Introducción

Las transformaciones que se produjeron en el capitalismo agropecuario desde mediados de la década de 1990 supusieron la incorporación de nuevas lógicas que modificaron sustancialmente las formas organizativas del trabajo rural. Este proceso abrió paso a considerar la actividad agropecuaria cada vez más como un negocio, es decir, estuvo progresivamente más vinculada a lógicas extra-agrarias en las que primó el carácter transectorial. Esta disposición de las prácticas agronómicas generó nuevas solidaridades entre actores al integrar distintas esferas de la actividad económica que van, por ejemplo, desde la producción primaria hasta las finanzas, pasando por la industria, los servicios, el comercio, las biotecnologías (Bisang, Anlló y Campi, 2010, pp. 239-241; Gras y Hernández, 2013, p. 30).

La configuración del agronegocio no solo implicó la reestructuración de las decisiones productivas que rápidamente se observaron en los territorios producto de lo que se denominó como sojización, sino que representó una nueva articulación de las relaciones socio-económicas entre los sujetos que históricamente desarrollaban las labores agrícolas, organizando de una forma diferente las solidaridades previamente existentes entre ellos. Dicha situación no estuvo exenta de conflictos y realineamientos que estructuraron diversas formas de organización y demandas frente al avance y consolidación del nuevo paradigma productivo. Este es precisamente el interés del presente artículo: historizar, dentro del marco expuesto, cómo emergió la conflictividad en el mundo rural y de qué manera las organizaciones, agrarias y obreras, procesaron y canalizaron el conflicto. Así, la atención se concentrará en la posición adoptada por las organizaciones que engloban a diferentes sujetos del mundo rural de Córdoba, indagando su accionar durante los momentos conflictivos que se abrieron desde la segunda mitad de la década de 1990 con la configuración del agronegocio. Para ello, atenderemos al conjunto de acciones desarrolladas por las filiales cordobesas de Federación Agraria (en adelante, FAA) y por las delegaciones en el sur de Córdoba de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (en adelante, UATRE) en un periodo signado por una elevada conflictividad social en la provincia (Gordillo, Arriaga, Franco, Medina, Natalucci y Solís, 2012).

Sobre esa base, el presente trabajo buscará distinguir las estrategias desarrolladas por cada organización, caracterizando las formas en las cuales se manifestaron y canalizaron las demandas de sus representados en un contexto de transformación del mundo rural. Desde una reconstrucción que considere las diversas estrategias, se intentará comprender de qué manera estas permitieron u obturaron una modificación del campo de acción al reforzar o debilitar las disposiciones a actuar en colectivo, configurando novedosos repertorios de contienda y nuevas identidades colectivas. En ese sentido, nuestra hipótesis plantea que, a pesar de ciertas condiciones iniciales, el conjunto de estrategias adoptadas por cada sector fue divergente. A partir de la configuración del agronegocio, FAA reconfiguró sus acciones y sus demandas desarrollando un variado repertorio de protesta que se orientó hacia el espacio público. Por su parte, la UATRE subordinó la acción de colectiva en favor de una posición negociadora, estableciendo vínculos políticos con el gobierno nacional. Cada organización apuntó a defender intereses sectoriales y a reforzar su identidad colectiva lo que conllevó una fragmentación en las demandas y formas de actuar en el espacio público.

El trabajo se organizará en cuatro apartados. El primero presentará una serie de consideraciones conceptuales y metodológicas que estructurarán el recorrido propuesto. El segundo caracterizará algunas dimensiones del mundo del trabajo rural en Córdoba durante la configuración del agronegocio. El tercero, por su parte, abordará las respuestas desarrolladas por los trabajadores familiares nucleados en la FAA frente a dichas transformaciones. Por último, se presentarán las estrategias realizadas por el sector representante de los trabajadores formalizados de la UATRE.

Claves conceptuales y metodológicas para el abordaje de la conflictividad en el mundo rural

El análisis sobre la protesta de los colectivos vinculados al mundo del trabajo rural en la provincia de Córdoba durante la década de los noventa presentó un interés marginal. Se desarrollaron una serie de trabajos que prestaron atención a la oposición activa de gremios y colectivos sociales a las políticas económicas desarrolladas por el gobierno provincial (Arriaga, 2008; Closa, 2009; Natalucci, 2011; Gordillo et al, 2012; Carini, 2018). Sin embargo, existe una vacancia considerable en relación con los conflictos ocurridos en el espacio rural durante ese periodo histórico (Magallanes y Boito, 2003; Carini, 2018 y 2019). En ese marco de trabajos, se destaca el libro ya citado de Gordillo et al(2012) donde se realizó un abordaje integral de la dinámica del conflicto en toda la provincia.¹ De su análisis global se puede inferir que la conflictividad estuvo centrada en el espacio urbano y que las acciones de protesta, en su mayoría, estuvieron protagonizadas por sindicatos estatales afectados por los intentos de reforma de las empresas provinciales. Así, del total de las protestas registradas en el período 1989-2003, casi la mitad (52,49%) fueron realizadas por los sindicatos, mientras que las vinculadas a sujetos rurales ocuparon un 6,52% del total.² No obstante estas apreciaciones, la centralidad que ocupaba (y ocupa) el agro en la economía de Córdoba lo torna relevante como foco de análisis. Es decir, la escasa representatividad de la protesta rural no implica la inexistencia de momentos conflictivos, por lo que se hace necesario indagar sobre lo acontecido en ese espacio. Más allá de esta consideración, el libro nos propone una metodología para el análisis de las acciones de protesta consistente en la identificación de una serie de variables como: lugar y fecha, tipo de protestas, formatos, organizadores, adherentes, demandas y duración (Gordillo et al, 2012, p. 368).

Atender la dimensión del conflicto se sustenta en que este posee la capacidad de reorganizar experiencias y expectativas colectivas e individuales (Cefaï, 2002), manifestando elementos constitutivos de la tradición del colectivo movilizado como así también la forma de entender su futuro en un contexto específico. A lo largo de este artículo el conflicto será entendido como un fenómeno que se encuadra al interior de relaciones laborales. Su desarrollo es movilizado por un grupo de trabajadores que tienen como objetivo alcanzar reivindicaciones vinculadas al proceso de trabajo, organizando de manera colectiva diversas estrategias de acción (Palomino, 2007). Su configuración colectiva, organizadas y coordinadas por un grupo, es lo que posibilita lograr objetivos específicos que no podrían ser alcanzados de forma individual en el mismo espacio de tiempo con los medios disponibles (Van der Linden, 2019). Es en esta línea desde la cual cobra relevancia atender a las organizaciones que agrupan a los trabajadores.

Si bien comprendemos la heterogeneidad intrínseca propia de los actores sociales involucrados en cada organización objeto de análisis, por cuestiones analíticas definimos a cada agrupamiento como el sector representante de un segmento diferente de trabajadores rurales. Esto se debe a que entendemos a los mismos en su calidad de portadores de fuerza de trabajo, independientemente de si son poseedores o no de los medios de producción (Van der Linden, 2019). Esta definición no pretende homogeneizar al conjunto de trabajadores involucrados en tareas rurales de manera acrítica. Lo que ofrece es una mirada general que permite asumir al trabajador rural no solamente como aquel que vende o alquila su fuerza de trabajo, sino que atiende a sujetos que desarrollan sus actividades al interior de una unidad familiar. En tanto, vislumbramos que en ambos sectores el conflicto aparece, a priori, centrado en la distribución de lo producido, en las condiciones materiales de trabajo o en el consumo de la fuerza de trabajo y la estabilidad laboral. Vectores que se vinculan a los procesos de trabajo y a sus trabajadores (Hyman, 1981).

Por su parte, ambas organizaciones deben ser analizadas desde una perspectiva histórica y como parte integral de la sociedad capitalista (Gramsci, 1919), que enmarcan relaciones verticales y horizontales a su interior. De este manera, aquí no adscribimos a una consideración binaria de los vínculos entre cúpula dirigencial y base trabajadora.³ El propósito se encuentra en reflexionar en procesos que involucran la configuración de intereses colectivos (Ghigliani, 2010). En el marco de sus estrategias, en momentos que se presentan como conflictuales, las organizaciones suelen adoptar una lógica que se presenta como bivalente. Estas se guían por un comportamiento dual, en el cual está presente tanto la lucha como el compromiso (Van der Linden, 2019). Esa la lucha, entre otras dimensiones, se expresa y manifiesta por medio de acciones colectivas. Las mismas son aquellas manifestaciones, sociales y públicas, desarrolladas por un grupo (Tilly, 2000). Se definen como actos reflexivos y deliberados que se inscriben en el espacio público en calidad de acciones políticas. En ese sentido, se recuperarán todas aquellas acciones colectivas de protestas desarrolladas por las filiales cordobesas de FAA y UATRE durante el periodo bajo estudio. A la vez se considerarán los diferentes repertorios adoptados por cada organización a la hora plantear demandas de distinto tipo (Tarrow, 1997). El compromiso se vincula al desarrollo de un complejo campo interrelacional constituido por procesos centrados en la negociación colectiva (Scribano, 2003). La negociación implica estrategias de persuasión y acciones de conversación en las que se busca canalizar los conflictos por otras vías. Así, se observarán los canales de negociación abiertos durante el periodo.

Entendemos que estas dos estrategias actúan como factores que permiten robustecer el poder asociativo de cada organización. Es por ello que ambos momentos deben ser reconstruidos analíticamente recuperando tres indicadores que operan transversalmente al interior de cada uno. Es así, y siguiendo la propuesta de Christian Lévesque y Gregor Murray (2011), que se atenderá a la solidaridad interna, la solidaridad externa y los recursos narrativos. Lo primero hace referencia a los mecanismos desde los que el grupo garantiza una cohesión colectiva y la unidad de objetivos. Lo segundo a los vínculos, horizontales y verticales que establece la organización con otros actores sociales. Lo tercero alude al conjunto de relatos que enmarcan las acciones constituyendo un marco de interpretación para explicar situaciones y contextos.

Una vez advertidos los modos en los que se desarrollaron las acciones colectivas y las negociaciones colectivas se reparará en las formas de vincularse, o no, con otros actores sociales y en las demandas que se hacen presente. Para ello se hará una reconstrucción del periodo 1993-2003, a partir de la información presente en los periódicos comerciales con mayor circulación neta paga de la provincia de Córdoba, según el Instituto Verificador de Circulación, La Voz del Interior y Puntal. El empleo de la prensa nos permite, asimismo, —y a pesar de que simplifica la complejidad de la información en relación con la que circula para otros públicos (especializados) y a otras escalas de la política— indagar las acciones colectivas y las protestas. En paralelo, ofreceremos algunos indicadores para dimensionar las transformaciones en el mundo rural cordobés a partir del Relevamiento de Productores del Gobierno de la Provincia de Córdoba (1999) y los Censos Nacionales Agropecuarios de 1988 y 2002.

Trabajadores familiares y asalariados durante la configuración del agronegocio en Córdoba

La configuración del agronegocio implicó una profunda modificación en el funcionamiento de los mercados de trabajo, las condiciones de ocupación y los tipos de trabajadores involucrados (Neiman, 2010). Frente a ello, consideramos que su descripción constituye una condición necesaria para la comprensión de las estrategias de acción desarrolladas por estos sectores durante la década de 1990. Un primer indicativo de esa alteración se puede observar en una tendencia que, si bien es de más largo alcance, adquiere proporciones más significativas en el período histórico detallado, nos referimos al proceso de liquidación de unidades productivas. Para el caso de la provincia de Córdoba, si se considera el período intercensal que va desde 1988 a 2002, desaparecieron 36,05% de las explotaciones agropecuarias, pasando de unas 40.061 a 25.620 y siendo las unidades de menos de 500 hectáreas (en donde censalmente se ubican los sectores ligados a la agricultura familiar) las que perdieron una proporción significativa de tierra bajo su control (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos/INDEC, 1988 y 2002).⁴ Una de las consecuencias directas de este proceso fue el aumento de la superficie media por establecimiento, que a nivel provincial pasó de 342,6 hectáreas a 477,9;⁵ esto sirve de parámetro para mostrar el pasaje a un esquema productivo que demandó nuevas escalas de operaciones. En ese sentido, se han señalado—dentro del abanico de sujetos implicados y de la diversidad de situaciones— cómo estos procesos de diferenciación social implicaron para muchos productores vender o perder el dominio de su explotación, migrando hacia centros urbanos en condición de desocupados o de trabajadores en sectores industriales o de servicios (Lattuada, 2006, p. 135).

Entre los requerimientos de ese esquema más capital intensivo se encontró la introducción de innovaciones tecnológicas, que— como los cambios que propició la introducción de la siembra directa— han inducido en las últimas décadas a una gran disminución de los tiempos de laboreo (en especial aquellos que se realizaban previo a la cosecha), lo que se tradujo en una marcada reducción en la cantidad de trabajadores rurales.⁶ Existen estimaciones que plantean que en el plazo de treinta años las necesidades de mano de obra para realizar una hectárea de trigo disminuyeron cuatro veces y cerca de diez veces en el caso del maíz (Neiman, 2010, p. 409). En la provincia de Córdoba, para el año 1999, trabajaban en los 11.600 establecimientos productores de soja de primera ocupación unas 28.000 personas en forma permanente. En promedio, cada establecimiento ocupaba a 2,5 personas como asalariados y 1,7 personas lo hacían sin obtener remuneración directa (productores familiares). Sólo en el 7% de los establecimientos trabajaban productores familiares no asalariados en forma transitoria mientras que el 17% contrataba personal transitorio (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables de la Provincia de Córdoba/ MAGyRR, 1999).

La introducción de estos cambios tecnológicos también tuvo consecuencias sobre las competencias necesarias de los trabajadores, por ejemplo, se tornó indispensable poseer ciertas calificaciones relacionadas con la operación de maquinarias y la utilización de insumos (Neiman, 2010, p. 41). Para los productores familiares, en tanto, conllevó la necesidad de hacer frente a la adopción del paquete tecnológico, lo que aumentó los niveles de endeudamiento de las unidades productivas y, en muchas ocasiones, fue el motivo por el cual debieron salir del proceso productivo. A pesar de que no existen índices de morosidad, la situación de endeudamiento en el territorio cordobés era una experiencia extendida hacia finales del siglo XX. El 67 % de los productores de soja poseían algún tipo de endeudamiento y el 80% de esos productores registraban una deuda inferior a los $80.000. Los establecimientos con una deuda de $ 10.000 a $ 40.000 eran el grupo más representativo con una participación del 38,3% sobre el total de establecimientos endeudados (MAGyRR, 1999).

La estructura de ocupación de carácter permanente del agro cordobés no presentaba variaciones sustanciales respecto de la del resto de la región pampeana, se caracterizaba por poseer un predominio del trabajo a cargo de los propios productores que representaban el 51,40% y, en términos absolutos, eran 28.761 trabajadores. El otro componente significativo era aportado por los asalariados no familiares de carácter permanente con 18.321 trabajadores que suponían el 32,75%. Ese cuadro se completaba con la contribución de los trabajadores familiares, que alcanzaban un 15,85 % con 8.865 trabajadores (INDEC, 2002). A partir de estos índices se puede inferir que se está en presencia de un agro capitalista con un importante peso de los trabajadores asalariados. Sin embargo, y como se expondrá en los párrafos subsiguientes, su condición de informalidad constituye una de sus principales características.

“Es nada más ni nada menos que la legítima lucha por la sobrevivencia”: trabajadores familiares en crisis

Las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Carlos Menem colocaron en una situación paradójica a las asociaciones de productores agropecuarios. Por un lado, la reducción total o casi a cero de las retenciones en muchos de los productos agrícolas desplazó el eje de la conflictividad hacia otras temáticas, en particular, hacia los efectos que la convertibilidad ocasionaba sobre los costos relativos de las unidades productivas. No obstante, no se tradujo en una crítica abierta al esquema cambiario por las amplias adhesiones con las que contaba. Por otro lado, la eliminación de la institucionalidad agraria construida durante la primera mitad del siglo XX y que suponía la intervención del Estado en la regulación de diferentes mercados vinculados al agro, tampoco generó demasiadas controversias en un contexto donde el neoliberalismo se presentaba como la clave interpretativa de todas las situaciones. En ese contexto de producción ocupó un notorio interés el análisis de las respuestas de las corporaciones agrarias frente a las políticas públicas aplicadas en el período 1991-2002. Fue, fundamentalmente, desde el ámbito de la sociología y la antropología rural que se trabajó esa cuestión. Se priorizó el análisis de los formatos que asumió la protesta de las corporaciones agrarias durante el período considerado, haciendo hincapié en la densidad significativa que contenían. Así, por ejemplo, se estudió el denominado ‘tractorazo’ de 1994 impulsado por las sociedades rurales nucleadas en CRA (Scribano, 2003) y las protestas realizadas por las mujeres de los productores agropecuarios familiares que impedían los remates de sus explotaciones agropecuarias a partir de rezos o encadenamientos en los juzgados (Giarraca, 2001; Bidaseca, 2003). El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha (MMAL), la expresión asociativa que aglutinó a este sector, también fue vista como un indicio de la nueva pluralidad del arco de asociaciones del agro nacional (Lattuada, 2006). Asimismo, se enunciaron los elementos de las políticas económicas del período que resultaron más perjudiciales para los pequeños y medianos productores (Azcuy Ameghino, 2004; Lissin, 2010; Salvia, 2014, Pérez Trento, 2015; Carini, 2014 y 2019). Nuevamente aquí fueron escasamente indagadas tanto las diferentes motivaciones, reclamos y discursos que inclinaron a las entidades a tomar medidas de acción directa frente a los efectos de dichas disposiciones, priorizándose el comentario de las consecuencias sobre la estructura social agraria, como las implicancias que esas protestas tuvieron en el campo de lo político.

Sobre esa base, nos interesa mostrar algunas dimensiones de la conflictividad protagonizada por algunos sectores vinculados a la agricultura familiar que se mantuvieron movilizados durante todo el periodo, estructurando diferentes estrategias para contener la erosión de ese universo social. En este sentido, la FAA procuró a partir de alianzas con diferentes sectores del agro, en particular con aquellas asociaciones que nuclearon a medianos productores, manifestar la crítica situación en la que los efectos de las políticas económicas colocaban a sus bases sociales. Una expresión de esta estrategia fueron las diferentes medidas que a partir de la mitad de la década de 1990 comenzará a estructurar en forma coordinada con Confederaciones Rurales Argentina (en adelante, CRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (en adelante, CONINAGRO) y que se sostendrá hasta finalizar el período de análisis.⁷

Ese curso de acción se inicia con ‘paro tranqueras afuera’, es decir, durante diez días los productores rurales no realizarían ninguna operación de mercado con el objetivo de desabastecer los mercados, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires. Además, habían dispuesto que en aquellas localidades donde existiera más de una entidad gremial organizadora se constituyeran ‘comités de lucha’ a los fines de coordinar las diferentes acciones.⁸ La dirigencia de la Sociedad Rural Argentina (en adelante, SRA), agrupaba a los productores agropecuarios más concentrados y con intereses diversificados de Argentina, a pesar de que previamente había firmado un petitorio conjunto con dichas entidades y que compartía el diagnóstico, optó por no adherirse. Esta actitud ocasionó el descontento entre los coordinadores de la acción colectiva pero no fue un elemento que impidiera la concreción de la acción de protesta.⁹

El análisis general de la situación que motivaba la estructuración de la acción era descripto por el titular de la entidad convocante, quien sostenía que: “Más de 5 mil millones de endeudamiento, la ausencia de nuevos créditos y la permanente situación de crisis es lo que nos impulsa a tomar esta medida”.¹⁰ Ante esta situación aparecían cuatro demandas como centrales: la refinanciación de pasivos y créditos para la reconversión y recomposición del capital de trabajo, a una tasa de interés de nivel internacional y a un plazo mínimo de 10 años; la suspensión sin más trámites de las exportaciones de aquellos productores agropecuarios cuyos países subsidian la producción; reintegros para las exportaciones de las economías regionales; la eximición de las deudas previsionales que pesaban sobre la mayoría de los productores.¹¹

Estas demandas eran de estricto contenido sectorial y económico, aunque en el transcurso de la protesta se puede apreciar como emergentes de esos reclamos algunas reivindicaciones que alertaban sobre las alteraciones que se comenzaban a percibir en el entramado social del agro a partir de la vigencia del modelo productivo. En ese sentido, se observa una intención por asimilar la situación de los trabajadores de la agricultura familiar a los sectores medios urbanos. La pretensión de presentar un interés común como general en la búsqueda de solidaridades para sostener la protesta y amplificar sus efectos se anclaba y, por ende, buscaba legitimidad en una representación históricamente sostenida por diversos sectores rurales que consistía en señalar la centralidad del agro en el desarrollo nacional (Carini, 2017). Un comunicado de prensa del comité de lucha del sur de Córdoba planteaba esa cuestión y explicaba que:

la crisis del campo se ha trasladado con toda crudeza y gravedad a los centros urbanos, especialmente del interior del país provocando recesión, desocupación, parálisis, desaliento, pobreza. Los testimonios de esta situación se dan cotidianamente. Ya no son solamente las entidades agropecuarias que lo advierten: son las que representan a los sectores del comercio, la industria, los servicios, etcétera, que están pidiendo decisiones gubernamentales que permitan sobrellevar este trágico momento en la economía de un vasto sector de la vida nacional. Lamentablemente, pareciera que nuestras autoridades son las únicas que no ven esta realidad. En vano han sido nuestros reclamos, nuestra prédica, nuestras peticiones. Y los tiempos se han agotado. ¡Debemos reaccionar!¹²

De forma más explícita, uno de los dirigentes regionales de FAA sostenía que: “El problema del campo se está transformando en un problema de la sociedad (…) porque si no trabaja el campo y los sectores relacionados con él no trabaja nadie”.¹³ Esta pretensión fue más o menos efectiva. En el sur de Córdoba, la asociación que nucleaba a diferentes rubros de la industria, el comercio y los servicios— Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios (en adelante, CECIS)— a través de un comunicado adhirió a las medidas del agro; en este instaba a los:

niveles gubernamentales competentes, a los legisladores y a la dirigencia política a que, sin dilaciones, consideren e instrumenten los correctivos que la actual situación exige para que, de una vez por todo, se arribe a soluciones concretas y eficaces para el sector en el entendimiento de que habrán de repercutir favorablemente sobre la industria, el comercio y los servicios.¹⁴

Asimismo, muchos sectores afines a la actividad agropecuaria habían mostrado su apoyo a la iniciativa de las asociaciones rurales, entre los cuales se encontraban los consignatarios de hacienda, la Sociedad de Acopiadores de Granos de la Provincia de Córdoba y la cámara que nucleaba a los propietarios vinculados al negocio agro-veterinario.¹⁵ Estos diagnósticos que alertaban sobre la descomposición del tejido socio-productivo se tornaban más cruentos en relación con la percepción de los procesos de descomposición de los perfiles que históricamente habían caracterizado a la base social de FAA. Así lo comentaba uno de sus dirigentes:

Y debe comprenderse que esto es el reflejo de una realidad extremadamente crítica, que va desbordando toda capacidad de tolerancia. Que no se está en actitudes políticas ni opositoras, como tampoco se persigue el fracaso de nada ni nadie. Es nada más ni nada menos que la legítima lucha por la sobrevivencia, por la continuidad de muchísimas explotaciones que están en serias dificultades, al borde de la desaparición. Esto es lo que no puede dejar de observar el Gobierno nacional. Y no se trata solamente de perder unos cuantos miles de productores naturales de alimentos y divisas. Se trata de todo un entramado social cuyo quiebre puede lamentarse muy profundamente en el futuro cercano, muy especialmente a nivel del interior del país.¹⁶

En sentido similar, otro dirigente comentaba el deterioro que se percibía para la correcta reproducción de las familias rurales, remarcando la intensificación en las escalas necesarias para sostener las unidades productivas:

Primero nos dijeron que debían desaparecer más de 200 mil productores para que el esquema económico cierre. Dijeron también que para trabajar cada productor debía tener como mínimo 200 hectáreas, después dijeron 300 y ahora 500. Dentro de poco nos van a decir que hacen falta 1000 hectáreas para que una familia viva dignamente.¹⁷

La situación descripta por el representante de FAA operaba como una motivación para continuar participando de acciones directas de ese tipo, las cuales canalizaban la conflictividad social que no encontraba satisfacción en las estructuras de representación y mediación política existente.¹⁸ Asimismo, las intervenciones de la dirigencia rural daban cuenta de cómo se fue configurando una crisis de representación que atravesó no sólo a la dirigencia tanto política sino también a la gremial (Carini, 2018).

La protesta de 1994 señalaba un punto de inflexión en la estrategia de la FAA. La búsqueda por asegurar la supervivencia de los trabajadores rurales requirió de la implementación de acciones de alta performatividad política y de la concertación de alianzas estratégicas con otros sectores del agro argentino. De esta forma, se abrió un período de creciente conflictividad que se tradujo en múltiples instancias de protesta como los paros agropecuarios de 1997, 1999 y 2001. En esas instancias, la dirigencia de la FAA privilegió la coordinación con asociaciones de productores que no necesariamente compartían las mismas percepciones sobre el rol del Estado en la economía o las modalidades en que se debía distribuir la presión impositiva. Así, las demandas asociadas a la salvaguarda de los trabajadores familiares y la persistencia de sus explotaciones agropecuarias fueron quedando subsumidas en reivindicaciones acotadas a un sentido estrictamente económico, en las que, en varias oportunidades, se otorgó centralidad a la necesidad de accesos a créditos para favorecer la “reconversión empresaria”, la reducción de tasas o la extensión en vencimientos impositivos.

“Nos hacen trabajar en negro”: la UATRE y la canalización de las demandas por vías institucionales

Indagar acerca de las acciones de protesta desarrolladas por la UATRE, durante el proceso de configuración del agronegocio en la provincia Córdoba, se torna una empresa compleja y fragmentaria. Al inspeccionar sobre acciones colectivas a lo largo del periodo en estudio, nos encontramos con una escasa información sobre sus acciones en el espacio público. Frente a ello, y retomando los aportes de Villulla (2010), podría pensarse en una ausencia de los obreros agrícolas pampeanos entre los protagonistas de las luchas sociales en los noventa. Este presupuesto toma impulso en relación con la activa participación de otros actores sociales hacia el interior del entramado agrícola, tal como se ha presentado en el apartado anterior. Sin embargo, se reconoce que la UATRE buscó procesar y canalizar las demandas del sector representado por medio de otras vías. No obstante, la adopción de una estrategia negociadora no estuvo desprovista de factores que tendieron a robustecer el poder asociativo del gremio.

El estudio específico de la UATRE, aunque existen una serie de trabajos que entendemos como significativos para la comprensión de la organización, se enmarca en un campo poco frecuentado desde las ciencias sociales. Desde una perspectiva antropológica se hallan investigaciones que indagaron el accionar de la UATRE durante los procesos de reestructuración productiva en el ámbito de la fruticultura (Trpin, 2008) y en la producción arrocera (Ramos, 2003). En esta misma línea, se ha pesquisado la conflictividad al interior del mercado de trabajo yerbatero en Misiones y el de la citricultura en Tucumán (Alfaro y Rau, 2005). Por parte del campo de la historia, los estudios más importantes en relación a la conflictividad obrera en la región agrícola, son los de Villulla (2010 y 2015). Recuperar estos trabajos cobran relevancia en virtud de que todos, enfocados desde distintas perspectivas teóricas y abordando diferentes contextos, llegan a una conclusión en común: la UATRE dejó de lado la confrontación directa, en favor de desarrollar estrategias ligadas a su vínculo con el poder político, siendo su principal bandera de lucha la campaña por el blanqueo.

Las acciones desarrolladas por la UATRE en la provincia de Córdoba no estuvieron exentas de lo acontecido en el plano nacional. Es frente a ello que se observa una escasa participación en acciones colectivas. No obstante, creemos que es necesario en primer lugar, repensar el porqué de la adopción de esta estrategia por parte del sindicato, observando desde aquí los recursos movilizados por la organización a lo largo de la década.

La UATRE es un sindicato de primer grado con alcance nacional. Se presenta como una entidad obrera novel si se toma como referencia que surge formalmente en octubre de 1988, mediante una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación, alcanzando su normalización en 1991. Su estructura organizativa es vertical y centralizada, es decir, se constituye de una secretaría general con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y distintas delegaciones al interior del país, integradas por un sistema de seccionales. A su vez, la UATRE asentó sus bases organizativas en la ex Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE), asumiendo la representación de todas las actividades rurales anteriormente encuadradas a un esquema federativo lo que implicó la agrupación de trabajadores y trabajadoras de 170 actividades rurales a lo largo del país, caracterizándose por su diversidad en el entramado productivo (Trpin, 2008; Villulla, 2010).¹⁹ Este traspaso formal, de una organización federativa de segundo grado a una sindical de primer grado, significó una pérdida de autonomía por parte de sus delegaciones regionales al ahora tener que subordinar sus intereses a los propios de la secretaría general.

El sindicato, ya formalizado, encontró dos factores que pudieron actuar como limitantes al momento de desarrollar sus estrategias sindicales. La primera fue la desregulación laboral que sufrió el sector rural durante la última dictadura cívico-militar. La aplicación de la Ley de Trabajo Agrario (22.248) en 1980 significó una exclusión formal de los obreros rurales de la Ley de Contrato de Trabajo. Frente a esto, se constituyó un marco regulatorio en el cual el beneficiado fue el empleador rural, reduciendo el ámbito de acción para el sindicato (Villulla, 2010; Neiman, 2016). La segunda, y tal vez más determinante en relación con las estrategias sindicales, fue el elevado porcentaje de trabajadores no registrados o en “negro” en el espacio rural hacia comienzos de la década de 1990. Según estimaciones, en un nivel nacional, para el año 2001 sólo había un 28,3 % de asalariados registrados sobre un número aproximativo de un millón de trabajadores agrarios, fueran permanentes o transitorios.²⁰

Lo expuesto permite observar características particulares de la unión de trabajadores rurales a lo largo de la década de los noventa y su incidencia en el entramado productivo. Una vez normalizada, la UATRE asumió la representación de un heterogéneo número de actividades rurales dispersas, con sus propias demandas, a lo largo y ancho del país por medio de un esquema organizativo vertical y centralizado. Se encontró inmerso, a su vez, en relaciones laborales encuadradas por un marco normativo regresivo para el derecho de los trabajadores rurales, sobre la base de un bajo número de trabajadores formalizados. En correspondencia a este último factor, el no registro de trabajadores tiene un impacto negativo para una organización sindical. La pérdida de incidencia sobre estos trabajadores reduce la capacidad de movilización del propio gremio, a la vez que la falta de aporte económico por dicho sector limita el funcionamiento de sus estructuras burocráticas (Schmalz, 2017).

Al tomar algunos indicadores que permiten objetivar el poder de un sindicato, se observa: una baja densidad sindical, debido al escaso número de trabajadores afiliados, resultado del alto índice de empleos en negro; un débil entramado organizativo, propio de la dispersión territorial y de la heterogeneidad de representados; y, por último, un nulo accionar sobre las relaciones contractuales en la relación trabajador-empleador. Frente a lo expuesto, en el momento de normalización de sus estructuras organizativas, la UATRE encontró limitadas sus capacidades de movilización y de representación de un colectivo de trabajadores. De esta manera, y en virtud de la debilidad organizativa del sindicato, el camino institucional por medio de la negociación se convirtió en su estrategia privilegiada. En esta línea debe entenderse la campaña de blanqueo laboral desarrollada por la UATRE durante todo el periodo de estudio.

Gerónimo Venegas alcanzó el secretariado general del sindicato en 1991, poniendo fin al proceso de normalización abierto en 1988. En la construcción de su liderazgo, Venegas se apoyó en las seccionales de las tres provincias con mayor influencia cuantitativa en el padrón del gremio: Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.²¹ En ese juego de negociación, Juan Carlos Castro, histórico dirigente de FATRE y cabeza de la delegación Río Cuarto, cumplió un rol clave. Esto llevó a que Castro ocupara un lugar de importancia en la nueva estructura gremial, siendo parte activa de la dirigencia durante todos los noventa desde su lugar de Secretario de Finanzas. Lo expuesto nos hace pensar que las estrategias de esta delegación tendieron a guiarse a la construcción de vínculos con la cabecera nacional, adoptando sus demandas y formas de canalizarlas, visto que en el periodo de estudio no se reconocen acciones contenciosas desarrolladas por esta delegación. No obstante, estos reclamos no eran ajenos a problemáticas que impactaban en este territorio, en relación con que hacia mitad de la década de 1990 un delegado normalizador de la seccional Córdoba del sindicato exponía que lo más preocupante para el gremio es el trabajo en negro.²²

Las delegaciones de la UATRE de Villa María y Río Cuarto se encuentran integradas por seccionales constituidas en los departamentos de General San Martín y Río Cuarto, respectivamente. Desde el Relevamiento de Productores del Gobierno de la Provincia de Córdoba (1999), en estos dos departamentos se inscriben 6.273 del personal asalariado en su carácter permanente y 57.341 asalariados transitorios. Si bien estos datos no discriminan entre trabajadores formalizados y no formalizados, nos permiten visualizar el número de trabajadores asalariados en el sur de Córdoba, partiendo aquí del supuesto de que sólo aproximadamente el 20 % se encontraba registrado.²³ La caracterización de esta situación permite inferir la importancia del trabajo asalariado en esta subregión.

En virtud de lo expuesto, se vislumbra que las estrategias desarrolladas por la UATRE a nivel nacional, guiadas por la campaña de blanqueo, estructuraron las demandas de sus delegaciones regionales. Esta campaña, presentada por el propio Vanegas al Congreso de la Nación en 1992, tuvo como objetivo la implementación de una libreta de trabajo en favor de formalizar las relaciones laborales existentes en el ámbito rural. Es así que una de las primeras acciones del sindicato normalizado se vinculó a atender la problemática de la informalidad por medios de canales institucionales. La misma configuró su discurso a lo largo del periodo en estudio. No obstante, a partir de 1997 se reconoce un viraje en las formas de expresar esta demanda.

Fue en el año 1997 que el proyecto presentando por la dirigencia de la UATRE logró la primera media sanción en la Cámara de Diputados. En tanto, los meses previos a la misma encontraron al gremio movilizado, desarrollando una serie de actos en diferentes puntos del territorio nacional, encuadrados bajo el lema de “campaña nacional por el blanqueo laboral”. De esta manera, la exposición en el espacio público de la demanda del blanqueo se conjugó con la estrategia de negociación.

El 23 de abril de 1997, en la ciudad de Villa María, se desarrolló un acto en el marco de la “campaña nacional por el blanqueo laboral”.²⁴ El mismo fue convocado por la UATRE y reunió a más de mil ochocientas personas de distintas localidades de la provincia en el Club Ameghino. El acto contó con el apoyo de todas las delegaciones de UATRE en Córdoba, de la CGT regional Villa María y de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) seccional Río Cuarto. La participación de otras organizaciones sindicales le otorgó volumen y visibilidad a un encuentro que había movilizado trabajadores rurales de todas las seccionales de la provincia.

El blanqueo se presentó como una demanda puntual tanto hacia el Estado como a los empleadores que “hacen trabajar en negro”. Las exigencias de los oradores también se centraron en la búsqueda de una cobertura de salud, un salario familiar, jubilación y una regulación sobre los accidentes de trabajo.²⁵ Se puede visualizar desde aquí una serie de reclamos que tenían la capacidad de presentarse como generales, es decir, abordar a la problemática del heterogéneo sector representado por la UATRE. En conjunto, sus reclamos se orientaron hacia una mayor regulación de las relaciones laborales en el ámbito rural. A su vez, es menester destacar que este acto se expresó como una manifestación política frente al Estado, representando una acción colectiva de contienda (Tilly, 2000).

El encuentro en Villa María debe ser analizado en el marco de una campaña que comenzó en 1996 y se extendió por diferentes puntos del país (Villula, 2010). De esta manera, el mismo materializa una forma de acción que la UATRE desarrolló en paralelo a las negociaciones parlamentarias, conjugando y articulando estrategias.

La UATRE canalizó mayormente sus reclamos por medio de canales institucionales, apoyándose en el diálogo con el Estado nacional. No obstante, esta situación no conllevó a una imposibilidad por parte del gremio de desarrollar un reclamo y exponer puntos conflictuales para sus representados. Así, la campaña del blanqueo buscó actuar como factor cohesionador del grupo, visto que atendía, sin distinción, demandas que involucraban al grueso de los trabajadores rurales. A la vez, intentó legitimar narrativamente la vía institucional de negociación abierta por la dirigencia, como así también sus vínculos con agentes políticos.

La sanción en noviembre de 1999 de la Ley 25.191 de Trabajadores Rurales²⁶ y la posterior reglamentación de la libreta del trabajador rural en abril del 2001 se presentó como resultado y motivo del trabajo de la UATRE. De esta manera, podemos pensar a la normativa como un triunfo histórico para el sindicato, quienes anclaron su discurso en un largo proceso de lucha. En el mismo se inscribieron todos, en su conjunto, los trabajadores rurales y sus representantes quienes “viene luchando desde hace siete años para que se termine con el empleo en negro y la falta de beneficios para los trabajadores del campo”.²⁷

La campaña del blanqueo significó un momento de lucha para la organización. Desde esta lógica la sanción de la ley simbolizó un triunfo para todos los trabajadores que la misma representaba, visto que permitió responder a sus demandas. Como expuso su secretario general:

UATRE tiene muy claros sus objetivos y no olvida que su razón de ser son los trabajadores que representa. Esta ha sido una lucha gremial de siete años y un logro histórico no sólo para los trabajadores rurales, sino también una conquista más para todo el movimiento obrero organizado.²⁸

En virtud de lo expuesto, reconocemos que la escasa confrontación en el espacio público de la UATRE se vinculó a que la misma optó por canalizar sus demandas por medio de vías institucionales. Dicha forma de actuar se replicó en todas sus seccionales. Esto se vinculó a la debilidad organizativa del gremio posterior a su normalización. En paralelo a esta estrategia, fue construyendo una demanda que actuó como cohesionadora de un heterogéneo número de trabajadores. De esta manera, el gremio subsumió intereses particulares a un reclamo general. Sin embargo, el mismo se limitó al registro de los trabajadores, obturando la posibilidad de establecer demandas que sobrepasen lo netamente sindical en favor de incluir al conjunto de actores agrarios. A su vez, las acciones en el espacio público se vincularon más a la lógica de consolidar a su grupo y a su demanda, que a la de confrontar directamente frente a otro.

Consideraciones finales

La configuración del agronegocio implicó profundas transformaciones al interior del entramado agrario. En un contexto de cambio productivo, tecnológico, social e identitario, las organizaciones que nuclean a diferentes segmentos de los trabajadores rurales, en nuestro caso de estudio FAA y la UATRE, modificaron sus estrategias de acción. Tal viraje estuvo condicionado por la capacidad que tuvo cada grupo para movilizar diferentes recursos frente a determinado contexto. Esto representó un posicionamiento divergente frente a los momentos conflictivos. De esta manera, FAA reconfiguró sus acciones y sus demandas desarrollando un variado repertorio de protesta que se orientó hacia la lucha en el espacio público, mientras que la UATRE subordinó la acción de colectiva en favor de una posición negociadora.

Las filiales de FAA se constituyeron a lo largo de la década de los noventa en una organización que nucleó a medianos productores y planteó demandas vinculadas a la situación crítica en la que los efectos de las políticas económicas colocaban a sus representados. Sus estrategias se estructuraron en torno al objetivo de contener la erosión de ese universo social. Así, con el fin de asegurar la supervivencia de los trabajadores rurales, en un marco de liquidación de unidades productivas, esta organización expuso acciones colectivas orientadas al ámbito político. Sus principales reivindicaciones se ordenaron en torno al acceso de la tierra para los trabajadores y la intervención del Estado a partir de la imposición de precios sostén para la comercialización de cereales. Estas demandas comenzaron a configurarse en los primeros años de la década de 1990, pero fue hacia la mitad de este decenio que se dio un punto de inflexión en relación a las estrategias desarrolladas por la FAA.

El llamado “tractorazo” del 19 de agosto de 1994 significó un cambio sustancial en las formas de exponer reivindicaciones, haciéndolas públicas. Esto, a la vez, se conjugó con la concertación de alianzas estratégicas junto a otros sectores del agro argentino. La expansión de solidaridades externadas, permitió a las filiales de FAA concertar con otras asociaciones el fomento de acciones colectivas, sosteniendo la protesta y amplificando sus efectos. Desde aquí se abrió un periodo de creciente conflictividad que se tradujo en múltiples instancias de protesta, como lo fueron los paros agropecuarios que empezaron a desarrollarse en la segunda mitad de la década.

La UATRE, por su parte, canalizó las demandas por vías institucionales apoyándose sobre todo en la negociación en el plano político, siendo esta la estrategia en la cual se sustentó a lo largo de la década de 1990. En el marco de un alto índice de informalidad, sus reclamos se orientaron hacia una política de blanqueo y de regulación de las relaciones laborales. Esta demanda tenía la capacidad de presentarse amplia, debido a que atendía a una problemática transversal a todo el sector rural asalariado.

A partir de 1996, el sindicato de trabajadores rurales desarrolló una serie de actos por el país en el marco de “la campaña nacional por el blanqueo laboral”. Los mismos actuaron en paralelo al proceso de negociación y tuvieron como objetivo exponer públicamente sus demandas en favor de cohesionar la identidad del grupo, más que confrontar de manera directa con el Estado. El encuentro ocurrido en Villa María, localidad al sur de la provincia de Córdoba, manifestó la importancia de la campaña del blanqueo, visto que movilizó a trabajadores de todas sus seccionales. El discurso expuesto por la UATRE enfatizó en el blanqueo como una lucha histórica de sus representados, siendo la sanción de la Ley de Trabajadores Rurales un triunfo para este sector de movimiento obrero organizado. En esta línea, la solidaridad externa se apoyó en otros gremios representantes de trabajadores formalizados, configurando así una demanda y una identidad netamente sindical. La estrategia de la negociación, abierta en durante los noventas, se continuó en los períodos subsiguientes.

A mediados de la década de 1990 se ordenaron nuevas estrategias al momento de movilizar reclamos, vinculadas a la acción y negociación colectiva. Estas formas de canalizar el conflicto, fueron reforzando la identidad colectiva de cada una de las organizaciones estudiadas. De esta manera, ambos espacios se apoyaron en reclamos anclados en luchas históricas al momento de hacer frente al contexto específico. En tanto, FFA y la UATRE en su calidad de representantes de un segmento de los trabajadores rurales, apelaron a demandas específicas y a la defensa de intereses sectoriales, buscando así la consolidación del grupo y de su identidad como organización. Si bien, las dos organizaciones encontraron en reclamos vinculados a los procesos de trabajos el nodo conflictual de sus representados, sus estrategias se orientaron hacia lo sectorial. Esto significó un principio de fragmentación del conjunto de los trabajadores rurales, imposibilitado no solo el desarrollo de acciones colectivas capaces de modificar el orden social imperante sino también delimitando sus identidades posicionándose como grupos antagónicos.

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Notas