Introducción

El artículo propone abordar la huelga docente desarrollada en todo el país entre marzo y mayo de 1988, bautizada como el Maestrazo, uno de los conflictos laborales más importantes del período. Nuestro recorte se basa en la participación de maestras y profesores de educación primaria y media de escuelas públicas de Capital Federal en esta disputa. Para llevar a cabo este trabajo relevamos periódicos comerciales y la prensa de agrupaciones de izquierda marxista, efectuamos dos entrevistas a dirigentes de sindicatos porteños e indagamos sobre dos libros elaborados por dirigentes de la Lista Celeste del gremio: uno sobre la historia de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (en adelante, CTERA) (Balduzzi y Vázquez, 2003), y otro sobre la Unión de Maestros Primarios (en adelante, UMP)[1] de Capital Federal (Vázquez Gamboa, Fernández, De Acha y Mario, 2007) que incluye testimonios de protagonistas del Maestrazo.

El tema ya ha sido tratado en otros escritos desde diferentes enfoques: acerca de su dinámica general (Acri, 2022; Glaz, 2002), del vínculo entre la dirigencia de CTERA y el gobierno nacional (Nardacchione, 2014), del accionar de sindicatos de diferentes partes del país que integraban la confederación como Santa Fe (Andelique y Tonon, 2014), Chubut (Pérez Álvarez, 2020) y provincia de Buenos Aires (Labourdette, 2014), y desde la perspectiva de una agrupación gremial (Migliavacca, 2006). En este artículo nos planteamos como objetivo examinar algunos de los aspectos de la participación de las y los docentes de la ciudad de Buenos Aires durante la huelga. Una de las hipótesis del escrito consiste en inscribir esta forma de intervención de las bases como un elemento de la cultura emergente (Williams, 2009, pp. 161-164) existente al interior del movimiento obrero en esta coyuntura. Consideramos que, desde el epílogo de la última dictadura, en diferentes conflictos laborales hubo colectivos de trabajadores que expresaron prácticas y discursos que iban más allá de los límites de la democracia representativa predominante en esos años. De forma contradictoria, podemos observar en ellos una aceptación de las normas del Estado de Derecho que incluía la confianza en las instituciones, la centralidad del voto, la “demonización” de prácticas políticas y sindicales radicalizadas de las décadas previas, pero a la vez, la ponderación de un repertorio de protesta (Tilly, 1995, p. 30) que ya estaba presente en la tradición (Hobsbawm, 1983, pp. 7-10) del movimiento obrero, como la realización de asambleas resolutivas, la elección de delegados en sitios laborales y el repudio al accionar burocrático de las dirigencias sindicales tradicionales.[2]

Otro de nuestros objetivos consiste en pesquisar la injerencia en este conflicto de algunas de las corrientes políticas que contaban con dirigentes y activistas en el gremio. Por un lado, observamos la actuación de la Lista Celeste, la agrupación peronista que conducía una de las dos CTERA cuyo secretario general era Marcos Garcetti, y la principal entidad del conurbano bonaerense, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (en adelante, SUTEBA). Por otro, examinamos las posiciones del Partido Comunista (en adelante, PC) y el Movimiento Al Socialismo (en adelante, MAS), agrupaciones de izquierda que tenían influencia en el gremio a nivel nacional, y codirigían junto al Partido Obrero (en adelante, PO) a la UMP, uno de los sindicatos más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Además, el PC integraba la dirección de la Asociación de Enseñanza Media y Superior (en adelante, ADEMYS) junto al Partido Intransigente (en adelante, PI) y otras agrupaciones independientes, cuya mayoría de afiliados pertenecía a Capital Federal. A partir de esta meta, como segunda hipótesis señalamos que las tácticas de estas agrupaciones políticas repercutieron en el devenir del Maestrazo y, en particular, en las formas de organización de las bases porteñas. Al mismo tiempo, sostenemos que el desarrollo de la contienda laboral incidió sobre estos nucleamientos provocando cambios en la estructura sindical. En suma, tanto por la región estudiada como el enfoque elegido, nos proponemos realizar un aporte a una temática poco explorada por la historiografía sobre el movimiento obrero, en general, y el gremio docente, en particular.

Los cambios en el sindicalismo docente antes del Maestrazo

Los orígenes de esta protesta se encuentran tanto en factores estructurales como subjetivos. En cuanto a los primeros, nos referimos al gran deterioro del poder adquisitivo de la clase obrera como consecuencia de los cambios económicos de los últimos años. En términos generales, el salario real había disminuido un 33% entre 1984 y 1988 (Rapoport, 2000, p. 922). En el gremio docente la caída era más profunda y, también, desigual por diferentes razones.[3] Por un lado, a nivel interjurisdiccional existía una disparidad salarial a lo largo del país que podía alcanzar el 50% de diferencia entre una provincia y otra. Ello era producto de la transferencia de los servicios educativos del nivel inicial y primario del Estado nacional a las provincias llevadas adelante en 1978 (Migliavacca, 2006, p. 6). Por otro lado, las divergencias también se daban entre los distintos niveles, dado que el nivel medio y el universitario estaban bajo la órbita del Ministerio de Educación Nacional, mientras que la mayor parte de los y las maestras de primaria dependían de los gobiernos provinciales.

Este empeoramiento de las condiciones de vida fue la razón principal del descontento, aunque también debemos tener en cuenta la composición y los cambios en el gremio que explican por qué el conflicto estalló en 1988 y tuvo características casi inéditas en la historia del sindicalismo docente.[4] Para ello, debemos detenernos en las luchas políticas, tanto dentro como fuera del gremio. Este último estaba dividido en varias asociaciones de diferentes grados y áreas de incumbencia: entre privados y públicos, por rama laboral, por área educativa, además de la existencia de sindicatos zonales y regionales. A escala nacional encontramos como principales referentes a la Unión Docentes Argentinos (en adelante, UDA), sindicato de primer grado cuya dirección estaba alineada con el peronismo ortodoxo, y a CTERA. Esta última era una confederación fundada en 1973, compuesta por sindicatos provinciales y nacionales de diferentes ramas y niveles, aunque sin potestad jurídica para la negociación salarial (Nardacchione, 2014, p. 341). En ella confluían activistas de diferentes orientaciones partidarias, predominando la Unión Cívica Radical (en adelante, UCR), el PC, diferentes fracciones del viejo Partido Socialista y agrupaciones peronistas. Además, tenían presencia el PI, la Democracia Cristiana (en adelante, DC), el Partido Comunista Revolucionario (en adelante, PCR), el MAS y el PO. A partir del congreso normalizador de 1985, UDA se integró a la entidad confederal. Esto último facilitó el ingreso de CTERA a la Confederación General del Trabajo (en adelante, CGT) al año siguiente.

En Capital Federal, convivían diferentes sindicatos, muchos de los cuales también pertenecían a la confederación como la UMP, la Asociación de Docentes de Educación Física (en adelante, ADEF), la seccional Capital de UDA y ADEMYS. De todos ellos, tanto el primero como el último contaban con dirigentes provenientes de partidos de izquierda, principalmente el PC. En el caso de UMP, en las elecciones de 1986 triunfó un frente que integraban los comunistas junto a trotskistas del MAS y el PO. A pesar del número de entidades, una característica importante del gremio consistía en la baja afiliación de las y los trabajadores de la educación.[5] No obstante, ello no implicaba la inexistencia de organización gremial en las escuelas. En la ciudad porteña hallamos que en UMP existía una tradición de asambleas donde participaban activistas y delegados, y en las cuales se daba un intenso debate político.[6]

Mientras el deterioro salarial avanzaba, CTERA pasó de una posición expectante hacia el gobierno (por ejemplo, no adhirió a la primera huelga general lanzada por la CGT en septiembre de 1984) a plantear varios litigios que tuvieron como principal reclamo la cuestión de los haberes.[7] Además, al interior del gremio se registraron disputas internas y cambios organizativos que influirían en las características del Maestrazo. En 1986, la Lista Celeste impulsó la creación de SUTEBA en la provincia de Buenos Aires, la cual integró en una sola asociación a numerosas entidades locales. La agrupación peronista logró imponer un criterio verticalista de organización, a pesar de la resistencia de algunas corrientes de izquierda como el PC, el MAS y el PO. Los enfrentamientos en el nuevo sindicato bonaerense se trasladaron a nivel nacional, dado que la dirigencia Celeste logró convertirse en el único representante del distrito en CTERA en diciembre, aunque esto no era reconocido por algunas asociaciones del conurbano que no se habían integrado a SUTEBA. Además, las corrientes de izquierda buscaron mantener en algunas localidades la elección de congresales para la confederación mediante el sistema D’Hont y no por lista completa como pretendía la Celeste. En conclusión, no había acuerdo sobre la conformación de la delegación bonaerense para el Congreso ceterista. Una situación similar ocurrió en UMP en donde las agrupaciones tampoco pudieron pactar quiénes integrarían la delegación porteña para el Congreso de 1987.[8]

La dirección de CTERA desde el Congreso Normalizador de 1985 estaba en manos de una agrupación radical (Wenceslao Arizcuren era el secretario general) en alianza con intransigentes, socialistas y comunistas. Por su parte, la Celeste, a partir de su fortalecimiento por la creación de SUTEBA, se trazó como objetivo alcanzar la dirección a nivel nacional. Ello condujo a la división de la entidad: por un lado, la conducción encabezada por Arizcuren se alió con el PC y el MAS. Así, este dirigente fue reelegido en el cargo en el Congreso Confederal de Santa Fe en julio de 1987 (CTERA A). Por otro lado, la Lista Celeste, la Lista Morada (otro sector de la UCR alineado con el alfonsinismo), UDA y agrupaciones del PI y la DC desconocieron dicha elección argumentando que había doble representación de congresales de algunas jurisdicciones. Por lo tanto, realizaron un cónclave paralelo en el cual consagraron al peronista Marcos Garcetti como secretario general. El Ministerio de Trabajo avaló la elección de este último y desconoció la de Arizcuren.[9] El reconocimiento oficial de la entidad encabezada por Garcetti (CTERA G) estuvo vinculado con los acuerdos entre el gobierno nacional y el Grupo de los 15, un nucleamiento gremial del peronismo neoparticipacionista. Estos decantarían en la entrada de Carlos Alderete, sindicalista de Luz y Fuerza, como ministro de Trabajo en enero de 1987 (Novaro, 2009, p. 227).

En el gremio de la educación, ello se tradujo en priorizar canales de entendimiento con la Lista Celeste y con UDA (cercana al Grupo de los 15) por sobre otras agrupaciones de mayor afinidad ideológica como había ocurrido en los años previos.[10] Este acuerdo preveía la creación de una mesa nacional, aunque ello tenía diferentes significados para el gobierno y para la dirección de la confederación legalmente reconocida. Para el Poder Ejecutivo debía servir para encauzar los conflictos provinciales por la disparidad salarial existente. Mientras que para la dirección en manos de la Celeste se trataba de encontrar un ámbito donde consolidar y controlar la conflictividad con el fin de priorizar una negociación salarial y de condiciones de trabajo a escala nacional (Nardacchione, 2014, p. 358). Tras la victoria del peronismo en las elecciones nacionales de septiembre de 1987 que trajo como consecuencia un debilitamiento de la posición del alfonsinismo, las diferencias de criterio entre CTERA (G) y la administración radical se profundizaron. Esto pudo observarse en la huelga impulsada por esta confederación en el final del ciclo lectivo de ese año, cuya consigna principal fue “así terminamos las clases, así no empezamos” (Acri, 2022, p. 324). Por lo tanto, la existencia de dos entidades confederativas dispuestas, desde distintas lógicas, a enfrentar al gobierno configuró una nueva relación de fuerza que encauzó el malestar general de las y los docentes.

El desarrollo del Maestrazo

La larga huelga de 1988 conocida como el Maestrazo fue convocada por CTERA (A) y CTERA (G), los sindicatos adheridos a ellas y la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU). Por momentos, otras asociaciones, como la Confederación Argentina de Maestros y Profesores (en adelante, CAMYP), la Federación Nacional de Gremios de la Educación Privada y la Federación de Educadores Bonaerense se sumaron con medidas de menor duración. La huelga tuvo dos etapas: la primera de 37 días que implicó el no inicio del ciclo lectivo desde el 14 de marzo al 20 de abril, y un segundo momento desde el 19 hasta el 23 de mayo. El reclamo estaba centrado en un aumento de salario (el sector de Garcetti pedía 770 australes de básico, mientras que el de Arizcuren exigía 1000 australes), la unificación de haberes a nivel nacional (nomenclador básico común), y el pedido de incremento del presupuesto destinado al área de educación, entre otras reivindicaciones.[11] La medida tuvo un acatamiento amplio en todos los niveles (se calculaba que el promedio de todo el país alcanzaba un 90% de adhesión durante marzo) y contó con varias movilizaciones masivas: dos “marchas blancas” (25 de marzo y 23 de mayo) en las cuales miles de docentes de todo el país se movilizaron a Capital Federal, y una “marcha de antorchas” (13 de abril) organizada por CTERA (G).[12]

El gobierno nacional negoció solo con la confederación encabezada por Garcetti dado que, como mencionamos, era la única reconocida oficialmente. Igualmente, la otra CTERA se fue diluyendo desde el comienzo del conflicto dado que la agrupación radical comandada por Arizcuren se apartó de la lucha y el PC abandonó la dirección para mantener una posición equidistante de ambas confederaciones.[13] Asimismo, el gobierno intentó debilitar al movimiento huelguista delegando la negociación salarial a las jurisdicciones. Las administraciones provinciales (las gobernadas por radicales como Río Negro, Córdoba y Capital Federal) efectivizaron descuentos de los días de paro.

A pesar de estas sanciones, la huelga continuó vigente. Incluso, la importancia de este enfrentamiento pudo reflejarse en la convocatoria de la CGT a un paro general (el 11° durante la gestión de Alfonsín) para el 14 de abril, cuyo reclamo incluyó el apoyo a gremios en lucha, principalmente al docente.[14] Si bien el motivo central de la protesta consistió en el repudio a la política socioeconómica de la administración radical, esta fue la primera y única vez desde el inicio del período constitucional en que la central obrera lanzó una huelga general en coincidencia y en defensa de trabajadores en conflicto.

Finalmente, el Poder Ejecutivo Nacional encontró en la ley de arbitraje obligatorio la forma de detener la huelga cuando ya transcurrían 35 días desde su inicio. El propio ministro de Trabajo, Ideler Tonelli, admitía que la aplicación de esta norma tenía poco sustento legal dado, entre otras razones, que el gremio no contaba con convenio colectivo de trabajo y el gobierno nacional debía actuar como árbitro y parte al mismo tiempo. No obstante estas contradicciones y el rechazo de una gran cantidad de asambleas en las escuelas, la dirección de CTERA (G) aceptó el arbitraje obligatorio tras dos días de deliberación.[15] No obstante, el acta de conciliación no incluía levantar las sanciones y descuentos aplicados a quienes habían adherido a la huelga en algunas jurisdicciones. Es decir, no se retrotraía la disputa al punto de inicio como marcaba la ley. En definitiva, este impasse desmovilizó por 40 días a la mayor parte de las y los docentes (Pozzi y Schneider, 1994, p. 106).

Cuando el sector de Garcetti retomó la huelga el 19 de mayo, tras el fin de la conciliación, su acatamiento fue bajo, aunque las medidas de fuerza fueron clausuradas con una nueva “marcha blanca” en la que participaron 25 mil personas. Poco después, la dirigencia de CTERA (G) decidió terminar con las acciones directas, tras el compromiso gubernamental de establecer un nomenclador básico común para 21 de las 25 jurisdicciones y de instituir la convocatoria a paritarias (Balduzzi y Vázquez, 2003, p. 36). Sin embargo, con respecto al reclamo central, se obtuvo un aumento salarial por debajo de lo solicitado dos meses antes. En todas las jurisdicciones se consiguió 640 australes de básico para abril y 750 para mayo. Esta última suma era lo que había reclamado la conducción encabezada por Garcetti en marzo, pero si tenemos en cuenta que la inflación en abril y mayo había sido de 17,2% y 15,7%, respectivamente, la suba de haberes era en términos reales, muy inferior a lo exigido previamente. Asimismo, la dirigencia gremial no cumplió con su promesa de no finalizar con el pleito hasta que se diera marcha atrás con los descuentos por acatamiento al paro, lo cual golpeaba especialmente a las y los docentes de Capital Federal.[16] Allí, la intendencia había acordado a fines de marzo un aumento de 700 australes con CAMYP y el Sindicato de Educadores de Buenos Aires (en adelante, SEDEBA).[17] Es decir, además de mantenerse en ese distrito los descuentos, las subas acordadas a nivel nacional en mayo no representaban mejoras a quienes trabajaban bajo la esfera de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires.

La experiencia de las bases porteñas

La dinámica del conflicto no solo estuvo guiada por el accionar y las negociaciones entre cúpulas. El Maestrazo tuvo al interior del gremio una intensa actividad y un amplio consenso fuera de este, lo cual le otorgó particularidades y derivas que escaparon a las lógicas de la conducción estatal y de las dirigencias sindicales.

Los primeros 37 días de huelga ininterrumpidos tuvieron altos niveles de acatamiento en Capital Federal.[18] Además se realizaron asambleas, principalmente en diversas escuelas primarias y secundarias, las cuales tuvieron un funcionamiento masivo y constante. Muchas de ellas se efectuaban en establecimientos, pero también en espacios públicos como plazas y clubes sociales,[19] debido a la gran concurrencia que en muchas ocasiones incluyó a las familias de los estudiantes. En algunos casos, se permitía la participación de estas últimas pero en otros, madres y padres formaban comités de apoyo sin intervenir en las decisiones.[20]

Este rico proceso no estuvo exento de iniciativas, contradicciones y tensiones por diferentes razones. La primera de ellas estuvo relacionada con la convivencia de diferentes tipos de asambleas, tanto por escuela como por distrito y sindicato.[21] En las escuelas primarias, las reuniones distritales lograban reunir un importante número de docentes. En ello contribuyó la existencia previa de este tipo de estructura impulsada por UMP:

Había un sentimiento democrático en las bases. (…) y nosotros le habíamos dado un perfil democrático al sindicato. No solo había asamblea general, sino también había una estructura distrital. Cada distrito se sentía dueño de sus planes de accionar durante la huelga y se reunían todos los días y organizaban. Decían: “Mañana vamos a tal fábrica. Pasado hacemos una clase pública en tal escuela. Pasado hacemos festival en tal plaza”. Tenía una efervescencia impresionante.[22]

Según este testimonio, la experiencia distrital mostraba un nivel de movilización que superaba la propia iniciativa de la dirigencia del sindicato. Sin embargo, otras fuentes matizaban esta afirmación. Por un lado, podía ocurrir que en algunos distritos se superpusieran el funcionamiento de los diferentes niveles de asamblea, o que el espacio distrital vaciara el ámbito de reunión por escuela. El PCR señalaba como crítica contra el PC y el MAS (que integraban la dirección de UMP) que el sistema de asambleas distritales alejaba a los sectores más activos de sus espacios laborales, lo cual dificultaba el nexo con sus compañeros y las familias de los estudiantes.[23] Por otra parte, debemos distinguir el devenir del nivel primaria con respecto al de educación media. En esta última, la adhesión al paro y la participación en las asambleas fueron masivas, prácticas infrecuentes en la experiencia de este sector. La conducción de ADEMYS, sindicato de educadores de escuelas medias e institutos terciarios, buscó dar cauce al descontento convocando a asambleas distritales, aunque estas no tenían la misma dinámica que en el nivel primario:

Las asambleas las hacíamos en horarios de día. Las hacíamos a las 11, 10 de la mañana y a las 12 terminábamos. Eran asambleas más informativas para definir si continuábamos o no continuábamos, o vamos a tal marcha. Organizamos tal cosa. Y era escuchar realidades. (…). Había poco debate, aunque había.[24]

Este relato nos advierte que la actividad de las bases en las reuniones distritales de educación media no generaba propuestas que superaran las iniciativas de la conducción gremial, como se señalaba en el anterior testimonio sobre los distritos de escuelas primarias. El hecho de que las asambleas fuesen solo informativas y no resolutivas exponía tanto la existencia de un acuerdo amplio al interior de estos cónclaves como, probablemente, una baja politización de este sector docente.

Precisamente, una característica distintiva de la dinámica asamblearia de las escuelas y distritos de educación primaria se vinculaba con las discusiones y con los diferentes niveles de politización existentes. Allí confluían independientes y quienes pertenecían a diferentes corrientes y tradiciones, como peronistas, intransigentes, radicales, comunistas, trotskistas y maoístas. Podía ocurrir que las asambleas derivaran en discusiones entre miembros de las agrupaciones que dejaran poco espacio a la intervención de docentes sin militancia.[25] Estos debates internos también impactaron en las votaciones que surgían en estos encuentros, ya que podían tensionar con los criterios verticalistas de la mayoría de las conducciones gremiales. Por ejemplo, a fines de marzo, fue votado de forma masiva un amplio repudio al acta salarial firmada por CAMYP y SEDEBA con las autoridades de la municipalidad.[26] Dos semanas después, una gran cantidad de asambleas rechazaron la conciliación obligatoria dictada por el gobierno. Aunque, en algunos casos, como en escuelas dependientes del Estado nacional (Normal N° 1, Nacional N° 1 y Nacional N° 7), hubo votaciones que repudiaban la aplicación del arbitraje pero aclaraban que respetarían lo que decidiera CTERA (G).[27]

Estas diferencias de criterios convivían al interior de estos cónclaves con los reclamos generalizados de la unidad gremial, dada la existencia de múltiples asociaciones. En este sentido, el armado de coordinadoras sindicales intentó responder a esta demanda. Al principio del conflicto, se conformó un frente entre sindicatos porteños que estaban enrolados en la CTERA dirigida por Arizcuren (UMP, ADEMYS y ADEF), en la otra CTERA liderada por Garcetti (Unión de Obreros y Empleados Municipales, UDA y el Sindicato Único de la Educación) y asociaciones no alineadas (CAMYP y CONADU). A su vez, esta coordinadora convocaba a asambleas generales. Sin embargo, en ellas se producían tensiones debido a las diferencias políticas de las cúpulas gremiales. Los integrantes de las entidades de CTERA (G) pretendían que estos cónclaves fuesen solamente informativos, mientras que los que pertenecían a la otra confederación abogaban por encuentros resolutivos. Al no haber un acuerdo en este punto, el funcionamiento de las asambleas de esta intergremial no fue sistemático.[28]

Paralelamente a estos intentos de articular la lucha entre diferentes sindicatos, en las escuelas fueron elegidos numerosos delegados, otro fenómeno similar a lo ocurrido en otros gremios en lucha durante este período. En algunos casos, estos representantes buscaban una unión de las bases que a nivel superestructural era complejo de llevarse a cabo. En cuanto a sus tareas, por un lado, debían llevar mandatos de sus escuelas a asambleas generales convocadas por las coordinadoras sindicales o por algunas asociaciones de forma individual. Por otro lado, fueron creadas coordinadoras de delegados que buscaban articular sus acciones con las de otras zonas.[29]

En los establecimientos escolares se votaban, además, otras iniciativas destinadas a visibilizar el conflicto y a atraer la solidaridad de diferentes sectores. Se llevaban adelante tareas tales como la elaboración de carteles para movilizaciones, la preparación de festivales barriales y, en relación con lo anterior, se recorrían locales comerciales, bancarios y fábricas en busca de apoyo para el fondo de huelga. De esta forma, se obtuvieron aportes económicos de trabajadores de otros gremios, lo que se inscribía en la simpatía general que despertaba el movimiento docente durante las primeras semanas de huelga. En las fuentes relevadas, encontramos la colaboración del personal de la empresa alimenticia Bagley, de los bancos Nación, Patricios, Shaw, Provincia, Córdoba, Chaco, Mayo y Credicoop, y de los sanatorios porteños Antártida, Güemes, y el Hospital Francés. Además, los conductores de diversas líneas de colectivos no cobraron boleto a los y las huelguistas durante el conflicto.[30] Varias de estas unidades laborales habían protagonizado disputas de envergadura y contaban con organizaciones de base y activistas (en su mayoría de la izquierda marxista y del peronismo) que promovían este tipo de vínculos. La huelga también recibió el apoyo de una gran cantidad de partidos políticos (incluidos tres diputados radicales: Rafael Pascual, Guillermo Tello Rosas y Carlos Bello), sindicatos, y el movimiento estudiantil.[31] Como ya mencionamos, la CGT realizó un paro general en cuyas reivindicaciones figuraba el apoyo a la lucha docente.

Otro nivel de solidaridad estuvo vinculado a que el espacio asambleario se convirtió en un lugar de encuentros entre una fuerza de trabajo mayormente feminizada, principalmente en nivel inicial y primario, y las familias, estas últimas representadas por mujeres, ya que en ellas recaía por lo general el cuidado de los niños. Por lo tanto, no resultó extraño que, en la dinámica de los encuentros cotidianos que se realizaron durante las primeras semanas del conflicto, cobraran relevancia problemáticas vinculadas con la desigualdad de género. El periódico del PCR, cuya política partidaria estaba volcada hacia estas cuestiones,[32] refería a que en las reuniones muchas maestras manifestaban que su actividad gremial durante la huelga provocaba discusiones con sus maridos. La principal queja de los varones residía en que sus esposas no estaban destinando tiempo suficiente a tareas de reproducción social no pagas que solían realizar antes del conflicto gremial (preparación de comida, cuidado de sus hijos, limpieza del hogar). En este sentido, se citaba el testimonio de una maestra que señalaba que se “arriesgaba al divorcio” por participar de las asambleas. Además, las docentes debían vencer diferentes prejuicios relacionados con estereotipos de la cultura machista: críticas por tener la “casa desordenada”, por manifestarse y gritar en la calle (lo cual, supuestamente, contradecía su rol de maestras), o por hacer huelgas ya que como eran consideradas “segundas madres”, no podían llevar a cabo ese tipo de acciones “impropias” de la maternidad.[33] Por lo tanto, estas problemáticas operaban como presión para abandonar la lucha sindical.

Con respecto al funcionamiento de las asambleas, en los testimonios orales puede observarse que en relación a la participación y la intervención existían desigualdades por género. En las reuniones efectuadas en primaria:

La presencia de mujeres en las asambleas era casi paritaria a la de hombres, pero esa no era la relación en el conjunto del gremio donde las mujeres éramos mayoría absoluta.[34]

Mientras que en media ocurría una situación similar:

Había muchas mujeres en las asambleas… pero no todas se animaban a hablar. Esa es la realidad. Los que más hablaban eran los varones. Siempre. Por esas cosas de las mujeres de no participar tanto… Pero la asamblea distrital la conducíamos mujeres.[35]

Por su parte, muchas madres de estudiantes se acercaban a las escuelas para apoyar a las huelguistas. A pesar de los inconvenientes que generaba en la unidad doméstica la falta de clases, empatizaron con las problemáticas económicas de las maestras que eran muy similares a las de ellas. En este sentido, tuvieron un rol activo en la recolección de firmas y dinero en casas, empresas y comercios cercanos a las escuelas.[36] Una vez más resalta la importancia del barrio y los hogares en un conflicto gremial. Y, como en otros pleitos laborales, observamos que las conducciones sindicales no elaboraron acciones precisas destinadas a lograr la consolidación de lazos entre estos espacios de reproducción social.[37] Por lo tanto, no se pudo romper con la lógica patriarcal existente al interior de la clase obrera.

En resumen, estas prácticas reprodujeron otras que ya estaban presentes en los sectores más combativos del movimiento obrero en los años previos. Como mostramos, estuvieron atravesadas por tensiones vinculadas a las particularidades del gremio como la existencia de diversas asociaciones, los diferentes niveles de participación por escuela, distrito o sindicato y el peso de la fuerza de trabajo feminizada. En su conjunto estas características estuvieron a su vez influidas por el accionar de diferentes agrupaciones políticas con implantación en escuelas y sindicatos. En la intervención de estas corrientes y en su vinculación con las bases docentes resulta posible encontrar otras aristas del conflicto.

Las luchas políticas al interior del gremio y su incidencia en el conflicto

La dinámica del conflicto arrojó luz sobre algunos debates y consensos existentes en el interior del gremio. Para profundizar sobre esta cuestión, consideramos de importancia analizar las posiciones e iniciativas que tuvieron algunas de las corrientes políticas con inserción en aquel. Si bien, como mencionamos, una gran parte de las y los trabajadores de la educación no se encontraba afiliada a ninguna asociación, creemos que las tácticas de estas agrupaciones tuvieron, en mayor o menor medida, influencia en el devenir del conflicto más allá de los sindicatos en donde contaban con dirigentes o activistas. Asimismo, estas corrientes eran permeables a las posturas de las bases ante diversas situaciones ocurridas durante la disputa.

Comenzamos por Lista Celeste, la agrupación peronista que dirigió el conflicto al comandar una de las confederaciones que tenía el reconocimiento legal del Ministerio de Trabajo. Esto lo convirtió en el interlocutor principal entre huelguistas y funcionarios estatales. Desde esta posición, presentó su aceptación de la conciliación obligatoria como una “tregua” que posibilitaría acercarse a un acuerdo con el gobierno nacional. En caso de que no se lograse, incluyendo la devolución de haberes y la reincorporación de cesantes en todas las jurisdicciones, prometía volver a tomar medidas de fuerza.[38] Al final del pleito, la dirigencia de CTERA (G) concluyó que se habían obtenido los principales objetivos tanto políticos (reconocimiento del gobierno de las problemáticas laborales y salariales), como gremiales (unidad y elevación de la conciencia y madurez del movimiento docente) y reivindicativos (nomenclador básico único, compromiso de mayor financiamiento a la educación y llamado a paritarias). Aunque, admitía que había quedado pendiente el levantamiento de las sanciones contra el personal en huelga en algunas jurisdicciones (Balduzzi y Vázquez, 2003, p. 36).

Probablemente, tanto la aceptación de la conciliación como el final del conflicto decepcionaron a la mayor parte de las bases porteñas debido a que, como mencionamos, aquellas que trabajaban en escuelas municipales debieron soportar descuentos gravosos por adherir a la huelga y que, además, no recibieron un aumento real de salario. Pero no necesariamente significó que las y los docentes responsabilizaran por ello a los dirigentes de la Celeste. Debemos tener en cuenta que otras asociaciones como CAMYP y SEDEBA habían tenido una actitud mucho más conservadora y contraria al sentimiento de la mayoría de quienes estaban en conflicto. Además, si bien la Lista Celeste dirigía una de las confederaciones, en Capital Federal era opositora a la cúpula de UMP.

En los siguientes años, los acatamientos a las medidas de fuerza de la confederación y los sindicatos capitalinos fueron menores a los registrados en el Maestrazo. No obstante, la agrupación peronista pudo construir consensos que le permitieron consolidarse tanto a nivel nacional como local. En el plano confederal, logró modificar el estatuto de CTERA en el IX Congreso Extraordinario realizado cinco meses después del conflicto. Así, transformó a la entidad en una organización verticalista al eliminar la proporcionalidad en la elección de cargos (sistema D’Hont) y las minorías (estableció el acceso a través de listas completas). Como consecuencia, marginaba a las agrupaciones opositoras de la posibilidad de influir en la conducción. Además, impuso que solo un sindicato por jurisdicción pudiera integrar la entidad. En este sentido, llevó adelante la creación del SUTEN, el cual agrupaba a docentes de escuelas nacionales, intentando emular lo realizado en la provincia de Buenos Aires dos años antes a partir de la conformación de SUTEBA. Sin embargo, el nacimiento de esta asociación generaría roces con otros sindicatos nacionales como AMET, UDA y ADEMYS. Después de haber sido fundamental en el reconocimiento oficial de CTERA (G) frente al sector de Arizcuren un año antes, UDA terminaría siendo expulsada de la confederación por firmar acuerdos con el gobierno a fines de 1988.[39] ADEMYS también sería excluida de la confederación en 1989 debido a que su dirigencia no pudo acordar la integración de la asociación a SUTEN. Por último, en Capital Federal la Lista Celeste se alzó con la victoria en los comicios de UMP en diciembre de 1988, formando un frente con otra agrupación peronista (Leopoldo Marechal) y el PCR.[40]

Además, existieron otros elementos comunes a la tradición peronista que colaboraron en la construcción de consensos al interior del gremio. Tanto hacia el final del conflicto como en los años siguientes, este nucleamiento pudo legitimarse ante los trabajadores de la educación apelando a la ponderación tanto de logros a nivel superestructural como a un discurso romántico de la lucha. Por un lado, reivindicaba la centralidad de la confederación y de SUTEBA en el Maestrazo, la unión de las bases de todo el país en la lucha (en particular, en la “marcha blanca”) y el haber conseguido una institucionalización de los ámbitos de negociación (Balduzzi y Vázquez, 2003, p. 36).

Por otro lado, encontramos en la memoria de un sector de Capital Federal perteneciente o simpatizante de la Lista Celeste (Vázquez Gamboa, Fernández, De Acha y Mario, 2007, pp. 335 y ss.),[41] elementos subjetivos que tendían a una exaltación de algunas cualidades de las y los docentes en la que los objetivos y resultados obtenidos pasaban a ser una cuestión secundaria. En efecto, se idealizaba la lucha sin que existiese un examen crítico de la actuación de la dirigencia ni de sus tácticas utilizadas.[42] Mucho menos se establecía una distinción entre los objetivos de la conducción gremial y los de las bases. De esta forma, por un lado, se resaltaba el aprendizaje (la toma de conciencia) de maestras y profesores que pasaron a reconocerse como trabajadores y ya no como profesionales durante la disputa. Por otro, se hacía hincapié en los encuentros de docentes de un mismo distrito y de la propia agrupación (por ejemplo, las reuniones en casas, bares o en plazas públicas), la solidaridad al interior del gremio y entre este y los vecinos, y las diferentes acciones realizadas en las escuelas, en los barrios y en las movilizaciones.

Si bien se reivindicaba a las asambleas como un lugar de encuentro de compañeros, familias y vecinos de la zona, había una mirada negativa sobre los debates políticos que se producían al interior de estas. Desde esta perspectiva, la responsabilidad de esto último recaía en los activistas de izquierda (fundamentalmente, los trotskistas del MAS y el PO), construidos como un “otro”, que durante el conflicto habían obstaculizado las iniciativas gremiales. En primer lugar, por la crítica que estos propugnaban contra la dirección de CTERA (G) en las asambleas, lo cual era considerado como divisionista y, en consecuencia, como una postura antisindical. En segundo orden, la Celeste caracterizaba a estas agrupaciones de izquierda como sectarias, dado que con sus críticas obstaculizaban la actuación conjunta de las asociaciones. Ello habría derivado en la incapacidad de revertir los ataques de la patronal, en particular, los descuentos salariales aplicados por la intendencia de la ciudad de Buenos Aires.[43] Una activista de la Celeste citaba, como ejemplo de dicho “sectarismo”, lo ocurrido en la sesión del 7 de abril del Concejo Deliberante de Capital Federal, en la cual se iba a tratar el pago de los días de huelga de trabajadores de la educación dependientes de la Municipalidad. El tema no pudo abordarse porque un concejal del radicalismo agredió a docentes que se encontraban presentes en el lugar. Según esta militante de la agrupación peronista:

Efectivamente, se suponía que la sesión tenía que ser tranquila. Ya estaba acordado que la mayoría votaría por los no descuentos. Pero el infantilismo disfrazado de combatividad de los dirigentes de la agrupación Tribuna Docente [N del A: agrupación gremial del PO], como siempre, echó todo a perder. Desde las bandejas no dejaban de gritar e insultar, entonces el concejal Constanzo tomó un cenicero y lo tiró hacia ese sector. Se produjo una gran batahola y los radicales, frente a la confusión aprovecharon para levantar la sesión. Conclusión: nos sacaron a golpes del recinto y de la calle y nos descontaron todos los días del paro.[44]

Desde esta mirada, el disciplinamiento económico y represivo llevado adelante por la intendencia y los legisladores porteños no era solo responsabilidad de los funcionarios radicales, sino fundamentalmente de un sector de izquierda (los propios agredidos en la sesión del Concejo) ya que, según el relato, se había pactado de antemano la anulación de los descuentos.

Todos estos factores (reivindicación de la negociación sindical, desmedro del debate político en asambleas, una visión romántica que restaba importancia a los objetivos y las tácticas de la lucha, y la demonización de las izquierdas) eran parte de la tradición peronista a la cual pertenecía la Lista Celeste y con la que pareció simpatizar un sector de las bases. A ello debemos sumarle que en esta coyuntura esta agrupación incorporaba, a diferencia del pasado, la defensa de la democracia representativa. Estos aspectos culturales y políticos no colisionaban entre sí dado que una práctica democrática delegativa (como la elección de autoridades mediante comicios, o los plenarios de representantes convocados por la conducción sindical) podía eliminar o al menos limitar el alcance de otras experiencias de participación directa. En particular, de los debates en el interior de las asambleas y de las decisiones emanadas de aquellas. Por lo que, tanto en la CTERA como en UMP a partir de 1989, el verticalismo peronista se renovó mediante la incorporación de la defensa de un orden democrático indirecto con claras limitaciones, como la eliminación de las proporcionalidades (lista completa) que, así, suprimía la injerencia de los sectores minoritarios en las decisiones.

Precisamente, esto último constituía un intento de limitar internamente a un elemento central de la cultura emergente presente en sectores de la clase obrera en la década de 1980. No resulta casual, en este punto, que la Lista Celeste tuviese como a uno de sus principales opositores al MAS. Este último reivindicaba la democracia gremial (su lema era “que la base decida”) como táctica para incorporar a su partido a los activistas independientes surgidos en conflictos de diferentes sitios laborales. Alternativa Docente, la agrupación de este partido en el gremio, había experimentado un crecimiento de importancia en los años previos al Maestrazo: de solo contar con la presencia de unos pocos activistas en asociaciones de Capital y Gran Buenos Aires hacia 1984, a tener inserción nacional y codirigir UMP y la CTERA liderada por Arizcuren a comienzos de 1988. Sin embargo, ante la disolución de esta confederación durante la huelga, la corriente trotskista perdió la posibilidad de tener una mayor injerencia en la dirección del conflicto. Asimismo, desde UMP no pudo revertir los descuentos por los paros realizados, en gran medida, debido a que la dirigencia de CTERA (G) y el gobierno nacional buscaban aislar a los sectores de izquierda del resto del movimiento docente. De esta forma, la conducción del sindicato porteño que integraban trotskistas y comunistas quedó expuesta frente a docentes que no necesariamente distinguían las posiciones políticas de las diferentes entidades sindicales y corrientes políticas.

Con respecto a la vinculación con las bases, los activistas y dirigentes nucleados en Alternativa Docente alentaron los métodos de democracia obrera con el fin de tener injerencia en la dirección de la disputa. La realización de una encuesta para decidir acciones directas antes del inicio del ciclo lectivo, la defensa de las asambleas por establecimiento y por distrito, y el impulso de elecciones de delegados fueron prácticas reivindicadas por esta corriente.[45] Sin embargo, que estos repertorios de lucha se extendieran a todo el gremio dependía en gran parte de la movilización de las bases. Cuando esta decayó tras la aplicación de la conciliación obligatoria, la CTERA (G) se consolidó aún más, dado que encabezaba la negociación con la administración alfonsinista. Tras el final del conflicto, el MAS sostuvo que objetivamente se trataba de una derrota porque no se había logrado el aumento salarial reclamado. Sin embargo, aclaraba que gran parte del gremio no se sentía derrotado debido a que no se habían producido despidos de forma masiva (como, por ejemplo, había ocurrido durante la ocupación de Ford en 1985) y, además, porque el gobierno de Alfonsín había salido desprestigiado tras el enfrentamiento.[46]

Parte de la responsabilidad de la disolución de la CTERA (A) también recayó en la decisión del PC de abandonar su dirección en los inicios del conflicto. En nombre de la unidad gremial, los comunistas explicaban que tanto el sector de Garcetti como el de Arizcuren habían sido responsables de la división de la entidad ocurrida un año antes. En la práctica, ello supuso un acercamiento hacia la Lista Celeste, conservando algunas críticas contra su forma de conducir el gremio.[47] Probablemente, el cambio de posición estuvo influenciado por las propias internas partidarias existentes desde el XVI Congreso comunista de 1986 que en el ámbito sindical había generado tensiones por la relación entre este partido, el MAS y las agrupaciones peronistas.[48]

En Capital Federal, donde codirigían UMP, las diferencias se acentuaron después del Maestrazo. Tras el final del pleito, el presidente de esta asociación y miembro del PC, Carlos Rico Alcazar, se mostró contrario a la acusación de los trotskistas sobre la responsabilidad de la confederación encabezada por Garcetti en el resultado del pleito. Si bien reconocía que no se habían logrado los objetivos salariales, basculaba que la antinomia entre derrota y victoria era falsa, ya que imposibilitaba concebir la lucha como un proceso de avances y retrocesos.[49] Además, los comunistas rompieron la coalición con el MAS en este sindicato. Ello fue fundamental para que el frente del que formaba parte la Lista Celeste se impusiera en los comicios de finales de 1988, ya que la cantidad de votos lograda (836) era inferior a la suma de lo obtenido por las listas de las izquierdas: la Naranja (MAS-PO-Partido de los Trabajadores Socialistas) con 724 y la Violeta (PC) con 465 sufragios (Vázquez Gamboa, Fernández, De Acha y Mario, 2007, p. 360).

En definitiva, no puede eludirse que los desacuerdos entre comunistas y trotskistas colaboraron con la consolidación de la Lista Celeste en CTERA y en UMP. Asimismo, limitaron la posibilidad de fortalecer a los sectores combativos que, en el contexto de la huelga de 1988, buscaban una forma alternativa de organización y eran críticos de las direcciones burocráticas. Estas diferencias no eran nuevas ni propias del gremio. Provenían de las derivas y debates que se suscitaban en las izquierdas a nivel nacional e internacional. Probablemente, el desarrollo y desenlace del Maestrazo colaboraron en profundizarlas.

Reflexiones finales

En estas páginas intentamos abordar algunas de las aristas de la gran huelga docente de 1988 vinculadas a la participación de las bases de las escuelas públicas de Capital Federal. En cuanto a las hipótesis y objetivos trazados, en primer lugar, demostramos que la intervención de las y los trabajadores de la educación de las instituciones porteñas durante el primer tramo de la huelga fue masiva y activa. Si bien se suele caracterizar al gremio como parte de los “sectores medios”, consideramos que dicha participación se inscribe dentro de prácticas culturales y políticas de resistencia de la clase trabajadora, propias de la década de 1980. Es decir, al utilizar un repertorio de lucha existente en la tradición del movimiento obrero, los consensos sociales en torno a la democracia fueron resignificados. Sobre esto último, pensamos que la centralidad que tuvieron las asambleas por escuela y por distrito, y la elección de delegados durante la huelga indicaron que para una parte importante de las bases eran prácticas democráticas que buscaban superar las restricciones impuestas por el régimen político con el fin de obtener mejoras en sus condiciones de vida.

Asimismo, expusimos que las agrupaciones de izquierda fueron parte de esta experiencia. En particular, el MAS y el PC buscaron tener injerencia en el desarrollo del conflicto desde la conducción de UMP y ADEMYS y en las escuelas donde contaban con activistas. En este sentido, colaboraron en la circulación de experiencias de lucha del pasado del movimiento obrero ligadas a la democracia sindical. No obstante, este involucramiento no estuvo exento de tensiones y contradicciones que repercutieron en el conflicto. Al respecto, citamos varios factores como la disolución de CTERA (A), los debates con otras organizaciones en las asambleas que obstaculizaban la participación de docentes independientes, la falta de tácticas para atenuar las desigualdades de género que dificultaban la intervención activa de las mujeres en la lucha, y la imposibilidad de la cúpula de UMP de evitar los descuentos por los días de huelga. Resulta plausible sostener que esta dinámica conflictual coadyuvó en profundizar las diferencias tácticas, teóricas y metodológicas entre el PC y el MAS, lo cual los llevó a romper la alianza que tenían en el gremio.

En segundo término, señalamos que esta cultura emergente fue limitada, principalmente, por el accionar del gobierno de Alfonsín y la intendencia porteña, pero también por la dirigencia ceterista. Los funcionarios radicales reivindicaban la defensa irrestricta de la democracia, pero sus acciones contra la huelga demostraban los límites del régimen político. Estos intentos de disciplinamiento exhibían que la promesa de la campaña electoral de 1983 “con la democracia se come, se cura y se educa” era cada vez más lejana.

Por su parte, la Lista Celeste dirigió el conflicto y logró encauzar la protesta a partir de sus objetivos particulares, los cuales podían o no coincidir con los de las bases. El devenir de esta agrupación nos muestra su ductilidad táctica. Antes del conflicto, tejió alianzas con sectores del radicalismo y con UDA para constituirse en la dirigencia de la única confederación reconocida por el Estado. Durante el Maestrazo, ante la incapacidad de conseguir mejoras del salario real mediante una “estrategia confrontacionista” dado los altos niveles de inflación (Piva, 2012, p. 140), y debido al grado de movilización “desde abajo”, la dirigencia de CTERA (G) prefirió virar hacia una posición conciliadora y acordar con el gobierno nacional.

Ahora bien, como intentamos demostrar, ello no entrañó que la Lista Celeste careciese de consensos al interior del gremio. Por un lado, pudo interpelar a gran parte de las y los docentes en los crecientes cuestionamientos que realizaban al gobierno de Alfonsín. Su consolidación tanto en CTERA como UMP evidenció que un sector del gremio aceptaba su posición política, la cual articulaba con la tradición peronista y con ciertos principios del régimen democrático. No obstante, vale finalizar señalando que esta postura se impuso sobre aquella que reivindicaba prácticas basadas en la democracia sindical. Este predominio en un contexto de avance de la ofensiva patronal traería consecuencias dentro y fuera de este gremio en los siguientes años.

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Notas