moral” (Balbi, 2007, p. 69), es decir, formas de ser y estar vinculadas a un deber ser (Cardoso de Oliveira, 2012). En este caso, la denominación de estos actores como compañeros no señala solamente su militancia peronista, sino, ante todo, el compromiso político y, fundamentalmente, afectivo que establecen ante los organismos y con la “causa de los derechos humanos” (Vecchioli, 2007, p. 16). De este modo, estos actores resultaron figuras clave para habilitar la recuperación del ex SI y promover la articulación entre los organismos y el Estado provincial.

Al mismo tiempo, en el marco de estas reuniones iniciales, los organismos definieron la incorporación desde octubre del año 2001 de una antropóloga, Silvia, bajo la intención de recibir asesoramiento técnico respecto a qué hacer en el ex CCD. Ella había sido recomendada por el mencionado Braccone, en tanto compañera peronista de la misma generación. Pero su consideración como tal trascendía, al igual que en el caso de Turco y Braccone, su adscripción peronista. La antropóloga mantenía una relación muy cercana con HIJOS-Rosario, no sólo porque “eran los hijos de [sus] compañeros”,[38] sino también porque habían compartido diversas instancias colectivas: una serie de talleres, a fines de los años 90’s, para trabajar cuestiones vinculadas a identidad; una cátedra libre de DDHH en la Facultad de Humanidades y Artes; el trabajo que realizaban en el barrio de República de la sexta en relación con el centro comunitario La Rigoberta;[39] y talleres de formación política, de orientación peronista, donde participaban integrantes de HIJOS y otros/as jóvenes interesados/as. Manuel, representante de HIJOS-Rosario, relataba que esos espacios de trabajo conjunto:

[N]o quedaba[n] reducido[s] al peronismo, pero sí había toda una manera de pensar la identidad, la relación con la historia, la memoria, lo colectivo, las luchas sociales y las experiencias de los 60’s, pero además todas las experiencias de lucha anteriores (…) eso nos planteó durante buen tiempo una relación con Silvia y parte de su equipo, que cuando nosotros somos convocados al proyecto del SI la invitamos a que sea parte.[40]

A partir de este vínculo previo, de cercanía afectiva y afinidad ideológica, también los/as militantes de HIJOS propusieron a los demás organismos que Silvia se sumara para asesorarlos/as. A su vez, su incorporación se debió a la vacancia existente respecto de otras experiencias de recuperación en el país, pero también a la consideración de que ella podría saber qué hacer en el ex CCD. Sostiene Élida al respecto:

[R]ealmente, nosotros no sabíamos qué hacer (…) nosotros no nos podíamos mover ahí adentro, qué se nos va a ocurrir qué hacer (…) queríamos fundamentalmente que vayan, que vean el lugar, que nos digan ellos qué era lo que parecía que había que hacer, que nosotros tuviéramos participación en las cosas que había que hacer.[41]

Existía, en estos comienzos, un reconocimiento de autoridad y expectativa en relación a la antropóloga, aunque el objetivo de los organismos era que dicho asesoramiento no reemplazara su punto de vista, sino que lo complementara. Con ello, Silvia fue convocada por su saber hacer con otras organizaciones –especialmente, con HIJOS–, antes que sólo por su experticia en investigación y docencia. En efecto, para los organismos su trayectoria y vínculos personales eran un valor destacado que legitimaba su convocatoria y participación. En este sentido, al igual que Turco y Braccone, la antropóloga quedaba legitimada políticamente para intervenir en el ex CCD dadas sus relaciones afectivas y de proximidad con integrantes de los organismos. Ello habilitaba su delimitación como compañera no sólo por su militancia peronista, sino porque su incorporación a través de los organismos demostraba su compromiso con la causa.

“Una pequeña conquista”: la consolidación de la calificación

Considerando las condiciones de posibilidad desarrolladas con antelación y el entramado de actores/as hasta entonces involucrados/as, en el mes de mayo del año 2002 se institucionalizó la calificación del ex SI como lugar de memoria. A nivel nominal, ello implicó su denominación como Centro Popular de la Memoria el Pozo (en adelante, Centro Popular), nombre que condensaba la articulación no sólo entre los/as organismos integrantes, sino que también incluyó al Equipo de Investigación por la Memoria Político–Cultural (en adelante, el equipo) conformado por Silvia para llevar a cabo la tarea encomendada, y a sobrevivientes del ex SI que se sumaron a través de éste (Cinto, 2019, 2022). A nivel político, la calificación supuso inscribir la marca fundacional del ex SI en el contexto de las disputas simbólicas y territoriales que el gobierno provincial sostenía con la policía, estableciendo a la recuperación como una “conquista” del Estado, pero, principalmente, de los organismos sobre esta fuerza de seguridad.

Algunos/as entrevistados/as han resaltado que la crisis del 2001 precipitó la decisión del gobierno provincial de oficializar la cesión del ex CCD al conjunto de organismos. En este marco, tras las investigaciones judiciales acerca de los asesinatos de diciembre de 2001, en marzo de 2002 el gobernador reemplazó al ministro de gobierno, sospechado de participar en los hechos represivos.[42] En su lugar, fue designado Borgonovo, autor del informe que logró el desplazamiento de represores de la policía provincial. Efectivamente, esta decisión podría vincularse con la búsqueda por establecer relaciones más cercanas con los organismos luego de diciembre de 2001, dado que Borgonovo era también un actor híbridamente posicionado. Si bien es posible afirmar que el gobierno provincial necesitaba recuperar legitimidad política ante los asesinatos y que es probable que la cesión del ex SI haya sido un modo de “acercar posiciones”, también es cierto que, en la correlación de fuerzas de esta particular coyuntura, los organismos hallaron la posibilidad de concretar un reclamo que venía siendo trabajado junto al Estado provincial en los meses previos, propiciado por los antecedentes analizados.

Reuniones mediante con el nuevo ministro, el 9 de mayo de 2002 fue firmado el decreto provincial N° 0717, que estableció la creación del Centro Popular en el CCD el Pozo, considerando como antecedente la ya mencionada resolución. Esta denominación no fue un producto exclusivo de la nominalización estatal, sino fruto de los acuerdos logrados en el marco de las reuniones iniciales, y trasciende la jerga militar presente en el modo de denominar a otros ex CCD recuperados en el país. En efecto, el nombre nació de la mano del relevamiento de experiencias previas realizado por el equipo, en consonancia con el proyecto de la “Galería de la Memoria” colombiana,[43] en busca de diferenciar al ex SI del incipiente Museo de la Memoria y su contenido definido como academicista. En contraposición, el Centro Popular buscaba construir un contenido militante, “de lucha”, centrado en la producción de instancias memoriales colectivas, el protagonismo de los/as sobrevivientes y la reivindicación de las raíces latinoamericanas.

Por su parte, referirse al ex SI como el pozo tenía sus propios antecedentes: informes de la CONADEP Rosario y un proyecto de la Cámara de Diputados de la Nación para declarar de interés nacional al ex CCD, de septiembre de 2002, se refieren al ex SI como “el pozo y/o la favela”. Asimismo, en términos edilicios, el Pozo había sido una forma de denominar específicamente al sótano por parte de algunos/as detenidos/as. Graciela, integrante del equipo, destaca que esta forma de nombrar al ex CCD surgió de los/as sobrevivientes que acompañaron el proyecto de investigación: “hablaban del lugar como el pozo. Entonces para nosotros era el pozo. De hecho, Centro Popular de la Memoria el pozo se llamaba. Pero los organismos, todos, estaban de acuerdo con llamarlo así”.[44] En esta línea, retomar el nombre el Pozo cobró sentido en relación a formas contemporáneas de referirse al ex CCD observables en la prensa local, donde el lugar en su totalidad era referenciado como “el sótano del horror”, “las catacumbas del horror” o “el sótano de la muerte”.[45] Por lo tanto, esta asociación era un significante ya disponible socialmente cuando, con su recuperación, el ex CCD fue calificado a nivel nominal como Centro Popular en el año 2002.

El decreto N° 0717 incluyó, como anexo, un convenio que estableció la cesión del lugar por diez años a una comisión directiva compuesta por dos representantes del Estado provincial “que acrediten vocación en la defensa de los Derechos Humanos y el respeto de las libertades públicas”,[46] y un representante por cada uno de los organismos firmantes: Madres, Abuelas, Familiares, el MEDH, la LADH, HIJOS. Rosario y AMSAFE.[47] La organización de la gestión del recuperado ex SI a través de la figura de una comisión puede leerse como continuidad de políticas estatales en la materia, desarrolladas antes y después en el resto del país. Así, encontramos no sólo la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (en adelante, CONADEP) creada en el año 1983, sino además diversas comisiones conformadas durante la década de 1990 y del 2000 para la construcción de monumentos, la administración de otros ex CCD o la definición e implementación de políticas de memoria (Vecchioli, 2001; Guglielmucci, 2011; Crenzel, 2014; Cueto Rúa, 2018; Ohanian, 2019, entre otros). No obstante, a diferencia de otros casos, la comisión del ex SI no se caracterizó por estar compuesta por expertos/as, sino que las credenciales de autoridad[48] con las que contaban sus integrantes se vinculaban a la militancia en DDHH y/o al reconocimiento de un compromiso con la causa por parte de esta militancia. Es decir, fue ponderada la adscripción militante, en representación de determinada organización ligada a la militancia en DDHH, antes que la trayectoria académica y/o intelectual de sus integrantes.

Asimismo, el decreto especifica que la cesión no conllevará “erogación presupuestaria alguna” y que los organismos “deberán contratar un seguro de responsabilidad civil que mantenga indemne al Estado Provincial de los eventuales reclamos por accidentes, daños y perjuicios”. Sobre ello, Nadia, militante de HIJOS, expresa que: “el Estado se desentendía totalmente, se lo entregaba a los organismos y punto, lo cual en su momento fue una conquista, fue un gran logro, lo celebramos, porque fue sacarle eso a la policía”.[49] En este sentido, la recuperación significaba una “pequeña victoria” que enfatizaba que “ese lugar ya no les pertenece y ellos lo saben”, como señalaba una integrante de Madres.[50] Así, en la construcción de esta articulación que calificó al ex CCD como Centro Popular, con el conflicto como marco, se afianzaron lazos afectivos y políticos frente a lo concebido como amenaza (Sabatella, 2016), estableciendo a la recuperación como una conquista frente a la policía. Pero, a la vez, puede interpretarse como una conquista ante un gobierno provincial que no se destacaba por acompañar la causa de los DDHH, ya que dejaba en manos de los organismos firmantes el poder de decisión sobre el ex CCD, así como su mantenimiento cotidiano.

Mientras se realizaban actividades conjuntas para reunir fondos para el sostenimiento del lugar y el equipo de investigación desarrollaba las primeras exploraciones allí, el 9 de diciembre de 2002 fue inaugurado el Centro Popular[51] mediante un acto organizado por la comisión en la puerta del ex CCD. Durante el acto, del que participaron los organismos firmantes, integrantes del equipo, sobrevivientes y allegados/as, fue descubierto un gran cartel de chapa colocado justo encima de las ventanas del balcón de la que fue la sala de torturas del ex CCD.

Fotografía 4
Cartel instalado durante la inauguración
Fotograma de Centro Popular de la Memoria-Video informe de avance, 2003.

El cartel, en tanto señalización externa del ex SI, se presenta como la primera marca exterior que lo calificó públicamente como lugar de memoria. La presencia destacada en el cartel del nombre el Pozo –que posteriormente suscitaría fuertes controversias, incluso entre los propios organismos–[52] nos permite afirmar que contaba con el acuerdo general de los/as actores/as involucrados/as en esta instancia. No obstante, la articulación política fundacional comenzaría a resquebrajarse al año siguiente, ante la emergencia progresiva de desacuerdos que, posteriormente, condujeron a objetar los elementos que caracterizaron la calificación del ex SI como lugar de memoria, entre ellos el nombre el Pozo.

Conclusiones

La recuperación del ex SI, iniciada en el año 2001 y oficializada al año siguiente, aparece como un mojón en su proceso de calificación como lugar de memoria, pero, a la vez, lo excede, pues éste se remonta a una serie de antecedentes conmemorativos, político-gubernamentales y judiciales iniciados en 1998. De tal modo, la recuperación no fue el comienzo del proceso social de calificación del ex SI, sino el producto de una demanda previamente impulsada por determinados/as actores/as en una coyuntura particular posibilitada por el anudamiento de los mencionados antecedentes. El año 1998 es así considerado como un momento bisagra que señala una ruptura respecto del paulatino proceso de visibilización y marcación del ex SI como lugar de memoria en la ciudad de Rosario. En tal sentido, el análisis de este caso se entronca con acontecimientos que, a nivel nacional, fueron habilitando las condiciones de posibilidad para que diversas recuperaciones de ex CCD se sucedieran desde entonces en diferentes ciudades del país. Sin embargo, cabe destacar que el caso del ex SI se ubica como una de las primeras experiencias en Argentina, trascendiendo la periodización frecuentemente establecida para las políticas de memoria a partir del año 2003, de la mano de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011 y 2011-2015).

En términos generales, las políticas de memoria respecto de ex CCD en Argentina se caracterizan por la participación de actores/as estatales y extraestatales, así como de aquellos/as ubicados/as en posiciones híbridas que contribuyen a la articulación entre los/as primeros/as. Si bien el caso analizado no constituye una excepción al respecto, permite iluminar tramas relacionales y procesos de legitimación que podrían permanecer desatendidos u homogeneizados bajo la dicotomización entre Estado-sociedad. En efecto, la intermediación de ex presos políticos que también eran parte del Estado fue central para acercar a los organismos con un gobierno provincial que no se caracterizaba por acompañar sus demandas, posibilitando las reuniones que gestaron la recuperación del ex SI. Ciertamente, los organismos se ubicaban como los actores con mayor legitimidad para impulsarla y es en relación a ello que cobra relevancia la definición de compañeros/as: quienes fueron así definidos/as por los organismos contaron con la confianza y autorización para intervenir en las políticas de memoria en torno al ex SI. Así, el compromiso de los/as compañeros/as fue medido en función de la proximidad afectiva y política con quienes encarnan la causa de los DDHH. Bajo este modo de legitimación, fue convocada a participar una antropóloga muy cercana a HIJOS-Rosario, y fue a través de ella y el equipo de investigación que conformó que algunos/as sobrevivientes del ex SI pudieron formar parte de la calificación a nivel político, logrando legitimidad para participar del proceso, pues no habían sido contemplados/as en las instancias previas al convenio de cesión.

A nivel político, la calificación del ex SI implicó la articulación no preexistente entre los organismos, el gremio AMSAFE, el Estado provincial, el equipo de investigación y sobrevivientes del ex CCD. Pese a estar atravesada por matices y diferencias, esta articulación cobró espesura y fuerza en el marco de las disputas territoriales y simbólicas sostenidas frente a la policía provincial que aún ocupaba el resto del edificio. De este modo, la recuperación fue leída por parte de los/as actores/as involucrados/as como una conquista: frente a la policía, pero también ante un gobierno provincial poco cercano a la causa de los DDHH. En este escenario fue inaugurado el Centro Popular en diciembre del año 2002, calificación que, a nivel nominal, quedó fuertemente anudada a este particular entramado de relaciones. Esta marca fundacional del ex CCD fue posteriormente objetada, reivindicada o resignificada según los/as actores/as en cuestión, en contextos que habilitaron u obturaron determinadas políticas de memoria. Con ello, resulta necesario contemplar analíticamente el carácter siempre abierto y en disputa de los procesos de calificación de espacios físicos ligados al accionar represivo, pues implican debates y controversias –de los que los/as investigadores/as ineludiblemente formamos parte– no sólo acerca de los sentidos sociales del pasado, sino también del presente y del futuro.

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Notas