Introducción¹

Aquella tarde de octubre de 1975, se inscribió así, una foja de gloria en el libro histórico del Regimiento 29 de Infantería de Monte [de Formosa]. En él figurarán para siempre, para memoria del Ejército, los nombres de quienes dieron su vida en defensa de su Regimiento y de los ideales de la nacionalidad (Ejército Argentino, 1976, p. 110).

Como los guerreros de la Independencia Sudamericana, de la Campaña contra el Imperio del Brasil, de la Conquista del Desierto y del Chaco, esos hombres heroicos [los soldados que combatieron en la defensa del Batallón Nº 601 de Monte Chingolo, Provincia de Buenos Aires] (…) han dado otro día de gloria a las armas argentinas (Ejército Argentino, 1976, p. 124).

Hace casi diez años, mientras relevaba archivos para mi investigación de tesis doctoral, tuve una charla con el director de una biblioteca militar en donde pasé muchos días consultando revistas y reglamentos del Ejército argentino. Se trataba de un coronel retirado que tenía conocimientos de terrorismo, contraterrorismo y había participado activamente en la represión y el exterminio de los años setenta.² En nuestra conversación –una de varias que tuvimos–, me dijo que la normativa castrense era una fuente importante, aunque debía incorporar otras dimensiones para comprender la subjetividad militar que motorizó el terrorismo de Estado, que él llamaba “guerra contra la subversión”. “La fuerza moral es decisiva en la guerra, y tal vez más en la guerra antisubversiva”, me dijo.

Durante nuestro intercambio, mientras caminábamos por el patio interno del lugar, el coronel retirado/director de la biblioteca y yo llegamos hasta una placa oscura sobre una pared: contenía los nombres de todos los socios de una institución castrense asesinados por las organizaciones guerrilleras en la “guerra interna”. Mi compañero de charlas se puso de frente a la placa, observó los nombres y los recorrió con la mirada y en algunos casos con su mano derecha. Me dijo que era una lista de algunas de las “víctimas de la subversión” que incluía a varios miembros del Ejército que habían sido sus amigos. “Los terroristas poseían una gran fuerza moral y creían que nosotros éramos una banda de mercenarios”, expresó. “Estaban equivocados: teníamos la misma o hasta una mayor fuerza moral que ellos”. Mientras miraba la placa con los nombres de sus antiguos camaradas “caídos”, me dijo algo que ya nunca podría olvidar y se transformaría en una agenda de investigación en el futuro: “estos muertos nos dieron la fuerza que necesitábamos para luchar y ganar”.³

Luego de esa charla y otras más, llegué a la conclusión de que algún día estudiaría un aspecto poco explorado del terrorismo de Estado: me interesaba profundizar en el vínculo entre las muertes de militares a manos de la guerrilla y una campaña de “acción psicológica” al interior de las instituciones castrenses. Esto se conectaba con una justificación de la represión y el exterminio de opositores políticos que atravesaba los cuarteles, con ramificaciones entre diversos actores de la sociedad, empezando por la dirigencia política.⁴ Mi hipótesis es que esa acción se basó en la idea de promover la venganza de los compañeros de armas “caídos”, así como ampliar la base de apoyo político y social para con la “guerra antisubversiva”. Previamente, en el doctorado me ocupé de estudiar la trama legal y doctrinaria de la militarización del orden interno, sabiendo que ese trabajo debería comenzar a completarse con otro que incorporara el factor subjetivo-emocional de la acción castrense: los sentimientos que motorizaron la masacre.

Me propongo analizar la figura del “soldado caído” en la llamada “guerra contra la subversión” a partir de dos casos: los ataques guerrilleros a las unidades militares de Formosa por parte de Montoneros, en octubre de 1975, y de Monte Chingolo por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo (en adelante, ERP) en la Provincia de Buenos Aires, en diciembre de ese año. Los rituales funerarios de los hombres de armas asesinados y sus repercusiones en el ámbito político se constituyeron en espacios privilegiados para honrar su memoria, así como para hacer una fuerte campaña de “acción psicológica” para transformar el duelo por los camaradas muertos en combustible para la “guerra contrarrevolucionaria”.

En la primera parte, analizo los dos intentos de copamiento de las unidades militares de Formosa y Monte Chingolo, sus repercusiones entre los miembros del arma terrestre y la dirigencia política, así como las ceremonias fúnebres. En la segunda parte, estudio el contenido de las expresiones vertidas por diversos actores castrenses y político-civiles, oficialistas y opositores, y su vinculación con la construcción de un conjunto de representaciones sobre los “soldados caídos”. De esta forma, espero mostrar la extensa circulación de un conjunto de ideas y sentimientos afines a la justificación de la “guerra contra la subversión”. El momento del duelo y homenaje de los soldados asesinados por la guerrilla conformó un espacio privilegiado para ello.

Los militares asesinados por la guerrilla como un problema historiográfico

Este trabajo se enmarca en una investigación más amplia, orientada a estudiar en el Ejército las representaciones sobre los militares asesinados por las organizaciones guerrilleras en el período 1970-1977.⁵ Desde comienzos de los años setenta se produjo un cambio en el rol de las Fuerzas Armadas (en adelante, FF.AA.) tendiente a asumir una función central en la planificación, el comando y la ejecución de medidas represivas, mientras se iba configurando un estado de excepción que contribuyó a crear las condiciones de posibilidad para el terrorismo de Estado (Franco, 2012; Águila, 2013; D’Antonio, 2018). La investigación sobre los “soldados caídos” concluye en 1977 debido a que con la finalización del “Operativo Independencia”, en septiembre, el gobierno militar escenificó la “victoria en la guerra contra la subversión”, que marcó también el final de la etapa más brutal de la represión y la masacre (Garaño, 2012).

El estudio del actor militar se ha extendido a través de diversas temáticas. Una serie de trabajos se ha ocupado de analizar la formación doctrinaria de las FF.AA. para la guerra interna, con particular interés en el Ejército argentino entre 1955 y 1976. Autores como Ernesto López (1987), Samuel Amaral (1998) y Daniel Mazzei (2012), por ejemplo, exploran la adopción y el avance de la escuela de guerra contrainsurgente francesa entre los años finales de la década del cincuenta y los inicios de la década siguiente. Asimismo, el primero y el último de estos autores adicionaron otro tema de interés: el momento en que la llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional” estadounidense adquirió la primacía en el medio local desde los sesenta. Siguiendo esta línea de investigación, Prudencio García (1995) y Mario Ranalletti (2009), así como mis propias investigaciones (Pontoriero, 2016), afirman que la doctrina desarrollada por el Ejército argentino incorporaba elementos de raíz francesa y estadounidense, aunque también poseía un particular interés en el concepto de “aniquilamiento”, entendido como el exterminio físico del enemigo.

La producción bibliográfica reseñada aquí sintéticamente, incluidos mis aportes en la materia, presenta una característica muy marcada: el actor militar en general y el Ejército en particular se analizaron especialmente desde su formación ideológica y doctrinaria, su estructura operativa y sus prácticas represivas. A la luz de estos avances, considero que los estudios sobre el terrorismo de Estado pueden profundizarse en un sentido todavía poco explorado: restan estudiar los mecanismos por los que se fue construyendo al interior del arma terrestre un consenso para la represión clandestina y la masacre a partir del compromiso que se buscó establecer entre los hombres de armas y sus camaradas muertos en acciones de las organizaciones guerrilleras.

La indagación sobre la racionalidad de los militares es un factor clave para la comprensión del exterminio iniciado a mediados de los setenta. La antropología social ha realizado importantes avances al respecto: Santiago Garaño y Valentina Salvi investigaron sobre el “Operativo Independencia”, las memorias de quienes participaron y la forma en que el Ejército recurrió a la “acción psicológica” en la tropa para promover el honor y el compañerismo a través del recuerdo de los militares que “sacrificaron” sus vidas. Su trabajo permite entender la conexión entre las emociones de miedo, terror y odio y la acción represiva que se estaba llevando a cabo en el norte argentino (Garaño, 2012; Garaño, 2020; Garaño 2021; Salvi, 2012; Salvi y Garaño, 2014). Asimismo, en colaboración con Garaño, investigué aspectos similares a partir de los funerales de un grupo de hombres de armas asesinados por la guerrilla en 1973 y 1974 (Garaño y Pontoriero, 2018). Por consiguiente, este artículo plantea una continuidad con un trabajo “en proceso” que cuenta con algunos antecedentes, como los que he mencionado.

Varios autores afirman que los asesinatos de militares fueron un elemento central en el Ejército al momento de formar una opinión mayoritaria y favorable para la represión, especialmente desde 1975 (Fraga, 1988; Rouquié, 1998; Franco, 2012). La posibilidad de perder la vida de manera violenta se convirtió en una gran preocupación debido a los casos de varios oficiales desde los primeros años de la década del setenta. Hechos como el secuestro y la muerte del general retirado y ex presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu por parte de Montoneros en 1970 o el ataque y asesinato del capitán Humberto Viola y su hija en 1974 a manos del ERP generaron una profunda conmoción.

El estudio del terrorismo de Estado implica incorporar una reflexión sobre los conflictos armados, ya que los protagonistas se asumían como integrantes de fuerzas en pugna en el marco de una guerra interna, definiendo sus estrategias y cursos de acción en base a ello. En este sentido, continúo la línea marcada por Federico Lorenz (2015) y Germán Soprano (2019), y mis propios aportes (Pontoriero, 2016; Pontoriero, 2021): el abordaje de las FF.AA. en los años sesenta y setenta desde esta perspectiva ayuda a comprender y explicar el proceso represivo y de exterminio.

Mi línea de investigación se sostiene en una serie de principios de la historia sociocultural de la guerra. En esta vertiente, el concepto de cultura de guerra se define como “una colección de representaciones del conflicto que cristalizaron en un sistema de pensamiento que le dio a la guerra su significación profunda” (Audoin-Rouzeau y Becker, 2002, p. 102).⁶ Me interesa el estudio de los conflictos bélicos (o en mi caso de estudio, de coyunturas que los actores involucrados definen como una guerra) como fenómenos histórico-políticos, adicionando la experiencia de los soldados. Esto implica analizar las representaciones de los actores sumadas al estudio de los sentimientos, que están motivados culturalmente al tiempo que son producidos y articulados socialmente, en concordancia con algunos estudios antropológicos (Lutz, 1986; Leavitt, 1996).

Otro estímulo importante para mi trabajo surgió de los aportes de Sandra Gayol y Gabriel Kessler (2015) a los estudios sobre muerte y política en la Argentina de los siglos XIX y XX. “¿Cuándo y por qué una muerte en principio destinada a recibir un duelo y acompañamiento privado pasa al espacio público?”, se preguntan el autor y la autora (Gayol y Kessler, 2015, p. 9). Efectivamente, el primer paso para hacer de las muertes de militares asesinados por la guerrilla un objeto de investigación es indagar por qué éstas adquirieron una centralidad tal que despertó el interés de actores que trascendieron el campo de las FF.AA. Gayol y Kessler (2015) afirman: “la muerte es también legado, herencia y memoria en distintas formas” (p. 10). Es por eso que existe en ella un espacio de preguntas por esos elementos que en el caso que investigo permite construir un objeto de estudio sobre los sentidos que se condensaron alrededor de los “soldados caídos”.

Desde el punto de vista metodológico, la propuesta de Gayol y Kessler me permitió delinear una estrategia de abordaje de casos paradigmáticos asociados con diferentes maneras de morir. En relación con esto, acuerdo con “proponer una descripción, una explicación, una interpretación sobre algunos problemas que consideramos claves a partir del análisis minucioso de una singularidad accesible a la observación” (Gayol y Kessler, 2015, p. 11). En el presente artículo me centro en el estudio de “soldados caídos” en ataques de la guerrilla a unidades militares en el contexto de un gobierno constitucional.

En relación con las fuentes primarias, realicé un relevamiento de la prensa escrita, los diarios de sesiones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, reglamentos militares y publicaciones del Ejército, así como decretos del poder ejecutivo. Naturalmente, gran parte de mi archivo se armó antes de la pandemia, sin tener la posibilidad de ampliarlo desde 2020, más allá de los reservorios digitales. Las limitaciones que me impuso esta situación me llevan a advertir al lector sobre el carácter por demás exploratorio de muchas de las conclusiones a las que arribé, si bien se enlazan con una labor de investigación que lleva algunos años y sobre la que también poseo algunas certezas.

Los ataques

Desde 1973, una coalición liderada por el peronismo había llegado al poder nuevamente, aunque las contradicciones entre los sectores juveniles contestatarios y sus antagonistas vinculados con la ortodoxia partidaria estallaron al interior del propio movimiento fundado por Juan Domingo Perón, agudizando la crisis política. Paralelamente, otro actor ya había irrumpido en la escena nacional desde finales de la década del sesenta: las organizaciones político-militares marxistas y peronistas que hicieron uso de la lucha armada como método (De Riz, 2007).

Los gobiernos peronistas de la década del setenta de Héctor José Cámpora (mayo de 1973-julio de 1973), Raúl Lastiri (julio de 1973-octubre de 1973), Juan Domingo Perón (octubre de 1973-julio de 1974) y María Estela Martínez de Perón (julio de 1974-marzo de 1976) se caracterizaron por ir acompañados de un crecimiento notable de los hechos de violencia política de las organizaciones político-militares, los grupos paraestatales y la represión legal y clandestina, en medio de una agudización de la conflictividad social. Durante esos años, el gobierno nacional empezó a utilizar cada vez más a las fuerzas militares para realizar tareas de seguridad en clave antisubversiva. El “Operativo Independencia” señaló el punto en que el Ejército volvió a intervenir en el orden interno de manera masiva, implementando un conjunto de acciones legales e ilegales para la represión contrainsurgente en contra del ERP en la Provincia de Tucumán (Franco, 2012; Garaño, 2012).

Por su parte, Montoneros, la mayor organización político-militar peronista, se había inclinado por una estrategia de construcción de un ejército para atacar y exponer la supuesta debilidad de las fuerzas de seguridad y las FF.AA. desde mediados de 1975. De esta forma, se incrementaron los ataques a comisarías, bancos, agencias de automóviles y establecimientos militares, al tiempo que se realizaban operativos contra dirigentes y militantes peronistas vinculados con la rama ortodoxa del movimiento (Gillespie, 1998; Salcedo, 2011; Larraquy, 2017).

El 5 de octubre, un grupo de varias decenas de combatientes montoneros atacó el Regimiento de Infantería de Monte N° 29 de Formosa “Coronel Ignacio José Javier Warnes”, en el norte argentino. A medida que se avanzaba en su interior y los enfrentamientos se hacían más cruentos, los atacantes iniciaron una retirada desordenada con un magro botín de unas pocas armas. Media hora después del asalto, el Ejército había recobrado el control. El saldo de muertos entre los defensores incluyó a varios soldados, policías y civiles. Por su parte, Montoneros tuvo dieciséis muertos (Fraga, 1988; Larraquy, 2017).⁷ Luego de los acontecimientos, el arma terrestre emitió el siguiente comunicado:

Se informa que en la fecha, siendo aproximadamente las 16 horas, elementos subversivos atacaron al Regimiento de Infantería 29, en la ciudad de Formosa. El ataque fue rechazado por efectivos, de la unidad. Como consecuencia de este hecho resultaron muertos más de quince delincuentes subversivos y perdieron la vida al rechazar el ataque un subteniente, un sargento primero y nueve soldados. Entre estos últimos se encontraba un entregador.⁸

Mientras tanto, otro grupo de militantes atacó el Aeropuerto “El Pucú” de la ciudad de Formosa. Efectivos de las fuerzas de seguridad los repelieron y lograron mantener el control de la estación aérea. El diario La Nación informaba:

Luego se supo que el ataque al Regimiento 29 de Infantería de Monte y el secuestro del avión de Aerolíneas Argentinas por parte de elementos extremistas fueron acciones para distraer la atención de los efectivos del Ejército y policiales, mientras otro numeroso grupo subversivo atacaba la Unidad Penitenciaria No. 10 para liberar a terroristas que se hallan allí detenidos.⁹

Una vez que fue evidente el fracaso de los operativos de Montoneros, la respuesta del gobierno fue inmediata: el accionar represivo del Ejército adquirió un carácter nacional mediante el decreto 2772, firmado por el presidente del Senado Ítalo Luder, mientras la máxima mandataria, María Estela Martínez de Perón, se encontraba de licencia (Fraga, 1988; Franco, 2012).

El eje de la acción lo orientó la orden de “aniquilar a la subversión”. El decreto secreto 261 –mediante el que se dio inicio al “Operativo Independencia” en febrero de 1975– establecía que “el comando general del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de TUCUMÁN” (Ministerio de Defensa, 2010, p. 123).¹⁰ Esta medida se mantuvo en el decreto de octubre, que afirmaba:

Las Fuerzas Armadas bajo el Comando Superior del presidente de la Nación que será ejercido a través del Consejo de Defensa procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país (Ministerio de Defensa, 2010, p. 129).

La centralidad del concepto de “aniquilamiento”, que en este marco se refiere al exterminio físico del enemigo, se expresaba también en la terminología utilizada por el Ejército para hablar de lo ocurrido en Formosa: “la enérgica y decidida acción del personal presente en el cuartel, y procedente del barrio militar cercano, al que se sumó personal de la Prefectura Nacional Marítima, posibilitó el aniquilamiento total de los delincuentes que penetraron al Regimiento”.¹¹ A continuación, enlazada al “aniquilamiento” del enemigo, se hacía mención a los “soldados caídos” durante el ataque:

Como saldo doloroso de ese alevoso ataque, además del subteniente Ricardo E. Massaferro y del sargento primero Víctor Sanabria, perecieron los siguientes soldados oriundos de la provincia de Formosa: Antonio Arrieta, José Coronel, Dante Salvatierra, Edmundo Sosa, Tomás Sánchez, Marcelino Torales, Edmundo Luna [sic] , Heriberto Dávalos, Ismael Sánchez y Alberto Villanueva.¹²

Las organizaciones revolucionarias, no obstante, continuaban operando, aunque con un marcado descenso de su efectividad, como ocurrió a fines de diciembre de 1975 en el intento de copamiento por parte del ERP del Batallón de Arsenales N° 601 “Domingo Viejobueno”. Según La Nación, el ataque había tenido una magnitud inusitada, “sin antecedentes por el número de elementos subversivos que intervinieron”.¹³ Ubicado en Monte Chingolo, al sur del Gran Buenos Aires, esta instalación contenía el mayor arsenal del país, por lo que se planeaba robar una gran cantidad de armamento, incluyendo fusiles, cañones antiaéreos y municiones. Se esperaba contar con el abastecimiento necesario para continuar enfrentando a las FF.AA. y ayudar con el aprovisionamiento de los militantes que se encontraban en el monte tucumano (Plis Steremberg, 2003; Larraquy, 2017).

Sin prestar atención al riesgo que implicaba llevar adelante un ataque con posterioridad a la detención de algunos altos cuadros de la zona sur unas semanas antes, Mario Santucho, el líder del ERP, inició el asalto por la noche el 23 de diciembre con más de doscientos militantes armados. Además, La Nación señalaba que “el intento de copamiento a la unidad militar de Quilmes fue acompañado por una serie de atentados que posteriormente fueron calificados de acción de distracción”.¹⁴ Luego de ingresar y tomar el primer puesto de guardia, el avance se detuvo abruptamente: los defensores respondieron el fuego de los atacantes con ametralladoras, tanques blindados y helicópteros, sumados a la movilización de refuerzos de Campo de Mayo, el Regimiento N° 3 de Infantería de La Tablada, gendarmes y policías federales y bonaerenses (Plis Steremberg, 2003; Larraquy, 2017). El Ejército contaba con información producto de sus tareas de inteligencia. Al día siguiente, el diario La Nación informaba:

Esta madrugada, una apreciación realizada en el Comando General del Ejército determinaba que en ningún momento la unidad de Monte Chingolo fue copada y que los agresores fueron repelidos en el primer intento de atravesar las líneas de la guardia de control y la misma fuente hizo saber que ninguno de los que incursionaron en el interior de la unidad salió con vida.¹⁵

Después de tres horas de combate, los militantes del ERP emprendieron la retirada sin poder evitar el desastre: entre aquellos que perecieron en el enfrentamiento y quienes fueron fusilados luego de ser capturados, el saldo final del ataque fue de cerca de sesenta muertos y veinticinco heridos. Del lado de los defensores perdieron la vida una decena de policías y militares. Se agregó un número de muertos difícil de determinar entre los habitantes de los barrios humildes de los alrededores del Batallón. Monte Chingolo representó un golpe mortal para el ERP, que seguiría perdiendo miembros en los meses posteriores. Esto incluiría a la mayoría de sus máximos cuadros, derivando en el colapso de la organización ya en tiempos del gobierno militar que siguió al golpe de Estado de marzo de 1976 (Plis Steremberg, 2003; Larraquy, 2017). Consultado sobre los acontecimientos, el general Jorge Rafael Videla expresó que ante cualquier ataque de la guerrilla como ese, “el accionar de las fuerzas será similar al de Buenos Aires y que obtendrán el mismo resultado, es decir, que no será otro que el de la victoria”.¹⁶

Duelo, homenaje y recuerdo

Los rituales funerarios se erigieron en el espacio en que se manifestaron diferentes expresiones de tristeza, así como de venganza y un llamado a la continuación de la “guerra antisubversiva” en honor de los camaradas caídos. En el caso de Formosa, el velatorio se realizó en la unidad militar en donde había tenido lugar el combate: se hizo una misa de cuerpo presente, a cargo del capellán del Regimiento, José Eduardo Lima. El cortejo que salió desde allí estaba encabezado por un móvil de la Policía Provincial, seguido de diez ambulancias que tenían a su cargo el traslado de lo ataúdes. La caravana de automóviles se detuvo frente a la iglesia de María Auxiliadora para un responso y luego se dirigió al cementerio municipal. Allí se encontraban ya formadas las escuadras de miembros del Regimiento Nº 29 y de la Prefectura Naval, junto a una delegación de representantes de las fuerzas de seguridad.¹⁷

En el caso de Monte Chingolo, los sepelios se realizaron en diferentes cementerios de todo el país, según la procedencia de los muertos. En los funerales que tuvieron lugar en el cementerio de la Chacarita se congregaron figuras destacadas del gobierno nacional, así como máximas autoridades militares. La ceremonia fúnebre fue presidida por el ministro de Defensa, el Dr. Tomás Vottero, es decir, un civil pero también un destacado dirigente político, miembro del gabinete nacional. Junto a él se encontraban los comandantes generales de la Armada y de la Fuerza Aérea, almirante Emilio Massera, y el brigadier Orlando Agosti, respectivamente, así como un contingente de oficiales superiores y jefes del Ejército entre quienes sobresalía la figura del jefe del Estado Mayor, general Roberto Viola. “Los honores reglamentarios estuvieron a cargo de una compañía del Regimiento Patricios con bandera y banda”, consignaba La Nación.¹⁸

El Ejército tuvo sus representantes en los funerales, quienes se encargaron de enaltecer la figura de los muertos y remarcar una serie de valores históricamente asociados con el actor militar, valores que ahora se resignificaban en el contexto de la “guerra antisubversiva”. En el cementerio donde enterraron a un grupo de “soldados caídos” en Formosa, el coronel Dardo Argentino Oliva, comandante del Regimiento, expresó: “han caído hijos de Formosa y de nuestra querida patria. Estaban orgullosos de su Ejército Argentino y evidentemente así lo demostraron”.¹⁹En el cementerio de la Chacarita, uno de los encargados de dar las palabras de despedida fue el comandante de Arsenales general Oscar Gallino, quien expresó: “estos soldados que hoy despedimos son una parte del único Ejército que tiene la patria”.²⁰

Se trazaba una conexión entre los camaradas asesinados y el arraigo con el territorio, provincial y nacional. Esta remarcación no es casual: obedece a una labor sistemática de oponer la unidad entre el Ejército y la nación argentina al carácter “apátrida”, “anti-nacional” o “foráneo” de la “subversión”, el enemigo interno que incluía un campo diverso de actores, incluidas las organizaciones armadas (Mazzei, 2012).

El Ejército destacaba su pertenencia y vínculo con la población, así como se afirmaba la importancia de librar la “guerra” con apoyo social. En su alocución durante el sepelio en Formosa, el coronel Oliva expresaba que “los extremistas necesitan el apoyo del pueblo y así no lo lograrán, porque el Ejército Argentino es parte de ese pueblo y ellos mismos lo están asesinando”.²¹ Por su parte, el general Gallino manifestó en el cementerio de la Chacarita que el ataque al Batallón de Monte Chingolo, “ha sido otra batalla que puede ser que sea la última, si toda la ciudadanía sale de su peligroso letargo y comprende que se trata de una lucha en que todos debemos combatir”.²² ¿Cuál era el sentido de estas palabras?

Uno de los principios claves de la contrainsurgencia es lograr la “conquista de los corazones y las mentes”, es decir, volcar a la mayor parte de la población del lado de las fuerzas militares y de seguridad. Los grupos insurgentes, por su parte, buscan el mismo objetivo. La población es el “campo de batalla” y el combate se libra en todos los terrenos, incluido el ideológico (Olsson, 2009). Por ese motivo, en la perspectiva del coronel Oliva, por ejemplo, las muertes de militares a manos de las organizaciones armadas tenían un efecto contraproducente para ellas: generar un consenso para la acción represiva de las FF.AA.

El asesinato de los camaradas de armas en la “guerra contra la subversión” se asociaba con un “sacrificio” que comprometía a quienes seguían luchando frente a la memoria de los que ya no estaban. En su discurso fúnebre en Formosa, el coronel Oliva dijo: “a los inmolados no los lloraremos, pero les damos la seguridad de que sus fusiles ya tienen otras manos que los sostienen y apretados los dientes para seguir luchando. El holocausto vuestro no ha sido en vano, descansen en paz”.²³ En la Chacarita, el general Gallino avanzaba sobre sus expresiones referidas a la necesidad de contar con el apoyo de la población para la “lucha contra la subversión” y remarcaba que: “con independencia de que tal persuasión prenda o no en el consenso popular, nosotros –por los militares–seguiremos poniendo nuestros pechos a las balas”. El lazo de camaradería entre los vivos y los muertos se daba por la continuidad de la “guerra”, que se volvía una misión transcendental. Asimismo, el componente inevitable del enfrentamiento contra la “subversión” se manifestaba en la voluntad de sostener el combate, contando o no con la mayoría de la sociedad del lado de las FF.AA.

En la ceremonia de entierro también participaron autoridades de las fuerzas policiales y altos funcionarios de los gobiernos provinciales de Formosa, Misiones y Chaco, incluyendo una ofrenda floral enviada por la presidenta María Estela Martínez de Perón. “Al término de las oraciones fúnebres, cinco de los féretros recibieron sepultura, mientras que los siete restantes fueron trasladados por sus parientes por tratarse de soldados oriundos del interior formoseño”, reseñaba el diario La Nación.²⁴

La dirigencia política, especialmente la que ocupaba cargos de gobierno provinciales o nacionales, también se expresó por las muertes de militares. Esto se puede ver claramente para el caso de Formosa, si bien en el caso de Monte Chingolo la presencia de autoridades políticas también fue importante, algo que comenté más arriba cuando mencioné al ministro de Defensa Vottero. Como he trabajado y demostrado en otros estudios, junto con las investigaciones de otros y otras colegas, para mediados de la década del setenta, gran parte de las autoridades de gobierno habían incorporado la terminología castrense para referirse al análisis de la coyuntura local (Franco, 2012; Águila, Garaño y Scatizza, 2016; Pontoriero, 2017).

En el caso de Formosa, el ministro del Interior, Ángel Robledo, hizo llegar su mensaje de condolencias al comandante general del Ejército, Jorge Rafael Videla, el siguiente telegrama: “le ruego acepte mis más sentidas condolencias por las bajas que la acción criminal de la antipatria ha infligido a esa institución, así como mi admiración por el abnegado patriotismo del Ejército expresado a diario en todas las jerarquías”.²⁵ Las expresiones de Robledo muestran la identificación del arma terrestre con la nación, así como la oposición con la guerrilla, asociada a un enemigo interno que representaba intereses extranjeros, al igual que en el mensaje del comandante del Regimiento, parte de una tendencia general de la discursividad castrense. También se manifiesta la asociación de las organizaciones político-militares con el crimen, sin asimilarlas a una fuerza que combate en una “guerra”.

Una aproximación superficial al problema podría suponer que se trata de una paradoja: por un lado, se habla de “guerra contra la subversión” pero, por el otro lado, se oculta esa “guerra” al negar al enemigo el carácter de combatiente, mientras que se lo asimila con un criminal. No obstante, en el marco de la guerra contrainsurgente que las FF.AA. creían estar librando, el crimen era una acción de combate, y para ello se debía despojar al enemigo de su condición de igual, para transformarlo en un agente delincuencial que no merecía el trato legal propio del Derecho de Guerra: esto funcionaba como una puerta abierta hacia el terrorismo de Estado. Por lo tanto, la paradoja no es tal: es una derivación absolutamente lógica en el marco de un contexto que los militares asimilaban al de una guerra irregular, con el acuerdo explícito de la mayor parte del arco político, empezando por el oficialismo (Pontoriero, 2016; Pontoriero, 2017).

En el marco de los homenajes y muestras de condolencias de la dirigencia política, algunos casos se destacaron por manifestar un notorio compromiso en la “lucha antisubversiva”. Algunos días después del ataque en Formosa, el 29 de octubre la Cámara de Diputados de la Nación emitió una declaración votada por la mayoría para repudiar “la violencia criminal que está asolando el país con diversas formas de terrorismo y guerrilla en perjuicio de toda la población”. Entre los hechos que se condenaban se incluía, “[el] asesinato de miembros de las fuerzas armadas, de seguridad y de policía [y] asaltos insensatos a unidades militares, como el ejecutado recientemente en Formosa, con una espantosa secuela de víctimas”.²⁶ Luego del ataque del ERP, en la última sesión del año también se oyeron voces de condena en el Senado. Entre el 30 y el 31 de diciembre, Carlos Perette, senador por Entre Ríos de la Unión Cívica Radical (en adelante, UCR) dijo:

En nombre de la Unión Cívica Radical (…) quiero expresar nuestra adhesión al duelo que provocan tantas muertes y asimismo rendir tributo al comportamiento de las fuerzas armadas y de seguridad con motivo del hecho grave y significativo que representó la agresión directa cometida por la subversión contra las guarniciones militares, que lamentablemente ha cobrado numerosas vidas argentinas. Los hechos producidos en Monte Chingolo son de una extraordinaria gravedad y demuestran hasta qué grado la guerrilla pretende atacar las bases esenciales de la paz interna de la República.²⁷

Otro caso de apoyo político a las FF.AA. y de seguridad fue el de la Cámara de Senadores de Tucumán. Para ofrecer el homenaje a los soldados asesinados en Formosa tomó la palabra el Dr. Alfredo Cuozo, representante del bloque del Frente Justicialista de Liberación (en adelante, FREJULI), es decir, la coalición política liderada por el peronismo. Este senador dijo:

Todos los argentinos bien nacidos están poniendo el hombro a la lucha. Nosotros, a quiénes nos toca gobernar, asediados también por la subversión tan canallesca y artera como la guerrilla armada, nos proponemos seguir sobre nuestro pupitre de trabajo para que, a pesar de sus planes siniestros, el enemigo no vea en ningún momento detenida la marcha de las instituciones, las que defenderemos en todo instante, cueste lo que cueste.²⁸

En el medio del recuerdo de los soldados asesinados en Formosa y Monte Chingolo, una parte de la dirigencia política hacía causa común con los militares y reconocía en la guerrilla a su oponente. En ese contexto, la producción y sanción de legislación de emergencia que habilitó el uso de las FF.AA., comandadas por el Ejército, en el orden interno fue una forma de contribuir a la instalación de un estado de excepción (Franco, 2012; Pontoriero, 2017).

Consideraciones finales

El 17 de agosto de 1976, el Comando General del Ejército editó una obra titulada El Ejército Hoy (Páginas para su historia), dedicada a honrar el recuerdo de una serie de miembros del Ejército asesinados en operaciones de las organizaciones armadas en la “guerra contra la subversión”, convertidos en héroes (Ejército Argentino, 1976). La “acción psicológica” se dirige no sólo hacia la población civil, sino que también busca penetrar en la propia tropa. En relación con esto, la publicación militar expresaba que “es el propio Ejército el destinatario de estas semblanzas de su vida institucional, una vez más, al servicio de los más sagrados intereses de la Nación” (Ejército Argentino, 1976, p. 7). Por ello, se esperaba reunir una serie de “historias ejemplares” de soldados que mediante su actuación heroica, “servirán de acicate y ejemplo permanente para los integrantes de un Ejército que hoy se encuentra operando en todo el ámbito del país y en todos los planos de la vida nacional donde la agresión sin patria así lo exige” (Ejército Argentino, 1976, p. 5).

En sus páginas, el libro incluía dos capítulos dedicados a los casos que estudié en este artículo. Antes de que se cumpliera un año desde aquellos ataques, el arma terrestre había incorporado esas muertes a su memoria institucional y, además, las integraba a un proyecto de formación educativa y preparación para la represión y el exterminio. Como se expresaba en el epílogo, los soldados asesinados por la guerrilla “viven en la mente y en el corazón de este EJÉRCITO DE HOY, que con las armas en la mano no escatimará sacrificios para arribar, con la ayuda de DIOS, a la victoria definitiva” (Ejército Argentino,1976, p. 127).²⁹

Los ataques de la guerrilla a las unidades militares de Formosa y del sur de la Provincia de Buenos Aires se constituyeron en acontecimientos paradigmáticos de los años setenta. Marcaron un límite para cualquier intento posterior de ataque frontal y abierto contra un establecimiento de las FF.AA. Al mismo tiempo pasaron a representar un símbolo de la defensa, el valor y el honor para los militares. Las muertes de hombres del Ejército habilitaron la construcción de la figura del “soldado caído” en la “guerra contra la subversión” a través de la conformación de una memoria sobre ellos.

Me interesa plantear algunas ideas provisorias, sujetas a discusiones futuras. El proceso de construcción de las representaciones sobre los “soldados caídos” en la autodenominada “guerra contra la subversión” en la década del setenta contribuye al estudio de las condiciones de posibilidad del terrorismo de Estado. En este sentido, considero que, para mediados de esa década, los asesinatos de miembros de la fuerza a manos de las organizaciones armadas contribuyeron a lograr un consenso interno para la represión extrema, al tiempo que también sirvieron para que el Ejército se constituyera hacia la dirigencia política como el actor que debía enfrentar al “enemigo interno”.

La figura de los “soldados caídos”, asociada a los conceptos de heroísmo, sacrificio, deuda y camaradería, fue central para generar una adhesión en la tropa, una disposición al sacrificio y para asumir el compromiso corporativo que tuvo el Ejército en la represión clandestina masiva y sistemática que se institucionalizó después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, así como para su legitimación en ese rol por parte de la ciudadanía.

Un amplio espectro de actores políticos –desde representantes del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, hasta miembros de los poderes legislativos locales y el poder legislativo nacional–, expresaron su acuerdo con el enfoque contrainsurgente de las FF.AA. En efecto, la dirigencia política se consideraba también un actor en guerra, junto a los militares, y la figura del hombre de armas asesinado por la guerrilla también despertó en ellos palabras de lamento, al tiempo que apoyo al actor castrense como barrera de defensa frente al ataque de la “subversión”.

El otorgamiento de enormes poderes de emergencia al actor castrense derivó en el crecimiento de su poder político como factor decisivo ya no solamente de la lucha contra la guerrilla, sino también de una dictadura futura. El pretorianismo militar –es decir, la intervención sistemática del actor castrense en la esfera política– explica una parte de la historia de la descomposición del orden constitucional y democrático. Sin embargo, otra parte importante de esa misma historia se construyó a partir de los cruces entre civiles y militares al momento de sus acuerdos en un enfoque de la represión política basado en el combate contra un enemigo interno.

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Notas