Introducción

La América austral no resultó ajena a la conflictividad imperial que caracterizó al siglo XVIII y las (re)configuraciones de la política borbónica en consecuencia. El propio surgimiento del Virreinato del Río de la Plata como jurisdicción política-administrativa era resultado (y a su vez retroalimentaba) la creciente atención que las Coronas española y portuguesa brindaban a sus posesiones sudamericanas, en un largo proceso que hundía sus raíces en la centuria precedente, con la fundación de Colonia del Sacramento frente a las costas de Buenos Aires. Fue así como las disputas fronterizas en la región paraguayo-misionera cristalizaron a mediados de siglo XVIII en la guerra jesuítico-guaraní (Quarleri, 2015) pero lejos estuvieron de culminar allí.[1] Si bien la guerra de los siete años (1756-1763) configuró como escenario americano por excelencia el mar Caribe y la América septentrional, el atlántico sur también articuló episodios belicistas inter imperiales, tal como ocurrió en torno a la ocupación inglesa de Puerto Egmont en las Islas Malvinas entre 1765 y 1774 (Barriera, 2021). Antes que constituir un acontecimiento aislado, el devenir de la disputa insular se combinaba con la amenaza latente —así percibida desde el imperio español— de una potencial alianza británico-indígena en territorio patagónico que pusiese en riesgo la soberanía imperial borbónica en sus fronteras americanas australes.[2] Se sumaba así otro elemento significativo de tensión geopolítica a una región ya atravesada y movilizada por las disputas fronterizas —sobre todo con el imperio portugués— que se extendería hasta principios del siglo XIX. [3]

Esta creciente conflictividad imperial, así como un mayor dinamismo económico de la región litoral rioplatense (Moraes, 2007) incidieron, en buena medida, en la mayor dotación de recursos dispuesta por la Corona hispana sobre la cuenca del Plata durante la segunda mitad del XVIII, lo cual se tradujo en la creación de una gama de instituciones políticas y administrativas en territorio rioplatense. Si bien la más significativa resultó en la fundación del Virreinato en 1776 y el reglamento de libre comercio de 1778, en materia fiscal no fueron pocas las reformas operadas desde tiempos de la gobernación bonaerense. Entre estas, debe destacarse la creación en 1767 de la Contaduría Mayor de Cuentas con sede en Buenos Aires y su posterior conversión en Tribunal Mayor (en 1780), lo que implicó que todas las cuentas de hacienda regional remitieran sus informes fiscales a la capital del novel virreinato. La medida implicaba una virtual autonomía respecto del Perú ya no sólo en el manejo de fondos por parte de la administración rioplatense sino también en la supervisión de las cuentas, puesto que se dejaba de tributar información al tribunal limeño. Sumado a esto, la experiencia de las intendencias a partir de 1782 conllevó la creación —efímera, pues concluyó en 1788— de la figura del Superintendente de Ejército y Real Hacienda. Tal como señalan varios trabajos, una de las motivaciones que impulsó las reformas fue la de colocar las haciendas americanas bajo jurisdicción de agentes que respondiesen de forma más ejecutiva a la Corona, sobre todo a fin de supervisar el gasto militar, objetivo perseguido tanto en América como en la península (Dubet, 2018). Pese a la finitud del ensayo intendencial, algunas instituciones creadas para el contralor de fondos y cuentas estuvieron llamadas a perdurar, como la Junta Superior de Real Hacienda. La Junta —que integraba al Virrey en su conformación— y el mencionado Tribunal Mayor reunieron la potestad sobre justicia hacendística y supervisión de asuntos fiscales del Virreinato rioplatense hasta fines de la Colonia (Rees Jones, 1992).

Una de las innovaciones fundamentales fue la reconfiguración de las tesorerías o cajas regionales que conformaban la real hacienda del Virreinato, divididas desde entonces en principales[4] y foráneas,[5] (Wasserman, 2017). Estas a su vez concentraban potestad sobre otras jurisdicciones fiscales de inferior jerarquía, como receptorías y tesorerías menores de real hacienda, que se multiplicaron a fines del período a fin de aumentar la captación de recursos.[6] Se buscaba de este modo que la estructura de tesorerías cubriera de modo más eficaz las actividades mercantiles que animaban la vida económica del Virreinato, reformulando a su vez las instituciones dedicadas al control de las cuentas de la región.

No menos importante resultó la inclusión de la Caja real de Potosí dentro de la jurisdicción rioplatense, consagrando definitivamente a los fondos que de ésta dimanaban —el situado potosino— como elemento fundamental para el sostenimiento del andamiaje administrativo-militar virreinal. Como ha demostrado la historiografía, el devenir de los acontecimientos en las fronteras militares australes durante el siglo XVIII, que demandaba una mayor cantidad de recursos económicos que permitiese sostener los nuevos diseños y herramientas institucionales desplegadas en la región, se tradujo en el crecimiento secular del situado asignado a la plaza porteña (Cuesta, 2009).

En un contexto de premura por la consecución de recursos que permitieran dotar de una sólida base administrativa y militar a una región atravesada por tensiones y disputas imperiales, cristalizaba así un esquema de funcionamiento fiscal que buscaba establecer a Buenos Aires como centro gravitatorio tanto de los recursos recabados como de confección y contralor de las cuentas fiscales. En este marco, sintéticamente descrito, se desarrolla nuestra investigación acerca de las características del funcionamiento fiscal virreinal. Buscamos responder a interrogantes como ¿Cuánto fue el aporte de las distintas cajas de real hacienda (como las de Mendoza, Salta, Santa Fe, Paraguay, etc.) a la tesorería de la capital durante las últimas décadas coloniales? ¿Existió una relación entre la evolución de los volúmenes de fondos percibidos por el situado potosino y los aportes de otras tesorerías regionales virreinales? ¿Qué mecanismos se pusieron en práctica a la hora de captar excedentes de estas tesorerías del interior?

Nuestro trabajo se inserta en una mirada que pretende contribuir, desde la estimación del peso y características de la fiscalidad, a las discusiones sobre el desempeño económico regional latinoamericano hacia fines del período colonial y principios de la época independiente (Coatsworth, 1990 y 1999; Haber, 1999; Gelman, 2005 y 2010; Llopis y Marichal, 2009; Míguez, 2011; Sánchez Santiró, 2011; Santilli, 2013). Es por ello por lo que buscamos identificar en un mediano/largo plazo la presión fiscal ejercida por cada jurisdicción (regional, municipal, corporativa) en el interior del Virreinato del Río de la Plata durante las últimas décadas coloniales. En este sentido, los trabajos señeros basados en las cartas-cuentas han brindado el marco de comprensión tanto de las tendencias generales de la economía, así como de los aspectos más relevantes de la fiscalidad virreinal (Klein, 1999; Irigoin y Grafe, 2006). Sin embargo, y tal como ha señalado el propio Klein en sus estudios, la comprensión de los escenarios económicos regionales (y también fiscales, agregamos) implican recurrir a un tipo de fuente que permita afinar y corregir los números tanto de recaudaciones como de erogaciones y formas de financiamiento del erario, en sus diferentes jurisdicciones institucionales.[7] A esta labor nos venimos abocando en un marco de estudios que siguen esta línea de análisis, basadas en el examen de fuentes contables como lo eran los libros mayores y manuales de tesorería y de ramos específicos (Biangardi, 2016, Galarza, 2019a, Jumar y Sandrín 2015, Wasserman, 2017, Wayar, 2011).

Pretendemos entonces determinar el volumen de los gravámenes recaudados por las tesorerías regionales del interior virreinal, identificar los impuestos correspondientes a las haciendas municipales en cada región, así como la capacidad de la tesorería principal del Virreinato de atraer excedentes desde estas jurisdicciones. En un futuro, esto permitirá establecer comparaciones sobre el peso de los impuestos de la real hacienda y de las haciendas municipales sobre cada economía regional, lo que consideramos punto de partida para elaborar un cálculo más afinado de la presión fiscal en cada región a partir de las estimaciones de población económicamente activa.

En las páginas siguientes presentamos nuestra reconstrucción de volúmenes de extracción fiscal para el período 1780-1800, comparando la evolución de los fondos del situado potosino arribados a Buenos Aires y los montos captados por esta tesorería principal de las restantes cajas regionales que componían el Virreinato del Río de la Plata (y los mecanismos implementados a tal fin).

Evolución del situado Potosino ingresado a Caja de Buenos Aires 1780-1810. Una revisión

Para los años bajo análisis la historiografía ha reconstruido, en diversas oportunidades y con diversas fuentes, los caudales enviados a Buenos Aires desde el Alto Perú por concepto de situado.[8] El siguiente gráfico presenta una comparación entre los valores aportados por los trabajos más recientes sobre el tema, como son los de Mira y Gil Lázaro (2003) para el lapso 1787-1809, Samuel Amaral (2014) para el período 1790-1810 y Martín Wasserman (2017) para los años 1779-1784, junto a nuestra propia reconstrucción elaborada sobre la base de los registros de libros mayores de la caja de Buenos Aires entre 1780 y 1810.

Gráfico 1
Ingresos por situado en caja de Buenos Aires 1780-1810
Libros mayores de la caja de Buenos Aires 1780-1800, Sala XIII, legajos 43-5-12; 43-4-15; 43-6-1; 43-6-4; 43-6-5, 43-6-11; 43-6-19; 44-1-5; 44-1-10; 44-1-15; 44-1-19; 44-2-1; 44-2-5; 44-2-9; 44-2-12; 44-3-1; 44-3-5; 44-3-8; 44-3-10; 44-3-13; 44-4-3; 44-4-4; 44-4-8; 44-4-11; 44-4-15; 44-4-19; 44-5-7; 44-5-14; 44-5-18; 44-5-21; 44-5-26. Libro mayor caja de Buenos Aires, 1810, Sala III, legajo 39-3-3. Archivo General de la Nación (AGN), Buenos Aires.

Las diferencias más evidentes resultan de la comparación entre la reconstrucción efectuada por Mira y Gil Lázaro con el resto de las series, entre las cuales las variaciones son menores. Estas diferencias se originan en las fuentes desde las cuales se reconstruyeron los datos: Wasserman utiliza los libros particulares de situado, que presentan en detalle las sumas ingresadas a la caja de la capital por dicho ramo; la reconstrucción de Amaral y la nuestra se basan en los libros de contabilidad de la caja porteña, mientras que Mira y Gil Lázaro reconstruyen la información suministrada por la documentación de la Audiencia de Charcas disponible en Archivo General de Indias (AGI).[9] Como vemos, en buena parte de los años las sumas registradas por esta documentación —al replicar los “cargos”— no se corresponden con ingresos efectivos por situado. En cambio, las diferencias entre Amaral y nuestra propia reconstrucción difieren en algunos años específicos (1790, 1798, 1803, 1806 y 1809) sobre todo por la desagregación y diferenciación de ingresos por “situado” en realidad correspondientes a otras cajas del interior virreinal. Sobre este punto, Wasserman (2017) ha advertido ya cómo desde 1776 en adelante se profundizó la diversificación de fondos provenientes de otras cajas del interior que arribaban de manera conjunta al situado potosino, destacándose ya para esos años los casos de Jujuy y Mendoza.[10]

Como puede observarse también en el gráfico, mientras que para el período 1780-1795 los volúmenes de situado muestran una tendencia al alza, que se continuó con vaivenes hasta 1800 inclusive, luego de ese año la línea de tendencia describe claramente un descenso de los fondos recibidos en Buenos Aires desde la tesorería altoperuana. Mientras que durante los años finales del siglo XVIII el millón de pesos pareció constituirse en un piso para los valores del situado, durante la década siguiente se constituyó más bien en un techo. Nuestra reconstrucción muestra al año 1803 como el de mayor caída, cuando no se registraron ingresos desde Potosí. En tanto el período de declive se extendió entre 1801 (luego del pico de más de dos millones registrado en 1800) y 1810, cuando las vicisitudes de la guerra revolucionaria comenzaron a interferir en los vínculos entre Buenos Aires y el Alto Perú.

Los valores analizados por promedio confirman esta tendencia. Mientras que durante los años de 1790 se superó el millón doscientos mil pesos, durante la década de 1800 los promedios volvieron a ubicarse en torno a los 920 mil pesos, cayendo a niveles de la década de 1780. Teniendo en cuenta que el inicio del declive del situado lo ubicamos en 1801,[11] el promedio entre ese año y 1810 resulta aún menor, por debajo de los 750 mil pesos (ver tabla 1 en apéndice).

Gráfico 2
Ingresos anuales a caja de Buenos Aires desde tesorerías del interior 1780-1800
Libros mayores de la caja de Buenos Aires 1780-1800, Sala XIII, legajos 43-5-12; 43-4-15; 43-6-1; 43-6-4; 43-6-5, 43-6-11; 43-6-19; 44-1-5; 44-1-10; 44-1-15; 44-1-19; 44-2-1; 44-2-5; 44-2-9; 44-2-12; 44-3-1; 44-3-5; 44-3-8; 44-3-10; 44-3-13; 44-4-3; 44-4-4; 44-4-8; 44-4-11; 44-4-15; 44-4-19; 44-5-7; 44-5-14; 44-5-18; 44-5-21; 44-5-26. Libro mayor caja de Buenos Aires, 1810, Sala III, legajo 39-3-3. Archivo General de la Nación (AGN), Buenos Aires.[12]

Si analizamos el caudal de fondos provenientes de las tesorerías del interior en comparación con los volúmenes de situados, podemos esbozar algunas cifras comparativas. El promedio de ingresos desde el interior entre 1780-1800 fue de 20.777 pesos, menos del 2% del promedio de entradas por situado durante el mismo período, que alcanzó 1.176.831 pesos. Es decir que, salvo algunos años específicos, durante este período las tesorerías del interior representaron escasos fondos para la caja de la capital virreinal, que veía en el situado (y su tendencia al incremento) su principal fuente de recursos. En años como 1787 y 1799 se registró la mayor participación, superando el 4%, mientras que en 1780 y 1786 superó el 3%. En tanto durante 1781, 1782, 1788, 1791 y 1800 superó el 2%, hallándose por debajo de este porcentaje en los años restantes.

Si observamos la composición de esa participación según la tesorería de origen, comprobamos que la caja de Santa Fe fue la mayor aportante, superando los 200 mil pesos. En este caso, el principal mecanismo lo constituyó el reintegro desde el fondo de arbitrios.[13] Como hemos analizado en diferentes trabajos (Galarza, 2019b y 2020) a través de la administración de este arbitrio la tesorería principal del virreinato captaba excedentes de la tesorería santafesina sin necesidad de recurrir al traslado físico del dinero (metodología que no obstante se utilizó en algunos años específicos, sobre todo a comienzos de la década de 1780). El mecanismo utilizado era sencillo: desde 1780 el cobro de aranceles correspondiente a arbitrios se realizaba en el puerto de Santa Fe y en el de Las Conchas (jurisdicción de Buenos Aires). En este último se recaudaban los mayores valores, que quedaban depositados en la caja porteña hasta tanto se giraran para hacer frente a los gastos de frontera santafesinos, tal era la justificación de su existencia. Para evitar el traslado físico de los caudales, la Real Hacienda de Buenos Aires ordenaba girar recursos excedentes de la tesorería de real hacienda santafesina a la caja del Cabildo, y luego descontaba esos montos del fondo recaudado en Las Conchas, integrándolos en sus arcas de la capital en los ramos correspondientes.[14]

De esta manera, esta forma de compensación sirvió no sólo para reducir los siempre riesgosos traslados de dinero, sino para canalizar excedentes desde la real hacienda de Santa Fe hacia la tesorería de la capital virreinal, a través de la gestión de recursos municipales recabados en el puerto de las Conchas. Los poco más de 200 mil pesos se componían entonces de fondos originados en dos jurisdicciones fiscales: la hacienda regional y la municipal santafesina.[15]

Los casos de Salta y Córdoba evidencian mecanismos similares: en su camino desde el Alto Perú, los situadistas recogían excedentes de las tesorerías de Salta y Córdoba (y también de Jujuy) de mano de los tesoreros de real hacienda, que se los entregaban con destino a la caja de la capital.[16] El caso de Mendoza, que también hemos analizado en detalle en trabajos anteriores (Galarza, 2018 y 2019a) se caracterizaba en cambio por privilegiar los envíos físicos de remesas con cierta periodicidad, sobre todo entre 1780-1783, tras haber acumulado fondos excedentes en la tesorería durante los años anteriores, como se examina en detalle más adelante.

Gráfico 3
Ingresos desde tesorerías del interior a Caja de Buenos Aires 1780-1800
Libros mayores de la caja de Buenos Aires 1780-1800, Sala XIII, legajos 43-5-12; 43-4-15; 43-6-1; 43-6-4; 43-6-5, 43-6-11; 43-6-19; 44-1-5; 44-1-10; 44-1-15; 44-1-19; 44-2-1; 44-2-5; 44-2-9; 44-2-12; 44-3-1; 44-3-5; 44-3-8; 44-3-10; 44-3-13; 44-4-3; 44-4-4; 44-4-8; 44-4-11; 44-4-15; 44-4-19; 44-5-7; 44-5-14; 44-5-18; 44-5-21; 44-5-26. Libro mayor caja de Buenos Aires, 1810, Sala III, legajo 39-3-3. Archivo General de la Nación (AGN), Buenos Aires.

El caso de los aportes del Paraguay es representativo de las exigencias “voluntarias” de la Corona para solventar las guerras a fines del siglo XVIII y principios del XIX. La casi totalidad de fondos ingresados por esta región (en general receptora de recursos desde Buenos Aires) se concentró en un solo año a través del donativo voluntario del pueblo de indios de Yuty para los gastos de guerra. Esta relevancia de los donativos voluntarios recolectados en los pueblos de indios guaraníes se profundizó sobre todo en 1800, aumentando los aportes de la región misionera. Sobre esta última, cabe destacar que especialmente entre los años 1780 y 1785 se registraron importantes caudales en el “cargo” de tributos de la caja porteña. Se trataba sin embargo de recursos recaudados por el administrador general de los pueblos de misiones, que luego destinaba a gastos específicos en la propia región, como las expediciones de demarcación de límites con Portugal, el pago de milicias o los sínodos de curas de esos mismos pueblos.[17] Estos gastos debían solventarse a través de la Real Hacienda de la capital, que siguiendo una racionalidad de reducir tiempos y costos de traslados, disponía de esas recaudaciones en la jurisdicción más cercana para evitar las transferencias de caudales.[18]

Por último, como el gráfico permite apreciar, las restantes jurisdicciones enviaron sumas muy escasas, constituyendo además tesorerías menores o colecturías, sin la jerarquía de tesorerías regionales de real hacienda. Se destacan por su regularidad los aportes de las tres villas de los Entre Ríos que, aunque pertenecientes a la tesorería de Santa Fe, desde 1795 en adelante comenzaron a ingresar fondos directamente en la aduana o en la caja porteña a través de su administrador de alcabalas, Joseph de Sarrasqueta.

Ahora bien, si la mirada desde Buenos Aires arroja una relevancia menor de los fondos aportados por las jurisdicciones fiscales del interior, ello se modifica al tomar la perspectiva desde las tesorerías de origen. Algunos ejemplos resultan de utilidad para comparar el peso que estos envíos a la real hacienda de la capital significaron para las haciendas regionales, medidos con relación a sus estructuras de ingresos-egresos.

En el caso de la tesorería de Mendoza, el promedio de recaudación efectiva anual entre 1780 y 1800 fue de $ 19.361, mientras que el promedio de envíos a la capital durante el mismo período fue de $1.998, en tanto que la mediana ascendió a $2.991 (Galarza, 2019a). Los recursos transferidos representaron, en promedio, un 10-15 % de los ingresos efectivos anuales, resultando significativos en algunos años específicos. Esta carga fue particularmente relevante por ejemplo en 1781, cuando en la caja cuyana los ingresos efectivos alcanzaron los $18.976 pesos y los gastos $9.203, a la par que se envió a Buenos Aires en calidad de remesas un total de $ 15.405, lo que representó un 81% de las entradas efectivas de ese año.[19]

En el caso de Santa Fe los recursos aportados a la capital fueron mayores, ubicándose el promedio de envíos en $ 9.878 y la mediana en $ 10.761. En tanto, la mediana y el promedio de recaudación efectiva en la caja se ubicaron ambos en torno a $ 16.000 (16.319 y 16.028, respectivamente) (Galarza, 2019b). Es decir que los envíos representaron porcentajes mayores sobre los ingresos efectivos de la tesorería santafesina (entre un 61-65%) aunque, como vimos, buena parte de esas transferencias eran de fondos de origen municipal, en las cuales la tesorería santafesina oficiaba de intermediaria.

Aunque es preciso continuar indagando y afinando estas cifras (y extendiendo su cálculo a otras regiones) la información con la que contamos permite afirmar que el peso de las remisiones a la capital fue más significativo en las tesorerías de origen que lo que representaba para las arcas de la tesorería principal, sobre todo en algunas regiones y en algunos años en particular, presionando sobre los recursos de estas tesorerías del interior y disminuyendo sus saldos líquidos. Como veremos a continuación, esta realidad estaba lejos de reflejar un escenario en donde la administración de hacienda de la capital desconociera las particularidades y disponibilidad de recursos de las tesorerías regionales, aspecto caro a los intereses de la monarquía borbónica en su imperio americano.

Centralización y manejo de recursos disponibles en las tesorerías del interior

En los apartados anteriores identificamos los volúmenes de fondos y principales mecanismos mediante los cuales las tesorerías del interior virreinal ingresaron recursos en la caja de la capital. Sin embargo el manejo de la Real Hacienda incluía no sólo la captación de excedentes y/o recaudaciones de las tesorerías regionales que le rendían cuentas, sino también la posibilidad de reasignar y disponer de recursos existentes en las cajas regionales y darles destinos específicos, en la propia jurisdicción o decidir su traslado hacia otras latitudes. Esto fue particularmente relevante en algunos de los casos analizados en detalle en trabajos anteriores, como Mendoza y Santa Fe, pero también en el caso de los pueblos de las ex misiones jesuíticas.

El recurso a multiplicidad de fuentes nos ha permitido reconstruir los registros de salida de fondos desde las tesorerías de origen (Santa Fe y Mendoza) y verificar su entrada en la caja de destino (tesorería principal del Virreinato, caja de Buenos Aires). Además de permitir corregir errores, identificar tiempos y mecanismos de traslados y confirmar montos de caudales, la reconstrucción de estos envíos permite completar la mirada sobre la capacidad de la Real Hacienda de la capital para disponer de recursos existentes en las tesorerías del interior virreinal.

En la siguiente tabla presentamos los valores ingresados en la caja porteña por cuenta de estas jurisdicciones fiscales, comparados con el mismo registro, pero desde el punto de vista de las tesorerías de origen, en donde hemos contabilizado no sólo lo enviado a Buenos Aires sino también a otras jurisdicciones por orden de la Real Hacienda. Incluimos también información similar para el territorio de Misiones, para el cual contamos con el registro de tributos en los libros de contabilidad de la caja de Buenos Aires, particularmente importantes a principios de la década de 1780 y entre 1799/1800.

Esta diferencia entre lo ingresado en Buenos Aires y la reasignación de recursos (en el caso de las misiones, en la propia jurisdicción) demuestra el conocimiento y manejo de información que la real hacienda en Buenos Aires tenía respecto de los recursos disponibles en las jurisdicciones fiscales que debían rendirle cuentas. Como demuestra la columna 3 de la tabla precedente, en el caso de Santa Fe lo ingresado en la tesorería porteña se acercó a casi la totalidad de lo remitido desde la caja regional hacia la capital, más envíos y gastos de recursos específicos ejecutados por orden de la Real Hacienda.[20] En el caso de Mendoza la diferencia resulta un poco mayor, dado que las salidas desde la tesorería regional incluyen la sumatoria de pequeñas sumas remitidas por diversos ramos a las cajas de Santiago de Chile y Córdoba.[21] La mayor diferencia sin dudas se registra en los pueblos de Misiones, cuyos recursos (tributos) fueron en general utilizados para solventar gastos a cargo de la Real Hacienda en la propia jurisdicción o regiones próximas. En este caso, como vimos al reconstruir los fondos ingresados por la tesorería del Paraguay, era el administrador general de los pueblos de indios el que remitía la información del gasto efectuado (para la demarcación de límites, para pago de milicias de indios guaraníes, para compra de víveres a tropa, entre otros) cuyos recursos se originaban en el pago de tributos de las ex misiones jesuíticas. En algunos casos los montos ingresados reunían pagos atrasados correspondientes a largos períodos, tal como ocurrió en 1781 cuando se registraron más de 77 mil pesos por cargo de tributos de indios correspondientes al período 1748-1771.[22]

Conclusiones

La reconstrucción de los volúmenes de recursos ingresados en la caja de Buenos Aires por cuenta de las tesorerías del interior nos permite esbozar algunas conclusiones para el período 1780-1800 respecto del funcionamiento de la real hacienda virreinal. En primer lugar, cabe destacar la importancia del recurso a libros mayores y manuales para reconstruir no sólo volúmenes de fondos aportados por las tesorerías del interior virreinal (que difieren de los consignados en las cartas-cuentas) sino también mecanismos de circulación de recursos al interior de la Real Hacienda.

La investigación permite destacar que durante el lapso 1780-1800 el caudal de fondos aportados por estas tesorerías regionales (Salta, Paraguay, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Montevideo y sus jurisdicciones menores) no resultó significativo en comparación con los ingresos percibidos desde el Alto Perú en concepto de situado. En un contexto donde estas sumas tendieron a incrementarse, sobre todo en la década de 1790, los excedentes captados por las restantes tesorerías que componían la jurisdicción fiscal del Virreinato del Río de la Plata no superaron, en promedio, el 2% de los ingresos de los caudales potosinos.

Entre las regiones que mayores aportes realizaron se destaca sin dudas la tesorería de Santa Fe, que aportó algo más de 200 mil pesos a través de diferentes mecanismos. La potestad compartida sobre la recepción y administración de los fondos correspondientes al ramo de “arbitrios de Santa Fe” constituyó el elemento principal mediante el cual la tesorería porteña logró captar, a través de los reintegros, excedentes de la tesorería santafesina. El segundo caso en importancia fue el de Salta, que como Wayar ha demostrado en sus trabajos, envió a Buenos Aires el 55% de sus excedentes entre 1784 y 1808. Los fondos enviados desde Salta (que desde 1784 recolectaba excedentes de las tesorerías menores de Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Puno) la llevaron a ocupar el segundo lugar en cuanto a las transferencias realizadas a Buenos Aires, incluso por encima de Mendoza y Córdoba, dos tesorerías que mostraron íntima vinculación con la capital en cuanto al envío de excedentes. En estos tres casos, las transferencias de remesas a través de conductores resultaron la modalidad de preferencia para hacer llegar los fondos a la capital virreinal.

Uno de los aspectos destacados del examen lo constituye la posibilidad de comparar las entradas por cuenta de cajas del interior a la tesorería principal y los volúmenes de fondos salidos desde las tesorerías de origen, por cuenta y orden de la Real Hacienda. La mayor diferencia entre ambas cifras correspondió a los pueblos de las ex-misiones jesuíticas, donde la recolección de tributos se destinaba a pagos de gastos regionales que se hallaban a cargo de la hacienda real. En los casos de Mendoza y Santa Fe, las diferencias entre unas sumas y otras fueron sensiblemente menores, y radicaron en los diferentes destinos que se dieron a los excedentes, en general fuera de la jurisdicción de origen.

Entonces, si bien las entradas desde tesorerías menores se mostraron poco relevantes para las arcas de Buenos Aires, la magnitud de estos fondos representó un fuerte impacto en las propias estructuras fiscales regionales. Tuvimos oportunidad de observar cómo en algunos años específicos alcanzaron volúmenes significativos de egresos (superando incluso el 80% de la recaudación anual) consumiendo fondos acumulados durante años anteriores. En este sentido, la continuidad de la centralidad del situado para la capital del Virreinato se conjugó con un manejo de recursos regionales que permitía morigerar la exigencia de transferencias desde la caja principal hacia otras latitudes, donde la Real Hacienda debía destinar fondos para el pago de obligaciones propias de su jurisdicción fiscal (sínodos de curas, pago de tropas, gastos extraordinarios de expediciones, etc.).

Propio de una administración de antiguo régimen, la coexistencia de jurisdicciones fiscales dibujó un mosaico integrado por cajas regionales, tesorerías menores, cajas municipales y receptorías de impuestos entre las que circulaban información y recursos. Esta yuxtaposición estuvo lejos de implicar un descontrol o desconocimiento de las situaciones regionales por parte de las autoridades de hacienda de la capital (aún en un contexto de atrasos crónicos en fenecimientos de cuentas). Por el contrario, la evidencia confirma la capacidad de la tesorería de Buenos Aires de disponer de recursos existentes en las jurisdicciones fiscales menores que integraban el esquema tributario virreinal: la posibilidad de ordenar la ejecución de determinados gastos y/o traslados de fondos se basaba necesariamente en el conocimiento, por parte de las autoridades de Real Hacienda de Buenos Aires, de la existencia misma de esos recursos. Esta articulación de diferentes jurisdicciones fiscales permitía construir mecanismos de reintegros, transferencias y compensaciones que reducían la necesidad de traslados físicos de caudales, permitiendo una más rápida ejecución del gasto y brindando a las autoridades de la capital conocimiento sobre los excedentes disponibles en las tesorerías del interior. Pero sobre todo también “ahorraba” recursos que la propia caja principal del Virreinato hubiera tenido que destinar a diferentes erogaciones regionales que le correspondían jurisdiccionalmente, logrando consolidar de esta manera el aprovechamiento por parte de la tesorería porteña del principal y más significativo traslado físico de caudales: el situado potosino.

Por último, consideramos que ese conocimiento sobre los fondos recabados en las tesorerías regionales del Virreinato se hallaría en la base de la mayor presión fiscal que ejerció la caja principal de Buenos Aires en el contexto de la década de 1800, ante el escenario de caída del situado a partir de 1801 y durante la coyuntura de las invasiones inglesas, que originaron un salto abrupto en las necesidades fiscales de la tesorería porteña. Los mecanismos que posibilitarían echar mano de esos recursos en un escenario de urgencia fiscal y militar habían sido edificados durante las décadas precedentes.

Referencias Bibliográficas

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Notas