Introducción

En 1924, el ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires dejaba constancia en la Memoria presentada ante la Legislatura que “la Defensoría General y las Defensorías locales tienen bajo su amparo más de tres mil menores, de ambos sexos, asilados en instituciones particulares, confiados a familias o colocados”. Detallaba además información acerca del movimiento de esa dependencia y de las gestiones de “colaboración” desplegadas con los asilos existentes.¹

No era esta la primera ocasión en la cual fuentes provinciales daban cuenta de la preocupación que los menores de edad, sobre todo un sector de ellos, despertaban en diversos actores del arco gobernante, incluso en los de más alto rango. Hacía varios años que la provincia había comenzado a dar muestras de llevar adelante una incipiente política de minoridad, especialmente a través de la erección del Patronato de Menores, una institución que había comenzado un accidentado derrotero en 1910, y en la década de 1920 estaba conociendo aires renovados (de Paz Trueba, 2018 y 2020a).

Sin embargo, los avances no alcanzaban a cubrir las necesidades crecientes de un sector de la población en aumento, como el de los menores de edad abandonados o aquellos que aun teniendo familia requerían de algún tipo de socorro por parte de instituciones.² Quienes brindaban esa ayuda eran en la mayoría de los casos organizaciones que no pertenecían a la órbita estatal. Es así que al reducir la escala, es posible observar que en el interior provincial, fueron asilos gestionados por asociaciones laicas ligadas a la iglesia católica los que atendían a estas necesidades. Por ello este trabajo sostiene que los menores de edad y sus carencias quedaron atados a las prácticas del sector privado, aun en el marco de una política provincial que en la década del 20 comenzó a dar visos de mayores cuotas de intervención. En este mismo contexto, el laicado femenino renovó su protagonismo y se adaptó a los nuevos tiempos de la mano de una Iglesia muy atenta también a las demandas de lo social, algo que excede el contexto nacional.

Este paper se inserta en una línea más amplia de trabajo que busca dar cuenta de las singularidades, continuidades y pequeños desplazamientos que se observan entre 1913, momento en que quedaron al descubierto los signos de la crisis económica y social y las demandas al Estado comenzaron a incrementarse y diversificarse, y los años 20, cuando en la región centro y sur de la provincia es posible observar tanto la fundación de nuevas instituciones de socorro infantil como la modificación del rumbo tomado por otras ya existentes (de Paz Trueba, 2020b). En esta oportunidad se busca a través de una lectura que combina fuentes estatales con otras de carácter institucional, complejizar esos discursos y aun esas acciones analizando su puesta en práctica en un espacio concreto.³

A su vez este trabajo es tributario de varias líneas de investigación. Tanto los estudios que reparan en las desigualdades materiales y en su persistencia (Gelman, 2011; Moreyra, 2018; Santilli, 2019; Rocchi, 2020; de Paz Trueba y Bracamonte, 2022), así como en los agentes estatales, civiles y religiosos involucrados en su resolución (Moreno, 2012; Moreyra, 2009; Pascual y Roldán, 2015; Remedi, 2017; Ortiz Bergia, 2007, 2009; de Paz Trueba y Bracamonte 2020), han aportado pistas para enmarcar las preocupaciones que guían estas páginas. Una línea de trabajos insertos en la historia de las mujeres que renovó hace un tiempo el conocimiento acerca del papel público y el rol político de estas al frente de muchas de esas instituciones (Dalla Corte y Piacenza, 2006; Bonaudo, 2006; Eraso, 2009; de Paz Trueba, 2010; Billorou, 2010; Guy, 2011; Pita, 2012; Bracamonte, 2012, entre otros), y el dinámico campo de estudios que atiende a la función del catolicismo (y sus complejidades) para dar respuestas a muchas de las preocupaciones de la cuestión social de comienzos del siglo XX (Lida, 2012 y 2015; Mauro, 2010 y 2014; Moretti, 2014; Vidal, 2016; Moreyra, 2015; Castelfranco y Amuchástegui, 2016; Portelli, 2017; Martín, 2020), brindan elementos fundamentales para el análisis aquí emprendido.

También han sido de relevancia los aportes de las investigaciones que han abordado el surgimiento de las políticas sociales en Argentina. Así, desde los postulados de Zimmermam (1995) y Suriano (2000) que tempranamente advirtieron sobre las cuotas de reformismo presentes en el Estado liberal de principios de siglo como los aportes más recientes de aquéllas investigaciones que reparan en los expertos y los saberes que estuvieron en la base de la construcción estatal, de sus políticas y su difícil institucionalización (Bohoslavsky y Soprano, 2010; Plotkin y Zimmermann, 2012; Di Liscia y Soprano, 2017; Ortiz Bergia, 2018), han provisto herramientas para pensar en los problemas centrales que estudia este trabajo.

Finalmente, señalamos la importancia que para el mismo tiene la historiografía de las infancias que ha dado entidad a temas específicos de este sector de la población, sus necesidades y formas de tratamiento tanto desde el plano legislativo e institucional como privado (Villalta, 2010; Aversa, 2015; Fredeinraij, 2020; Allemandi, 2017; Zapiola, 2019; de Paz Trueba 2017 y 2020a).

La crisis económica desatada tras la Primera Guerra Mundial, la revolución rusa que parecía hacer posibles los peores temores sobre las consecuencias políticas de las ideologías obreras así como la ampliación de la base electoral en un marco de conflictividad social en aumento, constituyen un escenario privilegiado para observar de qué manera se reacomodaron las formas de la asistencia social hacia los sectores desfavorecidos y en especial para nuestro interés, hacia una parte de la infancia.

La encíclica Rerum Novarum había puesto a fines del siglo XIX el acento sobre la necesidad de la Iglesia de dar respuestas ante la crisis del liberalismo y sobre todo de la amenaza que ideologías como el comunismo y el anarquismo representaban para el orden social. Pero mientras que la intervención en cuestiones obreras (fuera con carácter represivo o regulatorio) se fue acentuando, las cuestiones de la infancia quedaron relegadas (especialmente en el ámbito local) a las gestoras habituales de esas políticas: comisiones de mujeres laicas que mantenían sólidos vínculos con la Iglesia católica y que habían organizado y sostenían asilos para huérfanas y huérfanos. Es así que esta institución reforzó desde comienzos del siglo XX su perfil asistencial adaptándose a los nuevos tiempos para combatir no solo los desajustes del liberalismo y las consecuencias de la lucha de clases sino también la modernización cultural que se hacía evidente entre otras cosas, en un uso diferente del tiempo de ocio y en una mayor presencia en los espacios públicos de actores como los trabajadores y las mujeres. Las asociaciones de beneficencia que precedían este momento histórico, se trasformaron y adaptaron sus maneras de ayudar. El catolicismo social estimuló desde preocupaciones que excedían la infancia y se concentraban más en la cuestión obrera, la reformulación de las formas de la asistencia. También contribuyó a ampliar el elenco de actores asistidos en un marco en el que el paternalismo tradicional se modernizó dándose una coexistencia entre actividades benéficas y un “nuevo discurso o racionalidad legitimadora de los derechos de los asistidos, bajo la creencia de que la caridad no bastaba para dar respuestas a la cuestión social” (Moreyra, 2015, p. 116). Desde esta matriz de ideas, a lo largo de las primeras décadas del siglo XX propició la modificación de las prácticas habituales de asistencia al tiempo que legitimó un protagonismo renovado para las mujeres del laicado al otorgarles “roles sociales más activos (…) a través de la acción social” (Mauro, 2014, p.241), estimulando su adaptación a las nuevas necesidades, aun sin ir en contra de su lugar tradicional.

De ahí que subrayamos la importancia de mirar más detenidamente las mutaciones que fueron teniendo lugar en los años 20 y en las acciones situadas para ver las formas que adquirió esa transformación. Por ello, este artículo propone analizar esos cambios no solo en una escala espacial reducida al centro de la provincia, sino además a una institución concreta: el Asilo San Antonio de Azul, un internado para varones fundado en 1911 (de Paz Trueba, 2017) que contaba con talleres de artes y oficios que en la década del 20 fue testigo de una ampliación de sus funciones (al recibir tanto huérfanos como pupilos y alumnos externos) así como de un crecimiento de su obra, en el marco del ajuste a demandas cambiantes que incluían el aumento de pedidos de internación y solicitudes para incorporar niños a la escuela que funcionaba en su interior.

Para ello, en un primer apartado se avanza sobre los intentos de mayor intervención que se evidencian en las fuentes del Estado provincial y sus dificultades, al tiempo que pervivió y se reforzó el entramado institucional privado a cargo de la asistencia. Seguidamente, se profundiza en la gestión del dinero llevada adelante por la comisión de mujeres que administraba el asilo y en las transformaciones que fueron sufriendo sus acciones al calor de las demandas.

Se trata en síntesis, de un estudio sobre las acciones de un sector importante del laicado femenino del centro de la provincia de Buenos Aires,⁴ especialmente aquel centrado en las acciones por la infancia pobre y su actuación en el marco de una institución particular, sin perder de vista la interacción con las políticas provinciales que como señalé, daban muestras de mayor intervención.⁵

Intervenir sin modificar: la política provincial y las acciones locales

La memoria de gestión del Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires antes citada, remarcaba los avances logrados durante 1923 en aras de un mayor control de las acciones emprendidas por los menores de edad que estaban a cargo de la Defensoría General. Dos aspectos habían sido centrales en ese cometido según se indicaba: velar por el bienestar de los chicos colocados en casas de familia y el control de los asilos particulares que también tenían a su cargo menores aunque no necesariamente llegaran a ellos por decisión de estos funcionarios.⁶

Una herramienta para desplegar ese seguimiento había sido la confección de planillas con el detalle de los menores colocados, edad, familias que los recibían así como sueldos que debían abonarles a los chicos y chicas “para exigir de los patrones en caso de irregularidad en el cumplimiento respectivo”.⁷ Esa paga según decía el Ministro en 1924, oscilaba entonces entre cinco pesos y ochenta “debiendo de este sueldo invertirse una parte en gastos de vestido y calzado; la otra parte es depositada en el Banco de la Provincia en caja de ahorros a nombre de los mismos y orden el Defensor General”.⁸ Claro que no siempre se acordaba el pago de un peculio, y como quedaba explicitado, las condiciones de la colocación en relación a este punto variaban de acuerdo a la edad y al género. Tal era así que algunos guardadores “solamente están obligados (…) a vestirlos, calzarlos y abonar mensualmente la suma de cinco pesos, para ser depositados en el Banco”, lo que afectaba a chicos entre 10 y 12 años. Más aun se señalaba que “hay 40 menorcitas de 8 a 10 años confiadas a familias bajo las condiciones de tratarlas bien, calzarlas, vestirlas y educarlas, sin gozar de ningún sueldo”.⁹ Sin embargo, y más allá de lo escaso que fuera en términos monetarios, este peculio era valorado por aquellos que contaban con él al momento de empezar un trayecto laboral fuera de la órbita de las defensorías. Esto se ponía en evidencia en las innumerables presentaciones que se hacían ante la frecuente falta de cumplimiento de esta obligación por parte de los guardadores. Esta situación ocasionó no solo reclamos por parte de esas defensorías, sino ante ellas de los mismos colocados que, al alcanzar la mayoría de edad, requerían de ese dinero para comenzar una vida de manera independiente (de Paz Trueba, 2019 y 2022).

El segundo aspecto en el que esta repartición pública centró su atención, fue en la comprobación del estado en que estaban los colocados en casas particulares, y señalaba que “la oficina organizó, por primera vez, la inspección de los menores confiados a familias”, lo que había servido a varios propósitos: “para informar concienzudamente al Defensor sobre el trato que recibían los menores; al mismo tiempo estimuló a las familias que los atendían en forma, corrigió numerosas anomalías e infundió confianza en la oficina por su ecuanimidad y seriedad”. Señalaba incluso que en alguna ocasión “La Defensoría tuvo la necesidad de retirar algunos menores (…), en vistas del abuso o mal trato comprobados en las inspecciones e informaciones sumarias”.¹⁰

La vigilancia ejercida sobre familias guardadoras era de central importancia toda vez que el Estado buscaba intervenir sobre las necesidades de la infancia pero no contaba, salvo el Patronato de la provincia de Buenos Aires, con instituciones de gestión propia donde recluir menores de edad por su sola condición de pobreza y que no hubieran cometido delitos. El mismo documento, decía que la mayoría de las veces, quienes recurrían a la Defensoría General eran personas “en extremo pobres, que apenas y no siempre, pueden atender a sus necesidades”. Para la internación de estos sectores es justamente donde menos espacio estatal había. El Patronato provincial no cumplía con todos los preceptos para los que había sido creado, siendo la adecuada atención de los menores y la escasa disponibilidad de espacio dos aspectos que limitaban sus acciones (de Paz Trueba, 2020). Por ello jugaban un rol central las casas particulares como las que el ministro decía haber inspeccionado y, como veremos luego, los asilos gestionados por mujeres ligadas a la Iglesia.

Ahora bien ¿hasta qué punto esta intención de avanzar en un mayor control fue efectiva? Bien podríamos tomar con precaución los dichos del funcionario en relación al éxito obtenido de estas gestiones, si prestamos atención a lo que señalaba páginas después en el mismo documento. Allí, daba pistas sobre los escollos encontrados al momento de acceder a la información del extenso universo de menores de edad que quedaban a cargo de los defensores locales y de las instituciones particulares que, aunque eran fiscalizadas como veremos más adelante, lo eran esporádicamente y escapaban en lo cotidiano a su control. Así afirmaba que el año anterior se habían dirigido

varias circulares a los defensores locales, asilos, cárceles y reformatorios, con el propósito de reunir en una encuesta, lo más completa que fuera posible, antecedentes y datos acerca del número de menores desamparados, asilos públicos y particulares, de pensión o gratuitos, capacidad, etc.,

pero habían encontrado en algunos de los actores requeridos “cierta inexplicable reserva con que eludieron la contestación”. Pese a ello habían igualmente recabado importante información con el objetivo de “coordinar en el futuro racionalmente los esfuerzos de los Poderes Públicos con la obra de las instituciones privadas”.¹¹ Una frase que además desnuda el objetivo último del avance estatal que se pretendía: una articulación de acciones en la que las organizaciones privadas seguirían ocupando un lugar central. Tal fue así que, en función de la recurrente falta de espacio en las instituciones estatales, se dispuso por medio de una ley anexa al presupuesto provincial para 1924, que todas las organizaciones subvencionadas por la provincia debían admitir un menor enviado por la defensoría por cada $50 de asignación.¹²

Medidas como esta reforzaron un modelo de asistencia que, además de que en la práctica suplía al Estado, “contaba con un fuerte consenso debido a las arraigadas convicciones y creencias de distintos grupos y sectores sociales que consideraban las acciones caritativas como insustituibles en la esfera de la asistencia social” (Moreyra, 2015, p. 113).

Además de estos inconvenientes que trasluce la fuente al momento de recabar datos, debemos tener en cuenta que la información certera y optimista acerca del mayor control ejercido se refería en sentido estricto a las acciones del defensor general sobre los 344 menores colocados por él de manera directa durante 1924, presumiblemente en la misma ciudad de La Plata o alrededores, escapando a su vigilancia los que quedaban en la órbita de las defensorías de campaña, un universo de población difícil de conocer y controlar. De hecho eran frecuentes las solicitudes que llegaban a las reparticiones del centro y sur de la provincia de parte de la Defensoría General, pidiendo con poco éxito información de los chicos y chicas que estaban colocados en casas de familias bajo su responsabilidad. Y esto no siempre respondía a una negligencia de los funcionarios, sino también a una falta de los guardadores que no acudían a los reiterados llamados que se les hacían desde las oficinas locales para dar cuenta al respecto.

Así como las casas de familia habían comenzado a ser inspeccionadas de manera más sistemática como decía el informe del ministro, no escapaban a esa intención de mayor control los asilos particulares. Para ello, la ley 10.903 de Patronato de Menores sancionada en 1919 había dado herramientas a la Defensoría General. Como se señaló antes, en la letra esta solo tenía injerencia en la Capital Federal y en los Territorios Nacionales, además de que su implementación fue bastante errática, y recién en la década del 30 la provincia adecuó su legislación a ese marco normativo. Sin embargo, muchas de las preocupaciones y de los objetivos que ese cuerpo legal señalaba, tuvieron un gran peso simbólico y marcaron los pasos a seguir en las políticas de minoridad que se implantaron desde los años 20 (Stagno, 2010; Zapiola, 2019). Tal como el mismo ministro reconocía, “La intervención que la ley da al ministerio pupilar es clara y la Defensoría tiene, por imperio del artículo 10 de la Ley 10903, el deber de inspeccionar los asilos e informar a las autoridades correspondientes.”¹³

Como quedó plasmado en las fuentes institucionales locales analizadas en este artículo (las actas de reuniones de la comisión de mujeres que gestionaba y sostenía el Asilo San Antonio), tales intenciones de avanzar en una mayor vigilancia sobre las instituciones privadas parecen haberse puesto en práctica, aunque no con demasiada frecuencia.¹⁴ En las actas de sesiones estas mujeres registraron la inspección realizada en 1924 de las instalaciones, y decían que

recibieron la visita del Sr. Inspector del Ministerio Sr. Emilio Carreras quien visitó el establecimiento y revisados los libros de la Institución mereciendo la comisión las mas efusivas felicitaciones por el orden, organización y disciplina de la misma, elevando el Sr. inspector la más grata impresión conceptuando el edificio como uno de los mejores de la provincia.¹⁵

Es allí donde la lente debe hacer foco respecto al alcance de esa vigilancia. Como señalaba el Ministro sobre las instituciones como la visitada, “son, desde luego, acreedores a la ayuda del Estado”.¹⁶ Pero la responsabilidad estatal al respecto no iba más allá y no había una injerencia en el desempeño cotidiano de las gestoras de obras como esta, sino que al reconocer la pericia puesta en práctica por la comisión, legitimaban la función social y ratificaban el prestigio moral de las mujeres en acciones que el Estado solo buscaba en definitiva fiscalizar más y en el mejor de los casos continuar subsidiando.

Efectivamente para esta época, la asociación de damas recibía no sólo la subvención municipal de la que habían gozado casi desde los inicios de la obra en el año 1911, sino que también percibían una del gobierno nacional y una contribución de la provincia.

De acuerdo a lo que consignaban los presupuestos provinciales entre los años 1919 a 1926 inclusive, el asilo de huérfanos de Azul tenía asignada una cuota de $250 mensuales.¹⁷ Sin embargo como veremos, aunque los números no variaban y se replicaba año a año el monto que se le otorgaba a esta institución así como a otras similares, había una gran inestabilidad en la percepción de esos fondos tanto en el tiempo como en los modos (a veces lo recibían en efectivo y otras en títulos). De hecho y tal como la misma ley contemplaba en su artículo 10°

Toda subvención, subsidio o beca que se asigne por este presupuesto o en leyes especiales, se entregará por cuotas que fijará el Poder Ejecutivo y a medida que se justifique su inversión, pudiendo el Poder Ejecutivo ordenar al efecto las investigaciones que considere oportunas y suspender su pago en el ínterin.¹⁸

Esto nos pone no solo frente a la discrecionalidad con que podían manejarse esos recursos por parte del gobierno que los daba sino también a las oscilaciones cotidianas a las que se veía sujeta la administración de instituciones como la estudiada. Razón por la cual, estos números y la estabilidad en el otorgamiento en el curso de los años, no reflejan los avatares diarios a los que estas mujeres debían enfrentarse no solo para sostener la obra emprendida sino para ampliarla y ponerla a la altura de las viejas y nuevas demandas que pesaban sobre ellas, algo que se observa de manera más marcada en la década de 1920.¹⁹

Lo antes dicho, nos vuelve a poner sobre la pista de un gobierno provincial que aunque buscaba avanzar en la tutela de menores, al no contar con instituciones propias para la asistencia sobre todo de los hijos de los sectores pobres que no habían cruzado la línea de la delincuencia, poco es lo que podía hacer más que alguna inspección y otorgar subvenciones. Así, observamos que esa política se desplegó antes en el respaldo a obras privadas existentes (y su eventual fiscalización) que en el desarrollo de otras nuevas, lo que tuvo como resultado el refuerzo de las acciones de los particulares y las asociaciones de mujeres que como la estudiada aquí, estaban reformulando sus acciones y ampliando el rango de actores sobre los que buscaba desarrollar su acción. Según ha señalado Cecilia Tossounian, esa fortaleza resultante de las asociaciones de mujeres, podría interpretarse como una causa que “ralentizó la emergencia de un Estado directamente activo en el área social” (p. 60), al no tener este un incentivo más fuerte para tomar esas tareas en sus manos. Como sea, ese mayor intervencionismo estatal buscado, no implicó prescindir de las instituciones asistenciales existentes. Haciendo uso de la ley anexa al presupuesto de 1924 antes mencionada, a mediados de ese mismo año, el Defensor General se excusaba del pedido que le había cursado su par de Azul para internar a un chico a su cargo y señalaba que “debo manifestarle que existiendo en esa localidad tres asilos subvencionados por el poder Ejecutivo…debe de gestionar en ellos la internación del menor”.²⁰

La asistencia a los menores de edad en el seno de la trama asociativa: gestión del dinero y ampliación de oportunidades educativas

Unos meses después de la visita del inspector Carreras, la presidenta de la comisión que gestionaba el internado de varones estudiado, propuso la idea de “seguir edificando la parte alta del Asilo para hacer un nuevo dormitorio y demás dependencias en la otra parte del edificio”, lo que según decía “se hace indispensable a fin de tomar más huérfanos y establecer nuevos talleres”.²¹ Y si bien en esa ocasión solo acordaron “estudiar el asunto”, antes del fin de ese mismo año, exhibieron el plano de la ampliación así como los presupuestos obtenidos y discutieron la manera de conseguir los recursos necesarios para hacer efectiva una obra de ambiciosa envergadura. Esas estrategias incluían la vieja práctica de demandar contribuciones a ciertas familias de recursos, propensas a colaborar con la obra de estas instituciones (lo que reforzaba su prestigio social), así como el pedido al gobierno de la provincia de un subsidio, “habiéndose pasado nota solicitándolo.” De esa acción había resultado la promesa de contribuir con $10.000 según se afirmaba.²² Sin embargo, fueron los aportes de los particulares (un monto inicial de $10.500) los que permitieron en diciembre de ese mismo año tomar la resolución de empezar con la edificación.²³

La elevada recaudación resultante de las distintas acciones emprendidas, la mayoría de ellas a partir de legados o donaciones específicas, les permitió anunciar en la reunión de noviembre de 1925 que las obras estaban terminadas, habiendo recolectado una suma total de $19.700, aunque había aun compromisos de donar más dinero que debían concretarse.²⁴ La ampliación hizo posible poco después aumentar a 30 el número de internos y tomar 5 niños externos también en calidad de huérfanos, es decir de manera gratuita. En 1928, el número de asilados ascendía ya a 37 y manifestaron su intención de seguir aumentándolo a 40.²⁵

Este incremento de las responsabilidades cotidianas y el mantenimiento de una infraestructura de grandes dimensiones, insumían un flujo de dinero constante que llegaba a sus manos por diversos canales.

Uno de ellos fue la organización periódica de eventos por medio de los cuales recaudaban sumas considerables y que eran divididas entre este internado y el de niñas en forma equitativa.²⁶ Además debían administrar el dinero de los legados y las donaciones de familias del pueblo, que se había convertido en una costumbre asidua y podían a veces alcanzar montos importantes, como fue el ingreso en abril de 1925 de $5000 cedidos por Magdalena A. de Boubee y $4000 por María B. de Domecq²⁷e incluso más, como el legado de $7609,50 dejados años después para el asilo por parte de Abel Ramallo.²⁸ En otras ocasiones sin embargo, se trataba de montos más pequeños desde $300 y $200 hasta los $100 que un donante anónimo dejó en 1931.²⁹

Dadas las necesidades en aumento, la acción de estas mujeres cobraba relevancia no solo por su poder de convocatoria para recaudar dinero con un objetivo específico, sino además por su capacidad para gestionar los recursos de manera innovadora y dinámica, maximizar su rendimiento y poder cubrir con fondos de diversas procedencias los vacíos que se generaban por el retraso con que indefectiblemente llegaban las subvenciones gubernamentales, como dejaban asentado de manera continua.³⁰

Así por ejemplo, informaba la presidenta a la comisión que en julio de 1927 habían recibido las subvenciones provinciales atrasadas correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1925 abonados una parte menor en efectivo y la otra en títulos de $92 cada uno.³¹ Al año siguiente la presidenta manifestó la “conveniencia que sería el vender los títulos del empréstito del Banco de la provincia que tiene el Asilo (…) cuyo importe se destinará para adquirir una máquina minerva” para la imprenta que funcionaba en el asilo.³² Poco después, propuso una nueva estrategia: invertir $4000 en cédulas hipotecarias “Porque el interés que estas producen es mayor que el que actualmente dan los otros bancos y cuyo interés se irá acumulando para adquirir nuevas cédulas”.³³ No fue la única oportunidad en que estuvieron atentas a las condiciones y oportunidades que daban los bancos, como lo demuestra el cobro del legado de Ramallo antes citado. Meses después de haber recibido esa herencia, informaba la presidenta que aún no la habían hecho efectiva “por temor a que los títulos bajaran”. Por ello y después “de un cambio de ideas se resolvió cobrarlo a plazo fijo en el Banco de la Provincia por el término de un año”.³⁴ Estrategias que se complementaban con otras (además de las más tradicionales antes referidas) como el alquiler de propiedades adquiridas. En 1928 compraron un terreno lindante al asilo con una edificación ofrecido por su propietaria, la señora Filomena Napole de Piñero. Tras la escrituración al año siguiente, se informó que “La casa que está ubicada en este terreno ha sido alquilada produciendo una renta de $18 m/n mensuales”.³⁵

Un párrafo aparte merece el taller de imprenta que desde 1915 funcionaba en el asilo. Este tenía un doble propósito: la formación como tipógrafos de los asilados huérfanos, así como recaudar con la venta de los trabajos realizados, entre ellos el semanario La Revista, que había comenzado a publicarse a instancias del párroco César Caneva en 1915 para difundir las noticias de la comunidad religiosa y la doctrina social de la Iglesia.³⁶

Herederas del camino señalado por Rerum Novarum en 1891, esas ideas buscaban para la Iglesia el desempeño de un lugar activo en la preocupante cuestión social que abarcaba desde problemas habitacionales en las ciudades en expansión, la pobreza en aumento y sobre todo los riesgos derivados de la creciente conflictividad laboral, dilemas que se vieron incrementados en la época de entreguerras y que excedían las ciudades capitales para hacerse sentir también en los pueblos del interior provincial. De acuerdo a Castelfranco y Amuchástegui (2016), la encíclica daba cuenta del nuevo rumbo emprendido por la Iglesia desde fines del siglo XIX y que buscaba amoldar “el viejo lazo que unía al catolicismo con las prácticas de caridad [para] encontrar nuevas respuestas (…) al problema de los desheredados” (p. 9).

El nuevo siglo conllevó además una serie de cambios que fueron el centro de las preocupaciones de la Iglesia: a las cuestiones ideológicas y sus consecuencias sociales que Rerum Novarum explicitó, se sumaban la de una sociedad testigo de la ampliación del sufragio y los embates de una modernización a la que más allá de la heterogeneidad de la institución y sus actores, intentó amoldarse.

La conflictividad social y las desigualdades que trajo consigo la crisis desatada como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, monopolizó las preocupaciones de los católicos. La llegada al poder legislativo de diputados católicos, amplificó estas voces, y buscó promover una legislación atenta a las demandas del mundo obrero (Portelli, 2017), más allá de los dispares resultados de la experiencia política del catolicismo. Finalmente, la modernización cultural a la que asistía el país y que se hacía evidente tanto en las grandes ciudades como en las más pequeñas del interior, llevó al catolicismo (a algunos sectores del mismo al menos) a embarcarse en empresas que buscaban intervenir en el ambiente cultural del momento, con el fin de moralizar los comportamientos de actores como las mujeres y los trabajadores que mostraban una mayor presencia en la esfera pública (Lida, 2015; Mauro, 2014). Las conferencias populares, la participación en un asociacionismo extendido sobre el que se desplegarían estrategias de centralización más o menos exitosas y la propia prensa, se contaron entre los elementos utilizados para cubrir una necesidad en la que más allá de las heterogeneidades, todos coincidían: “moralizar la sociedad, democrática, eruptiva, desbordante” (Lida, 2015, p. 84). Como ha señalado María Pía Martín (2020), las primeras décadas del siglo XX fueron testigos de la construcción de un catolicismo más combativo, en lo que habría influido tanto el catolicismo social como el contexto de época.

En este sentido, La Revista desarrolló un papel de importancia en la localidad estudiada al difundir estas ideas entre una parroquia en crecimiento que además, nutría el abigarrado tejido de asociaciones que había comenzado a expandirse desde fines del siglo XIX y lo seguiría haciendo en las primeras décadas del XX.³⁷ Como afirma Miranda Lida (2012), en coincidencia con el proceso de expansión productivo por el que atravesó por entonces la provincia de Buenos Aires, lo hicieron también las estructuras pastorales y la prensa católica. Esta se integraba, reproduciendo y retroalimentado así a la intensa sociabilidad que tuvo como centro las parroquias al entrelazarse con sus asociaciones y difundiendo sus actividades que, como la misma autora ha señalado en otro lado, en los años 20 alcanzó una efervescencia inusitada (Lida, 2015). El asilo aquí analizado, la asociación laica que lo sostenía, su propia prensa,³⁸ otras agrupaciones de laicos —surgidas por estímulo de las congregaciones religiosas que estuvieron a cargo de la administración diaria del internado y del colegio que funcionaba dentro de él—, así como su parroquia, no quedaron al margen de este proceso, dentro del marco más general de una Iglesia que, preocupada por las mutaciones sociales y culturales de las primeras décadas del siglo, fue variando las estrategias para captar adeptos y “acompañar el paso de las transformaciones de su tiempo” (Lida, 2015, p. 12).

Al poco tiempo de ser instalada la imprenta, pasó a ser el taller más redituable, gracias en gran parte a un público amplio que era suscriptor de La Revista. La inversión en nuevas y más modernas maquinarias³⁹ así como la ampliación de sus prestaciones con la incorporación en 1922 del servicio de encuadernación, permitió extender la oferta a la pequeña ciudad y a la zona circundante.⁴⁰ El taller en el que los asilados bajo supervisión de oficiales laicos realizaban diversos trabajos del rubro, fue adquiriendo prestigio y daba así lugar a una actividad redituable cuyos beneficios se destinaban a sostener esta institución y la de niñas.⁴¹ Como puntualizaban las Damas de Caridad en una Memoria de 1921 “La imprenta es el [taller] mejor y más lucrativo” lo que se debía especialmente a la impresión y venta de La Revista, sumándose a esto trabajos de todo tipo que se hacían allí por encargue de particulares.⁴² Pasados los años, la comisión del asilo de varones volvía a señalar la importancia de los ingresos obtenidos por este medio subrayando que “En el taller de imprenta hay actualmente mucho trabajo habiendo tenido este mes una entrada de 1.800$”.⁴³

La participación de la comunidad en los eventos, el encargue de servicios a la imprenta, la compra de La Revista, el dejar legados tras la muerte entre otras maneras de ayudar, pueden ser interpretados como la colaboración de las familias más acaudaladas con una obra de socorro infantil basada en un concepto tradicional de caridad católica. Sin embargo, la diversificación de esa ayuda y la sumatoria de pequeñas colaboraciones, hace necesario ir un poco más allá para comprender cómo la obra se había transformado en sus alcances y por ende en la importancia que esta tenía para los vecinos en relación a dos aspectos que se aunaban en este asilo de varones.

Uno de ellos fue la sociabilidad católica que desplegaron como tarea anexa al cuidado y educación de los internos, los monjes benedictinos que arribaron en 1922.⁴⁴ Estos, desarrollaron una intensa labor pastoral, estimulando la formación de nuevas asociaciones laicas.⁴⁵ Como sostiene Ludueña (2009), los Benedictinos, como otras órdenes y congregaciones,

motorizaron su acción espiritual en círculos restringidos activando nuevas redes sociales y reproduciendo y ampliando otras ya existentes (…) los monjes se transformaron en núcleos activos de circulación de dones y contradones simbólico-religiosos con el mundo laico (p.114).

Se insertaron así en el marco de un tejido parroquial denso preexistente, y contribuyeron a ampliarlo en el marco de una Iglesia que, como ha planteado Miranda Lida (2006), lejos de estar en retirada a causa del proceso de laicización que el Estado Argentino emprendió a fines del siglo XIX, “estaba viva gracias a la participación activa del laicado”, que hacía de la parroquia un centro de sociabilidad vecinal (p. 65).

Por otro lado, y vinculado a la diversificación de la obra caritativa y de enseñanza, la llegada de los benedictinos también permitió a las mujeres de la comisión dar nuevo impulso a la educación y no solo la de los internos, al abrir las puertas de la escuela a otro universo de actores. La recepción además de huérfanos, de alumnos en calidad de pupilos y otros externos hizo posible acceder a una educación reconocida en la localidad, a los hijos de familias trabajadoras. De este modo, se transformó el impacto de la obra local al poder aceptar niños de la zona rural y en otros casos a chicos de familias del pueblo que no requerían asilo sino solo educación elemental (de Paz Trueba, 2017). Así, y si bien se mantuvo el carácter de internado para niños pobres sosteniendo y modernizando los talleres existentes, se buscó simultáneamente ampliar la oferta educativa hacia niños y jovencitos que no necesariamente requerían de un lugar en la institución a causa de su pobreza, sino que buscaban una buena educación, como la que basados en el capital simbólico que traían y reforzaron de la mano de su acción pastoral en el pueblo, parecían impartir los monjes benedictinos. Todo ello les permitía a estas mujeres sentirse orgullosas por el “excelente resultado obtenido el año ppdo. [sic] en la preparación de los niños y el éxito de sus estudios”, en lo que basaban su voluntad de “hacer una activa propaganda a fin de tener mayor número de pupilos y alumnos este año”.⁴⁶

Se trataba en definitiva de una institución que recibía apoyos de todo tipo, al ser reconocida la importancia de la labor social que desempeñaba por una diversidad de actores y por estar cada vez más integrada en el tejido social del pueblo y del barrio, ampliando servicios y diversificando maneras de ayudar, siendo en esto tan importante la llegada de los benedictinos como la lectura atenta que el catolicismo y su laicado hizo de las necesidades sociales del momento.

Conclusiones

En las páginas precedentes he buscado señalar que desde los discursos, intenciones e incluso algunas acciones, el gobierno de la provincia de Buenos Aires dio muestras de intervenir en aras de resolver ciertas cuestiones referidas a un sector de la infancia que preocupaba. Sin embargo, esas políticas orientadas a contener a aquellos menores de edad carecientes de marcos familiares adecuados para una buena crianza de acuerdo a los parámetros morales de la época, toman otra dimensión cuando se hace foco en las prácticas situadas.

Los años 20 son habitualmente pensados como momento de transición hacia una política de mayor injerencia estatal que se plasmó en medidas más concretas en relación sobre todo a las mujeres, la infancia y la familia en el decenio siguiente. Este trabajo sostiene que esa mirada precisa ser enriquecida con el análisis de los matices, pequeñas rupturas y muchas continuidades que hunden sus raíces en la década previa.

Es así que un nuevo marco legislativo que habilitó otras intervenciones sobre ciertos menores de edad, un contexto político de mayor apertura y participación al tiempo que la sociedad se convulsionaba con nuevas demandas, son el escenario en el cual se desplegó una tarea asistencial renovada en la que reforzaron su lugar grupos del laicado católico femenino.

Si bien esta mayor intervención fue impulsada desde el Estado que se hacía eco de problemas sociales amplificados que amenazaban con poner en riesgo el orden social, no fue mucho más allá del otorgamiento de subsidios, reforzando su vínculo con las instituciones privadas de mujeres católicas. Aunque buscó fiscalizar más, en la práctica replegó su acción institucional sobre la trama preexistente, lo que fue más notorio en el interior que en la ciudad capital, donde había mayor numero de instituciones que dependían casi enteramente del erario público para su sostenimiento.

El catolicismo social aportó una importante matriz de ideas que había advertido con mucha antelación sobre los peligros que reportaban la crisis del liberalismo y el ascenso de las ideologías obreras, ante lo cual insistía en la necesidad de adaptar la asistencia a esa sociedad en transformación. Como parte de estas preocupaciones, los cambios culturales más evidentes en la sociedad de posguerra de los años 20, generaron también muchas ansiedades que buscaron ser conjuradas a través de una serie de estrategias para moralizar los comportamientos sociales.

Sin embargo, en materia de infancia y más allá de los encendidos discursos e incluso de los avances legislativos, fuera por falta de recursos o por una idea compartida acerca del rol moral desplegado por las instituciones de mujeres, el laicado no vio disputado su lugar. Por el contrario, tras décadas de experiencia en asistir a la infancia, aquellas que lo conformaban tuvieron oportunidad de diversificar y amplificar sus acciones y renovar la manera de hacer lo que sabían hacer: gestar y sostener políticas públicas para atender las necesidades de niños, niñas y jóvenes pobres.

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Notas